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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02335-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02335-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la acción de tutela promovida por el señor Francisco Zapata Silva, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02335-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de mayo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02335-00
Demandante: Francisco Zapata Silva

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Radicación 11001-03-15-000-2022-02335-00
Demandante FRANCISCO ZAPATA SILVA
Demandado CORTE CONSTITUCIONAL
Temas Derecho de petición. Tipologías. Petición de consulta.
Competencia consultiva. Respuesta de fondo. Plazo de
respuesta. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Francisco Zapata Silva de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de abril de 20221, Francisco Zapata Silva interpuso acción de tutela contra la
Corte Constitucional, por estimar vulnerado su derecho fundamental de petición. En
consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Que se le ordene a la CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA resolver de manera
completa y de fondo la petición de fecha 18 de enero de 2022, indicando la línea jurisprudencial
desarrollada sobre la afiliación de los padres de crianza al sistema de seguridad social
integral.” 2

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 18 de enero de 2022, Francisco Zapata Silva radicó derecho de petición que
denominó de consulta ante la Corte Constitucional. El objeto de la solicitud era
que se le indicara la línea jurisprudencial desarrollada por este alto tribunal
sobre la afiliación de los padres de crianza al sistema de seguridad social
integral.

2.2. Dijo que, al momento de haber radicado la acción de tutela, ya había vencido
el término legal con el que contaba la autoridad judicial para resolver la petición
de consulta, sin que hubiera obtenido respuesta.

1 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y fue identificada
con la radicación 797956.
2 Páginas 61 y 62 de la acción de tutela. Expediente digitalizado, Consultado a través del sistema de gestión
judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02335-00
Demandante: Francisco Zapata Silva

3. Fundamentos de la acción

Francisco Zapata Silva estima que la Corte Constitucional vulneró su derecho
fundamental de petición, porque al momento en que radicó esta acción de tutela no
había dado respuesta a la consulta que presentó el 18 de enero de 2022.

Destacó que esta omisión se traduce en un claro desconocimiento de los plazos
que se establecieron en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, en concordancia con
el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, para resolver peticiones.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El despacho ponente admitió la acción de tutela en contra de la Corte
Constitucional, en auto del 28 de abril de 2022 y ordenó notificar a las partes.

4.2. La Corte Constitucional, por conducto de la presidenta, solicitó que se
declare el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, dado
que el 2 de mayo de 2022, la entidad notificó al accionante, vía correo
electrónico, la respuesta de fondo y clara frente a su petición.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, así como
con el informe presentado por la Corte Constitucional, corresponde a la Sala
determinar si en el caso concreto operó la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado, dada la respuesta a la petición que emitió la accionada el 2 de
mayo de 2022.

3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02335-00
Demandante: Francisco Zapata Silva

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional4, que ha dispuesto
que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario5.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”6.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido7.

4. Análisis del caso concreto

4.1. Se tiene que Francisco Zapata Silva presentó derecho de petición ante la Corte
Constitucional, el 18 de enero de 2022, en el que solicitó que se le indicara la
línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional frente a: la
afiliación de los padres de crianza al sistema de seguridad social integral.

4.2. El 25 de abril de 2022, el señor Zapata Silva radicó acción de tutela en la que
solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición, dada la omisión de
respuesta de la Corte Constitucional.

4.3. El 2 de mayo de 2022, la entidad accionada respondió la petición del hoy
accionante8.

El contenido de la respuesta es el siguiente:

4 Dentro de las providencias recientes se remite a lo dispuesto en la sentencia T-167 de 2013 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla), en la que se hace una presentación integral de este derecho y de una de sus especies, el
derecho de acceso a los documentos públicos (consagrado en el Art. 74 CP). Dentro de las providencias
iniciales, sin duda, debe tenerse presente lo dispuesto en la sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), en la que se hace un estudio preciso acerca de la determinación del núcleo esencial de
los derechos fundamentales y, en especial, del núcleo del derecho de petición.
5 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
7 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
8 En el informe a la acción de tutela, la presidenta de la Corporación expuso los datos y documentos
correspondientes a la respuesta al derecho de petición que fue dirigida al buzón de correo electrónico del
señor Zapata Silva. Demás se verificó que la respuesta al derecho de petición y sus anexos están cargados
en la plataforma de seguimiento a las PQR de la página web de la Corte Constitucional:
https://sigobius.corteconstitucional.gov.co/cache/Correspondencia/86155/bd052db9-18eb-4c61-ba03-
f21383b256a1-f.pdf . (Expediente digitalizado)
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02335-00
Demandante: Francisco Zapata Silva

