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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02393-00

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02393-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A., según lo indicado en esta decisión. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Lucía Concepción Moreno Valero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02393-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de junio de 2022

Demandante: Lucía Concepción Moreno Valero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02393-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-02393-00
Demandante: LUCÍA CONCEPCIÓN MORENO VALERO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A” Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente – Niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Lucía Concepción Moreno Valero contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito enviado el 27 de abril del 2022 al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, la
señora Lucía Concepción Moreno Valero, actuando por medio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales “a
la igualdad, debido proceso, mínimo vital, seguridad social, entre otros”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual se revocó la
providencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que accedió a las pretensiones
de la demanda, para en su lugar, negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado N.º 25000-23-42-000-2019-
00454-01, instaurado contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lucía Concepción Moreno Valero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02393-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad
de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida
por el CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA – SUBSECCION A – de
fecha de 02 de diciembre de 2021, mediante la cual revoco la sentencia emitida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMRCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “D” el 19 de marzo de 2020.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se
ORDENE al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A - a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. a PAGAR el valor de la cesantía definitiva con RETROACTIVDAD a la señora
LUCÍA CONCEPCIÓN MORENO VALERO (...) tomando como salario base de
liquidación la asignación básica correspondiente al año de retiro del servicio.

(...)”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

4. La señora Lucía Concepción Moreno Valero prestó sus servicios como docente
de vinculación temporal tiempo completo desde el 15 de abril de 1988 hasta el 30
de noviembre de 1992, es decir que estuvo vinculada para los periodos lectivos de
1988, 1989, 1990, 1991 y 1992. Posteriormente, a partir del 1º de febrero de 1993
hasta el 1º de febrero de 2018, fue nombrada en propiedad de forma
ininterrumpida, mediante Resolución N.º 202 de 1993.

5. Por medio de la Resolución N.º 10080 de 4 de octubre de 2018, la Dirección de
Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá, actuando en nombre y
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG le reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas de manera
anualizada y sin retroactividad.

6. La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– FOMAG y la Fiduciaria La Previsora S.A., con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución N.º 10080 de 4 de octubre de 20182 dictada por el
FOMAG y a título de restablecimiento se condenara a las accionadas a reconocer
y pagar el valor de las cesantías definitivas con retroactividad de acuerdo con el
último salario devengado, en atención a lo consagrado en las leyes 91 de 1989 y
344 de 1996.

1
Proceso identificado con el radicado N.º 25000-23-42-000-2019-00456-00.
2
Dicho acto administrativo reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas en favor de la
accionante de forma anualizada y no bajo el régimen de retroactividad.

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7. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, por medio de providencia de 19 de marzo de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda.

8. Inconforme con ello, el extremo pasivo interpuso recurso de apelación el cual
fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
mediante sentencia de 2 de diciembre de 2021, que revocó la decisión del a quo y
en su lugar, negó las súplicas, tras considerar que:

“(…) la señora Lucía Concepción Moreno Valero se vinculó como docente el 8 de
febrero de 1993, a través de la Resolución 202 del 1º de febrero de 1993, por la
cual fue nombrada como docente en la Secretaría de Educación de Santafé de
Bogotá, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989,
por consiguiente, el reconocimiento de sus cesantías se rige por las normas
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, el régimen
anualizado, sin retroactividad y sujeto a intereses, contrario a lo señalado por el a
quo”.

