Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02410-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02410-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02410-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
2 de junio de 2022
Demandante: Felipe Santiago Mejía Herrera
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02410-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02410-00
Demandante: FELIPE SANTIAGO MEJÍA HERRERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial por indebida
notificación
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Felipe
Santiago Mejía Herrera contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por
presuntamente incurrir en una indebida notificación en el marco del proceso de
pérdida de investidura, identificado con el radicado N.° 44001-23-40-000-2020-
00030-01.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito recibido en el despacho ponente el 2 de mayo del 2022 y radicado el
28 de abril de 2022 en la Secretaría General de esta Corporación, el señor Felipe
Santiago Mejía Herrera, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso, al libre acceso a la administración
de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la participación ciudadana.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de pérdida de
investidura, identificado con radicado N.° 44001-23-40-000-2020-00030-01, actor:
Claudio Raúl Ibarra Rodríguez, específicamente, la indebida notificación i) del auto
del 3 de diciembre de 2020 – que admitió el recurso de apelación – y; ii) de la
sentencia del 19 de abril de 2021 - que confirmó la providencia 14 de agosto de
2020 del Tribunal Administrativo de La Guajira que dispuso “(…) DECRETAR la
pérdida de investidura del concejal del distrito especial turístico y cultural de Riohacha,
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Demandante: Felipe Santiago Mejía Herrera
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
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departamento de La Guajira, ciudadano Felipe Santiago Mejía Herrera, (…) elegido para el
periodo constitucional 2020-2023 (…)”.
3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y
como consecuencia, reclamó lo siguiente:
“(…) 2. Se dejen sin efectos las providencias proferidas por la SECCIÓN
PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, esto es, el auto del 3 de diciembre de
2020, por medio del cual admitió el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia y la sentencia del 19 de abril de 2021, que
resolvió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dentro
del proceso de pérdida de investidura impetrado en contra del señor FELIPE
SANTIAGO MEJÍA HERRERA bajo el número de radicación 44-001-23-40-000-
2020-00030-01, por haber sido notificadas en indebida forma.
3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, realizar nuevamente la notificación del auto del 3 de
diciembre de 2020, por medio del cual admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta los
correos electrónicos indicados expresamente para tales efectos, tanto a mi
poderdante como el suscrito apoderado, (hammejia@hotmail.com y
ballesterosserpa@hotmail.com, respectivamente).
4. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO tramitar nuevamente la segunda instancia del proceso
de pérdida de investidura desde esta instancia procesal.
5. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la Resolución No. 014
del 4 de abril de 2022, mediante la cual el Presidente del Concejo Distrital de
Riohacha, (i) declaró la vacancia absoluta del concejal FELIPE SANTIAGO
MEJÍA HERRERA como miembro de esta corporación pública; y (ii) llamó a
ADRIANA MARGARITA GÓMEZ MÓVIL para tomar posesión del cargo en su
reemplazo; así como la posesión respectiva.
6. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Mesa Directiva del Concejo
del Distrito Especial de Riohacha el reintegro del señor FELIPE SANTIAGO
MEJÍA HERRERA a su curul.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Claudio Raúl Ibarra Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de pérdida de investidura contra el señor Felipe Santiago Mejía Herrera, en
su calidad de concejal de Riohacha, Distrito Especial, Turístico y Cultural, con
fundamento en que incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el
numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994. Esto, por estar inmerso en la
inhabilidad establecida en el numeral 4° del artículo ibidem modificado por el artículo
40 de la Ley 617 del 2000, según la cual no podrá ser inscrito candidato ni elegido
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Demandante: Felipe Santiago Mejía Herrera
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concejal quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con
representantes legales de entidades que, dentro de los 12 meses anteriores a la
elección, presten servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito.
5. El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia proferida el 14 de
agosto de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
dispuso: “DECRETAR la pérdida de investidura del concejal del distrito especial turístico y
cultural de Riohacha, departamento de La Guajira, ciudadano Felipe Santiago Mejía
Herrera…”
6. El 24 de agosto de 2020, el apoderado del concejal demandado presentó renuncia
al mandato conferido y manifestó que “el señor Felipe Santiago Mejía Herrera está
informado del asunto en cuestión y queda en libertad de designar al apoderado que
considere”.
