Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02279-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02279-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02279-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02279-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante INOCENCIO PORTELA CAMPOS
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Acuerdo Final de Paz. Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Falta de
notificación frente a la modificación en el plazo de erradicación.
Falta de notificación del acto administrativo de exclusión del
Programa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Inocencio Portela Campos y por la
Asociación de Colonos del Alto Vichada contra la sentencia del 2 de junio de 2022,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que dispuso:
“Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Inocencio
Portela Campos conforme a la parte considerativa que antecede.”
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de junio de 2022, Inocencio Portela Campos, Miriam Betancourt Cardona,
Marco Antonio Cárdenas, Rosalba Torres Lemus y Freyman Ruíz Díaz instauraron
acción de tutela, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, la
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Agencia para
la Renovación del Territorio, por considerar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad material. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
“- Solicitamos TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital, el
derecho de petición y la igualdad material de Inocencio Portela Campos (…); Miriam
Betancourt Cardona (…); Marco Antonio Cárdenas (…); Rosalba Torres Lemus (…);
Freyman Ruíz Díaz (…)
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda sanear
el procedimiento administrativo de los accionantes y NOTIFICAR en debida forma a
Inocencio Portela Campos, identificado con CC No 5983339; Miriam Betancourt Cardona,
identificada con CC No 25170737; Rosalba Torres Lemus, identificada con CC No
40374698, Freyman Ruíz Díaz, identificado con CC No 1.121.818.488 de los actos
administrativos que los excluyeron del Programa PNIS.
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda
resolver el recurso de reposición presentado por Marco Antonio Cárdenas, identificado
con CC No 7060688 el 7 de diciembre de 2021.
• En razón a lo anterior, solicitamos ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos
Ilícitos, o a quien corresponda, REINTEGRAR TEMPORALMENTE a la totalidad de los
accionantes al programa PNIS, hasta tanto no se realice una nueva verificación a
nuestros predios. -
ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda,
REALIZAR, en el menor tiempo posible, una segunda verificación de levantamiento de
los cultivos ilícitos en los predios de los accionantes. Y con base en la información
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
actualizada, DECIDIR sobre la situación jurídica de las acciones respecto al programa
PNIS.
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda,
DISEÑAR e IMPLEMENTAR un mecanismo conforme con el cual los tutelantes por
retroactividad, puedan acceder al dinero que dejaron de percibir en razón a su suspensión
o exclusión indebida. Este programa debe incluir, a su vez, un mecanismo conforme con
el cual los tutelantes puedan acceder a los demás componentes y beneficios propios del
PNIS.
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación
del Territorio adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
IMPLEMENTAR un procedimiento de revisión de las decisiones de suspensión y
exclusión para las familias que se encuentran en condiciones de desigualdad
socioeconómica y que hayan efectivamente erradicado sus cultivos.
• EXHORTAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación
del Territorio adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
EJECUTAR acciones que permitan CORREGIR las fallas institucionales y de
procedimiento alrededor de la gestión del PNIS y del involucramiento de las familias”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las FARC
suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
En el punto cuatro del Acuerdo se dispuso que el Gobierno Nacional crearía y
ejecutaría un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito1.
Allí se estableció que “Con el fin de formalizar ese compromiso y la decisión de sustituir
los cultivos de uso ilícito, se celebrarán acuerdos entre las comunidades, el Gobierno Nacional
y las entidades territoriales, previo a la puesta en marcha del Programa en un territorio”2.
Entre las obligaciones allí dispuestas en cabeza de las comunidades se
encuentran la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, entre otros.
Por su parte, el Gobierno Nacional se comprometió a ejecutar “el plan de atención
inmediata y la puesta en marcha del proceso de construcción conjunta participativa y
concertada de los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo
alternativo”3.
En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, la Presidencia de la
República expidió el Decreto Ley 896 de 29 de mayo de 2017, mediante el cual
creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(PNIS).
2.2. El 14 de octubre de 2016, se firmó el Acuerdo Colectivo para la Sustitución
Voluntaria de Cultivos Ilícitos de Cumaribo (Vichada) entre representantes de
las comunidades de las veredas de las Inspecciones de Wuerima, Chupave y
Puerto Príncipe y el alcalde del municipio de Cumaribo, el gobernador del
departamento del Vichada, el comandante de la Fuerza de Tarea Ares, el
director de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Contra las
Drogas.
2.3. El 23 de octubre de 2017, se modificó el Acuerdo Colectivo para la Sustitución
Voluntaria de Cultivos Ilícitos de Cumaribo (Vichada). Allí se dispuso que las
comunidades tendrían un plazo máximo de 60 días calendario contados a
partir del primer desembolso por concepto de la asistencia alimentaria
1 Acuerdo Final de Paz. Punto cuatro. Página 102.
2 Acuerdo Final de Paz. Punto cuatro. Página 107.
3 Acuerdo Final de Paz. Punto cuatro. Página 107.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
inmediata, para levantar la totalidad de los cultivos de uso ilícito, incluida la
raíz. Asimismo, se consagraron los compromisos de las comunidades de no
resembrar, ni involucrarse en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito; y
de participar en las actividades relacionadas con la asistencia técnica y en la
ejecución del Programa Integral de Sustitución, entre otras.
Por su parte, el Gobierno Nacional se comprometió a implementar el Plan de
Atención Inmediata. Este último consiste en la entrega, durante el primer año
del Programa, de $12.000.000 a cada núcleo familiar de cultivadores y
recolectores por concepto de asistencia alimentaria inmediata, desembolsado
de forma bimensual por valor de $2.000.000. Asimismo, se comprometió a
realizar inversiones por cada familia de cultivadores, para que estas realizaran
los proyectos (i) de auto sostenimiento y de seguridad alimentaria (inversión
de $1.800.000); (ii) de ciclo corto e ingreso rápido (inversión de $9.000.000);
y (iii) productivo de ciclo largo (inversión de $10.000.000).
2.4. El 29 de enero de 2018, el señor Inocencio Portela Campo, de 71 años, quien
reside en la vereda La Profunda, Inspección de Puerto Príncipe del municipio
de Cumaribo (Vichada) suscribió formulario de vinculación Nro. CUB 749514,
mediante el cual se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito.
En este, el tutelante se comprometió a levantar 2 hectáreas de hoja de coca
cultivadas en un plazo de 2 meses, contados a partir del primer pago de
asistencia alimentaria.
2.5. El 29 de mayo de 2018, el señor Inocencio Portela Campo recibió el primer
pago por concepto de asistencia alimentaria inmediata, por valor de
$2.000.000. En consecuencia, el plazo que aquel tenía para erradicar los
cultivos de usos ilícito iba hasta el 29 de julio de 2018.
2.6. Mediante acta del 29 de mayo de 2018, el plazo para la erradicación fue
modificado de 60 días a 30 días calendario. En esta acta fue suscrita por
asesores de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el alcalde
de Cumaribo (Vichada), miembros de la Fuerza Pública y por el presidente de
la Junta de Acción Comunal de Puerto Príncipe.
2.7. El tutelante afirmó que entre el 14 de julio y el 14 de agosto de 2018, pues no
se sabe con certeza la fecha, su predio fue visitado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC), con el fin
de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la
vinculación al Programa Integral de Sustitución. En el informe de la visita, la
UNODC señaló que no se realizó el levantamiento total de los cultivos, pues
quedó un remanente de 0,49 hectáreas.
2.8. El tutelante afirmó que el 19 de junio de 2018 remitió escrito ante la Dirección
del Programa Nacional Integral de Sustitución, en el cual informó que por
inconvenientes de salud tuvo que viajar a la ciudad de Villavicencio, pero ya
había erradicado el 100% de los cultivos de coca que tenía en el predio.
2.9. El 6 de marzo de 2020, el tutelante presentó derecho de petición (EXT20-
00027332) ante la Consejería para la Estabilización y Consolidación, en el cual
le solicitó la remisión de todas las actas de reunión mediante las cuales se
decidió modificar el plazo para la erradicación de los cultivos, los actos
administrativos por medio de los cuales fue notificado el cambio del plazo para
la erradicación y el Otrosí al Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria
de Cultivos de Uso Ilícito que modificó el plazo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
En Oficio Nro. OFI 20-00036989/ IDM 1219001 de 10 marzo de 2020, la
Presidencia de la República dio traslado por competencia de la solicitud a la
Agencia de Renovación del Territorio.
2.10. El 22 de septiembre de 2021, el actor radicó derecho de petición
(20212300094652), en el cual le solicitó a la Agencia de Renovación del
Territorio copia del formulario CUB de vinculación al Programa y del informe
de la UNODC sobre el levantamiento parcial de cultivos en su predio.
Mediante Oficio Nro. 20212300139811 de 30 de septiembre de 2021, la
Agencia de Renovación del Territorio respondió lo siguiente:
“1. En relación con el punto 1 de su solicitud nos permitimos acompañar copia de formulario
CUB 749514.
2. Informe denominado ´Apoyo a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el
Marco del PNIS - Monitoreo y verificación de compromisos. Misión 2, del 14 de julio al 14
de agosto de 2018´. Municipio de Cumaribo, Vichada, sobre el particular se señala que
solo se brindará una copia parcial del informe según lo contemplado en los artículos 18
literal b y 21 de la Ley 1712 de 2014, esto en aras de no afectar el derecho de hábeas
data y la seguridad de los demás beneficiarios del PNIS en el municipio de Puerto Asís,
en el entendido que la información que se suministra solamente se limita a lo exigido por
el peticionario y a lo que a sus fines respecta”.
2.11. El 20 de enero de 2022, el señor Inocencio Portela Campo radicó derecho de
petición (Nro. 20222300003122) ante la Agencia de Renovación del Territorio
y la Consejería para la Estabilización y Consolidación, en el cual solicitó que
se le remitiera la constancia de la notificación personal del acto administrativo
por medio del cual fue excluido del Programa.
Mediante Oficio Nro. 20222300011571 de 11 de febrero de 2022, la Agencia
de Renovación del Territorio respondió lo siguiente:
“(…) una vez revisado el archivo del programa, se verificó la existencia de un formulario de vinculación
por usted diligenciado, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, esta dependencia accederá a
entregar la copia solicitada en los términos del artículo 14 de la ley 1437 de 2011. Cabe aclarar que allí
mismo, se evidencian los compromisos adquiridos tanto por usted como por el Gobierno Nacional.
Al hacer una génesis de su caso, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2019, fue enviada
comunicación al señor LUIS CARLOS USECHE, Presidente de la Junta de Acción Comunal, de la
Vereda La Profunda, Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, en el cual, se le informa que,
INOCENCIO PORTELA CAMPOS, MIRIAM LUCIA BETANCOURT CARDONA, entre otros, así como,
mediante oficio de fecha 18 de enero de 2018, fue enviada comunicación al señor MOISES
HERNANDEZ QUINTERO, Presidente de la Junta de Acción Comunal, de la Vereda Tucuriva chaiva,
Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, se le informa que, la señora ROSABLA TORRES
LEMUS toda vez que, no se contaban con datos de contacto para su notificación personal, que, no
serán objeto de atención por parte del programa, al no cumplir con los requisitos de vinculación dentro
del mismo, dichas comunicaciones, fueron enviadas vía correo electrónico.
En lo que respecta a la solicitud de notificación del acto administrativo por medio del cual fue excluido
del PNIS; nos permitimos informarle que, registra que ustedes ya se encuentran en estado RETIRADO,
toda vez que, la novedad asociada al incumplimiento por verificación en terreno “LEVANTAMIENTO
PARCIAL DE ILÍCITOS; razón por la cual se trata de una decisión adoptada y de una situación
consolidada con anterioridad a la existencia de esta Dirección y del traslado de la operación del PNIS a
la Agencia de Renovación del Territorio.
En dicha comunicación se les informaba a dichos representantes que, tenía 10 días hábiles para
presentar recurso de reposición de la decisión tomada por la DSCI. (…)
Al respecto debe tenerse en cuenta que la ejecución del PNIS ha surtido una transición entre distintas
autoridades, correspondiéndole la competencia y responsabilidad a la Dirección de Sustitución de
Cultivos Ilícitos a partir del 1 de enero de 2020, pues a través de la vigencia del Decreto 2107 de 2019,
hoy subrogado en el Decreto 1223 de 2020, se creó la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
habilitándose la transferencia de archivos para continuar con la implementación del PNIS.
De acuerdo con lo anterior, al recibirse el PNIS en estado de implementación, se transfirieron los
acuerdos vigentes para continuar ejecutando la ruta de atención para los beneficiarios. De tal manera,
quienes ya habían sido retirados por las autoridades anteriores a cargo del programa no hacen parte
del universo de personas por atender, y por tal motivo no resulta procedente adoptar decisiones al
respecto, pues a las autoridades sólo les es permitido lo que les faculta la Constitución y la ley, siendo
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
únicamente responsables por las acciones u omisiones producidas en el ejercicio de sus competencias,
o por la extralimitación de sus funciones.
En razón de lo expuesto, al encontrarse retirado del PNIS y por ende no ostentar la condición de
beneficiario, no es viable disponer su atención teniendo especial consideración en que el retiro fue
efectuado con anterioridad al 1 de enero de 2020 por parte de la autoridad que precedió a esta
dependencia en la Dirección General del programa, por cuanto esto excedería el ámbito de competencia
y responsabilidad de esta Dirección, toda vez que en su momento las determinaciones, respecto a la
continuidad de un núcleo familiar, se encontraban supeditadas a los lineamientos fijados por la Alta
Consejería para el Posconflicto y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación”.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que es adulto mayor, campesino y que por distintas
circunstancias fungió como cultivador de coca; labor que le permitió sostener
económicamente a su hogar y costear gastos en salud y transporte. Asimismo,
afirmó que su casa no cuenta con agua potable, acueducto y electricidad; y que le
toma cerca de 12 horas por carretera destapada (trocha) llegar a la cabecera
municipal de Cumaribo; por lo cual, aseguró que vive en un lugar de difícil acceso,
excluido y abandonado.
El actor alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, al mínimo vital y a
la igualdad material.
3.4. Vulneración al derecho al debido proceso: El tutelante aseguró que se le
vulneró su derecho fundamental al debido proceso por tres razones. En primer
lugar, porque no tuvo oportunidad de controvertir el acta de verificación
expedida por la UNODC, sobre el cumplimiento parcial de la erradicación de
los cultivos.
En segundo lugar, porque no se le notificó el acta que modificó el plazo para
la erradicación, el cual pasó de ser de 2 meses a 30 días. Explicó que para la
fecha en que la UNODC efectuó la visita de verificación, aún no había
terminado la erradicación total de los cultivos, pues la visita se realizó un mes
antes del plazo pactado.
También sostuvo que “el plazo fue modificado irregularmente”, ya que las partes
que suscribieron el Acuerdo Municipal de Sustitución de Cumaribo no fueron
convocadas a la reunión en la cual se modificó el plazo. De hecho, subrayó
que el acta de esa reunión solo la firmó el presidente de la Junta de Acción
Comunal de Puerto Príncipe, pero no los presidentes de las juntas de acción
comunal de cada vereda, para su caso el presidente de la vereda La Profunda.