9. Dicha decisión fue notificada el 14 de diciembre de 2021.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. El apoderado judicial de la accionante indicó que la decisión del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A” resultaba errónea puesto que para el
reconocimiento de las cesantías con retroactividad se debía tener en cuenta la
vinculación temporal tiempo completo por los tiempos otorgados por el calendario
escolar. Para fundamentar ello, citó la sentencia de 23 de agosto de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”3, donde se analizó el reconocimiento y pago de cesantías con
retroactividad de los docentes oficiales vinculados con “tiempos temporales tiempo
completo” por periodos atados al calendario escolar, anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989:

“En este orden, la demandante tiene derecho al reconocimiento de las cesantías
definitivas con régimen retroactivo, pues la vinculación “temporal tiempo completo”
acaecida antes del 31 de diciembre de 1989, debe tenerse en cuenta, toda vez
que el legislador no distinguió la clase de vinculación del docente para mantener el
régimen retroactivo, razón por la cual, este tipo de nombramientos de carácter
temporal no puede desecharse para los efectos del reconocimiento pretendido,
pues se recuerda que la demandante fue nombrada por la Secretaría de
Educación con carácter temporal por los años lectivos 1987, 1988, 1989, 1990,
1991 y 1992, y posteriormente fue nombrado en propiedad desde el 08 de febrero
de 1993”.

11. Expresó que “(…) la señora LUCIA CONCEPCION MORENO VALERO laboró como
docente oficial al FOMAG con vinculación territorial distrital – recursos propios desde el
día 15 de abril de 1988 realizando aportes a la seguridad social a través de la CAJA DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL DISTRITO y desde el 01 de febrero de 1993 a través del
FOMAG, (…) por ser docente con fuente de recursos distrital – recursos propios que se
vinculó con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, se le debe reconocer y pagar sus
cesantías de forma RETROACTIVA, conforme con lo señalado en el artículo 17 de la Ley
6º de 1945; el artículo 1º del Decreto 2767 de 1945; el artículo 1º de la Ley 65 de 1946;

3
Proceso identificado con el radicado N.º 11001-33-42-047-2016-00612-01.

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los artículos 1º y 2º del Decreto 1160 de 1947 y los Decretos 2755 de 1966, 899 de 1991
y ley 91 de 1989”. (Sic a toda la cita)

12. Señaló que la actora se vinculó como docente con antelación a la Ley 812 de
2003, norma que dispone que “(…) el régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones”.

13. Teniendo en cuenta lo anterior, aduce que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en el desconocimiento del precedente al dar un trato
diferencial en lo que respecta al reconocimiento y pago de las cesantías de forma
retroactiva “que como se mencionó anteriormente y con la jurisprudencia citada se llega
a la conclusión de que no existe la interrupción del servicio de cada docente con la
administración y por el contrario se dio urgencia en la continuidad de la prestación del
servicio del docente teniendo en cuenta el año lectivo docente y debido a que en dicho
periodo escolar no se evidencia interrupción en el servicio”.

14. Aunado a ello, citó la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”4 del 30 de octubre de 2019 y la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 9 de
septiembre de 2021, identificada con radicado N.º 05001-23-33-000-2013-01143-
015, en las que se señalan los criterios para identificar la existencia de una
relación laboral “(…) con fundamento en una subordinación continuada y el efecto sobre
la solución de continuidad, conforme al derecho sustancial que prevalece en las
relaciones laborales en beneficio del trabajador”.

15. Finalmente mencionó que se había configurado el defecto sustantivo al
violarse las siguientes normas:

• Artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
• Ley 91 de 1989: “(…) reafirmó que a los docentes nacionalizados nombrados
antes del 31 de diciembre de 1989 se les pagará un auxilio de cesantía
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los tres últimos meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año. De igual manera, esta Ley estableció una nueva fórmula
de liquidación de cesantías para los docentes que se vinculen a partir del 1º de
enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha
fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir de la misma, al
determinar que el FNPSM reconocerá y pagará a estos docentes un interés anual
sobre saldos de las cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés (…)”.
• Artículo 15 de la Ley 1091 de 1989 en concordancia con el artículo 6,
numerales 1º y 3º de la Ley 60 de 1993.

4
Radicado N.º 11001-33-35-016-2016-00467-01.
5
También citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” de 2 de
febrero de 2006, identificada con radicado N.º 08001-23-31-000-1996-11550-00, sin embargo,
nada se dijo al respecto.

