Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02399-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – configuración de defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial en relación con los
factores a incluir en la liquidación de la pensión de los docentes regulados por un
régimen exceptuado de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931.
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) seguridad social, iii) debido
proceso y iv) mínimo vital
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 2 de noviembre de 2021, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110013342054201800479-01, vulneró sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y a la igualdad.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 de noviembre de
2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 110013342054201800479-01,
vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al
debido proceso y a la igualdad.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que nació el 10 de junio de 1963 y laboró como docente al servicio del
Estado desde el 22 de mayo de 1989 hasta el 25 de septiembre de 2017.
4. Expresó que mediante Resolución núm. 6801 del 14 de septiembre de 2017, se
le reconoció pensión de invalidez aplicando el 75% sobre los factores salariales
devengados en el último salario percibido a su retiro del servicio.
5. Adujo que solicitó la respectiva reliquidación de la pensión de invalidez, la cual
le fue negada por medio de la Resolución núm. 8508 de 27 de agosto de 2018.
6. Manifestó que presentó solicitud el 2 de agosto de 2018, ante la Fiduprevisora
para que se reintegraran y suspendieran los valores correspondientes a los
descuentos para EPS (salud) sobre las mesadas adicionales de cada año, sin que
recibiera respuesta alguna por parte de la entidad.
7. Adujo que presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restableciendo del derecho, en donde solicitó
que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 8508 de 27 de agosto de 2018;
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
ii) se configure la existencia del silencio administrativo y en consecuencia se
declare la nulidad del acto ficto presunto o negativo proferido por la Directora de
Afiliaciones y Recaudos de la Fiduciaria la Previsora SA, toda vez que con el
oficio núm. 20180871254151 de 13 de agosto de 2018 se dio respuesta parcial a
la solicitud núm. 20180322210072 del 2 de agosto de 2018, teniendo en cuenta
que no se hizo pronunciamiento sobre los descuentos por concepto de seguridad
social en salud sobre mesadas adicionales; a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada reajustar la respectiva
pensión de invalidez, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados
en la fecha de retiro de invalidez en los términos del Decreto 1848 de 1969 y del
Decreto 3135 de 1968.
Sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 por el Juzgado Cincuenta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013342054201800479-01
8. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
9. Consideró que:
“[…] No obstante, y como quiera que en el asunto objeto de debate le es aplicable
los factores salariales determinados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y que
según la Resolución No. 6801 del 14 de septiembre 2017, la pensión de la
demandante fue liquidada con el 75% de los emolumentos denominados: asignación
básica, prima especial, bonificación decreto, prima de vacaciones y prima de
navidad, percibidos en el año inmediatamente anterior al cumplimiento de la fecha
de retiro del servicio, advierte el Despacho que no es factible acceder a las
pretensiones de la demanda, respecto a la reliquidación de la pensión de invalidez,
por cuanto los factores salariales que se solicita sean incluidos en la pensión de
invalidez no se encuentran detallados en el enlistado de la Ley 62 de 1985 […]”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
Sentencia proferida el 2 de noviembre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 110013342054201800479-01
10. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:
“[…] Primero: Confirmar la sentencia del trece (13) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo
del Circuito de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
en el proceso instaurado por la señora Myriam Delfina Cely Sabogal contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en las dos instancias […]”.
11. Consideró que:
“[…] Así las cosas, se tiene que tratándose del reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez, a favor de un docente oficial, resulta necesario verificar el
momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen
pensional aplicable. En efecto, si la vinculación al servicio se registró con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable
es el vigente con anterioridad a esa fecha si, por el contrario, la vinculación se
registró con posterioridad, no hay duda de que el régimen aplicable será el
general en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.
Ahora, en reciente pronunciamiento el Honorable Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, dentro del proceso
radicado 680012333000201500569-01, con ponencia del magistrado César
Palomino Cortés, aclaró las pautas jurisprudenciales en materia de
reconocimiento pensional de los docentes así:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes
está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial
de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de
1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
Sobre el particular, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo precisó que:
«Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual,
en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios».