“En respuesta a la presente, realizada la búsqueda en la información sistematizada de
la jurisprudencia proferida por la Corporación, se encontraron las siguientes
providencias que estudian o relacionan de manera general o puntual el tema de consulta
" Afiliación de los padres de crianza al sistema de seguridad social en salud", las cuales,
incluyen número, fecha y magistrado ponente, pudiendo hallar en el interior de las
mismas, la especificidad requerida, confirmando su disponibilidad en la página de
internet www.corteconstitucional.gov.co/relatoría, ubicándose en "Buscar por" a través
de "Número de la sentencia" o "Radicación" “Sentencias", asignando el año respectivo:
C-289-19, C-188-19, C-085-19, T-354-16.
Frente al desarrollo de una línea jurisprudencial, le manifestamos que, al ser la misma
un análisis dinámico de precedentes que lleva a ideas abstractas sobre los cambios y
continuidades en las sentencias, no es esta dependencia sino los despachos judiciales,
así como cada uno de los operadores jurídicos, quienes están llamados a realizar sus
correspondientes líneas sobre la jurisprudencia. Lo que hace la Relatoría, es suministrar
el insumo necesario a través de nuestra página web, para elaborar la interpretación que
se requiera sobre los temas puestos a consideración.
De esta manera, y con el ánimo de colaboración en los diferentes procesos de
investigación que emprende la comunidad en general, es que en la Relatoría nos
ocupamos de poner a disposición la información de todas y cada una de las
providencias que la Corporación profiere, información que se recopila para que sean los
mismos interesados, quienes en forma directa accedan a ella, atendiendo a los fines
que les asistan, pudiendo recopilar, procesar y tabularla llegando a sus propias
conclusiones acorde con los objetivos de sus labores. Nuestro sistema de información
es abierto, pudiéndose acceder fácilmente de manera puntual o genérica sobre el tema
a desarrollar. Para facilitar el acceso, se encuentra el link "¿Cómo Buscar?" en cada
una de las opciones, donde se indica las distintas posibilidades para realizar la
búsqueda.” (Destaca la Sala)

4.4. Establecido lo anterior, debe esta Sala determinar, en primer lugar, si se
concretó una vulneración al derecho de fundamental de petición del señor
Zapara Silva en razón al desconocimiento del plazo de respuesta. Para ello es
necesario, establecer la tipología de la petición, es decir, si se trata de una
petición de consulta, de información, de documentos o general.

Vistas las características de la petición sub examine y el escrito de la acción
de tutela9, se tiene que la pretensión del señor Zapata Silva fue la de instaurar
una petición de consulta con miras a que se le indicara la línea jurisprudencial
de la Corte Constitucional frente a un punto específico de derecho. Las
peticiones que tienen por fin obtener un concepto sobre la interpretación de
ordenamiento jurídico son derechos de petición de consulta.

No obstante anterior, cierto es que en la Corte Constitucional, conforme lo
consagrado en el artículo 241 de la Constitucional, no reposa una función
consultiva o administrativa relativa a emitir conceptos sobre un tema jurídico o
técnico, por lo que esta autoridad, en principio, no es sujeto pasivo del derecho
de petición de consulta. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en
varios Autos e incluso en su página web en la opción de atención al
ciudadano10. Se destacan algunos apartes del Auto 067 de 2014:

9 En el numeral primero y séptimo del escrito de tutela, el accionante consignó:
“PRIMERO. El 18 de enero de 2022 radiqué derecho de petición de consulta con Número ECC-2022-0134
ante la accionada solicitando que se me indicara la línea jurisprudencial desarrollada por este alto tribunal
sobre la afiliación de los padres de crianza al sistema de seguridad social integral (…)
SÉPTIMO. En definitiva, al día de hoy -fecha de radicación de esta acción constitucional- se venció el término
legal instituido por el art. 14 num. 2º de la Ley 1755 de 2015, ampliado por el art. 5 inc. 3 núm. 1 del Decreto
491 de 2020 (…)”
10 En el módulo de preguntas frecuentes, numeral 40, se lee:
“40. ¿Puede la Corte Constitucional precisar el contenido y alcance de leyes, decretos o de su
jurisprudencia?
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02335-00
Demandante: Francisco Zapata Silva

