Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02264-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02264-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02264-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 110010315000202202264-00
Actor: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la sociedad CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A. con fundamento en
el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, contra la sentencia proferida
el 17 de marzo de 2021 por la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de 7 de abril de 2011,
dictado por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I.- ANTECEDENTES
1.1 Refirió que entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el
Consorcio Estación San Victorino1, se celebró el contrato de Obra
1
integrado por las sociedades Cuellar Serrano Gómez S.A., Esgamo Limitada Ingenieros Constructores,
y Construcciones Técnicas de Ingeniería Ltda. – Contein Ltda. También lo suscribió la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
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Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
IDU043-2003, de fecha 4 de abril de 2003, cuyo objeto fue la
realización de los “Ajustes de Diseño, construcción y mantenimiento
de la Estación Intermedia de San Victorino, localizada en la Avenida
Jiménez por Troncal Caracas para el Sistema Transmilenio en Bogotá
D.C.”.
2.1 Aludió que el plazo convenido para su ejecución fue de 66
meses. El contrato se inició el 25 de abril de 2003 y concluyó el 5 de
febrero de 2009. Su valor se estimó en $8.359.414.619.
3.1 Indicó que según la cláusula 38 del contrato “todas” las
diferencias relacionadas con su ejecución se resolverían a través de
la Amigable Composición2, decisión que tenía fuerza vinculante para
las partes, conforme lo prevé la cláusula 38.1.2.4.
4.1 Señaló que mediante Otrosí núm. 05 de 12 de noviembre de
2004, las partes designaron a la Universidad Militar Nueva Granada
como amigable componedor para la solución de todas las diferencias
surgidas con ocasión del contrato.
5.1 Aseguró que ante el amigable componedor se presentaron por
el IDU para resolución 11 multas por presuntos incumplimientos al
contrato, las que luego de agotar el trámite correspondiente se
2
De conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998,
o las normas que los reemplazaran, modificaran, o adicionaran.
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Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
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desestimaron según el Reporte de Conclusiones de Amigable
Composición IDU SV1, de 16 de agosto de 2005.
6.1 Afirmó que en desarrollo del contrato se presentaron múltiples
eventos y situaciones que afectaron su ejecución. Enlistó algunas de
ellas, la que catálogo de abusivas, tales como: i) alteración indebida
de la distribución de los riesgos, ii) indebida determinación del plazo
de las obras por parte del IDU, iii) la exigencia de obras y actividades
no previstas en el contrato y iv) llamado a multas no establecidas en
el contrato, todos los cuales repercutieron en imprevistos en la
ejecución del contrato con serias consecuencias en cuanto a las
responsabilidades a cargo de cada uno de los extremos contractuales
y el desequilibrio financiero.
7.1 En razón al mencionado desequilibrio presentó reclamación al
IDU el 18 de noviembre de 2005, la cual fue negada por la entidad, lo
que permitió trasladar al Amigable Componedor, bajo la siguiente
petición principal:
“A. PRINCIPALES
1. Que con fundamento en las razones de hecho y de derecho que se
consignan en la presente reclamación se declare la nulidad
absoluta del contrato IDU-43-2003, suscrito entre el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. y EL
CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, y a la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., a pagar
al CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO y a las sociedades
que lo integran, todos los costos y gastos en que estas
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incurrieron para la ejecución de las obras objeto del contrato,
al igual que todos los daños y perjuicios causados con ocasión del
mismo, en la cuantía que se indica en los numerales 5.1 a 5.18 del
literal B de estas peticiones.
3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, y a la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO
S.A., a pagar al CONSORCIO ESTACION SAN VICTORINO y a las
sociedades que lo integran, los conceptos que se indican en los
numerales 6, 7 y 8, del literal B de estas peticiones […]”.
8.1 Luego de adelantado el proceso administrativo, el Amigable
Componedor le reconoció al contratista la suma de $1.308.656.962,
por concepto de la reclamación económica presentada, e hizo la
siguiente precisión: “Lo aquí consignado corresponde al pronunciamiento
del amigable componedor a la solicitud elevada por el CONSORCIO
ESTACION SAN VICTORINO, respecto de las causales de reclamación de este
a su contratante, en desarrollo del contrato número 43 de 2003 de abril 4 de
2003”.
9.1 Aclaró que en atención a los pronunciamientos y precisiones3 del
Amigable Componedor, las sociedades integrantes del CONSORCIO
ESTACION SAN VICTORINO formularon demanda contractual
contra el Instituto de Desarrollo Urbano, a fin de obtener la nulidad
del contrato IDU-043-2003, y las consiguientes restituciones y el
3
Al respecto se tiene que las razones, fueron las siguientes: “[…] 4. Por último, es claro que el AC no
puede hacer nada distinto de fijar la “forma de cumplimiento de un negocio jurídico
particular” (Art. 130 Ley 446/98) y por tanto no puede, como arriba se indicó, hacer
pronunciamientos de tipo jurisdiccional, sino hacer una composición con base en las estipulaciones
contractuales y las disposiciones del ordenamiento jurídico, correspondientes. Por lo anteriormente
expuesto, el presente pronunciamiento se circunscribirá a las obligaciones a cargo de la
entidad contratante, IDU, las cuales llegado el caso concluirán en la obligación de emitir una
orden o solicitud para que TRANSMILENIO pague al CONSORCIO, tal y como está previsto
en el contrato, para todo tipo de pagos.
En cuanto a las denominadas PETICIONES PRINCIPALES, el amigable componedor llama la atención
del solicitante en cuanto a que el asunto a que ellas se refieren es del resorte exclusivo del
juez del contrato, por lo que no le es dado al Amigable Componedor juzgarlo en uno u otro
sentido […]”
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establecimiento integral del equilibrio financiero, alterado, según lo
invocado, por los eventos relacionados en los hechos de la demanda.
10.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el
7 de abril de 2011, por medio de la cual denegó las pretensiones de la
demanda.
11.1 Contra la anterior decisión las sociedades demandantes
interpusieron recurso de apelación4.
II.- SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
Mediante sentencia de 17 de marzo de 2021, la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida
por el Tribunal. Además, la adicionó en el sentido de denegar la
pretensión subsidiaria tercera. Para llegar a estas conclusiones, adujo:
Que el problema jurídico a resolver era el de determinar si existió o
no nulidad total o parcial del contrato por abuso o desviación de
poder, como consecuencia de las diferencias entre la minuta del
contrato que era parte del pliego de condiciones y el contrato,
4
Entre las razones alegadas la sociedad recurrente indicó: “En cumplimiento del trámite previsto en la
cláusula 38 del Contrato No. IDU-043-2003, la totalidad de los cargos por incumplimiento, formulados
por la Interventoría y avalados por el IDU, fueron sometidos por ésta entidad a valoración y resolución
a través del mecanismo de la amigable composición, por parte de la Universidad Militar Nueva Granada,
institución que no halló mérito alguno para imponer una sanción económica en contra del
contratista, según se evidencia en el reporte de conclusiones fechado el 15 de agosto de
2005, que obra en el proceso en copia auténtica a folios 358 a 381 del cuaderno 6 del
expediente, que permite concluir, de una parte, que todas los imputaciones hechas al
Consorcio por la Interventoría, fueron desestimadas, como amigable componedor, por la
Universidad Militar, y, de otra, que el pretendido incumplimiento atribuido por el Tribunal al
Consorcio ESTACIÓN SAN VICTORINO, carece de soporte probatorio en el expediente”.