Es más, aseguró que esa acta ni siquiera fue suscrita por las partes que
firmaron el Acuerdo Municipal de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Y
agregó que se trató de una modificación irregular, porque ese nuevo plazo no
fue concertado con las comunidades y mucho menos notificado a cada una de
las familias vinculadas al programa.
Asimismo, reprochó que tampoco se le notificó la decisión de excluirlo del
Programa. Incluso, sostuvo que “las familias nos enterábamos de que habíamos
sido excluidas del Programa cuando no nos llegaba el pago”. Aseguró que, aunque
las entidades accionadas insisten en que sí le notificaron esas decisiones, lo
cierto es que aquellas no allegaron pruebas al respecto. Y precisó que nunca
autorizó al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Profunda,
para recibir notificaciones a su nombre e indicó que en las comunicaciones
posteriores enviadas a la Agencia de Renovación del Territorio y la Consejería
para la Estabilización ha solicitado ser notificado a través de los correos
electrónicos lizethdcgs@gmail.com y juridicaregiones@corporacionclaretiana.org.
En relación con lo anterior, se refirió al principio de publicidad que rige las
actuaciones de las autoridades administrativas, e indicó que según el artículo
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
67 de la Ley 1437 de 2011 las decisiones que pongan término a una actuación
administrativa deben notificarse de forma personal, para lo cual es
imprescindible entregar “copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo”. No obstante, sostuvo lo
siguiente:
“la gran mayoría de familias cocaleras que han suscrito el formulario de vinculación al PNIS no tienen
una copia del documento, porque la DSCI que efectuó firmas masivas en los territorios no entregó, y en
algunos casos negó cuando fue requerida, copia a sus respectivos signatarios o las organizaciones
garantes. Esa es la razón por la que muchos ciudadanos al momento de ejercer acciones judiciales
contra el PNIS deben enfrentarse al derecho de petición para solicitar su expediente y la información
personal que reposa en las bases de datos de la DSCI. Las 5 familias que presentamos esta acción de
tutela sólo contábamos con un aviso de suspensión del PNIS, por esta razón tuvimos que mediante
derechos de petición solicitar copia del formulario de vinculación inicial o una copia del informe de la
verificación de la UNODC y la notificación del acto administrativo por medio del cual nos excluyeron del
PNIS puesto que nunca nos lo entregaron”.
Y agregó que las omisiones frente a la notificación de decisiones se traducen
en una desconexión entre las familias y el Programa. Circunstancia que se
acentúa debido a que la ciudadanía inscrita no cuenta con canales de
comunicación, más allá de las instancias comunitarias o de las organizaciones
sociales que han impulsado la implementación del Programa Integral de
Sustitución. “EL PNIS o la DSCI no tienen oficinas donde sus beneficiarios puedan
acercarse a reclamar documentos, solicitar asesoría o acompañamiento en los trámites
propios del programa”.
En tercer lugar, consideró vulnerado su derecho al debido proceso porque “ a
la fecha de radicación de esta acción de tutela no ha recibido respuesta a los descargos
presentados contra el aviso de suspensión que le envió el Programa”. Sobre este aspecto,
sostuvo que el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 consagra la práctica de
pruebas dentro del procedimiento administrativo. En cumplimiento de esa
norma, las familias vinculadas al Programa no solo tendrían derecho a rendir
“descargos”, sino también a que “los documentos y medios probatorios que aporten
dentro del procedimiento de verificación sean sometidos a un análisis con estándar de sana
crítica de todo el acervo probatorio en cada caso”.
Por otro lado, afirmó que existen vacíos en la regulación del Programa, lo cual
condujo a irregularidades en los procedimientos. Por ejemplo, en el “Protocolo
de procedimiento en caso de inconsistencias o incumplimientos de los núcleos
familiares con el PNIS”, expedido por la Dirección de Sustitución de Cultivos
Ilícitos, se dispuso que luego de la verificación de cumplimiento por parte de
UNODC, la referida Dirección tiene el deber de comunicar a la familia la
decisión de suspensión por levantamiento parcial y de otorgarle a esta última
5 días hábiles para que presente pruebas documentales y descargos. Sin
embargo, no se estableció (i) “si los titulares de las familias deben firmar o dejar
constancia de la diligencia de verificación o de lectura del informe que presenta la UNODC a
la DSCI”; (ii) “el plazo con el que cuenta la DSCI para estudiar y analizar las pruebas aportadas
por el titular del núcleo familiar”; y (iii) “cómo se comunicará la respuesta del programa a cada
familia”.
Además de cometer irregularidades por los vacíos normativos, aseguró que
también se incurrió en arbitrariedades en la aplicación de los protocolos
existentes. Por ejemplo, no se tuvo en consideración la situación de
vulnerabilidad de las familias cultivadoras de hoja de coca. En vez de tener
presente esa realidad, las entidades involucradas impusieron exigencias
desproporcionadas a una población vulnerable, lo cual resultó en la
prevalencia errada del derecho procedimental, sobre el sustantivo.
3.5. Vulneración al derecho al mínimo vital: El tutelante sostuvo que se le
vulneró su derecho al mínimo vital, porque fue excluido del Programa Integral
de Sustitución, a pesar de que cumplió con el compromiso de erradicación.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Esa decisión generó como consecuencia caer aún más en la pobreza pues, al
ser excluido del Programa y al no contar con el sustento económico producto
de los cultivos de uso ilícito, quedó sin recursos para satisfacer siquiera su
subsistencia y las necesidades mínimas de su familia.
A su vez, afirmó que el incumplimiento del Estado es un acto que rompe la
confianza legítima de las familias campesinas que firmaron acuerdos de
sustitución voluntaria con el Gobierno desmontando sus cultivos de coca en
un 100%.
3.6. Vulneración al derecho a la igualdad: El actor aseguró que se le transgredió
su derecho fundamental a la igualdad material, debido a que la decisión de
suspensión o exclusión se tomó sin tener en cuenta las condiciones de
desigualdad estructural de la población campesina cocalera. Lo cual constituye
un error debido a que el contexto en el que dicha población se encuentra es,
justamente, el que los ha empujado a cultivar hoja de coca. Además, se
empleó una noción estricta de caso fortuito o fuerza mayor, como única causal
para excusar el incumplimiento de la erradicación, incluso el parcial.
Interpretación que dejó a un lado la situación de vulnerabilidad de tal población
y desconfianza extrema frente al Estado.
Por otro lado, sostuvo que en la búsqueda de transformar situaciones
históricas de discriminación la Corte Constitucional ha calificado a
determinados grupos o personas como sujetos de especial protección
constitucional, calificación a partir de la cual surgen al menos tres
consecuencias prácticas: la primera consiste en que al momento de valorar
determinada situación se presuma la vulnerabilidad acentuada de dicha
población; la segunda es que al considerar esa situación se aligeren las cargas
procedimentales, por ejemplo al valorar el cumplimiento de los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad en una tutela; y la tercera alude al otorgamiento
de una protección constitucional prevalente y reforzada a fin de transformar la
situación de vulnerabilidad de dichos sujetos.
A nivel jurisprudencial, aseguró que la Corte Constitucional ha reconocido una
protección especial al campesinado, en virtud de la cláusula de igualdad
consagrada en el artículo 13 constitucional, dadas las circunstancias que lo
han puesto históricamente en una situación de especial vulnerabilidad. E
indicó que la Corte Constitucional desarrolló “el corpus iuris con base en la cual se
entiende al campesinado como sujeto especial protección constitucional”.
Puntualmente, en el caso del campesinado cocalero sostuvo que el Estado
debe ser sensible a las situaciones que los han afectado de manera particular.
Por ejemplo, el hecho de habitar contextos permeados por el conflicto armado,
la necesidad de recurrir al cultivo de coca por la falta de oportunidades labores
y vías productivas alternativas, la ausencia de servicios básicos y la relación
de dependencia que se traza una vez se aceptan programas de reconversión
productiva a cargo del Estado, como el Programa Nacional Integral de
Sustitución.
A lo anterior, agregó que el 57% de las familias que viven en zonas de cultivos
de coca se encuentran en situación de pobreza monetaria y el 35% en pobreza
extrema. El ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de
coca es de $410.541, que equivalía al 56% de un salario mínimo. De hecho,
aseguró que, según el DANE, en el año 2018 Cumaribo fue el segundo
municipio con más pobreza multidimensional del país.
Así las cosas, consideró que el análisis fáctico y jurídico de la acción de tutela
presentada debe efectuarse bajo una lente especial, de manera que se tengan
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
en cuenta factores como: los niveles de desigualdad económica reflejados en
el ingreso económico de las familias; la falta de acceso a servicios básicos en
sus comunidades y de vías de comunicación; la composición de las núcleos
familiares y la presencia de mujeres como cabeza de hogar; los niveles de
escolaridad; el grado de amenaza municipal; la presencia de actores armados
en los territorios; entre otros.
3.7. Cumplimiento del compromiso de erradicación: El accionante aseguró que
erradicó la totalidad de los cultivos de hoja de coca y que es “ tan corroborable el
compromiso de nuestras familias campesinas, que incluso el consejero Presidencial Mauricio
Archila en sendas oportunidades ha manifestado que Vichada es el modelo exitoso de
sustitución de hoja de coca. Nuestras familias campesinas suelen salir en documentales en
canales nacionales y se nos felicita por el exitoso proceso de sustitución de coca por cacao y
especialmente, porque hemos sostenido el compromiso de no resiembra, pero no manifiestan
que hubo aproximadamente 30 familias suspendidas y excluidas del programa”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.4. Mediante auto de 20 de abril de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal
Cumaribo (Vichada) ordenó remitir la acción de tutela a los juzgados del
circuito de Puerto Carreño (Vichada), en virtud de las reglas consagradas en
el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
4.5. En auto de 20 de abril de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto
Carreño (Vichada) ordenó remitir la acción de tutela al Consejo de Estado, con
base en lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
4.6. Tras su remisión al Consejo de Estado, en auto de 28 de abril de 2022, el
despacho ponente de primera instancia explicó que si bien los señores
Inocencio Portela Campos, Miriam Betancourt Cardona, Marco Antonio
Cárdenas, Rosalba Torres Lemus y Freyman Ruíz Díaz interpusieron de
manera conjunta la acción de tutela, lo cierto era que “los únicos elementos
comunes son la calidad de los accionantes —los cuales son personas que se encontraban
vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos—, los derechos
fundamentales transgredidos y las entidades accionadas”.
Y agregó que, por el contrario, los hechos causantes de la aparente violación
de derechos fundamentales no son idénticos, dado que los tutelantes
“presentaron solicitudes separadas relacionadas con cada una de sus particularidades;
recibieron o dejaron de recibir contestaciones a sus peticiones; y todo lo anterior ocurrió,
incluso, en tiempos diferentes. Además, como es natural, dada la naturaleza de los trámites
que fueron adelantados por cada uno de los accionantes, obtuvieron consecutivos de
radicación independientes, ya que corresponden a casos diversos”.
Con base en lo anterior, concluyó que la acción presentada está compuesta
por cinco demandas de tutela que no guardan identidad; razón por la cual no
era procedente darles trámite conjunto. En consecuencia, ordenó “Separar las
solicitudes de amparo constitucional presentadas, la primera, por el accionante Inocencio
Portela Campos; la segunda, por la accionante Miriam Betancourt Cardona; la tercera por el
accionante Marco Antonio Cárdenas; la cuarta, por la accionante Rosalba Torres Lemus, y la
quinta, por el accionante Freyman Ruíz Díaz, las cuales serán tramitadas en procesos y
cuadernos independientes.”
4.7. Mediante auto de 9 de mayo de 2022, el despacho ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Inocencio Portela Campo
contra la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para la
Estabilización y Consolidación, la Consejería Presidencial para el Posconflicto,
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Agencia para la
Renovación del Territorio.
Asimismo, ordenó notificar en calidad de terceros a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a la Alcaldía Municipal de
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Cumaribo (Vichada), al presidente de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda la Profunda del municipio de Cumaribo (Vichada) Luis Carlos Useche;
y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
Finalmente, dispuso las siguientes órdenes:
“Tercero. Comisionar a la Alcaldía Municipal de Cumaribo (Vichada) para que, de acuerdo con sus
bases de datos, notifique del presente trámite al señor Luis Carlos Useche, en su calidad de presidente
de la Junta de Acción Comunal, de la Vereda la Profunda, Municipio de Cumaribo, Departamento de
Vichada, quien será tenido como tercero interesado en las resultas de este proceso. En caso de que no
sea posible la notificación del señor Useche a través de la mentada Alcaldía, por secretaría General de
esta Corporación, comisionar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, para que
realice dicha notificación.
Cuarto. Comisionar a la Presidencia de la República- Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos,
para que notifique del presente trámite a todos los presidentes de las juntas de acción comunal del
municipio de Cumaribo (Vichada), que firmaron el acuerdo colectivo de sustitución de cultivos ilícitos,
quienes serán tenidos como terceros interesados en las resultas de este proceso.
Quinto. Requerir a la Presidencia de la República, Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, para
que realice las siguientes acciones:
i) Indique si el señor Inocencio Portela Campos identificado con Cédula de Ciudadanía 5.983.339 se
encuentra vinculado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),
en caso de no estarlo, indicar las razones y como se realizó el proceso de desvinculación.
ii) Señale si dio respuesta congruente y de fondo a los derechos de petición presentados por el señor
Portela Campos, los días 19 de junio de 2018, 20 de enero y 22 de septiembre de 2022, y envíe
con destino a este despacho, la copia de las solicitudes, las respuestas dadas y la dirección a la
cual fueron notificadas. En caso negativo, indicar las razones.
iii) Envíe, con destino a este despacho, copia del expediente del señor Inocencio Portela Campos
correspondiente al PNIS, desde su incorporación, hasta su situación actual dentro del programa,
incluyendo el acto administrativo mediante el cual se desvinculó del PNIS y se le notificó la decisión.
iv) Envíe la copia del acta del acuerdo colectivo de sustitución de cultivos suscrito en el municipio de
Cumaribo Vichada —en el cual fue participe el señor Inocencio Portela Campos identificado con
Cédula de Ciudadanía 5.983.339 y formulario CUB Núm. 749517—; así como la copia del acta de
modificación del 29 de mayo de 2018; e indique si ésta última fue notificada personalmente al señor
Portela Campos. En caso negativo, indicar las razones.
v) Manifieste si el señor Inocencio Portela Campos participó de la constitución del acta de modificación
del 29 de mayo de 2018, mediante la cual, aparentemente, se redujeron los plazos establecidos en
el acuerdo colectivo de sustitución de cultivos suscrito en el municipio de Cumaribo (Vichada) —y
que involucra al señor Portela Campos—. Indique quienes suscribieron el acta de modificación
citada y/o si fue suscrita en otra fecha.
