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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02220-00

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02220-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02220-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionante: JOSÉ DAVINSON RAMOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA
DE ORALIDAD
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
niegan las pretensiones de la acción de tutela – no se configuraron
los defectos invocados por el accionante

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por
el señor José Davinson Ramos Fuentes en contra de la sentencia de 3 de marzo
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de
Oralidad.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano José Davinson Ramos Fuentes, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, igualdad y
garantía de reparación integral del daño», cuya vulneración le atribuyó al ordinal
segundo de la sentencia de 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, dentro del medio de
control de reparación directa núm. 05001-33-33-018-2014-00501-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que se desempeñaba como soldado profesional en el Ejército
Nacional.

2.2. Señaló que el 25 de febrero de 2012 resultó lesionado debido a la acción de un
compañero de servicios que activó una granada de fragmentación dentro de las
instalaciones de la base militar ubicada en el municipio de Dabeiba.

2.3. Sostuvoque, con ocasión a lo anterior, sufrió una pérdida de la capacidad
laboral equivalente al 100%, tal como se establece en el acta de junta médico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

laboral Nº 75572 de 8 de enero de 2015, elaborada por la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional.

2.4. Relató que, en razón de lo anterior, promovió el medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, para que le fueran reparados los daños padecidos por la activación de
la granada.

2.5. Señalóque, mediante sentencia de 15 de febrero de 2016, el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones
de la demanda y «reconoció en favor del lesionado JOSÉ DAVINSON RAMOS
FUENTES una indemnización por concepto de daño moral, daño a la salud y daño
material en la modalidad de lucro cesante».

2.6. Indicó que, en contra de la decisión de primera instancia, se presentó recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Antioquia –
Sala Cuarta de Oralidad, mediante sentencia de 3 de marzo de 2022, en la que
se confirmó parcialmente el fallo apelado y modificó el ordinal segundo, el cual
quedó de la siguiente forma:

[…] SEGUNDO. ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia en los
siguientes términos:

El pago de las sumas reconocidas al señor JOSE DAVINSON RAMOS
FUENTES por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante consolidado y de lucro cesante futuro, estarán condicionadas a que
éste no sea beneficiario de la pensión de invalidez con ocasión de las
lesiones que le fueron producidas en los hechos objeto de la presente
demanda […].

2.7. Afirmó que la providencia aquí enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales
porque incurrió en defecto fáctico debido a que: (i) no se encuentra acreditado en
el expediente que es beneficiario de una pensión de invalidez; y (ii) en el fallo
tutelado se parte de la premisa de que la compensación a forfait es excluyente con
la indemnización por lucro cesante. Además, señaló que la decisión objeto de
tutela desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia 28 de
agosto de 20141, proferida por el Consejo de Estado, y también quebrantó el
principio de reparación integral y equitativa.

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA- Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y garantía de reparación integral del daño que le han sido
vulnerados al accionante JOSE DAVINSON RAMOS FUENTES con la orden
contenida en el numeral segundo (2°) de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por la Sala 4° de Oralidad del honorable Tribunal Contencioso
1
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de
2014. Exp. No. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172). C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

Administrativo de Antioquia en relación con el cumplimiento del fallo
condenatorio.
SEGUNDA- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala 4° de
Oralidad, proferir una sentencia complementaria donde se suprima o deje sin
efectos la condición contenida en el numeral segundo (2°) de la parte
resolutiva de la sentencia condenatoria proferida el día 3 de marzo del año
2022 y en su lugar, se ordene a la entidad demandada el pago total de la
indemnización por lucro cesante a que tiene derecho y que fue debidamente
liquidada en la sentencia en favor del señor JOSE DAVINSON RAMOS
FUENTES […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 22 de
abril de 2022, admitió la presente acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad. Asimismo, se
vincularon, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, «al
Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a Honoria Ramos Fuentes, a
Sindy Nairobys Asprilla Ramos, a José Ángel Ramos Fuentes, a Dominiciana
Ramos Fuentes, AFBR, CIRF y YARF». Igualmente, solicitó remitir en calidad de
préstamo el expediente número 05001-33-33-018-2014-00501-00/01

