Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02262-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02262-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02262-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02262-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DUBERNEY VÁSQUEZ RAMÍREZ
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS FÁCTICO,
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE ENDILGADOS. LA DECISIÓN
CUESTIONADA ESTÁ AJUSTADA A DERECHO, DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA APLICABLE AL ASUNTO.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA1.
1 En adelante Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02262-00
Actor: DUBERNEY VÁSQUEZ RAMÍREZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor DUBERNEY VÁSQUEZ RAMÍREZ, actuando a través de
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Tribunal al proferir la
providencia de 22 de octubre de 2021, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
66001-33-33-003-2018-00124-01.
I.2. Hechos
Indicó que el 16 de mayo de 2016, fue capturado por miembros de
la Policía Nacional en situación de presunta flagrancia, luego de que
estos ingresaran a una bodega de la empresa “SURTIPAPA” donde
este laboraba, a realizar una diligencia de registro y allanamiento en
la que se encontró una bolsa con 13.045 gramos de estupefaciente
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Actor: DUBERNEY VÁSQUEZ RAMÍREZ
tipo marihuana.
Relató que, por lo anterior, fue puesto a disposición de la Fiscalía
General de la Nación y, posteriormente, el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas
legalizó la captura y le impuso medida de aseguramiento.
Sostuvo que luego de surtirse todas las etapas del proceso penal, en
audiencia de 16 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Dosquebradas emitió fallo absolutorio, por lo que dispuso
su libertad inmediata.
Refirió que, como consecuencia de lo anterior, promovió junto con su
núcleo familiar demanda dentro del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, a fin de que se les condenara por los perjuicios causados con
la presunta privación injusta de la libertad de la que fue sujeto desde
el 16 de mayo de 2016 hasta el 16 de mayo de 2017, a la cual le fue
asignado el número único de radicación 2018-00124-00.
Adujo que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pereira que, en sentencia de 30 de
septiembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda al
estimar que la privación de la libertad fue injusta, pues se
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demostraron graves deficientes en la investigación, pues fue
capturado por el solo hecho de laborar en la empresa donde se realizó
la diligencia de allanamiento.
Arguyó que las entidades demandadas y la Procuraduría General de
la Nación, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de
apelación el cual fue desatado por el Tribunal en sentencia de 22 de
octubre de 2021, por medio de la cual revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, denegó las pretensiones al considerar que las accionadas
actuaron de acuerdo a las normas que rigen el procedimiento penal,
contaban con elementos razonables para solicitar y decretar la
imposición de la medida de aseguramiento, sin que se evidenciara
una actuación arbitraria, desproporcionada o contraria a los
procedimientos legales.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico al realizar una indebida valoración de las pruebas
allegadas al proceso, pues únicamente tuvo en cuenta el informe
ejecutivo de policía judicial, lo cual, conforme con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
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de Estado, no constituye prueba indiciaria, sino que sólo puede ser
utilizado como criterio de investigación.
Sumado a lo anterior, resaltó que el Tribunal paso por alto las
pruebas allegadas al expediente, pues aun cuando hizo referencia a
la denuncia, no tuvo en cuenta que en la misma se advirtieron rasgos
característicos que no correspondían a los suyos, por lo que era
evidente la falla en el servicio por indebida identificación, asimismo,
el acta de registro y allanamiento y la sentencia absolutoria que
evidenciaban que si se configuró la privación injusta de la libertad.
Añadió que la autoridad judicial accionada también incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, al no
tener en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales 2 proferidos
respecto de la responsabilidad del Estado en caso de privación injusta
de la libertad, en la que a una persona se le impone una medida de
aseguramiento con base en lo consignado en un informe de Policía,
lo que impone la consecuente obligación del Estado de reparar los
daños ocasionados, pues la Fiscalía y la Rama Judicial no contaban
con elementos de prueba serios o necesarios para imponer la medida.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 20 de febrero de 2020, rad. 76001-23-31-000-2010-00877-01 (48313).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 19 de junio de 2020, rad. 76001-23-31-000-2011-01813-01(57353).
