Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02250-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02250-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02250-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
19 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02250-001
Actores : Carlos Orlando Becerra Castillo y Álvaro Benito Escobar
Henríquez
Demandados : Presidente y secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
Tema : Derechos constitucionales fundamentales de petición e
igualdad
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Carlos
Orlando Becerra Castillo y Álvaro Benito Escobar Henríquez contra los
señores presidente y secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales de petición e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Álvaro Benito Escobar Henríquez,
quien actúa en nombre propio y como apoderado del señor Carlos Orlando
Becerra Castillo, presenta acción de tutela con el fin de que se les protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores presidente y secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Como consecuencia de lo anterior, piden se ordene a las autoridades
accionadas dar respuesta de fondo a la solicitud que formularon el 20 de
febrero de 2022, encaminada a que se les expida una copia de la acción
contractual, en la que el señor Becerra Castillo conforma la parte demandante2
y el señor Escobar Henríquez ejerce su representación judicial (expediente
25000-23-26-000-2003-00959-00).
1.2 Hechos. Relatan los accionantes que el 20 de febrero de 2022 el señor
Álvaro Benito Escobar Henríquez, en condición de apoderado del señor Carlos
1
Resulta oportuno señalar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Al integrar, junto con la empresa JE Jaimes Ingenieros S. A., el consorcio Alsacia 2003, que formuló la
aludida demanda.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02250-00
Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Orlando Becerra Castillo, deprecó de los accionados la expedición de una
copia de la acción contractual, en la que este último integra la parte actora
(expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00), sin embargo, desde ese
momento hasta la fecha de presentación de la tutela no se les ha suministrado
respuesta.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 27 de abril de 2022, admitió la presente acción y ordenó notificar a
los señores presidente y secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los términos previstos en el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor secretario de la sección tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca asevera que la solicitud objeto de esta acción constitucional fue
atendida mediante escrito de 4 de mayo de 2022, en el que se le indicó al allí
actor que el asunto requerido «[…] está en proceso de búsqueda, toda vez que
al revisar el sistema de información SAMAI, se logra evidenciar que […] fue
devuelto del Consejo de Estado junto a un número considerable de
expedientes, por lo [que] su [localización] ha sido dispendiosa, [pero] una vez
logre [encontrarlo] […] se le asignará cita para que se acerque a la
[s]ecretaría y tome las copias […]» que necesite, notificado el mismo día a la
dirección electrónica de su apoderado, alvarobenito@yahoo.es, aportada para
ese fin, situación que impone declarar en este asunto la carencia actual de
objeto por hecho superado.
2.1.2 El señor presidente de la sección tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas
de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y
1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado
por los actores, quienes aducen vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales de petición e igualdad.
2
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Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares.
3.3.1 Falta de legitimación en la causa por activa. En primer lugar, es
preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un instrumento
subsidiario de defensa judicial, preferente y sumario, al cual puede acudir
cualquier persona, por sí misma o por quien actúe en su nombre, para reclamar
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
cuando advierta que han sido vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares.
Ahora bien, a pesar de que una de las características que identifica la tutela es
su informalidad, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que su ejercicio
está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, que
surgen de su propia naturaleza jurídica y de los elementos especiales que la
distinguen. Entre tales exigencias se encuentra la de la legitimación en la causa
por activa o titularidad para promover la acción, con la cual se busca garantizar
que la persona que acude a ella tenga un interés directo y particular respecto de
la solicitud de amparo que formula ante el juez constitucional, de manera que
pueda establecerse, sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un
derecho constitucional fundamental del afectado y no de un tercero3.
Acorde con lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, al referirse a
la legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
3
Corte Constitucional, sentencia T-176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
3
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Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.
A su turno, la Corte Constitucional, al analizar el contenido del citado precepto
legal, ha considerado que se configura la legitimación en la causa por activa en
los siguientes eventos:
[…] (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre
por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es
promovida por quien tiene la representación legal del titular de los
derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los
menores de edad4, los incapaces absolutos, los interdictos5 y las personas
jurídicas6; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial
del afectado7, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo”8; (iv) igualmente,
en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del
afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de
sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un
enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o
mental9. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a nombre
del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el
Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General
de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales10
11
[se destaca].
