Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02235-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
12 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: DORA PINTO DE MONTEALEGRE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide1 la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
2 de junio de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 20 de abril de 2022, la señora Dora Pinto de Montealegre, por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y el Juzgado Único Administrativo
Oralidad de Leticia, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, así como a los principios de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Tutelar a la accionante, señora Dora Pinto de Montealegre sus
derechos constitucionales fundamentales a la igualdad en la aplicación de la ley,
junto con la afectación de los principios constitucionales de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legitima; como, asimismo, sus derechos constitucionales
fundamentales de la seguridad social (reajuste pensional – actualización de la
1 Se advierte que, el 21 de julio de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
primera mesada pensional), mínimo vital, vida digna, debido proceso, y acceso a
la administración de justicia.
Los cuales, según los hechos y fundamentaciones puestas de presente en esta
tutela, considera están siéndole transgredidos por; el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, al proferir en segunda instancia
la sentencia del 1° de septiembre de 2017, la providencia del 13 de octubre de
2017 que niega adición de sentencia, el auto del 28 de junio de 2021 modificatorio
de auto que modifico liquidación de crédito, y el auto del 29 de julio de 2021 que
niega aclaración de providencia; e igualmente, por el Juzgado Único
Administrativo Oralidad de Leticia Amazonas al adoptar en primera instancia el
auto del 16 de octubre de 2018 que modifico la liquidación del crédito presentada
por la parte ejecutante. Dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el numero
91001-3333-001-2015-00167-00; ejecutante Dora Pinto de Montealegre, y parte
ejecutada, la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones
parafiscales de la protección social – UGPP.
SEGUNDA. A consecuencia de los amparos decretados, se ordene dejar sin
efectos tanto; la sentencia del 1° de septiembre de 2017, la providencia del 13 de
octubre de 2017 que niega adición de sentencia, el auto del 28 de junio de 2021
modificatorio de auto que modifico liquidación de crédito, y el auto del 29 de julio
de 2021 que niega aclaración de providencia, proferidos en segunda instancia por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F;
como de igual modo, el auto del 16 de octubre de 2018 que modifico la liquidación
del crédito presentada por la parte ejecutante, emitido en primera instancia por el
Juzgado Único Administrativo Oralidad de Leticia Amazonas. Dentro del proceso
ejecutivo radicado bajo el numero 91001-3333- 001-2015-00167-00; ejecutante
Dora Pinto de Montealegre, y parte ejecutada, la unidad administrativa especial
de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social –
UGPP.
TERCERA. Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, se ordene
confirmar el fallo adoptado en la audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada
el 26 de septiembre de 2016; mediante el cual se declaró no probada la excepción
de pago, y se ordenó seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de
las obligaciones determinadas en el auto de mandamiento de pago ejecutivo de
fecha 19 de febrero de 2016.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos que,
a juicio de la Sala, son relevantes para decidir:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Dora Pinto de Montealegre demandó a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de que se
anulara la resolución 011084 del 06 de mayo de 1998, por medio de la cual la
subdirectora general de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión
Social - CAJANAL reconoció la pensión de jubilación, y la Resolución PAP 035607 del
28 de enero de 2011, expedida por el Liquidador de CAJANAL EICE EN
LIQUIDACIÓN, que negó la reliquidación de la pensión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Mediante sentencia dictada el 30 de mayo de 2012, el Juzgado Único Administrativo
de Leticia accedió a las pretensiones de la demanda y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación de la señora Dora Pinto
de Montealegre, con base en el 75% del salario devengado en el último año de
servicios, esto es, del 2 de julio de 1997 hasta el 3 de julio de 1998, tomando en cuenta
los factores devengados durante este tiempo. Esta decisión fue confirmada
parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, en providencia del 14 de marzo de 2013.
La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP expidió la resolución RDP 050127 del 29 de octubre de 2013, para dar
cumplimiento a los fallos judiciales, sin embargo, según la solicitud de amparo, no
aplicó la fórmula de indexación adoptada por la jurisprudencia mes a mes sobre el
ajuste de mesadas desde la causación de la primera mesada pensional; no realizó los
reajustes o incrementos de ley; no se liquidó el factor salarial de vacaciones ni los
intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia.
A través de la resolución RDP 00543 del 18 de febrero de 2014, la UGPP concluyó
que la mesada pensional de la señora Dora Pinto de Montealegre fue liquidada acorde
con lo ordenado en la sentencia judicial.
Por considerar que la UGPP no cumplió con lo ordenado en la sentencia del 14 de
marzo de 2013, la señora Dora Pinto de Montealegre instauró demanda ejecutiva
91001-3333-001-2015-00167-01, con el fin de que se librara mandamiento de pago
con fundamento en el título contenido en la sentencia de 30 de mayo de 2012,
proferida por el Juzgado Único Administrativo de Leticia y confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F en descongestión, a través de providencia de 14 de marzo de 2013.
Por auto del 19 de febrero de 2016, se libró mandamiento de pago por el retroactivo
causado indexado mes por mes, como también por los intereses moratorios
generados.
En audiencia celebrada el 26 de septiembre de 2016, se declaró no probada la
excepción de pago propuesta por la UGPP y se ordenó seguir adelante con la
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el auto de
mandamiento de pago ejecutivo.
Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante
providencia del 1º de septiembre de 2017, modificó la decisión. En su parte resolutiva
dispuso:
PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia proferida el 26 de
septiembre de 2016 por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de
Leticia, Amazonas, el cual quedara así: SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE LA
EJECUCION propuesta por la señora DORA PINTO DE MONTEALEGRE, contra
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP,
únicamente por los intereses moratorios generados en los términos del artículo
177 del C.C.A.
SEGUNDO: ACLÁRASE que no procede la de inclusión del factor “vacaciones” y
la “indexación de la primera mesada pensional” en la liquidación definitiva del
crédito, porque dichos componentes no hicieron parte de la sentencia cuya
ejecución se pretende.
La señora Dora Pinto de Montealegre solicitó la adición de la sentencia del 1° de
septiembre de 2017, a fin de que se considerara el factor salarial de vacaciones y se
aplicara la fórmula de indexación adoptada por la jurisprudencia en virtud de lo
ordenado en la parte resolutiva del fallo declarativo de segunda instancia, y lo
dispuesto en el fallo declarativo de primera instancia parte resolutiva, ordinales cuarto,
quinto y sexto.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante providencia del 13 de octubre de 2017, negó la solicitud de adición a la
sentencia del 1° de septiembre de 2017.
La parte actora presentó liquidación del crédito el 14 de febrero de 2018, no obstante,
el Juzgado Único Administrativo de Leticia, mediante auto del 16 de octubre de 2018,
la modificó y solo tuvo como intereses moratorios los causados entre el 1° de octubre
de 2013 y el 30 de noviembre de 2013.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, por considerar que los
intereses moratorios no se habían liquidado en debida forma, ya que no se realizó
sobre cada mesada pensional.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante providencia del 28 de junio de 2021, modificó el auto del 16 de octubre de
2018 y aprobó la liquidación del crédito por los intereses moratorios del artículo 177
del CCA, causados del 2 de mayo de 2013 (fecha de ejecutoria de las sentencias
condenatorias) al 2 de noviembre de 2013.
La parte actora solicitó la aclaración de esta decisión, sin embargo, por auto del 28 de
junio de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, negó la solicitud y precisó que solo se adeudaba un total por intereses
de $5.684.595,66, la cual no era objeto de indexación ni generaba intereses.
1.3. Argumentos de la tutela
A juicio de la parte actora, la Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por cuanto las providencias del 1° de septiembre de 2017, por medio de la
cual modificó la decisión de seguir adelante con la ejecución; la del 13 de octubre de
2017, que negó la solicitud de aclaración de esta decisión; el auto del 28 de junio de
2021, que modificó la liquidación de crédito, y el proveído del 29 de julio de 2021, que
negó su aclaración, desconocieron el precedente judicial establecido por esta
Corporación.
Específicamente, la parte actora cita como desconocidas las siguientes decisiones: i)
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2020 radicación 11001-
03-15-000-2019-04005-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; ii) Sección Cuarta,
sentencia del 10 de febrero de 2016, radicación 25000-23-27- 000-2011-00126-01
(19633), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; (iii) Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 30 de abril de 2020, radicación 25000-23-42-000-2014-01302-01(2319-
17), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; (iv) Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 14 de marzo de 2019, radicación 25-000-23-42-000-2015-02729-01,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, y v) Sección Cuarta, sentencia del 10 de octubre de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2019, radicación 11001-03-15-000-2019-03765-00, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, las cuales, a su juicio, presentan situaciones fácticas y jurídicas similares al
caso en cuestión.
Señaló que las autoridades judiciales desconocieron el citado precedente, toda vez
que no tuvieron en cuenta «el alcance, o efecto vinculante de la parte motiva de una
sentencia cuando se presenta duda con la interpretación de su parte resolutiva dentro
de una acción ejecutiva».
Adicionalmente, no incluyeron dentro de la reliquidación pensional de la demandante
el factor salarial de vacaciones. En este sentido, sostuvo que la pensión de jubilación
de la actora estaba cobijada por el régimen pensional vigente con anterioridad a la
Ley 33 de 1985, esto es, Decreto 3135 de 1968, artículo 27, y que tanto en el proceso
declarativo como en el ejecutivo se probó que el factor salarial de vacaciones
constituyó parte del salario devengado por la señora Dora Pinto de Montealegre en
su último año de servicios.
De modo que, si bien este «factor salarial de vacaciones no quedó consignado, en la
parte resolutiva de la sentencia declarativa de segunda instancia que constituye el
título ejecutivo complejo», lo cierto es que, «según las normas y la jurisprudencia que
se aplicó en la parte motiva de dicha sentencia condenatoria, para resolver el asunto
en concreto, es factible colegir que el factor salarial de vacaciones si debe ser objeto
de inclusión y liquidación dentro del reajuste pensional ordenado».
Asimismo, aseguró que las decisiones censuradas no aplicaron la fórmula de
indexación señalada en el precedente judicial y, además, desconocieron que «para el
caso de las mesadas pensionales por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo,
dicha fórmula se debe aplicar separadamente mes por mes, desde la causación de la
primera mesada pensional». En este sentido, más ampliamente señaló:
Se precisa que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, la fórmula se debe
aplicar separadamente mes por mes desde la causación de la primera mesada
pensional teniendo en cuenta todos los incrementos legales, cálculos y
consecuentes pagos, los cuales no se evidencian se hayan realizado, ni dentro
del proceso declarativo ni dentro de la acción ejecutiva, por parte de la ejecutada
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP. Razón por la cual, deben ordenarse dichos
procedimientos, tal como fue dispuesto, tanto en el auto de mandamiento de pago
ejecutivo del 19 de febrero de 2016 (fls. 64 al 69), como del mismo modo, en el
fallo adoptado en la audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 26 de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
septiembre de 2016, mediante el cual se declaró no probada la excepción de
pago, y se ordenó seguir adelante con la ejecución (fls. 70 al 73).