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Resaltó que también se dejó de aplicar el precedente judicial vigente
para el momento, esto es, la sentencia de unificación de 17 de
octubre de 2013 proferida por la Sección Tercera, la cual predica la
declaratoria de responsabilidad estatal en caso de verificarse que la
persona que estuvo privada de la libertad nada tuvo que ver con el
delito investigado, lo que deviene en la adopción del régimen de
imputación de responsabilidad objetivo por daño especial, de tal
forma que no era dable acoger una posición actual para resolver un
caso que llevaba años sometido al imperio de la jurisdicción.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] se deje sin efecto la sentencia de fecha veintidós (22) de
octubre de dos mil veintiuno (2021) proferida por la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Risaralda dentro del medio de control de reparación directa con
radicado 66001-33-33-003- 2018-00124-01 promovido por el
señor Duberney Vásquez Ramírez y otros.
TERCERO: Ordenar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Risaralda, que dentro de los treinta
(30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una
nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los medios
de convicción oportunamente allegados y que fueron practicados
en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las
circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros
ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del
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Consejo de Estado, Sección Tercera, en casos similares de
privación injusta de la libertad, en los cuales se ha declarado la
responsabilidad de las demandadas, cuando la imposición de la
medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos
materiales probatorios que carecen de valor suasorio al momento
de solicitarse; así como en la indebida identificación e
individualización del procesado esto en los términos de la
jurisprudencia administrativa y constitucional […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal sostuvo que la acción de tutela de la referencia
se torna improcedente por cuanto no se satisface el requisito general
de la relevancia constitucional, pues no tiene una relación directa con
la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados,
dado que no se advierte que la decisión cuestionada sea
contradictoria de la Constitución Política, arbitraria, caprichosa o
carente de motivación.
Así las cosas, adujo que lo pretendido por el actor es someter el
asunto ya resulto, a una tercera instancia, lo que no es de tal validez
ante este mecanismo excepcional, por lo que solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo o, en su lugar, denegar las
pretensiones, comoquiera que no se encuentra acreditada la
vulneración de los derechos endilgados, pues efectuó amplios
razonamientos sobre el marco normativo y jurisprudencial que
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permitieron arribar a una sentencia revocatoria y desestimatoria de
las súplicas de la demanda.
En cuanto al desconocimiento del precedente endilgado, refirió que
adoptó su decisión con fundamento en los precedentes relativos al
régimen de responsabilidad de privación de la libertad injusta tanto
de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, sobre los
cuales el actor no presentó reproche alguno, siendo de destacar que
para la fecha en que se profirió la sentencia no existía y tampoco
existe, sentencia de unificación sobre el asunto, de tal forma que los
precedentes a los que alude el actor carecen de identidad fáctica y
jurídica, pues en el asunto sub examine la providencia cuestionada
se fundó no solo en un informe ejecutivo o de policía judicial, sino en
diferentes elementos materiales probatorios y evidencia física,
además de la aprehensión en flagrancia del investigado que era
constitutiva de indicio de autoría o participación.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Pereira solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva de esa dirección, pues no es la llamada a satisfacer
las pretensiones de la acción de tutela.
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Sumado a lo anterior, solicitó que se despachen desfavorablemente
las súplicas de la solicitud de amparo, pues no se observa la
configuración de defecto alguno ni la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional en el
asunto.
