Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02288-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02288-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIANA MARITZA GIL QUIÑONEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN
LO CONCERNIENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR,
SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, NO SE INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA COMOQUIERA QUE YA FUERON RESUELTAS LAS
PETICIONES DE LA ACTORA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER1 y su SECRETARÍA, por cuanto no han dado trámite
1 En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02288-00
Actora: DIANA MARITZA GIL QUIÑONEZ
a la solicitud que presentó, vía electrónica, el 14 de febrero de
2022.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La señora DIANA MARITZA GIL QUIÑONEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no ha
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que
les envió, vía electrónica, el 14 de febrero de 2022, en la que pidió
la expedición de copias de la publicación del extracto de la
sentencia de segunda instancia, proferida dentro de la acción de
grupo identificada con el número único de radicación 2012-00281-
01, así como de la providencia que conformó el grupo en el
referido proceso.
I.2 Hechos
Indicó que el 18 de octubre de 2012, los señores RODOLFO
VALDERRAMA MACABEO, LUZ ESTELA HERNÁNDEZ
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02288-00
Actora: DIANA MARITZA GIL QUIÑONEZ
DELGADO, YORLENNYS VALDERRAMA HERNÁNDEZ,
FERNANDO AUGUSTO TAPIAS BALLESTEROS, MARINA
BALLESTEROS SÁNCHEZ, ALEXANDRA MARGARITA TAPIAS
BALLESTEROS, VÍCTOR MANUEL GÓMEZ ALMEYDA, MARÍA
LUISA GÓMEZ ALMEYDA, HERNANDO BOTÍA LEÓN,
VICTORIA QUINTERO DE CASTRO, ARNULFO CASTRO
QUINTERO, ANGELMIRO GÓMEZ LÓPEZ, NELLY GÓMEZ DE
LÓPEZ, LUIS ALEJANDRO GÓMEZ, AMPARO BARRAGÁN
GUTIÉRREZ, JAIME GARCÍA MORENO, MARIELA GUTIÉRREZ
VILLAMIZAR, JORGE ARTURO BUENO NÚÑEZ, MARÍA DEL
SOCORRO CALDERÓN VILLAMIZAR, TERESA DE JESÚS
CALDERÓN VILLAMIZAR, DARWIN YESID CALDERÓN,
GLADYS AMPARO BOHÓRQUEZ JURADO, ROSA TULIA
JURADO DE BOHÓRQUEZ, MILDRED ROCÍO MÉNDEZ
BOHÓRQUEZ, GILBERTO GIL DURÁN, ZOILA DURÁN GIL y
AMANDA GIL DURÁN instauraron el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el
municipio de Piedecuesta, la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- y la Inmobiliaria
Constructora Sánchez SA, con el fin de obtener reparación por el
daño causado a algunas viviendas por una ola invernal, ocurrida
en diciembre de 2010, en el barrio San Cristóbal del mencionado
municipio.
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Sostuvo que la acción de grupo le correspondió por reparto al
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de abril de 2015,
accedió a las pretensiones, tras concluir que se encontraba
demostrado el daño y que el mismo era imputable al ente
territorial en un porcentaje del 65% y a la CDMB en un 35% y, en
consecuencia, fueron condenadas al pago de perjuicios materiales
a título de daño emergente.
Inconformes con lo anterior, la parte demandante y la parte
demandada formularon los correspondientes recursos de alzada
que fueron desatados por la SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante providencia
de 7 de mayo de 2021, modificó el numeral 2 de la sentencia
apelada, en lo relacionado con las sumas a reconocer por concepto
de perjuicios materiales y confirmó en lo demás la decisión. Para
ello, analizó el asunto bajo el régimen de responsabilidad de falla
en el servicio, para concluir que las autoridades administrativas
demandadas incurrieron en serias omisiones respecto de sus
deberes establecidos en las diferentes normas de prevención y
atención de desastres.
Alegó que el 14 de febrero de 2022, en su calidad de nieta de los
señores GILBERTO GIL DURÁN y ZOILA DURÁN GIL, remitió
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petición al Tribunal por medio de la cual solicitó copia de la
publicación del extracto de la sentencia de segunda instancia, así
como de la providencia mediante la cual se conformó el grupo en
los términos del numeral 4 del artículo 64 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 19982, sin embargo, a la fecha de presentación de la
acción constitucional de la referencia, la autoridad judicial
accionada no había dado respuesta a su solicitud, incurriendo así
en una vulneración a su derecho fundamental de petición.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la omisión del Tribunal de responder su
petición y expedir las copias solicitadas del proceso, constituye
una vulneración de su derecho fundamental de petición.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de su derecho
fundamental de petición y, en consecuencia:
“[…] 1º- Conceder el Amparo constitucional de mi derecho
fundamental a realizar y recibir respuesta a mis peticiones
(art 23 Constitución Política) ordenando al Tribunal
2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones”
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Administrativo de Santander que emita copia del extracto de
la Sentencia referido en la solicitud de petición y además el
auto de conformación de grupo teniendo de presente la
sucesión de la escritura pública No. 720 de fecha del 19 de
abril del 2022 pues les asiste ese derecho legítimo a los
herederos de los causantes GILBERTO GIL DURAN y BRIGIDA
DURAN DE GIL que hacen parte de la conformación del grupo
de la sentencia radicado No. 68001233300020120028101 del
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Tercera, subsección A. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que en el presente caso se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, por
cuanto ya le otorgó respuesta a la accionante y le envió las copias
auténticas solicitadas de la sentencia de segunda instancia.
