Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02223-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02223-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02223-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
1 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02223-01
Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02223-01
Demandante: JOSE ENRIQUE MOLINA ROJAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos. Requisito general de
relevancia constitucional. Instancia adicional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 25 de mayo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:
“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor José
Enrique Molina Rojas, contra la sección primera del Consejo de Estado, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor José Enrique Molina Rojas interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Primera, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
“Con base en lo expuesto es pertinente presentar ante su H. Despacho las siguientes
pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la parte actora como
vulnerados por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, dentro del Proceso Radicado No. 500012333000202000081-01 en
sentencia del 4 de marzo de 2022, M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENE al Honorable Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, garantice los derechos
constitucionales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el respeto del
precedente judicial, emitiendo nueva sentencia que tenga en cuenta los argumentos
expuestos por la parte actora en esta actuación”.
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Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor José Enrique Molina Rojas demandó la pérdida de investidura de los
señores José Ramiro Albornoz Barragán, Oscar Armando Alejo Cano, Miguel
Giovanni Beltrán Knorr, Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita, Daruin Castellanos
Romero, Walter Cock Echavez, Héctor Alfonso Cuéllar Pulido, Jhon Fredy
González Ossa, Jorge Alejandro Hernández Parrado, Stella Carolina León Tiria,
Yenny Marleydy Montaña Santos, Daniel Isaías Murcia Rojas, José Antonio Pérez
Casiano, José Humberto Poveda Garzón, Mario Germán Rey Rey, Alex Alfredo
Rincón Hernández, Carlos Julio Serrato Ladino, Luis Fernando Vargas Peña,
Carlos Carreño Pedraza, Everardo Duque Nieto y José Yesid Morales Espitia,
elegidos como concejales del municipio de Villavicencio, para el período
constitucional 2016 – 2019, por considerar que incurrieron en la causal prevista en
el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de octubre del 2000, esto es,
indebida destinación de dineros públicos, por el cobro de honorarios por sesionar
en prórrogas ilegales extraordinarias.
Lo anterior, con fundamento en que los alcaldes no tienen la facultad para prorrogar
ilimitadamente los periodos de sesiones extraordinarias mediante decreto. Sin
embargo, el alcalde del municipio de Villavicencio convoc ó al Concejo Municipal
mediante Decreto 1000.24/558 del 29 de noviembre del 2019 a sesiones
extraordinarias del 2 al 11 de diciembre de 2019. Y, posteriormente expidió el
Decreto 684 del 10 de diciembre del 2019, en el que expuso que se consideraba
necesario “prorrogar” por 11 días (del 12 al 22 de diciembre de 2019), con el fin de
culminar el estudio y aprobación de los proyectos. Por último, mediante Decreto
1000-24-713 de 2019 dispuso nueva prórroga, del 13 al 31 de diciembre del 2019.
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 2 de octubre de 2020, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que los dineros públicos que estaban
en el presupuesto del Concejo Municipal de Villavicencio no fueron aplicados a
objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento, pues de la norma y la jurisprudencia, no se observó prohibición
alguna para prorrogar sesiones extraordinarias. Pese a que la figura de la prórroga
de sesiones extraordinarias no está contemplada en las normas que regulan la
materia, cada prórroga realmente corresponde a una nueva convocatoria a
sesiones extraordinarias.
El demandante interpuso recurso de apelación en el que expuso argumentos sobre
la ilegalidad derivada del estudio y trámite de acuerdos en sesiones extraordinarias
que surtieron debates previos en sesiones ordinarias 1 y sobre la prórroga de
sesiones extraordinarias 2.
1 En los cuales en los que insistió en que de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 73 de la Ley 136
de 1994, los alcaldes no pueden incluir en los Decretos de citación a sesiones extraordinarias proyectos de
acuerdo para trámite de segundo debate, que pasen de un periodo ordinario a uno extraordinario, ni viceversa,
por cuanto en las sesiones extraordinarias los concejales solamente se pueden ocupar de aquellos asuntos
específicos, es decir que deban cumplirse sus dos debates legales, en comisión y plenaria y afirmó que también
opera esta limitante para los concejales que no pueden imponer trámites de acuerdos sino los que les permite
la ley; es decir, que como ocurrió con el Acuerdo Municipal núm. 399 de 2019 presentado por la Concejal
Montaña Santos, aprobado el 19 de Octubre en la comisión durante sesiones ordinarias de Octubre-Noviembre,
y cuyo segundo debate se tramito el 11 de diciembre de 2019, gracias a que el alcalde lo incluyo para segundo
debate en su Decreto Municipal núm. 588 de 2019, lo que, su criterio, es algo ilegal y agregó que “[...] [c]uando
un Concejo Municipal deja de tramitar en sesiones extras los proyectos que fueron puestos para su aprobaci ón,
y se le da solamente un trámite y se deja el segundo para otro periodo de sesiones ordinarias, se deja primero
de cumplir con el objetivo de la citación, violándose el Parágrafo Segundo del Art. 23 de la Ley 136 de 1994 y
segundo, se viola el art. 24 de la misma ley 136-94 [...]”.
2 Aspecto frente al cual refirió́ que la solicitud de pérdida de investidura se presentó́ porque los concejales
sesionaron en unas prorrogas de sesiones extraordinarias, que, en su criterio son ilegales y que, al ser ilegales,
por no estar autorizadas por el artículo 23 de la Ley 136, son igualmente ilegales los recursos utilizados para
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Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia mediante providencia del 4 de marzo del 2022. Se abstuvo de emitir
pronunciamiento frente al argumento que refiere a la indebida destinación de
dineros públicos en tanto los concejales estudiaron y tramitaron acuerdos en
sesiones extraordinarias que surtieron debates previos en sesiones ordinarias,
planteamientos que debieron ser expuestos en la solicitud de pérdida de investidura
y no en el recurso de apelación, con el objeto de garantizar el derecho del debido
proceso y de contradicción y de defensa de los concejales.