I.6.2.- La Fiscalía General de la Nación refirió que la autoridad
judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados,
comoquiera que no es de tal acierto que haya incurrido en los
defectos endilgados, además, la acción de tutela de la referencia
resulta improcedente, pues no se cumple con el requisito de
subsidiariedad en el asunto.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pereira solicitó su desvinculación en
la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
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favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la Rama Judicial fue parte demandada dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2018-00124-01, objeto de estudio, le asiste interés como
tercero en las resultas de la acción de tutela de la referencia, razón
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por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 22 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal, por medio de la cual se revocó la decisión
del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda
promovida dentro del medio de reparación directa identificado con el
número único de radicación 2018-00124-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte
actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico,
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sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en
desconocimiento del precedente judicial.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si el Tribunal
incurrió en los defectos alegados al proferir la providencia
cuestionada.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
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(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable3 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en desconocimiento del
precedente judicial endilgados a la providencia de 22 de octubre de
2021, proferida dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2018-00124-01.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20134, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
3 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
4 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
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En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las
decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras
jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de
unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de
la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 5 y el 270 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20116; así como su respaldo jurisprudencial las
sentencias C-836 de 9 de agosto de 20017; C-816 de 1o. de
noviembre de 20118; C-179 de 13 de abril de 20169; y T-102 de 25
de febrero de 201410.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
5 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
6 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social
o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos
extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A
de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
7 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(Doctrina probable).
8 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
9 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial).
10 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(Antecedente jurisprudencial).
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“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”11 (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso
determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y
a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por
la Corte Constitucional12, según el cual la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial
está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los
funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por
la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el
mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo
11 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
12 Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
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de 200813, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria14, la regla del respeto del
precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no
puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,
o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación
concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de
supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente
judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en
pronunciamientos anteriores de la Sala15, a saber: i) la disanalogía o
falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y
13 Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
14 Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13
de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-
000-2012-02074-00.
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el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se
debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de
precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que
sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la
consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser
contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el
juez que se separa del precedente asume una especial carga de
argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,
razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio
de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse
a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento
injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración
del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de
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tutela contra providencias judiciales16.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
16 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de
radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01797-00.
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anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente17”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial18.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)19.
Caso concreto
17 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
18 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
19 Ver sentencia T-292 de 2006.
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Actor: DUBERNEY VÁSQUEZ RAMÍREZ
Encuentra la Sala que la inconformidad planteada por el actor radica
en que la autoridad judicial accionada, al conocer del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2018-00124-01, incurrió en los siguientes defectos: i)
fáctico al realizar una indebida valoración de las pruebas allegadas al
proceso y tener en cuenta el informe ejecutivo de policía judicial, así
como pasar por alto las pruebas allegadas al expediente, las cuales
evidenciaban que si se configuró la privación injusta de la libertad,
ii) sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al no tener
en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales20 proferidos
respecto de la responsabilidad del Estado en caso de privación injusta
de la libertad y; iii) desconocimiento del precedente judicial vigente
al momento de promover el medio de control, esto es, la sentencia
de unificación de 17 de octubre de 2013 proferida por la Sección
Tercera.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 20 de febrero de 2020, rad. 76001-23-31-000-2010-00877-01 (48313).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 19 de junio de 2020, rad. 76001-23-31-000-2011-01813-01(57353).
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Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la
decisión expuestos por la autoridad judicial accionada.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] ACERVO PROBATORIO.
Del material de pruebas que conforma el expediente, se destacan
como jurídicamente relevantes para la decisión que habrá de
adoptarse, los siguientes elementos obrantes dentro del plenario
en el documento digital denominado (Anexos.pdf):
INFORME EJECUTIVO-FPJ-3- del 16 de mayo de 20166, elaborado
por la Policía Judicial […]
Quedó también anotado en dicho informe que, en compañía del
informante, los funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta
el inmueble y lograron verificar su real existencia, estableciendo
que se trata de un inmueble de cuatro niveles, siendo el primer
nivel garaje el objeto de la solicitud de allanamiento.