En el asunto sub examine el abogado Álvaro Benito Escobar Henríquez,
promueve el asunto de la referencia en nombre propio y como apoderado del
señor Carlos Orlando Becerra Castillo, con el fin de que se les protejan los
derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo, vulnerados, a su
juicio, por las autoridades accionadas al no dar respuesta a la petición
formulada el 20 de febrero de 2022, encaminada a obtener copia íntegra de la
acción contractual, en la que también ejerció como apoderado del señor Carlos
Orlando Becerra Castillo, quien conformó la parte actora en ese asunto
ordinario (expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00).
4
Corte Constitucional, sentencias T-567/08, T-1019/06, T-1166/05, T-497/05, T-002/05 y T-1311/01.
5
Ver sentencias T-1103/04, T-993/03 y T-281/02.
6
Ver, entre otras, las sentencias T-723/05, T-396/05, T-1191/04 y T-1189/03.
7
Ver sentencias T-552/06 y T-526 de 1998
8
Auto 064 de 2009.
9
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-560A/07, T-366/07, T-750/05, T-977/04, T-1201/04, T-1101/04.
10
Ver las sentencias T-046/97, T-443/95, T-662/99, T-331/97, T-731/98.
11
Corte Constitucional, sentencia T–176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
4
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Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Con base en lo expuesto, se concluye que el mencionado profesional del
derecho carece de legitimación en la causa por activa, toda vez que si bien es
cierto que actuó como apoderado del señor Carlos Orlando Becerra Castillo en
las referidas diligencias ordinarias, también lo es que no goza de la facultad
para deprecar por esta vía constitucional el amparo de sus garantías superiores,
por cuanto, a pesar de que él fue quien promovió ese proceso, lo hizo en virtud
de un mandato que, para tal propósito, le otorgó el señor Becerra Castillo, lo
que implica que la presunta omisión de las autoridades accionadas de atender
la solicitud de copia del expediente, afectaría las prerrogativas de él, mas no
las del señor Escobar Henríquez, pues, se reitera, su intervención en el asunto
contencioso-administrativo tuvo como fin defender los intereses de aquel.
En similar sentido se pronunció esta Sala12, al precisar que «Los derechos de
acceso a la administración de justicia, debido proceso y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, en un proceso
ordinario son propios de la parte y no de su apoderado, por lo tanto, la
vulneración de tales derechos sólo puede ser alegada por su titular».
En ese orden de ideas, se declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del mencionado abogado para deprecar en nombre propio la protección
de sus derechos constitucionales fundamentales, y se tendrá como único
tutelante al señor Carlos Orlando Becerra Castillo, de quien también es
apoderado en estas diligencias.
3.3.2 Carencia actual de objeto por hecho superado. Se ha pregonado con
acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad
de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando ellos
sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública13; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión
desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el
cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto.
Al respecto, la Corte Constitucional14 ha definido este fenómeno jurídico en
los siguientes términos:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas
oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene
cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 31 de
julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-02745-00, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13
Artículo 86 de la Carta Política.
14
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5
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Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
tendría efecto alguno o “caería en el vacío”15. Al respecto se ha
establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en
aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho
superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través
de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte
que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico
resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de
protección previsto para el amparo constitucional16. En este supuesto, no
es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los
derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los
hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la
falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela,
o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De
otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del
derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho
superado”17 (Subrayado por fuera del texto original.)
4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200818, se establecieron
los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o
no en presencia de un hecho superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un
hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o
amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en
cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio
origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya
cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el
suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se
satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho
superado.” [se destaca].
Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
15
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P.
Humberto Sierra Porto.
16
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P.
Álvaro Tafur Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes”.
17
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
18
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02250-00
Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
derechos constitucionales fundamentales deprecados en el caso sub examine
aún persiste o si, por el contrario, la pretensión planteada para procurar su
defensa ha sido satisfecha, esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de
carencia actual de objeto por hecho superado.
