Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02321-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02321-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedencia / Falta de legitimación en la causa
por activa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Sebastián
Caballero Ortega en contra del Presidente de la República y el Comandante
General de las Fuerzas Militares.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 25 de abril de 2022, el señor Sebastián Caballero Ortega2 interpuso
demanda de tutela contra el Presidente de la República y el Comandante General
de las Fuerzas Militares, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales a elegir, a participar en la contienda electoral en igualdad de
condiciones y a la democracia, presuntamente vulnerados con las
manifestaciones públicas emitidas el 22 de abril del presente año, por el General
Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, a través de la red social Twitter, contra
el candidato presidencial Gustavo Francisco Petro Urrego.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a lo siguiente:
<< 1. Solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, que se les ORDENE
a los señores EDUARDO ENRIQUE ZAPATEIRO- COMANDANTE DEL
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
En su condición de Gestor Logístico del Departamento del Valle del Cauca en la Campaña
Presidencial de Gustavo Petro.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
EJÉRCITO NACIONAL y a IVÁN DUQUE MÁRQUEZ- PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, que en lo sucesivo se ABSTENGAN de realizar afirmaciones como
las que dieron fundamento a esta acción de tutela, tendientes a desfavorecer o a
favorecer a cualquier candidato de la presente contienda electoral a la Presidencia
de la República: el primero hasta que su retiro de las FFMM se haga efectivo y el
segundo hasta que culmine su mandato el 7 de agosto de 2022.
2. Solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, que le se le
ORDENE al señor EDUARDO ENRIQUE ZAPATEIRO- COMANDANTE DEL
EJÉRCITO NACIONAL, que ELIMINE todos y cada uno de los 6 tuits
correspondientes al hilo de Twitter que fue mencionado en los hechos de
esta acción.
3. Solicito que se compulse copias a la Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes para que investigue la presunta comisión del delito
tipificado en el artículo 422 del Código Penal por parte del señor Presidente de la
República, Iván Duque Márquez.
4. Solicito que se le compulse copias al señor EDUARDO ENRIQUE ZAPATEIRO-
COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, a la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN para que investigue la presunta comisión del delito tipificado en el artículo
422 del Código Penal, “intervención en política”.>>3 (negrilla propia del texto)
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada,
la parte actora expuso, que:
3.1.- El 9 de abril de 2022, fue nombrado como Gestor Logístico en el
departamento del Valle del Cauca de la campaña presidencial de Gustavo Petro
para el periodo 2022-2026.
3.2.- Señaló que el 20 de abril de 2022, el mencionado candidato presidencial, a
través de su red social Twitter, manifestó lo siguiente “Mientras los soldados son
asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del
clan. La Cúpula se rompe cuando son los politiqueros los que terminan
ascendiendo a los generales”.
3.3.- Refiere que, en respuesta a dicho tweet, el 22 de abril de 2022, el General
Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por medio de su cuenta de Twitter,
realizó diversas manifestaciones en contra del candidato Gustavo Petro, las
cuales -asegura- fueron “coadyuvadas” por el Presidente de la República a través
de una intervención realizada el 23 de abril siguiente, en el marco de la edición
número 15 del Congreso de FIAP Asofondos, llevada a cabo en la ciudad de
Cartagena.
4.- Como fundamento de sus pretensiones, aduce que las autoridades
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a elegir, a participar en la
3
Expediente digital, folios 6 y 7 del escrito de demanda.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
contienda electoral en igualdad de condiciones y a la democracia pues, a su
juicio, se incurrió en una participación indebida en política.
Además, sostuvo que, según las recientes encuestas, el candidato Gustavo
Petro, es quien tiene la mayor posibilidad de ser elegido como Presidente de la
República, por lo que resulta inadmisible que, además de participar en política,
el General de las Fuerzas Militares arremeta contra quien muy probablemente
será su superior jerárquico. Al respecto, señaló lo siguiente:
<<La Fuerza Pública no es deliberante y debe subordinarse al poder civil que en
democracia sea elegido y afirmaciones como las que realizó el accionado lesionan
gravemente no solo mis derechos fundamentales como elector y como persona
activa dentro de la Campaña presidencial, sino también el principio democrático
en el que está fundado el Estado. Si las Fuerzas Militares intervienen en la
contienda electoral desfavoreciendo a un candidato (el que más probabilidades
tiene de acceder a la Presidencia) y se insubordinan ante este cuando se
posesione el 7 de agosto de 2022, estaremos ante un Golpe de Estado dictatorial:
amenaza que no puede tolerar de ninguna manera la Judicatura.>>
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto del 28 de abril de 2022, se requirió al actor para que indicara
las razones por las cuales el senador Gustavo Petro Urrego se encontraba
imposibilitado para promover su propia defensa o para que allegara el poder que
lo habilitara para actuar como su apoderado.