De otra parte, sostuvo que las decisiones reprochadas desconocieron el precedente
judicial, en tanto que no ordenaron el pago de los intereses moratorios de que trata el
artículo 177 del CCA desde cuando estos se hicieron exigibles (primer día de retardo),
esto es, desde la fecha de la ejecutoria de los fallos condenatorios (2 de mayo de
2013) hasta la verificación del pago total de dicha obligación. Por el contrario, a título
de intereses moratorios solo liquidaron los causados entre el 2 de mayo y el 2 de
noviembre de 2013.
Consideró que las providencias cuestionadas privaron a la señora Dora Pinto de
Montealegre de que su pensión de vejez le fuera reajustada conforme a lo que en
derecho corresponde, afectación que, al recaer sobre derechos de tracto sucesivo
como los pensionales, la convierte en un perjuicio que se ha hecho permanente en el
tiempo, actual.
Finalmente, se limitó a señalar que las decisiones censuradas desconocieron lo
previsto en los incisos 8 y 13 del artículo 48 y el artículo 53 la Constitución y que,
además, incurrieron en un defecto material o sustantivo por la aplicación indebida del
artículo 187 del CPACA y de los artículos 430, 431, 440, 442, 443, y 446 del Código
General del Proceso, «al estar de por medio derechos de la seguridad social, los
cuales al tener la categoría de derechos humanos se constituyen en derechos de
raigambre fundamental dentro del ordenamiento jurídico colombiano y, por
consiguiente, objeto de especial e inmediata protección por parte del estado, bajo la
órbita de aplicación del concepto de bloque de constitucionalidad».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 25 de abril de 2022, el despacho sustanciador de la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, y al juez único administrativo de Leticia, en calidad
de demandados, así como a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP y a la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros con interés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.2. El juez único administrativo de Leticia solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo, dado que la parte actora pretende un nuevo análisis jurídico que ya fue
realizado por el juez natural.
2.3. La Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de una de sus magistradas, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, pues, en su criterio, se pretende reabrir un debate
ya concluido; adicionalmente, no se cumple con el requisito de inmediatez, pues el
auto que ordenó seguir adelante la ejecución se dictó el 1º de septiembre de 2017.
Luego de hacer alusión al trámite surtido dentro del proceso ejecutivo, sostuvo que en
la parte considerativa de la providencia de 30 de mayo de 2012, que confirmó
parcialmente el fallo dictado por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial
de Leticia, se consignó que debía incluirse en la reliquidación de la pensión de la
ejecutante, entre otros, “la prima de vacaciones” y no “las vacaciones”, como
equivocadamente lo entiende la parte actora, por lo que, si bien en la parte resolutiva
se omitió enunciar la prima de vacaciones, la UGPP en el acto administrativo de
cumplimiento sí la tuvo en cuenta.
Sobre la indexación de la primera mesada pensional, señaló que la sentencia de
segunda instancia en ninguno de los apartes ordenó la indexación de la primera
mesada pensional, tal como lo pretende el ejecutante. Lo anterior, por cuanto la
mesada pensional fue reconocida a partir del 4 de julio de 1998, dado que la
accionante se retiró del servicio a partir del 3 de julio de 1998, es decir, el último año
de servicio fue el comprendido entre el 2 de julio de 1997 y el 3 de julio de 1998, y el
IPC del año anterior al del reconocimiento de la pensión es el del año 1997, razón por
la cual no procede la indexación.
Frente a los intereses moratorios, precisó que estos fueron reconocidos desde el
momento de la ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 2 de mayo de 2013, por
el término de 6 meses, y hasta el 2 de noviembre de 2013, en atención a que el
apoderado de la accionante no había radicado solicitud de cumplimiento ante la
entidad. Asimismo, señaló que desde el 31 de enero de 2014, fecha de presentación
de la solicitud de cumplimiento de la sentencia, y hasta el mes de diciembre de 2014,
mes de inclusión en nómina de pensionados, se volvieron a generar intereses
moratorios, en los términos del artículo 177 del C.C.A.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
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Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Manifestó que las decisiones cuestionadas se profirieron en ejercicio de la autonomía
funcional y bajo la presunción de acierto y legalidad; además, los cargos planteados
por la parte actora son simples desacuerdos con dichas providencias.
Por último, aseguró que esa Corporación no ha vulnerado los derechos fundamentales
de la actora, dado que no desconoció «las normas aplicables para la ejecución de
obligaciones contenidas en sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias ni los precedentes jurisprudenciales que rigen la
materia». Por lo anterior, solicitó tener en cuenta las razones fácticas y jurídicas
expuestas en la providencia censurada.
2.4. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, mediante el subdirector de defensa judicial pensional, solicitó que se
declarara improcedente la tutela por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada,
toda vez que la demandante ya había presentado otra solicitud de amparo con
identidad fáctica y jurídica.