“1. Como se reseñó en el acápite de antecedentes, el escrito del señor Personero
Municipal de Medellín tiene como finalidad que esta Corporación expida
un “concepto jurídico” sobre una serie de interrogantes relacionados con el
funcionamiento y vigilancia de la EPS Savia Salud.
2. Cabe precisar que esa solicitud corresponde, en estricto sentido, a una petición de
consulta respecto de la cual no asiste competencia a la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 para resolver. Dicha función no fue
atribuida a la Corte en el artículo 241 de la Carta Política y si bien es cierto el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 establecía una labor similar en cabeza de los
jueces de la República, también lo es que dicho precepto fue declarado inexequible
mediante la Sentencia C-113 de 1993.
3. A partir de la providencia citada, esta Corporación se ha pronunciado en diversas
ocasiones[3] sobre la improcedencia de este tipo de consultas. Particularmente, en
el Auto 127 de 2013 rechazó la solicitud presentada por una ciudadana sobre un
aparte del numeral séptimo de la parte resolutiva de la Sentencia T-760-A de 2011,
por considerar que:
“Con fundamento en el artículo 241 de la Constitución Política, se debe proceder a rechazar por
improcedente tal solicitud, puesto que a la Corte Constitucional no le corresponde emitir
conceptos jurídicos, menos aún sobre sentencias proferidas por la Corporación o apartes de la
misma, en tanto se refiere a asuntos sobre los cuales ya carece de competencia”. (Resaltado
fuera de texto)

4. En consecuencia, la solicitud de consulta presentada por el señor Personero de
Medellín será rechazada (…)”11 (Destaca la Sala)

Así las cosas y visto el contenido de la respuesta al derecho de petición
allegada por la Corporación demandada, se tiene que se dio a la solicitud la
calidad de derecho de petición general, por lo que, conforme lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional
disponía de 15 días hábiles para dar respuesta a la petición, plazo que se
amplía a 30 días en aplicación del artículo 5 de Decreto 491 de 202012.

Luego, considerando que la petición se formuló el 18 de enero de 2022 y la
respuesta se emitió y puso en conocimiento del interesado hasta el 2 de mayo
del año en curso, es claro que la autoridad judicial accionada desconoció el
derecho fundamental del señor hoy accionante en lo relativo al plazo de
respuesta, pero la vulneración cesó pues, aunque de manera tardía, la
autoridad cumplió con el deber de resolver la petición.

4.5. Recuérdese que el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado
se configura en los casos en que, en el lapso transcurrido entre la radicación
de la acción de tutela y la expedición de la sentencia, la entidad demandada
adelantó las acciones tendientes a cesar la vulneración de los derechos

No. La Corte Constitucional ejerce sus funciones dentro de un estricto marco de competencias asignadas
por la Carta Política en su artículo 241, entre las cuales no se encuentra la de servir como órgano de consulta
para dar respuesta a inquietudes o cuestionamientos de orden jurídico, ya que sus atribuciones son
jurisdiccionales y no consultivas.
Tal restricción opera, inclusive, cuando los interrogantes de carácter interpretativo son atribuidos a una
decisión proferida por la Corte Constitucional en virtud de su ejercicio jurisdiccional. Una vez expedida la
respectiva sentencia y ejecutoriada la misma, corresponde a los operadores determinar su entendimiento y
alcance.
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/preguntasfrecuentes.php
11 En el similar sentido las siguientes providencias: A583 de 2022 con ponencia dela magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado; A138 de 2016 con ponencia dela magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado; A012 de 1996 con
ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell.
12 Artículo 5.Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren
en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos
señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción (…).
5

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Demandante: Francisco Zapata Silva

fundamentales, lo que por sustracción de materia hace inocuo cualquier
pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los
derechos.

Para establecer si opera esta figura en los casos en los que se discute la
vulneración del derecho fundamental de petición, no basta con corroborar que
el peticionario haya obtenido una respuesta y que la conozca, requisito ya
acreditado en el caso concreto, sino que debe verificarse que ésta sea clara,
de fondo y conforme a lo solicitado.

El caso individual tiene la particularidad de que, en la respuesta al derecho de
petición, la autoridad no accedió en integridad a lo pedido por el señor Zapata
Silva. Aunque la entidad informó al peticionario las providencias emitidas por
esa Corporación relacionadas con el tema de consulta, negó la petición
consistente en desarrollar una línea jurisprudencial sobre el tema objeto de
consulta.

Como justificación de la negativa expuso que la elaboración de líneas
jurisprudenciales requiere un análisis dinámico de las sentencias y la
expresión de ideas y posturas frente a los cambios en los precedentes, por lo
que corresponde a los despachos judiciales y operadores jurídicos adelantar
estos análisis, ya con los insumos que suministra la relatoría de la Corporación.

Como ya se indicó, la Corte no tiene una función consultiva por lo que no lo
corresponde emitir conceptos en respuesta al derecho de petición, pero si le
asiste el deber de brindar la información pública en su poder que sea requerida
por los interesados en el ejercicio legítimo de sus derechos conforme lo
indicado en el artículo 74 de la Constitución Política13. Las sentencias, por
supuesto, tienen la calidad de información pública, pero se debe diferenciar
entre el derecho de acceso a la información y el tratamiento de esa
información.