7. Así, el 31 de agosto de 2020 el nuevo profesional del derecho designado por el
señor Mejía Herrera interpuso recurso de apelación en el que indicó que para efectos
de las notificaciones judiciales los correos electrónicos habilitados serían:
hammejia@hotmail.com y ballesterosserpa@hotmail.com.
8. El Tribunal Administrativo de la Guajira a través de auto del 4 de septiembre de
2020, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación, aceptó la renuncia al
poder y reconoció personería para actuar al nuevo abogado designado por el
accionante. Dicha decisión fue notificada el 7 de septiembre de 2020 a la parte
demandada a los correos hammejia@hotmail.com y ballesterosserpa@hotmail.com.
9. Posteriormente, la Sección Primera de Consejo de Estado mediante providencia
de 3 de diciembre de 2020, admitió el recurso de apelación y corrió traslado de este,
así:
“PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación que presentó la parte
demandada contra la sentencia de 14 de agosto de 2020 proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado que SURTA el traslado del recurso de apelación, por tres (3) días hábiles,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Cumplido lo anterior, se ordena a la Secretaría REMITIR el
expediente al Despacho para proveer lo que en derecho corresponda.”
10. La anterior providencia fue notificada en estado fijado el 4 de diciembre de 2020
como se observa:
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11. Acto seguido, la referida autoridad judicial mediante sentencia del 19 de abril
de 2021 confirmó la decisión del a quo al considerar que se encontraban
acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura invocada. La mentada decisión fue notificada el 21 de mayo de 2021 al
buzón perezbj@hotmail.com, correo electrónico que correspondía al primer
apoderado del demandando a quien se le aceptó la renuncia, como se observa:
12. El apoderado del concejal envió al buzón electrónico de la Secretaría de la
Sección Primera del Consejo de Estado, 2 memoriales los días 25 de mayo de 2021
a las 5:01 p.m. y 26 de mayo de 2021 a las 8:58 p.m., en los cuales solicitó:
-Que, “(…) en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la representación por
parte del demandado, máxime en tratándose de un proceso de naturaleza sancionatoria,
se sirva verificar si las notificaciones de las providencias en la segunda instancia,
refiriéndonos tanto a la sentencia como también a la admisión del recurso de apelación, se
realizaron en debida forma al demandado y al suscrito apoderado, a los correos señalados
en el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Administrativo de La Guajira el 31
de agosto de 2020, para que, en el evento de ser así, se sirva certificar dicha circunstancia
y, en caso contrario, proceder a aplicar los correctivos procesales que correspondan (…)”.
-Y “(…) solicita DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado a partir de la expedición de la
providencia que admitió el recurso de apelación […]”, de conformidad con el artículo 133
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de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 que indica que la causal invocada es la establecida
en el numeral 8, “[…] teniendo en cuenta que no se he (sic) ha esclarecido por parte de su
despacho la notificación en debida forma tanto del auto por medio del cual se admitió el
recurso de apelación el 3 de diciembre de 2020 y de la sentencia notificada a las partes el
pasado 21 de mayo (…)”.
13. El 26 de mayo de 2021, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado remitió la sentencia del 19 de abril de 2021 a los correos
hammejia@hotmail.com; ballesterosserpa@hotmail.com, como se corrobora:
14. En el paso al despacho del 3 de junio de 2021, el secretario de la Sección
Primera del Consejo de Estado dejó constancia, entre otras cosas, de que se
notificó a la parte demandada de la sentencia de segunda instancia a los siguientes
correos: hammejia@hotmail.com; ballesterosserpa@hotmail.com, como se avizora:
“ÍNDICE NÚM. 24 Y 25 DE SAMAI, OBRAN NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS (A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INDICADOS POR EL
APODERADO DEL DEMANDADO EN EL ÍNDICE 23) Y POR ESTADO-
SENTENCIA.”
15. Posteriormente, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto del 3
de septiembre de 2021 negó las solicitudes referidas en el numeral 12, al estimar
que el auto de 3 de diciembre de 2020 se notificó en legal forma por estado, de
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conformidad con el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020. Igualmente, la
sentencia de 19 de abril de 2021 se notificó en vigencia de la Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021, de conformidad con las normas que rigen la
notificación por estado electrónico.
