Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02338-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02338-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02338-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: CADSA SAS Y OTROS.
TESIS: DENIEGA AMPARO. EL TRIBUNAL NO INCURRIÓ EN LOS
DEFECTOS FÁCTICO Y MATERIAL O SUSTANTIVO ALEGADOS POR
LOS ACTORES. RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE PAGOS
CORRESPONDIENTES AL LUCRO CESANTE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Las sociedades CADSA SAS y CONSTRUCTORES CIVILES S.A.
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En adelante el Tribunal.
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Actores: CADSA SAS Y OTROS.
LTDA- CIVILCO- en liquidación, actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitan la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el
TRIBUNAL al proferir las providencias de 15 de octubre de 2020 y
17 junio de 2021, respectivamente, dentro de la acción ejecutiva
identificada con el número único de radicación 11001-33-36-031-
2019-00228-01.
I.2. Hechos
Manifestaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales contra el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO- IDU-2, con el fin de obtener el
reconocimiento de los perjuicios ocasionados en la no adjudicación
en la licitación pública IDU-LP-GPTN-149-2000, para la construcción
del puente peatonal de acceso y obras complementarias para el
proyecto Transmilenio de la estación Portal Norte.
Aseguraron que en primera instancia la actuación fue conocida por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 14 de octubre de 2004,
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En adelante IDU
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accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, anuló el acto
de adjudicación y, en consecuencia, condenó al IDU a pagar los
perjuicios materiales por lucro cesante en la suma de $ 289.069.526.
Sostuvieron que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN
TERCERA- SUBSECCIÓN B- DEL CONSEJO DE ESTADO que,
mediante sentencia de 26 de junio de 2015, modificó la sentencia de
primera instancia y, en consecuencia, le ordenó al IDU pagar a su
favor la suma de $279.378.033.
Señalaron que el IDU efectuó el pago de la obligación a través de
depósito judicial por la suma de $223.502.426 luego de aplicar el
20% de la retención en la fuente sobre el valor total de la condena
impuesta en la sentencia y, no tuvo en cuenta los intereses causados.
Afirmaron que a través de apoderado judicial presentaron sendos
derechos de petición, con el propósito de obtener la certificación del
concepto y cuantía del valor retenido y la fecha probable de pago de
la suma restante.
Indicaron que el IDU atendió las solicitudes, manifestando la
inexistencia de excedentes a su favor,
por cuanto sobre la suma de la condena se aplicó el 20% de la
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retención en la fuente por lucro cesante.
Revelaron que promovieron demanda ejecutiva en contra del IDU,
con el objetivo de obtener mandamiento de pago por la suma de
$111.161.364, acción que le correspondió por reparto al JUZGADO
31 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ3
que, mediante auto de 5 de septiembre de 2019, profirió
mandamiento de pago por la suma de $ 279.378.030.
Arguyeron que, posteriormente, con ocasión al recurso de reposición
presentado por el IDU, el JUZGADO a través de providencia de 24
de octubre de 2019, revocó el mandamiento de pago al verificar el
pago total de la obligación.
Señalaron que contra dicha decisión presentaron el recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 15 de octubre de 2020, confirmó la decisión del a quo.
Informaron que contra la decisión de segunda instancia presentaron
solicitud de adición y aclaración, la cual fue resuelta de manera
desfavorable por el TRIBUNAL el 22 de julio de 2021.
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En adelante el Juzgado.
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I.3 Fundamentos de la solicitud
Señalaron que las providencias emitidas por el TRIBUNAL
incurrieron en defecto material o sustantivo, al imprimir una
interpretación contraria de la normatividad contenida en el artículo
401-2 del Estatuto Tributario, respecto a la retención en la fuente en
indemnizaciones.
Afirmaron que el TRIBUNAL incurrió en error al aplicar de manera
irregular tal normatividad, en tanto los pagos recibidos como
resultado de las demandas contra el estado estarían exentos de la
retención en la fuente.
