Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02255-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02255-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02255-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
3 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02255-01
Accionante: Jaime Charry Martínez
Revoca parcialmente la decisión de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02255-01
Accionante: Jaime Charry Martínez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Defecto fáctico / Desconocimiento de
reglas jurisprudenciales / Se revoca parcialmente la decisión de primera instancia
frente a la improcedencia por incumplimiento del requisito de inmediatez y se
confirma frente a la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 9 de junio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jaime Charry Martínez.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 20 de abril de 2022 el señor Jaime Charry Martínez interpuso -mediante
apoderado judicial- una acción de tutela para obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, vulnerado, en su concepto, por la sentencia del 23
de enero de 2020 y el auto del 9 de septiembre de 2021, proferidos por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En la primera providencia se revocó la
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02255-01
Accionante: Jaime Charry Martínez
Revoca parcialmente la decisión de primera instancia
sentencia del 6 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que había accedido a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 25000-2325-000-2011-01127-01, interpuesta por el actor contra la Fiscalía
General de la Nación y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En el auto
del 9 de septiembre de 2021, se negó la nulidad propuesta por el accionante contra
la providencia del 23 de enero de 2020.
2.- Aunque no formuló expresamente las pretensiones en la acción de tutela, de los
hechos y derechos alegados se infiere que el accionante solicita que se dejen sin
efectos las providencias del 23 de enero de 2020 y 9 de septiembre de 2021,
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-25-
000-2011-01127-01.
B. Hechos
3.- El 15 de diciembre de 2011 el actor interpuso -mediante apoderado judicial- una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad
de la Resolución No. 0-1138 de 18 de abril de 2011, por medio de la cual el Fiscal
General de la Nación declaró insubsistente su nombramiento en provisionalidad
como Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Bogotá, pues consideró que en dicho acto administrativo se había
incurrido en (i) falsa motivación y (ii) desviación de poder.
3.1.- El 6 de abril de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual
accedió a las pretensiones de la demanda. Indicó que, pese a que en el acto acusado
se motivó la declaratoria de insubsistencia en una deficiente ejecución de la función
pública por parte del actor, la Fiscalía General de la Nación no acreditó el
establecimiento de indicadores que permitieran evaluar el cumplimiento de metas o
tareas específicas del accionante o que conllevaran a establecer de manera
inequívoca que los resultados de la gestión no estuvieron acordes con las
necesidades del servicio.
3.2.- Dicha decisión fue apelada por la parte demandante en relación con lo dispuesto
en el literal b del numeral tercero de la parte resolutiva. El objetivo fue que se
modificara la orden, en el sentido de declarar que no habría descuentos de ninguna
clase de las sumas que el demandante pudo haber percibido durante el periodo de
su retiro y el reintegro correspondiente.
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Accionante: Jaime Charry Martínez
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3.3.- La Fiscalía General de la Nación también apeló la mencionada decisión. Alegó
que no se incurrió en una falsa motivación, pues se probó el estudio previo que dio
lugar a la terminación del nombramiento del accionante mediante reportes de
gestiones, la carga laboral asignada al actor, informes por inconformismo por el
desempeño laboral e informes sobre ausentismo laboral.
3.4.- El 23 de enero de 2020 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda. Argumentó que el acto administrativo demandado no estaba viciado por
falsa motivación ni desviación de poder, pues se demostró que la Fiscalía General
de la Nación fundó su decisión en razones reales y ciertas, orientadas al buen
servicio, por lo que motivó en forma razonada la decisión de retiro del servicio.
3.5.- El accionante interpuso un incidente de nulidad contra la anterior decisión, pues
consideró que vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que (i)
no se valoraron debidamente las pruebas aportadas al proceso y (ii) se desconoció
el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia del 15 de octubre de 2015
proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación.
3.6.- El 9 de septiembre de 2021 el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A1 negó la solicitud de nulidad de la sentencia del 23 de enero de 2020.