Sexto. Requerir a la Agencia para la Renovación del Territorio, para que señale si dio respuesta
congruente y de fondo a los derechos de petición presentados por el señor Inocencio Portela Campos,
los días 20 de enero y 22 de septiembre de 2022, y envíe con destino a este despacho, la copia de las
solicitudes, las respuestas dadas y la dirección a la cual fueron notificadas. En caso negativo, indicar las
razones.
Séptimo. Requerir a la Presidencia de la República- Consejería para la Estabilización y Consolidación,
para que manifieste a este despacho las razones por las cuales desvinculó al señor Inocencio Portela
Campos, identificado con Cédula de Ciudadanía 5.983.339 del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).”
4.8. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sostuvo que dentro de
sus competencias no se encuentra la notificación de procesos judiciales. Por
el contrario, según lo establece el Decreto 1742 de 2020, le corresponde la
administración y gestión de asuntos tributarios y aduaneros.
4.9. La Agencia para la Renovación del Territorio sostuvo que la acción de tutela
no cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Sobre el primero,
manifestó que desde el año 2018 el actor dejó de recibir los beneficios del
Programa Integral de Sustitución, debido a su incumplimiento injustificado.
Aseguró que en ese momento, al actor se le brindó “una respuesta con argumentos
y consideraciones, así como la oportunidad procesal de controvertir dicha decisión tomada por
la entidad de ese entonces”. Por ende, afirmó que “el accionante, solo intenta utilizar esta
herramienta constitucional para revivir términos, buscando con esto, justificar la negligencia,
descuido o distracción del accionante”.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Con relación al requisito de subsidiariedad, aseguró que este tampoco se
satisface porque el accionante puede acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento, a fin de controvertir el acto administrativo Nro. OFI19-
00100718. Y añadió que el accionante no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable.
Por otro lado, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que “las presuntas vulneraciones de derechos que se discuten fueron causadas
cuando esta entidad no existía ni ostentaba el poder de decisión y dirección sobre el PNIS”.
Esto es así porque el manejo del Programa pasó a su cargo a partir del 1 enero
del 2020; de manera que la exclusión del accionante ocurrida el 14 de
noviembre de 2018 se efectuó antes que la Agencia existiera, con base en los
lineamientos implementados por la autoridad que anteriormente manejaba el
Programa. Sobre los agentes que han estado a cargo del Programa, explicó lo
siguiente:
“En una primera época, conforme al Decreto Ley 896 de 2017, el PNIS fue ejecutado por la Alta
Consejería Presidencial para el Postconflicto, entidad que en la actualidad no existe toda vez que fue
reemplazada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación como lo afirma el
Decreto 179 de 2019, en cuyo artículo 19 se establece que: ´Las referencias que se hagan a la Alta
Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad y a la Alta Consejería
Presidencial para el Posconflicto se entenderán realizadas a la Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación´, en ese sentido, atendiendo a que el Decreto 896 de 2017 es claro al
afirmar que el PNIS debe ser ejecutado por la Consejería para el Posconflicto, se entiende que conforme
el precitado enunciado normativo dicha referencia hace remisión a la Consejería Presidencial para la
Estabilización y Consolidación, entidad que tuvo a cargo el PNIS hasta el 31 de diciembre de 2019, en
tanto que los ajustes institucionales que hicieron el traslado del PNIS de la Consejería a la Agencia de
Renovación del Territorio comenzaron a regir desde el día 01 de enero de 2020 como expresamente lo
señala el artículo 9 del Decreto 2107 de 2019 norma que oficializa la creación de la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) como autoridad encargada de ejecutar el PNIS, por lo tanto, acorde
con el principio de buena fe, esta entidad continuó con la ejecución de todos los acuerdos de sustitución
que se encontraran vigentes a corte 01 de enero de 2020 siguiendo los preceptos normativos
contemplados en el parágrafo del artículo 8 del Decreto 2107 de 2019.”
Ahora bien, frente a las peticiones interpuestas por el accionante, informó que
la solicitud en la cual el actor requirió copias del formulario mediante el cual
fue vinculado al Programa y del informe de la visita realizada por UNODC fue
contestado en Oficio Nro. 20212300139811 del 30 de septiembre de 2021, al
cual se le adjuntó lo solicitado.
Asimismo, sostuvo que la petición en la que requirió copia de la notificación
del acto de exclusión también fue contestada y que en la respuesta se le
informó que “la notificación fue surtida por el señor LUIS CARLOS USECHE, presidente
de la Junta de Acción Comunal, de la Vereda La Profunda porque no se contaban con datos
de contacto para su notificación personal”. A lo cual se agregó lo siguiente:
“nos permitimos informarle que, registra que (...) ya se encuentra en estado RETIRADO, toda
vez que, la novedad asociada al incumplimiento por verificación en terreno LEVANTAMIENTO
PARCIAL DE ILÍCITOS; razón por la cual se trata de una decisión adoptada y de una situación
consolidada con anterioridad a la existencia de esta Dirección y del traslado de la operación
del PNIS a la Agencia de Renovación del Territorio. - En todo caso se deja constancia que
estas actuaciones procesales administrativas no fueron adelantadas por esta entidad-”
También informó que mediante Oficio del 1 de febrero de 2022 la Presidencia
de la República dio traslado a la misma petición del actor, la cual “esta Dirección
dio respuesta mediante radicado No. 20222300011571 del 11 de febrero de 2022 en iguales
términos”.
Agregó que las tres respuestas fueron notificadas por correo electrónico a la
dirección suministrada por el peticionario, es decir,
juridicaregiones@corporacionclaretiana.org.
Seguido, insistió en que la decisión de exclusión del programa fue tomada por
la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Por ende,
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
no podría tramitarse un eventual recurso de reposición. Y subrayó que “su
derecho de contradicción fue agotado ya que sus argumentos fueron estudiados en el acto
administrativo sub judice, y la publicidad se satisface toda vez que el accionante manifiesta
conocer la decisión en sus derecho (sic) de petición de fecha 6 de marzo de 2020 obrante en
la página 50 del expediente, por lo tanto concurre la conducta concluyente.”
Finalmente, sostuvo que no se transgredieron los derechos fundamentales
alegados por el actor, porque “una vez la Consejería tomó una decisión sobre la
permanencia del accionante en el programa, procedió a comunicarle la misma indicando, que
contra esa decisión procedía el recurso de reposición. Se precisa que este recurso no fue
interpuesto”. A su vez, porque el accionante puede acudir a otros programas
sociales de asistencia social para satisfacer sus necesidades económicas y
porque la condición de sujetos de especial protección constitucional no exime
al tutelante de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante los
acuerdos individuales de sustitución.
4.10. El representante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del Presidente de la República informó que ejerce la
representación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación, dado que esta no cuenta con personería jurídica.
Seguido, manifestó que de su parte no ha existido vulneración a los derechos
fundamentales del actor, debido a que “las peticiones recibidas por la Presidencia
de la República fueron tramitadas y contestadas de fondo de la siguiente manera”:
Por otro lado, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que a ninguno de sus representados le compete lo relacionado con
el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Y precisó que la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la Consolidación solo mantuvo la función
de implementación de la alternativa de sustitución de cultivos ilícitos hasta
enero de 2020, “debido a la expedición de los Decretos 2107 y 2108 de 22 de noviembre
de 2019”.
Con base en lo expuesto, solicitó su desvinculación al trámite de tutela o en
su defecto la declaratoria de improcedencia de la acción.
4.8. Luis Carlos Useche Pabón, quien se desempeñó como presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Profunda entre julio de 2016 y
octubre de 2018, presentó memorial en calidad de coadyuvante del
accionante.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Explicó que desde que se iniciaron los acercamientos para la construcción del
Acuerdo Municipal de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, las juntas de acción
comunal de Cumaribo asumieron un rol muy importante, debido a que estas
organizaciones fungen como las instancias básicas de organización y
participación comunitaria en esa zona y como los líderes de la gobernanza
rural. Esto se debe a que se trata de territorios abandonados por el Estado.
Explicado lo anterior, aseguró que el cambio en el plazo para realizar el
levantamiento de los cultivos de uso ilícito y la visita anticipada de la misión de
verificación de la UNODC no fue notificado a las familias inscritas en el
Programa.
Narró que el Acuerdo Municipal de Sustitución de Cumaribo fue firmado por
una pluralidad de actores que incluía a autoridades estatales, municipales, de
las FARC, organizaciones sociales y 35 presidentes de juntas de acción
comunal. No obstante, aseguró que la modificación del plazo para el
levantamiento de los cultivos no se concertó con los presidentes de junta
firmantes del Acuerdo, al menos con un grupo significativo. De hecho, aseguró
que el único presidente de junta que firmó el acta de la reunión en la cual se
modificó el plazo fue el señor Luis Dency, pese a que este último ni siquiera
firmó el Acuerdo Municipal de Sustitución de Cumaribo.
Esa omisión fue el origen de la suspensión y posterior exclusión de muchas
familias, ya que la misión de verificación de UNODC llegó a los predios antes
del plazo pactado en el Acuerdo Municipal. Sobre esto último, aseveró que en
el Acuerdo se pactó que las familias tenían un plazo de 60 días calendario para
realizar el levantamiento total de los cultivos de uso ilícito. E indicó que como
el primer pago se realizó el 29 de mayo de 2018, cada familia tenía plazo hasta
el 29 de julio de 2018 para realizar el levantamiento. Sin embargo, la misión de
verificación de UNODC llegó el 14 de julio, es decir, 15 días antes del plazo
acordado en el Acuerdo Municipal. En su criterio:
“Lo grave de esta situación es que la mayoría de los presidentes de Junta no nos habíamos enterado
del cambio en el plazo, mucho menos las familias beneficiarias del Programa, así que cuando llegó la
Misión de Verificación de UNODC los cultivos se habían levantado parcialmente; recuerdo mucho que
para esa visita dialogamos con los funcionarios de UNODC y le propusimos de manera verbal a la Misión
que volviera a pasar en unos días. Aunque la Misión no volvió a pasar las familias de doña Miriam,
Inocencio y Freyman si levantaron todos los cultivos, porque de todas maneras lo que hacía falta era
muy poco: (i) Miriam Betancourt: 0, 6 hectáreas, (ii) Inocencio Portela: 0,4 hectáreas”.
Por otra parte, relató que después de la visita anticipada de la misión de
verificación de UNODC empezaron a llegar a los WhatsApp de los presidentes
de las juntas de acción comunal y a correos electrónicos de las juntas avisos
de suspensión de las familias que no habían terminado de erradicar. Sostuvo
que los presidentes empezaron a quejarse de esa situación, debido a que la
falta de internet, en sus palabras: “en esta zona no tenemos internet y señal de celular,
para el año 2018 sí que menos, recientemente colocaron unas antenas para claro e internet
satelital, pero la mayor parte de esta región no cuenta con acceso a estos servicios”.
Narró que, gracias a esas quejas, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
envió los documentos de suspensión en físico y que explicó que “reunían a los
presidentes y nos daban esos papeles para llevarlos a las familias, pero la realidad es que eso
fue un desorden, nunca nos hicieron una formación o nos explicaron qué era eso de la
notificación, así que más de uno perdía esos papeles o se le mojaban o no los entendíamos
nosotros, menos la gente”.
Luego, informó que en el año 2018 Fundorinoquia, organización que tenía a su
cargo la asistencia técnica del Programa, hizo una convocatoria regional para
contratar personas que prestaran asistencia técnica a las familias inscritas. Él
fue contratado y por ende renunció a su calidad de presidente de la Junta
Acción Comunal de la vereda La Profunda. Gracias a su rol como asistente
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
técnico, se enteró que el señor Inocencio Portela Campo se encontraba
suspendido del Programa Integral de Sustitución. Así lo relató: “En el caso de
Doña Miriam y de don Inocencio Portela, en un Comité Técnico que se hizo en el área urbana
de Cumaribo, el sr. Orlando Bustamante y Fabio Rodríguez nos informaron que esas dos
familias estaban suspendidas, por lo tanto, no podiamos (sic) realizarles la visita técnica”.
Subrayó que en el contrato que firmó con Fundorinoquia no se estipuló que
una de sus obligaciones era la notificación de ese tipo de decisiones. Aun así,
contó que varios de los asistentes técnicos contratados por Fundorinoquia le
exigieron a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos que les entregara
algún soporte documental de esas suspensiones, “ya que era muy difícil ir y decirle
a la gente que no le haríamos la visita técnica porque no habían levantado la totalidad de los
cultivos, cuando sabíamos que la Misión de UNODC se había adelantado al plazo acordado”.
Así, narró que cuando realizó las visitas técnicas de las otras familias de la
vereda La Profunda llevó el aviso de suspensión del señor Inocencio Portela
Campo a su finca, pero él se encontraba enfermo y por ende fuera de la región.
Motivo por el cual dejó el aviso con un encargado de la finca. Y explicó que la
única razón por la cual le llevó tal notificación al actor es porque a los asistentes
técnicos les exigían la realización de la visita de asistencia técnica; por eso, a
las familias les debían demostrar que no estaban autorizados para efectuarles
la mencionada visita. Tras ese recuento, subrayó que cuando tuvo
conocimiento de la suspensión de esas familias ya no ostentaba la calidad de
presidente de la Junta. Seguido, afirmó lo siguiente:
“Después de la dificultosa tarea de entregar los avisos de suspensión, varias familias trataron de justificar
ante la DCSI el levantamiento parcial de los cultivos de uso ilícito argumentando motivos de calamidad
familiar o de salud, como nos sugirieron los mismos funcionarios del PNIS, pero en ningún caso las
familias fueron reintegradas al Programa, pese a haber allegado información relacionada con sus
enfermedades o calamidades. Las familias nos preguntaban a los presidentes que hacer con esas
suspensiones, y pues nosotros no sabíamos, en ese momento no contábamos con ningún apoyo, ni
siquiera de la Defensoría del Pueblo, o alguien que a uno le ayudará a entender esos documentos y
brindar orientación a las familias. Con esos documentos de suspensión más de una familia salió
desplazada de la región, ya que no había coca, no tenían PNIS y estaban en una situación de completa
miseria”.
Por último, afirmó que no realizó la notificación de acto de exclusión del
Programa del accionante. Y enfatizó que, según lo informado por la Dirección
de Sustitución de Cultivos Ilícitos al actor, el 18 de enero de 2019 se efectuó
la notificación de esa decisión. Frente a ese aspecto, resaltó que para esa
fecha él ya no fungía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda La Profunda. Además, agregó que él no fue autorizado por el
accionante para recibir notificaciones en su nombre.
4.11. La Asociación de Colonos del Alto Vichada presentó memorial en calidad
de coadyuvante de la parte actora.
