Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02365-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02365-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02365-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
17 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-031-5000-2022-02365 00
Accionante: YUDI MATILDE SANTIZ PALENCIA
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos
de procedencia / DEFECTO PROCEDIMENTAL – No se configura, se aplicó la ley
vigente al momento de proferir el fallo.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Yudi Matilde Santiz Palencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 26 de abril de 2022, Yudi Matilde Santiz Palencia instauró
demanda de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y al
principio de seguridad jurídica.
1
Radicación: 11001-031-5000-2022-02365 00
Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
El 5 de mayo de 2017, el señor Emeterio Lobo Pedraza presentó queja disciplinaria
en contra de la señora Yudi Matilde Santiz Palencia, al considerar que vulneró su
derecho de acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia
proferida el 27 de marzo de 2017, en el trámite de la acción de tutela por él
promovida.
La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar formuló el
siguiente cargo (transcripción literal):
CARGO ÚNICO: Se acusa a la doctora YUDI SANTIZ PALENCIA en su calidad
de Juez Primero Promiscuo de Municipal de Chiriguaná ‘por la presunta
comisión de la falta disciplinaria descrito en el artículo 196 de la ley 734 de
2002, por no cumplir con lo dispuesto en los artículos 10 inciso primero y 14 del
Decreto 2591 de 1991; artículo 176 del Código General del Proceso que
subrogo el artículo 187 del Código Procedimiento Civil; artículo 2 y 7 de la ley
270 de 1996, falta de naturaleza grave, culposa, con base en las motivaciones
expuestas en esta providencia’.
Una vez surtido el trámite del proceso disciplinario, mediante sentencia del 23 de
julio de 2018, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
le impuso a la señora Santiz Palencia la sanción de 2 meses de suspensión en el
ejercicio del cargo de juez primero promiscuo municipal de Chiriguaná.
Inconforme con la anterior decisión, la aquí demandante interpuso recurso de
apelación.
En sentencia del 9 de marzo de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la decisión de primera instancia.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La actora indicó que la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales
al trabajo, al debido proceso y a la seguridad jurídica y, como fundamento de la
solicitud de amparo, señaló lo siguiente (transcripción literal):
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Radicación: 11001-031-5000-2022-02365 00
Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
La Ley 1952 de 2019, ‘por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley
1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario’, conforme a lo
dispuesto en su inciso 2º de su artículo 265, estableció que: ‘Los artículos 33,
101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254,
relativos al procedimiento reflejado en este código, entrarán en vigencia
dieciocho (18) meses después de su promulgación’, en consecuencia, como
quiera que la citada ley fue promulgada el 28 de enero de 2019, su entrada en
vigencia lo fue el día 28 de julio de 2020, razón suficiente para afirmar que al
momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la
Juez SANTÍZ PALENCIA contra la sentencia de primer grado, la ley 1952 de
2019 se encontraba vigente y, por tanto, le era imperativo a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial dar aplicación al artículo 33 de dicha ley, en la
forma original en que había sido proferida, para declarar la prescripción de
laacción disciplinaria, sin atender lo establecido para la prescripción de la
acción disciplinaria en la ley 734 de 2002 que había sido derogada, ni tampoco
la modificación introducida a dicha norma por el artículo 7º de la Ley 2094 del
29 de junio de 2021, por cuanto su vigencia fue diferida para el 29 de diciembre
de 2023.
9.- Las disposiciones contenidas en los artículos 14 de la ley 734 de 2002 y
artículo 8º de la ley 1952 de 2019, consagran el principio de favorabilidad
expresando que ‘En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial
o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para
quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución
Política’, razón por demás suficiente para dar aplicación en este caso al artículo
33 de la ley 1952 de 2019, que regula el fenómeno jurídico de la prescripción
de la acción disciplinaria en los siguientes términos:
‘Artículo 33. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para
las faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación, para las
de carácter permanente o continuada, desde la realización del último acto y
para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. La prescripción se
interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia.
En este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de
reposición, la autoridad disciplinaria tendrá un término de dos años contados a
partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión.
Para las faltas señaladas en el artículo 52 se este código, el término de
prescripción será de doce años, el cual se interrumpirá con la adopción y
notificación del fallo de primera o única instancia. En este evento, para emitir y
notificar el fallo de segunda instancia o de. Reposición, la autoridad disciplinaria
tendrá un término de tres años contados a partir del siguiente día del
vencimiento para impugnar la decisión.
Cuando se investiguen varias conductas en un solo proceso, la prescripción se
cumplirá independientemente para cada una de ellas.
PARAGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que ratifique Colombia’.