Informó que la Sección Cuarta de esta Corporación conoció de la tutela con radicado
11001-03-15-000-2017-02907-00, instaurada por la demandante en contra de las
mismas autoridades judiciales, con idénticos hechos y pretensiones, y que, mediante
fallo de 17 de mayo de 2018, declaró improcedente la tutela. Asimismo, precisó que,
a través providencia del 12 de julio de 2018, la Sección Quinta revocó tal decisión,
para, en su lugar, negar la solicitud de amparo.
Bajo este contexto, aseguró que se configura una actuación temeraria de la
demandante, quien, a través de apoderado y bajo gravedad de juramento, manifestó
que no había interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y las mismas
pretensiones. En este sentido, se apoya en lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Agregó que tampoco se presenta ninguno de los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales censuradas, por
cuanto fueron adoptadas acorde con las normas y la jurisprudencia que regulan el
tema de pensión de jubilación, ni se acredita la existencia de un perjuicio irremediable
en los términos del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Finalmente, señaló que desde el momento en que fueron proferidas las providencias
que por esta vía se atacan, esto es, las del 1° de septiembre de 2017, del 13 de octubre
de 2017, del 16 de octubre de 2018, del 28 de junio de 2021 y del 29 de julio de 2021
ha transcurrido un lapso aproximado de cuatro años, cinco años para las de 2017-
2018 y once meses para las de 2021, lo cual evidencia el incumplimiento del requisito
de inmediatez.
2.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
3. Fallo impugnado
La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante providencia del
2 de junio de 2022, rechazó por improcedente la tutela, por considerar que no se
interpuso en un tiempo razonable.
Sostuvo que la última de las decisiones proferidas en el proceso que se cuestiona se
notificó el 10 de agosto de 2021, por lo que, como la presente acción de tutela se
presentó el 20 de abril de 2022, esto es, transcurrido un término de 8 meses y 5 días,
no se cumplió con el requisito de inmediatez, pues la parte actora tampoco acreditó
una razón válida que justificara la tardanza en la presentación de la acción.
4. Impugnación
En la impugnación, la parte actora se apoya en jurisprudencia constitucional y de esta
corporación, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o
irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela.
Afirmó que el presente asunto la solicitud de amparo versa sobre prestaciones
periódicas, esto es, sobre la imposibilidad que le ha sobrevenido de devengar sus
mesadas pensionales debidamente reajustadas e indexadas separadamente mes por
mes desde su causación, circunstancia que evidencia lo continua y actual que es la
afectación que padece, pues, desde que adquirió sus derechos pensionales, cada
mes continúa recibiendo una mesada pensional disminuida y desvalorizada, que no le
ha permitido disfrutar plenamente de los beneficios prestacionales por los que por
mucho tiempo trabajo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
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Sección Segunda, Subsección F y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Adicionalmente, manifestó que es una persona de 75 años, es decir, un adulto mayor
que goza de especial protección, razón por la cual, «la omisión de no estarle
garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo constante de sus mesadas
pensionales tal como fue ordenado en los fallos judiciales que conforman el titulo
ejecutivo, ha causado que permanentemente continúen afectándose sus derechos
fundamentales, al mínimo vital, dignidad humana y seguridad social, en razón a la
notable debilidad manifiesta producto del paso de los años».
Agregó que en el proceso ejecutivo se presentó una irregularidad procesal, toda vez
que el juez único administrativo de Leticia, al proferir el auto del 9 de noviembre de
2018, concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo, cuando debió
concederlo en el efecto diferido, motivo válido para obviar el requisito de la inmediatez.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado,
siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones que allí
se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en
que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto
en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones
proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían
verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la
acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de
alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido,
(vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación
directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad
o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es
necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en
alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que
han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no
se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que
son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que
dejaron de proponer oportunamente.
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Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos3, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la
Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la
configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de
tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «sólo
tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional
al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia mediante el
valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.
2. Problema jurídico
De acuerdo con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar,
revocar o modificar el fallo del 2 de junio de 2022, proferido por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la tutela por no
cumplirse con el requisito de inmediatez.
Para el efecto, y de acuerdo con lo expuesto en los antecedentes, corresponde a la
Sala analizar, en primer lugar, si en el presente asunto se configura el fenómeno de
la cosa juzgada, a la luz de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
En caso de que no hubiera operado la cosa juzgada, la Subsección deberá analizar si
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
particularmente el de inmediatez y, de reunirse, corresponderá estudiar de fondo los
argumentos expuestos por el accionante, con el fin de determinar si la Sección
Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Único Administrativo de Leticia, vulneraron los derechos fundamentales invocados por
la señora Dora Pinto de Montealegre e incurrió en los defectos por ella alegados.
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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3. Análisis de la Sala
3.1. Cosa Juzgada
En el caso bajo estudio, la demandante pretende dejar sin efectos: (i) el auto del 1° de
septiembre de 2017 a través del cual la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca modificó la sentencia proferida el 26 de septiembre
de 2016 por el Juzgado Único Administrativo de Leticia, Amazonas y en su lugar
ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de la señora Dora Pinto de
Montealegre únicamente por los intereses moratorios generados en los términos del
artículo 177 del CCA; ii) el auto de 13 de octubre de 2017 que negó la solicitud de
adición de la sentencia de 1º de septiembre de 2017; iii) el auto de 28 de junio de 2021
que modificó la liquidación del crédito; iv) el auto del 29 de julio de 2021 que negó la
aclaración de la anterior providencia; e igualmente v) el auto del 16 de octubre de
2018, dictado por el Juzgado Único Administrativo Oralidad de Leticia, que modificó la
liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, dentro del proceso ejecutivo
radicado bajo el número 91001-3333-001-2015-00167-00.