En igual sentido, en la mencionada providencia se sustentó lo siguiente:
«61. Ciertamente, la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del 28 de agosto de 2018 no guarda identidad fáctica con el caso
que aquí se estudia. Tampoco se trata de problemas jurídicos similares, pues en
aquella oportunidad se debatió el tema del ingreso base de liquidación en el
régimen de transición de acuerdo con la interpretación adecuada del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Y, en este caso, se trata de la reliquidación de la mesada
pensional de una docente nacionalizada, exceptuada del sistema general de
pensiones, a quien le son aplicables las disposiciones previstas en la Ley 91 de
1989 y la Ley 33 de 1985. Sin embargo, en la sentencia del 28 de agosto de 2018
se fijó el criterio de interpretación sobre los factores que se deben tener en cuenta
en la liquidación de las pensiones de jubilación de los servidores públicos a
quienes se les aplica el régimen general previsto en la Ley 33 de 1985. La Sala
Plena sentó un parámetro de interpretación distinto al que había fijado la Sección
Segunda en la sentencia del 4 de agosto de 2010. 62.
La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003 […]».
Si bien es cierto, que en virtud del principio de inescindibilidad normativa y en
acatamiento a lo dispuesto por el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, esta Sala de Decisión de antaño entendía que la
pensión de los docentes debía liquidarse con la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicios, bajo el entendido de que el listado
contenido en la Ley 62 de 1985 era solo enunciativo, también lo es que en
acatamiento a las nuevas posturas jurisprudenciales, en especial la reciente
adoptada en sentencia de fecha 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de
Estado, se decide modificar la posición, en el sentido de entender que el IBL para
la pensión de los docentes comprende el período del último año de servicio
docente y los factores salariales que deben incluirse son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones y que se encuentren taxativamente dispuestos en la Ley 62 de 1985.
Así la cosas la Sala arriba a las siguientes conclusiones:
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
En virtud de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los docentes se
encuentran exceptuados del régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
Los docentes por su tipo de vinculación pueden ser nacionales, nacionalizados o
territoriales.
A partir de la Ley 91 de 1989 los docentes nacionalizados que figuren vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrán el régimen prestacional que venían
devengando, y los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad a
dicha ley, se regirán por las normas de los empleados públicos del orden nacional,
esto es la Ley 33 de 1985, por ser la norma legal vigente hasta antes de la
expedición de la Ley 91.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (26 de junio de 2003) tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y los vinculados con
anterioridad a dicha norma se regulan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 […]”.
[…]
“[…] Sobre el particular, y del análisis del plenario se tiene que, la demandante se
vinculó antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 (8 de febrero de
1993), por lo cual, es imperioso la aplicación del precedente jurisprudencial
emitido por el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
proferida el 25 de abril de 2019, dentro del proceso radicado
680012333000201500569-01, con ponencia del magistrado César Palomino
Cortés, providencia en la cual se indicó que «[…] los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo […]» (Negrillas y cursivas
fuera de texto.)
Por tanto, luego de un estudio del acervo probatorio se logró evidenciar que la
vinculación de la demandante tuvo lugar antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, situación que impide que se pueda acceder a las pretensiones esbozadas
por el extremo demandante, en el entendido que como se pudo corroborar del
certificado de factores salariales; en cumplimiento con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985; el único factor salarial que aparece certificado en favor de la demandante
es la asignación salarial, por lo cual, resulta coherente la decisión tomada por el
A-quo, ya que no le asiste razón al recurrente, para alegar en beneficio de su
poderdante, la reliquidación de la pensión de invalidez, dado que en aplicación de
la regla jurisprudencial, dicha condición no es compatible […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. La actora solicitó en su escrito de tutela:
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCION (sic) “B” de fecha 02 de Noviembre del
2021, mediante la cual CONFIRMA la sentencia 13 de Septiembre de 2019
proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá- Sección Segunda respecto a la reliquidación de
la pensión de invalidez.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “B” a proferir sentencia
de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión de invalidez de la señora MYRIAM
DELFINA CELY SABOGAL EQUIVALENTE AL 75% del último salario
devengado sobre el cual cotizó la demandante, incluyendo TODOS los
factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio.
TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de
seguridad social de los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el
IBL, sobre las cuales no se afectaron los respectivos aportes al sistema de
seguridad social.
CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas de
conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
13. La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
sustantivo por falta de aplicación del numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, en un defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 81 de la Ley
812 de 2003, en un defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, en un defecto sustantivo por aplicación incorrecta de
las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, y en
defecto sustantivo por falta de aplicación del precedente judicial fijado en la
sentencia de 4 de agosto de 2010.