Igualmente, obra INFORME EJECUTIVO de la misma fecha 16 de
mayo de 2016 a las 23:507, elaborado por funcionarios de Policía
Judicial, el cual da cuenta de la diligencia de allanamiento
adelantada y la captura del señor Duberney Vásquez por los delitos
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, informe del que
se extrae: […]
Acta de audiencias de legalización de orden de allanamiento y
registro, legalización de diligencia de allanamiento, legalización de
elementos incautados, legalización de captura, formulación de
imputación y solicitud de medida de aseguramiento, realizadas por
el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, el día 17 de
mayo de 20168, en la cual consta que allí se dispuso: […]
El 11 de agosto de 2016, se llevó a cabo audiencia de formulación
de acusación ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas
en la cual el señor Fiscal 33 Seccional descubre elementos
materiales probatorios y además se declara legalmente formulada
la acusación por el mismo delito imputado fijándose fecha para
audiencia preparatoria de juicio oral.
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El día 13 de octubre de 2016, se realiza la audiencia preparatoria
ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas en la
que el acusado no aceptó cargos y se decretan por parte del
despacho las pruebas deprecadas por la Fiscalía General de la
Nación y la defensa del acusado señor Duberney Vásquez.
En audiencia de juicio oral celebrada entre los días 24 de enero de
2017 y el 05 de mayo de 2017, en el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Dosquebradas, luego de practicadas las pruebas, se
escucharon los alegatos de conclusión de la Fiscalía General de la
Nación y la Defensa, quienes solicitaron sentencia absolutoria.
El día 16 de mayo de 2017, en audiencia de sentido de fallo y
lectura de sentencia el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Dosquebradas, anuncia sentido de fallo de carácter absolutorio y
profiere sentencia en dicho sentido13 contra la cual no se interpuso
recurso alguno.
Certificación expedida por el INPEC de fecha 17 de mayo de 2017,
en la que consta que el señor Duberney Vásquez Ramírez, estuvo
privado de la libertad con ocasión de medida de aseguramiento de
detención domiciliaria por el período comprendido entre el 17 de
mayo de 2016 al 17 de mayo de 2017, cuando se otorgó su libertad
por sentencia absolutoria.
[…]
Con las precisiones anteriores, indica la Sala que en el caso
concreto como bien lo determinó el a quo existió daño, consistente
en la restricción de la libertad del señor Duberney Vásquez
Ramírez, según quedó demostrado con la certificación expedida por
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC29, en la cual
se señala que el demandante estuvo privado de la libertad por el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con
ocasión de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, en
el período comprendido entre el 17 de mayo de 2016 hasta el 17
de mayo de 2017, cuando se otorgó su libertad por sentencia
absolutoria, con lo cual queda demostrada la existencia del daño,
como disminución o afectación de los bienes jurídicos del señor
Duberney Vásquez Ramírez, a la libertad y locomoción en el
territorio nacional; sin embargo, advierte la Sala que no todo
daño reviste el carácter de antijurídico, como en efecto no
tiene tal carácter de daño antijurídico la restricción de la
libertad a que fue sometido el demandante, en cuanto anuncia
desde ahora el Tribunal que el actor debía soportar esa afectación
de los derechos a la libertad y locomoción, con base en las
disposiciones sustanciales y procedimentales que se analizarán y
que permiten adoptar medidas restrictivas de la libertad como la
de detención preventiva, máxime que la medida de
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aseguramiento que interesa a este plenario de
responsabilidad extracontractual, para el momento de su
adopción contrario a lo invocado por la parte actora fue
razonable, proporcional y acorde con los procedimientos
legales; al encontrarse sustentada en una labor investigativa que
aunque incipiente de la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional, daba lugar a su adopción.
[…]
Con fundamento en lo anterior, el Juez de Control de Garantías
cumplió con la exigencia probatoria contemplada en el artículo 308
del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de
2004, según la cual, “a petición del Fiscal…decretará la medida de
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos y asegurados o de la información
obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que
se investiga…”, toda vez que el actor en virtud de diligencia
de allanamiento y registro fue capturado en flagrancia pues
al momento en que se disponía a salir del garaje objeto de
dicha medida, se encontró en su interior por parte de los
funcionarios de policía judicial 13.045 gramos de
marihuana.