5. Eldespacho a cargo del doctor Hernando Sánchez Sánchez sometió a
consideración de la Sala de Decisión de esta Sección el proyecto de fallo que
resolvía la presente controversia, el cual fue improbado. Por tal motivo, mediante
auto de 13 de junio de 2022, se remitió el expediente al consejero que actúa como
ponente en esta providencia.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:

6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, a través
del magistrado ponente de la decisión tutelada, rindió informe en el que solicitó
negar las pretensiones de la presente acción de amparo por las siguientes
razones:

[…] [L]a providencia objeto de inconformidad, guarda consonancia con
la postura que viene sosteniendo la Sección Tercera del H. Consejo de
Estado, en aquellos casos en que el demandante es beneficiado con el
reconocimiento de una prestación pensional, conforme con la cual se ha
denegado el reconocimiento del lucro cesante cuando el reclamante ha
sido beneficiado con una prestación pensional por los mismos hechos,
ejemplo de ello es la sentencia del 22 de octubre de 2021, en la cual, con
ponencia de la Consejera María Adriana Marín (…)
(…)

4

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Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

Las anteriores consideraciones, también replicadas en providencia del
19 de marzo de 2021, en providencia de ponencia de la Consejera Marta
Nubia Velásquez Rico y de acuerdo con las cuales resulta incompatible
el reconocimiento del lucro cesante consolidado o futuro a quien
perciba o haya sido compensado con el reconocimiento de una
prestación pensional a raíz del mismo daño, ello a efectos de evitar un
doble pago por el mismo perjuicio, situación que causaría un detrimento
al patrimonio de la entidad accionada […].

6.2. ElJuez Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín señaló lo
siguiente:

[…] [A]dvierte el Despacho que no se vislumbra dentro de la actuación
realizada en esta instancia que se haya vulnerado el debido proceso del
accionante, toda vez que, que el proceso se tramitó bajo la rigurosidad del
trámite impartido por el Código de Procedimiento Administrativo, terminando
en la expedición de la sentencia de primera instancia el 15 de febrero de
2016, la cual fue objeto del recurso de alzada el 3 de marzo de 2016, siendo
concedido y enviado el proceso para su conocimiento al Tribunal
Administrativo de Antioquia, con lo cual se han garantizado el cumplimiento
de las formas propias de este tipo de procesos.
(…)
Se concluye entonces que el accionante no cumple con los requisitos
generales y especiales para la procedencia de la presente acción
constitucional y de lo aquí probado, solo pone de presente que el Despacho
obró ajustado a derecho y que NO hay vulneración o afectación alguna al
derecho fundamental que considera vulnerado la parte accionante por parte
del JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN […].

6.3. El
Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderado judicial, rindió
informe en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente
acción de amparo porque «el actor no realizó un estudio de los requisitos
específicos de procedencia ni tampoco acredita la presunta vulneración del
derecho fundamental, se puede evidenciar con el escrito de tutela que el actor
menciona una vulneración a derechos fundamentales por parte de lo fallado por
las autoridades judiciales aquí accionadas pero en ninguno de sus acápites
argumenta y justifica tal aseveración».

6.4. Además, señaló que la decisión tutelada «no fue caprichosa, ni arbitraria, por el
contrario, se trató de un juicio razonable adelantado en el marco legítimo de la
autonomía judicial, en protección del erario público, sin que se evidencie el
desconocimiento de las reglas de la lógica y la sana crítica».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

7. EstaSala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela
presentada por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de
6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019, respecto de la
distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VI.2. Problemas jurídicos

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, determinar:

b) Si el ordinal segundo de la providencia acusada y que fue proferida dentro
del proceso de reparación directa núm. 05001-33-33-018-2014-00501-
00/01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante por haber incurrido, supuestamente, en un desconocimiento
del precedente jurisprudencial y en un defecto fáctico.

