Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02381-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02381-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02381-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de junio de 2022
Demandantes: Hernán Alberto Morantes Avendaño y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02381-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02381-00
Demandantes: HERNÁN ALBERTO MORANTES AVENDAÑO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial – agotamiento de la jurisdicción
– defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la solicitud de amparo constitucional presentada por los señores
Hernán Alberto Morantes Avendaño, Juan Camilo Sarmiento y Miguel Francisco
Contreras, quienes manifestaron representar al Comité para la Defensa del Agua y el
Páramo de Santurbán, contra el Tribunal Administrativo de Santander, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 27 de abril de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la parte accionante promovió el mecanismo
constitucional contra la autoridad judicial referida, con el fin de que sean amparadas
sus garantías de acceso a la justicia, al debido proceso, igualdad y confianza
legítima.
2. El extremo demandante consideró vulneradas dichas garantías
fundamentales, con ocasión de los autos del 20 de abril y 16 de noviembre de 2021
proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander. El primero, a través del cual
dispuso el rechazó el medio de control de protección a los derechos e intereses
colectivos de radicado N. ° 68001-23-33-000-2020-00827-00 por agotamiento de la
jurisdicción, mientras que el segundo por no reponer la anterior decisión.
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3. La autoridad judicial indicó a los accionantes que podían coadyuvar cualquiera
de los procesos de acción popular de radicados N. ° 68001-23-33-000-2018-00196-
00 y 68001-23-33-000-2020-00138-00.
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:
“[s]e reconozcan vulnerados los derechos mencionados en las consideraciones, los
cuales son: Acceso a la administración de Justicia, debido proceso, igualdad y
confianza legítima, garantizados por la Constitución Política de 1991.
Respetuosamente solicitamos al honorable CONSEJERO DE ESTADO, TUTELAR
nuestros derechos fundamentales al sujeto colectivo COMITÉ PARA LA DEFENSA
DEL AGUA Y EL PÁRAMO DE SANTURBÁN ordenándose al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER para que dentro de las próximas veinticuatro
(24) horas revoque las providencias del 20 de Abril de 2021 y del 16 de noviembre de
2021 que dieron lugar al rechazo por agotamiento de la jurisdicción, y en su lugar,
proceda a admitir nuestro medio de control o aplicar la figura de la acumulación de los
procesos de medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos bajo
radicados 68001233300020200082700; 68001233300020180019600 y
68001233300020200013800”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:
5. El 28 de agosto de 2017 la Sociedad Minera de Santander –MINESA- solicitó
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- licencia ambiental para
el proyecto denominado “EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE MINERALES
AUROARGENTÍFEROS SOTONORTE”, localizado en la jurisdicción de los
municipios de California y Surata en el departamento de Santander.
6. El 31 de agosto de 2017, la ANLA dio apertura al trámite administrativo de
evaluación de la licencia ambiental solicitada por MINESA para la referida
explotación.
7. Teniendo en cuenta que la zona objeto de licenciamiento ambiental hace parte
del ecosistema del páramo de Santurbán, y con ocasión del inicio del trámite, en
2018 el Municipio de Bucaramanga promovió acción popular ante el Tribunal
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Administrativo de Santander1. Dicho proceso se identificó con el número de radicado
6800123330002018-00196-00.
8. De manera posterior, el señor Antonio José Serrano Martínez interpuso la
acción popular con número de proceso 6800123330002020-00138-00, admitida el 24
de febrero de 2020, con ocasión al proceso de licenciamiento ambiental del proyecto
de la empresa MINESA que se adelantó en la vigencia 2019.
9. El 7 de diciembre de 2020, y pese a la existencia de las referidas demandas
promovidas con ocasión de procesos de licenciamiento ambiental de la empresa
MINESA, los accionantes, como integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el
Páramo de Santurbán interpusieron el medio de control de protección a los derechos
e intereses colectivos2. Dicho proceso que se identificó con el número de radicado
68001-23-33-000-2020-00827-00.
10. Según manifestaron los actores, se descartó hacer uso de la figura de la
coadyuvancia de alguna de las dos demandas interpuestas previamente, toda vez
que dicho mecanismo solamente permite acompañar las pretensiones de la demanda
principal, y en su caso, el objeto perseguido se distanciaba de los fines perseguidos
en esos procesos adelantados por el municipio de Bucaramanga y el señor Antonio
José Serrano.
11. Los tutelantes expresaron que en la acción popular interpuesta por el Comité
para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán del que hacen parte, se
pretendió la protección del bosque alto andino y las partes media y baja de las
cuencas hidrográficas que abastecen al área metropolitana de Bucaramanga.
Mencionaron que este es un espacio físico diferente al área delimitada como páramo,
espacio sobre el que se solicitó la protección en las otras demandas.
12. Asimismo, expusieron los demandantes que la acción popular que adelantaron
no solo tuvo en cuenta el contexto del cambio climático, sino que contó con un
enfoque ecocéntrico tendiente a lograr la implementación de diversas políticas
públicas que garanticen los derechos ambientales de las presentes y futuras
generaciones. Sostuvo, igualmente, que contrario a los otros procesos, el trámite
adelantado “tiene un carácter restaurativo, al pretender la reparación integral por los
daños ya ocasionados por las actividades de megaminería”.
1
En procura de obtener la protección de los derechos colectivos del goce de un ambiente sano, a la
vida, al agua y el desarrollo sostenible; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, entre
otros.
2
Contra la Nación–Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible –MADS-, Agencia Nacional de
Minería, -ANM-, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-; Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB -; y la sociedad Minera de Santander
–MINESA-
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13. El conocimiento de la acción popular de radicado 68001-23-33-000-2020-
00827-00 correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, el cual, mediante
auto del 20 de abril de 2021 declaró el agotamiento de la jurisdicción. En
consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por el Comité para la Defensa del
Agua y el Páramo de Santurbán.
14. Como fundamento de su resolutiva, la autoridad judicial sostuvo que resultaba
clara la identidad de pretensiones entre el proceso objeto de estudio y los
promovidos con antelación, a los que se ha hecho referencia.
15. Inconforme con tal decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición
con fundamento en la diferencia entre la causa petendi, pretensiones, partes y
medios de prueba de las 3 acciones populares, con lo cual no se acreditaban los
requisitos para que operara tal figura, y por tanto, no había lugar al rechazo de la
demanda interpuesta.
16. Con auto de 16 de noviembre de 2021, la colegiatura judicial en referencia
dispuso no reponer la decisión que profirió el 26 de abril anterior, mediante la cual
declaró el agotamiento de la jurisdicción. Reiteró que los demandantes podían
intervenir en los procesos adelantados previamente “formulando nuevas
pretensiones, vinculando nuevos accionados e incorporando las pruebas que
consideren necesarias, dado a que, existe un debate previo en relación a las
circunstancias fácticas aquí planteadas (…)”.
17. Tal providencia contó con salvamento de voto del magistrado Iván Fernando
Prada Macías, quien consideró que en el caso materia de estudio no se acreditaron
los requisitos para que se declarara el agotamiento de la jurisdicción puesto que las
acciones populares no versaban sobre los mismos hechos.