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1.5. Tramite de la acción de tutela

16. Mediante auto de 5 de mayo de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante, a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” como
autoridades judiciales accionadas.

17. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y al Ministerio Público.

18. De igual forma, se les reconoció personería a los abogados Cristián Aníbal
Fernández Gutiérrez, Tony Alex Atuesta Solórzano y Nora Yanine Chaparro Ávila.

19. A través de Oficio de 31 de mayo de 2022, el magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra manifestó impedimento para conocer de la presente acción de tutela, en
atención a que participó en el proceso ordinario promovido por la actora en calidad
de magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, dentro del cual dictó la providencia que admitió el medio de
control6.

20. En razón de ello, el impedimento fue declarado fundado por medio de
providencia de 2 de junio de 2022.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Fiduprevisora S.A.

21. Con escrito enviado el 10 de mayo del 2022, la coordinadora de tutelas adujo
que la entidad no era responsable por el quebrantamiento del derecho
fundamental de la actora, pues no existía nexo causal y por ello se configuraba el
fenómeno de la falta de legitimación en la causa por pasiva y se debía desvincular
de la acción.

22. Adicionalmente, afirmó que el mecanismo resultaba improcedente toda vez
que las autoridades judiciales accionadas habían actuado conforme con la
normativa establecida y sin desconocer los precedentes judiciales relacionados
con el tema objeto de la demanda.

6
Providencia con fecha de 27 de mayo de 2019.

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1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

23. El magistrado ponente de la decisión de segundo grado del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho7, explicó que en la providencia recurrida
se advirtió que la accionante prestó sus servicios como docente con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, sin embargo, dichas vinculaciones fueron
de carácter temporal, es decir, que no obedecieron a la permanencia en el cargo
de manera ininterrumpida y perpetua.

24. Además señaló que: “(…) se razonó que existió solución de continuidad de la
relación laboral, al momento que la señora Moreno Valero culminara el cubrimiento del
cargo en que se encontraba desempeñando como temporal e iniciara el otro en una fecha
posterior. Lo anterior si se tiene en cuenta que entre cada vinculación transcurrió un lapso
de al menos 1 mes y medio en cada evento, esto es, entre 15 de mayo y el 30 de
noviembre de 1988 y el 30 de noviembre de 1992. Se verificó igualmente, que no se
aportó prueba que diera cuenta que se presentó fijeza entre dicha vinculación o las
subsiguientes, y el cargo del cual la aquí accionante tomó posesión el 8 de febrero de
1993, pues fue precisamente a partir de esta última fecha que la señora Moreno Valero
prestó sus servicios sin alguna interrupción que implicara la culminación del vínculo
laboral”.

25. Frente a lo anterior, puso de presente que no quedó demostrado que las
suspensiones o interrupciones en la labor temporal hubiesen sido con ocasión de
licencias, enfermedad, accidente de trabajo o cualquier situación laboral que no
conllevara de manera inexorable a la solución de continuidad de dicha relación.
Así como tampoco se demostró que las vinculaciones anteriores bajo la modalidad
de contratos temporales, el auxilio de cesantías por esos lapsos le hubiera sido
debidamente reconocido y liquidado una vez finiquitó cada periodo.

26. Por lo tanto, en el fallo objeto de estudio se concluyó que, la vinculación
laboral continua y de la cual se derivan las cesantías objeto de la liquidación
solicitada ocurrió desde el 8 de febrero de 1993, es decir con posterioridad al 1º de
enero de 1990, fecha prevista en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para que
entrara en vigor el sistema de liquidación de cesantías allí contemplado. Por ello,
el sistema aplicable para efectos de liquidación de auxilio de cesantías era el
anualizado.

27. En lo atinente al desconocimiento del precedente argumentado por la actora,
resaltó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha tenido un precedente
pacífico y reiterativo en advertir la improcedencia de liquidar con retroactividad el
auxilio de cesantías del docente que, si bien prestó sus servicios en dicha calidad
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, lo cierto es que si
tales vinculaciones fueron de carácter temporal, es decir, que existió solución de
continuidad en la relación laboral, no es permitido que dichos lapsos para efectos
de la liquidación de la cesantía sea calculada en observancia del régimen
retroactivo8.