En cuanto a los argumentos relacionados con la indebida destinación de dineros
públicos por el reconocimiento, pago y recepción de honorarios a favor de los
concejales por la asistencia a sesiones extraordinarias y sus prórrogas determinó
que no se configuró la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del
artículo 48 de la Ley 617, toda vez que, conforme con la normativa y la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los concejales
tienen derecho al pago de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias de la respectiva Corporación.
Preciso que en gracia de discusión, la indebida destinación de dineros públicos
derivada del pago de honorarios por la asistencia a sesiones plenarias realizadas
del 12 al 30 de diciembre de 2019, solamente podría ser atribuible a los miembros
de la Mesa Directiva del Concejo Municipal por expedir el acto administrativo que
ordenó el reconocimiento y pago de estos. En todo caso no está probada la
integración de la Mesa Directiva para el periodo 2019, ni quiénes expidieron los
actos administrativos que reconocieron y ordenaron el referido pago, lo cual implica
una falencia probatoria con la virtualidad suficiente para negar las pretensiones de
la solicitud de pérdida de investidura.
El demandante presentó solicitud de aclaración de la sentencia, la cual fue negada
en auto del 7 de abril de 2022.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora el Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en cuanto incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, contenido en las sentencias proferidas en los expedientes número: 2226,
en el año 1992; 15001-23-31-000-2004-00366-01 en el año 2005; 25000-23-15-
000-2006-02573-01 (PI-02573) en el año 2007 y reiterada en el expediente número
25000-23-15-000-2008-00700-01 en el año el 2009, 27001-23-31-000-2008-000-65
-02 (18065) en el año 2013, “en las que se ha orientado, señalado y reiterado claramente que
las únicas sesiones que están autorizadas y sus prórrogas son las sesiones ordinarias, que, las
sesiones extraordinarias no gozan de la posibilidad legal de prórroga”. Es decir que según
precedente judicial, las únicas sesiones que están autorizadas para ser objeto de
prórroga son las sesiones ordinarias.
Hizo múltiples cuestionamientos en relación con la conclusión de las autoridades
judiciales demandadas, en el siguiente sentido “Será que, resulta razonable,
proporcional concluir que ¿cobrar honorarios por participar en sesiones extraordinarias
prorrogadas – cuya existencia no la contempla la ley – no es distorsionar los fines y
cometidos preestablecidos en la Constitución y la Ley? 2.4.1.1.- ¿Será razonable,
el pago de eso honorarios. Al respecto, señaló́ que las prórrogas de sesiones extraordinarias no están
permitidas por ley y que, si la ley lo hubiese querido, lo habría establecido en forma clara, como ocurre con las
sesiones ordinarias, insistí que la prórroga sin facultades constituye un vicio insubsanable que altera el
procedimiento y constituye una afectación porque el alcalde actúa sin facultades y el concejo municipal sin
competencia; lo cual, en su criterio, evidencia un acuerdo de voluntades para ir contra la ley y obtener para
algunos concejales beneficios económicos derivados de dichas prórrogas.
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proporcional que, se apliquen dineros públicos al pago de honorarios por actividades no
autorizadas por la Ley? – cómo es el caso de las prórrogas de sesiones extraordinarias.
2.4.1.2.- ¿Será razonable, proporcional que, se considere que no se obtiene por quien
recibe pago de honorarios por sesiones no autorizadas por la Constitución y la Ley, un
incremento patrimonial para sí? 2.4.1.3.- ¿Será razonable, proporcional que, por
circunstancias de modo, tiempo y lugar ajenas al derecho en sentido estricto, se dejen de
aplicar pronunciamientos jurisprudenciales del mismo Consejo de Estado y de la misma
SECCIÓN PRIMERA?”.
Insistió en que, de acuerdo con la sentencia del 6 de diciembre de 2007, dentro del
radicado número: 25000-23-15-000-2006-02573-01(PI-02573) de la Sección
Primera del Consejo de Estado “(...) Indudablemente cuando la ley prohibió que se
pagaran honorarios por “otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas”, se estaba
refiriendo a las prórrogas de las sesiones ordinarias que son las que están autorizadas;
mal podría referirse a prórrogas de las extraordinarias (...)”.
En relación con el argumento de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el
que señaló «que se probó que a los concejales les pagaron por asistencia comprobada a
las sesiones y que en ningún momento se superó el límite máximo establecido en la ley»,
indicó que ese criterio jurídico legaliza, sanea jurídicamente la actuación sometida
a examen y “vuelve legal la prórroga de sesiones extraordinarias sin mayor esfuerzo
argumentativo porque no cita el artículo de la Ley 136 de 1994 o la que corresponda que
las autoriza”.
Frente a la conclusión de las autoridades judiciales demandadas, conforme con la
cual, «se incurrió en una imprecisión al denominar a las dos nuevas convocatorias
a sesiones extraordinarias como “prórrogas”, pues dicha figura no está
contemplada en el ordenamiento jurídico, empero, tal falta de técnica lejos está de
generar una indebida destinación de dineros públicos por haberse pagado
honorarios a los demandados al haber asistido a sesionar en esos días» dijo que:
“…en el presente texto se relaciona con la cuestión de las posibles actitudes
que puede asumir el juez frente a las normas jurídicas pertinentes para resolver
una determinada controversia que le es planteada y la responsabilidad que
deriva de la adopción de una de tales alternativas en desmedro de otras. Esa
expresión justificativa, no se le ocurrió utilizarla a la defensa jurídica de
confianza de los demandados, pero les llegó un salvavidas con ella, así ello
signifique en un Estado de Derecho, olvidar que el imperio de la ley fundamental
impide que el juez resuelva los casos teniendo en cuenta propiedades que no
han sido admitidas por el legislador en el conjunto de las normas promulgadas,
ni se derivan de sus disposiciones expresamente adoptadas”.