De entrada, informó que su objetivo como organización es trabajar por el
mejoramiento de las condiciones de vida a nivel económico, social, político y
ambiental de la comunidad campesina; y que fue creada en el año 1991 en
Cumaribo (Vichada), con el fin de defender los derechos ambientales y
territoriales de las comunidades campesinas. Una de sus labores es el
acompañamiento a las comunidades campesinas de Cumaribo en sus
reclamaciones de justicia social e inconformidades ante el abandono estatal y
la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Seguido, explicó que si bien por regla general la tutela solo procede cuando
no existe otro medio de defensa judicial al alcance del interesado,
excepcionalmente esta procede incluso ante la existencia de otro medio de
defensa judicial siempre que se configure un perjuicio irremediable.
Justamente, afirmó que en el caso dicho perjuicio existe debido a la falta de
sustento económico y por el riesgo de desplazamiento dada la situación de
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
pobreza del municipio de Cumaribo y la imposibilidad de reintegrarse al
Programa Integral de Sustitución.
Asimismo, indicó que dicho perjuicio es inminente, pues si no se concede el
amparo de tutela ya no se contaría con otro mecanismo para ser reintegrado
al Programa y garantizar el sustento económico, lo cual deriva en el peligro de
desplazamiento, ante la falta de otras actividades económicas a las cuales
acudir. También es un perjuicio grave, porque la exclusión del Programa
implica la imposibilidad de permanecer en su territorio y de seguir trabajando
sus tierras. Añadió que para evitar la configuración de ese perjuicio se
requieren medidas urgentes, motivo por el cual otros mecanismos judiciales
no son adecuados ni oportunos. Y en todo caso, “las familias no pueden presentar
una acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque formalmente no les fueron
notificadas las decisiones por medio de las cuales el Programa las excluyó”.
Finalmente, afirmó que en el peor escenario las familias campesinas excluidas
del Programa se verían obligadas a retornar a los cultivos de uso ilícito, “lo cual
derivaría en una situación muy compleja para la región, ya que no ha sido fácil sostener el
compromiso de la sustitución en medio de la agudización del conflicto armado”.
4.12. La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello presentó memorial en
calidad de amicus curiae y como coadyuvante de la parte actora. Explicó que
es una organización sin ánimo de lucro, en búsqueda de la defensa de los
derechos humanos de campesinos, indígenas y víctimas del conflicto social y
armado en Colombia. Motivo por el cual ha realizado acompañamiento a las
comunidades de Cumaribo (Vichada) desde el año 2013.
Señaló que en el año 2020 realizó una investigación en dicho territorio, sobre
la historia y perspectivas de esa región. Esta permitió corroborar que el
abandono estatal en esa zona es una realidad; así como la dificultad en el
acceso y comunicación con las poblaciones y comunidades, ya que se trata
de una zona extensa, de amplias distancias y sin vías. En el texto producto de
la investigación referida se explicó lo siguiente:
“Acceso al sur de Cumaribo El distanciamiento de esta zona con respecto al centro poblado del municipio
ha sumido a su población en un absoluto abandono. La ausencia del Estado es palpable en la ausencia
de infraestructura, de formalización de la propiedad de la tierra, de administración de justicia, de
prestación de servicios públicos y de garantía de derechos como salud, educación y vivienda. En efecto,
las largas distancias y la escasez de vías generan dificultades a los pobladores para transportarse y para
transportar bienes y mercancías. El trayecto desde Bogotá puede durar 17 horas en época de verano,
en invierno pueden ser días pues las vías se convierten en trochas. Las trochas son transitables sólo en
época de verano, es decir entre diciembre y marzo, pues la tierra está seca y firme. En invierno, es decir
el resto del año, las trochas se inundan, la tierra se moja y se hace blanda, razón por la cual los vehículos
suelen enterrarse. Todos estos factores influyen en que los tiempos de desplazamiento y por tanto el
precio del transporte aumenten. Cada uno de los centros poblados están rodeados por un río o caño,
Chupave por el caño del mismo nombre, Puerto Príncipe por el río Segua y Werima con el Río Uva.
Debido a las largas distancias y a las dificultades del transporte terrestre muchas fincas contaban con
sus propias pistas aéreas, en algunas de ellas operaban avionetas particulares que transportaban
insumos y productos del narcotráfico”.
Dicho lo anterior, reprochó que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
no haya sido sensible a las condiciones en las que viven las familias que se
vincularon al Programa y que la única forma de justificar el incumplimiento
haya sido la fuerza mayor o caso fortuito. A su juicio, era deber de esa
autoridad tener en consideración “la situación de vulnerabilidad en que viven los
campesinos, que precisamente los ha llevado a cultivar coca, así como tampoco la
desconfianza a que el Estado cumpla los compromisos adquiridos en el Acuerdo regional de
sustitución o los formularios de vinculación de los núcleos familiares”.
Además, subrayó que el motivo por el cual no se logró terminar de erradicar la
totalidad de los cultivos fue porque la Dirección de Sustitución de Cultivos
Ilícitos modificó el plazo inicialmente pactado para la sustitución de los cultivos
de hoja de coca y faltó a su responsabilidad de notificar a cada familia
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
campesina (que vive en lugares de difícil acceso, excluidas y abandonadas)
que este plazo se había reducido. Por ese motivo, la misión de verificación de
UNODC llegó un mes antes al plazo pactado. Situación que generó una
vulneración a los derechos al debido proceso, igualdad material y mínimo vital.
Finalmente, afirmó que es tan corroborable el compromiso de las familias
campesinas de la zona, que incluso el consejero presidencial Mauricio Archila
en varias oportunidades ha manifestado que Vichada es el modelo exitoso de
sustitución de hoja de coca. Las familias de esa zona suelen salir en
documentales en canales nacionales y se felicita por el exitoso proceso de
sustitución de coca por cacao. Sin embargo, sostuvo que nada se ha dicho
sobre las 30 familias, aproximadamente, suspendidas y excluidas del
Programa.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 2 de junio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A rechazó por improcedente la tutela, por considerar que no se cumplía
el requisito de subsidiariedad. Esto debido a que las inconformidades sobre el acto
de exclusión debía tramitarlas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues
la acción de tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de
defensa judiciales.
Asimismo, sostuvo que, si bien el accionante adujo ser un adulto mayor en
condiciones de vulnerabilidad, no aportó ninguna prueba que acreditara su situación
económica, así como su estado de salud actual. Por consiguiente, concluyó que en
el caso no se cumplen los criterios para la configuración de un perjuicio irremediable.
6. Impugnaciones y actuaciones posteriores
6.1. La Asociación de Colonos del Alto Vichada impugnó la sentencia de
primera instancia, porque consideró que el juez de tutela no se pronunció
sobre estos aspectos:
● Que el Estado transgredió los derechos de participación, defensa,
contradicción de las familias. Motivo por el cual consideró que aquel
incumplió los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz y el
Acuerdo Municipal de Sustitución de Cumaribo. Lo anterior, pese a que
el accionante siempre tuvo la voluntad de erradicar sus cultivos de uso
ilícito y prueba de ello fue su constante comunicación con las entidades
accionadas mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición.
● La grave situación económica en la que se encuentran las familias
campesinas excluidas del Programa y cuyo sustento deriva de los
cultivos de hoja de coca.
Sostuvo que la familia del señor Inocencio Portela se encuentra en
condición de pobreza extrema derivada de la exclusión del Programa de
Sustitución. Insistió que Cumaribo es el municipio con mayor pobreza
multidimensional del país. Y añadió que:
“Las familias de la región logran subsistir porque cultivan sus propios alimentos, no hay posibilidad
de venderlos en la región o comercializarlos en las ciudades capitales. Pero la dignidad humana
no se reduce al derecho a la alimentación, las familias campesinas necesitamos se nos garanticen
nuestros derechos sociales y especialmente a envejecer en condiciones dignas como lo exige el
accionante.
Es lamentable desde todo punto de vista que mediante un trámite completamente ilegal y
arbitrario varias familias de la región, entre ellas la de don Inocencio Portela hayan sido excluidas
de la oferta institucional que traería en Acuerdo Final de Paz y hoy por hoy no cuenten con un
derecho al mínimo vital; que el haber abandonado los cultivos de uso ilícito solo les haya traído
pobreza y destierro, ¿acaso están nuestros campesinos condenados a la indignidad?, de un lado,
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
vivimos los flagelos de la guerra, el campesino que fue o es cocalero es ampliamente
estigmatizado y excluido, pero cuando nos comprometemos con el tránsito a la legalidad se nos
cierran las oportunidades y la administración nos somete a trámites donde prevalecen las
formalidades”.
● Los estándares del debido proceso administrativo en los actos de
notificación.
De otra parte, aseguró que, si bien la acción de tutela es improcedente en los
eventos en que existen otros mecanismos de defensa judicial, el juez de tutela
tiene la obligación de evaluar caso a caso si los mecanismos ordinarios de
defensa ofrecen la misma protección que se lograría a través de la tutela.
Sostuvo que en el caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho “no permite un adecuado examen del debate constitucional que subyace al presente
caso”. Esto es así porque, dada la condición de sujeto de especial protección
del actor, la acción contenciosa implica una carga excesiva por la prolongación
sustancial de las afectaciones en el tiempo. Para el momento en que el juez
contencioso adopte una decisión de fondo, el ejercicio pleno del derecho
fundamental vulnerado no podrá restablecerse, ya que para la fecha el actor
tiene 71 años.
Y en todo caso, puntualizó que al no haberse notificado ni el cambio en el plazo
para la erradicación ni el acto administrativo de exclusión del señor Portela, es
imposible que este último haya acudido al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, “ya que no ha podido agotar el requisito de procedibilidad,
porque el acto no es oponible a terceros”.
Por otro lado, manifestó que la parte accionada se limitó a afirmar que “ las
familias fueron informadas del cambio en el plazo para hacer la erradicación”. Sin
embargo, no allegó prueba al respecto.
Finalmente, sostuvo que el juez de primera instancia efectuó una revisión
superficial de los hechos, argumentos y pruebas allegadas. En su criterio, “ el
Juez no verificó que en las respuestas enviadas por las entidades accionadas estuvieran los
archivos adjuntos que relacionan las respuestas de los radicados. Tampoco valora la
integralidad de las pruebas aportadas para establecer la calidad de sujeto de especial
protección constitucional de don Inocencio Portela Campos -puesto que es un adulto mayor
de 71 años, campesino que tuvo que subsistir a partir de cultivos de uso ilícito - y lo que es
peor, profiere un fallo reconociendo que los accionados no pudieron probar haber realizado
en debida forma los actos de notificación tal como lo ordena la Ley 1437 de 2011”.
6.2. El señor Inocencio Portela Campos impugnó la sentencia de primera
instancia, por varias razones.
Resaltó que el juez de tutela pasó por alto que no fue notificado personalmente
y subrayó que la administración no aportó pruebas sobre la notificación del
acta que modificó el plazo para la erradicación de los cultivos ilícitos. Por ende,
consideró que “El fallo del consejo de Estado modifica las reglas de notificación personal
en el Código de Procedimiento de lo contencioso administrativo CPACA, esto al considerar
que el sr. presidente de la Junta de Acción comunal firmará ya si diera por notificada a mi
familia”. Por ende, dada la falta de notificación, no hay lugar a aseverar que
puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
De otra parte, reprochó el argumento de la Agencia de Renovación del
territorio, según el cual no le son imputables las actuaciones realizadas por la
autoridad que previamente manejaba el Programa Integral de Sustitución. En
criterio del actor “el concepto de administración es uno y no se determina por el funcionario
que la ejerce. (...) tanto administración como Estado conforman unidad, porque en la actividad
del Estado no hay solución de continuidad. No hubo entonces negligencia por parte mía al no
interponer un recurso o adelantar un proceso, simplemente porque no existía decisión
administrativa que se debiera revocar, modificar o aclarar en su momento”
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Por último, respecto a la aseveración del juez de tutela frente a que no se
acreditó la calidad de sujeto especial de protección, el actor manifestó que la
ley faculta al juez a solicitar pruebas de oficio; y agregó que él es la parte más
vulnerable del proceso, en cambio el Estado cuenta con todas las
herramientas para corroborar que él realmente es un adulto mayor de 70 años,
en estado de debilidad. Condiciones que a su juicio acreditan el perjuicio
irremediable.
Con base en los argumentos expuestos, solicitó conceder las pretensiones
formuladas en la tutela y pidió que se declarara “la nulidad por indebida integración
del contradictorio y así mismo ordenar vincular a todas las partes que suscribieron el acuerdo
municipal de sustitución”.
6.3. En auto de 25 de julio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A negó la solicitud de nulidad interpuesta por el señor Inocencio
Portela Campos, porque a la tutela se vinculó a la Alcaldía Municipal de
Cumaribo (Vichada), al señor Luis Carlos Useche, en su calidad de presidente
de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Profunda, municipio de
Cumaribo (Vichada) y a todos los presidentes de las juntas de acción comunal
del municipio de Cumaribo (Vichada) que firmaron el Acuerdo Colectivo de
Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, como terceros interesados.
Para sustentar su conclusión, sostuvo que la Secretaría General del Consejo
de Estado libró los Oficios JP-38, JP-39 y JP-40 del 16 de mayo de 2022,
dirigidos a la Alcaldía Municipal de Cumaribo (Vichada), a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) y
a la Presidencia de la República, Dirección para la Sustitución de Cultivos
Ilícitos, respectivamente, a fin de que se efectuara la notificación del auto de
admisión.
También indicó que en Oficio Nro. 2021200054541 del 23 de mayo de 2022,
la Agencia de Renovación del Territorio allegó en archivo PDF “los soportes de la[s]
notificaciones en las veredas: Agua Bonita, Campo Alegre, Caño Amargo, Caño Chupave, El Palmar, La
Profunda, La Reforma, La Unión, Las Auroras, Las Flores, Michoacán, Piñalito, San Carlos, Tucutiva
Cheiva, Uva Alto, Camareta, Caño Arriba, Chaparral Bajo, El Diamante, El Placer, El Triunfo, La Caneca,
La Esmeralda, La Esperanza, Malasia Omanape, Matagrande, Nueva Colombia, Patio Bonito y Puerto
Oriente”. A su vez, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos informó que “la presente acción de
tutela se puso en conocimiento de los presidentes de las juntas de acción comunal a través de los medios
más expeditos (...), en ese orden de ideas se allegan los soportes de la notificación efectuada en las
presentes veredas, Campo Alegre, Santa Rita, Chupave, El Palmar, La Profunda, La Reforma, Las
Auroras, El Placer, Michoacán, Tucuriva Cheiva, El Diamante, La Esmeralda, La Esperanza, Nueva
Colombia, Patio Bonito y Caño Chupave, a su vez se allegan constancias de envíos a las diferentes
inspecciones conformadas por las veredas restantes como lo son: [I]nspección de Chaparral, Inspección
de Palmarito, Inspección de Santa Rita, Inspección de Tuparro, [I]nspección de Patio Bonito, Inspección
Puerto Príncipe, Inspección Nueva Esperanza e Inspección Werima”.