1.4. Fundamentos de la vulneración
18. Los demandantes afirmaron que en el sub judice concurren los requisitos
genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. Luego, al referirse a los cargos
específicos, arguyeron que en el asunto objeto de estudio se encuentran
configurados los defectos de desconocimiento del precedente judicial y sustantivo.
1.4.1. Desconocimiento del precedente:
19. La parte accionante fue enfática en señalar que la colegiatura accionada, a
través de los autos de 20 de abril y 16 de noviembre de 2021, desconoció el
precedente jurisprudencial sobre la aplicación de la figura del agotamiento de la
jurisdicción y coadyuvancia en acciones populares.
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20. Concretamente, estimó como desconocidas las siguientes providencias3 en
torno al agotamiento de la jurisdicción: i) sentencia de unificación del 11 de
septiembre de 2012, radicado número: 41001-33-31-004-2009-00030-01(AP);
Sección Primera ii) del cinco (5) de mayo de 2016, radicado 66001-23-33-000-2015-
00038-01(AP) y la iii) del veinte (20) de febrero de 2020. Radicación No. 11001-03-
15-000-2020-00250-00(AC). Asimismo, la Sentencia SU-658 de 2015 de la Corte
Constitucional.
21. Como aspecto común de tales pronunciamientos, el extremo accionante
explicó que en estos antecedentes se ha establecido que para que pueda darse
aplicación de la figura del agotamiento de la jurisdicción, las demandas de acción
popular deben estar i) dirigidas contra iguales demandados, ii) perseguir las mismas
pretensiones y encontrar sustento en la misma causa petendi. Sostuvo que tales
requisitos no se presentaron en el sub judice por cuanto:
22. La parte actora puso de presente que previo a la presentación de la acción
popular se realizó un análisis de los dos procesos que ya habían sido admitidos;
estudio del que se concluyó no coadyuvar los mismos, pues lo pretendido con su
demanda era obtener una protección diferente.
23. En específico, con relación a la primera demanda, esto es, la identificada con
el número 2018-00196-00 incoada por el Municipio de Bucaramanga, explicó que las
pretensiones estaban encaminadas a que se decretara la nulidad de lo actuado en el
proceso de licencia ambiental de la empresa MINESA y en la zonificación y
determinación de régimen de usos del ecosistema exclusivamente respecto del “área
delimitada como Páramo”.
24. En lo que se refiere al segundo proceso, es decir, el 2020-00138-00, aseguró
que lo pretendido en dicho trámite fue lograr la suspensión del proceso de
licenciamiento ambiental, que según expuso, se encuentra archivado a la fecha por
decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.
25. Desde tal perspectiva, los accionantes sostuvieron que el fundamento y los
objetivos perseguidos en las demandas señaladas no son iguales a los propuestos
en la acción popular interpuesta el 7 de diciembre de 2020 por el Comité para la
Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán de radicado 2020-00827-00, así como
tampoco lo son las entidades accionadas.
26. Para ilustrar su postura, los tutelantes arguyeron que, a diferencia de las otras
dos demandas, la suya encuentra su fundamento en el contexto de i) la crisis
climática, ii) la ausencia de políticas públicas certeras para garantizar los derechos
ambientales de las presentes y futuras generaciones; iii) el histórico riesgo asociado
3 Que, comentó, fueron proferidas atendiendo la Sentencia de Unificación del 11 de septiembre de
2012, radicado número: 41001-33-31-004-2009-00030- 01(AP)
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a diversos proyectos de megaminería que han intentado desarrollarse sobre el
bosque alto Andino de Santurbán y las cuencas hidrográficas que abastecen al área
metropolitana de Bucaramanga; y iv) la bioculturalidad de las comunidades locales.
27. Concretamente, expresaron que sus pretensiones, en contraste con las de los
otros procesos, tienen un carácter restaurativo toda vez que, por ejemplo, persiguen
la reparación integral por los daños materializados por las actividades de
megaminería.
28. Asimimo, la parte demandante aseguró que la acción popular objeto de
rechazo abordó la problemática desde un enfoque ecocéntrico y pretendió la
implementación de diversas políticas públicas que garanticen los derechos
ambientales de las presentes y futuras generaciones4.
29. Señalaron que la acción popular propende por la garantía y protección, a
perpetuidad, de los derechos colectivos y fundamentales vulnerados por los riesgos y
daños asociados al cambio climático y la megaminería, pretendiéndose,
concretamente, lo siguiente:
a) La declaración del bosque alto andino y las fuentes hídricas que abastecen al
Acueducto Municipal de Bucaramanga como zona de exclusión de megaminería, y
no solo de una parte de la alta montaña como es la zona de páramo.
b) El diseño y ejecución de planes estructurales de investigación científica,
ordenamiento, desarrollo sostenible biocultural y seguridad humana;
c) La restauración por los daños que ya han sido ocasionados.
30. Lo anterior, según expresaron los actores, demuestra que la demanda popular
promovida era estructuralmente diferente y persiguió una protección integral de los
derechos colectivos, no contemplada en las otras acciones populares.
31. Además, mencionaron que su demanda no se dirige contra iguales entidades,
toda vez que además de las autoridades accionadas en los otros procesos, se
incluyó a la Agencia Nacional de Minería por lo que consideraron una omisión a los
principios de coordinación y colaboración armónica con las autoridades ambientales.
32. Ahora bien, señalaron que frente a la figura de la coadyuvancia se
desconoció el precedente jurisprudencial fijado por la Sección Primera de esta
Corporación mediante sentencia del veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)5.
4 Indicaron que se persigue la aplicación de diversos planes que incluyen investigación científica,
planificación y ordenamiento del territorio; desarrollo sostenible con enfoque territorial y local; y plan
de control de la minería ilícita.
5 Radicación No. 63001-33-33-002-2019-00196-01. C.P Oswaldo Giraldo López.
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33. Concretamente, porque en tal pronunciamiento se especificó que la
coadyuvancia en las acciones populares encuentra su límite en las pretensiones
formuladas por el actor popular, así como a los hechos expuestos en la demanda.
1.4.2. Defecto sustantivo en la aplicación del agotamiento de la jurisdicción y la
figura de la coadyuvancia
34. Para los tutelantes se incurrió en defecto sustantivo pues la autoridad judicial
accionada dio una interpretación errada a la figura del agotamiento de la jurisdicción.
35. Ello, por cuanto, en su sentir, el Tribunal Administrativo de Santander
interpretó que la identidad considerada como requisito para la aplicación de la figura
del agotamiento de jurisdicción, admite formas de graduación, pretermitiendo que
debe existir identidad plena y no solo similitudes entre las demandas.
36. Ahora bien, sobre la figura de la coadyuvancia, los actores estimaron que la
colegiatura encartada, al señalar que podían acompañar las acciones populares
presentadas con antelación, aplicó de manera equivocada el artículo 24 de la Ley
472 de 19986.
1.5. Trámite de la acción de tutela
37. Mediante auto del 29 de abril de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia, ordenó notificar a la parte accionante y
al Tribunal Administrativo de Santander, como autoridad judicial accionada.
38. Igualmente, dispuso la vinculación de (i) quienes integran el Comité para la
Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán7, (ii) la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible8 , (iii) la Agencia Nacional de Minería9 , (iv) la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA10 – (v) la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 11 , (vi) la
Sociedad Minera de Santander – MINESA12 – (vii) la alcaldía de Bucaramanga13, (viii)
6
ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones,
antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura.
Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así
como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás
autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses
colectivos.
7 Por fungir como accionantes dentro del proceso de radicado N. ° 68001-23-33-000-2020-00827- 00.
8 Entidad que se pretendía accionar dentro del citado proceso y se demandó dentro de las acciones
populares 68001-23-33-000-2018-00196-00 y 68001-23-33-000-2020-00138-00.
9 Ídem.
10 Ídem.
11 Ídem.
12Ídem.
13 Autoridad territorial que promovió la acción popular N. ° 68001-23-33-000-2018-00196-00.
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la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR14 -, (ix)
el señor Antonio José Serrano15, y, (x) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
39. Asimismo, y luego de revisar el expediente de radicado N. ° 68001-23-33-000-
2020-00827-00 en la plataforma de consulta de procesos de la Rama Judicial, se
observó que además del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de
Santurbán, hay otros accionantes cuyos datos no fue posible determinar en esta
etapa procesal. Por consiguiente, se ordenó al Tribunal Administrativo de Santander
que emitiera un comunicado dirigido a todas las partes que integraron el citado
proceso, en el que les informe sobre la existencia de esta acción de tutela y les dé a
conocer el escrito de la demanda, sus anexos y el auto admisorio.
40. En el mismo sentido, se dispuso que, en la página web de la alcaldía de
Bucaramanga, se informara a la comunidad en general sobre la existencia del
presente trámite para que, dado el interés que les pudiera asistir, coadyuvaran o
intervinieran.
1.6. Intervenciones
41. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron múltiples
intervenciones que, por identidad en su sentido, pueden agruparse de la siguiente
manera:
1.6.1. Grupo opositor a lo pretendido en el trámite:
42. En el grupo de intervinientes que se oponen a las pretensiones formuladas
por los accionantes se tienen al i) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al
ii) Ministerio de Minas y Energía16, a la iii) Agencia Nacional de Minería, la iv)
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, la v) Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la vi) Sociedad Minera de
Santander – MINESA, vii) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; los
señores viii) Jose Luis Pérez Bermeo y ix) Édgar Ochoa Flórez; y, finalmente, el xi)
Comité de Veeduría Ciudadana “Dignidad Minera”17.
43. Los argumentos comunes de oposición a las pretensiones de la tutela objeto
de estudio se pueden resumir de la siguiente manera:
14 La cual conforma el extremo accionado del expediente N. ° 68001-23-33-000-2018-00196-00.
15 Quien impetró la demanda de radicado N. ° 68001-23-33-000-2020-00138-00.
16 Entidad que manifestó acudir al presente proceso pese a no ser vinculada expresamente en el auto
admisorio del presente trámite, sino por un error en el envío de la notificación del mismo que fue
remitido a la “NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA”.
17 Con el documento de intervención se acompañaron las firmas de más de 20 personas.
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44. En el sub judice no se presentó vulneración alguna y no se superan los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela relativos a la
subsidiariedad e inmediatez18.
45. Algunos19, en lo que se refiere a la subsidiariedad, indicaron que los actores
tenían a su disposición el recurso de apelación contra el auto proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander que rechazó la acción popular promovida, sin
que lo hayan interpuesto. Por su parte, otros20 consideraron que la falta de
acreditación del requisito en comento se dio porque los accionantes, a través de la
figura de la coadyuvancia, podían hacerse parte en las acciones populares en trámite
y que versan sobre los mismos asuntos que ellos reclaman.
46. La mayoría de intervinientes manifestaron que en el sub lite no se cumplían
los requisitos para que, de manera excepcional, proceda la tutela para controvertir la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander; bien sea porque el
caso no es constitucionalmente relevante21 o porque el extremo actor no satisfizo la
carga de demostrar los hechos fundamento de la vulneración, ni las causales
genéricas y específicas de procedencia22 del mecanismo de amparo.
47. Algunos23 sostuvieron que incluso en el evento de considerar que sí se
cumplieron los requisitos generales y específicos de procedencia, la decisión del
Tribunal Administrativo de Santander fue acertada en el sentido que sí reunían los
presupuestos para que se declarara el agotamiento de la jurisdicción.
48. Ello, si se tiene en cuenta que lo pretendido por los accionantes a través del
medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos de radicado N. °
68001-23-33-000-2020-00827-00, se edificaba sobre las mismas causas y
pretensiones que motivaron la interposición de las otras dos acciones populares
admitidas por el Tribunal Administrativo de Santander con antelación y que
guardaban relación con un solo objeto: esencialmente impedir la delimitación del
páramo de Santurbán y el otorgamiento de licencia ambiental para su explotación
lícita.
18 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de
Minería y Energía, Sociedad Minera de Santander –MINESA-, los ciudadanos Jose Luis Pérez
Bermeo y Edgar Ochoa Flórez.
19 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Jose Luis Pérez Bermeo, para lo cual se refirieron a la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del 7 de febrero de 2007. Radicación número: 25000-
23-27-000- 2004-01028-01(AP).
20 Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Sociedad
Minera de Santander –MINESA- y Edgar Ochoa.
21 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
la Sociedad Minera de Santander –MINESA-, La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga.
22 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado
23 Agencia Nacional de Minería, la Sociedad Minera de Santander –MINESA-.
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49. Ciertos intervinientes24 manifestaron carecer de legitimación en la causa por
pasiva y, en consecuencia, solicitaron su desvinculación de la presente acción
constitucional.
50. Con independencia de lo anterior, este grupo en su totalidad manifestó que
por las razones expuestas el mecanismo de resguardo constitucional debía
declararse improcedente o no concederse el amparo deprecado porque en el sub
judice no se presentó vulneración25.
1.6.2. Grupo que acompaña las pretensiones de la tutela:
51. Por su parte, el conjunto de intervinientes que acompañan en su integralidad
las peticiones insertas en el mecanismo de resguardo constitucional son: i) la alcaldía
de Bucaramanga26, ii) distintos colectivos27, iii) el acueducto metropolitano de
Bucaramanga28, iv) el director del Área Metropolitana de Bucaramanga29, v) 1690
ciudadanos del Departamento de Santander30, el señor vi) Antonio José Serrano y,
finalmente, vii) miembros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de
Santurbán31.
52. En síntesis, y luego de poner de presente su interés legítimo en las resultas
del trámite actual, expusieron una serie de argumentos transversales que se
resumen a continuación:
53. En el sub judice se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales
alegados con ocasión de la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de
declarar el agotamiento de la jurisdicción con relación a la acción popular de radicado
2020-00827-00.
54. Esto por cuanto se consideró que hubo un desconocimiento del desarrollo
hermenéutico que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han dado
a la figura del agotamiento de la jurisdicción respecto de acciones populares.
24 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
25 Es importante manifestar que la Agencia Nacional de Minería en su escrito sostuvo que en el caso
concreto se presentaba temeridad, sin realizar ningún desarrollo frente al particular.