No obstante, en el escrito de tutela la parte actora no hizo un reproche concreto
respecto de cada una de las decisiones censuradas4, sino que, de manera general,
afirmó que las providencias atacadas desconocieron lo ordenado en las sentencias
que constituyen el titulo ejecutivo, se profirieron con desconocimiento del precedente
judicial, incurrieron en un defecto sustantivo y se dictaron con violación directa de la
Constitución.
Lo anterior, toda vez que no incluyeron dentro de la reliquidación pensional de la
demandante el factor salarial de vacaciones, no aplicaron la fórmula de indexación
señalada en el precedente judicial, además, desconocieron que «para el caso de las
mesadas pensionales por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
se debe aplicar separadamente mes por mes, desde la causación de la primera
mesada pensional», y finalmente solo liquidaron por intereses por mora, los causados
del 2 de mayo al 2 de noviembre de 2013, sin tener en cuenta la fecha de verificación
del pago total de dicha obligación acorde con lo establecido en el artículo 177 del CCA.
4 Entre otros, frente al auto que obedeció y cumplió lo dispuesto por el superior y el que ordenó seguir
adelante la ejecución.
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Por su parte, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP mediante el subdirector de defensa judicial pensional,
solicitó que se declarara improcedente la tutela por configurarse el fenómeno de la
cosa juzgada, toda vez que la demandante ya había presentado otra solicitud de
amparo con identidad fáctica y jurídica.
Frente a la cosa juzgada, la Corte Constitucional ha expresado que esta se configura
cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de
tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes,
objeto y causa, así5:
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa [33].
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la
figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado,
esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este
Tribunal.
2.2.3. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa
juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La anterior
circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional, así se
verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones.
En el caso concreto, tras una verificación de las pruebas aportadas al expediente, así
como de la información registrada en el sistema de consulta de procesos judiciales y
la plataforma Samai, la Sala pudo constatar que varias de las pretensiones de la tutela
de la referencia ya fueron objeto de estudio en otra acción de la misma naturaleza,
esto es, las encaminadas a dejar sin efecto las providencias del 1º de septiembre de
2017 y del 13 de octubre del mismo año, dictadas por la Sección Segunda,
Subsección F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En efecto, se encuentra acreditado que la señora Dora Pinto de Montealegre interpuso
otra acción de tutela, a la que se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2017-02907-
01, por considerar transgredidos sus derechos fundamentales de «seguridad social,
mantenimiento del poder adquisitivo constante pensional, indexación de la primera
mesada pensional, mínimo vital, cosa juzgada, seguridad jurídica, acceso a la
5 Sentencia SU-027 de 2021.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
administración de justicia y efectivo cumplimiento de las providencias judiciales,
igualdad, favorabilidad y demás conexos », por la Sección Segunda, Subsección F,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Único Administrativo de
Leticia. En esta acción la demandante formuló las siguientes pretensiones:
Como consecuencia, se ordene revocar parcialmente la sentencia de segunda
instancia fechada 1° de septiembre de 2017 notificada por buzón electrónico del
13 del mismo mes y año, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda, Subsección "F" dentro del proceso ejecutivo
91001-3333-001-2015-00167-01, adelantado contra la UGPP.
3- Como consecuencia, se ordene revocar la decisión fechada 13 de octubre de
2017 notificada por buzón electrónico del 24 de octubre de 2017, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "F",
negó la solicitud de adición a la sentencia de segunda instancia fechada de
septiembre 2017 notificada por buzón electrónico del 13 de mismo mes y año,
proferida dentro del ejecutivo 91001- 3333-001-2015-00167-01, adelantado
contra la UGPP.
4- Como consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección "F", confirmar en todas sus partes la sentencia
proferida por el Juzgado Único Administrativo Oral de Leticia Amazonas en
audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 26 de septiembre de 2016,
mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones
determinadas en el auto de mandamiento de pago ejecutivo fechado 19 de febrero
de 2016, dentro del radicado 91001-3333-001-2015- 00167-01, adelantado contra
la UGPP.
5- En defecto a lo del numeral anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección "F" confirmar la sentencia del
Juzgado Único Administrativo Oral de Leticia Amazonas emitida en audiencia de
instrucción y juzgamiento del 26 de septiembre de 2016, que ordenó seguir
adelante la ejecución de las obligaciones determinadas en el auto de
mandamiento de pago del 19 de febrero de 2016, dentro del ejecutivo 91001-
3333-001-2015-00167-01, seguido contra la UGPP. En el sentido de, que junto
con los intereses moratorios que ya ordenó ejecutar en la sentencia de segunda
instancia del 1 de septiembre de 2017 y como base de liquidación de dichos
intereses, de igual forma, ordene seguir adelante con la ejecución del capital o
retroactivo causado por la actualización del promedio de lo devengado en el
último año de servicios por la señora DORA PINTO MONTEALEGRE, aplicando
la formula ordenada por el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo de
primera instancia fechado 30 de mayo de 2012, adoptado por el Juzgado Único
Administrativo de Leticia Amazonas; providencia judicial que también conforma el
título base de recaudo ejecutivo.