Descendiendo al caso concreto, esta Sala evidencia que la Relatoría de la
Corte Constitucional en cumplimiento de su deber de atender a los usuarios
que solicitan información sobre la jurisprudencia de esa Corporación14 y en
garantía del derecho al acceso a la información del que es titular el señor
Zapata Silva, realizó la búsqueda en sus bases de datos de las providencias
relacionadas con el tema de su interés y anexó el texto de estas sentencias en
la respuesta al derecho de petición para que fueran consultadas por el
solicitante.

Además, le indicó cual era el canal para que pudiera adelantar las búsquedas
de su interés de manera autónoma en la página web de la Corporación, con la
indicación de cómo encontrar el manual para el uso de la plataforma de
relatoría, información que estima esta Sala garantiza su derecho fundamental
de petición y de acceso a la información.

Ya, la pretensión de que los funcionarios de la Relatoría elaboren una línea
jurisprudencial sobre el asunto de su interés implica el tratamiento de la

13 “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la
ley.
El secreto profesional es inviolable.”
14 Artículo 21. e) numeral 5 del Acuerdo 2 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el reglamento de
la Corte Constitucional.”
6

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información de manera compleja que incluso exige que se asuman opiniones
o posturas sobre ciertos puntos de derecho que desborda las competencias
de la Relatoría frente a los ciudadanos y el alcance mismo del derecho de
petición, tal como debidamente se indicó en la respuesta a su solicitud.

De acuerdo con lo anterior, es claro que corresponde a la Relatoría de la Corte
Constitucional disponer de un canal de información para atender los
requerimientos del público en general; pero este deber se desarrolla dentro de
los límites de sus funciones, sin que haya lugar a sobredimensionar el servicio
a la comunidad hasta el punto de exigir que emita la información con la que
cuenta, en las condiciones y especificaciones que solicite la ciudadanía, como
en este caso, con la elaboración de una línea jurisprudencial.

Este requerimiento desborda la capacidad de los funcionarios de la Relatoría,
pues su satisfacción implica que se disponga personal para analizar los
resultados que arrojan los buscadores y disponerla de acuerdo con las
necesidades del peticionario. Tal entendimiento de las obligaciones del sujeto
pasivo del derecho de petición tiene un efecto nocivo en el uso de los recursos
del Estado al disponerlo para intereses particulares. En otras palabras,
trasladar las cargas o inquietudes académicas o profesional de los usuarios
de la justicia hacia las autoridades implica sobredimensionar la finalidad del
derecho fundamental de petición15.

En consecuencia, la Sala estima la contestación emitida por la Corte
Constitucional satisface el derecho de acceso a la información y el derecho de
petición en sus facetas de respuesta clara y de fondo, del señor Zapata Silva.

4.6. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la protección al derecho de petición
no se logra con una orden a la autoridad en el sentido de acceder a las
solicitudes del peticionario, pues es de competencia del sujeto pasivo del
derecho de petición establecer si puede entregar la información solicitada y,
de no ser así, exponer las razones de su negativa.

Es decir, no corresponde al juez de tutela establecer el sentido de la respuesta,
ello implicaría una indebida intromisión en las funciones de otros órganos del
Estado, pues bien es posible otorgar una respuesta clara, de fondo y
congruente con lo solicitado, aunque sea contraria a lo querido por el
ciudadano16, tal como ocurrió en el caso concreto

4.7. Así las cosas, se tiene que frente al núcleo esencial de derecho de petición se
materializó la carencia actual de objeto de por hecho superado, dado que en
el trámite de la acción de tutela la Corte Constitucional profirió y notificó
respuesta de fondo frente a la petición radicada por el señor Francisco Zapata
Silva el 18 de enero de 2022. Esta Sala precisa que la declaración de la figura
de la carencia actual de objeto obedece a que se incumplió el plazo de
respuesta de la petición y no en cuanto a la integridad de la respuesta, pues,

15 En similar sentido se pronunció esta Sección en la sentencia de tutela del 19 de noviembre de 2020 dentro
del proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04387-00 con ponencia del magistrado Julio Roberto Piza
Rodríguez (e).
16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-146 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En relación
con la respuesta negativa a los pedimentos del sujeto activo del derecho de petición, indicó: “Sin embargo,
se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que
recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual
no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario,
aunque la respuesta sea negativa. (…)”
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Demandante: Francisco Zapata Silva

como ya se indicó, se considera que la respuesta cumple con los requisitos
que ha desarrollado la jurisprudencia en tanto clara y de fondo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la acción
de tutela promovida por el señor Francisco Zapata Silva, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (AUSENTE CON PERMISO)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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