26 Que solicitó ser reconocida como coadyuvante.
27 A través de comunicación suscrita solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes el Colectivo de
Abogados Jose Alvear Restrepo –CAJAR-; el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y
Ambientales –GIDCA (U.Nacional); el Programa de Comunidades, Tierra y Recursos Center for
International Environmental Law (CIEL); el Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz del
Consultorio Jurídico UIS; el Semillero de Investigación en estudios sobre minería Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, la Universidad de Antioquia; Asociación Ambiente y Sociedad.
28 Que solicitó ser reconocido como coadyuvante.
29 Quien intervino en calidad de coadyuvante.
30 Quienes firmaron un documento de coadyuvancia colectiva.
31 Quienes manifestaron que la acción de tutela fue presentada por su organización con la suscripción
de las firmas de sus integrantes voluntarios Hernán Alberto Morantes Avendaño, Miguel Francisco
Contreras y Juan Camilo Sarmiento.
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55. Concretamente, se manifestó que no había lugar al rechazo de la acción
popular en aplicación de la mencionada figura, toda vez que las demandas no
encuentran fundamento en la misma causa petendi, no persiguen las mismas
pretensiones, ni se dirigen contra los mismos demandados.
56. Como fundamento de lo anterior, las intervenciones en su generalidad
pusieron de presente que existían elementos diferenciadores entre las acciones
populares.
57. Respecto del espacio físico, pusieron de presente que la acción popular 2018-
00196-00 centra sus pretensiones en la salvaguarda del área delimitada como
Páramo de Santurbán y el proceso 2020-00138-00 no identifica un lugar específico,
sino aquél donde se autorizó el licenciamiento ambiental de MINESA iniciado en
2019. Así las cosas, se explicó que ambas demandas propenden por la
implementación de medidas de protección respecto de la zona del páramo.
58. En contraposición con ello, la demanda 2020-00827-00 incluía como eje
central de protección la zona del bosque alto andino y las partes media y baja de las
cuencas hidrográficas que abastecen al acueducto metropolitano de Bucaramanga,
con lo cual se pretendía que también fueran declaradas como zonas de exclusión de
mega minería.
59. En lo referido a la causa petendi, se puso de presente que, contrario a lo
expuesto en los procesos 2018-00196-00 y 2020-00138-00, el propósito principal
perseguido por los actores en la acción popular 2020-00827-00 se relaciona con el
restablecimiento de derechos a partir de la implementación de políticas públicas
tendientes a contrarrestar la crisis climática; cuyos efectos, en su sentir, se
exacerban por los proyectos de megaminería en la zona de los bosques altos
andinos como lugares adyacentes al Páramo de Santurbán, así como las cuencas
hidrológicas mencionadas.
60. Lo expuesto, a partir de planes de investigación científica, evaluación, análisis,
monitoreo y pronóstico que garanticen los derechos ambientales desde una
perspectiva estructural y a perpetuidad.
61. De otra parte, se aseguró que otros de los factores que implicaban asimetría
con relación a las acciones populares a las que se ha hecho referencia, es que con la
demanda promovida por los tutelantes se enfatiza en el deber legal y constitucional
de protección de los ecosistemas de especial importancia como los páramos,
bosques altos andinos y las fuentes abastecedoras de agua por parte del Estado
colombiano, con ocasión a los acuerdos, convenios y tratados para la protección del
clima que han sido firmados y ratificados.
62. En suma, consideraron que el rechazo por parte del Tribunal de Santander
respecto de la acción popular interpuesta por los accionantes, cuando la misma tenía
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claros factores que la diferenciaban de las que habían sido interpuestas con
antelación, implicó el desconocimiento de los parámetros para que se declare el
agotamiento de la jurisdicción, y por consiguiente, la vulneración de los derechos
fundamentales de los promotores del medio de control de protección a los derechos
e intereses colectivos de radicado 2020-00827-00.
1.6.3. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –
CORPONOR, no se pronunció en torno al objeto de la tutela, sino que remitió una
matriz con información de la participación de las comunidades afectadas y del
cumplimiento de los elementos procedimentales que deben regir según lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017.
1.6.4. El Tribunal Administrativo de Santander, como autoridad accionada, no se
pronunció respecto a la acción de tutela y sus pretensiones, sino que se limitó a
informar que, conforme lo ordenado en el auto admisorio, emitió un comunicado en el
que puso en conocimiento del presente trámite. Igualmente, remitió el expediente
digital de las acciones populares objeto de interés.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
63. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Hernán Alberto Morantes Avendaño, Juan Camilo Sarmiento y Miguel Francisco
Contreras, como representantes del Comité para la Defensa el Agua y el Páramo de
Santurbán, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1 De la solicitud de coadyuvancia
64. La alcaldía de Bucaramanga, distintos colectivos y organizaciones32, el
acueducto metropolitano de Bucaramanga33, el director del Área Metropolitana de
32 A través de comunicación suscrita solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes el Colectivo de
Abogados Jose Alvear Restrepo –CAJAR-; el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y
Ambientales –GIDCA (U.Nacional); el Programa de Comunidades, Tierra y Recursos Center for
International Environmental Law (CIEL); el Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz del
Consultorio Jurídico UIS; el Semillero de Investigación en estudios sobre minería Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, la Universidad de Antioquia; Asociación Ambiente y Sociedad.
33 Que solicitó ser reconocido como coadyuvante.
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Bucaramanga34, y 1690 ciudadanos35 manifestaron coadyuvar las pretensiones
contenidas en el mecanismo de protección constitucional objeto de estudio.
65. Al respecto, la Sala se permite traer a colación la figura de la coadyuvancia en
la acción de tutela. Sobre esto, la Corte Constitucional en sentencia T-1062 de 2010,
expuso:
Coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una
nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.
66. En ese orden, comoquiera que lo pretendido por los referidos intervinientes se
encamina a ser parte del presente trámite constitucional sin que medie o se haya
avizorado planteamiento que vaya en contravía a lo señalado por los accionantes, se
accederá a su solicitud, admitiéndolas en calidad de coadyuvantes dentro de esta
acción de tutela.
2.2.2 De la solicitud de desvinculación:
67. Se tiene que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Minas y Energía, y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga en los informes presentados, además de oponerse a las peticiones
de la tutela, solicitaron su desvinculación del presente trámite.
68. Frente al particular, la Sala no accederá a lo solicitado en la medida que, en el
caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, tales entidades fueron
convocadas como terceros con interés en las resultas del presente trámite, al integrar
la parte demandada en las acciones populares sobre las cuales se edificó el presunto
agotamiento de la jurisdicción declarado por el Tribunal Administrativo de Santander
en las providencias que hoy se discuten en sede constitucional.
69. Si bien respecto del Ministerio de Minas y Energía se evidencia que dicha
autoridad no fue vinculada desde el auto admisorio, sino que su intervención en el
presente proceso se dio con ocasión a que el oficio de notificación de la referida
providencia fue remitido a su despacho con destino a la “NACION - MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA”, se le tendrá, por la
naturaleza de tal cartera, como tercero con interés.
34 Quien intervino en calidad de coadyuvante.
35 Quienes manifestaron ser habitantes del Departamento de Santander.
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70. Ello, en la medida que no es posible desvincular a un sujeto que no ha sido
propiamente vinculado a un trámite.