10.- Conforme a la norma antes transcrita, era un imperativo judicial para la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al momento de resolver el recurso de
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
apelación interpuesto en contra de la sentencia del 23 de julio de 2018, dar
aplicación al artículo 33 de la ley 1952 de 2019, concretamente lo dispuesto en
la parte final del inciso 1º de la referida disposición, cuando dispone que ‘La
prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera
o única instancia. En este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda
instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria tendrá un término de dos
años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la
decisión”, en ese sentido tenía obligación de proferir y notificar la sentencia de
segunda instancia en el término señalado en la disposición transcrita, esto es,
dentro del término de DOS (2) AÑOS contados a partir del siguiente día del
vencimiento para impugnar la decisión.
11.- En el presente caso, el fallo de primera instancia fue proferido el 23 de julio
de 2018, el cual fue notificado por Edicto desfijado el día 03 de agosto de 2018,
lo cual indica que el término para impugnar la decisión anterior venció el día
nueve (9) de agosto de 2018, fecha a partir de la cual se comienzan a contar
los dos (02) años que establece el inciso 1º del artículo 33 de la Ley 1952 de
2019 para proferir decisión de segunda instancia, los cuales vencieron el día
nueve (09) de agosto de 2020, labor que solo vino a cumplir la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial el día cuatro (04) de abril del 2022, con la
notificación de la sentencia de segunda instancia fechada el nueve (09) de
marzo del año en curso, esto es, un (1) año, siete (7) meses y 25 días después
del vencimiento de dicho término, al que descontando los meses en que los
términos judiciales estuvieron suspendidos por razones de la Pandemia del
Covid-19, aún la decisión de segunda instancia sigue estando proferida por
fuera del lapso ordenado en la ley.
Como consecuencia, sostuvo que el fallador incurrió en un exceso ritual manifiesto
porque omitió abordar el estudio de la competencia para decidir, pues al hallar
configurada la prescripción de la acción disciplinaria, hubiese observado que la
potestad sancionadora se había perdido.
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
PRIMERO: AMPARAR el fundamental derecho al Debido Proceso de la
doctora YUDI MATILDE SANTÍZ PALENCIA vulnerado por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial. En consecuencia, dejar sin efectos la
sentencia proferida el día nueve (09) de marzo del año 2022, por la
configuración de un defecto procedimental y en su lugar ordenarle a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial dictar providencia que declare la
prescripción de la acción disciplinaria en mi contra.
SEGUNDO: Archivar en forma definitiva el proceso.
.
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 6 de mayo de 2022, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la autoridad accionada; se negó la medida provisional solicitada
por la parte actora y se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostuvo que la demanda no estaba
llamada a prosperar por cuanto no se extralimitó en su competencia al resolver el
recurso de apelación, pues contrario a lo señalado por la actora, no hubo
prescripción de la acción disciplinaria.
En efecto, precisó que, según el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019,
la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinario-, empezó a regir el 29 de marzo
de 2022, salvo el artículo 2º relativo a las funciones jurisdiccionales que entró a
regir a partir del 29 de junio de 2021, y el artículo 33 entrará a regir a partir del 29
de diciembre de 2023.
Por tanto, sostuvo que la providencia de segunda instancia fue aprobada en Sala
del 9 de marzo de 2022, fecha para la cual no había entrado en vigor el artículo 33
de la Ley 1952 de 2019.
Informó que la parte actora, en abril del año en curso, presentó solicitud de nulidad
en contra de la sentencia con base en esa misma tesis; sin embargo, no prosperó
de conformidad con lo aquí sostenido.
Adicionalmente, afirmó que el recurso de apelación estaba instituido para revisar la
actuación adelantada por la primera instancia. De manera que, en segunda
instancia, la Comisión debía remitirse a la normativa vigente cuando se profirió la
sentencia del a quo, de lo contrario, estaría infringiendo el principio de legalidad y
el debido proceso. De ahí que la primera instancia conceda el recurso en el efecto
suspensivo, pues el fallo dictado queda en “suspenso” hasta que sea confirmado o
revocado por la segunda instancia.
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Cuestión previa
La parte actora impugnó el auto admisorio de la demanda de tutela porque le fue
negada la medida provisional solicitada.
Al respecto, la Sala debe reiterar que la impugnación no resultaba procedente, por
cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
solo los fallos de tutela podrán ser impugnados dentro de los tres días siguientes a
su notificación.
Con base en esa disposición normativa, esta Subsección ha sostenido que la única
decisión pasible de impugnación en el trámite de la acción de tutela es el fallo de
primera instancia. Al respecto, se indicó:
El Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991, por medio del cual se
reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política no contempla recurso alguno contra el auto que rechaza la acción de
tutela, únicamente establece la procedencia de la impugnación contra la
sentencia de primera instancia dictada dentro de este tipo de acción, conforme
a lo dispuesto en el artículo 31 ibidem, que dice:
‘IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación
el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la
autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de
su cumplimiento inmediato.