6.- En respuesta a dicho requerimiento, el accionante aclaró que la presente
acción de tutela fue presentada en nombre propio y no en representación del
mencionado candidato o del movimiento político al que pertenece, pues está
“convencido de que el General Zapateiro y el Presidente Iván Duque, no
solamente violentan los derechos fundamentales del candidato como
consecuencia de los hechos que fueron narrados en el libelo introductorio;
también violentan los derechos fundamentales de todos quienes, en nuestro
derecho de participar en política, ponemos nuestro empeño y nuestro esfuerzo a
la causa “Petro Presidente- Francia Vicepresidenta”.
7.- En consideración a lo anterior, por auto del 18 de mayo de 2022, se procedió
con la admisión de la demanda de tutela, ordenándose notificar a las autoridades
demandadas. Adicionalmente, se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
(i) Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas
Militares4
4
Expediente digital, intervención contenida en 7 folios.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.- El Departamento Jurídico Integral del Comando General de las Fuerzas
Militares señaló que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad
ante la existencia de otro mecanismo idóneo y eficaz para resolver lo pretendido
por el accionante, esto es, a través de una petición; no obstante, revisado su
Sistema de Gestión Documental -ORFEO-, informó que no se encontró ninguna
solicitud elevada por el señor Caballero Ortega en relación con los hechos
descritos en la demanda.
9.- A par de lo anterior, señaló que la intervención realizada por el General
Zapateiro Altamiranda, el 22 de abril de 2022, carece de contenido político, pues
solo representa una voz de rechazo y de respaldo a la moral de la Fuerza Pública,
como respuesta a una atenta contra la referida institución.
A su vez, informó que actualmente cursa una investigación en la Procuraduría
General de la Nación por los supuestos de hecho relatados en la solicitud de
amparo; por lo tanto, afirmó que dicha autoridad es la competente para
pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la presente acción
constitucional, pues el actor no se encuentra legitimado en la causa por activa,
toda vez que “no existe un nexo de causalidad entre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales del accionante y las actuaciones del Comandante
del Ejército Nacional”.
(ii) Presidente de la República5
10.- El Presidente de la República adujo que la solicitud de amparo se torna
improcedente al no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, pues le
corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes y no al juez constitucional, pronunciarse sobre la presunta
participación en política atribuida a dicha autoridad, máxime cuando el actor no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del
juez de tutela en asuntos que no son de su competencia. Además, aseveró que
los hechos descritos en el libelo introductorio son actos de carácter general,
impersonal y abstracto que no se encuentran dirigidos a una persona en
particular.
11.- De acuerdo con lo anterior, solicitó negar la acción de tutela, comoquiera
que: i) no incurrió en vulneración alguna del derecho fundamental invocado por
el actor; ii) la prohibición del Presidente de la República para participar en
asuntos políticos no es absoluta sino relativa y la calificación de dicha conducta
le corresponde a las autoridades disciplinarias competentes; iii) la libertad de
expresión es un derecho fundamental inherente a todas las personas, incluso a
5
Expediente digital, intervención contenida en 13 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
los servidores públicos; iv) los reproches planteados por el actor contienen un
juicio de valor; y, v) las pretensiones solicitadas desbordan las competencias del
juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
12 - El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos
específicamente previstos por la ley.
13.- En consonancia con el anterior mandato, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante (…).”
14- De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la solicite se encuentre
legitimado en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos
fundamentales. Es decir, este requisito exige que los derechos a resguardar
estén en cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona. Sobre el
particular, la Corte Constitucional ha precisado, que:
<< la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona
puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es
necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues
un tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de
las siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente
oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal6.En específico: (i)
representante puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de
los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica),
y por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial,
la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo (ii) Como agente oficioso
puede obrar un tercero “cuando el titular de los mismos [es decir, de los derechos]
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra deberá manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El
6
Artículo 10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí mismo o a través de representantes. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. […] También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo
y los personeros municipales.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden instaurar la tutela
conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté
indefenso7>>.