Agregó que las autoridades judiciales demandadas consideran una falta de
“técnica”, hablar de “prórrogas de sesiones extraordinarias”. Sin embargo, los
decretos respectivos y las resoluciones de cobro de honorarios señalan
expresamente “prórrogas de sesiones extraordinarias”. Así, el argumento de los
jueces de conocimiento, trata de justificar las prórrogas de las sesiones
extraordinarias como legales aun cuando no citan norma jurídica que las habiliten,
al establecer que el cobro de los honorarios no son una falta ni actuación ilícita.
En cuanto al argumento del Consejo de Estado referente a que «contrario a lo
manifestado por el solicitante de la pérdida de investidura, las sesiones que se realizaron
del 12 al 30 de diciembre de 2019 no fueron prórrogas de sesiones extraordinarias, sino
sesiones extraordinarias que tuvieron lugar con ocasión de la modificación del decreto
inicial que convocó al Concejo del municipio de Villavicencio a dichas sesiones» indicó
que “Este tipo de consideraciones pueden hacer pensar que hay algunas ocasiones,
aunque estas puedan ser muy pocas, en que la interpretación de las disposiciones jurídicas
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está de sobra, precisamente porque el texto de la misma no plantee ningún problema de
oscuridad: el ejecutivo municipal habla de “prórroga de sesiones extraordinarias” y los
concejales cobran honorarios por “prórrogas de sesiones extraordinarias”.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 27 de abril de
2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los consejeros de la Sección
Primera del Consejo de Estado y vinculó en calidad de terceros interesados al
Tribunal Administrativo del Meta, a los señores José Ramiro Albornoz Barragán,
Oscar Armando Alejo Cano, Miguel Giovanni Beltrán Knorr, Fabián Alberto
Bobadilla Piedrahita, Daruin Castellanos Romero, Walter Cock Echavez, Héctor
Alfonso Cuéllar Pulido, Jhon Fredy González Ossa, Jorge Alejandro Hernández
Parrado, Stella Carolina León Tiria, Yenny Marleydy Montaña Santos, Daniel Isaías
Murcia Rojas, José Antonio Pérez Casiano, José Humberto Poveda Garzón, Mario
Germán Rey Rey, Alex Alfredo Rincón Hernández, Carlos Julio Serrato Ladino, Luis
Fernando Vargas Peña, Carlos Carreño Pedraza, Everardo Duque Nieto y José
Yesid Morales Espitia y todos aquellos que fueron vinculados al proceso de pérdida
de investidura cuestionado.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Primera solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por no superar el requisito general de relevancia constitucional, en
la medida en que el escrito de tutela se soporta en argumentos de legalidad ya
desatados, o en su defecto, se nieguen las pretensiones, porque no se incurrió en
el desconocimiento del precedente judicial alegado.
Señaló que en el ordenamiento jurídico se han desarrollado las figuras de la
doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la
sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia, las cuales encuentran
fundamento en los artículos 4 de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270
de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y en las sentencias C-836 de 2001, C-816
de 2011, C-179 de 2016 y T-102 de 2014.
Que, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 136 de 1994 y la reiterada
jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, los concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia
comprobada a sesiones plenarias y a las comisiones permanentes que se lleven a
cabo en días diferentes a los de aquéllas, teniendo en cuenta la clasificación y
límites establecidos por el artículo 23 ibidem. Asimismo, explicó que corresponde a
las mesas directivas expedir las resoluciones para efectos del reconocimiento de
los honorarios, actos administrativos que deben ser publicados en los medios
oficiales existentes en el respectivo municipio o distrito, con el fin de que cualquier
ciudadano pueda impugnarlos.
Adujo que, en caso de una indebida destinación de dineros públicos por el pago de
honorarios a concejales, ello solamente podía ser atribuible a los miembros de la
Mesa Directiva del Concejo Municipal, por expedir el acto administrativo
correspondiente, sin que en el caso concreto se hubiera probado cuáles de los
concejales expidieron los actos administrativos. Recibir honorarios producto de
asistencia a sesiones no acredita la causal de pérdida de investidura porque se
debían probar los supuestos de la indebida destinación de dineros públicos, esto
es, que se superara el tope de sesiones extraordinarias pagadas establecidas en
la ley.
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Aclaró que no era procedente, en el medio de control de pérdida de investidura,
realizar el estudio de legalidad de los actos administrativos de convocatoria
expedidos por las autoridades públicas, en especial, el de convocatoria a sesiones
extraordinarias y que, en todo caso, la nulidad de actos administrativos o las
irregularidades en el procedimiento de su expedición no constituía por sí solos
causal de pérdida de investidura.
Manifestó que las sesiones que se realizaron del 12 al 30 de diciembre de 2019 no
fueron prórrogas de sesiones extraordinarias, sino sesiones extraordinarias que
tuvieron lugar con ocasión de la modificación del decreto inicial que convocó al
concejo a dichas sesiones.
Concluyó que la sentencia de 4 de marzo de 2022 se fundamentó en las normas
constitucionales y legales aplicables al caso y en diversas sentencias proferidas por
la Corte Constitucional, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado y por la Sección Primera de esta Corporación, sin incurrir en defecto
alguno en relación con la pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos derivada del pago de honorarios a los concejales.