‘Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión’.
Al respecto, el Consejo de Estado señaló lo siguiente:
‘… el decreto reglamentario 2591 de 1991 no contempla recurso diferente
al de la impugnación para la revisión de las decisiones proferidas dentro
de la acción de tutela, lo que obviamente obedece al carácter preferente y
sumario del procedimiento, la perentoriedad de los términos y la rapidez y
eficacia en la definición y aplicación de los derechos tutelados ... 1 (negrillas
fuera del texto original).
‘... En tal reglamentación no fueron incluidos los recursos planteados por
la parte actora a lo largo de la acción de tutela, esto es, apelación,
reposición, menos aún el de queja. De manera que no es posible pensar
en la implementación de recursos no previstos por las normas aplicables
a la acción de tutela, con base en una remisión, que si bien existe, no es
1
Original de la cita: “Providencia del 9 de junio de 2011, expediente nro. 2010-00603-02”.
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
expresa frente al tópico analizado y que por demás sólo es aplicable.
respecto de los principios generales, por ejemplo, la doble instancia, el
cual no es absoluto dada la libertad de configuración normativa que reviste
su existencia.
‘(…).
‘En consecuencia. son inadmisibles los recursos no contemplados
taxativamente en el Decreto 2591 de 1991 artículo 31 -impugnación- o en
vista de que para el trámite de aquellos se exige cierta técnica y formalidad ...’2.
Así las cosas, como el único recurso establecido dentro del trámite de una
acción de tutela es la impugnación contra la sentencia de primera instancia,
los interpuestos contra las demás providencias dictadas dentro de este tipo de
acción se tornan improcedentes3 (negrillas fuera del texto original)4.
La anterior postura fue reiterada, mediante auto del 26 de mayo de 2021 5, en los
términos que a continuación se transcriben de manera literal:
Al respecto, cabe recordar que el Decreto 2591 de 1991 no contempla la
interposición de recursos en contra de las providencias proferidas dentro del
trámite de la solicitud de amparo, salvo la impugnación en contra de la
sentencia de primera instancia, la cual se encuentra expresamente regulada
en el artículo 31 de la mencionada norma.
Sobre el asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de
restringir los recursos procedentes en la acción tuitiva a aquellos
expresamente previstos en los artículos 316 y 527 del Decreto 2591 de 1991.
En este sentido, en Auto 287 de 2010 sostuvo:
‘El Decreto 2591 de 1991 reglamenta los recursos que las partes pueden
interponer en el trámite de la acción de tutela. Esta normativa solamente
consagra en su artículo 31, la impugnación contra el fallo de primera
2
Original de la cita: “Auto del 5 de mayo de 2011. expediente 2011-00052-01”.
3
Original de la cita: “Proveído del 19 de abril de 2016. expediente 2015-03507-00”.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 30 de mayo de 2019, exp. 2019-00427-00, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. En el mismo
sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
proveído del 11 de agosto de 2021, exp. 2021-03366-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández y la
Subsección B de esa misma sección del Consejo de Estado, en auto de 9 de septiembre de 2021,
exp. 11001-03-15-000-2021-01976-01(AC)A, M.P. César Palomino Cortés.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 26 de mayo de 2021, exp. 2021-01340-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
6
Original de la cita: “Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad
pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para
su revisión”.
7
Original de la cita: “Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez
proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de
seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere
lugar”.
7
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
instancia, y en el artículo 52 la consulta del auto que impone una sanción
por desacato al fallo de tutela’.
De conformidad con lo anterior, resultaba improcedente la impugnación interpuesta
contra el auto del 6 de mayo de 2022.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales8.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 9.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 10:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
8
Radicación: 11001-031-5000-2022-02365 00
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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado11.
Conviene mencionar, además, que cuando se controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’12. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos
los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de
tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
3. Caso concreto
Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuran o no los
defectos alegados por la parte actora, al proferirse la sentencia del 9 de marzo de
2022, mediante la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la
decisión de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura del Cesar, del 23 de julio de 201813.
En la sentencia cuestionada, luego de realizar un recuento jurisprudencial y
probatorio, se concluyó lo siguiente (trascripción literal):
1. Competencia
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala
Disciplinaria el Consejo Superior de la Judicatura como órganos de cierre en
asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados.
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Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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La sentencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se notificó a las partes por correo
electrónico el 4 de abril de 2022 y la demanda de tutela se presentó el 26 del mismo mes y año, de
conformidad con los documentos obrantes en Samai, índice 2.