6
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planteamiento que resolvió negativamente sustentado en los
siguientes argumentos:
Aclaró que si bien es cierto que se acreditó la existencia de
diferencias entre el texto de la minuta que se publicó como anexo 1
de los pliegos de condiciones5 y el contrato suscrito por las partes,
también lo es que tales alteraciones no configuraron un abuso o
desviación de poder.
No aceptó el argumento relativo a que la recurrente suscribió el
contrato sin haber leído su contenido, pues recalcó que el contratista
se encuentra obligado en los términos del contrato a conocer el
documento que suscribe y su omisión no le resta carácter vinculante,
tan solo evidencia el incumplimiento de los deberes derivados de las
cargas de la autonomía de la voluntad.
Indicó que no obraban pruebas en el expediente de las cuales se
infiera que las modificaciones en la minuta del contrato hayan tenido
por finalidad favorecer a los servidores públicos involucrados en la
celebración del contrato o a un tercero6. Tampoco que se hubiese
demostrado que las modificaciones alteraron el objeto, las
obligaciones, las finalidades de interés general que caracterizan el
ejercicio de la función administrativa.
5
Se refirió al folio 196-319 del cuaderno 13 de pruebas, anexo 6 de la demanda.
6
Para el efecto, citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 22 de marzo de 2007, Exp. 28010.
7
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Afirmó que el Consejo de Estado ha reconocido en diversas
oportunidades, específicamente en los casos de ambivalencia, la
subregla de prevalencia del pliego sobre el texto del contrato7, lo
que de ninguna manera significa que la minuta consignada en el
pliego tenga el carácter de inmodificable y deba ser idéntica en cada
una de las cláusulas del contrato suscrito por las partes8.
Agregó que en los procedimientos de selección permiten la recepción
de “comentarios y observaciones”, y en virtud de ello, y por la
materialización de la autonomía de la voluntad, puede que después
de la adjudicación se ajusten las cláusulas del contrato sin
desnaturalizar su objeto. Así, pese a estas diferencias, el contrato
o sus cláusulas no resultan inválidas.
Reafirmó la posición del Tribunal en cuanto concluyó que las
cláusulas alteradas dieron desarrollo al objeto del contrato que había
sido publicado desde la apertura de la licitación, y en razón a que
“no modificaron el tipo de contrato de obra, pues siempre se trató
de un contrato de obra a precio global”, señaló que era imposible
acceder al argumento de modificación que planteó la parte actora, si
se tiene en cuenta que la asignación de riesgos es propia del contrato
suscrito y no se alteró con las modificaciones introducidas.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero
de 2004, Exp. 10779; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, Exp. 25642.
8
Citó para el efecto al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 10 de diciembre 2018, Exp. 61431.
8
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Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
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De manera específica refirió que el objeto del contrato en la
Resolución de Apertura era “contratar los ajustes de diseño,
construcción, y mantenimiento de la estación intermedia de San
Victorino localizada en la Avenida Jiménez por Troncal Caracas para
el sistema de transporte, en Bogotá D.C.” 9 , motivo por el cual
rechazó los argumentos de reproche en el sentido de que con la
inclusión de cláusulas relativas a los “ajustes de diseño”, contenidas
en las cláusula 1.73 a 1.76, no se desnaturalizó el contrato sino que
se dio desarrollo al mismo.
Respecto de las modificaciones en las cláusulas de multas y
garantías, y con ocasión de las observaciones al pliego, señaló que
tampoco se observó reparo alguno “relacionado con la modificación
del objeto del contrato”.
Así, concluyó que no existía mérito para acceder a las pretensiones
de nulidad absoluta del contrato, total o parcial, por abuso o
desviación de poder y, en consecuencia, confirmó la sentencia.
Finalmente, respecto de la pretensión tercera subsidiaria, el ad quem
adicionó la sentencia en cuanto consideró que no era consecuencial
de las nulidades alegadas y la denegó sustentada en que “las partes
suscribieron al menos 7 modificaciones al contrato inicial, incluidas
3 prorrogas en las cuales las partes acordaron claro que estas que
9
Folios 7 Y 8 del cuaderno 13 de pruebas, anexo 1 de la demanda.
9
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no generarían costos adicionales para la entidad”. También agregó
que en el “Acta de Terminación de la Etapa de Construcción”10, no
se consignó salvedad o constancia por parte del contratista11 sobre
la no realización de los supuestos e hipótesis en que se fundó el
modelo contractual.
III.- EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sociedad recurrente invocó como causal la prevista en el numeral
5 del artículo 250 del CAPCA, la que fundó en los siguientes
reproches:
3.1 OMISIÓN DE LAS AMIGABLES COMPOSICIONES ADELANTADAS
POR LAS PARTES
Aseguró que se desconoció el proceso administrativo en el cual se
resolvió respecto de la imposición de 11 multas por parte del IDU a
la contratista, fundado en presuntos incumplimientos al contrato. Tal
conclusión, porque conforme consta en el Reporte de
Conclusiones de la Amigable Composición IDU SV1 de 16 de
agosto de 2005, se fijaron criterios de interpretación frente a las
obligaciones que cobijaron la contratista y, en específico, se dispuso
la invalidez de las variaciones que unilateralmente introdujo
10
El 5 de febrero de 2004. F. 176, cuaderno 11 de pruebas.
11
De manera especifica se refirió a “la supuesta alteración que hizo el IDU a la página 13 del Acta de
terminación de la etapa de construcción porque, incluso en la versión allegada por el contratista 11 de
su propio archivo, no se observa salvedad o constancia alguna relacionada con la pretensión que aquí
se estudia”.
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Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
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el IDU, para lo cual transcribió el siguiente aparte que, en lo
relevante para el análisis de esta cuestión, dice:
“[…] En contravía con lo anotado y pese a que no existe adendo, la
cláusula 32.1 del contrato firmado por el contratista contiene una
modificación que varía sustancialmente la original, por lo que
no se sujeta a las reglas del Pliego de condiciones tal como
ellas claramente lo establecieron. Es más, dicha modificación no
se introdujo precisamente en beneficio del contratista, sino todo lo
contrario, en perjuicio suyo. Ahora, si todo el pliego de condiciones
– y específicamente su numeral 2.11 – fue un acto propio de la
administración, tampoco puede ella obrar en contravía de éste, por
estarle claramente proscrito de acuerdo con lo preceptuado por el
inciso segundo del artículo 1624 del Código Civil, inserto en el título
relativo a la interpretación de los contratos, conforme al cual:
“ARTICULO 1624. INTERPRETACION A FAVOR DEL DEUDOR. No
pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de
interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor
del deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o
dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se
interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga
de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”.
Debe además considerarse que tratándose de normas punitivas
(multas) resulta dudoso que pueda aplicarse una disposición
que apareció prácticamente por generación espontánea sin
ningún trámite, ni sustento, ni aceptación del afectado.
Como quiera que la administración no sustentó y por lo tanto
no demostró en debida forma (adendo) los cambios
introducidos en el contrato presentado al contratista para su
suscripción, diferente del contenido en el Anexo “A” de los
pliegos de su propia licitación pública, será en su contra que
se interprete dicha cláusula y, en tal orden de ideas, se
aplique la previsión contenida en el numeral 2.11 ya citado”
(Negrillas fuera de texto).
Como se lee, para el Amigable Componedor las modificaciones
introducidas al contrato con posterioridad a su adjudicación
y antes de su firma, corroboradas dentro del trámite de
amigable composición, resultan abusivas y contrarias a los
principios que rigen la contratación estatal, por lo que
constituyen un alegato sustentado en la propia culpa, que no
facultaban a la administración para reclamar del contratista su
cumplimiento. […]”12
12
La transcripción es parcial y se destacó lo más relevante en cuanto a la descripción que hizo la parte
recurrente en su escrito.