9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii)
resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los requisitos generales
y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

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Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. El ciudadano José Davinson Ramos Fuentes, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, igualdad y
garantía de reparación integral del daño», cuya vulneración le atribuyó al ordinal
5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

segundo de la sentencia de 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, dentro del medio de
control de reparación directa núm. 05001-33-33-018-2014-00501-00/01.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

18. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

18.1. Respectodel requisito de relevancia constitucional, se observa que el
accionante identificó los derechos fundamentales que estaban viéndose afectados
y, además, cumplió con la carga argumentativa mínima exigible.

18.2. La parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la protección
de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida,
en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta de Oralidad, pues se agotaron todos los recursos ordinarios establecidos
en el procedimiento común.

18.3. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue notificada el 7 de marzo de 2022, mientras que esta
solicitud de amparo fue radicada el 18 de abril de 2022.

18.4. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

18.5. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la
tutela, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

18.6. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

19. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados
por la parte accionante con ocasión de la configuración del supuesto
desconocimiento del precedente y de un defecto fáctico.

20. Vale la pena destacar que como quiera que los argumentos que sustentan los
dos defectos enunciados se encuentran intrínsecamente relacionados, la Sala
abordará su estudio en forma conjunta.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

VI.4.2.1. Caracterización del desconocimiento del precedente

21. Se tiene que la jurisprudencia8 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.

22. Sedebe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en
cuenta la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a
aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo
operador judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción.

23. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

24. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida
por la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
fijado por la jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo9.

VI.4.2.2. Caracterización del defecto fáctico

25. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una
prueba allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura

8
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

cuando la autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto
resulta evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.

VI.4.2.3. Solución de los defectos en el sub judice

26. En la presente acción de amparo, se plantea que en el ordinal segundo la
sentencia de 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, se incurrió en un defecto fáctico porque la
autoridad judicial tuvo por probado que el señor José Davinson Ramos Fuentes
fue beneficiado de una prensión por invalidez, sin que obrasen pruebas en
plenario que permitieran demostrar tal aseveración.

27. En segundo lugar, señaló que la tesis sostenida en la decisión tutelada es
contradictoria del fallo de unificación de 28 de agosto de 201410, proferido por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en el cual se sostuvo que
la indemnización por lucro cesante ordenada judicialmente es compatible con la
indemnización a forfait prevista en el régimen pensional de los miembros de la
fuerza pública.

28. Además, expuso que la tesis anterior ha sido reiterada por las distintas
Subsecciones de la Sección Tercera de esta Corporación en las sentencias de 1º
de marzo de 2006, de 5 de marzo de 202111, de 7 de octubre de 202012, de 30 de
octubre de 201913, entre otras.

29. De otra parte, se tiene que, en la sentencia tutelada de 3 de marzo de 2022, la
autoridad judicial accionada confirmó parcialmente la decisión de primera instancia
que declaró la responsabilidad del Estado. Sin embargo, en lo concerniente a la
procedencia de la indemnización por lucro cesante en el sub examine, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad indicó lo siguiente:

[…] Teniendo en cuenta el grado de las lesiones sufridas por el señor
RAMOS FUENTES a causa del impacto de la granada de fragmentación
activada por su compañero, conforme con su Historia Clínica y el Acta de
Junta Médica Laboral No. 75572 del 8 de enero de 2015, realizada por la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con la que se le diagnosticó una
invalidez total del 100%, es bastante probable que el mismo resultara
beneficiado con el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.

Ello resulta relevante para el análisis del caso, toda vez que en la sentencia
de primera instancia, se resolvió reconocer a título de perjuicios el

10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de
2014. Exp. No. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172). C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A; Sentencia de 5 de marzo de 2021 Radicación
54001233300020130021401(52977). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
12
Consejo de Estado; Sección Tercera; Subsección C. Sentencia de siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020);
Radicación número: 13001-33-31-008-2004-00953-01(46604). Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales.
13
Consejo de Estado; Sección Tercera; Subsección B. Sentencia de treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019);
Radicación número: 15001-23-31-000-2003-00402-01(47524). Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

concepto de lucro cesante consolidado, ajustado y actualizado en esta
providencia en la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
CON CUATRO CENTAVOS ($152.648.513,4) y por concepto de lucro
cesante futuro, igualmente ajustado y actualizado en el presente fallo, en
la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($180.225.557), ahora
bien, el daño que se pretende indemnizar con esta modalidad de
perjuicio, ostenta el carácter compensatorio que comparte la pensión de
invalidez, esta última con la que desaparecería el supuesto menoscabo o
detrimento económico de quien a causa de la lesión no puede continuar
ejerciendo el empleo o labor que venía desempeñando y de la cual
obtenía los recursos para su subsistencia.