7
Memorial remitido el 11 de mayo de 2022.
8
Al respecto citó las siguientes providencias: “Sección Segunda, Subsección A: del 18 de enero de
2018, radicado: 19001333100020110030501 (1733-2016); del 28 de marzo de 2019, radicado:
54001233300020160040401 (4015-2017); del 4 de marzo de 2021, radicado: 25000-23-42-000-
2017-01241-01 (0189-2019); del 15 de abril de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2017-00813-01

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28. De esa forma, manifestó que en la presente acción debían negarse las
pretensiones de la señora Moreno Valero, en atención a que pretendía agotar una
tercera instancia vulneratoria de la autonomía judicial, pues se pretendía revivir la
discusión probatoria y el análisis jurídico que ya se había agotado en el proceso
ordinario.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”

29. Mediante documento remitido el 13 de mayo del presente año, la magistrada
perteneciente a la Subsección “D” de la Sección Segunda del tribunal que profirió
la sentencia de 19 de marzo de 2020, argumentó que no se observaba la
configuración de ninguno de los defectos indicados, por lo cual resultaba
improcedente, además de no haberse vulnerado derecho fundamental alguno.

30. Pese a que los otros vinculados fueron notificados en debida forma, guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Lucía Concepción Moreno Valero, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

32. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades judiciales contra la cual se dirige
la acción de tutela es el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y
otro, por tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.

2.2. Legitimación en la acción de tutela

33. Se tiene que la Fiduprevisora S.A. solicitó la desvinculación del presente
trámite constitucional, pues a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva. No obstante, dicha petición será negada, ya que la vinculación al proceso
se hizo en calidad de tercero, más no la entidad contra la cual se encuentra
dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste
en las resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

(1838-2019); entre otras, providencias en las cuales se ha sostenido que el trabajador tiene
derecho al pago del beneficio deprecado por el tiempo laborado de manera continua o
discontinuamente, por lo que mal se haría al extender esta posibilidad cuando la relación legal y
reglamentaria se ha disuelto por la ausencia de los elementos materiales y formales que configuran
el vínculo laboral”.

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• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis
de fondo.
• Solo en el evento se superar tales requisitos, se determinará si ¿la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado incurrió en los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente y vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social de la señora Lucía Concepción Moreno Valero, al no
acceder a la liquidación de las cesantías definitivas con retroactividad?

35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) de las generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso
concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema10. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales11. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

37. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Demandante: Lucía Concepción Moreno Valero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02393-00

38. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia14 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

39. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.

40. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una
providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590
de 2005, y acogida por esta Sección15.

41. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales16; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales17.

2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.2.1. Relevancia constitucional

42. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
plenamente superado, lo anterior, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de
la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la garantía de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, por cuanto el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, profirió sentencia mediante la cual se revocó la
providencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que accedió a las pretensiones
de la demanda, para en su lugar, negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado N.º 25000-23-42-000-2019-
00454-01, instaurado contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

14
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
15
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-
02213-01.
16
Sentencia T-309 de 2005.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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43. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales en mención subyacen en
el sublite, por tener un rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo
29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

44. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus garantías constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de
la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en
preservador de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela
quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado
Social de Derecho, salvaguardando la dignidad humana.

45. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los
derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento judicial
establecido para su protección.

46. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.4.2.2. Tutela contra decisión de tutela

47. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues las
providencias de 2 de diciembre de 2021 y 19 de marzo de 2020 fueron proferidas
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.º
25000-23-42-000-2019-00454-01, instaurado contra la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.