11
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Con fundamento en lo anterior, aseveró que en las dos amigables
composiciones que se realizaron se pudo concluir que el contrato no
podía ser modificado unilateralmente, lo que desestimó que el
argumento de que la firma del contrato por parte del contratista
comportaba una aceptación irrestricta del contenido del documento.
Por tal motivo, afirmó que la sentencia que le confirió soporte a las
actuaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, anteriores al contrato
y durante su ejecución, es infundada y contraria a la interpretación
efectuada por las propias partes. Básicamente aludió al siguiente
aparte:
[…] la Sala rechaza todos los argumentos que se sustentan
en que el demandante suscribió el contrato sin haber leído
su contenido. De la autonomía de la voluntad se derivan cargas
que deben observar los sujetos, entre otros, para lograr que los
negocios jurídicos tengan la finalidad que ellos persiguen. Uno
de los deberes fundamentales que se deriva de la carga de
diligencia es leer el contrato que se suscribe, pues en este
se encuentra el régimen obligacional al cual se someten las
partes. Además, en desarrollo de las cargas de claridad, precisión
y sagacidad, las partes deben asegurarse de que el texto del
contrato concrete efectivamente su voluntad. Por ello, el
contratista se encuentra obligado en los términos del
contrato, ya que no haber leído su texto no le resta a este
carácter vinculante y solo revela el incumplimiento de los
deberes derivados de las cargas de la autonomía de la voluntad
[…]”.
Aseguró, que este planteamiento contraviene la calificación y las
consecuencias de orden jurídico que las partes le otorgaron a dicha
conducta, por conducto de la transacción que acordaron adelantar,
lo cual representa una grave vulneración al debido proceso, por
12
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
hacer caso omiso a un punto que ya había sido objeto de transacción
en dos ocasiones entre las partes, haciendo tránsito a cosa juzgada.
Que la sentencia 13 desafió el ordenamiento jurídico frente al
entendido de que fue por voluntad de las partes que se llegó a las
presuntas modificaciones al contrato.
Indicó que el fallo recurrido al ignorar las motivaciones de las
transacciones celebradas por las partes en las amigables
composiciones vulneró de manera flagrante la premisa que
constituyó la columna central de los dos convenios de composición,
toda vez que las consideraciones consignadas en dichos acuerdos
constituyen lo que la doctrina denomina la “interpretación
auténtica”, figura que apoyó en el siguiente aparte:
“[…] Antes de que el intérprete haga uso de estos preceptos,
deberá asegurarse de que las partes no hayan interpretado
por sí mismas la voluntad propia. LA INTERPRETACIÓN
AUTÉNTICA, en efecto, aun en materia de convenios, es la reina
de todas las interpretaciones, y no hay que creer a aquellos
tratadistas que rechazan esa especie de interpretación en
materia contractual. Tal error nace de la mala aplicación de un
principio muy verdadero, el cual dice que después de concluido el
contrato, ninguna de las partes tiene libertad para modificar a su
capricho la voluntad ya declarada e interpretarla a su guisa. Pero
este principio no es, ciertamente, atacado, si las dos partes
se ponen de acuerdo para interpretar su voluntad. Del mismo
modo que en materia de leyes prevalece la interpretación del
legislador sobre la doctrinal, así en la hermenéutica de los contratos,
13
Tal alegación la predica del siguiente aparte: “[…] Por tanto, se rechazarán todos los argumentos en
el sentido de que con la inclusión de cláusulas relativas a los “ajustes de diseño”, las definiciones de la
cláusula 1.73 a 1.76, o la etapa de revisión de estudios, la entidad hubiera desnaturalizado el contrato,
trasformado fundamentalmente el régimen obligacional, o actuado con abuso o desviación de poder
puesto que, como lo señaló el Tribunal, estas obligaciones daban desarrollo al objeto del contrato tal
y como fue originalmente concebido […]”.
13
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la inteligencia, el sentido que le dan los contratantes es el faro más
seguro para conocer la voluntad […].”14 (Subrayas fuera del texto)
De allí que insistió en que “[…] las partes de común acuerdo
interpretaron el clausulado contractual en su conjunto, señalando que las
modificaciones introducidas al mismo con posterioridad a su adjudicación
y antes de su firma, resultaban inoponibles, por configurar una
conducta abusiva, puesto que no le es dado a la administración
pública proceder al margen de las facultades que la ley
expresamente establece”.
Aseguró que el fallo 15 pugnó con lo decidido en la amigable
composición IDU SV1, como en la IDU SV2, porque en la primera se
dijo que “haberse introducido variaciones al contrato en la forma en que
se hizo por parte de la administración, no le es dado a ésta exigir de su
contratista que se pliegue a ellas, ya que él no conoció por los
mecanismos legalmente establecidos dichos cambios y le fueron
impuestos cuando se dio aplicación a las obligaciones que mediante ellos
le fueron exigidas […]”.
Así las cosas, concluyó que el fallo recurrido se apartó de la
interpretación que las “partes” hicieron del clausulado contractual
y de la conducta del IDU, hecho que identificó como violatorio del
14
Según el texto del recurso esta transcripción se tomó de: “[…] Jorge Giorgi, Teoría de las
Obligaciones en el Derecho Moderno, Segunda Edición, Volumen IV, Fuentes de las Obligaciones,
Madrid, Editorial REUS 1930. Página 186 […]”
15
Específicamente se refiere al siguiente apartado: “[…] De otra parte, como lo corroboró el Tribunal,
las cláusulas alteradas dieron desarrollo al objeto del contrato que había sido publicado desde la
apertura de la licitación. De las pruebas que obran en el expediente se puede ver que no se modificó
el tipo de contrato de obra, pues siempre se trató de un contrato de obra a precio global. Tampoco es
cierto que se haya modificado la asignación de riesgos, pues desde la minuta del contrato publicada
con los pliegos puede advertirse que la asignación de riesgos es la propia de un contrato de obra o
precio global y esto no se alteró con las variaciones introducidas […]”.
14
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debido proceso, por cuanto, a su juicio, debió acogerse la
interpretación auténtica del contrato, pues un actuar diferente
desconoce el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del
CGP.
3.2 NULIDAD POR QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
Indicó que, con apoyo en el artículo 281 del CGP y la jurisprudencia
de esta Corporación16, admitió el desconocimiento de este principio
como constitutivo de la causal alegada 17 que “la sentencia que no
observa el principio de congruencia no puede tener vocación de
permanencia” porque incumple las formalidades sustanciales que
debe reunir esta decisión judicial.
Descendiendo al caso bajo examen, señaló que la sentencia
recurrida incumplió la congruencia interna, por cuanto: i) rechazó
los argumentos relativos a que la contratista suscribió el contrato sin
haberlo leído, ii) concluyó que no obran pruebas que permitan inferir
que las modificaciones a la minuta del contrato tuvieron por finalidad
favorecer a los servidores públicos involucrados en la celebración del
contrato o a un tercero, iii) indicó que no se configuró la causal de
nulidad respecto de la subregla de prevalencia del pliego sobre el
16
Se trata del fallo dictado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de 7 de abril de 2015. C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro
17
También aludió a la sentencia de esta Corporación, Sección Segunda – Subsección “B”, proferida el
19 de agosto de 2010. Expediente: 760012331000200002501-01 (1146-05). Actor: Milton José Mora
Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, en la que
se explicó las clases de incongruencia existentes.