6. Intervención de los terceros interesados
El concejal Jhon Fredy González Ossa solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, se refirió al desconocimiento del precedente alegado, para lo cual hizo
mención de los supuestos fácticos y jurídicos de cada una de las sentencias
invocadas por el accionante como precedente desconocido y concluyó que ninguno
de esos antecedentes jurisprudenciales se compadece con los fundamentos
fácticos del asunto bajo análisis, por lo que debe negarse las pretensiones de
amparo.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 25 de
mayo de 2022 declaró improcedente el amparo solicitado porque la parte actora no
indicó argumento alguno que determine que el asunto tiene relevancia
constitucional, ni cuáles fueron los hechos en que hace consistir la vulneración
alegada, por el contrario, el accionante se limitó, a insistir en cuestionar la legalidad
de la “prórroga” de las sesiones extraordinarias celebradas del 12 al 30 de
diciembre de 2019, respecto de las cuales se reconocieron y pagaron los
respectivos honorarios en favor de los concejales demandados, según su dicho, se
incurrió en la causal descrita en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de
octubre de 2000, esto es, indebida destinación de dineros públicos.
Frente a lo cual el a quo precisó que la decisión de la Sección Primera del Consejo
de Estado no se fundamentó en argumentos de legalidad relacionados con la
“prórroga” de las sesiones extraordinarias, sino en el hecho que no se configuró la
causal invocada en tanto el pago estuvo debidamente soportado en haber
sesionado, según lo decretó el alcalde municipal, sin sobrepasar el número de
sesiones permitidas por la ley.
Puso de presente que la causal específica de procedibilidad endilgada contra la
sentencia del 4 de marzo de 2022 obedece al desconocimiento del precedente
judicial respecto de pronunciamientos que, según el accionante, señalan que “las
únicas sesiones que están autorizadas sus prórrogas son las sesiones ordinarias. Las
sesiones extraordinarias no gozan de la posibilidad legal de prórroga”.
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Sin embargo, explicó que tal es un razonamiento de legalidad respecto del cual la
autoridad judicial accionada se abstuvo de resolver en tanto no es el objeto del
proceso de pérdida de investidura, razón por la cual, mal puede pretender que el
juez de tutela suplante competencias que no le corresponden y, menos, para decidir
asuntos que ni siquiera fueron resueltos por el juez natural del asunto.
Concluyó que por el hecho de resultar contraria a los intereses del señor José
Enrique Molina Rojas la decisión acá cuestionada, no por ello puede entenderse
que se le está vulnerando derecho fundamental alguno y mucho menos, cuando
omitió explicar constitucionalmente hablando el porqué de su decir, pues, el juez de
tutela no tiene competencia alguna de estudiar argumentos propios del juez natural
del asunto.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito inicial, todos dirigidos a insistir en el argumento,
según el cual, la Ley 136 de 1994 no autoriza expresamente la posibilidad de
prorrogar las sesiones extraordinarias, pues el mismo texto atribuye competencia
al alcalde municipal únicamente para convocar este tipo de sesiones más no para
su prórroga, por lo que a su juicio, deriva que la expedición del acto administrativo
encaminado a prorrogar este tipo de sesiones va en contravía del principio de
legalidad y desborda la competencia atribuida por la Ley al alcalde municipal.
En general insiste en que, al no existir regulación expresa al respecto, la extensión
de la figura de la prórroga de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal
debe estimarse como una prohibición sin posibilidad de aplicación analógica, como
lo ha decantado el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Dijo que la posición adoptada por el Consejo de Estado avala la ilegalidad de las
prórrogas extraordinarias, a su juicio, lo que correspondía era decretar la pérdida
de investidura de los citados concejales por cobrar honorarios por sesiones ilegales
al prorrogarse las sesiones extraordinarias.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
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Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora solicita que sea revocada la decisión
de tutela de primera instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado por
falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si procede confirmar o no la
decisión de tutela impugnada.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controve rtida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales”. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto las sentencias del 2 de octubre de 2020 y del 4 de marzo de 2022, proferidas
por el Tribunal Administrativo del Meta y el Consejo de Estado, Sección Primera,
respectivamente, por considerar que incurrieron en el desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado, según el cual, no resulta procedente la
figura de la prórroga de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, ello
para señalar que se incurrió en la causal de indebida destinación de recursos
públicos al pagarse la “prórroga” de esas sesiones a favor de los concejales del
municipio de Villavicencio.
Al respecto, la Sala anticipa que le asiste razón al a quo al declarar la falta de
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, en tanto, el
accionante emplea la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario para insistir exactamente en los mismos argumentos que fueron debatidos
y resueltos por las autoridades judiciales de conocimiento, como se pasa a exponer.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta, en
sentencia del 2 de octubre de 2020, se pronunció sobre la procedencia de las
prórrogas de las sesiones extraordinarios y, sí las sesiones extraordinarias
celebradas del 12 al 30 de diciembre de 2019 del Concejo Municipal de Villavicencio
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constituyeron verdaderas prórrogas, para concluir que, no se configuró la causal de
pérdida de investidura alegada, en los siguientes términos:
“(…)
Al respecto debe recordarse que en el marco teórico de esta providencia se explicó que
conforme al artículo 23 de la Ley 136 de 1994 en los municipios clasificados en
categorías especial, primera y segunda, como Villavicencio, los periodos de sesiones
ordinarias después del primer año, van desde el 1 de marzo al 30 de abril, 1 de junio al
31 de julio y del 1 de octubre al 30 de noviembre.
Y el parágrafo segundo de la misma norma, dispone claramente que los alcaldes
podrán convocar al concejo municipal a sesiones extraordinarias “en oportunidades
diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su
consideración”.
Ahora bien, nótese que el artículo 66 ibidem también contiene una limitante a la
realización de las sesiones extraordinarias, consistente en el máximo número de
sesiones por las que se podrán recibir honorarios, restringiendo a los municipios de
especial, primera y segunda a pagar honorarios por la realización de hasta 40 sesiones
extraordinarias al año.
