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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02338-01

Fecha
12 de agosto de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02338-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Modificar la sentencia impugnada, proferida el 6 de junio de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por CADSA S.A.S. y Constructores Civiles S.A.S, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02338-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por las accionantes CADSA S.A.S. y
Constructores Civiles S.A.S –CIVILCO S.A.S.– contra la sentencia del 9 de junio de
2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de diciembre de 20212, las sociedades demandantes interpusieron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, con ocasión de la providencia
dictada el 15 de octubre de 2020, en el proceso ejecutivo con radicado 11001-33-
36-031-2019-002281-01. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):

1
Se advierte que, el 11 de julio de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Inicialmente, la tutela fue repartida al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, el que, ordenó su remisión a esta Corporación.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de las sociedades CADSA
Y CIVILCO.

SEGUNDA: REVOCAR la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca proferida el 15 de noviembre de 2020.

TERCERA: CORREGIR el mandamiento de pago, y ORDENAR al IDU el pago
de:
• por concepto de capital por un valor de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SIETE PESOS ($55.875.607).

• Por concepto de intereses moratorios a 31 de diciembre de 2021:
OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS PESOS (89.373.600) sin perjuicio de los que se sigan
causando hasta el pago efectivo de la suma debida.

SUBSIDIARIA DE LA PETICIÓN TERCERA: CORREGIR el mandamiento de
pago, y ORDENAR al IDU el pago por concepto de intereses debidos: UN
MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS ($1.604.744)

QUINTA: ORDENAR que la suma efectivamente condenada al IDU por
conceptos de intereses sea indexada para el momento del pago.

SEXTA: ADOPTAR cualquier otra decisión que garantice los derechos
fundamentales de las sociedades CADSA Y CIVILCO.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia
proferida el 26 de junio de 2015, condenó al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
a pagar, en favor de las demandantes, la suma de $279.378.033 por la utilidad
esperada y derivada de la no adjudicación de la licitación pública IDU-LP-GPTN-
149-2000.

El 18 de enero de 2016, el IDU canceló la suma de $223.502.426, luego de
efectuarle un descuento del 20%, por retención en la fuente ($55.875.607).

Luego de elevar diferentes peticiones y obtener respuestas negativas del IDU, en
cuanto a la inconformidad con el descuento de la retención en la fuente, se inició el
proceso ejecutivo por esa diferencia, más la suma de los intereses causados. Todo
ello en una cuantía de $111.161.364, para el momento de presentación de la
demanda.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

El Juzgado 31 Administrativo de Bogotá, mediante auto del 5 de septiembre de
2019, libró mandamiento de pago por la suma de $279’3748.030, más los intereses
causados y que se siguieran generando.

La entidad ejecutada interpuso recurso de reposición contra el mandamiento de
pago, bajo el argumento de no adeudar suma alguna de dinero.

En providencia del 24 de octubre de 2019, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá
revocó el mandamiento de pago. La decisión fue apelada por la parte demandante
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
auto del 15 de octubre de 2020, la confirmó.

Posteriormente, la parte actora solicitó la adición de la providencia, solicitud que fue
negada en auto del 17 de junio de 2021.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
los siguientes defectos:

1.3.1 Defecto sustantivo, por la aplicación indebida del artículo 401-2 del Estatuto
Tributario, disposición en virtud de la cual, todos los pagos y abonos en cuenta por
concepto de indemnización están sujetos al impuesto de retención en la fuente,
excepto, entre otras, las indemnizaciones salariales y las percibidas por los
nacionales por condenas contra el Estado.

En este caso, el pago se deriva de una demanda contra el Estado, por tanto, con
independencia del medio de control o la cuantía, la obligación se encuentra exenta
de la retención en la fuente.

Además, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución el congreso fue quien
determinó que la retención no aplica para los pagos derivados de las condenas
contra el Estado.

1.3.2. Defecto fáctico, por omisión en la valoración probatoria y por
desconocimiento de los hechos debidamente probados, ya que sin razón alguna el
tribunal se apartó de ellos al emitir la decisión cuestionada.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

Afirmó que la providencia desconoció que, de conformidad con el artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011, se generaron intereses de mora desde de la ejecutoria de la
sentencia (19 de octubre de 2015) hasta que se hizo el pago (18 de enero de 2016),
por tanto, en gracia de discusión que se aceptara la validez del descuento, no se
cubrieron todos los intereses, pues el IDU reconoció la suma de $3.136.853, cuando
en realidad, debieron ser $4.741.597, y, en consecuencia, por lo menos debió
aceptarse la ejecución por la diferencia.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante autos del 29 de abril y el 12 de mayo de 2022, la magistrada
sustanciadora de la Sección Primera de esta Corporación realizó dos
requerimientos previos a la admisión de la tutela.