16. Contra la anterior decisión, el apoderado del señor Mejía Herrera interpuso
recurso de reposición, y en subsidio, el de apelación, por lo que la referida autoridad
judicial mediante auto del 25 de noviembre de 2021 resolvió:
“PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 3 de septiembre de 2021, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el recurso de apelación presentado
contra el auto de 3 de septiembre de 2021, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ORDENAR a la Secretaría que
cumpla con la orden impartida en el ordinal segundo de la parte resolutiva de
la sentencia de 19 de abril de 2021.”
17. Como fundamento de su decisión adujo que la notificación por estado de la
providencia de 3 de diciembre de 2020 se realizó en vigencia del Decreto Legislativo
806 de 4 de junio de 2020, artículo 9° sobre notificación por estado, la cual
establece que se fijará virtualmente. Agregó que, conforme a la certificación del
Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado y las actuaciones
registradas en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, la notificación del referido
auto se realizó correctamente, “sin que constituya irregularidad o causal de nulidad
que deba ser declarada la situación de que no se haya enviado correo electrónico al
buzón de correo autorizado por el apoderado del Concejal; lo anterior, en la medida
en que la norma aplicable no establecía el precitado requisito.” (Negritas propias).
18. En relación con la sentencia de 19 de abril de 2021, estimó que según constaba
en los índices N.º 21, 22, 24 y 25 del expediente electrónico contenido en SAMAI y
la certificación del Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, esta se
notificó adecuadamente el 26 de mayo de 2021 “en la medida en que la providencia a
ser notificada se envió a los correos autorizados hammejia@hotmail.com y
ballesterosserpa@hotmail.com; de conformidad con el artículo 205 de la Ley 1437,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080.”
19. Por último, declaró improcedente el recurso de apelación, pues lo resuelto en
la providencia de 3 de septiembre de 2021 no se subsumía en ninguno de los
supuestos establecidos en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011.
20. Contra el anterior auto, el apoderado del concejal interpuso recurso de
reposición, y en subsidio, el de queja, por lo que la autoridad judicial accionada con
providencia del 18 de febrero de 2022 resolvió:
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“PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal segundo del auto de 25 de noviembre de
2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el recurso de queja presentado contra
el auto de 25 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las solicitudes presentadas por el Solicitante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría que cumpla con la orden impartida en el
ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 19 de abril de 2021,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
21. Reiteró que la providencia de 3 de septiembre de 2021 no se subsumía en
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 y
declaró improcedente el recurso de queja con fundamento en que el proceso de la
referencia era tramitado en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Recordó
que de conformidad a los artículos 245 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 353 de
la Ley 1564 de 2012 el referido recurso debía interponerse contra las decisiones
adoptadas en primera instancia, con el objeto de que el superior revisara la
decisión. Dicha providencia fue notificada mediate correo electrónico enviado el 22
de febrero de 2022.
1.3. Fundamentos de la vulneración
22. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al libre acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y
a la participación ciudadana debido a la indebida notificación del auto del 3 de
diciembre de 2020 y de la sentencia del 19 de abril de 2021.
23. Adujo que el 31 de agosto de 2020 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del 14 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de la
Guajira y en dicho escrito indicó: “tanto mi poderdante como el suscrito apoderado,
recibiríamos las notificaciones del caso, a saber: hammejia@hotmail.com y
ballesterosserpa@hotmail.com, respectivamente”.
24. Explicó que, mediante auto del 4 de septiembre de 2020, el Tribunal
Administrativo de La Guajira: (i) concedió el recurso de apelación; (ii) aceptó la
renuncia del anterior apoderado del demandado; (iii) le reconoció personería
jurídica para actuar y; (iv) envió el expediente al Consejo de Estado para lo de su
cargo. Agregó que dicha providencia fue debidamente notificada a las partes el 7
de septiembre de 2020 a los correos electrónicos señalados en el recurso de
apelación.
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25. No obstante, adujo que desde la notificación de la anterior providencia no recibió
ningún tipo de notificación a los correos señalados para tal efecto y fue a partir de
información proveniente de diferentes medios de comunicación en el departamento
de La Guajira que se enteró que el Consejo de Estado había confirmado en
segunda instancia la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira que
decretó su pérdida de investidura. Agregó que por lo anterior, mediante memorial
enviado por correo electrónico el 25 de mayo de 2021 a la Secretaría de la Sección
Primera del Consejo de Estado indicó “que dicha providencia no había sido notificada
así como ninguna otra providencia durante la segunda instancia, a los correos electrónicos
señalados en el recurso de apelación interpuesto ante el a quo el pasado 31 de agosto de
2020. (hammejia@hotmail.com y ballesterosserpa@hotmail.com, respectivamente).”