2.2.3. Del estudio de providencias
71. La parte actora cuestionó tanto el auto del 20 de abril de 2021 como el 26 de
noviembre del mismo año dictados por el Tribunal Administrativo de Santander.
Frente a este punto, se pone de presente que el análisis recaerá respecto de la
providencia que puso fin al proceso ordinario, esto es, aquella mediante la cual se
dispuso no reponer la decisión de rechazar el medio de control promovido por
agotamiento de la jurisdicción.
2.3. Legitimación en la causa
72. En primer lugar, la Sala advierte que los señores Hernán Alberto Morantes,
Juan Camilo Sarmiento y Miguel Francisco Contreras están legitimados en la causa
por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.
73. En efecto, porque integraron el grupo demandante en la acción popular
promovida contra Contra la Nación–Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible –
MADS-, la Agencia Nacional de Minería, -ANM-, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA-; Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga –CDMB -; y la sociedad Minera de Santander –MINESA-
identificada con el número de radicado 2020-00827-00 respecto de la cual se declaró
el agotamiento de la jurisdicción, y en consecuencia, se dispuso su rechazo.
74. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
75. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Santander está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que
profirió las decisiones al interior del medio de control de protección a los derechos e
intereses colectivos objeto de esta acción constitucional.
2.4. Problema jurídico
76. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial?
77. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:
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¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales
invocados por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y en
desconocimiento del precedente al proferir la providencia del 16 de noviembre
de 2021, a través del cual decidió no reponer su auto del 20 de abril del mismo
año, que rechazó la acción popular de radicado 2020-00827-00 por considerar
que se agotó la jurisdicción?
2.5. Razones jurídicas de la decisión
78. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos generales de
procedibilidad y, en el evento de encontrarlos superados; (iii) las generalidades de
los defectos alegados y, (iv) el análisis del caso concreto.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
79. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201236. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema37. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales38.
80. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201439. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia40 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial41.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
37 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
38 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
40 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
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81. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra tutela, ii)
inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
82. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
83. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
41 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
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2.6. Estudio sobre los requisitos generales de procedencia
2.6.1. Tutela contra tutela
84. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno frente al presente requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una
tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura
fue proferida dentro de la acción popular reseñada en líneas precedentes.
2.6.2. Inmediatez
85. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia del Tribunal Administrativo de Santander que puso
fin al trámite fue dictada el 16 de noviembre de 2021, mientras que la presente
acción de tutela fue incoada el 27 de abril de 2022. Así las cosas, sin necesidad de
determinar la fecha en que adquirió ejecutoria, se observa que se interpuso dentro de
los seis meses que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo
excepcional.
86. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 42,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200543, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.6.3. Subsidiariedad
87. Algunos de los intervinientes en el presente trámite manifestaron que los
accionantes tenían a su alcance el recurso de apelación contra el auto que dispuso el
rechazo de la acción popular a que se ha hecho referencia con antelación.
88. Frente al particular, resulta preciso mencionar que, mediante el auto proferido
el 26 de junio de 201944, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, estableció como criterio jurisprudencial que en los procesos del medio
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
43 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena; auto de 26 de junio de 2019;
C.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio; núm. único de radicación: 25000232700020100254001.
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de control de protección de derechos e intereses colectivos, las decisiones
susceptibles del recurso de apelación, son el auto que decreta una medida
cautelar y la sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes términos:
“[…] Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar las
acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones dictadas
en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo lo dispuesto
expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto de las
providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere
sentencia de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con
dicha limitación se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la doble
instancia conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.
Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación
reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones
apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y
la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se
adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso de
reposición […]” (Resaltado propio).
89. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que en los procesos del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos se da prevalencia a la Ley
472 de 1998 dado su carácter especial al reglamentar ese mecanismo de acceso a la
administración de justicia, respecto de los medios de impugnación ordinarios
dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo45.
90. De conformidad con lo expuesto, se tiene que contrario a lo manifestado por
algunos intervinientes, el auto que dispuso el rechazo de la acción popular por
agotamiento de la jurisdicción solo era pasible del recurso de reposición, tal y como
fue promovido por los accionantes.
91. De otra parte, algunos intervinientes señalaron que no se acreditaba el
requisito de la subsidiariedad toda vez que los demandantes, a través de la figura de
la coadyuvancia, podían hacerse parte en las acciones populares en trámite y que,
en su sentir, versan sobre los mismos asuntos que ellos reclaman.
92. Este argumento no es de recibo por parte de esta Sala de Decisión, toda vez
que la vulneración de derechos de los accionantes se reputa de la decisión del
Tribunal Administrativo de Santander que dispuso el rechazo de la acción popular
promovida, de manera que resulta evidente que la coadyuvancia en los otros
procesos no es un mecanismo de defensa judicial para lograr la salvaguarda de las
garantías que consideraron quebrantadas con ocasión a la providencia del 16 de
noviembre de 2021.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; auto de 13 de febrero
de 2020; Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; proceso identificado con el núm. único de
radicación 68001-23-33-000-2018-00196-01
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93. En todo caso, hace parte del fondo del asunto dilucidar si tal y como concluyó
el Tribunal Administrativo de Santander, se reunieron los requisitos para declarar el
agotamiento de la jurisdicción; escenario en el cual, podría, eventualmente, emitirse
algún pronunciamiento en torno a la posibilidad de los accionantes de coadyuvar las
acciones populares de radicado 2018-00196-00 y 2020-00138-00.
94. De conformidad con lo expuesto, se tiene que la parte accionante no cuenta
con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual
transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales.
2.6.4. Relevancia constitucional
95. La Sala considera que el asunto que se debate en el sub judice resulta
constitucionalmente relevante. Lo anterior, toda vez que según los demandantes la
autoridad judicial accionada, de manera errónea y en franco desconocimiento de la
jurisprudencia sobre el agotamiento de la jurisdicción y la coadyuvancia en acciones
populares, dispuso el rechazo del medio de control que ejercieron con el propósito de
salvaguardar la garantía del derecho colectivo al goce de un ambiente sano y del
derecho humano al agua de millones de personas que habitan el área metropolitana
de Bucaramanga.
96. En este sentido, salta a la vista que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, el extremo accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
de acceso a la justicia, al debido proceso, igualdad y confianza legítima.
97. Esto, por cuanto el operador jurídico tutelado desconoció que su reclamo tenía
que ver con la salvaguarda de intereses colectivos en un contexto de emergencia
climática que hacen imperiosa la implementación de políticas públicas que garanticen
los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones, en su sentir
amenazados ante potenciales actividades mineras.
98. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante,
tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo
que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal.
99. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o
judicial establecido por la ley para su protección.
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100. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados
101. En relación con este aspecto, la Sala considera que la parte actora ha
presentado con absoluta claridad que la transgresión de sus derechos se deriva de la
decisión del Tribunal Administrativo de Santander que dispuso el rechazo de la
acción popular interpuesta, lo que a su juicio fue un notorio desconocimiento de las
prerrogativas que gobiernan las figuras del agotamiento de la jurisdicción y la
coadyuvancia, con lo cual se truncó su acceso a la administración de justicia.
102. Asimismo, como se manifestó con antelación, los accionantes promovieron el
recurso judicial idóneo para controvertir dicha resolutiva de la colegiatura
demandada.