Posteriormente, en providencia del 20 de mayo siguiente, admitió la demanda de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, y ordenó vincular al Instituto de Desarrollo Urbano–IDU– y al
Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, como terceros con interés.

2.2. El IDU manifestó que la tutela no cumple el requisito de inmediatez, y que existe
cosa juzgada –sin referir razones concretas de dicha afirmación, distintas a su
alcance conceptual–.

Negó que dicha entidad hubiese vulnerado algunos de los derechos fundamentales
invocados, y afirmó que tanto el capital como los intereses que se pagaron, fueron
objeto de retención en la fuente.

2.3. La magistrada ponente de la decisión cuestionada señaló que la tutela no
cumple el requisito de inmediatez, dado que la providencia data del 15 de octubre
de 2020 y fue notificada el 9 de noviembre siguiente, y la solicitud de adición fue
negada el 17 de junio de 2021, momento desde el cual, transcurrieron más de 10
meses, para la presentación de la demanda (12 de mayo de 2022).

De otra parte, negó que se configuraran los defectos alegados, puesto que la
aplicación que se hizo de las normas estuvo acorde a la realidad procesal y a lo
dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual, si el pago
proviene del reconocimiento de lucro cesante, está sujeto a retención en la fuente.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

3. Fallo impugnado

La Sección Primera de esta Corporación, mediante fallo del 9 de junio de 2022,
negó el amparo solicitado.

En primer lugar, el a quo sostuvo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedencia, incluido el de inmediatez alegados por la accionada y la vinculada,
toda vez que la providencia que resolvió la solicitud de adición fue notificada el 6
de julio de 2021, mientras que la tutela fue radicada el 29 de diciembre de 2021,
ante los jueces de Bogotá y no en mayo de 2022.

En cuanto al análisis de fondo, examinó el contenido del artículo 401-2 del Estatuto
Tributario y lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-913 de 2013,
para afirmar que de allí se deduce que «la retención en la fuente a las
indemnizaciones solo puede aplicarse a los pago o abonos relacionados con los
perjuicios materiales por lucro cesante, esto, al considerarse como un incremento
patrimonial o ingreso constitutivo de la ganancia o provecho que dejó de percibirse
en su oportunidad. »

En tal sentido, al contrastar la providencia cuestionada con el razonamiento de la
Corte Constitucional, descartó la configuración de los defectos, pues estimó que el
tribunal «encontró probado que la obligación objeto de cobro por vía ejecutiva
surgió del reconocimiento de los perjuicios materiales reconocidos a los actores en
la modalidad de lucro cesante»

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión. Para sustentar su
inconformidad, sostuvo que el análisis que se hizo en la sentencia C-913 de 2002
se circunscribió a la retención en la fuente por la indemnización de sentencias para
extranjeros y no para nacionales, razón por la cual, se trata de supuestos fácticos
diferentes.

Que tampoco se consideró que la decisión del tribunal partió del error aritmético del
juzgado en cuanto libró mandamiento ejecutivo por el total de la suma de dinero y
no por el saldo que era lo reclamado.

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Demandante: CADSA S.A.S. y otro
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Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

Insistió en que si, en gracia de discusión se aceptara la legalidad del descuento,
debía mantener la orden de pago, respecto de los intereses causados; argumento
que ni siquiera fue resuelto en el fallo impugnado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.

3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.

6

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Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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Sentencia de tutela de segunda instancia

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos4, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se

4
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Sección Tercera, Subsección C
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configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 9 de junio de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Para ello, se examinará si la tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia. Solo en caso de cumplirse, se abordará, en los términos de la
impugnación presentada, si el a quo erró en su razonamiento de desestimar los
defectos sustantivo y fáctico alegados y si, como consecuencia de ello, se deben
amparar o no los derechos fundamentales reclamados, con ocasión de la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

3. Análisis del problema jurídico

Contrario a lo sostenido por el a quo, esta Subsección estima que no debió
estudiarse de fondo los defectos alegados, porque la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, en los términos desarrollados por esta Corporación y por
la Corte Constitucional. Pues, como se verá, lo pretendido es que se abra paso a
una instancia adicional al proceso ejecutivo.

En sentencia del 5 de agosto de 20145, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de

5
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La Sección Primera del Consejo de Estado dio por satisfecha la relevancia
constitucional, simplemente porque «los actores plantean, con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, se han vulnerado sus
derechos fundamentales»; sin embargo, la decisión que es objeto de examen de
impugnación, dejó de lado los otros elementos de este presupuesto, como, por
ejemplo, el que impide que la tutela sea utilizada como instancia adicional o que se
pretenda instituir para definir controversias meramente legales o económicas.