Asimismo, aseguraron que las providencias cuestionadas adolecen
de defecto fáctico, pues el juez de instancia no efectuó la valoración
de las pruebas y los hechos probados y sin razón aparente no los
tuvo en cuenta para efectos de corregir el mandamiento de pago,
situación que incidió en la adopción de la decisión que desconoció sus
derechos fundamentales.
I.4. Pretensiones
Los actores solicitan que se amparen sus derechos fundamentales
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invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de las
sociedades CADSA Y CIVILCO.
SEGUNDA: REVOCAR la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca proferida el 15 de noviembre de 2020.
TERCERA: CORREGIR el mandamiento de pago, y ORDENAR al IDU
el pago de:
• por concepto de capital por un valor de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SIETE PESOS ($55.875.607).
• Por concepto de intereses moratorios a 31 de diciembre de
2021: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (89.373.600) sin perjuicio
de los que se sigan causando hasta el pago efectivo de la
suma debida.
SUBSIDIARIA DE LA PETICIÓN TERCERA: CORREGIR el
mandamiento de pago, y ORDENAR al IDU el pago por concepto de
intereses debidos: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.604.744)
QUINTA: ORDENAR que la suma efectivamente condenada al IDU
por conceptos de intereses sea indexada para el momento del
pago.
SEXTA: ADOPTAR cualquier otra decisión que garantice los
derechos fundamentales de las sociedades CADSA Y CIVILCO. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente el amparo
solicitado, comoquiera que no se cumple con el requisito de la
inmediatez, al considerar que transcurrió 10 meses y 5 días desde
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que se profirió la decisión que confirmó el auto que revocó el
mandamiento de pago.
Finalmente, sostuvo que las decisiones cuestionadas se
fundamentaron de acuerdo con las pruebas aportadas al plenario y
aplicando en forma correcta los criterios del Estatuto Tributario, por
lo que consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO se limitó allegar el expediente digital contentivo
de la acción ejecutiva objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento
alguno sobre el fondo del asunto.
I.6.2.- El IDU solicitó denegar el amparo constitucional, al
considerar que la solicitud de tutela reitera los argumentos jurídicos
debatidos en sede ordinaria, los cuales fueron objeto de
pronunciamiento por parte del Consejo de Estado y el Tribunal.
Manifestó que las sociedades actoras no presentan nuevos
argumentos y pruebas con los que se logre inferir la vulneración de
los derechos fundamentales deprecados.
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Asimismo, consideró que la acción de tutela no cumple con el
principio de inmediatez y, concluyó que la tutela no puede convertirse
en una nueva instancia procesal.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
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planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que las sociedades actoras
pretenden que se dejen sin efecto las providencias de 15 de
octubre de 2020 y 17 de junio de 2021 proferidas por el
TRIBUNAL, por medio de las cuales confirmó el auto que revocó el
mandamiento de pago dentro de la acción ejecutiva identificada con
el número único de radicación 11001-33-36-031-2019-00228-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio de
la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos factico y material o sustantivo.
Los disensos de los actores radican en que, a su juicio, la decisión
del TRIBUNAL aplicó de manera irregular el artículo 401-2 del
Estatuto Tributario, en tanto los pagos recibidos como resultado de
las demandas contra el estado estarían exentos de la retención en la
fuente.
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Asimismo, aseguraron que en las providencias cuestionadas no se
valoraron las pruebas y los hechos probados, y consideran que sin
razón aparente no fueron observados a fin de corregir el
mandamiento de pago.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en los defectos endilgados.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean, con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra las
decisiones cuestionadas no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable4, por cuanto, la providencia que resolvió la solicitud de
aclaración y adición fue notificada por estado el día 6 de julio de
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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20215 y, la demanda de tutela fue radicada ante los jueces del
circuito de Bogotá el día 29 de diciembre de 2021, tal y como consta
en el acta de reparto obrante en el índice 2 del expediente digital 6,
por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se
estiman lesionados.
Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
alegados, así como a las generalidades relacionadas con la retención
en la fuente en el pago de indemnizaciones, para posteriormente
analizar los reproches de los actores de forma conjunta.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20137, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto
de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
5
Expediente digital obrante en el aplicativo Samai, folio 404,
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=35551C7E
E1CF6C48%209DAF06765A283E4E%20CACCC95839127CDC%20A6AA7512ABABA9A6%2011001031
5000202202338001100103
6
Acta de reparto jueces del circuito de Bogotá
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=D82B9232
571BC2C9%2044FDBAFD993B1BDB%20999E2646B6855C3E%2021FFD7A5E5814CAF%20110010315
000202202338001100103
7
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una
valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas
en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez
desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las reglas
de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación ha
identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio
constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y
manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la
realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa
que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio
de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte
de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas
del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
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de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto material o sustantivo
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017
señaló que:
[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”8;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables9; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”10
(Resaltado fuera de texto).
En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o
proporcionalidad ; (b) es adaptada una disposición de forma
11
contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial
para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad
de que estos gocen12; (d) es manifiestamente errada y desatiende
8
T-176 de 2015.
9
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
10
SU-770 de 2014.
11
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
12
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
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los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva13 o contraria a la Constitución14; o (f)
cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes.
Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”15 […].
Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto
sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)
efectúa una interpretación normativa fuera del rango de
razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,
c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los
intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,
injustificada e inconstitucional.
Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser
indudablemente arbitrario e incongruente respecto al
desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el
caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez
constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis
jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la
13
T-018 de 2008.
14
T-086 de 2007.
15
SU-050 de 2017.
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independencia para fallar, considerando las vías jurídicas
compatibles con las garantías fundamentales de las partes
intervinientes.
De la retención en la fuente en el pago de indemnizaciones
El Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario,
en el libro segundo determinó el concepto de la retención en la fuente
y, a su turno, el título III del citado acápite definió los conceptos
sujetos a retención.
El artículo 401-2 ibídem precisó la retención en la fuente en
indemnizaciones así:
“[…] ARTÍCULO 401-2. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN
INDEMNIZACIONES. <Ver Notas del Editor> <Artículo adicionado
por el artículo 91 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el
siguiente:> Los pagos o abonos en cuenta por concepto de
indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones salariales y a
las percibidas por los nacionales como resultado de demandas
contra el Estado y contempladas en los artículos 45 y 223 del
Estatuto Tributario, estará sometida a retención por concepto de
renta a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) <32% año
2020> <31% año 2021> <35% a partir del año 2022>* , si los
beneficiarios de la misma son extranjeros sin residencia en el país,
sin perjuicio de la retención por remesas**. Si los beneficiarios del
pago son residentes en el país, la tarifa de retención por este
concepto será del veinte por ciento (20%). […]”
La norma en cita, dispuso que los pagos o abonos efectuados por
concepto de indemnizaciones, diferentes a las indemnizaciones
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salariales, a las percibidas por nacionales como resultado de
demandas contra el Estado y a las contempladas en los artículos 45
y 223 del Estatuto Tributario, estarían sometidas a la retención en la
fuente en las tarifas definidas en la ley y, en el caso de los
beneficiarios residentes en el país, definió la tarifa de retención en
el 20%.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C- 913 de 2003
desplegó el control de constitucionalidad del artículo 401-2 del
Estatuto Tributario. En esta oportunidad, la Corte se refirió al
concepto de la retención en la fuente y, entre otras consideraciones,
en virtud del artículo 90 de la Constitución Política señaló las clases
de indemnización patrimonial y el tratamiento tributario que debería
imprimírsele a cada una de ellas de acuerdo con el ordenamiento
jurídico nacional.