Indicó que en la mencionada providencia (i) se analizaron de forma integral las
pruebas allegadas al proceso, específicamente, se valoraron los oficios UNJP No.
008652 del 15 de septiembre de 2008 y UNJP 9762 de 14 de octubre de 2008; las
Resoluciones No. 14 del 3 de febrero de 2009 y No. 16 del 18 de enero de 2010; el
Manual de Funciones del accionante; las actas de reparto; el oficio No. 006031 del
18 de abril de 2011; la Resolución No. 0-1138 del 18 de abril de 2011 y el Informe de
Gestión; y (ii) no se desconoció la providencia del 15 de octubre de 2015, pues esta
no guarda los mismos supuestos fácticos y probatorios de aquella.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante manifiesta que la providencia de segunda instancia incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y por omisión de valoración de las
pruebas allegadas al proceso.
1 Específicamente, el consejero ponente de la sentencia del 23 de enero de 2020.
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4.1.- Frente a la indebida valoración probatoria indica que (i) el juez de segunda
instancia tomó como certera la conclusión de la Resolución 0-1138 de 18 de abril de
2011 <<ignorando la falacia de sus soportes>>; (ii) los oficios UNJP No. 8652 de
septiembre 15 de 2008 y 9762 de octubre 14 de 2008 no fueron debidamente
valorados, pues la providencia cuestionada se limitó a su enunciación y (iii) no se
valoró correctamente el Informe de Gestión presentado por el accionante.
4.2.- Señala que las siguientes pruebas no fueron valoradas: (i) la Resolución No.
014 y el oficio 928 del 3 de enero de 2009; (ii) el lapso de enero a julio de 2009 que
el accionante permaneció sin trabajo, documentado en los oficios dirigidos <<al Sr.
Quintana, a la Dra. Zeneida López y al Dr. Luis González León>>; (iii) los correos
electrónicos que, en su concepto, evidenciaban la obstaculización laboral; (iv) la
Resolución 016 de 18 enero de 2010; (v) la Resolución 26 de 18 de enero de 2011,
y (vi) el oficio 006031 de abril 18 de 2011.
4.3.- Por otra parte, indica que la providencia del 23 de enero de 2020 incurrió en
desconocimiento del precedente, pues no tuvo en cuenta la sentencia del 15 de
octubre de 2015 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.
4.4.- Agrega que el auto del 9 de septiembre de 2021 <<olvidó que el artículo 230 de
la Carta Fundamental consagró que la jurisprudencia y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial y, por ello mismo era procedente que se aplicara el
precedente jurisprudencial ya citado>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Fiscalía General de la Nación (tercero con interés) solicita que se declare
improcedente la acción por no cumplir con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad. En cuanto al requisito de inmediatez indica que la providencia
atacada fue proferida el 23 de enero de 2020 y notificada el 17 de febrero de 2020,
por lo que superó los 6 meses que se consideran oportunos para interponer la acción
de tutela.
5.1.- Señala que el accionante no indicó por qué, a pesar de existir otros mecanismos
judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de
los mismos para controvertir el fallo atacado.
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6.- El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (accionado) y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B (tercero con
interés) pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.
E. Fallo impugnado
7.- Mediante providencia del 9 de junio de 2022 el Consejo de Estado, Sección Cuarta
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional. Frente a la sentencia del 23 de enero de 2020,
expuso que transcurrieron 2 años, 2 meses y 9 días desde la notificación de la
providencia (11 de febrero de 2020) y la interposición de la acción de tutela (20 de
abril de 2022).
7.1.- Por otra parte, indicó que respecto al auto del 9 de septiembre de 2021 no se
superó el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor acudió a la
acción de tutela como una instancia adicional del trámite en el que se decidió la
solicitud de nulidad de la sentencia del 23 de enero de 2020. Lo anterior, por cuanto
los argumentos expuestos en la presente acción de tutela coinciden con los
argumentos propuestos en la solicitud de nulidad, los cuales fueron decididos por la
Corporación judicial accionada.