De esta manera, se advierte que los argumentos propuestos por las demandantes
corresponden a una reproducción de las razones esgrimidas en el proceso
ejecutivo, concretamente, en la demanda, en el debate contra el mandamiento de
pago y en el recurso de apelación, razones que fueron decididas por el Juzgado 31
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, como jueces naturales, de suerte que, volver sobre esa
discusión en los términos pretendidos, desnaturaliza el sentido de este mecanismo
constitucional, en virtud del cual la acción de amparo busca la protección de los
derechos fundamentales, mas no tiene la virtualidad de fungir como instancia
adicional de otros procesos, ni es su finalidad que el juez constitucional emita un
juicio de corrección respecto de la providencia que dictan los jueces naturales o
inmiscuirse en debates de índole económico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. y otro
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Sección Tercera, Subsección C
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Luego de revisarse las principales actuaciones en el proceso ejecutivo, la Sala
constata que, mediante auto del 5 de septiembre de 2019, el Juzgado 31
Administrativo de Bogotá libró mandamiento ejecutivo de pago, en favor de las
accionantes y en contra del IDU, por la suma de $279.378.030, más la suma de los
intereses de mora.

Contra dicha decisión el IDU interpuso recurso de reposición en aras de que se
revocara el mandamiento ejecutivo (i) porque la contradicción entre la suma
reclamada en la demanda ($111.161.364) y la reconocida en el mandamiento de
pago ($279.378.033); (ii) por la inexistencia de un título ejecutivo, ante la ausencia
de una obligación clara, expresa y exigible; (iii) y porque se había hecho el pago de
la totalidad de las sumas adeudadas, previo descuento de la retención de ley, por
tratarse de lucro cesante.

En auto del 24 de octubre de 2019, el juzgado acogió los argumentos del recurso
de reposición y revocó el mandamiento de pago. Las demandantes interpusieron
recurso de apelación contra esta decisión con apoyo en los siguientes reproches:

• Que el juzgado incurrió en un yerro involuntario porque la suma que fue
reclamada correspondía a $111.160.364, y en cambio se libró mandamiento
por una suma superior. Y por tanto, siendo un error antiemético, no debía
revocarse el auto, sino corregirse la decisión.

• Que la suma reclamada era procedente porque del capital e intereses
adeudados solo se pagaron $223.502.426 y $3.136.853, luego de aplicarse
injustificadamente la retención en la fuente del 20%.

• Que la deducción de la retención en la fuente no era aplicable en este caso,
por el pago se deriva de una condena al Estado, el cual está exento, de
conformidad con el artículo 401-2 del Estatuto Tributario,

La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó dicha decisión. Para tal efecto, adujo que la obligación que
se pretendía ejecutar estaba cumplida, en virtud del pago que hizo el IDU, sin que
la deducción del 20% por retención en la fuente fuese equivocada.

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Así mismo, el tribunal hizo un análisis de la procedencia del descuento de retención
en la fuente derivada del pago de indemnizaciones, en casos que incrementen el
patrimonio de su beneficiario, de conformidad con la interpretación de los artículos
26 y 401-2 del Estatuto Tributario, así como del alcance que, sobre la retención en
la fuente por lucro cesante, hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-913 de
2003.

Como puede verse, y según la Sala lo anticipó, al contrastar las razones esgrimidas
en el curso del proceso ejecutivo y los argumentos propuestos en la solicitud de
tutela, queda claro que se pretende continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido por los jueces de instancia de aquel proceso.

Más allá del acierto de la decisión, en revocar un mandamiento ejecutivo por
acreditarse el pago en sede del recurso de reposición –cuando se trata es de una
excepción de mérito y no de un requisito formal del título ejecutivo –, aspecto que
no fue discutido, en el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que
examinar nuevamente los motivos de la ejecución y el reparo plasmado en los
recursos de reposición y de apelación, e inmiscuirse en el debate derivado de los
autos que libraron mandamiento de pago y los que resolvieron dichos recursos,
proferidos por el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C en los que ya se definió tal
disputa.

La parte demandante pretende insistir en que no debió revocarse el mandamiento
de pago, porque se trató de un error aritmético del juzgado, y porque no debió
aplicársele la retención en la fuente por parte del IDU.