15
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contrato, y iv) afirmó que los cambios introducidos al contrato no
tienen características de abuso o desviación de poder.
Alegó la recurrente que “[…] ninguna (sic) de los aspectos que anota la
providencia encuentra sustento en los antecedentes ni en el material
probatorio obrante en el proceso, pues contrario a lo manifestado, el fallo
incurre en serios yerros que desbordan los límites que la Constitución y la
ley les fijan a los Jueces en materia de autonomía interpretativa […]”.
En cuanto a la suscripción del contrato, sostuvo que no obedeció a
un descuido inexcusable, como se pretende presentar, sino a una
conducta fundada en la buena fe exenta de culpa y ceñida a las
reglas de los pliegos de la licitación18.
En ese sentido, señaló que se presentó a la licitación bajo la
convicción de que los pliegos de condiciones se honrarían por el IDU,
especialmente, en lo que respecta a la minuta del contrato, cuyas
cláusulas no podían ser modificadas sino por adendo, como lo
advertían los pliegos. Contrario a ello, lo que se demostró fue una
conducta abusiva que se orientó a una reforma arbitraria que la
hizo responsable de todas las contingencias y eventualidades del
proyecto, y le sumó obligaciones, responsabilidades y sanciones que
no estaban previstas inicialmente en dichos pliegos, conductas que
18
Señaló que en tales se fijó que: “El Contrato a suscribir como resultado de la presente Licitación se
sujetará en un todo a lo establecido en el Anexo 1 del presente Pliego de Condiciones, con las
modificaciones que se incorporen mediante Adendo. En dicho Anexo se encuentra la minuta del
Contrato, la cual contiene en detalle todas las obligaciones y derechos que asumirán tanto el Contratista
como el IDU y TRANSMILENIO S.A. y todas las reglamentaciones a que estará sometida la ejecución
del Proyecto”2
16
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claramente se encuadran en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley
80 de 1993, dando lugar a la nulidad del contrato.
Agregó que los cambios introducidos fueron en favor de la entidad
contratante, pues todos los riesgos derivados de la ejecución de las
obras se trasladaron al contratista, tal como lo concluyó la Amigable
Composición IDU SV1, hecho que se apartó de los fines de la
contratación estatal, conforme lo prevé el artículo 3° de la Ley 80 de
1993.
Indicó que, frente a la configuración de la causal de nulidad alegada,
respecto a la subregla de prevalencia del pliego sobre el contrato,
debió considerar lo señalado por la Amigable Composición IDU
SV1, lo que hace reprochable la posición de la sentencia, pues entre
las partes no hubo diálogos, negociaciones ni acuerdos orientados a
modificar el contrato; y, además, señaló que no se aplicó la
jurisprudencia reiterativa sobre el tema19.
19
Con tal fin refirió a la siguiente: “[…] y como ya lo ha dicho la Sala, los pliegos de condiciones o
términos de referencia son, de un lado, la ley del futuro contrato que quedará por lo tanto enmarcado
por las estipulaciones que se anuncien desde el mismo proceso licitatorio y deberá interpretarse y
ejecutarse con apego a las mismas; y de otro lado, esos pliegos son también la ley que rige el mismo
procedimiento de selección, puesto que contienen las reglas a las cuales deben sujetarse durante el
trámite de la licitación o concurso tanto los proponentes como la misma entidad interesada en
contratar, debiendo indicar aquellos con exactitud y precisión el objeto del futuro contrato, los
requisitos que deben cumplir los participantes, las causales de rechazo de las ofertas, los términos
para presentarlas y para evaluarlas, el plazo para adjudicar, los factores de evaluación, calificación y
ponderación, etc., teniendo siempre en cuenta que la finalidad de la respectiva licitación o concurso es
la de escoger la oferta más favorable para la entidad, lo cual se logra mediante el establecimiento de
criterios y reglas que permitan la comparación objetiva de las ofertas presentadas; por ello, las
estipulaciones del pliego o términos de referencia, constituyen el marco dentro del cual debe efectuarse
la correspondiente adjudicación […]” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de
2005, Expediente 12025, M.P. Ramiro Saavedra Becerra”. Reiterada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de 8 de junio de 2008, Expediente 17783, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.
17
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Cuestionó la postura del fallo recurrido en cuanto concluyó que no
hubo abuso o desviación de poder20, alegación que sustentó en las
diferencias que advirtió el Tribunal en la sentencia de primera
instancia, que sí encontró acreditados “siete cambios al contrato” sin
ningún trámite previo y sin que mediara ningún acuerdo entre las
partes. Bajo este planteamiento, insistió en que la inclusión de
nuevas obligaciones a cargo del contratista no tiene cabida21, si no
tienen su aval.
Refirió que en el contrato IDU-043-2003, el Instituto de Desarrollo
Urbano ideó un modelo contractual basado en un contrato a precio
global fijo que implicaba, por una parte: i) el traslado de una serie
de riesgos al contratista, según la cláusula 9; y, por la otra, ii) que
la administración asumía por contrapartida los riesgos previstos en
la cláusula 10a del contrato. No obstante, fueron las modificaciones
introducidas las que alteraron sustancialmente el régimen
obligacional de las partes, aunque para el fallo este esquema de
riesgos es propio de un contrato de obra a precio global y que tal
naturaleza no se alteró con las variaciones introducidas.
20
Señaló que la Sección Tercera consideró que las obligaciones dieron desarrollo al objeto del contrato
como originalmente se concibió.
21
También refirió: “Los cambios no fueron fortuitos ni de simple forma, y en conjunto tuvieron por
finalidad alterar el modelo contractual consignado en los Pliegos de Condiciones, en especial en cuanto
al traslado de riesgos al contratista, a quien el IDU le transfirió indebidamente todos los riesgos
derivados de la elaboración de los estudios y diseños, sin ningún fundamento legal ni contractual. No
hacen falta mayores explicaciones para entender que al trasladarle al contratista la obligación de
revisar los estudios y diseños, cualquier inconsistencia en los mismos pasaba a ser de su
responsabilidad, con efectos directos sobre el costo de las obras, alterando la distribución de riesgos
prevista en las cláusulas 9 y 10 del contrato, especialmente en aspectos tan importantes como los
costos de las cantidades adicionales de obra resultantes, la extensión en el plazo, el uso adicional de
mano de obra, la rentabilidad del negocio u obtención de utilidades, y las variaciones de los
componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del contrato. En
síntesis, los cambios efectuados dieron lugar a un cambio sustancial entre el esquema contractual
concebido inicialmente para la ejecución del proyecto y el que finalmente operó, refutando que dichas
modificaciones solo buscaran dar desarrollo al objeto del contrato […]”.
18
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Sostuvo que el fallo recurrido, para explicar las alteraciones de las
cláusulas del contrato, dijo que éstos únicamente “dieron desarrollo
al objeto del contrato que había sido publicado desde la apertura de la
licitación”, pero sin indicar la razón por la que se hicieron necesarios,
en clara omisión al deber de “sustentar adecuadamente las decisiones,
como lo señala el artículo 280 del C.G.P.”
IV.- TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
4.1. El recurso extraordinario de revisión se admitió mediante auto
de 20 de mayo de 202222, decisión que fue notificada al INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO – IDU, a la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.- y
al Ministerio Público.
4.2. La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.-, por conducto de apoderada judicial, solicitó
declarar infundado el recurso extraordinario.