En ese sentido, de manera reciente la Sección Tercera del H. Consejo de
Estado viene robusteciendo su criterio jurisprudencial al respecto,
señalando en repetidas ocasiones que en aquellos casos en que el
demandante se vea beneficiado con el reconocimiento de una prestación
pensional, no es posible acceder a su vez a una indemnización a título
de lucro cesante. En estos términos en sentencia del 22 de octubre de 2021,
con ponencia de la Consejera María Adriana Marín, se consideró:
(…)
En igual sentido, se resolvió en providencia del 19 de marzo de 2021, con
ponencia de la Consejera Marta Nubia Velásquez Rico, denegar el lucro
cesante reclamado por los demandantes en razón del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, a causa de la muerte de su hijo, mismo punto de
vista sostenido en sentencia del 9 de abril de 2021, con el siguiente tenor
literal:
(…)
En este orden de ideas, el reconocimiento del perjuicio material en la
modalidad de lucro cesante consolidado o futuro, tiene cabida siempre y
cuando dicho rédito o contribución económica que se deja de percibir
no haya sido compensada o sustituida mediante un reconocimiento
pensional derivado de la causa del daño, pues de lo contrario se
incurriría en un doble pago por el mismo perjuicio; por lo tanto, en el
presente asunto se hace necesario adicionar la sentencia de primera
instancia, con el fin de condicionar el pago del lucro cesante
consolidado y futuro reconocido al señor JOSÉ DAVINSON RAMOS
FUENTES, a que el mismo no tenga la calidad de beneficiario de la
pensión de invalidez
(…)
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia en los
siguientes términos:

“El pago de las sumas reconocidas al señor JOSÉ DAVINSON RAMOS
FUENTES por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante consolidado y de lucro cesante futuro, estarán condicionadas a que
éste no sea beneficiario de la pensión de invalidez con ocasión de las
lesiones que le fueron producidas en los hechos objeto de la presente
demanda […].

30. Ahora bien, en cuanto al primero de los argumentos expuestos por el actor y
que se encuentra asociado con que la autoridad judicial accionada concluyó, sin
estar acreditado, que era beneficiario de una pensión de invalidez, la Sala advierte
que en la decisión enjuiciada no se tuvo por acreditado que el accionante resultó
beneficiado con una pensión de invalidez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

31. De hecho, el tenor literal del ordinal segundo del fallo objeto de tutela es claro al
establecer que: «[e]l pago de las sumas reconocidas al señor JOSÉ DAVINSON
RAMOS FUENTES por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante consolidado y de lucro cesante futuro, estarán condicionadas a que
éste no sea beneficiario de la pensión de invalidez con ocasión de las
lesiones que le fueron producidas en los hechos objeto de la presente
demanda».

32. Como se puede apreciar de la literalidad del ordinal segundo del fallo, la
autoridad judicial condicionó el pago del perjuicio material por lucro cesante al
hecho de que el demandante no fuese beneficiario de una pensión de invalidez.

33. La condición introducida por el ad quem en el ordinal segundo del fallo judicial
no permite afirmar, como erróneamente lo afirma el accionante, que la autoridad
judicial negó al hoy actor el acceso a la indemnización porque tuvo por acreditado
que era beneficiario de una prestación económica por invalidez. Valga resaltar que
las obligaciones condicionales, según el artículo 1530 del Código Civil, son
aquellas que dependen «de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no».

34. En el caso concreto, el Tribunal supeditó el pago del lucro cesante reconocido
en la sentencia a una condición negativa que consiste en que el demandante no
sea beneficiario de la pensión de invalidez con ocasión de la pérdida de la
capacidad laboral.

35. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la condición introducida por el
Tribunal accionado, en el ordinal segundo de su fallo, no constituye un defecto
fáctico, porque no es cierto que el ad quem tuviese por probado que el señor
Ramos Fuentes era beneficiario de una pensión de invalidez.

36. Elsegundo argumento de la presente acción de amparo consiste en que la
providencia objeto de tutela desconoció el precedente contenido en la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 201414, proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera de esta Corporación. En dicha providencia, sostuvo el actor, se
dijo que la compensación a forfait era concurrente y acumulable con la
indemnización por lucro cesante. Por tal motivo, concluyó el accionante que
tiene derecho tanto a la pensión por invalidez como a la indemnización por lucro
cesante.

37. Sea lo primero señalar que no es cierto que en la providencia de unificación de
28 de agosto de 201415, la cual se anuncia como desconocida, se haya unificado
la posición de la Corporación en torno a la procedencia de la compensación
a forfait en concurrencia con el lucro cesante, puesto que lo que se hizo en
esta providencia fue unificar reglas relativas a la liquidación de los perjuicios

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de
2014. Exp. No. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172). C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de
2014. Exp. No. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172). C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

morales en caso de lesiones personales, tal como se puede advertir del tenor
literal del fallo referido:

[…] 2.8.2. Perjuicios morales

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia
en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus
familiares en caso de lesiones personales.

La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el
dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás
personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en
los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión
reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

GRAFICO No. 2
REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima directa relación afectiva Relación afectiva Relación Relaciones
y relaciones del 2º de del 3º de afectiva del 4º afectivas no
afectivas consanguinidad consanguinidad de familiares -
conyugales y o civil (abuelos, o civil consanguinidad terceros
paterno- hermanos y o civil. damnificados
filiales nietos)

SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al
50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior al
40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al
30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al
20% 20 10 7 5 3

Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3,5 2,5 1,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima
directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para
las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de
relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso […].
[Negrillas de la Sala]

38. Así pues, y tal como se puede aprecia de la cita anterior, en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014 no se prevé ninguna regla jurisprudencial en
la que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación haya dicho que
las prestaciones económicas a forfait eran concurrentes y acumulables con
la indemnización por lucro cesante.

39. Ahora bien, aunque el asunto unificado en la referida providencia no fue el
relativo a la compatibilidad entre la compensación a forfait y el lucro cesante, la
Sala advierte que, en efecto, en las consideraciones de la providencia sí se
hizo alusión a este tema. Al respecto se señala lo siguiente en la sentencia:

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

[…] [S]egún la jurisprudencia de esta Corporación, el reconocimiento de
la pensión de invalidez, concedido a los militares bajo el régimen de
indemnización preestablecida denominada a for fait, no se excluye con
el otorgamiento de una indemnización por daño, teniendo en cuenta que
la fuente de las mismas es diferente.

En efecto, de acuerdo con la estructura de la responsabilidad en nuestro
ordenamiento jurídico, y al tenor de lo dispuesto en las normas del Código
Contencioso Administrativo, se debe procurar la reparación integral del daño,
sin perjuicio de que en algunas ocasiones la víctima reciba compensaciones
de varias fuentes y sea mejorada en su situación patrimonial, pero para que
ello ocurra es necesario que la causa o título que justifica tal mejoría tenga su
origen en una causa diferente a la indemnización concedida en el proceso de
responsabilidad […]. [Negrillas de la Sala]

40. A pesar de que en las consideraciones del fallo de unificación de 28 de agosto
de 201416 sí se hizo alusión a la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la
indemnización por lucro cesante, no se puede perder de vista que este acápite
de la providencia hace parte del obiter dicta. Además, debe resaltarse que
respecto de este aspecto puntual de la controversia, la Sala Plena de la Sección
Tercera decidió no fijar una regla unificadora.