2.4.2.3. Inmediatez

48. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la
providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” fue
proferida el 2 de diciembre de 2021 y notificada el 14 siguiente. Mientras que la
solicitud de tutela fue presentada el 27 de abril de 2022, es decir menos de 6
meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para uso de este
mecanismo excepcional18, con ocasión de los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200519.

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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2.4.2.4. Subsidiariedad

49. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” que se cuestiona en sede
de tutela puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado N.º 25000-23-42-000-2019-00454-01 y
frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

50. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia, pues a pesar de
que la accionante citó como desconocida una sentencia de unificación, el recurso
de unificación de jurisprudencia no es procedente por tratarse de una providencia
dictada por el Consejo de Estado.

51. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

2.5. De las generalidades del defecto sustantivo

52. Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte
Constitucional20, ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando
su aparición cuando las autoridades judiciales entran a desconocer las
disposiciones de rango legal o infralegal aplicadas a un determinado caso.
Específicamente, una providencia adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional:

“(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; (v) omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi)
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso21” (negrilla propia).

53. Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.

54. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la
sentencia que ataca.
20
Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.
21
Sentencia SU-635 de 2015.

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55. Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente aplicable al caso concreto, o poniendo de presente
la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma aplicable de
manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando las
disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende inaplicada,
o finalmente, los efectos que el legislador expresamente ha dado a la norma y que
son distintos a la situación fáctica planteada22.

2.6. De las generalidades del defecto de desconocimiento del precedente

56. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

57. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez23”.

2.7. Sistema de liquidación de cesantías de los docentes24

58. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la Nación con el fin de atender «las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella»,
estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:

“Artículo 2.°

(…)

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de
entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

22
Sentencia T-781 de 2011.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia 07.12.21, Rad. 25000-23-42-000-2018-01973-01.

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(…)

Artículo 15.° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes. Subrayado nuestro

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

(…)

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional”. (Subrayado propio)

59. Conforme las normas trascritas, se establece una distinción entre los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo
de cesantías. Por su parte, los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de
1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías
que se causen desde el 1º de enero 1990, el Fondo pagará un interés anual sobre
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad, valga decir, las cesantías se reconocerán con el
régimen anualizado.

60. Así mismo, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación25, al
decidir casos similares ha establecido que los docentes que ingresaron al sector

25
Véase también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 12.0418, Rad. 2014-00104; Sentencia

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oficial con posterioridad al 1º de enero de 1990, independientemente de ser
designados por el alcalde o gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad
de financiados con recursos propios, se rigen por las disposiciones vigentes para
los empleados públicos del orden nacional, que en materia de cesantías, prevén la
liquidación bajo el sistema anualizado. Al efecto, en sentencia de 31 de enero de
201926, sostuvo lo siguiente:

“(…) la Ley 91 de 1989 «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio», en lo relativo a las cesantías del personal docente, previó
la siguiente disposición:

3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma
que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional.»

(…)

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la citada Ley 91 de 1989, dispuso que
aquellos docentes vinculados con anterioridad a 31 de diciembre de 1989,
conservarían el régimen prestacional que gozaban en la entidad territorial a la cual
se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás normas concordantes
y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción
entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por las
normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación
del sistema financiero durante el mismo período.

26.07.18, Rad. 2015-02674-01; Sentencia 29.10.18, Rad. 2015-00447-01; Sección Segunda,
Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia 13.08.18 Rad.2014-00683-01 y 2014-
00621-01; Sentencia 16.08.18, Rad. 2015-00048-01; Sentencia 22.10.18, Rad. 2015-00186-01 y
2016-00629-01; Sentencia 07.02.19, Rad. 2016-00298-01; Sentencia 14.02.19, Rad. 2015-04922-
01.
26
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 2015-00025-01.

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Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de si los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 201627, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de
los docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas
prestacionales que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, quienes mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden
territorial, a diferencia de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin
hacer distinción entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las
normas de los empleados públicos del orden nacional.