Con lo anterior, los elementos materiales probatorios y evidencia
física al momento de la detención y las diligencias de legalización
de captura y medida de aseguramiento, permitían inferir
razonablemente, para ese momento, que el actor podía estar
incurso en los hechos constitutivos del delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código
Penal, respectivamente: […]
Esta corporación judicial estima que los referidos elementos
materiales de prueba sí respaldaban con suficiencia y
razonabilidad el decreto de la medida de aseguramiento
impuesta, que permitían llevar al convencimiento del juez
de control de garantías, sobre la posible participación en el
delito por parte del aquí demandante, y sustentaron la
necesidad y pertinencia de la imposición de la medida de
detención preventiva en el lugar de su domicilio, ante la
grave afectación a la sociedad con la conducta referente a
la sustancia estupefaciente incautada, por lo cual se dispuso
la protección a la sociedad con la imposición de la medida de
aseguramiento en el lugar de domicilio del imputado en términos
del artículo 307 literal A numeral 2° del CPP, como medida
adecuada, necesaria y proporcional.
En cuanto a este aspecto de la necesidad de la medida, el
Tribunal encuentra justificada tal decisión para ese
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momento del proceso penal, no solo en los elementos
materiales probatorios para entonces allegados, sino en el
cumplimiento de los requisitos legales para su adopción
como era la conducta (conservar estupefacientes) tipificada en
la norma que ha quedado transcrita y la condición de flagrancia en
que fue sorprendido el demandante, que hacían inferir
razonablemente que el imputado podía ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investigaba, cumpliéndose así con los
presupuestos establecidos en el numeral 2º del artículo 308 del
CPP, es decir, que el imputado podía constituir un peligro para la
seguridad de la sociedad, que como bien lo estimó el juez penal al
decretar la medida, ese peligro para la comunidad devenía de la
gravedad y modalidad de la conducta (flagrancia), y como
circunstancia adicional “la posible continuidad en la actividad por
parte del procesado y su probable vinculación con una organización
criminal”. De este modo concurrían los presupuestos de necesidad
establecidos para el decreto de la medida en los términos del
artículo 310 del CPP, vigente para la época (mayo 2016), máxime
cuando la cantidad de droga incautada-marihuana- era
considerable (13.045 gramos), lo que en su momento podía
llevar a inferir como elemento adicional para su decreto y
que, seguramente, llevó al juez de garantías a inferir la
probable vinculación del actor a una organización criminal,
dado que el informante aludía a que en dicho lugar se
almacenaba estupefacientes para su posterior distribución.
Dichos elementos materiales probatorios que puso a disposición la
Fiscalía General de la Nación y que la Juez Segunda Penal Municipal
de Dosquebradas, al resolver la solicitud de la medida de
aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario,
analizó para adoptar la decisión de imponer la misma pero en el
domicilio del imputado, a juicio de esta Corporación, fueron en su
momento suficientemente razonables y de ellos se podía inferir la
posible comisión de la conducta punible, y la posible autoría del
hecho delictivo por parte del Duberney Vásquez, analizando incluso
para su imposición la inexistencia de antecedentes penales de su
parte y el arraigo del mismo como padre de familia, lo que incluso
la condujo a imponerle una medida menos gravosa de la solicitada.
Posteriormente, en la etapa del juicio, el juez penal de
conocimiento consideró que no se encontraba acreditada la
culpabilidad dolosa imputada al actor. Lo anterior, después de
valorar las pruebas practicadas en audiencia de juicio oral, de la
cuales pudo concluir que no se logró probar qué vínculo tenía
Duberney con la sustancia incautada, ni quién introdujo el paquete
con esa sustancia estupefaciente a dicho establecimiento de
comercio y que no se probó que él tuviera pleno conocimiento de
la existencia y del contenido del elemento encontrado, dudas que
debían resolverse en favor del acusado y, por tanto, fue absuelto.