41. Además, la Sala pone de relieve que en el obiter dicta de la sentencia de
unificación de 22 de abril de 201517 [decisión que es posterior al fallo que el
actor estima como desconocido], la Sala Plena de la Sección Tercera de este
órgano colegiado, retomó el criterio desarrollado en la sentencia de 3 de octubre
de 200218, según el cual es incompatible en determinados eventos la
compensación a forfait con la indemnización por lucro cesante. En la
providencia referida se dijo lo siguiente:

[…] El problema jurídico relativo a la posibilidad de acumulación de
diferentes compensaciones por un mismo daño, entendido como el
derecho a percibir indemnizaciones derivadas de varias fuentes: la plena
del responsable del daño y la indemnización a forfait o predeterminada
por las leyes laborales, o un seguro privado, remite a lo que en la
doctrina se conoce como la compensatio lucri cum damno. Adriano De
Cupis la define como “la disminución proporcional que el daño
experimenta cuando con él concurre un lucro (ventaja), o con otras
palabras, la reducción del montante del daño resarcible por la
concurrencia de un lucro”.
(…)
Si a través de la seguridad social el patrono traslada los riesgos a otra
entidad (ISS, Cajanal o administradora de riesgos profesionales) las
prestaciones derivadas del accidente de trabajo tienen una naturaleza
indemnizatoria y por lo tanto, en el evento de que exista culpa
suficientemente comprobada del patrono constituyen un pago parcial de
la indemnización plena a cargo de éste, independientemente de que le
asista o no el derecho de subrogación frente al patrono, cosa que por lo

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de
2014. Exp. No. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172). C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de
2014, expediente número 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.
18
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. Expediente Nº 14.207, C.P. Ricardo Hoyos
Duque.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

demás no resultaría lógica, en tanto el asegurador se estaría volviendo contra
el asegurado en un seguro de responsabilidad civil (…).

Cosa distinta sucede cuando el hecho causante del daño es imputable a
un tercero distinto del patrono o empleador. En este caso, el único
mecanismo que impediría a la víctima acumular la indemnización de
perjuicios con las prestaciones obtenidas de la seguridad social sería la
subrogación que la ley -no un decreto reglamentario ni un acuerdo expedido
por la junta directiva de una entidad pública de la seguridad social, como ha
sucedido hasta ahora- otorgara a ésta para que sustituyera a la víctima y
pudiera obtener del responsable el reembolso de lo pagado.

Como en el caso concreto el hecho dañoso es imputable a la Nación
(Fiscalía General) y esa entidad había trasladado los riesgos que
pudieran sufrir sus funcionarios como consecuencia de un accidente de
trabajo a CAJANAL, la pensión de invalidez que ésta le reconoció (…),
en su condición de empleado de la Fiscalía, constituye pago parcial de la
indemnización plena a cargo de la última y por lo tanto, tienen naturaleza
indemnizatoria […]. [Negrillas de la Sala]

42. La anterior tesis ha sido reiterada, entre otras, en las decisiones de 22 de
febrero de 201919 y de 19 de marzo de 202120, en las que las Subsecciones A y C
de la Sección Tercera de esta Corporación, respectivamente, se han negado a
reconocer la condena por lucro cesante al demandante, bajo la égida de que este
componente indemnizatorio se encuentra reparado a través de la pensión de
invalidez.

43. En este contexto, es claro que no existe una regla de unificación jurisprudencial
respecto del asunto y que en la actualidad no existe una posición uniforme y
pacífica en el interior de la Sección Tercera de esta Corporación respecto de la
compatibilidad o incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la
indemnización por lucro cesante.

44. Ahora bien, en el sub examine se advierte que en el fallo tutelado la autoridad
judicial accionada puso de relieve que en las sentencias de 19 de marzo de
202121, de 9 de abril de 2021 y de 22 de octubre de 202122, proferidas por la