6.4. La Agencia para la Renovación del Territorio sostuvo que el señor Portela
dejó de recibir los beneficios del Programa por su incumplimiento injustificado
frente a los compromisos mínimos para permanecer en este. Por lo tanto,
aseguró que la impugnación no es más que un nuevo intento de obtener un
fallo a favor bajo argumentos confusos y fuera de contexto.
De otra parte, informó que de forma simultánea al trámite de tutela, resolvió el
escrito identificado como recurso de reposición presentado por el accionante,
mediante Oficio Nro. 20226000094971 del 23 de agosto de 2022. El sentido
de la decisión fue desfavorable al accionante, pues se mantuvo la exclusión
del accionante.
Insistió en que la reducción del plazo fue efectivamente puesta en
conocimiento y socializada, tanto así que el 82% de los beneficiarios inscritos
dieron cumplimiento a cabalidad a los compromisos pactados con el
Programa. Y aseguró que la UNODC le informó a la comunidad las fechas en
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
las cuales realizaría las vistas, para así garantizar que los núcleos familiares
estuvieran presentes. Prueba de que el accionante sabía de la fecha de la
visita es que aquel se encontraba presente ese día. Por ende, la entidad
aseguró que “las situaciones de incumplimiento no son sorpresivas ni intempestivas”
Por otro lado, informó que el municipio de Cumaribo no cuenta con la
información de direcciones, ni correos electrónicos de los beneficiarios y por
las condiciones geográficas del municipio de Cumaribo no se tiene señal
telefónica para transmitir la información ni se pueden efectuar cuñas radiales.
Por ende, aseguró que “en su momento los beneficiarios de manera tácita autorizaron
efectuar las notificaciones de acuerdo con la costumbre a través de los presidentes de las
juntas de acción comunal (siendo el único medio expedito)” (Negrillas propias).
A su vez, aseguró que el actor fue notificado por conducta concluyente del acto
de retiro. Afirmación que basó en que en el oficio de radicado EXT20-
00027332 de 6 de marzo de 2022, el accionante manifestó: “La consejería para la
Estabilización y la consolidación decidió excluirme del programa porque a la fecha de la misión
UNODC no había erradicado todo el cultivo, ya que en reunión del 29 de mayo de 2018 se
había decidido modificar el plazo y reducirlo a 30 días”. Afirmación que en criterio de la
entidad corrobora que el señor Portela conocía el motivo del retiro del
Programa; premisa por la cual insistió en que el actor fue notificado por
conducta concluyente.
Por último, reiteró en que en el caso no se cumplen los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez; que no se configura perjuicio irremediable alguno;
y que en todo caso la decisión de exclusión no fue suya, sino de la entidad que
previamente tenía a su cargo el Programa Integral de Sustitución.
6.5. Por auto del 25 de julio de 2022 la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado concedió las impugnaciones presentadas por el tutelante
y por el coadyuvante Asociación de Colonos del Alto Vichada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento de los problemas jurídicos
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala resolver dos problemas
jurídicos. El primero consiste en determinar si el juez de primera instancia acertó al
concluir que la acción de tutela presentada por el señor Inocencio Portela Campos
es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad. De encontrarse
superado el requisito de subsidiariedad, se estudiará el fondo del asunto y se
resolverá el segundo problema jurídico: ¿La Agencia de Renovación del Territorio
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del señor
Inocencio Portela Campos, como consecuencia de la exclusión del Programa
Nacional Integral de Sustitución, PNIS?
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Para la decisión del presente asunto, la Sala reiterará la tesis sostenida en la
sentencia del 6 de octubre de 20224.
3. Solución del primer problema jurídico. Sobre el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. De acuerdo con esa norma, esta última “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” A su turno, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente
cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como
desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos
judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de
los derechos.
3.2. La jurisprudencia constitucional5 ha admitido la flexibilización de la
subsidiariedad, en casos excepcionales. Para esto, el juez de tutela tiene la
obligación de verificar: (i) la calidad de sujetos de especial protección de
quienes solicitan el amparo; (ii) la gravedad del riesgo para la salud o la vida
de los afectados, y (iii) las condiciones de debilidad manifiesta de los
solicitantes.
En el presente asunto, teniendo en cuenta que no hay discusión frente a que
el señor Inocencio Portela Campo es un campesino vereda La Profunda,
Inspección de Puerto Príncipe del municipio de Cumaribo (Vichada), que, en
su momento, se vinculó al Programa de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito –
PNIS–, el análisis de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
se centra en situaciones especiales: (i) la calidad de sujeto de especial
protección de la población campesina, y (ii) el PNIS y su finalidad.
En consecuencia, la Sala se referirá a dichos ejes temáticos y, seguidamente,
resolverá si en el caso concreto es procedente la acción de tutela.
3.3. Campesinos y trabajadores rurales como sujetos de especial protección
constitucional
En la Sentencia SU-213 de 2021, la Corte Constitucional reconoció que los
campesinos y trabajadores rurales son sujetos de especial protección
constitucional “cuando (i) se encuentren en circunstancias de marginalización y
vulnerabilidad o (ii) formen parte de grupos de sujetos de especial protección constitucional”.
Se está en ese último supuesto, por ejemplo, cuando se trata de población
desplazada por la violencia, de madres cabeza de familia, de adultos mayores,
entre otros.
Asimismo, ese tribunal constitucional ha señalado que el ordenamiento jurídico
colombiano reconoce el campo como un “bien jurídico de especial protección
constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar
su subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida”. Esto último obedece a
4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de octubre de 2022. Radicado: 11001-03-15-000-2022-
02461-01. C.P: Julio Roberto Piza Rodríguez. Actor: Marco Antonio Cárdenas Salinas.
5 Corte Constitucional. Sentencias T-087 de 2018 y T-375 de 2018.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
la estrecha relación entre el nivel de vulnerabilidad y el vínculo de los
campesinos con la tierra.
A su vez, con relación a la noción de vulnerabilidad, en la Sentencia C-077 de
2017, la Corte Constitucional enfatizó en que “una persona, familia o comunidad se
encuentran en estado de vulnerabilidad cuando enfrentan dificultades para procurarse su
propia subsistencia y lograr niveles más altos de bienestar, debido al riesgo al que están
expuestos por situaciones que los ponen en desventaja en sus activos”. Añadió que el
estado de vulnerabilidad también se presenta por cambios intempestivos que
colocan a una persona o población en una situación de incapacidad para
procurar su mantenimiento mínimo.
3.4. Del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(PNIS)
Uno de los ejes temáticos que desarrolló el Acuerdo Final para la Paz –
contenido en el punto 4–, suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el
Gobierno Nacional y el grupo armado FARC-EP, fue el de dar solución al
problema de las drogas ilícitas, a partir de un enfoque que trascendiera las
preocupaciones de seguridad, lucha contrainsurgente y defensa del Estado de
derecho, para lo cual, se propuso una perspectiva de transformación de los
territorios afectados por la producción y comercialización de los cultivos de uso
ilícito para superar las situaciones de marginalidad, desigualdad y violencia
que los caracterizan.
Por lo tanto, se estableció que el Gobierno Nacional crearía y pondría en
marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (PNIS), con el propósito de generar condiciones materiales e
inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por
dichos cultivos, en particular para las comunidades campesinas en situación
de pobreza que derivaban su subsistencia de esos cultivos.
Se estableció que en la medida en que el PNIS hacía parte de la Reforma
Rural Integral, además de los principios acordados en el marco de dicha
reforma, se regiría, por los principios de integración a la reforma rural integral,
construcción conjunta participativa y concertada, enfoque diferencial de
acuerdo con las condiciones de cada territorio, respeto y aplicación de los
principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana,
y sustitución voluntaria.
Entre los objetivos del PNIS, se fijaron los siguientes: (i) superar las
condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, y en particular de
los núcleos familiares que las conforman, afectados por los cultivos de uso
ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar y buen vivir en los
territorios; (ii) promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito,
mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios de
sustitución y desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la
participación directa de las comunidades involucradas; (iii) fortalecer la
participación y las capacidades de las organizaciones campesinas, incluyendo
a las organizaciones de mujeres rurales para el apoyo (técnico, financiero,
humano, entre otros) de sus proyectos, y (iv) lograr que el territorio nacional
esté libre de cultivos de uso ilícito teniendo en cuenta el respeto por los
derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir.
Adicionalmente, se indicó que el PNIS tendría como elementos:
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
● Condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por
los cultivos de uso ilícito: “mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado
y de sus capacidades de protección de las comunidades, en especial frente a cualquier tipo de
coacción o amenaza”.
● Acuerdos con las comunidades: en los acuerdos con las comunidades se
definirán los tiempos para el cumplimiento de los compromisos por parte del
Gobierno Nacional y las comunidades en el marco del proceso de sustitución,
“en los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el
marco del PNIS, haya algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de
sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso
fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de
persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual”.
● Priorización de territorios: el PNIS tiene cobertura nacional, pero su
implementación iniciaría por territorios priorizados, conforme con criterios de:
zonas priorizadas en el marco de los PDET, densidad de cultivos de uso ilícito
y de población, parques nacionales naturales y “casos en los que comunidades que no
se encuentren dentro de los territorios señalados en los criterios anteriores se hayan acogido al
tratamiento penal diferencial”.
● Tratamiento penal diferencial: “el Gobierno se compromete a tramitar los ajustes
normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal
o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras
que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito”.
● Construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y
municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA): “en consideración al
carácter político, económico, social, ambiental y cultural del problema a enfrentar y a los efectos
derivados de la falta de desarrollo en las zonas rurales, la economía ilegal y la violencia asociada
a los cultivos de uso ilícito, se requiere la más amplia participación de las comunidades - hombres
y mujeres-, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y
hacer seguimiento a los PISDA”.
● Componentes de los planes integrales de sustitución: “dadas las condiciones
particulares de las comunidades especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito, los planes
integrales de sustitución en esas comunidades incluirán, además de proyectos para la
implementación de los Planes Nacionales acordados en el Punto 1 (adecuación de tierras,
infraestructura vial y comunicaciones, desarrollo social, asistencia técnica, crédito y financiación,
mercadeo, compras estatales, etc.)”.
Con el objeto de asegurar la implementación de los anteriores lineamientos del
Acuerdo Final, se expidió el Decreto Ley 896 de 2017 “por el cual se crea el
Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –PNIS–“
dirigido a ofrecer oportunidades de desarrollo socioeconómico a las
poblaciones afectadas por las economías asociadas a los cultivos de uso
ilícito, promover su sustitución voluntaria, incentivar la generación de
proyectos productivos alternativos y el fortalecimiento de la presencia
institucional del Estado, así como la construcción participativa de los territorios
en los que se ubican dichos cultivos.
3.5. En el caso concreto, la Sala encuentra que el señor Inocencio Portela Campos
tiene la condición de campesino, cuya actividad era la del cultivo de hoja de
coca y, justamente por esa razón, hizo parte de las familias que se vincularon
al programa PNIS6, programa que, como se vio, se dirige a las comunidades
campesinas en situación de pobreza, cuya subsistencia se deriva de cultivos
de uso ilícito.
A partir de lo anterior, la Sala estima necesario flexibilizar el requisito de
subsidiariedad para el caso concreto, pues no puede desconocerse la
condición de sujeto de especial protección que tiene el señor Inocencio Portela
Campos en su calidad de campesino, cuya marginalización y vulnerabilidad
6 Suscribió formulario de vinculación Nro. CUB 749514.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
amerita la intervención urgente del juez de tutela. En este punto, conviene
precisar que en casos en los que la acción de tutela es promovida por personas
que requieren especial protección constitucional, el examen de procedibilidad
se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no
menos rigurosos7.
El señor Portela Campos deriva la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, en el presunto trámite irregular que adelantó la Dirección de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y que conllevó a su exclusión del PNIS.
La presunta vulneración al derecho al debido proceso del actor se relaciona
directamente con la afectación de su mínimo vital, si se tiene en cuenta que
los recursos de subsistencia del señor tutelante se derivaban de los cultivos
de uso ilícito y, en consecuencia, del programa de erradicación. Esa situación
especial habilita al juez de tutela a estudiar de fondo el asunto, en aras de
verificar si se configuró o no tal violación al debido proceso.
3.6. Se resuelve, entonces, el primer problema jurídico: no acertó el juez de primera
instancia al concluir que la presente acción de tutela era improcedente por no
cumplir el requisito de subsidiariedad. Esa conclusión no tuvo en cuenta la
calidad de sujeto especial que como campesino tiene el demandante y que
torna a la acción de tutela en mecanismo definitivo para determinar la posible
vulneración del derecho al debido proceso en el marco de los compromisos
adquiridos por el Estado Colombiano en la implementación de los acuerdos de
paz, específicamente del PNIS.
4. Solución al segundo problema jurídico. ¿La ART vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso en conexidad con el mínimo vital del
señor Inocencio Portela Campos, como consecuencia de la exclusión del
programa PNIS?
4.1. Según establece el artículo 29 de la Constitución Política 8, el derecho
fundamental al debido proceso aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. En particular, el debido proceso constituye un límite a la
actuación de la Administración, a fin de evitar arbitrariedades por parte de las
autoridades y proteger los derechos de los ciudadanos.
Con fundamento en esta disposición, el derecho fundamental al debido
proceso es una garantía de rango constitucional instituida a favor de las partes
y de los terceros interesados en una actuación judicial o administrativa, que
comprende, varios elementos como: (i) el derecho de toda persona a ser
juzgada según las formas propias de cada juicio, es decir, según las normas
procesales propias de cada actuación judicial, administrativa o de cualquier
7 Sentencia T-375 de 2018.
8 Constitución Política. “Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
índole; (ii) el principio del juez natural, que implica el derecho a ser juzgado
por la autoridad competente; y (iii) el derecho de contradicción y defensa9.
Uno de los elementos esenciales del debido proceso es el principio de
publicidad, y una de las formas en las que se concreta ese principio es a través
de las notificaciones.
4.2. Tal como lo explicó esta Sección en la sentencia del 6 de octubre de 2022 10,
en lo que respecta al procedimiento para llevar a cabo suspensiones o
exclusiones del Programa Integral de Sustitución, el Decreto Ley 896 de 2017
no reglamentó tales aspectos. Por tanto, dada la falta de un procedimiento
especial sobre la materia, dichas actuaciones deben regirse por el
procedimiento administrativo general previsto en la parte primera de la Ley
1437 de 201111. Y, en cualquier caso, tal procedimiento debe respetar las
garantías propias del debido proceso y regirse por los principios de la función
administrativa (artículo 209, Constitución Política12).
No obstante, en la sentencia de tutela de 28 de abril de 2020 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras estableció una serie de criterios que la Dirección de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio debía tener
en cuenta en el procedimiento de suspensión y exclusiones. Uno de estos fue
la existencia de una etapa previa a la decisión final, mediante el cual se
conmine a las familias que estaban incumpliendo con los compromisos
adquiridos a cumplirlos. Otro fue el permitir diversos medios de prueba para
acreditar el cumplimiento o para justificar los motivos de incumplimiento por
caso fortuito o fuerza mayor.