103. Finalmente, expusieron con amplitud y razonabilidad los defectos en los
cuales creen incurrió el Tribunal Administrativo de Santander al proferir el auto del 16
de noviembre de 2021. En específico, el desconocimiento del precedente judicial46 y
el sustantivo47.
2.7. Generalidades de los defectos invocados
2.7.1. Defecto sustantivo
104. La Corte Constitucional48, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”49.
105. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el
fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente50 o porque ha sido derogada51, es inexistente52,
46 Respecto del agotamiento de la jurisdicción.
47 Frente a la coadyuvancia y el agotamiento de la jurisdicción.
48 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012.
49 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 20002.; T-043 de 2005; T-295 de 2005; T-
657 de 2006; T-743 de 2006; T-686 de 2007; T-033 de 2010; T-792 de 2010, entre otras.
50 Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
51 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
52 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
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inexequible53 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador54.
106. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma55; la disposición aplicada es regresiva56 o contraria a la Constitución57; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición58; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma59;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
107. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.
2.7.4. Desconocimiento del precedente
108. Para la Sala el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.
109. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
110. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
111. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
53 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
54 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
55 Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005.
56 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
57 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
58 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2004.
59 Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004.
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caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal60.
112. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.8. Caso concreto
113. De conformidad con los hechos planteados en el líbelo, la parte accionante
consideró lesionados sus derechos fundamentales con la expedición del auto del 16
de septiembre de 2021 a través del cual no se repuso la decisión contenida en la
providencia del 20 de abril del mismo año, que declaró el agotamiento de la acción
popular de radicado 2020-00827-00 con ocasión a los procesos 2018-00196-00 y
2020-00138-00, y en consecuencia, rechazó el medio de control.
114. Como se ha reseñado con antelación, en sentir de los demandantes, el
Tribunal Administrativo de Santander, al declarar el agotamiento de la jurisdicción
respecto del medio de control promovido, desconoció que para que opere dicha
figura resultaba imprescindible que las demandas de acción popular objeto de
comparación debían estar i) dirigidas contra iguales demandados, ii) perseguir las
mismas pretensiones y encontrar sustento en la iii) misma causa petendi.
115. En su concepto, dichos presupuestos no se presentaban en su caso concreto
toda vez que la acción popular rechazada era estructuralmente diferente y persiguió
una protección distinta, en cuanto a su diseño y espacio físico, que no fue
contemplada en las otras acciones populares.
116. Igualmente, estimaron que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció
las prerrogativas que regulan la coadyuvancia, toda vez que al indicarles que podían
acudir a las otras acciones populares en tal calidad, pretermitió que ello implicaba
acompañar exclusivamente las pretensiones promovidas por los promotores de tales
procesos.
117. Con tales precisiones, merece la pena recordar que la parte accionante, en lo
que se refiere al agotamiento de la jurisdicción, sostuvo que respecto del Consejo
de Estado resultaron desconocidas las siguientes providencias: i) sentencia de
unificación del 11 de septiembre de 2012, radicado número: 41001-33-31-004-2009-
00030-01(AP); Sección Primera ii) del cinco (05) de mayo de 2016, radicado 66001-
60 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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23-33-000-2015-00038-01(AP) y la iii) del veinte (20) de febrero de 2020. Radicación
No. 11001-03-15-000-2020-00250-00(AC). En lo que se refiere a la Corte
Constitucional, señaló como desatendida la sentencia SU-658 de 2015.
118. Frente al pronunciamiento del 11 de septiembre de 2012, se tiene que a
través del mismo la Sala Plena del Consejo de Estado unificó jurisprudencia sobre el
agotamiento de la jurisdicción y concluyó que:
(…) con apoyo en los principios de economía, de celeridad y de eficacia que rigen la
función judicial, y que por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 472 de 1998
deben orientar el trámite de las acciones populares61, cuando se esté ante demandas
de acción popular en las cuales se persiga igual causa petendi, basada en los
mismos hechos, y contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la
figura del agotamiento de jurisdicción.
119. La anterior regla procesal fue necesaria, toda vez que existía disparidad de
criterios y mientras la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptaba y aplicaba
esta postura, la Sección Primera de la misma Corporación consideraba que sí podían
acumularse acciones populares por remisión expresa del artículo 44 de la Ley 472 de
1998 al artículo 145 del Código Contencioso Administrativo.
120. De la cita transcrita del proveído de unificación, se extrae que los elementos
para que proceda el agotamiento de la jurisdicción en acciones populares, son: (i)
que en las demandas se persigan las mismas pretensiones, (ii) con fundamento en la
misma causa petendi y, (iii) con identidad de sujeto demandado.
121. En efecto, dicha regla fue reiterada por la Sección Primera de esta
Corporación en los proveídos del cinco (5) de mayo de 201662, y del veinte (20) de
febrero de 202063.
122. Por su parte, en la sentencia SU-658 de 2015 la Corte Constitucional también
se pronunció sobre esta figura en el sentido de reiterar la regla de unificación fijada
por el Consejo de Estado, que fue expuesta en precedencia, precisando que “en
aquellos supuestos en que se esté ante demandas de acción popular en las cuales se
persigan las mismas pretensiones, estén basadas en la misma causa petendi, y dirigida
contra iguales demandados, lo que procede es dar aplicación a la figura del
agotamiento de jurisdicción”. (Resaltado propio)
123. Ante tal escenario, corresponde realizar un análisis comparativo entre las
acciones populares confrontadas para efectos de constatar si, en efecto, se
presentaron las circunstancias para que se haya declarado el agotamiento de la
jurisdicción respecto del medio de control popular de radicado 2020-00827-00, de
conformidad con el desarrollo jurisprudencial referenciado.
61 Aunados a los de concentración, eventualidad e informalidad como principios generales del C. de P.
C.
62 Radicado 66001-23-33-000-2015-00038-01(AP).
63 Radicación No. 11001-03-15-000-2020-00250-00(AC)
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124. Para dilucidar lo anterior, se realizará un comparativo entre las demandas para
establecer las entidades que conforman el extremo pasivo, los hechos grosso modo
en que se fundamentaron y, finalmente, las pretensiones formuladas.
125. Con relación a las entidades demandadas:
2018-00196-00 2020-00138-00 2020-00827-00
Accionante: Alcaldía de Accionante: Accionante: Comité para la
Bucaramanga Antonio José Serrano Defensa el Agua y el
Martínez Páramo de Santurbán
Autoridades demandadas: Autoridades demandadas: Autoridades demandadas:
1. Ministerio de Ambiente y 1. Ministerio de 1. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Desarrollo Sostenible.
2. ANLA64 2. ANLA
2. ANLA.
3. CDMB65 3. CDMB
4. CORPONOR66 4. Agencia Nacional de
Minería
5. Sociedad Minera de
Santander –MINESA-
126. Del comparativo expuesto se extrae que los medios de control promovidos no
se dirigieron contra iguales demandadas, toda vez que en el proceso 2020-00827-00
se accionó a la Agencia Nacional de Minería y a la Sociedad Minera de Santander –
MINESA-, lo cual no ocurrió en los procesos anteriores; de manera que no se
satisface este presupuesto.