Como fundamentos de dicha solicitud de amparo, la parte actora sostuvo que la
sentencia que constituyó el titulo ejecutivo no prohibió expresamente la inclusión del
factor salarial de vacaciones, ni lo excluyó de la reliquidación pensional. Adujo que el
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
factor salarial vacaciones hizo parte de los factores devengados y certificados durante
su último año de servicio, razón por la cual debería tenerse en cuenta para la
liquidación de su pensión. Sostuvo que la falta de actualización del salario base de
liquidación de la primera mesada pensional implicó que todas las operaciones
practicadas posteriormente estén desajustadas.
La tutela fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la que, en
providencia del 17 de mayo de 2018, declaró improcedente la tutela por no acreditar
el requisito de relevancia constitucional, no obstante, la Sección Quinta de esta
Corporación, en sentencia del 12 de julio de 2018, revocó la decisión para, en su lugar,
negar el amparo, por las siguientes razones:
Cuestión previa
En el escrito de tutela, la parte actora (i) manifestó su desacuerdo con lo decidido
por el tribunal demandando, por cuanto consideró que la sentencia dictada dentro
del proceso ordinario de la cual se pretendió su ejecución, no prohibió
expresamente la inclusión del factor salarial de vacaciones, ni concluyó ni se
dirigió a dicho factor de forma exclusiva y decisiva para excluirlo de la
reliquidación pensional; (ii) adujo que las vacaciones hicieron parte de los factores
devengados y que por tanto deberían tenerse en cuenta para la liquidación de su
pensión y, (iii) consideró que el presente caso encuadra dentro del precedente
sentado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 10 de
julio de 2014 con radicado No. 25000-23-42-000-2012-01646-01.
La Sala aclara que todos los anteriores argumentos no serán estudiados en esta
instancia toda vez que no fueron reiterados en el escrito de impugnación. Por otra
parte, en el memorial de impugnación el actor alegó que el presente asunto debe
estudiarse de fondo debido a que reúne los requisitos de establecidos por la
jurisprudencia, en sentencia C-590 de 2005, y las sentencias SU-120 de 2003,
SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-415 de 2015, SU-542 de 2016, SU-637
de 2016 y T-179 A del 24 de marzo de 2017.
No obstante, dicho argumento tampoco será estudiado por la Sala, pues ni en los
hechos ni en el concepto de violación del escrito de tutela se encuentra referencia
alguna de las sentencias mencionadas, es decir, solo se refieren en el escrito de
impugnación, por lo que no es dable al juez de segunda instancia pronunciarse
sobre un hecho nuevo que no se trajo en el escrito inicial y sobre el cual no tuvo
la oportunidad ni de ejercerse el derecho de defensa de los sujetos vinculados a
la presente acción ni de ser controvertido en el fallo de primera instancia.
En el caso concreto, por tratarse de una acción de tutela dirigida contra
providencias judiciales, la Sala limitará el estudio en sede de impugnación, al
argumento presentado en la solicitud de amparo y reiterado en la impugnación,
en relación la no inclusión de la indexación de la primera mesada pensional en la
reliquidación de la pensión de la señora Pinto de Montealegre.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En sí, el reproche formulado por la parte actora y reiterado en la impugnación,
radica en que en la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
ejecutivo No. 2015-00167-01 no incluyó la indexación de la primera mesada
pensional.
…
En sentencia de 17 de mayo de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo formulada por la señora Pinto de
Montealegre por cuanto (i) estableció que los argumentos que sustentan la acción
de tutela son los mismos estudiados por el juez ejecutivo y (ii) que el hecho de no
estar de acuerdo con los argumentos expuestos por el Tribunal, no habilita al juez
de tutela para estudiar un asunto que ya fue decidido, pues la acción de tutela no
es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez
competente.
En escrito de impugnación la accionante insistió, entre otras cosas, que al no
haberse actualizado el salario base de liquidación de la primera mesada pensional
“en los términos ordenados en la sentencia declarativa de primera instancia"
implicó que todas las mesadas pensiónales posteriores causadas hayan estado
desvalorizadas. Ahora bien, se tiene que el desacuerdo de la parte adora consiste
en que en la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal dentro del
proceso ejecutivo, no se incluyó para efectos de la reliquidación de su pensión de
jubilación la “indexación de la primera mesada pensional.
…
Como puede observarse en los apartes transcritos, es claro para la Sala que la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de la cual se pretende su ejecución, se abstuvo de pronunciarse
respecto a lo decidido por el a quo en relación a la indexación de la primera
mesada pensional, por cuanto el año de reconocimiento de la pensión de la
accionante fue el mismo del retiro, esto es 1998, razón por la cual el IPC del año
anterior a dicho reconocimiento fue el año 1997 y, en este entendido, no había
que realizar indexación alguna contrario a lo pretendido por la tutelante, motivo
suficiente para que no se incluyera la indexación de la primera mesada pensional
para efectos de la reliquidación de su pensión.