(…)

Así las cosas, la Ley 91 de 1989, además de crear el FOMAG para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se vincularan con anterioridad al 31
de diciembre de 1989”. (Subrayado propio)

61. Por todo lo anterior, se definió que los docentes que ingresaron con
posterioridad al 1 de enero de 1990, por el solo hecho de ser designados por el
alcalde o gobernador no adquieren el carácter de territorial regidos por normas
prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad,
puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b),
los maestros “(…) que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las
prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional”, y concretamente frente a las cesantías,
dispuso que el FOMAG reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de
estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad.

2.8. Caso concreto

62. La señora Lucía Concepción Moreno Valero recurrió la sentencia de 2 de
diciembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” por cuanto revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar el
reconocimiento de las cesantías con retroactividad.

63. En atención a ello, adujo que se configuraron los defectos sustantivo y de
desconocimiento del precedente. Frente al primero, señaló las siguientes normas
como violentadas:

• Ley 812 de 2003.
• Artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
• Ley 91 de 1989
• Artículo 15 de la Ley 1091 de 1989
• Numerales 1 y 3 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
• Artículo 1º del Decreto 2767 de 1945.
• Artículo 1º de la Ley 65 de 1946.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia 14.04.16 con Rad. 2013-00134-01.

15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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• Artículos 1º y 2º del Decreto 1160 de 1947.
• Ley 91 de 1989.
• Decreto 2755 de 1966.
• Decreto 899 de 1991.

64. Lo anterior para indicar que a pesar de que la vinculación de la accionante se
hubiera dado en un principio de forma temporal, desde 1988 con vinculación
territorial distrital y posteriormente en propiedad y de forma permanente, tenía
derecho a que se le reconocieran y pagaran sus cesantías de forma retroactiva.

65. Por su parte, en lo referente al desconocimiento del precedente, citó las
siguientes providencias:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“D”, M.P. Cerveleón Padilla Linares, Sentencia 23.08.18, Rad. 11001-33-42-
047-2016-00612-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“C”, M.P. Cerveleón Padilla Linares, Sentencia 30.10.19, Rad. 11001-33-35-
016-2016-00467-01.
• Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia 09.09.21, Rad.
05001-23-33-000-2013-01143-01.

66. Frente al defecto sustantivo, y en lo referente al compendio normativo referido
y aplicado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” se
evidencia que dentro de la explicación sobre el régimen de cesantías aplicable a
los empleados públicos, señaló el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 para indicar que
los empleados nacionales gozarían de un auxilio de cesantías a razón de un mes
de sueldo o jornal por cada año de servicio, aunado a lo consagrado en el artículo
1º del Decreto 2767 de 1945 cuando se extendieron las prestaciones reconocidas
en el anterior a empleados de departamentos, intendencias, comisarias y
municipios.

67. Más adelante hizo mención del Decreto 3118 de 1968 para poner de presente
que en artículo 27 se reguló en torno al tema de la liquidación de las cesantías,
pasando del régimen de la retroactividad al sistema de liquidación anualizado, que
en principio no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial quienes
estaban sujetos a las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, no obstante con las
disposiciones que modificaron su naturaleza y cobertura permitieron la afiliación
este de los empleados de las entidades territoriales y sus entes descentralizados
(Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998).

68. Posteriormente mencionó que la Ley 50 de 1990 cambió el régimen de
cesantías en el sector privado al anualizado y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
extendió el régimen de cesantías de los servidores públicos vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996, es decir su entrada en vigencia.

69. Todo lo anterior para explicar que coexistían dos regímenes de cesantías, “las
retroactivas que son viables para quienes se vincularon a la administración pública hasta

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el 30 de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente
para el sector privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores públicos
vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996),
incluidos los de nivel territorial”.

70. Así mismo realizó un recuento del régimen de cesantías de los docentes, en el
que expuso que el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 distinguió entre docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales y en el artículo 2º estipuló cómo se
reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de
promulgación de la mencionada ley.