Sin embargo, en la tutela no se propone ningún debate de orden constitucional, sino
meramente legal, económico y fiscal. La única invocación ius fundamental es la
enunciación de la violación de los derechos de acceso a la administración de justicia
y debido proceso, afirmación que, no revela ninguna tensión entre esos derechos y
la razonabilidad de la decisión. La sentencia impugnada no reparó en que lo que
presenta la parte es una discrepancia interpretativa del concepto de retención en la
fuente y un debate económico y fiscal sobre el pago, sin especificar ni argumentar
la importancia de que este caso sea abordado a fondo por el juez constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02338-01
Demandante: CADSA S.A.S. y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

Por tanto, cuando en la tutela propone que el juez constitucional avale la tesis de
las demandante sobre la improcedencia de la retención en la fuente y la existencia
de un saldo dinerario a su favor, claramente persigue prolongar forzadamente el
debate que nació en el proceso de ejecución e incluso, en la reclamación previa y
debate previo que se gestó con el IDU sobre la legalidad del descuento, para que
se surta una tercera instancia ante el juez constitucional en la que se avale la
postura de la demandante, quien, en últimas, de lo que se duele es de que las
autoridades judiciales accionadas no coincidan con la tesis que planteó en la
demanda y al formular el de apelación, esto es, que la condena judicial de la que
fue beneficiaria, no puede ser objeto de retención en la fuente y que, en todo caso,
al menos deberían reconocerle los intereses de la totalidad del capital, incluida el
valor retenido.

Bajo ese entendimiento, debe quedar claro que el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional no se limita a enunciar y argumentar los derechos
fundamentales supuestamente transgredidos, así como tampoco se cumple al
identificarse los defectos y presentar argumentos contra la decisión cuestionada.
Para ello se requiere un esfuerzo argumentativo mayor que justifique la necesidad
de pronunciamiento de fondo por el juez de tutela.

En este caso, lo que existe es una inconformidad con la interpretación de los jueces
de instancia, porque, en sentir de la parte demandante, la única conclusión posible
era que el concepto adeudado sí se encuentra exento de la retención en la fuente.
En cambio, la autoridad judicial accionada fue clara en determinar que debía
sujetarse a la retención de ley, por tratarse de un incremento del patrimonio por lucro
cesante.

Esas diferencias de visión frente a la solución al litigio no pueden ser el fundamento
de la existencia de un defecto sustantivo. Compártase o no el razonamiento del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la conclusión a la que arribó sobre la
retención en la fuente se muestra razonable.

Para la Sala no es arbitrario, absurdo o irracional que la providencia cuestionada
estimara que «los pagos por concepto de lucro cesante dan lugar a incremento
patrimonial, en tanto tienen la finalidad de cubrir una renta que se ha dejado de
percibir, por lo que estos serán considerados como un ingreso gravado en los

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términos del artículo 26 del E.T., y estarán sometidos a retención en la fuente».
Tampoco lo es que se concluyera que:

En lo que atañe al descuento por concepto de retefuente del 20%, que el IDU
aplicó, se tiene retomando la premisa normativa que antecede, que contrario a
lo alegado por la ejecutante - apelante, es un descuento de orden legal porque
el pago efectuado corresponde a indemnización por lucro cesante, sin óbice
porque se haya ordenado en sentencias proferidas en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra acto de adjudicación de contrato, por
cuanto fue el valor que se determinó como dejado de percibir por la aquí
ejecutante al no ser su adjudicatario, y en consecuencia, es pasible de
retención en la fuente, porque corresponde a un ingreso constitutivo de la
ganancia o provecho.

Se insiste: el accionante busca obtener a toda costa una alternativa de decisión en
la que se acoja favorablemente su solicitud de ejecución, a sabiendas de que el
debate ya se clausuró y, como se sabe, esa intención se opone a la finalidad de la
acción de tutela que, justamente, prohíbe que se utilice en los términos que aquí se
pretende —instancia adicional—.

Tal es la intención de que la tutela sea una instancia más del proceso ejecutivo que
las pretensiones que se elevan textualmente piden revocar la decisión del tribunal
que se corrija el mandamiento de pago ordenándose al IDU el pago reclamado o
que subsidiariamente, la orden que se emita sea el reconocimiento de los intereses,
supuestamente adeudados con la respectiva indexación. Se insiste, no es el juez
de tutela el superior funcional de los jueces de la ejecución, ni el llamado a definir
ese debate o hacer juicios de corrección de las decisiones de las autoridades
competentes.

Algo más, no es cierto que en el fondo se hubiese presentado un error aritmético
del juzgado que llevar a la incomprensión del debate. Si bien el juzgado libró
mandamiento por el total de la suma de dinero, la revocatoria de la decisión no fue
por ese supuesto yerro, sino porque consideró que la obligación estaba satisfecha.
Esa decisión, no tenía que dar lugar a que se modificara el mandamiento por los
intereses del valor del capital objeto de retención, pues como no era irracional que
la retención comprendiera el capital e intereses, sin que, por tanto, debiera
pagársele a las demandantes los intereses de una suma retenida, de hecho, como
lo denunció el tribunal al resolver la solicitud de adición de la providencia que
resolvió el recurso de apelación, ese debate no fue expresamente desarrollado en
sede de instancia.

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Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia

Por todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia impugnada, para, en su lugar,
declarar improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar la sentencia impugnada, proferida el 6 de junio de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por CADSA
S.A.S. y Constructores Civiles S.A.S, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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