26. Puso de presente que, al día siguiente del envío de dicho memorial, a saber, el
26 de mayo de 2021, la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
trató de corregir el error y envió un correo electrónico por medio del cual envío copia
de la decisión de segunda instancia a los correos indicados por la parte actora en
el recurso de apelación.
27. Insistió en que ante tal irregularidad el mismo 26 de mayo de 2021 interpuso un
incidente de nulidad “considerando que en el presente caso se había configurado la
causal de nulidad del proceso consagrada en el numeral 8° del artículo 133 del Código
General del Proceso”, pues a su juicio, no se esclareció por parte del despacho
sustanciador la correcta notificación de las mencionadas providencias.
28. Arguyó que la irregularidad procesal en la que incurrió la Secretaría de la
Sección Primera del Consejo de Estado consistió en que no tuvo en cuenta, para
efectos de la notificación de las providencias proferidas en la segunda instancia, los
correos electrónicos señalados en el recurso de apelación
ballesterosserpa@hotmail.com y hammejia@hotmail.com, por el contrario, las efectuó
al correo del apoderado que lo representó en la primera instancia, el doctor Janer
Javier Pérez Brito al buzón web perezbj@hotmail.com, “máxime teniendo en cuenta que
se trataba de un proceso de naturaleza sancionatoria lo que, de contera, tuvo graves
consecuencias en cuanto a su derecho de ser elegido a cargos populares hacia futuro,
como expresión a su vez del derecho fundamental de participación ciudadana y ocupar
cargos públicos”.
29. Estimó que la autoridad judicial accionada desconoció el artículo 201 de la Ley
1437 de 2011, norma vigente en la época de los hechos, en consonancia con el
artículo 205, el cual exige que se debe enviar un mensaje de datos a las partes
procesales comunicando sobre tal decisión a los correos indicados para tal efecto,
“lo cual constituye una obligación en estos casos, obviamente, porque es la manera de
poner en conocimiento de las partes la actuación procesal”.
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30. Concluyó que, frente a la sentencia del 19 de abril de 2021 también se omitió el
artículo 203 de la referida ley, que establece que “las sentencias se notificaran
mediante envío de su texto a través de mensaje de datos al buzón electrónico para
notificaciones judiciales”.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
31. Mediante auto del 5 de mayo de 2022 la magistrada ponente decidió, entre
otras, admitir la demanda y notificar a la parte actora, y a los magistrados del
Consejo de Estado – Sección Primera, como autoridades judiciales accionadas.
Igualmente, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de La
Guajira, al señor Claudio Raúl Ibarra Rodríguez (demandante en el proceso
ordinario), al Concejo Distrital de Riohacha, a la señora Adriana Margarita Gómez
Móvil (quien tomó posesión del cargo de concejal en reemplazo del accionante) y
al Ministerio Público.
32. Por último, negó la medida provisional solicitada al no considerarla urgente ni
necesaria para garantizar el objeto del proceso y los derechos fundamentales que
subyacen en el mismo.
1.5. Intervenciones
33. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo de la Guajira
34. Mediante escrito del 9 de mayo de 2022 solicitó negar las pretensiones de la
demanda pues no conculcó derecho fundamental alguno ya que sus actuaciones
han estado apegadas a la Constitución y la Ley. Aunado a lo anterior, adujo que no
incurrió en mora judicial y tramitó el proceso dentro de términos razonables.
1.5.2. Sección Primera del Consejo de Estado
35. En escrito del 11 de mayo de 2022, el magistrado ponente solicitó declarar la
improcedencia por falta de relevancia constitucional o en su defecto, negar las
pretensiones de la demanda. Argumentó que, como se explicó en las providencias
de 3 de septiembre y 25 de noviembre de 2021, la notificación del auto de 3 de
diciembre de 2020 y de la sentencia de 19 de abril de 2021 se realizó en legal forma
al concejal y su apoderado, con fundamento en las normas constitucionales y legales
aplicables, sin que se pueda afirmar que se incurrió en el defecto procedimental absoluto
alegado, “garantizándose en todo momento el derecho al debido proceso.”