De lo anterior, concluye la sala que las sesiones extraordinarias del concejo, además
de las características aludidas en el marco teórico, debe resaltarse que son todas
aquellas que se llevan en momentos distintos de las sesiones ordinarias o sus
prórrogas aprobadas por los mismos concejos municipales, sin importar la
denominación que se les dé, pues lo que cobra relevancia es que sean convocadas por
el mandatario local por fuera del periodo ordinario para ocuparse de asuntos que sean
sometidos a consideración del concejo”
Así mismo, se advierte que el número límite de sesiones extraordinarias establecido en
el artículo 66 ibidem, es exclusivo para el pago de honorarios, sin embargo, ello no
quiere decir que los concejos no pueden sesionar en un número mayor al allí indicado,
lo que sucede es que, sobre esas sesiones extraordinarias adicionales a esos topes no
se causarán honorarios.
En este punto vale la pena traer a colación la providencia del 6 de diciembre de 20076,
en la que el Consejo de Estado concluyó lo siguiente, respecto del contenido de los
artículos 23 y 66 de la Ley 136 de 1994 que venimos analizando, veamos:
“1. Anualmente los concejales del municipio de Tenjo, por ser este catalogado
en Categoría Quinta, pueden celebrar hasta 12 sesiones extraordinarias. En
ningún momento las normas se refieren a prórroga de este tipo de sesiones,
sencillamente porque estas no tienen fechas fijas, como sí las ordinarias y tienen
un tope de 12 sesiones al año.
2. Anualmente los mismos concejales pueden celebrar hasta 70 sesiones
ordinarias dentro de los periodos taxativamente señalados en la ley; la ley
permitió expresamente que estas se podían prorrogar por 10 días.
3. Indudablemente cuando la ley prohibió que se pagaran honorarios por “otras
sesiones extraordinarias o por las prórrogas”, se estaba refiriendo a las prórrogas
de las sesiones ordinarias que son las que están autorizadas; mal podría
referirse a prórrogas de las extraordinarias porque, se repite, no pueden pasar
de 12.”
A dicha providencia también hace alusión el demandante tanto en el escrito
incoatorio, como en la audiencia pública, para concluir de allí que las “sesiones
extraordinarias no son, ni pueden ser objeto de prórroga, en razón a que las
únicas sesiones autorizadas para prorrogarse son las ordinarias”.
Empero, de la lectura de la providencia es evidente que lo pretendido es aclarar que la
prohibición de pago de honorarios por asistencia a prorrogas de sesiones, se refiere
exclusivamente a las ordinarias, justificando esa afirmación en el hecho que para las
extraordinarias existe el límite contenido en el artículo 66, esto es, de 40 sesiones por
año, en el caso de Villavicencio.
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. CP: Martha Sofía Sanz Tobón. Rad: 25000-23-15-000-2006-
02573-01(PI). Actor: Josué Martínez.
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Así pues, no le asiste razón al demandante al inferir del artículo 23 una prohibición de
prorrogar sesiones extraordinarias, pues como lo indica el Consejo de Estado, tal
restricción no tiene sentido, habida cuenta que a diferencia de las sesiones ordinarias,
la extraordinarias no tienen fechas fijas, siendo sus únicos limites los ya expuestos y
es precisamente el número de ellas que se pueden realizar y el tiempo en que pueden
convocarse, así como la iniciativa y la precisión de los asuntos que se tratarán.
La sala no desconoce que definitivamente el mandatario incurrió en una
imprecisión al denominar a las dos nuevas convocatorias a sesiones
extraordinarias como “prórrogas”, pues dicha figura no está contemplada en el
ordenamiento jurídico, empero, tal falta de técnica lejos está de generar una
indebida destinación de dineros públicos por haberse pagado honorarios a los
demandados al haber asistido a sesionar en esos días.
En ese orden de ideas, razonable es afirmar si bien es cierto, la figura de prórroga de
sesiones extraordinarias no está prevista en el ordenamiento jurídico, ello no implica
per se una prohibición de hacerlo, pues la razón por la que no existe dicha figura es
que la realización de estas sesiones no tiene límites temporales definidos, como en
efecto sí lo tienen las sesiones ordinarias.
Por ende, la utilización de dicho término en las convocatorias de sesiones
extraordinarias no es más que una falta de técnica jurídica en la proyección de los actos
administrativos, que no tiene la virtualidad de generar una indebida destinación de
dineros públicos que conlleve a la pérdida de investidura de los acá demandados. Así,
ha de entenderse que se trata de sesiones extraordinarias que deben ser computadas
para determinar si se excedió o no el límite del número máximo por el cual se pueden
reconocer honorarios.
(…)”.
(Resalta la Sala)
De la lectura del recurso de apelación interpuesto por el señor José Enrique Molina
Rojas, reiteró precisamente los mismos argumentos en que basó la demanda de
pérdida de investidura y ahora la acción de tutela del radicado de la referencia,
como se transcribe en lo pertinente:
“(…)
8.4.- Es cierto Honorables Magistrados del Honorable Consejo de Estado que los concejales
del municipio de Villavicencio sesionaron de manera extraordinaria prorrogada del 12 al 30
de diciembre del año 2019.
8.5.- También es cierto que dichas sesiones extraordinarias realizadas entre el 12 y el 30
de diciembre, lo fueron por virtud de lo que se denominaron “prórrogas”, que no es el
fruto de ningún EUFEMISMO ni de ninguna SINOMIMIA, al contrario es la costumbre
vuelta ley la que realizó el mandatario municipal al periodo inicialmente convocado,
bajo la anuencia de los Concejales que en la mayoría de casos llevan mínimo dos
periodos en la corporación y no es esta la primera vez que se presenta tal ilicitud y
por las cuales se recibió el correspondiente pago de honorarios por esas prorrogas
de sesiones extras.
8.6.- El alcalde de Villavicencio y ningún otro alcalde no está facultado por la Ley para
efectuar prórrogas a las sesiones extraordinarias como en efecto ocurrió porque ello está
expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico, y tal prohibición impide la causación
de honorarios a favor de los concejales por su asistencia a esas sesiones extraordinarias
prorrogadas del 12 al 30 de diciembre del 2019.