15.- De conformidad con lo expuesto, la legitimación en la causa se entiende
como “una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.”8 (se
destaca)
16.- En el caso objeto de estudio, el actor, en su condición de Gestor Logístico
de la campaña presidencial de Gustavo Petro, busca obtener la protección de
sus derechos fundamentales a elegir y participar en la contienda electoral en
igualdad de condiciones, los cuales estima vulnerados por el Presidente de la
República y el Comandante General de las Fuerzas Militares, por las
manifestaciones realizadas el 22 y 23 de abril de 2022, respectivamente, “en
contra” del Candidato Presidencial Gustavo Petro, en la red social Twitter.
17.- Al respecto, cabe recordar que la acción de tutela es un mecanismo que fue
concebido con el fin de salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales del
interesado, a saber, “todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”9.
18.- Sobre esta última connotación, la jurisprudencia constitucional ha precisado
que el carácter fundamental de un derecho está sujeto a la posibilidad de ser
considerado como un derecho subjetivo, esto es, que sea posible determinar: i)
el titular, es decir, quien se encuentra legitimado en la causa por activa, ii) el
destinatario de la orden y, iii) el contenido del derecho en sí mismo10.
19. En reciente oportunidad, frente a hipótesis similares como la que se viene
analizando, esta Corporación ha indicado que << la titularidad de un derecho
subjetivo no se juzga en abstracto, ni con la sola enunciación que realice el
presunto afectado, dado que esta debe surgir, por lo menos, de una directa
relación entre los hechos y las garantías personalísimas que reclama el
demandante. No es la condición de ciudadano en sí misma la que legitima a una
persona a reclamar la protección o evitar la amenaza de cualquier derecho
fundamental o político. Para ello es necesaria una fundamentación o principio de
7
Corte Constitucional, sentencia SU-377 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-1001 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-095 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
discusión razonable y concreto de por qué esos hechos afectan a quien acude a
la tutela>>11.
20.- Con los anteriores referentes, la Sala observa que las manifestaciones
reprochadas por el actor se circunscriben a expresiones públicas emitidas a
través de las redes sociales tanto por el candidato presidencial Gustavo Petro
Urrego como las autoridades accionadas, las que por su contenido no refieren a
derecho alguno o condición personal del ciudadano Caballero Ortega, de ahí que
no se encuentre legitimado para incoar la presente acción constitucional en la
medida en que no es titular de un derecho fundamental que las comprometa.
21.- Con la precisión antes indicada la Sala no pretende soslayar el derecho a la
participación política, sino resaltar la ausencia de prueba sobre el compromiso o
afectación que sobre tal derecho pretende derivar el actor de cara al cruce
epistolar de mensajes en las redes públicas por parte de las autoridades
accionadas y el candidato del Pacto Histórico, aspecto que de manera alguna
podrá estar acreditado con el simple contenido de tales mensajes o la
interpretación acerca del sentido de las manifestaciones allí referidas.
22.- La participación política es, a no dudarlo, un derecho fundamental, y en tal
sentido aparece reconocido tanto en la Constitución Política de Colombia como
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, los que al unísono disponen que todos los
ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, así
como de votar y ser elegido en elecciones materializadas en el sufragio universal
e igual y por voto secreto, incluida la prerrogativa de acceder en condiciones
generales y de igualdad a las funciones públicas del Estado.
23.- El derecho a la participación política tiene un amplio contenido. Bajo un
enunciado amplio, conlleva la facultad de realizar aquellas actividades señaladas
por las normas del Derecho Internacional Humanitario, así como las que se
derivan de la protección a cualquier otro derecho inherente a la persona humana.
En este sentido, tal derecho tiene como contenidos: (i) el derecho al voto o
sufragio en elecciones periódicas y libres, en condiciones de igualdad,
universalidad y secreto (Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Artículo 23 b; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 25 b);
(ii) el derecho a optar como candidato para los cargos públicos, asunto que
comprende no sólo la posibilidad de elegir mediante el voto, sino también la de
presentarse como candidato en igualdad de oportunidades; (iii) el derecho a
ejercer cargos públicos (Literal “c” del Artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; literal “c” del Artículo 25 del Pacto Internacional de
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, exp. 11001-03-15-000-2022-02314-00,
C.P. María Adriana Marín.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Derechos Civiles y Políticos); (iv) el derecho de asociación política (Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 22), Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Art. 16-); (v) el derecho de reunión y
manifestación ( Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Art. 15- y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Artículo 21-).