A este punto se advierte que la autoridad judicial demandada, estudió
detalladamente y de forma razonable los puntos frente a los cuales está en
desacuerdo la parte actora en la providencia censurada y que los mismos,
también fueron objeto de pronunciamiento mediante providencia de 13 de octubre
de 2017, en la cual el tribunal demandado resolvió la solicitud de adición de la
sentencia de 1 de septiembre de 2017.
Así las cosas, la Sala no encuentra vulneración alguna a los derechos
fundamentales de la tutelante pues lo que se evidencia claramente, tanto en las
razones alegadas en el escrito de tutela, como en su impugnación, es un
desacuerdo respecto a los argumentos planteados en la sentencia proferida por
el juez de instancia.
Además de lo anterior, resulta necesario indicar que la acción constitucional de
tutela en contra de providencia judicial no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En consecuencia se revocará la decisión impugnada, y en su lugar se negará el
amparo pretendido por la señora Dora Pinto de Montealegre.
Bajo este contexto, es claro que la demandante ya había instaurado una acción de
tutela en contra de las mismas autoridades judiciales aquí demandadas, bajo
supuestos fácticos y jurídicos idénticos a los aquí planteados y también con el fin de
dejar sin efectos (i) la providencia del 1° de septiembre de 2017, dictada por la Sección
Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de
la cual modificó la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2016 por el Juzgado
Único Administrativo de Leticia, y (ii) el auto del 13 de octubre de 2017, que negó la
solicitud de adición.
Se configura, entonces, el fenómeno de la cosa juzgada en lo atinente a dejar sin
efecto las providencias del 1° de septiembre de 2017 y del 13 de octubre de 2017, por
cuanto existe identidad de partes, de objeto y de causa con el proceso de tutela
anterior, y no se aluden argumentos que justifiquen la interposición de una nueva
solicitud de amparo. De hecho, la acción de tutela identificada con radicado 11001-
03-15-000-2017-02907-01 surtió el proceso de selección ante la Corte Constitucional
y no resultó escogida para revisión, de acuerdo con lo decidido en la Sala de Selección
no.8 realizada el 30 de agosto de 2018 6.
De otra parte, y en consideración a que frente a las demás providencias cuestionadas:
autos del 16 de octubre de 2018, del 28 de junio de 2021 y del 29 de julio de 2021 no
se predica la cosa juzgada, entra la Sala a verificar si se reúnen los presupuestos
generales de la acción de tutela contra providencia judicial, particularmente, la
inmediatez.
3.2. Requisitos generales de procedibilidad
3.2.1. De la Inmediatez
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez
con que se interponga la acción de tutela. Con base en este requisito, se debe
6
Expediente con radicado T6919937, Sala integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y
Carlos Bernal Pulido. Auto de 30 de agosto de 2018, notificado el 13 de septiembre de 2018.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
acreditar que la tutela contra una providencia judicial se interpuso en un plazo
razonable.
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del
accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.
Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es razonable, pues «de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»7.
Además, como lo señaló la misma Corporación8, el requisito de la inmediatez protege
los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un
plazo irrazonable»9; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el
amparo se convierta en un factor que atente contra ella10; y previene el abuso del
derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»11.
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto
de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la
7 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Esta tesis se ha
mantenido por la Corporación a lo largo de los años. En particular, en la sentencia T-735 de 2013 (M.P.
Alberto Rojas Ríos), en la que se analizó la procedencia de una acción de tutela que se interpuso tres
años, nueve meses y ocho días, después del fallo materia de censura, con relación al alcance de este
principio, expresó lo siguiente: “La Corte Constitucional ha clasificado el principio de inmediatez como
un requisito general de procedencia que versa sobre una exigencia de acuerdo con la cual, la acción
de tutela debe ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración”. Con relación al término en que se interpuso la acción de tutela, en el
caso citado, la Corporación consideró que este era, “[…] desmedido, poco razonable y
desproporcionado para solicitar la intervención del juez de tutela”.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
9 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-
905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
10 Corte Constitucional. Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-
890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691
de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-
016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre
otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02235-01
Demandante: Dora Pinto de Montealegre
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»12.
4. Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso particular
De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
inmediatez. Como ya se advirtió, esta Corporación ha establecido que para efectos de
determinar si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente,
se debe verificar que se hubiera presentado dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según el caso.
Para esta Subsección, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación
de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de ese momento que se
conoce la decisión y se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
En el caso bajo estudio, como ya se señaló, la demandante pretende dejar sin efectos
las siguientes providencias:
i) Auto del 16 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado Único
Administrativo de Leticia, que modificó la liquidación del crédito presentada
por la parte ejecutante, dentro del proceso ejecutivo con radicado 91001-
3333-001-2015-00167-00;
ii) Auto del 28 de junio de 2021, dictado por la Sección Segunda, Subsección
F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que modificó la liquidación
del crédito efectuada por el Juzgado Administrativo de Leticia;
iii) Auto del 29 de julio de 2021, que niega aclaración de la anterior providencia
dictados por la Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, pues insiste que no se incluyó dentro de la reliquidación
pensional de la demandante el factor salarial vacaciones, no aplicaron la
fórmula de indexación señalada por la jurisprudencia y solo liquidaron por
intereses por mora causados del 2 de mayo al 2 de noviembre de 2013, sin
12 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tener en cuenta la fecha efectiva del pago total de la obligación, acorde con
lo establecido en el artículo 177 del CCA.