14. Por último, la actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo al haberse apartado de su propio precedente judicial.
Actuación
15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y iii) vinculó al
Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a la Nación
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y a la Fiduciaria la Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A., en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
16. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá señaló que:
“[…] En el presente caso este Despacho no ha vulnerado los derechos
fundamentales alegados por la accionante como quiera que durante el trámite que
se surtió en el juzgado se actuó de manera eficiente y diligente, respetando los
términos legales y conforme a derecho, valorando los medios probatorios
pertinentes y que fueron considerados como medio de prueba idóneos para el
caso en estudio.
Ahora bien, es pertinente advertir que respecto del caso de la accionante en
cuanto a que por ser una pensión de invalidez no le era aplicable la decisión de
unificación de sentencia, encontró el Juzgado, que si bien la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019 no hizo distinción sobre el
método para calcular el IBL conforme el tipo de pensión reconocida a los docentes,
el texto judicial incluye a todos los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo cual se entendió que la mencionada
sentencia hacia extensible a todo el régimen pensional de los docentes afiliados a
dicho fondo, por lo que no fue factible el reajuste pensional […]”.
17. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se le desvinculara del
presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
18. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
“[…] Con el acostumbrado respeto, le informo que, mediante proveído de 2 de
noviembre de 2021, proferido dentro del expediente 11001-33-44-20-54-
201800479 01, se dispuso confirmar la sentencia de primera instancia emitida por
le Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativa del Circuito de Bogotá al
considerar lo siguiente:
«…Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que la demandante persigue la reliquidación de su pensión invalidez, por la no
inclusión de todos los factores salariales, sin que se haga referencia a lo
correspondiente al reintegro de los valores descontados en exceso para salud en
la mesada adicional de junio y de diciembre de cada año, dado que este último
aspecto no fue motivo de apelación.
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
Sobre el particular, y del análisis del plenario se tiene que, la demandante se
vinculó antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 (8 de febrero de
1993), por lo cual, es imperioso la aplicación del precedente jurisprudencial emitido
por el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación proferida
el 25 de abril de 2019, dentro del proceso radicado 680012333000201500569-01,
con ponencia del magistrado César Palomino Cortés, providencia en la cual se
indicó que «[…]los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo […]» (Negrillas y cursivas fuera de texto.)
Por tanto, luego de un estudio del acervo probatorio se logró evidenciar que la
vinculación de la demandante tuvo lugar antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, situación que impide que se pueda acceder a las pretensiones esbozadas
por el extremo demandante, en el entendido que como se pudo corroborar del
certificado de factores salariales; en cumplimiento con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985; el único factor salarial que aparece certificado en favor de la demandante es
la asignación salarial, por lo cual, resulta coherente la decisión tomada por el A-
quo, ya que no le asiste razón al recurrente, para alegar en beneficio de su
poderdante, la reliquidación de la pensión de invalidez, dado que en aplicación de
la regla jurisprudencial, dicha condición no es compatible.
En esos términos, se confirmará la sentencia del 13 de septiembre de 2019
proferida por el Juzgado Cincuenta y cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda».
Por lo anterior, me atengo a lo que se demuestre durante el trámite de la
referencia, y en cuanto a la inconformidad con el proveído de 2 de noviembre de
2021, estimo que las razones que sirvieron de fundamento están consignadas en
la parte motiva de este, la cuales deben dar suficiente cuenta del mismo […]”.
19. La Fiduciaria la Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la sala
20.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
21.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
22.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva,
para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
23.Así pues, debe aludirse a que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa
por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[5]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
24.La Sala advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó que se le
desvinculara del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
25.Al respecto, es preciso indicar que la actora presentó la solicitud de tutela de la
referencia contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta
que, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 de noviembre de 2021, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 110013342054201800479-01, vulneró sus derechos
fundamentales, en el cual el Ministerio de Educación Nacional fungía como parte
demandada, es decir, que le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera
respecto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual
era parte.
26.En tal virtud, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada.