Señaló que este recurso no constituye un escenario para debatir la
litis propuesta en el proceso ordinario, luego de haberse dictado un
fallo debidamente ejecutoriado.
Destacó, con apoyo en diferentes pronunciamientos23, que el objeto
22
SAMAI, índice número 4 2_AUTOADMITIENDORECURSO(.doc) NroActua 4
23
Al respecto mencionó los siguientes pronunciamientos: i) Consejo de Estado, Sección Segunda,
Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia de 17 de diciembre de 1998, exp. No.
19
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de reproche bajo la causal alegada no puede comprometer la
decisión a la que arribó el juez, sino el no pronunciarse acerca de los
elementos de juicio que dieron sustento a su decisión, según los
distintos medios de prueba recaudados en el proceso.
Indicó que es improcedente el recurso extraordinario de revisión
para controvertir las cuestiones debatidas y decididas en el fallo de
segunda instancia, pues con ello, además de extender etapas
procesales concluidas, pretende modificar o enmendar los vacíos
argumentativos que tuvieron los accionante en las etapas procesales.
Finalmente, destacó que en virtud del Convenio Nación - Distrito
suscrito el 24 de junio de 1998, la competencia de TRANSMILENIO
S.A. era la de incorporar en su presupuesto las apropiaciones
requeridas para la gestión y construcción de las troncales del sistema
Transmilenio como ejecutor del Proyecto núm. 7251-Gestión de
Infraestructura de Transporte Público. Por su parte, al IDU le
correspondía gestionar la construcción e interventoría de estas
(Acuerdo servicios DDT Transmilenio), por lo que TRANSMILENIO
S.A. no participó, ni es responsable del proceso de adquisición
predial ni de la ejecución de las obras de infraestructura, salvo por
la obligación del manejo presupuestal y la realización de los pagos a
los contratistas.
11942, actor: Esteban Ossa Collazos y ii) Corte Suprema de Justicia, M. P. Dr. Humberto Murcia Ballén,
sentencia de 16 de mayo de 1978.
20
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4.3. El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, a través
de apoderado, dio contestación al recurso 24 . Se opuso a su
prosperidad, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.
Luego de referirse al planteamiento de la demanda ordinaria y los
fallos que la decidieron, enlistó las razones por las cuales estima
que debe declararse improcedente el recurso: i) el fallo recurrido
consideró los reproches en contra de la sentencia de primera
instancia, ii) se fundó en jurisprudencia vigente, iii) la recurrente
tuvo pleno conocimiento de las modificaciones realizadas a la minuta
y al firmar estuvo de acuerdo con ellas, iv) las partes suscribieron 7
modificaciones al contrato inicial, incluidas 3 prórrogas y en ellas se
acordó que “las mismas NO generarían costos adicionales para el
IDU y, v) en el acta de terminación de la fase de construcción la
contratista no dejó ninguna salvedad o reparo, lo que impide que
con posterioridad reclame afectación del equilibrio económico del
contrato.
4.3. El Ministerio Público rindió concepto núm. 067/2022 mediante
oficio de 25 de mayo de 2022, en el que luego de referirse al
contexto del proceso ordinario, la decisión recurrida, las
24
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODERFIRMADOOK_PD(.pdf) NroActua 17
21
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
generalidades del recurso de revisión y la causal invocada25, señaló
que debía declararse infundado.
Para ello expuso que: i) si bien la recurrente se refirió en el escrito
del recurso a la omisión de la amigable composición a la que llegaron
las partes y a la falta de congruencia en la sentencia para
fundamentar la nulidad que se invoca, no logró probar la existencia
de una nulidad; y ii) la incongruencia carece de sustento pues la
Sala se refirió a lo pretendido, probado y excepcionado en la
sentencia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia de la Sala
El recurso extraordinario de revisión, en los términos del artículo 248
del CPACA, procede contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por
el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.
Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249
del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de
aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.
25
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_MEMORER2(.pdf) N roActua 13
22
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el
artículo 10726 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.
De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los
Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó
la integración 27 y el funcionamiento de las Salas Especiales y les
asignó, entre otras, la competencia para resolver 28 los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
5.2 Generalidades del recurso extraordinario
Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
26
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas
especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos
sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán
integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno […]”
27
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas por el
artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de las
Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo magistrado
no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar
parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación de la integración de
cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado. La Sala Plena podrá
variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en el sitio web del
Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas Especiales de
Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hará Sala
Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por apellido […]”.
28
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
23
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inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada19.
Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha
adquirido firmeza, bajo el entendido de que su controversia se
sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas
previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003
que se tramitan bajo este procedimiento especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
con lo cual procede la infirmación20, tanto para “enmendar los errores
o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el derecho
del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”21.
En estos términos, la Corte constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia,
un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la
decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana.
La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada
por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por la ley,
y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
24
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
razonable, pues se trata de una figura que modifica providencias
amparadas en el principio de cosa juzgada, y por ello las causales
previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en
sentido restringido”22
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el cual se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en razón
a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y la
valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural; es
decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse aspectos
que encuadren en alguna de las causales taxativas23 que habilitan
su procedencia.
5.3 De la causal invocada
En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de
la Ley 1437 de 201124, cuyo texto es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
[…].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad procesal,
25
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en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter
constitucional, fundada en el artículo 29 Superior25.
En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta, y
que por oportunidad, debieron ser alegadas cuando ocurrieron,
según el artículo 13426 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales
de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General
del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de
26
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artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la
sentencia.
En este primer escenario27, la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto es del caso traer a colación
el siguiente pronunciamiento28:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de noviembre
de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las que remite el
recurso extraordinario de revisión, por la causal sexta, son
las previstas en el artículo 140 del CPC29. El razonamiento fue
el siguiente: i) la sentencia hace parte del proceso, y lo concluye; ii)
como lo señala el artículo 140, el proceso solamente es nulo por las
causales allí señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
A partir del razonamiento precedente, se destacaron algunos
eventos que configurarían la nulidad originada en la
sentencia, los cuales no se aducen como causales de nulidad
propiamente dicha, sino eventos, circunstancias, ejemplos,
que se desprenden de las causales del artículo 140, cuya abstracción
se concretiza. La providencia señaló:
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se decide sobre las
pretensiones de la demanda y las excepciones de fondo y con la cual, de
ordinario, concluye el proceso, es, obviamente, parte del proceso en
que se dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por las
causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede
ocurrir, según el artículo 140 referido, (i) cuando se provee sobre aspectos
para los que el juez no tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2);
cuando, (ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii) sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el
previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la
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instancia; o cuando (v) se condena al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de
la invocada en esta, o (vi) se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, porque con ello, en lo concerniente, también (vii) se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales
de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida (numeral 5), entre otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil alegó el recurrente en apoyo del cargo de nulidad de
la sentencia, lo cual sería bastante para desestimar el recurso […]” (Cursiva
fuera de texto)” .
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en
la sentencia de exequibilidad30 de la Corte Constitucional C-491-95.
Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140
del CPC31 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo
el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite
procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al
respecto precisó:
“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art. 140,
claramente se advierte que allí no aparece enlistada la
referida nulidad de carácter constitucional. Sin embargo, esta
omisión obedece a la circunstancia de que dicha norma es
anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente las
causales o motivos de nulidad, por las siguientes razones:
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos que
rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador dentro de su
facultad discrecional, aunque con arreglo a criterios objetivos,
razonables y racionales, desarrollar a través de las correspondientes
fórmulas normativas las formas o actos procesales que deben ser
cumplidos para asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la
regulación del régimen de las nulidades, es un asunto que
atañe en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos. La
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aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad para
determinar los casos en los cuales un acto procesal es nulo
por carencia de los requisitos formales y sustanciales
requeridos para su formación o constitución. Por consiguiente,
es válido, siempre que se respete la Constitución, el señalamiento
taxativo de las nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los
preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el
acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la
expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para
indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad,
previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que
además de dichas causales legales de nulidad es viable y
puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso", esto es,
sin la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente en
lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual
se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión
demandada, con la referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la referida
regulación normativa, respeta la voluntad política del legislador, en
cuanto reguló de manera taxativa o específicamente las causales
legales de nulidad en los procesos civiles, las cuales ahora con el
cambio constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo referencia.
[…]”32.
Bajo este análisis, la Corporación33 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no cuenta
con el número de votos necesarios para su aprobación; ii) se profiere
dentro de un proceso culminado por desistimiento, transacción o
perención; iii) se dicta en un proceso que se encuentra suspendido
o interrumpido; iv) se profiere fallo condenatorio contra un tercero
que no fue vinculado al proceso; v) se profiere sentencia con falta
de competencia o de jurisdicción; vi) el fallo carece de motivación
formal y material, vii) se aprecia incongruencia34; viii) se profiere
29
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
un fallo inhibitorio injustificado35 y ix) se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus.
Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad; y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche
invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la
causal invocada.
5.4 Del caso concreto
En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo
alega la recurrente, constituye causal de nulidad de la sentencia el
que presuntamente i) se hubiera omitido dar aplicación a lo decidido
por las partes a través de la decisión de dos amigables
composiciones, específicamente, en lo que se refiere a las
modificaciones del contrato, bajo el entendido de que “estas
decisiones” resultaban de obligatoria acogida por el juez, en razón a
que constituían un mandato para las partes y, ii) si se demuestra la
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
existencia de incongruencia predicable de los razonamientos del
fallo, todo lo que llevaría a concluir, a su juicio, que se incurrió en la
causal de revisión extraordinaria invocada.
Para tal fin, la Sala analizará en primer término si la decisión de la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, incurre
en la causal que se alega al no haber tenido en cuenta lo decidido
por el amigable componedor y la presunta incongruencia del fallo,
para lo cual acudirá al contexto de estas figuras y luego resolverá
sobre la alegación planteada, así:
5.4.1 La amigable composición y su obligatoriedad
Al respecto es de destacar que la Ley 1563 de 201229 la define como
“un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del
que las partes delegan en un tercero, denominado amigable
componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para
las partes, una controversia contractual de libre disposición”.
Sobre las características de este mecanismo, la Corporación ha
precisado que:
“[…] La amigable composición constituye un mecanismo
alternativo de solución de conflictos dispuesto para dirimir
las controversias que se susciten en un negocio jurídico en
cuanto al estado, “las partes” y el cumplimiento del mismo,
para lo cual los interesados delegan en una o varias
29
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones”
31
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personas la facultad de dirimir la controversia con fuerza
vinculante de orden contractual con los mismos efectos que
se predican de la transacción, a términos del artículo 2483 del
Código Civil, para lo cual pueden directamente o por intermedio
de un tercero, designar al componedor o a los componedores.
De lo anterior se infieren las siguientes características: i) se
trata de un mecanismo de autocomposición, convencional,
principal y autónomo que surte efectos únicamente ENTRE
LAS PARTES en conflicto en los aspectos que hayan sido
objeto del encargo, ii) que el encargo de los componedores
surge en virtud de un negocio jurídico de mandato que, a más
de no revestir ninguna solemnidad y dada la naturaleza de la
institución, conlleva representación, en la medida en que el
componedor o los componedores actúan en nombre y por
cuenta de los comitentes y la decisión sólo obliga a
éstos, lo cual supone, desde luego, que los mandatarios o
componedores deben actuar dentro del marco encomendado
por los comitentes. Se colige, igualmente, que las
actuaciones y decisiones de los amigables
componedores no comportan el ejercicio de función
jurisdiccional. […] se trata de una actuación de orden
contractual, con efectos de la misma índole y cuyo
incumplimiento, por consiguiente, no es equivalente al
incumplimiento de una sentencia judicial […]”30.
Estas características son esenciales para establecer si, como lo dice
la recurrente, las decisiones proferidas por el amigable componedor
respecto del contrato IDU eran de obligatoria observancia, no solo
para las partes sino también para el juez contractual, dada la fuerza
vinculante que les precede a las conclusiones que se adoptan en
virtud de este mecanismo.
Frente a los efectos vinculantes de las partes a la decisión del
amigable componedor, la jurisprudencia de esta Corporación aclaró
lo siguiente:
30
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A.
Sentencia de 23 de marzo de 2017. Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00652-01(53819).
Actor: Colegio Sagrada Familia de Malambo. Demandado: Departamento del Atlántico. Referencia:
Acción de reparación directa. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
32
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“[…] i) el artículo 60 de la ley 1563 de 2012 prevé que la decisión
del amigable componedor produce los efectos propios de la
transacción; ii) la transacción, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 1625 y 2483 del Código Civil, es uno de los modos de
extinguir las obligaciones y produce los efectos de cosa
juzgada, aun cuando la decisión no haya sido proferida por
autoridad judicial; iii) el artículo 297.2 del CPACA, enlista, como
título ejecutivo, las decisiones en firme proferidas en uso de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que
las entidades públicas se obligan, de manera clara, expresa y
exigible, al pago de sumas de dinero; iv) en atención a la
naturaleza del mecanismo, puesto que los compromisos son
asumidos de forma voluntaria por las partes, quienes son los
que facultan a un tercero para que decida el conflicto suscitado entre
ellas. Esto, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad,
consignado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993; v) la decisión
del amigable componedor no necesita de ratificación alguna
por las partes contractuales para que resulte obligatoria para
ellos, salvo que estos consideren que aquella se encuentra viciada
de nulidad por el incumplimiento de los requisitos de existencia o
validez de los actos”.
De todo lo expuesto se tiene que la determinación sobre la
obligatoriedad de la decisión del amigable componedor está dada por
la ley, al prever que en razón a que es un mecanismo alternativo de
solución de conflictos, lo decidido se integra al negocio jurídico y, en
consecuencia, resulta un mandato para las partes.
5.4.1.1 Las conclusiones del amigable componedor en el
contrato IDU 043 y su incidencia en el proceso judicial
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala pronunciarse respecto
de la posibilidad de otorgarle los efectos de obligatoriedad que
reclama la recurrente, esta vez, en el contexto del proceso judicial,
y establecer si como lo alega la recurrente, tiene alcance de mandato
para el Consejo de Estado, en su condición de fallador del recurso de
33
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
apelación en la controversia contractual que inició la aquí recurrente.
Pues bien, en el proceso en el que se profirió la sentencia recurrida
se cuestionó el contrato IDU–43–2003, suscrito entre el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO – IDU, y EL CONSORCIO ESTACIÓN
SAN VICTORINO, para lo cual se pidió declarar la nulidad31 y, en
consecuencia, condenar de manera solidaria al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU y a la EMPRESA DE TRANSPORTE
DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A., a reconocer y
pagarle todas las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la
declaratoria de nulidad, al igual que todos los daños y perjuicios
causados con ocasión del contrato, en la cuantía y por los conceptos
que enlistó a título de pretensiones subsidiarias de la demanda.