8.7.- El artículo 23 de la Ley 136 de 1994 es claro que en todos los municipios
indistintamente de su categoría pueden prorrogar sus periodos ordinarios hasta por diez
días, no así sus periodos extraordinarios, pues la ley al respecto no hizo ningún anuncio. De
haber sido necesario lo hubiera señalado en su Parágrafo Segundo tal y como lo hizo en su
Parágrafo Primero para el caso de facultar a los concejos a prorrogar sus periodos ordinarios
hasta por diez días más.
8.8.- Y el parágrafo segundo de la misma norma, dispone claramente que los alcaldes
podrán convocar al concejo municipal a sesiones extraordinarias “en oportunidades
diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su
consideración”.
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8.9.- Como ya se señaló, oportunidad diferente no es sinónimo de prórroga. Y cada
citación, tal como se citó anteriormente, debe señalar la fecha de inicio y de
terminación.
8.10.-.Es cierto que el artículo 66 señala que la causación de los honorarios tendrá lugar en
las sesiones ordinarias o de las sesiones extraordinarias, no en sus prórrogas para ningún
caso. El número de sesiones a pagar sean ordinarias o extraordinarias, no supeditan bajo
ningún modo el que en un caso o en otro se puedan prorrogar.
8.11.- Las sesiones extraordinarias de todos los concejos indistintamente de su categoría,
se corresponde a todas aquellas que se llevan en momentos distintos de las sesiones
ordinarias, sin que pueda haber lugar a interpretaciones distintas de las de la ley, para
promover por ejemplo prórrogas de sesiones extras sin facultad para ello.
8.12.- Omite el Tribunal Administrativo del Meta que, en la formación de las leyes o
acuerdos, el ritual o regla para su formación no es un capricho de la norma, sino exigencia
en sí misma para su garantía democrática en su existencia y seguridad en el tiempo de sí
misma. Por ello no se puede hacer tesis en señalar que la denominación de prórroga
de sesiones extras es superfluo e irrelevante, al contrario, es tan grave que atenta
contra la legalidad del ordenamiento jurídico Colombiano.
8.13.- Si fuese cierta la tesis del Tribunal Administrativo del Meta, que no importa la
denominación que se les dé a las sesiones extras prorrogadas, pues lo que cobra relevancia
es que sean convocadas por el mandatario local por fuera del periodo ordinario para
ocuparse de asuntos que sean sometidos a consideración del concejo, es casi que una
invitación a violar la Constitución y las leyes si se alega por su violador, un propósito noble.
Falacia, y falsa premisa desde el tribunal Administrativo del Meta.
(…)”.
De ahí que, al resolver sobre el recurso de apelación, la Sección Primera del
Consejo de Estado, se pronunciara sobre dichos aspectos de inconformidad, así:
“(…)
80. La Sala, al realizar el análisis conjunto de las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica, concluye que, en el caso sub examine, no se configura la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley
617, por indebida destinación de dineros públicos, toda vez que no se demostró que
los dineros públicos se hubieren destinado en forma indebida, en la medida en que,
conforme con la normativa que rige la materia y atendiendo los criterios
jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los concejales
tienen derecho al pago de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones
plenarias de la respectiva corporación, sin que la ley establezca otra condición de la
que se haga depender la causación del respectivo derecho.
81. Sea lo primero precisar que, para efectos de determinar si hubo o no indebida
destinación de recursos públicos, es necesario que el miembro de la corporación
pública de elección popular “[...] tenga la disponibilidad jurídica o material de tales
bienes públicos [...]”, bien sea, en forma directa o indirecta, en tanto esta se configura
frente a la conducta de quien administra directamente el erario o bien frente a quien no
tiene competencias de ordenación del gasto, pero a través de su actuación tiene
injerencia en este. En ese orden de ideas, en esta prohibición puede incurrir no
solamente el ordenador del gasto, sino todo miembro de corporación pública de
elección popular cuando cambia la destinación de los recursos públicos.
82. Lo anterior es relevante en el caso sub examine en la medida en que la solicitud de
pérdida de investidura se presentó contra todos los concejales que participaron en las
sesiones extraordinarias objeto de estudio en el caso sub examine, por el
reconocimiento, pago y recepción de los honoraros derivados de la asistencia
comprobada a las sesiones plenarias, pese a que, de conformidad con los artículos 65
y 66 de la Ley 136, 20 de la Ley 617, corresponde es a la Mesa Directiva como órgano
de dirección permanente del Concejo Municipal, y no a todos los concejales, la función
de expedir las resoluciones de reconocimiento de honorarios.
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83. Lo anterior implica que, en el caso sub examine, la indebida destinación de dineros
públicos derivada del pago de honorarios a los concejales del Municipio de
Villavicencio, por la asistencia a sesiones plenarias realizadas del 12 al 30 de diciembre
de 2019, solamente podría ser atribuible a los miembros de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal por expedir el acto administrativo correspondiente que ordenó el
reconocimiento y pago de los honorarios, en tanto son ellos los que tienen la
disponibilidad jurídica o material de los dineros públicos destinados para tal propósito,
de conformidad con la normativa anteriormente indicada; sin que en el caso sub
examine, se hubiere probado cuáles eran los concejales que integraban la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Villavicencio, para el periodo 2019, ni mucho menos
quiénes de estos expidieron los actos administrativos que reconocieron y ordenaron el
referido pago, lo cual implica una falencia probatoria con la virtualidad suficiente para
negar las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.
84. En este punto, es importante resaltar, por un lado, que el solo hecho de recibir
honorarios producto de la asistencia a sesiones plenarias -en este caso extraordinarias-
no tiene la suficiencia pretendida por el Solicitante de la pérdida de investidura para
constituir una indebida destinación de dineros públicos, como causal de pérdida de
investidura, porque para ello se debía probar que los concejales, de manera indirecta,
tuvieron injerencia en la forma en que se ordenó el gasto que, en criterio del Solicitante,
es constitutivo de indebida destinación de dineros públicos, lo cual también goza de
orfandad probatoria en este caso.