5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria
Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
Problemas jurídicos
27.En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 2 de
noviembre de 2021; y de ser así, ii) determinar si, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo
vital de la actora por incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial establecido por el Consejo de Estado, específicamente, a la
reliquidación de la pensión de invalidez de un docente con la inclusión de la
totalidad de los factores que constituyen salario devengados en el último año de
servicio, en un defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas y en
un defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas.
28. Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii)
requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto sustantivo por falta de
aplicación de normas jurídicas, vi) el defecto sustantivo por aplicación indebida de
normas jurídicas; vii) régimen pensional de los docentes; viii) análisis del caso
concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
29.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello6, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción
constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales
30. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
31. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
32. Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”8.
33. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
34. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
7Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C,P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos
parámetros.
35. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
36. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
37. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los
requisitos generales que exige la sentencia C-590 del 2005 para la procedencia
contra providencia judicial, dado que:
38. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
la actora a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y debido proceso.
38.1.La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) la actora cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en posibles defectos sustantivos.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
38.2. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales11, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional solo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
38.3. Cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso antes de que
transcurrieran (6) meses después de notificada la sentencia de 2 de noviembre de
2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
38.4. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos
invocados.
38.5. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito.
38.6. La actora identificó los hechos que dieron lugar a la presunta afectación de
sus derechos.
38.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
11 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
39. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
40. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189612 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201113; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200114; C-
816 de 201115; C-179 de 201616; y T-102 de 201417.
41. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”18 (Negrilla fuera de texto).
42. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado,
busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la
igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su
12 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
13 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
14 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
18 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la
Administración de Justicia.
43. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional19, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
44. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 200820 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en
sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del
precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser
fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos
relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos
de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
45. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria21, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.
19 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
20 Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
21 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
46. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala22, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
47. En efecto, la Sala23 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial24”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
48. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, al momento de resolver los casos
concretos. Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional25:
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
23 Ibídem.
24 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
“[…] La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a
partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural
para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código
semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad
que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a
todo concepto para ser precisado en cada caso concreto.26 Así por ejemplo, solo
dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más
disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente,
existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que
si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas,
tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están
presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en
cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un
proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen
jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la
jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de
consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba
la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del
Código, sino una práctica argumentativa racional.
11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad
creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático.
En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las
relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas
representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera
específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá
más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la
competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de
origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el
legislador […]”.
[…]
“[…] Lo anterior conlleva necesariamente una adecuada interpretación del concepto
“imperio de la ley” al que refiere el artículo 230 C.P. Para la Corte, la definición de
las reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y judiciales pasa
un proceso interpretativo previo, en el que armoniza el mandato legal particular con
el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso,
junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente. A su vez,
cuando esta labor es adelantada por aquellas máximas instancias de justicia, que
tienen la función constitucional de unificar jurisprudencia con carácter de autoridad,
las subreglas resultantes son vinculantes, siendo el sustento de esa conclusión la
naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y a la ley. En términos
simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el
mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que
unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la
ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la
armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos
sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta
disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para
26 Acerca de estas dificultades, agrupadas por la doctrina como el escepticismo ante las reglas jurídicas, Cfr...
HART H.L.A. (2004) El concepto de derecho. Trad. Genaro Carrió. Abeledo Perrot. Buenos Aires. En
especial, vid. Capítulo VII.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las
autoridades […]”. (Resaltado por la Sala).
49. En ese orden de ideas, las reglas y sub reglas jurisprudenciales que crean
los órganos de cierre, como lo es entre otros, el Consejo de Estado, tienen
carácter vinculante para los demás jueces que hacen parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y deben ser aplicados, cuando se evidencie, i) que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y ii) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso,
lo que trae como consecuencia, que dentro del marco de un Estado Social de
Derecho, como el de Colombia, se garanticen principios constitucionales tan
importantes como la igualdad, la seguridad jurídica y el principio de confianza
legítima.
Defecto sustantivo por falta de aplicación de norma jurídica
50. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica27.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente28 o porque ha sido derogada29, es inexistente30,
inexequible31 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador32.
27 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
28Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
29Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
30Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
31Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
32Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02399-00
Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
b. No se hace una interpretación razonable de la norma33.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes34.
d. La disposición aplicada es regresiva35 o contraria a la Constitución36.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición37.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma38.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).
51. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica que servía como fundamento
para el sentido de la decisión judicial.
52. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional39, ha precisado que
este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”
(Destacado de la Sala)40.
33Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
34Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
35Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
36Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
37Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
38Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
40 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27
de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de
agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
22
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Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica
53. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad
judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la
norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la
razonabilidad jurídica41.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
h. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente42 o porque ha sido derogada43, es inexistente44,
inexequible45 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador46.
i. No se hace una interpretación razonable de la norma47.
j. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes48.
k. La disposición aplicada es regresiva49 o contraria a la Constitución50.
l. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición51.
m. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma52.
41 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
42Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
43Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
44Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
45Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
46Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
47Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
48Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
49Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
50Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
51Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
52Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
23
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
n. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).
54. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica, que terminó
siendo relevante para resolver el caso concreto.
Régimen especial de la pensión de los docentes
55. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo señalado en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los docentes vinculados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, no están sujetos a la Ley 100, excepto en lo que
resulte procedente atendiendo al principio de favorabilidad laboral53.
56. En efecto, el artículo 279 de la citada Ley, estableció lo siguiente:
“[…] Artículo. 279. - Excepciones. El sistema integral de seguridad social
contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y
de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los
miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones
sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este
fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que
para el efecto se expida […]”. (Destacado de la Sala).
57. Al declarar exequible esta norma, la Corte Constitucional en la sentencia
C-461 de 1995, resaltó que “[…] la intención del legislador al excluir a los afiliados
del Fondo Nacional de Seguridad Social del Magisterio del régimen general de
pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, fue claramente la de proteger los
derechos adquiridos de este sector de trabajadores en materia pensional […]”.
58. En el mismo sentido, la mencionada Corte al hacer un control concreto de
constitucionalidad en la sentencia SU-189 de 2012, reiteró que:
53 Artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política
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“[…] Debe aclararse, en todo caso, que, al entrar en vigencia el nuevo sistema
general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de
1994, se unificó el régimen de pensiones de todos los servidores públicos
derogando tácitamente la normatividad anterior. Sin embargo, dicha Ley
contiene algunas excepciones específicas que están previstas en su artículo
279 para las cuales no aplica su contenido normativo, y entre ellas se
encuentra precisamente el Magisterio.
Lo anterior quiere decir que, para el mencionado régimen especial siguen vigentes
las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, entre ellas el Decreto 3135 de 1968 y
las demás disposiciones referentes a la pensión por edad de retiro, lo que quiere
decir que las mismas son aplicables a este caso concreto […]54 (Destacado de la
Sala).
59. Sobre el mismo aspecto, el artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005,
reafirmó que la Ley 100 de 1993 no es aplicable a los docentes, toda vez que
conservan el régimen especial en materia pensional. En este sentido, el parágrafo
transitorio 1, ibídem, establece lo siguiente:
"[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de
la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en
las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 […]".
60. Ahora bien, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, dispuso que el régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de dicha ley al servicio
público educativo oficial, como es el caso del ahora accionante, es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de dicha ley, es decir, la Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
61. Esta ley estableció en el artículo 15 lo siguiente:
“[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
54 Al respecto es importante hacer mención de la sentencia T-086 de 15 de febrero de 2011, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto en la que, de manera puntual se sostuvo la mencionada exégesis.
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1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley […]” (Resaltado de la Sala).
62. Al respecto, el artículo 3.° del Decreto 2277 de 1979, dispone que los
educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional o
territorial, son empleados oficiales de régimen especial; y, en cuanto al régimen
pensional, los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como es el caso
del accionante, están sometidos a lo regulado en las Leyes 33 de 1985 y 91 de
1989.
63. Por otra parte, el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, determinaba que los
factores que deben servir para determinar la base de liquidación, eran todos
aquellos que hubieren servido de base para calcular los aportes55.
64. Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 4 de agosto de 201056, al referirse a la determinación del
ingreso base de liquidación de las pensiones reguladas por el régimen de la Ley
33 de 1985, precisó que deben ser liquidadas con base en todos los factores
salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
de pensionado, dado que éstas no indican en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional.
65. Dijo al respecto:
“[…] En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la
realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos
debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y
55 Artículo 3º de la Ley 33 de 1985. "Artículo 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a
cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su
remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos
previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del
empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden
nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes."