Previo al ejercicio de este medio de control ordinario de
controversias contractuales, las partes, tanto entidad contratante
como la contratista, sometieron al amigable componedor las
controversias surgidas en desarrollo del contrato IDU 043.
Según el propósito previsto en el contrato al amigable componedor32
le corresponde, según la cláusula 25.4, resolver las discrepancias en
torno a las modificaciones introducidas al contrato, según se lee:
31
En el fallo se aludió como objeto de controversia la siguiente: “[…] Le corresponde a la Sala
determinar si existe nulidad total o parcial del contrato por abuso o desviación de poder, como
consecuencia de las diferencias entre la minuta del contrato que era parte del pliego de condiciones y
el contrato. Adicionalmente, la Sala deberá decidir si como alegó el demandante “los supuestos en que
se fundó el modelo contractual” no se verificaron durante la fase de ejecución. […]”
32
De acuerdo con el Capítulo VII Solución de Controversias, le corresponde al amigable componedor
resolver cualquier diferencia con ocasión de la ejecución del contrato, según las clausula 38.
34
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“[...] 25.4 CAMBIOS, REDUCCIONES Y ADICIONES A LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN
El IDU podrá realizar modificaciones actualizaciones adiciones o
supresiones a las Especificaciones Particulares de
Construcción, particularmente en lo que tiene que ver con las
características de las Obras de Construcción y el alcance del
Proyecto.
Estas modificaciones, actualizaciones, adiciones o supresiones
serán obligatorias para el Contratista. En el caso en que las
modificaciones actualizaciones. adiciones o supresiones
impliquen mayores o menores costos, las partes acordarán el
valor de esos costos, como un ajuste al Valor Global para
Obras de Construcción. En caso de discrepancia se acudirá al
Amigable Componedor Técnico, cuya decisión será
obligatoria para las partes. Lo anterior sin perjuicio de lo
estipulado en la CLAUSULA 35 de este Contrato. En todo caso,
el Contrato se seguirá ejecutando durante el período que las
partes busquen un arreglo directo asi como durante el tiempo
que el Amigable Componedor Técnico tarde para dar solución
a la discrepancia. Por lo tanto, el Contratista deberá cumplir en
todo momento con las obligaciones que le fueren exigibles
incluidas las modificaciones adoptadas por el IDU [...]”
Precisamente, durante la ejecución del contrato se adelantaron dos
procedimientos que implicaron el pronunciamiento del amigable
componedor, así:
1. Reporte de Conclusiones de la Amigable Composición
IDU SV1 – Contrato IDU 043 Concesión de la Adecuación de
la Estación San Victorino de 16 de agosto de 200533.
En esta oportunidad, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
solicitó dirimir la controversia suscitada en relación con las multas
impuestas al Consorcio Estación de San Victorino. La propuesta en
relación con el incumplimiento del cronograma de obras, según
concluyó el amigable componedor, no podía fijarse porque “los
33
Folio 307 - 342. Licitación pública SAMAI
35
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
hechos generadores no ocurrieron”. Además, identificó, en relación
con los demás requerimientos del IDU, lo siguiente:
2. Reporte de Conclusiones de la Amigable Composición
IDU SV2 – Contrato IDU 043 Concesión de la Adecuación de
la Estación San Victorino de 16 de septiembre de 200534.
En esta oportunidad la intervención del amigable componedor la
solicitó el consorcio contratista, originada en la “presunta ruptura de
la ecuación contractual”, soportada en: i) el cambio ilegal de las
cláusulas del contrato, ii) indebida determinación del plazo
34
Folio 343 - 366. Licitación pública SAMAI
36
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contractual y iii) acaecimiento de imprevistos surgidos durante la
ejecución de la obra. Vistas las conclusiones del informe, se pudo
establecer que el amigable componedor en relación con las
pretensiones del consorcio refirió que:
De lo anterior agregó en el punto 4, lo siguiente:
Aclarado lo anterior, el amigable componedor delimitó las
reclamaciones presentadas por el consorcio, y determinó cuáles de
ellas procedían, para lo cual fijó el valor a reconocer según los ítems
relacionados a continuación:
37
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De lo anterior, se evidencia que las conclusiones que emitió el
amigable componedor se restringieron a las cuestiones planteadas
por las partes contratante y contratista que resultaban de su cargo,
con la claridad que expuso, según los apartes transcritos, que no
podía asumir todos los reclamos propuestos, pues identificó que
algunos eran de competencia del juez contractual.
En ese sentido, las conclusiones del amigable componedor si bien
38
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son de observancia por las partes, de ningún modo limitan el
pronunciamiento del juez, pues su carácter obligatorio está
restringido a las partes y a los asuntos de su competencia, en este
caso, la imposición de multas por incumplimiento en las obligaciones
a cargo del contratista y el reconocimiento de los pagos por obras
que excedieron a las previstas en el contrato, estas últimas, dicho
sea de paso, se controvirtieron judicialmente y el recurso de
apelación del fallo de primera instancia se encuentra pendiente de
definición.
De esta manera, sugerir que el tema frente al contrato y las
obligaciones que cuestionó la parte recurrente para solicitar su
nulidad, se debían soportar en el pronunciamiento del amigable
componedor, no resultan de recibo. Ello, por cuanto se desconocería
la competencia jurisdiccional a su cargo e implicaría darle alcance de
cosa juzgada jurisdiccional a tales conclusiones, obviando que las
materias objeto de definición no son las mismas.
En efecto, en este caso, la solicitud de nulidad del contrato se
soportó en las modificaciones que se introdujeron al contrato y su
incidencia sobre los derechos del contratista, planteamiento que el
juez ordinario resolvió en los siguientes términos:
“[…] 31. De otra parte, como lo corroboró el Tribunal, las cláusulas
alteradas dieron desarrollo al objeto del contrato que había
sido publicado desde la apertura de la licitación. De las pruebas
que obran en el expediente se puede ver que NO SE MODIFICÓ EL
TIPO DE CONTRATO DE OBRA, pues siempre se trató de un
contrato de obra A PRECIO GLOBAL. Tampoco es cierto que se
39
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
haya modificado la asignación de riesgos, pues desde la minuta del
contrato publicada con los pliegos puede advertirse que la asignación
de riesgos es la propia de un contrato de obra a precio global y esto
no se alteró con las variaciones introducidas.
32. El objeto del contrato en la Resolución de Apertura era “contratar
los ajustes de diseño, construcción, y mantenimiento de la estación
intermedia de San Victorino localizada en la Avenida Jiménez por
troncal Caracas para el sistema de transporte, en Bogotá D.C.”35.
Por tanto, se rechazarán todos los argumentos en el sentido
de que con la inclusión de cláusulas relativas a los “ajustes
de diseño”, las definiciones de la cláusula 1.73 a 1.76, o la etapa
de revisión de estudios, la entidad hubiera desnaturalizado el
contrato, trasformado fundamentalmente el régimen
obligacional, o actuado con abuso o desviación de poder
puesto que, como lo señaló el Tribunal, estas obligaciones daban
desarrollo al obj.eto del contrato tal y como fue
originalmente concebido […]”.
Entonces, aunque es cierto que el amigable componedor estimó que
algunas obras excedieron el planteamiento del pliego de condiciones,
también lo es que esta determinación no tiene el alcance de
restringir el pronunciamiento del juez ordinario, pues el objeto de
control ante la jurisdicción tuvo otro objetivo, orientado al estudio
de legalidad del contrato, sin perjuicio de que las cuestiones de
competencia del amigable componedor hubiesen recaído sobre la
ejecución del mismo.