En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional determinó el
concepto de la retención en la fuente así:
“[…] Desde el punto de vista impositivo, la retención en la fuente
se define como la acción o el efecto de detener, conservar, guardar
una cantidad que la ley ha determinado se retenga a título de
impuesto en el mismo momento del origen del ingreso. Así, este
mecanismo le permite al Estado recibir los impuestos a que tiene
derecho en el mismo momento en que el contribuyente obtiene el
ingreso susceptible de ser gravado, y como tal, sujeto a retención.
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El principal objetivo de la retención en la fuente es el recaudo
simultáneo del impuesto en el momento de obtener los ingresos,
lo cual ofrece múltiples ventajas pues i) simplifica el trabajo de la
administración tributaria, ya que se la libera de la tarea de recaudo
al trasladarla a los particulares; ii) mejora el flujo de dineros para
la tesorería pública, pues permite escalonar la percepción de los
ingresos acelerando su recaudación; iii) opera como instrumento
de control a la evasión fiscal16, por cuanto facilita la identificación
de contribuyentes que podrían permanecer ocultos o que son
difíciles de ubicar directamente, como es el caso de los residentes
en el exterior o quienes ejercen actividades económicas en forma
temporal y iv) fortalece la efectividad automática del impuesto
como instrumento anti - inflacionario asegurándole al Estado su
participación en el producto creciente de la economía17. […]”
Así mismo, al establecer la exequibilidad del parágrafo del artículo
401-2 del E.T., concerniente a la imposición de la retención en la
fuente en pagos que corresponden al lucro cesante, señaló:
“[…] En consecuencia, para la Corporación es indudable Ahora bien,
el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción u omisión de sus autoridades.
De esta manera, el Estado está obligado a indemnizar a las
personas que se vean afectadas ilegítimamente por la actuación
antijurídica de sus agentes. Dicha indemnización, comprende tanto
el daño emergente como el lucro cesante, el primero hace
referencia al detrimento que se experimenta como resultado
directo del evento dañoso y, el segundo, a la ganancia o provecho
que se dejó de percibir debido al acaecimiento del mismo.
Sin embargo, no todos los pagos o abonos en cuenta por concepto
de indemnizaciones están sujetos a retención en la fuente, pues de
tiempo atrás la normatividad tributaria ha establecido que los
ingresos por daño emergente no son susceptibles de constituir
renta gravable. Así lo dispone el artículo 17 del Decreto 187 de
1975:
“Para los efectos del artículo 15 del Decreto 2053 de 1974, se
entiende que un ingreso puede producir incremento neto del
16
Sentencia C-015 de 1993. MP Eduardo Cifuentes Muñoz
17
Sentencia C-397 de 1994. MP Hernando Herrera Vergara
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patrimonio, cuando es susceptible de capitalización aun cuando
ésta no se haya realizado efectivamente al fin del ejercicio.
“No son susceptibles de producir incremento neto del patrimonio
los ingresos por reembolsos de capital o indemnización por daño
emergente.18 (se subraya)
Así pues, queda claro que tratándose de todo tipo de
indemnizaciones, la retención en la fuente solamente puede
aplicarse a pagos o abonos en cuenta que corresponden al
lucro cesante. Al respecto vale señalar que el lucro cesante
tiene una definición expresa para efectos tributarios que no
se aleja mucho de la contenida en el Código Civil. En efecto,
según el artículo 37 del Decreto 2595 de 1979 “se entiende
por indemnización correspondiente al lucro cesante, los
ingresos percibidos para sustituir una renta que el
asegurado deja de realizar”. Por su parte el artículo 1614
del Código Civil dispone que lucro cesante es “la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no
haberse cumplido la obligación, o cumplídola
imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.