Al lado de este amplio espectro de facultades, se encuentra también el atinente
a (vi) la libertad de expresión y el correlativo derecho de rectificación o
respuesta, cuyos desarrollos están encaminados a proteger las diversas
modalidades de participación como serían, entre otros, los de libertad de difusión
de la opinión en los medios de comunicación social.
24.- En el contexto antes indicado, la Sala tampoco encuentra evidencia alguna
acerca de un compromiso constitucional o convencional por afectación de un
derecho o garantía del ciudadano Caballero Ortega. Tampoco se logra acreditar
que los hechos a los que atribuye una indebida participación en política de parte
del Presidente de la República y el Comandante de las FFMM, imposibiliten o
hagan nugatorio el ejercicio de las garantías constitucionales y convencionales
para el recto ejercicio del derecho al sufragio que le asiste o, menos aún, que
restrinjan su participación en la campaña presidencial del movimiento político al
que dice pertenecer.
25.- Se precisa, además, que el derecho fundamental a elegir en su doble
dimensión, esto es, el derecho a elegir y ser elegido no se ve comprometido de
cara a la discusión pública que se pueda plantear en el seno del debate
democrático y la contienda electoral, en la que la libertad de expresión adquiere
especial relevancia de cara a la dinámica propia del mismo, donde el apoyo o el
disenso sobre la acción de gobierno, o la opinión sobre el estado de avance o
retroceso en el desarrollo o las garantías democráticas, así como la discusión
sobre el contenido de los planes y programas, entre otros, constituyen el insumo
natural y cotidiano del diálogo nacional.
26. Se recuerda también, que, en términos generales, la libertad de expresión o
de opinión cobija un cúmulo de garantías fundamentales en las que encuentra
asiento la posibilidad de difundir o divulgar a través de cualquier medio de
comunicación, ideas, opiniones y pensamientos propios, en el entendido de que
la opinión a diferencia de la información es un juicio valorativo acerca de algo o
alguien.
De aquí que, la jurisprudencia haya concluido que frente a las opiniones “no cabe,
en principio, interferencia, modulación o censura por parte de terceros, aun
cuando lo que se exprese resulte equivocado, chocante, molesto, provocador o,
simplemente, genere el disgusto o la desaprobación del receptor del mensaje”12.
12
Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-031 de 2020.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
En otras palabras, esta garantía protege la difusión y expresión, sin limitación de
medio o forma, de “todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones
personales”13.
27. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que el derecho
a la opinión “pertenece al ámbito de la conciencia de quien opina”14, pues
comprende la interpretación que construye el titular del derecho que se soporta
en las apreciaciones -morales, sociales, religiosas o políticas- del individuo,
aspectos que revelan que la opinión como creación personal, está naturalmente
ligada, entre otros, a la libertad de conciencia (art. 18 C.P.), al libre desarrollo de
la personalidad (art. 16 C.P.) y, consecuencialmente, a la dignidad humana (art.
1 C.P.)15.
28.- Sin perjuicio de lo anterior, no se puede dejar de olvidar el vínculo existente
entre la opinión pública y la opinión política, dado que la opinión pública tiene
correspondencia en mayor o menor grado con la opinión política. De aquí que la
opinión pública como concepto político y como realidad normativa, se asientan
entre otros en la libertad de expresión en sentido amplio, en tanto se necesita
que exista un régimen general de libre expresión de ideas y opiniones.
29.- En armonía con los estándares internacionales, la jurisprudencia
constitucional ha identificado tres tipos de discursos especialmente protegidos:
(i) el discurso sobre asuntos políticos o de interés público; (ii) el discurso sobre
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar
cargos públicos, y (iii) el discurso que expresa elementos esenciales de la
identidad o dignidad personales.
La anterior clasificación incide directamente sobre la regulación estatal admisible
y el estándar de control constitucional al que han de sujetarse las limitaciones de
tales discursos, pues “su especial connotación exige necesariamente un estricto
ejercicio de ponderación en caso de entrar en tensión con otros derechos
fundamentales …”16.