56 Proferida dentro del expediente Nro. 25000-23-25-000-2006-07509-01.
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jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la
conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica,
como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de
representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de
transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios,
incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos
factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya
denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo,
pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se
excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando […]” (Destacado de la Sala).
66. Este criterio jurisprudencial fue modificado por la Sala Plena del Consejo de
Estado, mediante sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 201857,
en la cual, luego de precisar que los docentes no están sometidos a la regulación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, señaló, con efectos
retrospectivos, una hermenéutica distinta en relación con el contenido del artículo
3.° de la Ley 33, la cual determina que en el ingreso base de liquidación de las
pensiones solo se deben incluir los factores salariales por los cuales se hayan
efectuado apostes o cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. Al
respecto la Sala Plena del Consejo de Estado precisó lo siguiente:
“[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.
97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que
consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del
Estado Social de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993)
explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas,
las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil”.
57 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 52001 23 33 000 2012 00143 01.
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99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33
de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o
cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la
cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que
los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia
de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la
Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y
“factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas
que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en
materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio
interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de
liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en
cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las
finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la
pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad (sic)
debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y
eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los
beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se
ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al
afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […]” (resaltado fuera del
texto).
67. De lo anterior se colige que los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, los vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 26 de junio de 2003, fueron exceptuados del
Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 y, en
esa medida, no están cobijados por el régimen de transición, sino por el previsto
en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que remite a la Ley 33 de 1985.
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68. Es de mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la aplicación de la primera regla
hermenéutica58 a los educadores oficiales vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; sin embargo, ello no aconteció respecto de
la segunda. Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando
que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen excepcional de los
docentes59.
69. Precisamente, la segunda sub-regla se refiere a los alcances interpretativos
del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica tanto a los docentes como a los
beneficiarios del régimen de transición. Así, la citada sub-regla es del siguiente
tenor: “[…] en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional […]”.
70. Así mismo, en reciente sentencia de unificación jurisprudencial, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado60, se establecieron las
siguientes reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de liquidación de la
pensión ordinaria de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:
“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes
58 “[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será
(i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. […]”.
59 A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de
19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-03-15-000-2018-03110-01 AC) / sentencia
de 20 de noviembre de 2018, Ponente: Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-2018-03012-01 AC) /
Sentencia de 19 de noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de
25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 680012333000201500569-01.
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está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo
oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los
factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones […]”.
71. En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación de la
pensión de los docentes, solo pueden incluirse los factores salariales con
fundamento en los cuales se realizaron aportes al sistema de seguridad social en
pensiones.
72. Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la citada
sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con características de
permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio, señalando que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.
Análisis del caso en concreto
73. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
74. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
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certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis
75. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran el
siguiente documento:
75.1. Copia de la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2021 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único
de radicación 110013342054201800479-01.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial
76. La señora Myriam Delfina Cely Sabogal señaló que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso, al desconocer, mediante
sentencia de 2 de noviembre de 2021, el precedente establecido por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, y
por aplicación incorrecta de las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 25 de
abril de 2019.
77. Para determinar si el Tribunal incurrió en los defectos alegados, resulta
pertinente tener en cuenta los fundamentos de la sentencia objeto de controversia,
que se concretan en los siguientes aspectos:
78. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, consideró que:
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“[…] Así las cosas, se tiene que tratándose del reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez, a favor de un docente oficial, resulta necesario verificar el
momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen
pensional aplicable. En efecto, si la vinculación al servicio se registró con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen aplicable
es el vigente con anterioridad a esa fecha si, por el contrario, la vinculación se
registró con posterioridad, no hay duda de que el régimen aplicable será el
general en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.
Ahora, en reciente pronunciamiento el Honorable Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, dentro del proceso
radicado 680012333000201500569-01, con ponencia del magistrado César
Palomino Cortés, aclaró las pautas jurisprudenciales en materia de
reconocimiento pensional de los docentes así:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes
está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial
de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de
1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
Sobre el particular, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo precisó que:
«Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual,
en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios».