Para la Corte entonces es lógico que el lucro cesante esté
sometido a retención en la fuente, porque corresponde a un
ingreso constitutivo de la ganancia o provecho que debió
recibirse en su oportunidad y, por tanto, sujeto al impuesto
sobre la renta. En verdad, no parece razonable que si ese
ingreso se hubiere percibido oportunamente generando una
renta, y, por lo tanto, sujeta al impuesto respectivo, quede
excluido de este gravamen si se llega a generar y recibir
como producto de una indemnización. En cambio, el daño
emergente, por no constituir una ganancia o provecho,
nunca ha estado gravado, pues según se señaló, no es
susceptible de producir un incremento en el patrimonio ya
que corresponde a la reparación de un daño o a la
sustitución de lo perdido. […]” (Destacado fuera del texto)
En ese sentido, la Sala advierte que en lo que concierne a la
retención en la fuente a las indemnizaciones solo puede aplicarse a
los pago o abonos relacionados con los perjuicios materiales por
lucro cesante, esto, al considerarse como un incremento patrimonial
18
El artículo 15 del Decreto 2053 de 1974 a que se refiere la norma, fue compilado por el artículo 26
del Estatuto Tributario
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o ingreso constitutivo de la ganancia o provecho que dejó de
percibirse en su oportunidad.
Por otra parte, respecto de los perjuicios materiales por daño
emergente no podría imponerse el concepto de retención, por cuanto
dicha indemnización corresponde a la reparación de un daño o
perjuicio irrogado al beneficiario, por lo que al no producir un
incremento en el patrimonio del interesado no es susceptible de
renta gravable.
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la providencia de 15 de octubre de
2020 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se
indicó lo siguiente:
[…] 3.4. Análisis del caso y decisión
3.4.1. Procede confirmar la providencia objeto de alzada,
porque la obligación cuyo pago se persigue por vía ejecutiva
encuentra cumplida en razón del pago efectuado por el IDU
a la aquí ejecutante, y no es de recibo su argumento
respecto a que el pago efectuado es parcial por haber
efectuado descuento del 20%, por rete fuente.
3.4.1.1- En este orden releva el debate en punto a error aritmético
en el mandamiento de pago, como quiera que encuentra probado
que la obligación a cargo del IDU contenida en las sentencias
judiciales proferidas por esta Corporación y el Consejo de Estado,
encuentra cumplida conforme a los siguientes hechos que fueron
acreditados en el plenario:
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Las Sociedades CADSA Gestiones y Proyectos S.A. y CIVILCO
LTDA, como integrantes del CONSORCIO MONSERRATE,
demandaron en medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, acto administrativo a través del
cual se adjudicó la licitación pública 149-200 a la Sociedad
Constructora INECON-TE LTDA.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
profirió sentencia en la que se condenó al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU- a pagar a favor de las sociedades
demandantes por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($289.069.526). (Folios 31 a
53 C.2 Pruebas)
Decisión que fue modificada en sentencia del 26 de junio de
2015, que cobró ejecutoria el 19 de octubre siguiente,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, el sentido de
condenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU- a
pagar a favor de la sociedad CADSA GESTIONES Y PROYECTOS
S.A., la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS
($279.378.033). (Folios 54 al 68 C.2 Pruebas)
El 09 de diciembre de 2015, en cumplimiento de la orden
judicial, el IDU, con Resolución No 65343, dispuso:
“(…) Ordenar el pago por medio de depósito judicial a nombre
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera- por concepto de la condena impuesta en sentencia
de segunda Instancia al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
calendada el 26 de junio de 2015, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – dentro del trámite de
Controversias Contractuales No 250002315000200101013-
01, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y
TRES PESOS ($279.378.033) los cuales serán pagados a los
integrantes del Consorcio Monserrate de conformidad con lo
consignado en la parte considerativa del presente acto
administrativo” (Folios 138 a 142 C. 1 Ppal. Subraya y
suspensivos fuera de texto)
El 20 de abril de 2016, a través de la Resolución No 4734, el
IDU ordenó el pago de la suma de $3.136.853, a razón de
$1.568.427 para cada beneficiario, por medio de transferencia
electrónica a favor de las sociedades CADSA S.A.S. y CIVILCO
LTDA, correspondientes a los intereses moratorios causados
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en el cumplimiento de la condena impuesta al IDU. (Folios 143
a 144 C. 1 Ppal.)
