Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02299-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02299-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02299-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02299-00
Accionante: HÉCTOR JULIÁN OSORIO ARIAS
Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
ANTIOQUIA, CHOCÓ – DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
MEDELLÍN – COORDINACIÓN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN y OTRO
Tema: Reconocimiento y pago de vacaciones individuales
empleado de la Rama Judicial
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Julián
Osorio Arias contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, la
Coordinación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Héctor Julián Osorio Arias, actuando en nombre propio, invoca
la protección de los derechos fundamentales al trabajo digno, al
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descanso, a la recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad, con
fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1. El accionante se encuentra vinculado a la Rama Judicial como
escribiente en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, Antioquia,
en propiedad.
1.2. Por estar próximo a cumplir otro año de servicios desempeñando
los cargos de citador en provisionalidad en el Juzgado Civil del Circuito
de Marinilla, Antioquia y escribiente del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín - Antioquia, solicitó por escrito el reconocimiento
de sus vacaciones correspondientes al periodo 2021-2022, desde el 3
hasta el 27 de mayo de 2022.
1.3. Una vez contó con el visto bueno de la juez coordinadora de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín,
solicitó al área financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para la designación de un empleado en su
remplazo durante el periodo vacacional, solicitud que fue negada por
dicha dependencia.
1.4. Por lo anterior, la juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, mediante Resolución 107
del 8 de abril de 2022, le negó las vacaciones solicitadas,
argumentando que, por necesidades del servicio, estas no podían ser
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concedidas hasta tanto se dispusiera el presupuesto para la designación
de su reemplazo, en atención a las altas cargas de trabajo que se
manejan en el centro de servicios a causa de la pandemia por el COVID-
19, la implementación de la virtualidad y las restricciones de ingreso a
la sede de trabajo. Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición,
el cual fue negado a través de la Resolución n.º 111 del 11 de abril de
2022.
1.5. El accionante manifiesta que, pese a que su derecho al descanso
es fundamental y no debería estar supeditado a una traba
administrativa y menos presupuestal, el argumento expuesto por la
coordinadora para negar las vacaciones es válido, si se tiene en cuenta
que, de no designarse un empleado que cumpla sus funciones durante
dicho periodo, las labores que ejecuta el Centro de Servicios se verían
seriamente afectadas y, como consecuencia de ello, el correcto
funcionamiento de la justicia.
1.6. No obstante, señala que en su condición de empleado, no puede
verse afectado “por la falencia de partidas presupuestales de la Rama
Judicial, a más que mis vacaciones solicitadas son del periodo 2021-
2022 y no es de mi interés renunciar a las mismas, el derecho de acceso
a la Administración de Justicia se ve vulnerado en innumerables
situaciones como falta de insumos, falta de cargos, paros de la Rama y
demás, sin que sean de mi capacidad o responsabilidad de garantizar
como empleada (sic)”.
1.7. Además, que “el no poder disfrutar de mis vacaciones me impide
el disfrute del descanso con mi familia y es triste concluir que la labor
desarrollada basa sus cimientos en la recta impartición de Justicia, pero
la entidad a la que pertenecemos y que tiene como estandarte la
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protección de los derechos ciudadanos, vulnera de esta manera los
derechos de sus propios empleados, sacrificando por su falta de
gestión, la calidad de vida de quienes laboramos en la rama judicial y
pertenecemos al régimen de vacaciones individuales”.
2. Pretensiones
Por lo anterior, solicita:
«1. Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la
recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad.
2. Se ordene a las entidades y dependencias accionadas, que apropien las partidas
presupuestales que corresponden para el nombramiento de una persona para el
respectivo remplazo en mi condición de ESCRIBIENTE del CENTRO DE
SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN y de esta forma poder acceder y disfrutar de mis vacaciones de periodo
ya vencido y merecidas, para efectos de que el amparo de mis derechos no vaya en
detrimento de los derechos de mis compañeros, al tener que ser ellos quienes
soporten la carga adicional que pueda generar mi ausencia.
3. Disponer y ordenar que se emita la respectiva resolución que me conceda el
disfrute de las vacaciones negadas.
4. Se proceda a conminar a las autoridades respectivas para que en el futuro esta
situación no sea repetitiva conmigo u otro empleado y se haga la gestión del nivel
requerido para designar como empleado encargado a otra persona con la respectiva
y justa remuneración que se deriva de la ejecución del trabajo, para que los
empleados de la Rama Judicial podamos disfrutar de nuestras vacaciones sin
dilaciones y sin intervenir en la eficiencia de la Administración de Justicia».
3. Intervenciones
Mediante auto del 28 de abril de 2022 se admitió la acción de tutela y
se ordenó notificar a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, a la Dirección Ejecutiva de Administración
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Judicial, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín,
al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
como accionados.