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Así, si bien es cierto que el señor Duberney Vásquez Ramírez
fue declarado no responsable penalmente, ello obedeció
exclusivamente a que las pruebas practicadas en juicio no
permitían concluir su responsabilidad penal como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones y
deberes de las demandadas que adelantaron el proceso, sin
que se vislumbre actuación irregular, caprichosa o
desproporcionada de su parte, sino por el contrario se
allegaron al proceso elementos probatorios que permitían
contemplar dudas sobre la responsabilidad penal del aquí
demandante, que a pesar de haber sido privado de la
libertad con fundamento en los elementos materiales
probatorios que indicaban su posible autoría o participación
en el hecho delictivo, las pruebas arribadas con
posterioridad no permitían su condena.
No obstante, tal situación ocurrida en el decurso del proceso penal
y en especial las valoraciones probatorias efectuadas por el juez de
conocimiento, como lo plantea la parte actora, no pone de
manifiesto una actuación arbitraria de las entidades accionadas,
por falla o defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, por lo que no puede tacharse de infundada la actuación
penal desplegada, ni se erige en injusta la medida de detención
preventiva, como lo ha destacado el H. Consejo de Estado en
sentencia del 5 de marzo de 2020: […]
En este último pronunciamiento reseñado, se hace énfasis en que
la carga de la demostración de la arbitrariedad, falta de
proporcionalidad, o capricho en quienes profirieron la medida de
aseguramiento, corresponde a quien obra como parte demandante
en el proceso que tiene su génesis en las pretensiones de
responsabilidad estatal, lo que no encuentra acreditado este
Tribunal en el sub examine.
Cabe precisar que, aunque en la sentencia penal proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, en calenda
16 de mayo de 2017, se concluye que la absolución se fundaba en
la aplicación del in dubio pro reo, tal circunstancia, como ya se ha
dejado advertido, no convierte en ilegal y menos en injusta la
privación de la libertad del actor, por cuanto a tal conclusión se
arribó con fundamento en un análisis a posteriori de las
circunstancias y contradicción de las pruebas que sirvieron en su
momento de sustento para la adopción de la medida preventiva de
detención domiciliaria. […]
Otro aspecto relevante, es que por el hecho de que el procesado
en este caso particular hubiere sido posteriormente absuelto por
no existir pruebas sobre su responsabilidad, lo que pudo
descubrirse durante las audiencias del juicio oral, en modo alguno
erige en ilegal, arbitraria, desproporcionada e innecesaria la
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medida preventiva impuesta meses atrás con apego a la ley y con
base en los elementos materiales probatorios e indicios presentes
para ese momento, por cuanto el análisis que le corresponde
efectuar al juez contencioso administrativo dentro del proceso de
reparación directa, se efectúa únicamente respecto del momento
de adopción de la medida de aseguramiento y no en relación con
los elementos que surjan con posterioridad dentro del proceso
penal.
Aceptar tal disertación dentro del régimen de responsabilidad
subjetivo aplicado por este Tribunal con base en el precedente de
la H. Corte constitucional y del H. Consejo de Estado, conllevaría,
sin fundamento, a un desconocimiento de dichas pautas
jurisprudenciales que han quedado dilucidadas en esta providencia
y conduciría a una flagrante violación del debido proceso de las
entidades demandadas al prohijar el juzgamiento de su
responsabilidad estatal bajo un régimen distinto al subjetivo como
corresponde, sino bajo un título objetivo de imputación, que ha
quedado superado por la jurisprudencia de esta jurisdicción
especial con base en el contenido normativo que la H. Corte
Constitucional ha fijado desde el control automático del artículo 68
de la LEAJ, que llegó a dar lugar a la responsabilidad por privación
de la libertad con la única exigencia de la sentencia penal
absolutoria, lo cual no tiene respaldo jurisprudencial en la
actualidad, por lo que tal responsabilidad carece de sustento
cuando no se demuestra que la medida de aseguramiento
comportara, para el momento de su adopción, arbitrariedad, falta
de proporcionalidad o capricho de quien la profirió.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
De lo anterior se infiere que la autoridad judicial accionada, al
conocer del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 2018-00124, encontró que no era de
tal acierto que las actuaciones surtidas por las autoridades
demandadas hubieran estado incursas en un error judicial,
comoquiera que, contrario a lo aseverado por el actor, las mismas
estuvieron ajustadas a derecho, de acuerdo con los elementos
materiales probatorios, evidencia física y circunstancias particulares
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del caso.