El 28 de diciembre de 2015, la Subdirección Técnica de
Tesorería y recaudo del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
–IDU-, expidió el comprobante de pago No 3141 por la suma
de $279.378.033, cifra a la que se efectuó la retención legal
del 20% por la suma de $55.875.607. (Folios 145 C. 1 Ppal.)
El 18 de enero de 2016, el IDU efectuó depósito judicial por la
suma de $223.502.426 y por transferencia electrónica la suma
de $3.136.853, pago que fue certificado el 22 de julio
siguiente, por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo
del IDU y, por la Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad de la entidad. (Folios 146 y 147 C.1 Ppal.)
El 23 de agosto de 2017, la apoderada del IDU, solicitó
decretar la terminación del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, e invoca en sustento, el pago de
la condena y sus intereses. (Folio 156 C1 Ppal.)
El 16 de noviembre de 2018, la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No 25000-23-26-000-
2001-01013-02, ordenó el archivo del expediente, verificada
la entrega de títulos a la demandante. (Folio 158 C1 Ppal)
3.4.1.2- En lo que atañe al descuento por concepto de retefuente
del 20%, que el IDU aplicó, se tiene retomando la premisa
normativa que antecede, que contrario a lo alegado por la
ejecutante - apelante, es un descuento de orden legal porque el
pago efectuado corresponde a indemnización por lucro cesante, sin
óbice porque se haya ordenado en sentencias proferidas en acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto de
adjudicación de contrato, por cuanto fue el valor que se determinó
como dejado de percibir por la aquí ejecutante al no ser su
adjudicatario, y en consecuencia, es pasible de retención en la
fuente, porque corresponde a un ingreso constitutivo de la
ganancia o provecho. […]” (Destacado pertenece al texto).
Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que, en efecto,
el TRIBUNAL encontró probado que la obligación objeto de cobro
por vía ejecutiva surgió del reconocimiento de los perjuicios
materiales reconocidos a los actores en la modalidad de lucro
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cesante.
Así mismo, concluyó que el descuento del 20% por concepto de
retención en la fuente aplicada por el IDU se ajustó a las premisas
normativas desarrolladas en la providencia y consideró que el
descuento efectuado obedeció al pago de la indemnización por lucro
cesante, valor que dejó de percibir la interesada al no ser adjudicada
la licitación.
En ese sentido, para la Sala la interpretación normativa que
desarrolló el TRIBUNAL en el ejercicio de la autonomía
interpretativa no fue arbitraria e incongruente con los lineamientos
establecidos en el ordenamiento jurídico y el análisis del problema
jurídico planteado en el proceso ordinario.
Por lo tanto, la Sala no encuentra estructurado el defecto material
o sustantivo alegado por cuanto la decisión objeto de reproche fue
debidamente sustentada y, de conformidad con las pruebas
aportadas al plenario, el TRIBUNAL dispuso que la indemnización
reconocida a los actores si era susceptible de retención en tanto el
pago efectuado por el IDU constituyó un ingreso patrimonial o
ingreso constitutivo de la ganancia o provecho que dejaron de
percibir los accionantes en su oportunidad.
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Por otra parte, la Sala no evidencia el defecto fáctico alegado por
cuanto la decisión cuestionada fue debidamente sustentada en el
material probatorio aportado al plenario y, conforme a lo previsto en
el artículo 401-2 del Estatuto Tributario y la jurisprudencia de la
Corte, concluyó que el descuento efectuado por concepto de
retención en la fuente es proporcional a la indemnización por lucro
cesante reconocida a los actores.
En ese orden de ideas, en la medida que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos alegados por la parte actora y
que no se evidenció vulneración alguna a los derechos deprecados,
la Sala denegará el amparo constitucional, como se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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