F. Impugnación
8.- El 28 de junio de 2022 el accionante impugnó la sentencia del 9 de junio de 2022.
Indica que la acción de tutela sí cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la sentencia del 23 de enero de 2020 fue objeto de un incidente de nulidad que
interrumpía la ejecutoria de la misma, el cual fue resuelto mediante providencia del 9
de septiembre de 2021, y esta, a su vez, fue notificada a través de estado fijado el
22 de octubre de 2021.
8.1.- Por otra parte, señala que si bien en la sentencia de tutela de primera instancia
se declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, la argumentación de la acción demuestra que el juez de segunda
instancia del proceso ordinario incurrió en una vulneración de los derechos
fundamentales del accionante. Además, reiteró los argumentos planteados en el
escrito de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02255-01
Accionante: Jaime Charry Martínez
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II. CONSIDERACIONES
9.- La Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia en cuanto a la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez,
y la confirmará en lo referente a la improcedencia por falta de relevancia
constitucional. Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos
argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario2,
específicamente, dentro del incidente de nulidad presentado contra la providencia del
23 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
G. Contrario a lo señalado por la primera instancia constitucional, la acción de
tutela sí cumple con el requisito de inmediatez
10.- La Sala no comparte el argumento bajo el cual el juez de tutela de primera
instancia declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el
requisito de inmediatez. Si bien la sentencia del 23 de enero de 2020 fue notificada
mediante edicto fijado el 7 de febrero de 2020 y desfijado el 11 de febrero de 2020,
lo cierto es que el 14 de febrero de 2020 el apoderado judicial del accionante
interpuso una solicitud de nulidad contra la providencia atacada. Por esta razón, la
inmediatez se contabiliza desde el día siguiente a la notificación del auto que resolvió
dicha solicitud, esto es, desde el 21 de octubre de 2021.
10.1.- Se precisa que la contabilización del requisito de inmediatez se realiza desde
el día siguiente de la notificación de la providencia, salvo que se haya presentado
una solicitud o recurso que afecte la ejecutoria. Teniendo en cuenta que la acción de
tutela fue presentada el 20 de abril de 2022, se cumplió con el requisito de
inmediatez, pues el término de 6 meses habría vencido el 21 de abril de 2022.
H. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar
12.- En primer lugar, la Sala advierte que, en todo caso, la autoridad accionada no
habría incurrido en un defecto fáctico. La parte actora reprocha que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, realizó una indebida valoración de unas
pruebas y omitió valorar otras. Indicó que la autoridad judicial accionada valoró
2 El magistrado ponente advierte que se debe estudiar de fondo la acción de tutela porque se cumple el requisito
de relevancia constitucional, el accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y
explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada (defecto fáctico y desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales). Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran
argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
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indebidamente (i) la Resolución 0-1138 de 18 de abril de 2011; (ii) el oficio UNJP No.
8652 de 15 de septiembre de 2008; (iii) el oficio UNJP No. 9762 de 14 de octubre de
2008, y (iv) el Informe de Gestión presentado por el accionante.
12.1.- La Sala advierte que la autoridad accionada valoró las anteriores pruebas
conforme a derecho y a la sana crítica. Se observa que realizó la valoración conjunta
de estas y concluyó que el acto de insubsistencia demandado -Resolución 0-1138
de 18 de abril de 2011- propendió por el mejoramiento del servicio público; así mismo,
encontró demostrado que el retiro del servicio del accionante obedeció a su bajo
rendimiento como fiscal delegado.
12.1.1.- En la sentencia atacada se indicó que, de acuerdo con el Informe de Gestión
presentado por el accionante, este no desarrolló los compromisos y requerimientos
exigidos para la responsabilidad de su cargo como fiscal delegado ante el Tribunal
de Distrito en la Unidad de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Igualmente, señaló que
esto encontraba sustento en los oficios mediante los cuales el jefe de dicha Unidad
le solicitó al Fiscal General de la Nación, de manera reiterada, estudiar la posibilidad
de trasladar a otras dependencias de la entidad al actor, <<por carecer de
pertenencia e idoneidad en el desempeño y trabajo en equipo>>3. Indicó que los
mencionados oficios gozan de plena validez probatoria y su contenido se reputó
veraz, pues no fueron tachados de falsos.