En igual sentido, en la mencionada providencia se sustentó lo siguiente:
«61. Ciertamente, la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del 28 de agosto de 2018 no guarda identidad fáctica con el caso
que aquí se estudia. Tampoco se trata de problemas jurídicos similares, pues en
aquella oportunidad se debatió el tema del ingreso base de liquidación en el
régimen de transición de acuerdo con la interpretación adecuada del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Y, en este caso, se trata de la reliquidación de la mesada
pensional de una docente nacionalizada, exceptuada del sistema general de
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pensiones, a quien le son aplicables las disposiciones previstas en la Ley 91 de
1989 y la Ley 33 de 1985. Sin embargo, en la sentencia del 28 de agosto de 2018
se fijó el criterio de interpretación sobre los factores que se deben tener en cuenta
en la liquidación de las pensiones de jubilación de los servidores públicos a
quienes se les aplica el régimen general previsto en la Ley 33 de 1985. La Sala
Plena sentó un parámetro de interpretación distinto al que había fijado la Sección
Segunda en la sentencia del 4 de agosto de 2010. 62.
La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003 […]».
Si bien es cierto, que en virtud del principio de inescindibilidad normativa y en
acatamiento a lo dispuesto por el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, esta Sala de Decisión de antaño entendía que la
pensión de los docentes debía liquidarse con la totalidad de factores salariales
devengados en el último año de servicios, bajo el entendido de que el listado
contenido en la Ley 62 de 1985 era solo enunciativo, también lo es que en
acatamiento a las nuevas posturas jurisprudenciales, en especial la reciente
adoptada en sentencia de fecha 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de
Estado, se decide modificar la posición, en el sentido de entender que el IBL para
la pensión de los docentes comprende el período del último año de servicio
docente y los factores salariales que deben incluirse son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones y que se encuentren taxativamente dispuestos en la Ley 62 de 1985.
Así la cosas la Sala arriba a las siguientes conclusiones:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los docentes se
encuentran exceptuados del régimen de transición contenido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
Los docentes por su tipo de vinculación pueden ser nacionales, nacionalizados o
territoriales.
A partir de la Ley 91 de 1989 los docentes nacionalizados que figuren vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrán el régimen prestacional que venían
devengando, y los docentes nacionales y los que se vinculen con posterioridad a
dicha ley, se regirán por las normas de los empleados públicos del orden nacional,
esto es la Ley 33 de 1985, por ser la norma legal vigente hasta antes de la
expedición de la Ley 91.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (26 de junio de 2003) tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y los vinculados con
anterioridad a dicha norma se regulan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 […]”.
[…]
“[…] Sobre el particular, y del análisis del plenario se tiene que, la demandante se
vinculó antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 (8 de febrero de
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1993), por lo cual, es imperioso la aplicación del precedente jurisprudencial
emitido por el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
proferida el 25 de abril de 2019, dentro del proceso radicado
680012333000201500569-01, con ponencia del magistrado César Palomino
Cortés, providencia en la cual se indicó que «[…] los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo […]» (Negrillas y cursivas
fuera de texto.)
Por tanto, luego de un estudio del acervo probatorio se logró evidenciar que la
vinculación de la demandante tuvo lugar antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, situación que impide que se pueda acceder a las pretensiones esbozadas
por el extremo demandante, en el entendido que como se pudo corroborar del
certificado de factores salariales; en cumplimiento con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985; el único factor salarial que aparece certificado en favor de la demandante
es la asignación salarial, por lo cual, resulta coherente la decisión tomada por el
A-quo, ya que no le asiste razón al recurrente, para alegar en beneficio de su
poderdante, la reliquidación de la pensión de invalidez, dado que en aplicación de
la regla jurisprudencial, dicha condición no es compatible […]”.
79. La autoridad judicial concluyó que, de conformidad con la sub-regla
jurisprudencial de la providencia de 25 de abril de 2019, los factores salariales que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación para la pensión de los servidores
públicos, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.
80. La Sala precisa que de la lectura del escrito contentivo de la acción de tutela,
es claro que la actora hace referencia a un defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado fijado en la
sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, en relación con la determinación
del IBL para las pensiones de los docentes sometidos a un régimen especial
previsto en la Ley 33 de 1985 y el artículo 1.º de la Ley 62 de 1993, y excluidos de
la aplicación de la Ley 100 de 1993.