85. Adicional a lo anterior, la irregularidad que invoca el solicitante se deriva de los
actos administrativos de convocatoria expedidos por el alcalde de Villavicencio
y en tanto utilizaron en sus consideraciones la palabra “prórroga”. Sobre el
particular y como ha explicado esta Corporación en oportunidades anteriores, la
legalidad o ilegalidad de un acto administrativo o de un procedimiento, no tiene
la potencia para configurar por si sola una causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos; ello sin perjuicio de otro tipo de
responsabilidad que se podría derivar, en caso de encontrar que los actos no se
encuentran ajustados al ordenamiento jurídico.
86. En todo caso, la Sala considera que el reconocimiento y pago de las sesiones
plenarias realizadas entre el 12 y el 30 de diciembre de 2019, en el caso sub examine,
no constituyen indebida destinación de dineros públicos, para lo cual se precisa, por un
lado, que el objeto de este medio de control es el de determinar si el miembro de una
corporación pública de elección popular incurrió o no en una conducta constitutiva de
pérdida de investidura, en este caso, por indebida destinación de dineros públicos; y,
por el otro, que no es procedente, en el marco de este medio de control, realizar un
estudio de legalidad en relación con los decretos de convocatoria a sesiones plenarias
de carácter extraordinario núms. 1000-24/558 de 29 de noviembre de 2019 y sus
modificatorios, decretos núms. 1000-24/684 de 10 de diciembre de 2019 y 1000-24/713
de 20 de diciembre de 2019.
87. La Sala considera que, contrario a lo manifestado por el solicitante de la pérdida de
investidura, las sesiones que se realizaron del 12 al 30 de diciembre de 2019 no fueron
prórrogas de sesiones extraordinarias, sino sesiones extraordinarias que
tuvieron lugar con ocasión de la modificación del decreto inicial que convocó al
Concejo del Municipio de Villavicencio a dichas sesiones.
88. En efecto, el artículo primero del Decreto núm. 1000-24/558 de 29 de noviembre de
2019 convocó al Concejo Municipal de Villavicencio a sesiones extraordinarias durante
los días 2 al 11 de diciembre de 2019 y, posteriormente, se expidieron los decretos
núms. 1000-24/684 de 10 de diciembre de 2019 y Decreto 1000-24/713 de 20 de
diciembre de 2019, que modificaron el artículo primero del decreto inicial, en el sentido
de establecer que el periodo de sesiones extraordinarias comprendía respectivamente
los días 12 a 22 y 23 a 30 de diciembre de 2019, lo cual no constituye irregularidad
alguna y mucho menos se trata de una medida proscrita por el ordenamiento porque el
alcalde, en el marco del mandato establecido en el artículo 23 de la Ley 136, podía
convocar al concejo a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes a las
previstas para las sesiones ordinarias, e incluso modificar el decreto inicial con
el objeto de ampliar las fechas en que se realizarían las sesiones plenarias.
89. Tampoco es de recibo para la Sala el argumento del solicitante relativo a que
los artículos 23 y 66 de la Ley 136 contienen una prohibición de prórroga y pago
de sesiones extraordinarias, con fundamento en su interpretación de la sentencia
de 6 de diciembre de 2007 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
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Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
porque, por un lado, la sentencia se pronunció en relación con el artículo 66 modificado
por la Ley 617 y no en relación con la modificación introducida posteriormente por la
Ley 1368, aplicable al caso sub examine, esta última norma que estableció como únicos
limitantes para los municipios de categoría especial, primera y segunda: i) los montos
de los honorarios; ii) que “[...] se pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año [...]”, lo cual no implica que los
concejos no puedan sesionar en un número mayor al allí indicado; y iii) que “[...] [l]os
honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del tesoro público
del respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones
pensionales y las demás excepciones previstas en la Ley 4a de 1992 [...]”.
90. En todo caso, la Sección Primera en la sentencia de 6 de diciembre de 2007 explicó
que los artículos 23 y 66 de la Ley 136, vigentes para la época, al señalar que cada
período ordinario podría ser prorrogado por diez días calendario más, a voluntad del
respectivo Concejo; que los alcaldes podrían convocar al concejo a sesiones
extraordinarias en oportunidades diferentes y que “[...] [n]o se podrán pagar honorarios
por otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas [...]”, explicó que en ningún
momento la prohibición de prórroga se refiere a las sesiones extraordinarias
porque este tipo de sesiones “[...] no tienen fechas fijas, como sí las ordinarias y
tienen un tope [...]” y agregó que “[...] [i]ndudablemente cuando la ley prohibió
que se pagaran honorarios por “otras sesiones extraordinarias o por las
prórrogas”, se estaba refiriendo a las prórrogas de las sesiones ordinarias que
son las que están autorizadas; [y que, por consiguiente] mal podría referirse a
prórrogas de las extraordinarias porque, se repite, no pueden pasar de 12 [...]”.
91. En este punto, la Sala hace propio el argumento del Tribunal, en cuanto explicó
que las sesiones extraordinarias de los concejos municipales, además de las
características aludidas anteriormente, son todas aquellas que se llevan a cabo
en momentos distintos de las sesiones ordinarias o sus prórrogas aprobadas por
los mismos concejos municipales, sin importar la denominación que se les dé,
pues lo que cobra relevancia es que sean convocadas por el mandatario local por
fuera del periodo ordinario para ocuparse de asuntos que sean sometidos a
consideración del concejo porque, como lo explicó esta Corporación en la
sentencia antes mencionada, la prohibición de prórroga se refiere a las sesiones
ordinarias y no a las extraordinarias debido a que estas sesiones no tienen
fechas fijas, siendo sus únicos límites el número de sesiones que pueden ser
remuneradas, la iniciativa, las fechas en que se realizan y los asuntos que en ella
se pueden estudiar.