Frente a estos dos criterios, el referido Tribunal consideró que “ antes de iniciar
formalmente el trámite de su posible exclusión de acuerdo con el procedimiento administrativo
común, era indispensable que previamente, (...) fueran conminados a cumplir con la
erradicación voluntaria pendiente. Esta actuación, se entiende, razonable y legítima a partir
de lo dispuesto en el numeral 4.1.3.213 del Acuerdo de Paz”.
Asimismo, dicha autoridad judicial encontró una transgresión a los derechos
de defensa y contradicción, debido a que “prácticamente se estableció una tarifa legal
para efectos de acreditar el cumplimiento de la erradicación voluntaria a la que se
comprometieron, dado que, se le opuso, sin mayor justificación, que las certificaciones de las
Juntas de Acción Comunal o las fotografías no podían tenerse por conducentes para probar
tal hecho, pues tal labor correspondía a la UNDOC”.
En consecuencia, con relación al trámite de suspensión y exclusión del
Programa, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras le ordenó a la Dirección de Sustitución
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 30 de agosto de 2012. Radicado No. 11001-03-15-000-
2012-00135-01. C.P. William Giraldo Giraldo; y del 10 de diciembre de 2009, Radicado No. 11001-03-15-
000-2009-01032-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de octubre de 2022. Radicado: 11001-03-15-000-2022-
02461-01. C.P: Julio Roberto Piza Rodríguez. Actor: Marco Antonio Cárdenas Salinas.
11 En inciso tercero del artículo 2º del CPACA, dispone que “…Las autoridades sujetarán sus actuaciones a
los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes
especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código”.
12 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá
en los términos que señale la ley.
13 En el numeral 4.1.3.2 del Acuerdo de Paz se menciona el deber del Estado y de las comunidades de
persuadir a quienes no deseen sustituir los cultivos de uso ilícito o a quienes “incumplan los compromisos
adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor”.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio lo
siguiente:
“3.3. AJUSTAR el «PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONSISTENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES CON EL PNIS» a lo estipulado en el
numeral 4.1.3.2 del Acuerdo Final del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
en el sentido que, antes de iniciar formalmente algún trámite de exclusión del PNIS, es
indispensable que tanto por el Estado como por la comunidad campesina a la que pertenecen,
los beneficiarios del programa en situación de cumplimiento parcial y/o incumplimiento sean
conminados (persuadidos) previamente a cumplir con la erradicación voluntaria pendiente.
Igualmente, deberá tener en cuenta el corpus iuris que protege al campo y a los campesinos como
bien y sujeto de especial protección constitucional, junto con los enfoques diferencial en derechos
humanos, la salud pública, el género, el territorio, el bienestar y el buen vivir previstos en el
referido Acuerdo.
3.4. Una vez ajustado el protocolo mencionado en el ordinal 3.3 anterior, el mismo se deberá APLICAR
a los aquí amparados con el fin de definir su situación jurídica en relación con el PNIS, y tendrá
en cuenta que:
3.4.1. De ser necesaria una nueva verificación de compromisos, se deberá disponer su correspondiente
realización con miras a corroborar el cumplimiento que invoquen los aquí amparados.
3.4.2. De haber lugar a la apertura formal de una actuación administrativa de exclusión se deberán tener
en cuenta los parámetros jurídicos expuestos en la parte motiva de la presente providencia”.
(resaltos propios)
Posterior a dicho fallo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de
la Agencia de Renovación del Territorio expidió la Resolución Nro. 24 de 7
de mayo de 2020, que dispuso que quienes se encuentren en estado de
suspensión deben ser conminados a que cumplan con su obligación de
erradicación, a fin de continuar en el Programa. Así lo dispone el artículo 1° de
tal instrumento normativo:
“REALIZAR las actuaciones administrativas requeridas con el fin de conminar a los beneficiarios del
PNIS que se encuentren en estado de suspensión por presunto incumplimiento del compromiso de
levantamiento total y de raíz de los cultivos ilícitos comprometidos en sustitución, o por no haber
acompañado las actividades de monitoreo realizadas por el ente verificador, para que en un término
razonable procedan a la erradicación manual de tales cultivos con el fin de proceder a la aplicación de
los cambios de estado que permitan continuar con la ruta de intervención prevista para el programa”.
Esa labor de persuasión, sin embargo, no solo debe efectuarse respecto de
aquellos que ya se encuentren en estado de suspensión del Programa, sino
también respecto de los beneficiarios que se encuentren activos. Así lo
establece el artículo 2° de la Resolución Nro. 24 de 7 de mayo de 2020:
“ORDENAR a los apoyos territoriales del PNIS requerir a los beneficiarios del programa que se
encuentren activos o en estado de suspensión, y que por caso fortuito o fuerza mayor se encuentran
imposibilitados para dar cumplimiento a cualquiera de los compromisos del programa, con el fin de que
informen tales circunstancias a esta dependencia junto con los medios de prueba que estimen útiles,
pertinentes y conducentes para acreditar dicha situación, (...) y en caso de ser requerido, ordenar la
práctica de una visita de verificación” (Negrillas propias).
Lo anterior significa que la gestión de conminación debe efectuarse (i) antes
de la suspensión frente a los usuarios del Programa que aún siguen activos; y
(ii) antes de la exclusión respecto de los beneficiarios del Programa que ya se
encuentran en estado de suspensión. Es decir que la Agencia de Renovación
del Territorio tiene la obligación de efectuar un ejercicio doble conminación
previo a la suspensión y a la exclusión.
Adicional a lo anterior, en la Resolución Nro. 24 de 7 de mayo de 2020 se
dispuso que a los usuarios del Programa suspendidos se les debe “PRACTICAR,
por intermedio de los apoyos territoriales del PNIS, una nueva visita de verificación del compromiso de
erradicación (...), la cual deberá ser programada y comunicada con anticipación según la disponibilidad
de personal y de recursos que sean requeridos para el efecto, siempre que las circunstancias de orden
público y las condiciones sanitarias lo permitan”.
La Resolución Nro. 24 de 2020, entonces, tuvo como propósito maximizar “las
garantías que les asisten a sus beneficiarios en el desarrollo del procedimiento administrativo
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
durante la etapa de implementación, en especial tratándose de la definición de la permanencia
de un núcleo familiar en el programa”.
4.3. Ahora bien, en lo que atañe al caso concreto, la parte actora aseguró que se
vulneraron sus derechos fundamentales debido al presunto trámite irregular
que adelantó la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el cual
conllevó a su exclusión del Programa Integral de Sustitución. Puntualmente,
reprochó la falta de notificación del cambio en el plazo de erradicación y del
acto por medio del cual fue excluido.
Para determinar si la Agencia de Renovación del Territorio vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y, por ende, el mínimo vital del señor Inocencio
Portela Campos, la Sala se referirá a los hechos probados, para luego estudiar
el caso concreto.
4.3.1. Hechos probados. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
• Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos,
suscrito el 14 de octubre de 2016 por el alcalde del municipio de
Cumaribo, el gobernador del departamento del Vichada, el comandante
de la Fuerza de Tarea Ares, el director de la Dirección para la Atención
Integral de la Lucha Contra las Drogas y los representantes de las
comunidades de las veredas de las Inspecciones de Wuerima, Chupave
y Puerto Príncipe.
• Modificación al Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de
Cultivos Ilícitos de 23 de octubre de 2017, en el sentido de ajustar los
compromisos asumidos por las comunidades, Gobierno Nacional,
Gobierno Local y Departamental a los compromisos establecidos en el
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Allí se
dispuso, entre los compromisos de las comunidades, realizar el
levantamiento total de los cultivos de uso ilícito, incluida la raíz, en un
plazo máximo de 60 días calendario, contados a partir del primer
desembolso por concepto de la asistencia alimentaria.
Dicha modificación fue suscrita por el director para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos, el Gobernador del Departamento del Vichada, el alcalde
de Cumaribo, el delegado de las FARC EP, el delegado de la Dirección
para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el delegado departamental
Coordinadora de Cultivos de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM
Vichada, comandante de la Fuerza de Tarea Ares, delegado de la Fuerza
Aérea Colombiana, Comandante del Batallón de Infantería Rojas
Acevedo, presidente de Asojuncuvi, delegado de la asociación de
agricultores del Tuparro, presidente de la Asociación de Productores
Agroforestales de Alto Vichada y presidentes de las Juntas de Acción
Comunal de las veredas Tucuriva, El Palmar, Agua Bonita, Caño Amargo,
La Unión, La Profunda, Michoacám, Las Flores, Caño Cadia, San Carlos,
la Reforma, San Campo Alegre, Piñalito, Uva Alto, Patio Bonito, el
Diamante, Caño arriba, Omanape Malasia, la Caneca, Nueva Colombia,
Santa Rita, Chaarral Bajo, Tuparro, la Esperanza, Camareta, el Triunfo,
el Placer, Matagrande, Puerto Oriente, así como de las Inspecciones de
Chupave, Wuerima y Chaparral.
• Formulario CUB 749514 del 29 de enero de 2018, suscrito por el señor
Inocencio Portela Campos, mediante el cual se vinculó al Programa
Integral de Sustitución. A través de dicho formulario, el actor aceptó el
Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso
Ilícito, suscrito el 23 de octubre de 2017, y, en consecuencia, se
comprometió, entre otras, a lo siguiente: 1. Realizar el levantamiento total
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
de la planta incluida de 2 hectárea(s) de cultivos de uso ilícito, en un plazo
máximo de 60 días calendario contados a partir del primer desembolso
por concepto de la asistencia alimentaria inmediata.
• Acta del 29 de mayo de 2018, en la que se estableció: “se hace la discusión
sobre el tiempo que se tomarán los cultivadores para sustituir el cultivo ilícito,
definiendo que lo harán en 30 días”. Dicha acta se suscribió por dos
asesores de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el alcalde (E)
del municipio de Cumaribo, el presidente de la Junta de Acción Comunal
de Puerto Príncipe, el segundo comandante de Fuerza de Tarea Ares, el
comandante del Batallón de Infantería y una supernumeraria del Banco
Agrario de Colombia, así consta:
• Informe de UNODC sobre la Misión de Verificación “del 14 de julio al 14
de agosto de 2018 Monitoreo y verificación de compromisos”, que
contiene el “Anexo 1. De la verificación de compromisos. Primera misión
de Monitoreo y Verificación. Municipio Cumaribo – Vichada. Julio - Agosto
de 2018”, que registró frente al señor Inocencio Portela Campos, lo
siguiente:
• Oficio OFI19-00049731 / IDM 1207004 del 2 de mayo de 2019, por el
cual la Consejería para la Estabilización y Consolidación comunica al
señor Inocencio Portela Campos el inicio de trámite frente a
incumplimiento de Acuerdos suscritos con el PNIS y otorga un plazo para
que presente escrito con las razones del incumplimiento. En la
comunicación se indicó:
“De acuerdo con lo anterior, el plazo señalado en el acuerdo colectivo y en el acuerdo individual
para realizar el levantamiento de raíz, comenzó a contarse el día 30 de mayo de 2018 y teniendo
como plazo hasta el 29 de julio de 2018. Sin embargo se suscribió un acta en el cual se acordó
que el término para realizar el levantamiento sería de 30 días, quedando como fecha máxima
definitiva el día 29 de junio de 2018 para realizar el levantamiento total incluida la raíz de los
cultivos ilícitos.
Teniendo en cuenta que esta situación de incumplimiento lo puede excluir de los beneficios del
PNIS, me permito informarle que dando cumplimiento al derecho fundamental del debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, usted cuenta con un plazo de cinco (5)
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de comunicación del presente oficio,
es decir a partir del 15 de mayo de 2019, para que allegue a nuestro delegado del PNIS para el
departamento del VICHADA, el señor FABIO RODRIGUEZ GARCIA, el escrito con las razones
de su incumplimiento y las pruebas necesarias para establecer las razones de su del mismo.
Debe tener presente, que tal y como lo establecen el Acuerdo Final de Paz, el acuerdo colectivo
y el acuerdo individual suscrito, las únicas razones para justificar su incumplimiento deben tener
origen en un evento de fuerza mayor o caso fortuito, que como lo define el artículo 64 del Código
Civil, la fuerza mayor o caso fortuito es un imprevisto o una situación imprevista a la que no es
posible resistirse. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación, en un plazo no mayor
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de los documentos que usted allegue al
coordinador del programa en el Departamento del VICHADA, estudiará sus descargos y
determinará si las razones de su incumplimiento obedecen a un evento de fuerza mayor o caso
fortuito.
En caso de que las razones de su incumplimiento no obedezcan a eventos de caso fortuito o
fuerza mayor, se procederá́ a excluirlo del programa.
• Oficio OFI19-00100718 / IDM 1207000 del 3 de septiembre de 2019,
mediante el cual el consejero presidencial para la Estabilización y la
Consolidación de la Presidencia de la República excluyó del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito al señor
Inocencio Portela Campos. En las consideraciones de dicho acto
administrativo se dispuso lo siguiente:
“De los descargos presentados se observa que el señor INOCENCIO PORTELA CAMPOS
expuso como justificación para no haber realizado el levantamiento total de sus cultivos de uso
ilícito el haber tenido un inconveniente de salud que le ocasionó ausentarse mes y medio de su
territorio.
En el caso concreto se aportó lo mencionado en el acápite de fundamento de los descargos,
dando cuenta que la fórmula de medicamentos y el informe de síntesis no logran justificar con
toda certeza que tuvo alguna situación médica de cuidado, como tampoco se logra probar
incapacidad durante el mes y medio señalado o imposibilidad para realizar la actividad a que se
comprometió; de acuerdo con la fecha de los documentos presentados solamente se identifica el
día 19 de junio del 2018 fecha que si bien está dentro del plazo que tenía para realizar el
levantamiento total de los cultivos, no afecta la totalidad de días con que contaba el señor
INOCENCIO PORTELA CAMPOS para realizar dicha actividad.
Tampoco se aportó material probatorio que acreditase una fuerza mayor o caso fortuito o razones
atendibles para el incumplimiento por parte el señor INOCENCIO PORTELA CAMPOS, razón por
la cual se procederá a excluir de los beneficios del Programa a él y a su núcleo familiar.
En ese orden de ideas se desestiman los descargos presentados por el titular, al encontrar que
no había obstáculo para la erradicación del cultivo en el tiempo establecido para lograr los
compromisos de levantamiento.
En atención a las consideraciones precedentes se puede concluir que no existió ningún evento
de caso fortuito o fuerza mayor que permitiera justificar su incumplimiento frente al programa, por
tal motivo, se considera que el señor INOCENCIO PORTELA CAMPOS incumplió con el
compromiso N° 6.1 estipulado en el formulario de vinculación individual CUB N° 749514 que hace
referencia a: ““(…) Realizar el levantamiento total de la planta incluida la raíz de 2 hectárea(s) de
cultivos de uso ilícito, con un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir del primer
desembolso por concepto de asistencia alimentaria inmediata. (…)”. Término modificado a 30
días de acuerdo a la reunión del PNIS con fecha 29 DE MAYO DE 2018
En consecuencia, esta Consejería procederá a excluir del programa al mencionado núcleo
familiar con fundamento en el punto 3.2 literal C del “Protocolo de Procedimientos en Casos de
Inconsistencia o Incumplimiento de Núcleos Familiares” atendiendo a la siguiente: “(…) Cuando
por razones de su incumplimiento no obedezcan a un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente probado que afecte la finalidad de los acuerdos de tener territorios libres de cultivos
ilícitos (…)”.