127. Ahora bien, en lo que se refiere al elemento de la identidad de causa petendi,
se tiene que en palabras de la Corte Constitucional “hace referencia a las razones
que sustentan las peticiones del demandante ante el juez”.
2018-00196-00 2020-00138-00 2020-00827-00
Accionante: Alcaldía de Accionante: Accionante: Comité para la
64 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
65 Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
66 Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander.
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Bucaramanga Antonio José Serrano Defensa el Agua y el
Martínez Páramo de Santurbán
En esta demanda se cuestionó el El actor reprocha el trámite La parte demandante cuestionó el
proceso de licenciamiento de licenciamiento proyecto minero de la empresa
ambiental del proyecto minero de ambiental realizado por MINESA – contrato de concesión
la empresa MINESA adelantado MINESA que se adelantó 09568 de 2016.
ante la ANLA en el año 2017 por en la vigencia 2019.
considerarse, entre otras cosas, Asimismo, reprochó el actuar de
que las autoridades ambientales Ello, por considerar entre las autoridades demandadas por
regionales67 no habían dado otras cosas que el Ministro considerar que no ejercían sus
cumplimiento a sus obligaciones de Ambiente y Desarrollo deberes en torno a la protección
relacionadas con la ordenación, Ad Hoc68, no cumplía con de la integralidad del ecosistema
zonificación y determinación de el conocimiento y que en su sentir implicaba
régimen de usos del ecosistema capacidades para rendir declarar a los bosques de alta
de Páramo San Turbán. concepto al interior del montaña adyacentes al Páramo
Asimismo, mencionó que las Concejo Técnico de Santurbán y la cuenca
autoridades tampoco habían Consultivo de la ANLA hidrográfica como zona de
realizado el plan de manejo frente al daño irreversible exclusión de actividades mineras
ambiental para el páramo. que representaba la a gran escala.
explotación a los
Resaltó que era vital la ecosistemas de páramos. El extremo demandante resalta la
participación de las autoridades importancia ambiental y los
ambientales para establecer la Mencionó que en el caso servicios ecosistémicos de la
protección del páramo, con lo concreto no se cumplían estrella hídrica de la alta montaña
cual la ANLA no debió iniciar el los requisitos para que la de Santurbán.
trámite de licenciamiento ANLA otorgara una licencia
presentado por MINESA. ambiental porque podía Presenta una visión de la
afectarse el páramo, el cual afectación ambiental que se
Por ello, resultaba contradictoria era objeto de protección deriva de los proyectos de
e incostitucional la expedición de especial. minería partir de la crisis
permisos sin el cumplimiento de climática.
los deberes de las autoridades Cuestionó el proyecto
ambientales, razón por la cual el minero subterráneo de oro Se puso de presente la necesidad
otorgamiento de la licencia no de la Compañía Minesa de, en un escenario de crisis
podía materializarse. porque el mismo estaría climática, salvaguardar los
muy cerca del ecosistema intereses colectivos ante la
del Páramo de Santurbán. ausencia de políticas públicas
claras que garanticen los
derechos ambientales ante
potenciales actividades mineras.
128. Del comparativo se extrae, grosso modo, que todas las demandas cuestionan
el accionar de las distintas autoridades en lo que se refiere a sus deberes de
67 Específicamente la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
–CDMB- y la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander –CORPONOR-.
68 El señor Alberto Carrasquilla Barrera.
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salvaguarda. Mientras que los procesos 2018-00196-00 y 2020-00138-00
propendieron por la protección específica del Páramo de Santurbán, el Comité
demandante en el proceso 2020-00827 fue más allá en el sentido de plantear una
salvaguarda más integral que excluyera de actividades mineras a los bosques de alta
montaña adyacentes y la cuenca hidrográfica.
129. De igual manera, debe decirse que aborda la problemática desde una
perspectiva más amplia que incluye el análisis de la crisis climática y la necesidad de
establecer políticas públicas claras en torno a los proyectos mineros en zonas objeto
de especial protección y su impacto.
130. En este sentido, la Sala considera que, si bien existe un factor transversal
respecto de los tres medios de control promovidos que tiene que ver con la
protección de ecosistemas de especial importancia y protección, no se presenta una
identidad plena en torno a la manera como es abordada la situación y la forma como
son planteados los fundamentos en las tres demandas.
131. Ahora bien, en lo que se refiere a las pretensiones de cada una de las
demandas, se tiene lo siguiente:
2018-00196-00 2020-00138-00 2020-00827-00
Accionante: Alcaldía de Accionante: Accionante: Comité para la
Bucaramanga Antonio José Defensa el Agua y el
Serrano Martínez Páramo de Santurbán
PRETENSIONES: PRETENSIONES: PRETENSIONES:
En virtud del principio de Resolver que el Ministro Ad Declarar la vulneración de los
precaución y de protección, hoc de Ambiente y derechos colectivos
declarar la vulneración de los Desarrollo no es la persona
derechos colectivos al goce de un adecuada para rendir un “Declarar los bosques altos
ambiente sano, al agua y el concepto vinculante al andinos –zonas de vida
desarrollo sostenible, ordenando interior del Comité Técnico adyacentes al Páramo de
la suspensión de las acciones Consultivo de la ANLA en Santurbán – Berlín- y el ciclo
que puedan llegar a afectar en la el proceso de hidrológico que abastece al –
actualidad, o en el futuro, la licenciamiento ambiental AMB- zonas de exclusión de
totalidad del ecosistema del del proyecto minero del Mega minería- Minería a gran
Páramo de Santurbán. Páramo de Santurbán. escala”
Decretar la nulidad de lo actuado Que la ANLA se abstenga Cese inmediato y definitivo de
en el proceso de licenciamiento de conceder licencia o las actividades de mega
ambiental que adelanta MINESA autorización para la minería en las anteriores zonas.
ante la ANLA. exploración o explotación
que afecte el Páramo de Aplicación del enfoque
Ordenar a la CDMB y a Santurbán ecocéntrico: Reconocer el
CORPONOR que adelanten su ecosistema: Alta Montaña de
función en torno al régimen de Santurbán-Berlín(Bosques Alto
usos del ecosistema del Páramo. andinos y Páramo), a la
subcuenca del Río Suratá y a
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la microcuenca del Río Frío,
incluidos sus afluentes (flujos
superficiales) y los acuíferos
(flujos subterráneos) que
intervienen en su ciclo hidrológico
y que abastecen y abastecerán
las futuras generaciones del -
AMB-como una entidad sujeto
de derechos
Reconocimiento de tutores
guardianes; creación de
patrimonio fondo económico;
plan de investigación científica,
evaluación, análisis, monitoreo
y pronóstico; realización de
informe económico; plan de
articulación, planificación y
ordenamiento ambiental del
territorio; plan de desarrollo
sostenible con enfoque
territorial y local; plan de
defensa, control y prevención
de minería ilícita de grupos
armados;
132. De lo expuesto, la Sala considera que resulta evidente que no se presentaron
las mismas pretensiones en los procesos adelantados. Si bien existe identidad en el
sentido que todas, por obvias razones, propenden por la protección del
medioambiente como consecuencia de los proyectos de explotación, lo cierto es que
en su estructura y contenido se distancian abiertamente.