3.1. El director seccional de Administración Judicial de Medellín
se opuso a la prosperidad de la presente acción de tutela,
argumentando que la disponibilidad para el disfrute de vacaciones del
accionante fue otorgada a través del C.D.P. n.º 023422 según lo exige
la ley, por lo que la falta de disponibilidad para efectos de un reemplazo
no constituye argumento válido para negar el disfrute, ni puede operar
como patente de corso para trasladar la responsabilidad frente a los
derechos de un servidor al ordenador del gasto, quien solo actúa como
ejecutor de un presupuesto previamente establecido y apropiado para
cada vigencia fiscal.
Señaló, entonces, que mientras no se expida una circular diferente a la
PSAC11-44 por parte del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad
de Planeación para la asignación de los recursos sólo va a autorizar los
reemplazos de los Jueces que pertenecen al régimen de vacaciones
individuales y a empleados que laboren en despachos con vacaciones
individuales cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados, por
lo que dicha entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda
vez que la negativa frente al descanso emanó directa y exclusiva del
nominador del accionante.
3.2. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia se abstuvo de pronunciarse frente a los hechos planteados
por el accionante, toda vez que los mismos están relacionados con la
negativa en la expedición de un certificado de disponibilidad
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presupuestal para el reemplazo de vacaciones para el disfrute de un
período vacacional del empleado Héctor Julián Osorio Arias solicitado
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y con la expedición de la Resolución n.º 107 del 8 de abril de
2022 por parte de la juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, mediante la
cual negó las vacaciones individuales, trámites dentro de los cuales esa
corporación no tuvo ninguna injerencia.
3.3. La presidencia del Consejo Superior de la Judicatura pidió
desvincular a dicha entidad de la presente acción de tutela, toda vez
que las pretensiones no se dirigen contra esta.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar:
• ¿Las autoridades accionadas violaron los derechos fundamentales
al trabajo digno, al descanso, a la recreación, a la salud, a la
familia y a la igualdad del accionante, al no expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la persona
que remplace al funcionario que solicite el disfrute de su periodo
de vacaciones?
2. Fundamentos de decisión
El artículo 86 de la Constitución Política dispone toda persona tendrá
derecho a ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
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todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública. No obstante, solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Por su parte, el numeral 1.° del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991
establece, que la acción de tutela no procederá, entre otras, cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante.
Conforme a las normas anteriores, la Corte Constitucional ha señalado
que la acción de tutela obedece al principio de subsidiariedad, cuya
condición no implica que pueda reemplazar los medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho, ni que pueda
revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia de la
inactividad injustificada del interesado, ni tampoco constituye un último
medio judicial para alegar la vulneración o afectación de un derecho.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante invoca la protección de los
derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la recreación,
a la salud, a la familia y a la igualdad, con ocasión de la negativa de la
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Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín en
la asignación presupuestal para el nombramiento de un empleado
judicial durante el periodo de vacaciones que ya causó por pertenecer
al régimen de vacaciones individuales.
Al respecto, es necesario recordar que el artículo 53 de la Constitución
Política establece la garantía al descanso necesario y mientras una
relación laboral se mantenga vigente, el nominador debe cumplir con
todas las obligaciones propias de la relación legal y reglamentaria, en
ese sentido impedir el derecho al descanso, con fundamento en
restricciones administrativas y en la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer el remplazo de quien disfruta
de sus vacaciones, no es una carga que deba soportar el empleado,
pues este derecho fundamental no puede ser transgredido en atención
a dicho requisito.
Conforme a lo anterior, y comoquiera que el accionante se encuentra
nombrado en la Coordinación de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, cuyas atribuciones deben ser
cumplidas de manera permanente, está sometido al régimen de
vacaciones individuales, por lo que el nominador, atendiendo las
necesidades del servicio, debe establecer la fecha del disfrute del
derecho al descanso de sus colaboradores, facultad legal que debe
ejercer sin requisito adicional alguno.
Por tanto, no es la acción de tutela el mecanismo para impulsar la
apropiación presupuestal para proveer reemplazos en razón de las
vacaciones de un empleado de la Coordinación de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, toda vez que
al juez constitucional no le está permitido inmiscuirse en las decisiones
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de las autoridades administrativas, en el caso concreto, las proferidas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Lo anterior, teniendo en cuenta que ordenar la expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las vacantes
provisionales por las vacaciones individuales de los empleados, tendría
como consecuencia una indebida intromisión en el ejercicio de
funciones que son propias de las autoridades en mención y de su
competencia, razón por la cual, no es plausible concederse el amparo
de los derechos alegados, pues no se encuentran vulnerados ni
amenazados, toda vez que su eficacia y efectividad no están sometidos
al trámite presupuestal en mención.
Es importante resaltar que los fundamentos expuestos fueron acogidos
por esta Subsección en los procesos de tutela con radicación N.º 11001-
03-15-000-2020-04282-00, 11001-03-15-000-2020-04490-01 y
11001-03-15-000-2021-00669-01, los cuales guardan similitud fáctica
y jurídica con el caso aquí estudiado, y que, por ende, son reiterados
en esta oportunidad, razón por la cual se negará el amparo
constitucional reclamado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor
Héctor Julián Osorio Arias, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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