• Derecho de petición (EXT20-00027332) de 6 de marzo de 2020, en el
cual el tutelante le solicitó a la Consejería para la Estabilización y
Consolidación, la remisión de todas las actas de reunión mediante las
cuales se decidió modificar el plazo para la erradicación de los cultivos,
los actos administrativos por medio de los cuales fue notificado el cambio
del plazo para la erradicación y el Otrosí al Acuerdo Colectivo para la
Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito que modificó el plazo.
• Oficio Nro. OFI 20-00036989/ IDM 1219001 de 10 marzo de 2020, en el
que la Presidencia de la República dio traslado por competencia de la
solicitud a la Agencia de Renovación del Territorio.
• Derecho de petición (20212300094652) de 22 de septiembre de 2021, en
el que actor le solicitó a la Agencia de Renovación del Territorio copia del
formulario CUB de vinculación al Programa y del informe de la UNODC
sobre el levantamiento parcial de cultivos en su predio.
• Oficio Nro. 20212300139811 de 30 de septiembre de 2021, la Agencia
de Renovación del Territorio respondió lo siguiente:
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
“1. En relación con el punto 1 de su solicitud nos permitimos acompañar copia de formulario CUB
749514.
“2. Informe denominado ´Apoyo a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Marco
del PNIS - Monitoreo y verificación de compromisos. Misión 2, del 14 de julio al 14 de agosto de
2018´. Municipio de Cumaribo, Vichada, sobre el particular se señala que solo se brindará una
copia parcial del informe según lo contemplado en los artículos 18 literal b y 21 de la Ley 1712 de
2014, esto en aras de no afectar el derecho de hábeas data y la seguridad de los demás
beneficiarios del PNIS en el municipio de Puerto Asís, en el entendido que la información que se
suministra solamente se limita a lo exigido por el peticionario y a lo que a sus fines respecta”.
• Derecho de petición (Nro. 20222300003122) de 20 de enero de 2022, en
el que el señor Inocencio Portela Campos le solicitó a la Agencia de
Renovación del Territorio y la Consejería para la Estabilización y
Consolidación remitir la constancia de la notificación personal del acto
administrativo por medio del cual fue excluido del Programa.
• Oficio Nro. 20222300011571 de 11 de febrero de 2022, en el cual la
Agencia de Renovación del Territorio respondió lo siguiente:
“(…) una vez revisado el archivo del programa, se verificó la existencia de un formulario de
vinculación por usted diligenciado, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, esta dependencia
accederá a entregar la copia solicitada en los términos del artículo 14 de la ley 1437 de 2011. Cabe aclarar que allí mismo, se evidencian los compromisos adquiridos tanto por usted como por
el Gobierno Nacional. Al hacer una génesis de su caso, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2019, fue enviada
comunicación al señor LUIS CARLOS USECHE, Presidente de la Junta de Acción Comunal, de
la Vereda La Profunda, Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, en el cual, se le
informa que, INOCENCIO PORTELA CAMPOS, MIRIAM LUCIA BETANCOURT CARDONA,
entre otros, así como, mediante oficio de fecha 18 de enero de 2018, fue enviada comunicación
al señor MOISES HERNANDEZ QUINTERO, Presidente de la Junta de Acción Comunal, de la
Vereda Tucuriva chaiva, Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, se le informa que, la
señora ROSABLA TORRES LEMUS toda vez que, no se contaban con datos de contacto para
su notificación personal, que, no serán objeto de atención por parte del programa, al no cumplir
con los requisitos de vinculación dentro del mismo, dichas comunicaciones, fueron enviadas vía
correo electrónico. En lo que respecta a la solicitud de notificación del acto administrativo por medio del cual fue
excluido del PNIS; nos permitimos informarle que, registra que ustedes ya se encuentran en
estado RETIRADO, toda vez que, la novedad asociada al incumplimiento por verificación en
terreno “LEVANTAMIENTO PARCIAL DE ILÍCITOS; razón por la cual se trata de una decisión
adoptada y de una situación consolidada con anterioridad a la existencia de esta Dirección y del
traslado de la operación del PNIS a la Agencia de Renovación del Territorio. En dicha comunicación se les informaba a dichos representantes que, tenía 10 días hábiles para
presentar recurso de reposición de la decisión tomada por la DSCI. (…)
Al respecto debe tenerse en cuenta que la ejecución del PNIS ha surtido una transición entre
distintas autoridades, correspondiéndole la competencia y responsabilidad a la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir del 1 de enero de 2020, pues a través de la vigencia del
Decreto 2107 de 2019, hoy subrogado en el Decreto 1223 de 2020, se creó la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos habilitándose la transferencia de archivos para continuar con la
implementación del PNIS. De acuerdo con lo anterior, al recibirse el PNIS en estado de implementación, se transfirieron los
acuerdos vigentes para continuar ejecutando la ruta de atención para los beneficiarios. De tal
manera, quienes ya habían sido retirados por las autoridades anteriores a cargo del programa no
hacen parte del universo de personas por atender, y por tal motivo no resulta procedente adoptar
decisiones al respecto, pues a las autoridades sólo les es permitido lo que les faculta la
Constitución y la ley, siendo únicamente responsables por las acciones u omisiones producidas
en el ejercicio de sus competencias, o por la extralimitación de sus funciones.
En razón de lo expuesto, al encontrarse retirado del PNIS y por ende no ostentar la condición de
beneficiario, no es viable disponer su atención teniendo especial consideración en que el retiro
fue efectuado con anterioridad al 1 de enero de 2020 por parte de la autoridad que precedió a
esta dependencia en la Dirección General del programa, por cuanto esto excedería el ámbito de
competencia y responsabilidad de esta Dirección, toda vez que en su momento las
determinaciones, respecto a la continuidad de un núcleo familiar, se encontraban supeditadas a
los lineamientos fijados por la Alta Consejería para el Posconflicto y la Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación”.
• Recurso de reposición de 1 de junio de 2022, contra el Oficio OFI19-
00100718 / IDM 1207000 del 3 de septiembre de 2021, mediante el cual
se dispuso la exclusión del señor Inocencio Portela Campos, en el cual
se expusieron los siguientes argumentos:
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
“1. El acto administrativo está falsamente motivado.
Mediante formulario CUB No 749514 suscrito el 23 de octubre de 2017 fui vinculado al PNIS. En
tal documento adquirí el compromiso de levantar 2 has de coca cultivadas en el predio
denominado “Santa Sofia” que se encuentra ubicado en la vereda La Profunda de Cumaribo,
Vichada.
El 29 de mayo de 2018 recibí el primer pago por la suma de Dos Millones de Pesos ($2.000.000)
bajo concepto de asistencia alimentaria inmediata.
De conformidad con lo consignado en el Acuerdo Colectivo de Sustitución, el plazo para realizar
el levantamiento de los cultivos de hoja de coca era de dos meses contados a partir del primer
pago de asistencia alimentaria, es decir, hasta el 29 de julio de 2018.
Sin embargo, mediante un acta del 29 de mayo de 2018 fue modificado el término a 30 días
calendario, en esta acta consta únicamente la firma del presidente de la Junta de Acción Comunal
del Centro Poblado de Puerto Príncipe, más no, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal
de cada vereda, para el caso concreto, el presidente de la Vereda La Profunda; ni consta que
este nuevo plazo fuera acordado, mucho menos notificado a cada una de las familias vinculadas
al programa.
De igual forma, no firman esta acta las partes que suscribieron el Acuerdo Municipal de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Mi familia no fue debidamente notificada del cambio en el plazo para realizar el levantamiento del
cultivo, que paso de ser de 2 meses a 30 días.
En virtud del principio de publicidad, las autoridades deben dar a conocer a sus administrados y
a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos,
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones oportunas con el fin de
evitar inconvenientes en la comunicación, y como podrán verificar no fui notificado a tiempo de
los cambios de agenda previstos por ustedes.
2. Derecho al debido proceso administrativo
(...) En el caso concreto nuestro, en calidad de accionantes, el plazo de 60 días estipulado en el
Acuerdo Municipal de Sustitución de Cumaribo fue modificado mediante un Acta de Reunión, a
la que no fueron convocadas las mismas partes que suscribieron el Acuerdo Municipal de
Sustitución, y de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal solo firma una persona. En
consecuencia, el plazo fue modificado irregularmente, sin notificar en debida forma a cada familia
o los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de cada vereda que este plazo se había
reducido a 30 días, por este motivo, la Misión de Verificación de UNODC llegó antes del tiempo
que tenía cada familia para erradicar.”
4.3.2. Con posterioridad a la presentación de la acción de tutela:
• Oficio del 23 de agosto de 2022, en el cual el director de la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio
dio respuesta al recurso de reposición presentado por el actor, en los
siguientes términos:
“Por consiguiente, se advierte que el núcleo familiar de INOCENCIO PORTELA CAMPOS,
identificado con C.C. No 5983339, inscrito con el CUB No. 749514 no se encuentra disfrutando
de los beneficios del PNIS debido a que con anterioridad al 1° de enero de 2020, fecha en la que
el Programa quedó a cargo de esta Dirección, de acuerdo con los registros administrativos, fue
retirado del PNIS. Así mismo, adelantada una búsqueda articulada con la Consejería Presidencial
para la Estabilización y Consolidación se encuentra que dentro de los antecedentes
documentales obrantes en el programa se evidencia que a través del oficio con radicado EXT20-
00027332 de fecha 06 de marzo de 2022 usted manifiesta que: “La consejería para la
Estabilización y la consolidación decidió excluirme del programa porque a la fecha de la misión 2
UNODC no había erradicado todo el cultivo, ya que en reunión del 29 de mayo de 2018 se había
decidido modificar el plazo y reducirlo a 30 días” De la lectura de tales manifestaciones se infiere
que el precitado señor conocía su retiro y el motivo del retiro del programa, por lo tanto, se puede
concluir que se notificó por conducta concluyente del acto administrativo desde tal fecha.
También es importante señalar que, con la finalidad de obtener mayor información sobre la forma
en que se notificó el acto de exclusión del programa, se consultó con el equipo en territorio y se
evidenció que la oficina ubicada en el municipio de Cumaribo no cuenta con la información de
direcciones, ni correos electrónicos de los beneficiarios y por las condiciones geográficas del
municipio de Cumaribo no se tiene señal telefónica para transmitir la información. Adicionalmente,
se advierte que por las condiciones particulares del municipio no se tiene opción de acudir al
mecanismo de cuñas radiales. Por lo que, atendiendo dichas particularidades, en su momento
los beneficiarios accedieron a recibir las notificaciones relacionadas con el programa de acuerdo
con la costumbre de la región, esto es, a través de los presidentes de las juntas de acción
comunal, por cuanto por las particularidades mencionadas este es el único medio expedito.
En efecto, se evidencia que el oficio de: ´comunicación de inicio de trámite frente Acuerdos
suscritos con el PNIS´ fue comunicado de la forma descrita al señor INOCENCIO PORTELA
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
CAMPOS quien en consecuencia presentó un escrito mediante el cual pretendía justificar su
situación de incumplimiento.
Posteriormente, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación estudió el
escrito presentado por el beneficiario mediante el OFI19-00100718/IDM 1207000 del 03 de
septiembre de 2019, y envió la correspondiente respuesta al presidente de la junta de acción
comunal para continuar con trámite que anteriormente se había surtido, con la: ´comunicación de
inicio de trámite frente Acuerdos suscritos con el PNIS´, sin que en la información que reposa en
la Dirección se pueda evidenciar que posterior a esto el beneficiario excluido haya presentado en
tiempo el recurso de reposición que el propio acto le otorgaba. Se recuerda que la notificación del
inicio de trámite se efectuó por medio de los presidentes de acción comunal y esta notificación se
surtió sin problema en el caso estudiado, por cuanto se evidencia que el peticionario presentó
´descargos´, luego, conocía que por lo menos estaba pendiente la respuesta a su escrito de
descargos y estaba enterado del mecanismo previsto para ser notificado de tal decisión (...)
Por lo tanto, analizando el caso en concreto, el núcleo familiar del señor INOCENCIO PORTELA
faltó al cumplimiento efectivo de los compromisos que pactó al momento de vincularse al
programa, rompiendo los principios que rigen el actuar de este programa con los beneficiarios del
mismo, voluntariedad, participación y cooperación mutua. Cabe destacar que, frente al análisis
de los compromisos y su naturaleza, la Corte Constitucional en sentencia C-493 de 2017 ha
mencionado que: ´´las cargas materializadas en el compromiso que haya de suscribir la familia
beneficiaria son razonables y proporcionadas. Su finalidad es la de otorgar un grado de formalidad
y solemnidad a los compromisos que se adquieren y a los beneficios que otorgan, mediante un
medio (la suscripción del acuerdo voluntario con obligaciones definidas), que es el mejor medio
para obtener el fin de la reintegración a la vida social de esas familias y de sus comunidades. La
medida es proporcional, en tanto que el sacrificio de la persecución penal se hace en nombre de
la reintegración social y la redención personal y familiar. En consecuencia, no es viable acceder
a su petición de activación de los beneficios del programa toda vez que no cumplió con los
compromisos del programa ya que la entrega de los beneficios para las familias vinculadas se
sujeta al cumplimiento continuo y progresivo por parte de ellas de unos compromisos y/o
requisitos para tal fin”.
4.4. Sobre la falta de notificación de la modificación en el plazo de
erradicación
De acuerdo con los hechos probados en el proceso, la Sala encuentra que el
Acta del 29 de mayo de 2018, al establecer que el término con el que contaban
los cultivadores para erradicar el cultivo ilícito sería de 30 días, terminó por
modificar el plazo previsto tanto el Acuerdo Colectivo para la Sustitución
Voluntaria de Cultivos Ilícitos de Cumaribo (Vichada) de 23 de octubre de
201714, como el formulario de vinculación Nro. CUB 749514, mediante el cual
el actor se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito. Instrumentos en los cuales se dispuso el compromiso de levantar
la totalidad de los cultivos de uso ilícito “en un plazo máximo de 60 días calendario
contados a partir del primer desembolso por concepto de la asistencia alimentaria
inmediata”.
Esa acta fue suscrita, entre otros, por la Dirección de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito que, para ese momento, estaba adscrita a la Consejería para la
Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República y el
presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Puerto Príncipe.
Sin embargo, no se contó con la participación del señor Inocencio Portela
Campos, a pesar de que era el directamente afectado.