92. En suma, la Sala considera que no se encuentra probado que la situación puesta
de presente por el Solicitante sea constitutiva de causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros público; mucho menos se probó que los concejales
hubieren recibido un pago de honorarios por sesiones extraordinarias superior a 40
sesiones al año, según acredita la certificación enviada por el Área de Tesorería del
Concejo Municipal de Villavicencio.
(…)”.
(Se destaca)
Resulta evidente que en el caso objeto de estudio la acción de tutela es empleada
para provocar un nuevo pronunciamiento sobre la misma controversia planteada en
el proceso de pérdida de investidura, consistente en cuestionar si las sesiones
extraordinarias celebradas del 12 al 30 de diciembre de 2019 constituyeron
prórrogas de sesiones igualmente extraordinarias, respecto de las cuales se
reconocieron y pagaron los respectivos honorarios en favor de los concejales
demandados.
Lo anterior, para insistir en que, la prórroga de sesiones extraordinarias, está
prohibida por mandato legal, por lo que se configura la causal de indebida
destinación de recursos públicos, para la pérdida de investidura invocada en la
demanda. De manera que, el actor emplea la acción de tutela de la referencia como
si se tratara de una instancia adicional de ese proceso.
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Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
Luego, no puede la parte actora acudir al ejercicio de la acción de tutela para insistir
en que se trató de la prórroga de sesiones extraordinarias y no la nueva citación a
sesiones extraordinarias.
Con todo, la Sala advierte que, como se vio, la autoridad judicial demandada se
refirió expresamente al precedente judicial citado por el demandante en recurso de
apelación – y ahora en el escrito de tutela-, esto es, la sentencia de 6 de diciembre
de 2007, precedente con fundamento en el cual concluyó que “en ningún momento
la prohibición de prórroga se refiere a las sesiones extraordinarias porque este tipo de
sesiones [...] no tienen fechas fijas, como sí las ordinarias y tienen un tope”, luego, incluso
lo relacionado con el análisis de ese precedente judicial fue objeto de
pronunciamiento en el proceso de pérdida de investidura por parte del juez natural
de la causa.
En lo demás, lo relacionado con la sentencia del 24 de noviembre de 2005, proferida
dentro del proceso con radicado número 15001-23-31-000-2004-00366-01, no fue
objeto de pronunciamiento específico por la autoridad judicial demandada en el
proceso, en la medida en que tal providencia no guarda identidad con los
presupuestos fácticos del caso objeto de estudio. En esa oportunidad el Consejo
de Estado estudió los cargos invocados en relación con indebida convocatoria a
sesiones del concejo municipal para elegir la Secretaria del Concejo del municipio
de Sotaquirá y Personero de ese municipio.
Finalmente, en relación con la sentencia proferida en el marco del proceso con
radicado 27001-23-31-000-2008-000-65 -02, que invocó como desconocida en el
escrito de tutela, respecto de esta tampoco es posible llevar a cabo el estudio del
defecto por desconocimiento del precedente judicial, porque, de la consulta de
dicho proceso con el número de radicado y/o el radicado interno en el sistema de
información Samai y en la consulta en la página web de la Rama Judicial no fue
posible acceder al referido proceso, en cuanto dichos radicados c orresponden a
procesos de naturaleza diferentes al de pérdida de investidura y la parte actora
tampoco la allegó al trámite constitucional de la referencia.
Adicional a lo anterior, es necesario indicar que los jueces naturales de
conocimiento del proceso de pérdida de investidura determinaron que ese no era
el escenario para ventilar asuntos relacionados con la legalidad de los actos
administrativos que citaron a las sesiones extraordinarias del 12 y el 30 de
diciembre de 2020, en tanto “la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo o de un
procedimiento, no tiene la potencia para configurar por si sola una causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos; ello sin perjuicio de otro tipo de
responsabilidad que se podría derivar, en caso de encontrar que los actos no se encuentran
ajustados al ordenamiento jurídico”, por lo tanto, mucho menos lo es, este escenario
constitucional para ventilar asuntos propios de legalidad que debieron ser
cuestionados en ejercicio del medio de control procedente.
Basta con leer los argumentos en que la parte actora sustentó la acción de tutela
de la referencia para advertir que pretende plantear una interpretación paralela a la
que efectuaron los jueces naturales de conocimiento y la que, a su juicio, debieron
emplear las autoridades judiciales demandadas, sin proponer verdaderos y
suficientes argumentos que demuestren un yerro o defecto capaz de infirmar la
decisión judicial, al punto que, la parte actora reprocha cada una de las
conclusiones de la Sección Primera del Consejo de Estado con lo que, en su
opinión, debió ser el fundamento de la decisión, luego, el accionante hace un uso
indebido del mecanismo constitucional.
15
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02223-01
Demandante: Jose Enrique Molina Rojas
Al respecto, es importante recordar que en los casos en que la tutela se dirige contra
una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte Constitucional 7 ha
establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que se constate la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención
del juez constitucional. De esta manera, se privilegian “los principios de autonomía e
independencia judicial y, especialmente, la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y
hubiera llegado a otra conclusión”.
Es decir, que no basta con alegar la posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental para que se habilite la acción de tutela contra una providencia
proferida por una Alta Corporación, pues debe además demostrarse que existió una
irregularidad abiertamente contraria a la Constitución que haga necesaria la
intervención del juez constitucional.
De manera que, tal como lo concluyó el juez de tutela de primera instancia, en el
presente caso, la solicitud de amparo no superó el requisito general de relevancia
constitucional, siendo así, se impone confirmar la sentencia impugnada del 22 de
mayo de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta
– Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia, del del 22 de mayo de 2022, proferida
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, objeto de
impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
7 Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva y SU 573 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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