30. Lo anterior no significa que la libertad de expresión sea plena, sin límites. Los
tratados internacionales de derechos humanos17 proscriben las opiniones que
13
Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-256 de 2013.
14
Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-218 de 2009.
15
Ver las sentencias de la Corte Constitucional SU-056 de 1995 y T-104 de 1996.
16
Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-031 de 2020.
17
PIDCP, CADH, Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial (Ley 22 de 1981), Convención sobre los derechos del niño (Ley 12 de 1991),
el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Ley 765 de 2002), Convenio No.
182 de la OIT, Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (Ley 28 de
1959).
9
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Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
contengan apologías al odio, la incitación a la guerra, la incitación directa y
pública a cometer genocidio, entre otras
También existen limitaciones de creación jurisprudencial, como, por ejemplo, las
columnas de opinión que contengan hechos concretos, pues sobre estas sí recae
el deber de veracidad18. En estos eventos, de no ser ciertos los hechos, nace el
deber de rectificación “sobre las afirmaciones relativas a tales hechos que
adolecieron de certeza y no sobre las opiniones correspondientes”19.
31.- Al lado de lo anterior, en el contexto de nuestro sistema constitucional, se
imponen restricciones a los funcionarios públicos, especialmente a aquellos que
ocupan altos cargos del Estado, quienes están sometidos a las prohibiciones
generales que tienen en las contiendas electorales, tales como: (i) abstenerse de
tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas y en las controversias
políticas, (ii) utilizar su empleo para apoyar una campaña política o presionar a
particulares o subalternos para influir en procesos electorales, (iii) intervenir en
política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un
candidato o agrupación política o, entre otros, (iv) utilizar bienes y servicios del
Estado para favorecer campañas electorales.
32.- Las prohibiciones aludidas están plenamente justificadas al estar fundadas
en el necesario equilibrio que debe existir frente a los derechos o valores
constitucionales a elegir, ser elegido y de participar en la conformación de los
órganos de poder y gobierno, aspectos que de todas maneras no están en el
centro del debate de la protección que depreca el ciudadano Caballero Ortega,
en la medida que, como se ha señalado, no media la afectación o el compromiso
de afectación de un derecho fundamental en cabeza suya.
33.- De manera entonces que no es posible plantear como lo sugiere el actor,
una antinomia entre la libertad de expresión y de opinión de los servidores
públicos cuestionados y los referidos derechos políticos del candidato Petro
Urrego o del ciudadano Caballero Ortega, en tanto ni uno ni otro son derechos
absolutos que puedan imponerse de manera irrestricta, pues si bien, se repite,
sobre ellos pesan limitaciones, su alcance variará dependiendo del tipo de
discurso, el ámbito en el cual se haga uso de él y los medios utilizados.
34. En el caso que ha sido sometido a consideración de esta Sala, no se
evidencia siquiera un conflicto que comprometa la garantía en el ejercicio de un
derecho fundamental, y dejando a salvo las competencias de los órganos
encargados de verificar las presuntas trasgresiones a las prohibiciones legales
y constitucionales que refiere el actor, lo que se aprecia es la manifestación del
derecho de opinión en el que lo público del debate no puede ser interpretado
18
Sentencia SU-1721 de 2000.
19
Sentencia T-219 de 2009.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02321-00
Demandante: Sebastián Caballero Ortega
Demandado: Presidente de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
como un debate político por el solo prurito de haberse emitido en un periodo de
tiempo en el que se activan las mayores garantías para el ejercicio de los
principales derechos y prerrogativas electorales.
35. Todas las formas de expresión están protegidas por la Constitución y el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y si bien existen ciertos tipos de
discurso que son objeto de especial de protección o de restricción debido a su
importancia coyuntural para el ejercicio de los demás derechos humanos o para
el funcionamiento, preservación o consolidación de la democracia, tanto el
discurso político como el que recae sobre los asuntos de interés público, gozan
de especial protección, en tanto ambos hacen parte del juego democrático.
36. Por consiguiente, la Sala declarará improcedente el amparo impetrado por el
señor Sebastián Caballero Ortega.
37.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente la solicitud de amparo impetrado por el
señor Sebastián Caballero Ortega.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Ausente con permiso
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
20
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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