Así las cosas, el Tribunal resaltó que si bien en el juicio las pruebas
permitieron determinar la ausencia de responsabilidad penal del
señor VÁSQUEZ RAMÍREZ, ello no conllevaba la ilegalidad de la
orden de allanamiento, el allanamiento y la captura, las cuales en su
momento contaron con respaldo legal y probatorio, que evidencia la
necesidad y procedencia de la adopción de las medidas en la etapa
primigenia investigativa.
Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial accionada destacó
que, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, en
especial lo manifestado por una fuente no formal que había indicado
que el garaje sin nomenclatura que fue objeto de allanamiento, era
utilizado para almacenamiento y distribución de estupefacientes, lo
cual fue posible corroborar al momento de la diligencia cuando fue
incautado 13.045 gramos de marihuana y que el propio actor en ese
momento manifestó tener “una bolsa plástica color negro con una
sustancia debajo de unas escaleras y una lona olor verde, haciendo
entrega libre y voluntaria de un bloque compacto envuelto en cinta
transparente y bolsas plásticas color negro con una sustancia vegetal
verdosa con características similares al estupefaciente conocido
como marihuana”, eran razones suficientes para aprehender y
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declarar la legalidad de las actuaciones.
Sumado a lo anterior indicó que si bien el informante no señaló o
individualizó al señor VÁSQUEZ RAMÍREZ, la diligencia de
allanamiento y registro estaba dirigida a un garaje sin nomenclatura,
mas no a capturar o aprehender a una persona en particular.
Sobre el particular, la parte actora alega que la providencia acusada
incurrió en defecto fáctico comoquiera que el Tribunal realizó una
indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso al tener en
cuenta el informe ejecutivo de policía judicial y omitir el estudio de
las pruebas allegadas al expediente, las cuales evidenciaban que si
se configuró la privación injusta de su libertad.
En este punto, la Sala advierte que no le asiste razón al actor al
estimar que se incurrió en defecto fáctico, toda vez que el Tribunal sí
analizó las pruebas obrantes en el expediente de forma integral, de
tal forma que aun cuando tuvo en cuenta el informe ejecutivo
elaborado por la Policía Judicial, no fue el único elemento material
probatorio jurídicamente relevante en el asunto, pues también
fundamentó su decisión en la denuncia y en el acta de audiencias de
legalización de orden de allanamiento y registro, legalización de
diligencia de allanamiento, legalización de elementos incautados,
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legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de
medida de aseguramiento, que precisamente el actor echó de menos,
entre otros, de los cuales era razonable inferir que era del caso iniciar
la investigación penal que fue adelantada contra el señor VÁSQUEZ
RAMÍREZ a fin de esclarecer los hechos que se le reprochaban.
En efecto, la autoridad judicial accionada sostuvo que del material
probatorio recaudado era posible concluir que la medida de
aseguramiento en contra del actor no resultaba desproporcional o
irracional, toda vez que de las pruebas que sirvieron de fundamento
para la captura, era dable inferir la participación del actor en la
comisión del delito investigado, por lo que no era posible endilgársele
responsabilidad alguna al actuar del Estado, el cual se dio dentro de
los lineamientos de sus funciones y atribuciones.