12.1.2.- La autoridad judicial accionada incluso transcribió el Informe de Gestión
presentado por el accionante, en el cual reza lo siguiente:
Postulados privado de 86
libertad
Versiones libres 26
individuales
Formulación de 0
imputación
Hechos en F. 0
Imputación
Formulación de cargos 0
Hechos en F. De 0
Cargos
Legalización de cargos 0
Hechos en legalización
de cargos
3 Oficio UNJP No. 8652 de 15 de septiembre de 2008 y oficio UNJP No. 9762 de 14 de octubre de 2008
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Información sobre 0
audiencias
Números de conductas 0
sentencias de justicia y
paz
12.1.3.- De conformidad con lo expuesto, la autoridad judicial accionada concluyó
que los cargos de nulidad propuestos por el demandante carecían de sustento al
argumentar que el acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente no
estuvo debidamente motivado e incurrió en desviación de poder.
13.- Por otra parte, el accionante afirmó que la autoridad accionada omitió la
valoración de las siguientes pruebas: (i) la Resolución No. 014 y el oficio 928 del 3
de enero de 2009; (ii) la Resolución No. 016 de 18 de enero de 2010; (iii) la
Resolución 26 del 18 de enero de 2011 y (iv) el oficio 006031 de abril 18 de 2011; (v)
el lapso de enero a julio de 2009 que permaneció sin trabajo documentado en los
oficios dirigidos <<al Sr. Quintana, a la Dra. Zeneida López y al Dr. Luis González
León>> y (vi) los correos electrónicos que, a su consideración, evidenciaban la
obstaculización laboral por parte del Jefe de Investigadores Rodrigo Quintana Torres,
Luis González León, Zeneida López y Gonzalo Buruticá.
13.1.- Si bien es cierto que en la sentencia atacada no se realizó la valoración
expresa de (i) la Resolución No. 014 de 3 de enero de 2009; (ii) la Resolución No.
016 de 18 de enero de 2010; (iii) la Resolución 26 del 18 de enero de 2011 y (iv) el
oficio 6031 de 18 de abril de 2011, pues únicamente se enunciaron en el acápite de
hechos demostrados, la valoración de dichas pruebas no tiene la virtualidad de
cambiar el sentido del fallo, toda vez que no permitían establecer que el acto de
insubsistencia incurrió en falsa motivación o desviación de poder.
13.2.- Tanto en la Resolución No. 014 de 3 de enero de 2009 como la Resolución
No. 016 de 18 de enero de 2010 se estableció la conformación del grupo de trabajo
del actor. En la primera, se incluyó al accionante en la actividad de <<diligencias de
versión de postulados>> y en la segunda, se modificó la Resolución No. 014 y
reasignó nuevos cargos y sedes. A su vez, a través de la Resolución No. 26 de 18
de enero de 2011 se le asignó al accionante personal de policía judicial de apoyo.
13.3.- Mediante oficio 006031 de 18 de abril de 2010 la jefe de la Unidad para la
Justicia y la Paz informó a la Fiscal General de la Nación la gestión del accionante,
en la cual indicó sus funciones y allegó las peticiones suscritas por el anterior jefe de
la Unidad, <<donde se advierte su inconformismo por su bajo desempeño laboral y
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carencia de sentido de pertenencia a la Unidad, e informes sobre ausentismo laboral
y peticiones reiteradas de permisos>>.
13.4.- Igualmente, pese a que (i) los oficios dirigidos <<al Sr. Quintana, a la Dra.