Las modificaciones de los compromisos pactados en el acuerdo colectivo y en
los formularios de vinculación deben estar precedidos de la voluntad de los
directamente involucrados. Y es que no se puede desconocer que, conforme
con el punto 4.1.1., del Acuerdo Final, uno de los principios del Programa
Nacional Integral de Sustitución es la voluntariedad. Al respecto, el Acuerdo
Final establece:
“En la medida en que el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) hace parte de la Reforma
Rural Integral (RRI), éste, además de los principios acordados en el marco de dicha Reforma, se regirá
por los siguientes principios: (…) Sustitución voluntaria: a partir de la decisión y compromiso de los
cultivadores y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio
fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que
14 Aquel corresponde a la modificación del Acuerdo Colectivo original suscrito el 14 de octubre de 2016.
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la
sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respetivos (sic) territorios. Ello
implica acciones de promoción de la sustitución voluntaria y definir con las comunidades las alternativas
de sustitución que sean sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental, y adecuadas
para fortalecer las economías familiares, garantizando condiciones de vida digna. Lo anterior en el
entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los
términos acordados con las comunidades”15.
Asimismo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-493 del 2017, al analizar el
artículo 6 del Decreto Ley 896 de 2017, explicó que el componente volitivo del
Programa “exige la suscripción voluntaria de tres compromisos: sustituir los cultivos
de uso ilícito, no volverlos a sembrar y no estar involucrados en labores asociadas a
esos cultivos ilícitos”.
De ahí que, si lo pretendido por la administración era cambiar uno de los
compromisos fijados en el formulario de vinculación suscrito por el actor, lo
propio era que se contara con la participación de este último y así materializar
el principio de sustitución voluntaria.
Por otra parte, tampoco hay prueba de que se hubiera puesto en conocimiento
del actor la modificación del plazo pactado para la erradicación de los cultivos.
Además, no podría inferirse que el actor fue notificado, tan solo bajo el
argumento de que la mayoría de los campesinos visitados cumplieron la
erradicación de cultivos de uso ilícito en el término fijado en el acta del 29 de
mayo de 2018. Para tener por acreditado que el actor conoció de ese
cambio debe allegarse al expediente una prueba que así lo demuestre;
por ende, las meras afirmaciones o suposiciones de la entidad no son
suficientes para acreditar la notificación del tutelante.
La Sala no desconoce que las condiciones geográficas del municipio de
Cumaribo pueden dificultar la comunicación. Sin embargo, esas circunstancias
no justifican que la administración se sustraiga del deber de vincular o informar
al demandante de la decisión de reducir el plazo al que inicialmente se había
obligado, más aún si se tiene en cuenta que el incumplimiento a ese nuevo
término podría conllevar a la exclusión del Programa, como en efecto sucedió.
Por el contrario, para la Sala, la administración debe hacer uso de todas las
facultades que tiene asignadas para garantizar que los directamente
interesados conozcan de las decisiones que se adoptan en este tipo de
actuaciones. El abandono estatal, la falta de vías y de acceso a internet no
pueden ser un obstáculo imputable al tutelante para la notificación, pues estos
son deberes que el Estado debe solventar. De manera que ante esas
circunstancias limitantes es obligación de la entidad encontrar mecanismos
eficaces para comunicar las decisiones a los beneficiarios del Programa; en
vez de excusarse en esas circunstancias.
Y aunque en el procedimiento administrativo el señor Inocencio Portela
Campos censuró insistentemente que la visita de verificación se haya llevado
a cabo antes del plazo de 60 días y manifestó su voluntad de continuar en el
programa por ya haber erradicado la totalidad de los cultivos de hoja de coca,
la administración simplemente se limitó a analizar si se presentó un evento de
caso fortuito o fuerza mayor que justificara el incumplimiento. Esta última no
tuvo en cuenta que el Acuerdo Final establece el deber de persuadir a las
comunidades en la erradicación voluntaria de los cultivos, así se lee en el punto
4.1.3.2., del Acuerdo Final:
“4.1.3.2. Acuerdos con las comunidades: Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema
de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la
15 Ver punto sobre “Acuerdo con las comunidades” y “Construcción participativa y desarrollo de los planes
integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
manifiesta voluntad de las comunidades —hombres y mujeres— de transitar caminos alternativos a los
cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida
y de trabajo para el bienestar y buen vivir. (…) En los casos donde, en el marco de la suscripción de los
acuerdos con las comunidades en el marco del PNIS, haya algunos cultivadores y cultivadoras que no
manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin
que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de
persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e
información con las comunidades”.
En conclusión, el procedimiento adelantado fue irregular, en su momento, por
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Se desconocieron los
derechos de audiencia y defensa, pues se realizó un cambio esencial en los
compromisos adquiridos por el demandante sin contar con una etapa previa
de audiencia con el directamente afectado. Cambio que al no habérsele
notificado fue la génesis de la exclusión del señor Inocencio Portela Campos.
Por las anteriores razones, la Sala encuentra que la administración desconoció
el debido proceso del demandante al no respetar las formas propias de cada
procedimiento e impedirle el derecho de audiencia y defensa previo a la
decisión de exclusión. Esa omisión también desconoce los principios propios
del Programa Integral de Sustitución fijados en el Acuerdo Final. Por lo tanto,
la Sala concederá la tutela solicitada y dispondrá las órdenes de amparo
pertinentes para garantizar los derechos del demandante.
4.5. Sobre la falta de notificación de la suspensión y la exclusión del tutelante
Adicionalmente, el accionante alegó la transgresión a su derecho fundamental al
debido proceso, en razón a que no se le notificó el acto administrativo de exclusión.
Al respecto, en el trámite se acreditó que mediante oficio OFI19-00100718 / IDM
1207000 del 3 de septiembre de 2019, el consejero presidencial para la
Estabilización y Consolidación de la Presidencia de la República excluyó al señor
Inocencio Portela Campos del Programa, por no haber cumplido la erradicación de
los cultivos en el término de 30 días. Sin embargo, en el expediente no obra
prueba de la notificación personal de ese oficio al accionante.
A su vez, aunque en el curso de la tutela la Agencia de Renovación del Territorio
afirmó que la notificación del acto de exclusión se efectuó mediante el presidente
de la Junta Comunal de la Vereda La Profunda de Cumaribo (Vichada), no obra
constancia de que esa persona estuviera autorizada para notificarse en nombre del
demandante, en los términos del artículo 71 de la Ley 1438 de 2011. Y en todo caso
el señor Luis Carlos Useche aseveró que desde el año 2018 dejó de fungir como
presidente de tal Junta, de manera que para la fecha en que se efectuó la exclusión
del tutelante, el referido ni siquiera tenía la calidad de presidente de dicha
organización.
A su vez, tampoco se allegó la constancia de notificación del acto de suspensión
del Programa, ni constancia de las diligencias para conminar al tutelante al
cumplimiento de los compromisos adquiridos, previo a la exclusión. De hecho,
según la versión de Luis Carlos Useche el aviso de suspensión llegó a la finca del
tutelante únicamente porque en el año 2018 él decidió llevarlo al predio tutelante, a
pesar de que no tenía ninguna obligación de hacerlo, ya que para esa fecha él ya
no era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Profunda, debido
a que logró ser contratado en Fundorinoquia. A su vez, el señor Useche resaltó que,
pese a que llevó el aviso de suspensión a la finca del señor Inocencio Portela
Campos, no le fue posible entregar tal documento directamente al accionante
porque aquel estaba fuera de Cumaribo por razones de salud.
De manera que, nuevamente, la Sala encuentra que se adelantó un trámite irregular
por parte de la administración, esta vez, en desconocimiento del procedimiento que
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
prevé la Ley 1437 de 2011, respecto de la notificación de los actos administrativos
de carácter particular.
Frente a la importancia de la notificación de las decisiones de la administración,
conviene decir que la Corte Constitucional, en Sentencia T-002 de 2019 explicó que
la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, pues
garantiza: (i) el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado
que mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las
decisiones de la Administración; (ii) el cumplimiento de las reglas del debido
proceso porque permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de
contradicción; y (iii) la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la
función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de
los recursos y de las acciones procedentes. Esas garantías son justamente las que
desconoció la administración cuando se abstuvo de notificar personalmente al
demandante la decisión de exclusión del programa.
Con todo, la Sala encuentra que, en los términos del artículo 72 de la Ley 1437 de
2011, ocurrió un evento de notificación por conducta concluyente, pues mediante el
Oficio Nro. 20222300011571 de 11 de febrero de 2022 la Agencia de Renovación
del Territorio entregó al demandante el acto administrativo de exclusión, en virtud
de un derecho de petición.
5. De las órdenes de amparo
Con base en lo expuesto, la Sala constata que en el asunto objeto de estudio se
presentaron anomalías sustanciales en el procedimiento administrativo adelantado
por la Consejería para la Estabilización y Consolidación de la Presidencia de la
República, puntualmente la falta e indebida notificación del interesado, las
cuales implican el desconocimiento de los derechos de defensa y contradicción del
señor Inocencio Portela Campos.
Esto debido a que (i) no se le notificó la decisión de modificar el plazo de
erradicación, pues no se allegó prueba al respecto; (ii) no se le notificó debidamente
el aviso de suspensión del Programa ni se le conminó previo a la exclusión, pues
tampoco obra prueba de tal notificación, es más de acuerdo con la versión de Luis
Carlos Useche el aviso de suspensión llegó a la finca del tutelante por azar, gracias
a que en el año 2018 él decidió, por voluntad propia, llevar dicho aviso de
suspensión al tutelante, pese a que para ese momento ya no fungía como
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Profunda, oportunidad
en la cual ni siquiera fue posible entregar tal aviso personalmente al accionante
dado que aquel estaba fuera del municipio por razones de salud; y (iii) no se le
notificó el acto de exclusión, lo acreditado en el proceso fue que el accionante
conoció formalmente de esa decisión en febrero de 2022, gracias al Oficio Nro.
20222300011571, mediante el cual la Agencia de Renovación del Territorio, en
respuesta a un derecho de petición interpuesto por el actor, remitió el acto de
exclusión al señor Portela Campos.
Si bien es cierto que inicialmente la implementación del Programa estuvo a cargo
de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, no es posible desconocer
que, por disposición legal, a partir del 1º de enero de 2020, las competencias se
trasladaron a la Agencia de Renovación del Territorio, a través de la Dirección de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Ese traslado de competencias no podía
excusar a la referida Agencia para reconsiderar la situación del señor Inocencio
Portela Campos, ante la evidente transgresión al debido proceso.
En ese sentido, la Sala se aparta de la argumentación de la Agencia consistente en
que no hay lugar a reintegrar al accionante al Programa, debido a que el trámite
administrativo de exclusión lo efectuó la entidad que previamente implementaba el
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Programa. En criterio de Sala, al habérsele efectuado un traslado de competencias,
la Agencia de Renovación del Territorio no solo tenía la facultad revisar el caso del
accionante, sino que tenía el deber constitucional de enmendar los errores
procedimentales efectuados por la Consejería para la Estabilización y la
Consolidación, pues estos conllevaron a una transgresión total de las garantías del
debido proceso. Las cuales afectaron de forma dramática la subsistencia de un
adulto mayor en estado de vulnerabilidad. Antes que una conducta pasiva, se
espera de la Agencia de Renovación del Territorio un actuar proactivo que
realmente esté acorde al contexto de los beneficiarios del Programa Integral de
Sustitución y que garantice la implementación del Programa para quienes
verdaderamente cumplieron con el compromiso de erradicación.
Siendo así, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este caso, la
Sala estima que la mejor forma de proteger los derechos fundamentales del
demandante es que la Agencia de Renovación del Territorio rehaga las actuaciones
administrativas, a partir del monitoreo y verificación de cumplimiento del Programa.
Ahora bien, la Sala no desconoce que los acuerdos suscritos en el marco del
Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito implican una bilateralidad
de compromisos entre el Gobierno Nacional y las comunidades campesinas
beneficiarias. Las familias campesinas vinculadas al programa adquieren ciertos
compromisos que solo cuando los cumplen les permiten continuar en el programa.
Por su parte, la administración, en cabeza de la Agencia de Renovación del
Territorio tiene la obligación de verificar el cumplimiento de esos acuerdos,
verificación que deberá hacer con plena observancia del derecho al debido proceso.
Es más, deberá observar plenamente la Resolución No. 24 del 7 de mayo de 2020,
expedida justamente por la Agencia de Renovación del Territorio, en la que
determinó que las actuaciones administrativas que materialicen el desarrollo e
implementación del programa deben observar el debido proceso administrativo y
tomar como referente de validez el Acuerdo Final. En especial, lo previsto en el
punto 4.1.3.2., que exige en los casos en los que no haya acuerdos de sustitución,
o se incumplan los compromisos derivados de estos sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor, se persuada a las comunidades mediante la promoción de la
sustitución voluntaria antes de dar aplicación a otras estrategias de intervención en
los territorios.
La Resolución No. 24, que si bien se dirige a los beneficiarios activos que podrían
llegar a ser suspendidos y a aquellos que ya se encuentran en estado de suspensión
por presunto incumplimiento del compromiso de erradicación total de cultivos de uso
ilícito, también debe aplicarse para los casos de exclusión, pues esa resolución tuvo
como propósito maximizar “las garantías que les asisten a sus beneficiarios en el
desarrollo del procedimiento administrativo durante la etapa de implementación, en especial
tratándose de la definición de la permanencia de un núcleo familiar en el programa ”.
Justamente ese lineamiento debe ser el que atienda la administración al momento
de desarrollar el trámite administrativo del accionante.
En consecuencia, la Sala enfatiza que la razón del amparo obedece a la falta e
indebida notificación del señor Inocencio Portela Campos. Bajo esa premisa, se le
ordenará a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de
Renovación del Territorio que coordine la práctica de una visita de monitoreo y
verificación en el predio del señor Inocencio Portela Campos, conforme con los
compromisos que adquirió en el Formulario CUB 749544 del 29 de enero de 2018
y el Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Esa práctica
deberá ser programada y comunicada con anticipación al actor y la verificación no
podrá exceder del término de 30 días, contado a partir de la notificación de esta
providencia. Dependiendo de los resultados de dicha visita, la Agencia de
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02279-01
Demandante: Inocencio Portela Campo
Renovación del Territorio deberá reintegrar al accionante al Programa o mantener
su exclusión.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta
providencia. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital del señor Inocencio Portela Campos.
2. En consecuencia, ordenar al director de la Dirección de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio que coordine
la práctica de una visita de monitoreo y verificación en el predio del señor
Inocencio Portela Campos, en el cual se constate el cumplimiento de los
compromisos que adquirió en el Formulario CUB 749544 del 29 de enero de
2018 y el Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos.
Esa práctica deberá ser programada y comunicada efectivamente y con
anticipación al actor.
Dependiendo de los resultados de dicha visita, la Agencia de Renovación del
Territorio deberá reintegrar al accionante al Programa Nacional Integral de
Sustitución o mantener su exclusión.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.