El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de
tutela. En tal virtud, se destaca:
a) Solicitud formulada por correo electrónico el 20 de febrero de 2022 por el
actor, ante el señor secretario de la sección tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, orientada a que se le expida copia de la acción contractual
en la que integra la parte demandante (expediente 25000-23-26-000-2003-
00959-00).
b) Escrito de 4 de mayo de 2022, a través del cual el señor secretario de la
sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le indicó al
tutelante que «[…] al revisar el sistema de información SAMAI, se logra
evidenciar que [el expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00] fue devuelto
del Consejo de Estado junto a un número considerable de [procesos], por lo
tanto su búsqueda ha sido dispendiosa, [pero que] una vez logre[n]
localizar[lo] […] se le asignará cita para que se acerque a la [s]ecretaría y
tome las copias […]» requeridas, notificado el mismo día a su correo
electrónico (alvarobenito@yahoo.es).
Ahora bien, la inconformidad del actor radica en que a la fecha de
presentación de la acción de tutela no se le había dado respuesta de fondo a su
pedimento de 20 de febrero de 2022, concerniente a que se le expida copia
íntegra de la acción contractual, en la que conforma la parte demandante
(expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00), lo que quebranta sus garantías
superiores de petición e igualdad.
Por su parte, una de las autoridades accionadas (secretario de la sección tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca) aduce que en el asunto sub
judice se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, porque el
4 de mayo del año en curso se le informó al accionante que se adelanta la
búsqueda del referido expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00, la cual ha
sido dispendiosa, pero que una vez aquel fuera ubicado, se le asignaría cita
para que se acercara a obtener la copia que requiera, lo que se le comunicó el
mismo día al correo electrónico alvarobenito@yahoo.es, aportado por él con
ese fin.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02250-00
Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Conforme a la relación probatoria realizada, se tiene que el 20 de febrero de
2022 el actor deprecó del señor secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la expedición de copia íntegra de la acción
contractual 25000-23-26-000-2003-00959-00, frente a lo que el 4 de mayo
siguiente dicha autoridad le indicó que una vez se ubicara el respectivo
expediente se le asignaría cita con el fin de que acudiera a las instalaciones de
esa Corporación para consultarlo y extraer las copias que a bien tenga.
En este contexto, la Sala considera que en el asunto se configura una carencia
actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta
lesiva que se reprochaba del señor secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ha cesado, en razón a que, si bien todavía el
actor no ha obtenido la copia solicitada, el 4 de mayo de 2022 se le atendió su
petición, dado que se le indicó que se encontraba en búsqueda ese expediente y
que una vez fuera localizado, se comunicarían con él para hacer su entrega, por
tanto, la Sala estima que no se le puede endilgar omisión alguna, puesto que se
demostró que ha adelantado las actuaciones necesarias con tal propósito, sin
embargo, resulta pertinente exhortarlo para que continúe con su localización.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que los hechos que han
dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este
trámite, «[…] el juez constitucional queda imposibilitado para emitir una
orden para la protección de derechos fundamentales, en la medida en que ha
dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer»19, lo que
impone negar el amparo de las garantías superiores invocadas, no obstante, se
exhortará al señor secretario de la sección tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para que realice las actividades indispensables con la
finalidad de que la copia del expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00 le
sea entregada de manera pronta al demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del abogado Álvaro
Benito Escobar Henríquez, para pedir la protección de los derechos
constitucionales fundamentales de petición e igualdad, conforme a la parte
motiva.
19
Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02250-00
Carlos Orlando Becerra Castillo contra los señores presidente y secretario de la sección
tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2°. Niégase, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, el
amparo de los derechos constitucionales fundamentales de petición e igualdad
invocados por el señor Carlos Orlando Becerra Castillo, por los motivos
expuestos en las consideraciones.
3º. Exhórtase al señor secretario de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que adelante las actuaciones
indispensables con la finalidad de que le sea entregada al tutelante copia del
expediente 25000-23-26-000-2003-00959-00, en atención a las
consideraciones planteadas en esta decisión.
4°. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
5º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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