Asimismo, señaló que a dicha comunicación también se adjuntó el
auto de 28 de febrero de 2022, mediante el cual la Magistrada
Ponente se pronunciaba respecto a la conformación del grupo y
contenía una lista detallada de los integrantes del mismo, con lo
cual se satisfacía lo pretendido por la tutelante.
Igualmente, recalcó que en dicha providencia se les señaló a las
partes e intervinientes que el literal “b” del numeral 3 del artículo
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65 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, establece la posibilidad
de hacerse parte del grupo con posterioridad a que sea dictada la
sentencia, elevando solicitud a la autoridad administrativa
competente, en este caso a la Defensoría del Pueblo, por lo que
esa autoridad judicial no tenía conocimiento de integrantes
adicionales, distintos a los que se especificaron en la sentencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
3 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la señora DIANA MARITZA GIL
QUIÑONEZ, actuando en nombre propio, instauró acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental
de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL
y su SECRETARÍA, por cuanto no ha recibido una respuesta de
fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica,
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
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el 14 de febrero de 2022, en la que pidió la expedición de copias
de la publicación del extracto de la sentencia de segunda instancia,
proferida dentro de la acción de grupo identificada con el número
único de radicación 2012-00281-01, así como de la providencia
que conformó el grupo en el referido proceso.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la
autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental
invocado, pero, antes de abordar el estudio del caso concreto,
resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho
de petición ejercido ante autoridades judiciales y en, especial, la
solicitud de copias.
En relación con el derecho de petición que se ejerce ante
autoridades judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que
su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela,
cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte
de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el
legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso
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de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho
sí resulta procedente.
Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20085,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número
2008-00517-00, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe
resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que
no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal
frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan
los requerimientos de las partes en los procesos; y que
acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera
de los cauces procesales llevaría al caos a la administración
de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a
responder solicitudes como la de la actora en detrimento de
la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso)6, la
Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se
trata precisamente del ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino
de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en
marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
5
Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
6
Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.
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bien, en caso de mora judicial puede existir
transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de
petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces
pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se
aplican las normas que rigen la administración, esto
es, el Código Contencioso Administrativo. Por el
contrario, las peticiones en relación con actuaciones
judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes
que presenten las partes y los intervinientes dentro
de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con
la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y
respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio
y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad
judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del
derecho de petición como tal, pues para ello el legislador
ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos
de la administración de justicia pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del
accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no
es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de
los procesos, ya que éstos se rigen por las normas
legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado
impulsarlos mediante la formulación de peticiones en
cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO)”. [...]”.
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La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de
actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia
T-192 de 15 de marzo de 20077, precisó que dicho trámite se
encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil -CPC-, lo que indica que la decisión de expedir copias está
regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce
a cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre
tales cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de
petición8.
Señaló la referida sentencia:
“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso
judicial, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia
Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copia de
documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de
las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que
tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa
motivada a su entrega, por el carácter reservado de esos
documentos. Claro está que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 57 de 1985, las autoridades
administrativas y judiciales pueden obtener la información
que requieran en desarrollo de sus competencias, asumiendo
la obligación de mantener la reserva de los documentos que
lleguen a conocer en virtud de esta prerrogativa.
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte precisó que si bien es cierto el derecho de
petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia
éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes
que se les presenten, en los términos que la ley señale y que,
de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también
7
Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
8
Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente María
Elizabeth García González.
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lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso
judicial está sometido -como también las partes y los
intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo
que significa que las disposiciones legales contempladas para
las actuaciones administrativas no son necesariamente las
mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en
su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de
cada juicio (artículo 29 C.P.).”
Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse
con claridad entre aquellos actos de carácter
estrictamente judicial y los administrativos que pueda
tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son
aplicables las normas que rigen la actividad de la
administración pública, es decir, en la materia bajo
análisis, las establecidas en el Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984).”
Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez
dentro del proceso están gobernadas por la
normatividad correspondiente, por lo cual las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis
tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del
proceso.” Así, la solicitud de pruebas, acumulación de
procesos, de denuncia del pleito, etc., se deben tramitar
conforme a las reglas señaladas por los respectivos
ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las
solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados,
propias de la actividad jurisdiccional, no configura una
violación del derecho fundamental de petición, sino al
debido proceso y al acceso de la administración de
justicia, en la medida en que dicha conducta, al
desconocer los términos de ley sin motivo probado y
razonable, implica una dilación injustificada al interior
del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).
[…]
Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de
copias en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo
115 del C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán
auto que las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto,
la decisión de expedir las copias al estar regulada por
el ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a
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aquellas en las cuales su resolución se contrae a la
aplicación de las normas propias de los actos de la
administración.
Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la
copia pedida es de una sentencia o de otra providencia
ejecutoriada que ponga fin al proceso (…) o imponga
condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que
acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.”
Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de
petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los
funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición
de copias que formuló la accionante se debió tramitar de
conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite
específicamente regulado, para garantizar el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia de la demandante
[…].” (Negrillas fuera del texto original).
Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable
concluir que la solicitud de las copias que requiere la actora se
encuentra sometida al ordenamiento procesal, esto es, a lo
dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso9 -CGP,
antes artículo 115 del CPC.
9
“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente
se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas
siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo
requerirán constancia de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o
lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de
un recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles.
Si careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la
reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia
que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva
actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser
adicionadas de oficio o a solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).
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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo respecto del derecho fundamental de petición, por cuanto
lo solicitado corresponde a un trámite judicial, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la parte
accionada incurrió en una mora injustificada en la entrega de las
copias solicitadas o, si se configura una carencia actual de objeto
por hecho superado, según se desprende de la contestación de la
demanda.
Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por
esta Sala en sentencia de 17 de noviembre de 201710 -según el
cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la
acción de tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho
fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse
incurrido en una mora judicial-.
En efecto, la Sala advierte que de acuerdo con el informe allegado
a la acción de tutela de la referencia por parte del TRIBUNAL, la
10 Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm.
único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia
Hernández Valenzuela; Demandado: Sala Cuarta de Oralidad d
el Tribunal Administrativo del Huila.
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solicitud de 14 de febrero de 2022, ya fue resuelta, toda vez que
mediante correo electrónico11 de 10 de mayo de 2022, dicha
autoridad judicial remitió a la actora las copias solicitadas a la
dirección electrónica dianagilquinonez@gmail.com, en los
siguientes términos:
“[…] De manera atenta me permito remitir las copias auténticas
correspondientes al proceso de la referencia, dejando
constancia que se envían con firma digital […]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que el TRIBUNAL
atendió la solicitud de la actora, remitiéndole las piezas procesales
del expediente solicitadas, esto es, las copias de la publicación del
extracto de la sentencia de segunda instancia y el auto de 28 de
febrero de 2022, mediante el cual se conformó el grupo en el
referido proceso, razón por la que se advierte que las
circunstancias fácticas que generaron la presunta vulneración
desaparecieron.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
11
Índice 8 del expediente digital de la acción de tutela de la referencia.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202201832001100103
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alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que
le han sido encomendados»12. Y en la misma sentencia se precisó
que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a
través de las siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el
daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan
solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición
de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción
tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho
en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como
producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó
la vulneración a los derechos fundamentales del actor,
esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, se superó la
afectación y resulta inocua cualquier intervención que
pueda realizar el juez de tutela para lograr la
protección de unos derechos que, en la actualidad, no
se encuentran afectados ni amenazados (regulada en el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se
presenta en casos en que como producto del acaecimiento de
una situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar
de la parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor asumió la carga que no le
correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés
en el resultado de la litis, o por cualquier otro hecho que haga
inútil o innecesaria la intervención del juez de tutela […]”13.
12 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Ibídem.
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(Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la
protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Ello permite entender que si
durante su trámite cesan o desaparecen los motivos que
generan la amenaza o la vulneración, o su consumación
impide el ejercicio del derecho, el objeto o la pretensión
perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto necesario,
al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo
dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a través
de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el
evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La
jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual
de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento
de la interposición de la acción de tutela y el momento del
fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden
judicial en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de
tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna
[…]”14.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación
número: 54001-23-33-000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos
Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección
de Sanidad.
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superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto pues no
se incurrió en mora judicial injustificada, toda vez que la
pretensión relacionada con la entrega de las copias solicitadas por
la actora ya fue resuelta, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado frente
al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO respecto de la pretensión relacionada
con la solicitud de 14 de febrero de 2022, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de mayo
de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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