133. Conviene poner de presente que el propio Tribunal Administrativo de
Santander aceptó que en la acción popular objeto de análisis se presentan peticiones
que no habían sido expuestas en ninguno de los otros medios de control. Empero,
consideró que “estas nuevas pretensiones lo que buscan es rebatir un debate (sic)
judicial que ya está surgiendo sus trámites ante la jurisdicción. Toda vez, que de
fondo lo que se está persiguiendo, es la suspensión del trámite de la licencia
ambiental del proyecto Soto Norte de la empresa Minesa o que se niegue la licencia
ambiental (…)”
134. Frente al particular, debe mencionarse que atendiendo a la naturaleza de lo
que reprochan los medios de control promovidos, necesariamente deben coincidir en
pretender que cesen las actividades que se consideran amenazantes del medio
ambiente.
135. No obstante, contrario a lo que manifestó el Tribunal Administrativo de
Santander, esta Sala considera que las pretensiones formuladas en la demanda
2020-00827 no persiguen, en estricto sentido, la simple suspensión o la negación de
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los trámites de licencia ambiental que adelanta MINESA, sino que incluyen medidas
que tienen por objetivo la consolidación de un modelo de salvaguarda de los
derechos ambientales mucho más estructural a partir de la participación de distintos
actores y con un enfoque más amplio que, indudablemente, no fue propuesto en
ninguno de los procesos admitidos con antelación.
136. Así las cosas, se considera que en el sub judice sí se configuró el
desconocimiento del precedente judicial en torno a la figura del agotamiento de la
jurisdicción al no cumplirse los requisitos que la hacen procedente, toda vez que, se
reitera, no existió, cuando menos, identidad de demandados y pretensiones.
137. Debe recordarse que la parte accionante señaló que, en lo referido al
agotamiento de la jurisdicción, también se presentó un defecto sustantivo. Frente a
este punto, la Sala considera que no se cumplió con la carga argumentativa
requerida de conformidad con las generalidades expuestas en torno a este yerro en
líneas precedentes.
138. En efecto, los tutelantes no pusieron de presente, por ejemplo, la disposición
normativa que la autoridad judicial accionada desatendió, interpretó de manera
errónea o le fueron reconocidos efectos distintos a los otorgados por el Legislador69.
139. En este sentido, este cargo en específico no tiene vocación de prosperidad y
así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
140. Ahora bien, la autoridad judicial accionada manifestó a los accionantes
mediante la providencia que resolvió el recurso de reposición que podían coadyuvar
e intervenir dentro del curso de los dos procesos 2020-00138-00 y 2018-00196-00,
“formulando nuevas pretensiones, vinculando nuevos accionados e incorporando
las pruebas que consideren necesarias, dado a que, existe un debate previo en
relación a las circunstancias fácticas aquí planteadas (…)”. (Énfasis de la Sala)
141. Esta Sala, como juez de tutela, se aparta de esta afirmación del Tribunal
Administrativo de Santander en el auto del 16 de noviembre de 2021, toda vez que
esta Corporación, en distintas oportunidades, se ha referido a la finalidad de la
coadyuvancia, establecida para contribuir, asistir o ayudar a la consecución de la
defensa de los derechos colectivos invocados por el actor y no para formular sus
propias peticiones.
142. En efecto, tal y como sostuvo la parte actora, el Consejo de Estado ha
señalado que “la figura de la coadyuvancia en las acciones populares está limitada al
marco de las pretensiones formuladas por el actor popular, así como a los hechos
expuestos en la demanda.”70.
69 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
70 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 26 de junio de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo
López. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00196-01 (AP)
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143. Lo anterior, implica a su vez que el Tribunal Administrativo de Santander
interpretó de manera equivocada el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, norma en la
que sustentó su dicho, toda vez que dicha disposición establece de manera literal
que “la coadyuvancia operará hacia la actuación futura”.
144. Ciertamente, en sentencia del 2 de julio de 2021, la Sección Tercera de esta
Corporación reiteró que las facultades del coadyuvante en las acciones populares:
“se restringen al ejercicio de los mismos actos procesales que puede realizar
el coadyuvado y que se concretan en una labor netamente de ayuda o
cooperación dirigida a reforzar los argumentos expuestos inicialmente, pedir
práctica de pruebas, participar en las alegaciones e interponer recursos, pero
en ninguna de sus actuaciones podrá aducir hechos diferentes que
amplíen el objeto del litigio o argumentar la vulneración de derechos
colectivos distintos a los señalados por el actor, so pena de reemplazar la
parte que coadyuva y desnaturalizar el instituto de la coadyuvancia”71. (Énfasis
de la Sala)
145. En tal perspectiva, los defectos sustantivo y de desconocimiento del
precedente propuestos respecto a la coadyuvancia, también se materializaron con el
proferimiento de la providencia del 16 de noviembre de 2021.
146. Ello, toda vez que, al tratarse de pretensiones distintas, los accionantes no
podían coadyuvar los procesos anteriores pues en los mismos claramente no se
resolvería lo fundamentalmente perseguido en su demanda, al margen de que
coincidieran en la cesación de las actividades que, en su sentir, afectan el medio
ambiente.
2.8. Conclusión
147. Así las cosas, esta Sección del Consejo de Estado estima que el Tribunal
Administrativo de Santander sí incurrió en la vulneración de los derechos invocados
por la parte accionante.
148. En consecuencia, y con fundamento en los argumentos esbozados en las
líneas precedentes, la Sala accederá a la solicitud de amparo formulada por los
tutelantes contra la referida colegiatura judicial, con motivo de la providencia del 16
de noviembre de 2021, mediante la cual no repuso su auto del 20 de abril de la
misma anualidad en el que declaró el agotamiento de la jurisdicción respecto de la
acción popular 2020-00827 y, por tanto, resolvió su rechazo.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de julio de 2021. C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00006-01 (AP).
29 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Hernán Alberto Morantes Avendaño y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02381-00
149. Ello, en la medida que se encontraron configurados los yerros atribuidos a la
decisión atacada, con excepción del defecto sustantivo con relación a la figura del
agotamiento de la jurisdicción.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a la alcaldía de Bucaramanga, al
Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo –CAJAR-, al Grupo de Investigación en
Derechos Colectivos y Ambientales –GIDCA (U.Nacional), al Programa de
Comunidades, Tierra y Recursos Center for International Environmental Law (CIEL),
al Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz del Consultorio Jurídico UIS, al
Semillero de Investigación en estudios sobre minería Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, la Universidad de Antioquia, Asociación Ambiente y Sociedad; al acueducto
metropolitano de Bucaramanga; al director del Área Metropolitana de Bucaramanga
y a los 1690 ciudadanos señalados en el numeral 51 de esta providencia.
SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Ministerio de Minas y Energía.
TERCERO: NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo en torno al
agotamiento de la jurisdicción.
CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido
proceso de Hernán Alberto Morantes Avendaño, Juan Camilo Sarmiento y Miguel
Francisco Contreras por la configuración de los demás defectos estudiados y en
atención a los fundamentos contenidos en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 16 de noviembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En consecuencia, la autoridad
judicial deberá expedir una nueva decisión dentro de los 10 días posteriores a la
notificación de esta providencia en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Demandantes: Hernán Alberto Morantes Avendaño y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02381-00
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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