71. Por consiguiente concluyó que:

“(i) Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad
territorial, es decir, el sistema de retroactividad;
(ii) Los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, lo
que según la tesis contenida en los artículos 1º y 2º, corresponde a los nacionales
o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer
distinción entre nacionales y territoriales, se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados público del orden nacional, esto es, un sistema
anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.

(iii) Posteriormente, el artículo 6º de la Ley 60de 1993 evidenció que el régimen
prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989”.

72. En el caso se evidencia que la señora Moreno Valero fue vinculada de forma
temporal de tiempo completo desde el 15 de abril de 1988 hasta el 30 de
noviembre de 1992 a través de diferentes vinculaciones y posterior a ello, fue
nombrada en propiedad mediante Resolución N.º 202 de 1993, razón por la que
existió solución de continuidad entre las vinculaciones temporales y el
nombramiento en propiedad.

73. Las vinculaciones temporales de tiempo completo se dieron en los siguientes
periodos:

• 15 de mayo de 1988 a 30 de noviembre de 1988.
• 24 de enero de 1989 a 3 de diciembre de 1989.
• 22 de enero de 1990 a 3 de diciembre de 1990.
• 21 de enero de 1991, a 2 de diciembre de 1991.
• 22 de enero de 1992 a 30 de noviembre de 1992.

74. De acuerdo con las vinculaciones acreditadas, se observa que la accionante
tuvo vinculaciones anteriores al 1º de enero de 1990. Sin embargo, al examinar
cada una de ellas, se observa que todas tuvieron el carácter de temporal sin que
se establezca continuidad y permanencia en el tiempo en el ejercicio de la labor
docente y el término que transcurrió entre una vinculación y otra fue mayor a un
mes, lo que deja entrever la ruptura en la relación contractual.

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75. Además, se evidencia que el ingreso de la actora en propiedad al sector
docente oficial se produjo el 1º de febrero de 1993, es decir que entre esta y la
última fecha de vinculación temporal transcurrieron un poco más de 2 meses, de
manera que, no hay lugar a duda de la existente solución de continuidad en la
prestación de sus servicios como educadora, sin que resulte posible tenerle en
cuenta para la liquidación de sus cesantías los periodos comprendidos desde el
año 1986 en forma continua y bajo el régimen de retroactividad.

76. La norma general que se encuentra consagrada en el artículo 10 del Decreto
1045 de 1978, señala que “(…) hubo solución de continuidad cuando medien más de
quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad», de suerte que
dicha norma ha previsto que el tiempo que debe trascurrir entre una y otra situación
administrativa – retiro del servicio y nueva vinculación – no podrá superar los quince (15)
días hábiles para efectos de conservar la continuidad en el servicio”.

77. Solo a partir de la Resolución N.º 202 del 1 de febrero de 1993, se observa
que la demandante fue nombrada en propiedad para desempeñar el cargo de
docente, empleo del cual tomó posesión en fecha 8 de febrero de 1993 según
consta en la Resolución N.º 10080 de 4 de octubre de 2018 que le reconoció las
cesantías definitivas a la actora y que desempeñó de manera continua e
ininterrumpida hasta la fecha en que se retiró del servicio esto es, el 1º de febrero
de 2018, por lo tanto, la demandante adquirió el régimen prestacional del orden
nacional previsto para los docentes que ingresen a partir del 1º de enero de 1990
conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que además contempló en su literal
b) del numeral 3 ibidem la liquidación de las cesantías en forma anualizada y no
retroactiva.

78. Sobre lo anterior, la autoridad judicial accionada adujo que:

“(…) es palmario que existió solución de continuidad de la relación laboral al
momento que la señora Moreno Valero culminara el cubrimiento del cargo en que
se encontraba desempeñando como temporal e iniciara el otro en una fecha
posterior. Lo anterior guarda sustento probatorio si se tiene en cuenta que entre
cada vinculación transcurrió un lapso de al menos 1 mes en cada evento, según se
dilucida de la relación probatoria que antecede.