Zeneida López y al Dr. Luis González León>> que, según el accionante dan cuenta
del lapso de enero a julio de 2009 que permaneció sin trabajo, y (ii) los correos
electrónicos que, a su consideración, evidenciaban la obstaculización laboral, estas
pruebas tampoco tienen la virtualidad de cambiar el sentido de la decisión atacada.
13.5.- Lo anterior, por cuanto mediante comunicaciones durante el mes de marzo,
abril, mayo, junio y julio de 2009, el accionante informó al jefe de Unidad que <<a su
cargo no tenía ningún postulado, en razón a que, cumpliendo lo indicado en la
Resolución No. 14 de 3 de febrero de 2009, los había remitido a la Fiscal 33
Delegada>>. Igualmente, mediante correo electrónico enviado el 14 de julio a la
señora Beatriz Elena Casas Lozano, el actor indicó que (se transcribe):
<<Solo hasta el día 3 de julio este despacho recibió carga laboral de 82 postulados.
A la fecha estamos contactándolos para así poder evacuar las VERSIONES LIBRES,
consecuente con lo determinado por las resoluciones 14; 122 a 130; 144 a 215 y 234
de febrero 3, junio 9 y 10 del avanzante año, respectivamente; consecuentemente
hasta el momento y por razones físicas y legales no ha sido aún programada
VERSIÓN alguna>>.
13.6.- Igualmente, mediante los oficios No. 292 F. 35 UNJP de 6 de octubre, 303 F.
35 UNJP de 19 de octubre, 346 F. 35 UNJP de 17 de noviembre de 2009, 016 F. 35
UNJP de febrero, 036 F. 35 UNJP de 26 de febrero y 067 F. 35 UNJP de 29 de marzo
de 2010, dirigidos al señor Rodrigo Quintana Torres - Lider Grupo Judicial Bloque
Resistencia Tayrona, el accionante solicitó el suministro de informes y soportes sobre
los <<postulados>>.
13.7.- De conformidad con lo expuesto, la Sala precisa que las mencionadas pruebas
no cambiarían el sentido del fallo, pues no evidencian la obstaculización laboral
alegada por el actor, ni mucho menos la falsa motivación del acto que declaró su
insubsistencia en el cargo o la desviación de poder.
14.- Por otra parte, tampoco se habría incurrido en un defecto por desconocimiento
de las reglas jurisprudenciales. La providencia objeto de reproche tuvo en cuenta los
criterios fijados sobre la motivación del acto de declaratoria de insubsistencia de
nombramientos de empleados en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación.
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Accionante: Jaime Charry Martínez
Revoca parcialmente la decisión de primera instancia
14.1.- La argumentación esgrimida por la autoridad judicial accionada no desconoce
las reglas jurisprudenciales que refirió el accionante. Aunque el actor indicó que se
desconoció lo establecido en la providencia del 15 de octubre de 2015, proferida por
la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación4, en ese caso, se concluyó
que la Fiscalía General de la Nación no logró probar que las labores desarrolladas
por la demandante fueron incumplidas o deficientemente desarrolladas, pues no
existía ninguna prueba que acreditara su evaluación.
14.2.- Se evidencia que el precedente invocado por el accionante no guarda
identidad fáctica ni probatoria con el caso del actor, pues en este no se presentaron
pruebas que permitieran evidenciar que la demandante desarrolló de manera
ineficiente sus labores en la Fiscalía General de la Nación. En la providencia atacada
se concluyó que mediante el Informe de Gestión presentado por el actor y los oficios
a través de los cuales el jefe de la Unidad Nacional para la Justicia y Paz le solicitó
al Fiscal General de la Nación el traslado del accionante, se probó que el acto de
insubsistencia estuvo debidamente motivado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia
proferida el 9 de junio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta frente a la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez.
SEGUNDO: CONFÍRMASE la decisión de primera instancia frente a la
improcedencia de la solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
4 Radicado No. 05001-23-31-000-2012-00650-01
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Accionante: Jaime Charry Martínez
Revoca parcialmente la decisión de primera instancia
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
11
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