A lo anterior se suma el hecho de que el “reporte” del amigable
componedor frente al reconocimiento de las sumas por los reclamos
de obras no previstas en el contrato y a las que parcialmente
accedió, se sometió a control judicial como se aprecia de la consulta
35
F. 7 Y 8 del cuaderno 13 de pruebas, anexo 1 de la demanda.
40
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
en el registro SAMAI 36 , lo que deviene en que este aspecto de
equivalencia que planteó la recurrente como preexistente a la
decisión cuestionada no sea procedente, pues el fallo se dictó sin que
se suspendiera el proceso judicial hasta tanto se definiera dicho
asunto.
Entonces, se descarta el reproche invocado por la parte recurrente,
pues está visto que las “conclusiones” allí adoptadas no eran
obligatorias para el juez en el análisis de la nulidad total del contrato.
Además, no puede hilarse el planteamiento de la recurrente,
respecto del cual toda modificación al contrato era improcedente,
habida cuenta que esta tampoco fue la visión del amigable
componedor en lo que al asunto concierne. Así se lee en el Reporte
de Conclusiones de la Amigable Composición IDU SV2 – Contrato
IDU 043:
Entonces, no le asiste razón a la recurrente frente a que el asunto
36
El proceso está radicado bajo el núm. 25000232600020060065001 y está pendiente de decisión de
segunda instancia contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera de 22 de junio de 2011 con ponencia del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista.
41
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sometido a definición de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo esté restringido por la posición adoptada por el
amigable componedor, pues sobre el particular, precisamente, se
dijo:
Por todo lo expuesto, este reproche no configura la causal invocada.
5.4.2 El principio de congruencia
La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura
interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la
externa, entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido
por las partes.
42
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir del
fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no solo
frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto del
pronunciamiento que el juez debe realizar de la defensa de quien
funge como parte accionada y que, generalmente, se propone a
título de excepciones.
Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está atada
a la competencia del superior funcional, y al examen que le
corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o, si lo encuentra
pertinente, la confirme, de conformidad con el artículo 320 36
armonizado con el 28137, ambos del CGP
Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión38 en
la que se precisó:
“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por
esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega
el desconocimiento del principio de la congruencia, que
en últimas implica una actuación sin competencia.
[…]
En términos generales, la congruencia se entiende como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al
emitir sus decisiones de NO INCURRIR en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por
la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes
términos:
43
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art.
170], exige de una parte que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se
acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”39
Además, la congruencia también se puede calificar según
las relaciones que se produzcan entre la sentencia,
entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las
partes.
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de
la sentencia. Se puede identificar porque en líneas
generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A.,
y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo
debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto
por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la
congruencia interna, que es la coherencia que ha de
existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido
en la parte motiva de la providencia.
Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:
“Se reitera40 que el principio de congruencia de la sentencia,
exige de una parte, que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las
partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el
proceso.
Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de
un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de la
contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda.
44
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco
de litis que se ha planteado desde la demanda.
En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del
cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la
controversia, las normas violadas y su concepto de violación, se
constituyen en el marco de análisis y estudio al momento
proferir la sentencia […]”41(Subrayas y mayúsculas fuera del texto
original)
En atención a lo expuesto en precedencia, la Sala procede al estudio
de los reclamos de este recurso, identificados como violatorios de
este principio.
5.4.2 Análisis del asunto bajo examen
Examinado el entendimiento de la congruencia de la sentencia como
causal para declarar fundado el recurso extraordinario de revisión se
tiene que los reproches planteados por la recurrente en realidad
constituyen una oposición a la decisión judicial que resolvió el recurso
de apelación, al no compartir las razones expuestas para confirmar la
sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones del medio
de control de controversias contractuales.
En realidad, de los planteamientos que se registraron en el acápite 3.2
de esta decisión, no se aprecia un esbozo con este sesgo que permita
distinguir que hubo una omisión o extralimitación en el asunto que le
fue confiado, pues se evidenció que las pretensiones planteadas
fueron objeto de pronunciamiento, incluso aquellas de carácter
45
Número único de radicación: 110010315000202202264-00
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subsidiario que no resolvió el juez de primera instancia y que llevó al
Consejo de Estado a adicionar el fallo apelado, así:
“[…] SEGUNDO: ADICIONAR la Sentencia de 7 de abril de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, para denegar de manera independiente la
pretensión subsidiaria tercera por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión […]”.
Así las cosas, al constituir los argumentos expuestos por la recurrente
un examen sobre la sentencia a título de instancia adicional queda
claro que le está vedado al juez extraordinario un pronunciamiento
sobre el particular, lo que impone sin más argumentos a declarar
también y por este motivo infundado el recurso.
5.5 Costas
Las costas procesales se definen 37 como la “erogación económica
que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,
que se compone de las i) expensas38 y las ii) agencias en derecho39”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió
con respecto a lo estatuido en el CCA 40 , al pasar de un criterio
37
Consejo de Estado - Sala Plena. Número único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de agosto de 2019. CP Rocío Araújo Oñate.
38
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
39
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
40
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección A.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). CP William Hernández Gómez.
46
Número único de radicación: 110010315000202202264-00
Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
subjetivo 41 a uno objetivo valorativo 42 , que requiere que el juez
revise si se causaron.
Ahora, si bien el CPACA prevé que las costas se fijen de manera
objetiva contra la parte vencida en juicio, no operan de manera
automática, pues al juzgador le corresponde valorar si se configura
alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas que se
predicaban también respecto de los recursos extraordinarios de
revisión.
No obstante, lo anterior, la condena en costas en el recurso
extraordinario fue objeto de reforma por la Ley 2080, en el sentido
de prever, en los términos del artículo 255 ibidem, que cuando “se
declare infundado [el recurso] se condenará en costas”.
Ahora, para verificar su aplicación es necesario establecer si en el
asunto bajo examen se dan estos presupuestos de la Ley 2080, que
reformó el CPACA, así: i) establecer si el proceso se radicó en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pues por mandato del artículo 8643 de
41
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
42
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
43
Según lo prevé el artículo 86 “[…] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en
esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación
y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
47
Número único de radicación: 110010315000202202264-00
Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
la Ley 2080 las normas procesales le resultan aplicables a los
procesos en curso y tramitados en vigencia del CPACA, y ii) si el
recurso se declaró infundado.
Para el efecto, en el caso bajo examen se dan los presupuestos
requeridos, lo que impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza,
calidad y duración de la gestión útil.
Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código
General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con las
actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en derecho en
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia para cada una de las entidades vinculadas a este
proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
48
Número único de radicación: 110010315000202202264-00
Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la sociedad CUELLAR SERRANO GÓMEZ
S.A. contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2021, por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la sociedad accionante y en
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.-, de conformidad con el artículo 255 del
CPACA.
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a
pagar por la sociedad recurrente a las entidades que acudieron a
participar en este trámite.
CUARTO: TENER a los doctores ESPERANZA GALVIS BONILLA44
y JOSÉ BERNARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ45 como apoderados
judiciales del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
44
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_100103150002022(.pdf) N roActua 15
45
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV__RADICACION_NO_1(.zip) NroActua 18
49
Número único de radicación: 110010315000202202264-00
Actora: CUELLAR SERRANO GÓMEZ S.A.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
TRANSMILENIO S.A., respectivamente, según los poderes
obrantes en el expediente digital, índices 15 y 18, respectivamente.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2023.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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