Aunado a lo anterior, lo cierto es que no se evidencia prueba que dilucide que
hubiera existido fijeza entre dicha vinculación o las subsiguientes (…)

Colofón de lo anterior, la Sala considera que la señora Lucía Concepción Moreno
Valero, en su calidad de docente oficial, no tiene derecho a beneficiarse del
régimen retroactivo de cesantías, en cuanto la liquidación anula se aplica a todos
los docentes designados después de la vigencia de la Ley 91 de 1989, como es el
caso de la demandante”.

79. Así las cosas se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” no incurrió en el defecto sustantivo, pues no atentó ni desconoció
las normas referidas por la accionante, por el contrario, realizó un análisis
completo de la normativa aplicable, de su historia y su aplicación en el caso
concreto. Además, señaló las razones por las cuales encontraba desvirtuada la
tesis del juez de primera instancia, cumpliendo con la carga de transparencia y
adecuación normativa, como puede observarse a continuación:

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“En línea con lo expuesto, tampoco le asiste razón a la libelista cuando esgrime en
el libelo introductor y en los alegatos de conclusión de segunda instancia, que le
eran aplicables las leyes 60 de 1993 y 344 de 1996 al haber sido vinculada como
docente oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, y que por consiguiente
tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, ello habida
cuenta de que estas normas mantuvieron las previsiones contempladas en la ley
91 de 1989 para todos los educadores que se incorporaran sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas territoriales a partir del 1º de
enero de 1990 como es su caso. Por tanto, como quedó estudiado en precedencia,
se le debe liquidar de forma anualizada las cesantías y no con retroactividad.

De esta forma, la tesis sostenida por la parte demandante y adoptada por el
tribunal de primera instancia no tiene asidero jurídico, ello, por cuanto se probó
dentro del plenario, de una parte, que las vinculaciones anteriores al 1º de enero
de 1990, fueron de carácter temporal e ininterrumpidas y por el otro, que la
prestación de sus servicios laborales de manera continua y de la cual se derivan
las cesantías objeto de la liquidación en litigio, se causaron a partir del 8 de febrero
de 1993, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989”.

80. En lo que respecta al desconocimiento del precedente, se tiene que la
tutelante cita 3 providencias, dos de ellas proferidas por tribunales administrativos,
no obstante ello, por decisión mayoritaria de la Sala se considera que estos fallos
no constituyen precedente, de manera que no pueden ser estudiados, en razón de
que no fueron proferidos por la Sala Plena del órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional o contenciosa administrativa.

81. Por su parte, la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, señalada como desconocida por
la señora Moreno Valero, no es susceptible de ser aplicada al presente asunto, ya
que los supuestos fácticos difieren radicalmente.

82. En aquel caso, la actora se desempeñaba como abogada de la Personería de
Medellín mediante contrato de prestación de servicios y se resolvió sobre la
relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
En específico se unificó sobre los siguientes temas:

“La primera regla define que el «término estrictamente indispensable», al que
alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio
a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal u ocasional y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del plenario.

La tercera regla determina que frente a la no afiliación a las contingencias de salud
y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso
de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal”.

83. Por el contrario, a lo largo de la providencia recurrida se advierte una extensa
remisión al precedente jurisprudencial vigente para soportar su decisión y para

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indicar por qué no era asimilable a otros casos donde sí se reconoció la cesantía
con retroactividad.

2.9. Conclusión

84. Así las cosas, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
sustantivo, ni de desconocimiento del precedente y, en ese sentido, no vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social de la señora Moreno Valero, pues profirió su decisión de acuerdo
con la normativa vigente y aplicable al caso concreto y no desconoció la
jurisprudencia en casos similares en los que se estudió el reconocimiento del
régimen anualizado y el retroactivo.

85. En ese contexto, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado en la
presente acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora
S.A., según lo indicado en esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Lucía
Concepción Moreno Valero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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