Sumado a lo anterior, el Tribunal advirtió que la cantidad de droga
incautada, esto es, 13.045 gramos de marihuana y lo afirmado por
el informante que aducía que en dicho lugar se almacenaban
estupefacientes para su distribución, llevaron al juez de garantías a
inferir la probable vinculación del accionante a una organización
criminal, lo que deja entrever que existían suficientes elementos de
prueba para adelantar la investigación penal y decretar la medida de
aseguramiento.
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De otra parte, a juicio del actor, el Tribunal incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente21, al no tener en
cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales proferidos respecto de
la responsabilidad del Estado en caso de privación injusta de la
libertad, en la que a una persona se le impone una medida de
aseguramiento con base en lo consignado únicamente en un informe
de Policía, lo que conlleva la obligación del Estado de reparar los
daños ocasionados.
En este punto, la Sala advierte que contrario a lo esgrimido por el
actor, tal como se expuso en líneas anteriores, la autoridad judicial
accionada fundamento su decisión, no solo en el informe policial, sino
que también tuvo en cuenta otras pruebas para resolver el asunto,
esto es, la denuncia del informante que daba cuenta del expendió de
drogas en el lugar del allanamiento, el acta de audiencias de
legalización de orden de allanamiento y registro, legalización de
diligencia de allanamiento, legalización de elementos incautados,
legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 20 de febrero de 2020, rad. 76001-23-31-000-2010-00877-01 (48313).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
sentencia de 19 de junio de 2020, rad. 76001-23-31-000-2011-01813-01(57353).
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medida de aseguramiento, así como la cantidad de droga incautada
-13.045 gramos de marihuana-, lo que deja en evidencia que no
desconoció los pronunciamientos esgrimidos en el escrito de tutela
en caso de privación injusta de la libertad.
Sumado a lo anterior, la Sala destaca que la providencia acusada
sustentó su análisis en los artículos 90 de la Constitución Política, 68
de la Ley 270 de 1996, las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de
2018 proferidas por las Corte Constitucional, así como la
jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, fundamento normativo y jurisprudencial sobre el cual
las sentencias que el actor aduce como desconocidas decidieron el
asunto en cada caso particular, lo que desvirtúa el defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente alegado.
Finalmente, en lo atinente al desconocimiento del precedente, el
actor aduce que la jurisprudencia aplicable al asunto era la sentencia
de unificación de 17 de octubre de 2013 proferida por la Sección
Tercera, comoquiera que era el precedente judicial vigente para el
momento en el cual promovió la demanda de reparación directa.
En este punto, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene
vocación de prosperidad, en la medida que el Tribunal no incurrió en
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desconocimiento del precedente al aplicar la sentencia de unificación
SU-072 de 2018, pues era la tesis vigente al momento de dictarse
sentencia de segunda instancia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha definido que el cambio
en la postura jurisprudencial de un tema por el respectivo órgano de
cierre, conlleva un carácter vinculante general e inmediato del
precedente.
En efecto, la sentencia SU-406 de 2016, dispone:
“[…] A la luz de lo anterior, se observa que el cambio de una
determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de
cierre, implica una modificación en la interpretación jurídica, es
decir, del contenido normativo de determinada disposición y que,
en atención al carácter vinculante general e inmediato del
precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal
y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea el caso
[…]”.
Así las cosas el Tribunal, atendiendo que las reglas jurisprudenciales
fijadas en la sentencia SU-072 de 2018 dictada por la Corte
Constitucional debían aplicarse a todos los casos pendientes de
solución en la vía judicial, aplicó en la decisión acusada la tesis allí
expuesta, de tal forma que para la Sala la autoridad judicial
accionada no incurrió en el yerro endilgado.
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Por lo anterior, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida en
la providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica
de la demanda respectiva y a las fuentes jurídicas aplicables al caso,
de tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte
actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la
configuración de las falencias que se alegan.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto
sometido a su consideración.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del
accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así
la configuración de las falencias que alega, por lo que el amparo
solicitado será denegado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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