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Radicación: 11001-031-5000-2022-02365 00
Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
Posteriormente con la aprobación del Acto Legislativa 02 de 2015, artículo 19,
se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones. Este nuevo texto
normativo fue estudiado por la Corte Constitucional quien después de hacer un
análisis detallado de sustitución declaró exequible el artículo 19 antes citados
mediante sentencia C-373/16.
La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para
concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía
e independencia, designación de sus integrantes y competencias, en las
Sentencia C-285 de 2016 y C-112/17, por lo que a partir de la entrada en
funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el pasado 13 de enero
de 2021, se entenderá que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996
y 734 de 2002, hecha a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, está dirigida a la
nueva Comisión de Disciplina Judicial, en razón de la sustitución funcional entre
estas dos Corporaciones.
En consecuencia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del
recurso de apelación interpuesto.
(…).
La actuación desplegada por la disciplinada, tal como lo manifestó la sentencia
de primera instancia, transgredió los artículos 10 y 14 del Decreto 2551 de
1991, violó le principio de eficiencia de la administración de justicia reglado en
el artículo 7 de la Ley 270 de 1996, omitió la aplicación del principio rector de
la administración de justicia de acceso a la justicia, regulado en el artículo 2
ibidem, el cual es desarrollo del artículo 229 de la Constitución Política, y por
ellos, procede esta Comisión a CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de
2018, por la cual declaró a la doctora YUDI MATILDE SANTÍZ PALENCIA, en
su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal de Chiriguaná, responsable
por la comisión de la falta disciplinaria descrita en el artículo 153 numeral 1 de
la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002
a título de culpa grave.
A juicio de la parte accionante, la anterior decisión incurrió en un defecto
procedimental, por un exceso ritual manifiesto, porque omitió abordar el estudio de
la competencia para decidir, pues al hallar configurada la prescripción de la acción
disciplinaria, hubiese observado que la potestad sancionadora se había perdido,
porque le era aplicable el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019.
Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración del
defecto alegado, pues no se evidencia que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial hubiera aplicado una norma menos favorable para resolver el caso.
En efecto, la Sala observa que, contrario a lo expuesto por la parte actora, en el
presente caso no era posible aplicar la norma citada por ella, por cuanto, para la
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Radicación: 11001-031-5000-2022-02365 00
Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
época en la que se profirió la sentencia que confirmó el fallo, no se encontraba
vigente de conformidad con el siguiente recuento normativo.
Mediante la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan nacional de Desarrollo
2018-2022, en su artículo 140 prorrogó, hasta el 1 de julio de 2021, la entrada en
vigencia de la Ley 1952 de 2019 alegada por la actora como la procedente para ser
aplicada en su caso.
A través de la Ley 2094 del 29 de junio de 2021 se estableció que:
Artículo 7. Modificase el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará
así: Artículo 33. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día
de su consumación, para las de carácter permanente o continua o, desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el
deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de
segunda instancia.
Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de
prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se
interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la
prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la
notificación de: fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de
segunda instancia (…).
PARÁGRAFO 2. el artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta
meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su
vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132
de la ley 1474 de 2011 (negrillas propias).
Como consecuencia, la vigencia de la norma alegada por la parte actora fue diferida
hasta el 29 de marzo de 2022, a excepción de los artículos 69 y 74 de la Ley 2094,
por medio de la cual se reformó la Ley 1952 de 2019 y se dictaron otras
disposiciones, que entraron a regir a partir del 30 de junio de 2021.
Si bien lo esperado era que la normativa alegada en la demanda de tutela tuviera
vigencia a partir de su promulgación, lo cierto es que, a través de normas
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específicas, se defirió su vigencia en el tiempo, al punto que, incluso a la fecha, la
norma que establece la prescripción de la sanción disciplinaria, cuya aplicación es
pretendida por la juez en la demanda de tutela, no se encuentra vigente.
Por tanto, en atención a que la sentencia objeto de debate se profirió el 9 de marzo
de 2002, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no le era exigible aplicar una
norma que, para esa fecha, no tenía vigencia.
Así las cosas, a pesar de que la decisión no le fue favorable a la ahora accionante,
no se puede predicar que la labor del fallador y, por ende, la decisión de segunda
instancia fue contraria a derecho. Lo que sí encuentra la Subsección es el claro
propósito de la accionante es reabrir el debate que ya terminó y que incluso le fue
resuelto a través de la respuesta que se le dio a su solicitud de nulidad de la
sentencia objeto de debate, en forma válida, en sede del juez natural de la causa.
Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado, tras considerar que no
se configuró el defecto planteado en la demanda de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Actor: Yudi Matilde Santiz Palencia
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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