19
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de febrero de 2019, Expediente No. 42045, C.P.
Jaime Rodríguez Navas (E). En esta providencia se dijo lo siguiente «‘La compensatio lucri cum damno aplica en aquellos
eventos donde el daño y el incremento patrimonial de quien lo padece tienen origen en el mismo hecho causal, y ambos -el
daño y el lucro- son consecuencia directa e inmediata de este. Por tanto, la compensatio lucri cum damno impone
determinar o concretar y cuantificar la medida o monto del perjuicio que experimenta el patrimonio del afectado, así como
las posibles ventajas o beneficios que surgieron del mismo hecho, pero no para que opere técnicamente una
compensación, como modo extintivo de una obligación, sino para tenerla en cuenta al momento de calcular el perjuicio a
resarcir, con el fin de establecer, ahora sí de manera concluyente, el menoscabo sufrido en el patrimonio del afectado, como
consecuencia del daño».
20
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de marzo de 2021, Expediente No. 05001-23-31-
000-2010-01818-01 (48898), C.P. María Adriana Marín. En esta providencia se dijo lo siguiente «Respecto al “cúmulo de
indemnizaciones” derivadas del reconocimiento de una pensión o compensación a forfait y de la reparación por el lucro
cesante, advierte la Sala que este no ha sido un tema pacífico en la jurisprudencia de la Corporación. Así, se ha aceptado la
tesis de que es posible la acumulación de indemnizaciones en casos similares al ahora estudiado, en consideración a que
provienen de fuentes distintas; en tanto que en otros eventos se ha negado esa acumulación, por considerar que las
prestaciones derivadas de los riesgos profesionales tienen carácter indemnizatorio y, por ende, responden a la reparación
del mismo daño».
21
Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de diecinueve (19)
de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00216-01(57860). Consejera ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de veintidós (22)
de octubre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 19001-23-31-000-2011-10050-01(53651). Consejera ponente:
María Adriana Marín.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se había dicho que la
indemnización por lucro cesante y la pensión por invalidez eran incompatibles.

45. Sostuvo la autoridad judicial enjuiciada que, en las providencias más recientes
de esta Corporación, se podía advertir que la tendencia era considerar que la
pensión por invalidez cubre el mismo ítem indemnizatorio que se pretende
reparar a través del lucro cesante, ya que lo que se persigue a través de ambos es
indemnizar a la víctima por «la merma de la capacidad laboral», por lo que no era
procedente la acumulación de las indemnizaciones.

46. En este entendido, y como quiera que no existe una posición unificada en el
interior de la Sección Tercera de este órgano jurisdiccional sobre la compatibilidad
o incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización por lucro
cesante, la Sección estima que la providencia tutelada adoptó un criterio razonable
y fundado en una de las tesis que ha venido desarrollándose en esta Corporación.

47. Vale la pena destacar que, en la sentencia de tutela de 21 de agosto de 202023,
esta Sala de Decisión señaló que en aquellos eventos en los que no existe una
posición unificada en el interior de la Corporación, los jueces se encuentran en la
libertad de adoptar la posición jurídica que les parezca aplicable a su caso. Al
respecto precisó la Sección:

[…] En ese orden de ideas, la Sala estima que debe rectificar su posición,
pues ante la ausencia de unificación de criterios sobre el tema, debe
prevalecer la autonomía y la independencia de los jueces, esto es, la
libertad para adoptar una posición siempre que cuente con la carga
argumentativa y razonable suficiente; carga que si se cumple hace
inadmisible que el juez de tutela imponga o someta al juez natural
acoger una postura determinada […]. [Negrillas de la Sala]

48. En conclusión, la Sala estima que no se configuró el desconocimiento del
precedente de la sentencia de unificación de 28 de abril de 2014, porque: (i) en
dicha providencia no se fijó la regla jurisprudencial que se anuncia como
desconocida; (ii) en la sentencia de unificación de 22 de abril de 2015, la Sala
Plena de la Sección Tercera24 reiteró la incompatibilidad en determinados eventos
entre la compensación a forfait y la indemnización por lucro cesante, y (iii) el
asunto no es pacífico en las distintas Subsecciones que componen la Sección
Tercera de esta Corporación.

49. Así las cosas, la Sala concluye que en el sub examine no se configuraron los
defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente, enunciados en
el escrito de tutela. Por tanto, se negarán las pretensiones de amparo.

23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de agosto de 2020. Exp.
No. 11001-03-15-000-2020-03027-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de
2014, expediente número 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02220-00
Accionantes: José Davinson Ramos Fuentes

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto Salva voto

SERGIO GONZÁLEZ REY
Conjuez

P(15)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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