81. En este contexto, y poniendo de relieve que la Sala Plena del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 y la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 25
de abril de 2019, determinaron la interpretación que debe darse al artículo 3.° de la
Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, la Sala
encuentra que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca se ajusta a la hermenéutica fijada por ésta Corporación en las
precitadas jurisprudencias, en tanto, para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión, solo pueden incluirse los factores salariales con
fundamento en los cuales se realizaron aportes al sistema de seguridad social en
pensiones.
82. En este sentido, la interpretación y aplicación de la sentencia resulta conforme
a las jurisprudencias vigentes, fijadas en las sentencias de unificación del 28 de
agosto de 2018 y 25 de abril de 2019. Por lo anterior, la Sala encuentra que el
criterio jurisprudencial que se había establecido por esta Corporación en la
sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, ya no puede ser el parámetro de
control del acto administrativo que negó la reliquidación de la pensión de la actora,
como lo reclama en este y, en consecuencia, tampoco resulta procedente dejar sin
efectos la sentencia de 2 de noviembre de 2021 que se fundamentó en la
interpretación vigente de la norma aplicable al caso concreto, esto es, la Ley 33 de
1985, modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, conforme a la cual los
factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de liquidación
para la pensión son únicamente aquellos sobre los cuales se hayan
efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, por lo que tampoco
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por falta de
aplicación del numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en un defecto
sustantivo por aplicación indebida del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en un
defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 45 del Decreto Ley 1045 de
1978.
83. En efecto, el artículo 3.º Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo
año establece que:
“[…] Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de
Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea
que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como
inversión.’
‘Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación
básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.’
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‘En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre
se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes […]”.
84. Nótese como la misma norma enlistó una serie de factores sobre los cuales se
efectúa la liquidación de los aportes y, además, aclaró que la liquidación de la
pensión debe realizarse con base en los emolumentos sobre los que se calcularon
tales aportes.
85. Así las cosas, en el presente evento no se configura un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto que, el caso concreto se
ajusta a lo previsto por el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, el artículo 48 de la
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, así como a los
criterios contenidos en las sentencias de unificación, esto es, las proferidas el 28
de agosto de 2018 y el 25 de abril de 2019.
86. Finalmente, es menester mencionar que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de sus distintas Subsecciones61y, recientemente, la Sección
Quinta de esta Corporación judicial62, han negado solicitudes de amparo que
comparten identidad de objeto y pretensiones con las del caso sub judice, al
considerar que la negativa de las autoridades judiciales de incluir los factores
salariales devengados tiene como fundamento lo previsto por el artículo 3.º de la
Ley 33 de 1985, el cual se aplica tanto a los docentes como a los beneficiarios del
régimen de transición.
87. Por último, la Sala precisa que si bien la actora indicó que también se
desconoció el precedente fijado por el mismo Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
identificados con los radicados 11001333501820150057401 y 2018-00172-01, lo
cierto es que no se configuró dicho desconocimiento, toda vez que los criterios
jurisprudenciales emanados por el mismo Tribunal, constituyen antecedentes
61 A modo de ejemplo se citan los siguientes pronunciamientos: Subsección B, CP. César Palomino Cortés,
sentencia de 4 de diciembre de 2018, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2018-02774-01(AC) /
Subsección A, CP. William Hernández Gómez, sentencia de 6 de diciembre de 2018, núm. único de
radicación: 11001-03-15-000-2018-03290-01(AC)
62 Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Carlos Enrique Moreno Rubio, 7 de febrero de 2019, núm. único
de radicación: 11001-03-15-000-2018-02894-01(AC) – CP. Carlos Enrique Moreno Rubio, 7 de febrero de
2019, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2018-02952-01(AC) – CP. Carlos Enrique Moreno Rubio, 7
de febrero de 2019, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2018-02985-01(AC)
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
jurisprudenciales63, teniendo en cuenta que solo las sentencias que profieren los
órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado se constituyen en precedente
judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en
cuenta por los demás operadores judiciales.
Conclusiones de la Sala
88. En suma, la Sala procederá a negar el amparo solicitado por la actor en la
presente acción de tutela, en razón a que no se observa que la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de la reliquidación de la
pensión de la actora, hubiere incurrido en defectos sustantivos, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Ministerio de Educación Nacional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
63 Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.
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Actora: Myriam Delfina Cely Sabogal
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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