Así las cosas, como en el presente asunto la demandante centra su inconformidad en
la manera como se efectuó la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo
91001-3333-001-2015-00167-00, la Sala estima razonable contabilizar el término de
6 meses a partir del 10 de agosto de 2021, fecha de notificación del auto del 29 de
julio del mismo año, que negó la solicitud de aclaración de la providencia de 28 de
junio de 2021, a través del cual la Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca modificó la liquidación de crédito efectuada por el
Juzgado Único Administrativo de Leticia13.
Lo anterior, por cuanto fue a partir de este momento que quedó en firme la liquidación
del crédito dentro del proceso ejecutivo instaurado por la demandante y la parte actora
pudo advertir las supuestas equivocaciones o imprecisiones de las autoridades
judiciales demandadas.
De manera que la solicitud de amparo formulada por la señora Dora Pinto de
Montealegre no cumple el requisito de la inmediatez, por cuanto fue presentada el 20
de abril de 2022, mientras que la decisión censurada fue notificada el 10 de agosto de
2021. Es decir, el demandante dejó transcurrir más de 8 meses y 5 días para solicitar
la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por las
autoridades, circunstancia que, sin duda, desconoce el requisito de inmediatez.
Ahora, aunque el apoderado de la demandante afirma en la impugnación que el
requisito de la inmediatez no se ve afectado cuando se cuestionen sentencias
relacionadas con asignaciones de retiro o pensiones, dado que son prestaciones
periódicas, la Sala estima conveniente aclarar que una cosa es pretender, mediante
la acción de tutela, infirmar una providencia judicial en la que se define el
reconocimiento, pago o reajuste de un derecho imprescriptible como la asignación de
retiro, y otra, muy distinta, es valerse de la condición de imprescriptibilidad de esa
prestación para encubrir el desinterés de los demandantes, que de manera
13 Documento con certificado 368F4AF9A49EEC01 E4C44D75476FC86E 511879AD0FEBF108
D2F54D36BAEFABB3, ubicado en el índice 2 del expediente digital cargado en la plataforma Samai y
Link Proceso Ejecutivo Índice 10 del expediente digital cargado en la plataforma Samai, Documento
con certificado 898E670113A06820 481637D3B6D686E6 2DAF55FD0E44DB14
7ECA10128577AEA8.
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injustificada postergan la presentación de la solicitud de amparo de los derechos
fundamentales que consideran vulnerados.
La Sala no desconoce que la señora Dora Pinto de Montealegre es una adulta mayor,
sin embargo, si consideraba que las providencias referidas adolecían de los defectos
endilgados y, por ende, afectaban gravemente sus derechos fundamentales, ese
justamente debió ser el estímulo para ejercer la acción de tutela en un término
razonable, y no dejar pasar más de 6 meses desde que se notificaron para hacerlo.
Aun así, resalta la sala que los argumentos de la impugnación aluden a hechos
nuevos a los que no se hizo alusión en el escrito de tutela.
De ahí que la Sala no encuentre acreditada ninguna circunstancia que permita
flexibilizar el requisito de inmediatez, en otras palabras, no hay una razón válida que
justifique la tardanza de la actora en solicitar la tutela de sus derechos fundamentales,
sino que, por el contrario, se observa que la inactividad obedeció a su propia
negligencia o desinterés.
De otra parte, al margen del incumplimiento del requisito de inmediatez, la solicitud de
amparo también carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos
planteados en esta instancia pretender reabrir un asunto que ya fue resuelto por el
juez natural. Tan es así que los fundamentos de los recursos y solicitudes de adición
y aclaración formuladas por la actora dentro del proceso ejecutivo refieren los mismos
supuestos aquí señalados.
En este orden de ideas, las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide
el conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario
ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que
termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural14.
La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional y,
por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que pierde el
pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio hermenéutico que
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.
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realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales que haga necesaria su
intervención.
En suma, lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte
actora con las providencias demandadas, diferencias que, en sentir de la Sala, no
constituyen razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.
Lo anterior es suficiente para relevarse de estudiar de fondo los argumentos
planteados por la señora Dora Pinto de Montealegre.
Por todo lo señalado, la Sala modificará el fallo de primera instancia, para, en su lugar,
declarar improcedente la solicitud de amparo, en relación con los cargos endilgados
a la providencia del 1° de septiembre de 2017, dictada por la Sección Segunda,
Subsección F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que modificó la
sentencia proferida el 26 de septiembre de 2016 por el Juzgado Único Administrativo
de Leticia, y al auto del 13 de octubre de 2017, que negó la solicitud de adición, por
configurarse la cosa juzgada.
En cuanto a los defectos atribuidos a los autos del 16 de octubre de 2018, dictado por
el Juzgado Único Administrativo de Leticia, y del 28 de junio y 29 de julio de 2021,
dictados por la Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se declarará improcedente la tutela por incumplimiento del requisito
de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Modificar la sentencia del 2 de junio de 2022, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, la cual quedará así:
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo, respecto de los cargos
endilgados a las providencias del 1° de septiembre y del 13 de octubre de 2017,
dictadas por la Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por haberse configurado la cosa juzgada, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela, en relación con los defectos
atribuidos a los autos del 16 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado Único
Administrativo de Leticia, y del 28 de junio y 29 de julio de 2021, proferidos por la
Sección Segunda, Subsección F, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
incumplimiento del requisito de inmediatez, de acuerdo con lo aquí señalado.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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