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1.5.3. Claudio Raúl Ibarra Rodríguez
36. Con escrito del 12 de mayo de 2022 la parte activa del proceso ordinario
manifestó que las solicitudes atinentes a la indebida notificación ya fueron
debidamente atendidas por la Sección Primera del Consejo de Estado. Agregó que,
lo que buscaba el accionante es empañar el actuar en derecho de la autoridad
judicial accionada.
37. Concluyó que “pretenden utilizar las oportunidades que brinda la ley y se les
restablezcan un derecho que JAMAS debió tener, credencial que JAMAS debió ostentar,
investidura que jamás debió habérsele otorgado. Por ello exhorto a usted Honorable
Magistrada de la manera más respetuosa posible se le mida con toda la rigidez del caso,
siempre dentro de las líneas que el derecho otorga y permite.” (sic a toda la cita).
38. Los demás sujetos vinculados, pese a haber sido debidamente notificados, no
rindieron informe alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
39. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Felipe Santiago Mejía Herrera, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto el accionado es la Sección Primera
del Consejo de Estado y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 7º de la última
norma citada.
2.2. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se
superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?
41. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Primera vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al libre acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y a la participación ciudadana debido a la indebida notificación del auto del
3 de diciembre de 2020, que admitió el recurso de apelación, y de la sentencia del
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19 de abril de 2021, que confirmó la decisión del a quo, que dispuso decretar su
pérdida de investidura como concejal del distrito especial turístico y cultural de
Riohacha?
42. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) generalidades del defecto alegado; iv) debido proceso en actuaciones
judiciales y; v) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20121
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 2 y declaró su
procedencia.3
44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
46. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García
González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
3
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
11
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional4
47. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto, la parte actora cuestiona las providencias del 3 de diciembre de 2020 y
del 19 de abril de 2021, pues en su sentir, fueron indebidamente notificadas.
48. Aunado a lo anterior, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulneradas sus garantías constitucionales por
cuanto la autoridad judicial accionada notificó a unos correos que no correspondían,
pese a que presentó un incidente de nulidad ante tal irregularidad, vulnerando su
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y sin tener en
cuenta los mandatos previstos en los artículos 201, 205 y 203 del CPACA, que
exigen que se debe enviar un mensaje de datos a las partes procesales
comunicando sobre tal decisión.
49. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente
por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su
derecho fundamental al debido proceso, omitiendo el deber del juez ordinario de
actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.
50. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
2.4.2. Tutela contra sentencia de tutela
51. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza 5, pues las providencias
4
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04833-00.
5
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20.,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
12
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cuestionadas fueron proferidas en el trámite del proceso de pérdida de investidura
instaurado contra el accionante.
2.4.3. Inmediatez
52. En relación con el acatamiento del referido requisito6, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la última providencia dictada en el marco del proceso de
pérdida de investidura fue la del 18 de febrero de 20227, mediante la cual, entre
otras cosas, se confirmó el ordinal segundo del auto de 25 de noviembre de 2021.
Así, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se advierte que la acción
de tutela se presentó en un término razonable (28 de abril de 2022) a la luz de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis
(6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.4.4. Subsidiariedad
53. En consideración a dicho requisito, por corresponder la última decisión dictada
en el marco del proceso de pérdida de investidura a la del 18 de febrero de 2022
de un auto dictado en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de
Estado, la cual resolvió un recurso de reposición y, en subsidio, el de queja, no
procede ningún recurso. Aunado a lo anterior, la Sala considera que también se
supera el requisito de la subsidiariedad porque la supuesta irregularidad fue
alegada por la parte actora en el incidente de nulidad, que no prosperó, por lo que
ya agotó los recursos ordinarios que tenía a su alcance10.
15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20.,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
7
Mediante la referida sentencia se confirmó el ordinal segundo del auto del 25 de noviembre de 2021 y se declaró
improcedente el recurso de queja presentado contra el auto de 25 de noviembre de 2021.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001 -03-15-
000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de per mitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdib ujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
10
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
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54. Tampoco procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 por la causal de nulidad originada en la sentencia, pues
para que prospere dicha causal es necesario que el vicio se genere en la sentencia
contra la cual no proceda el recurso de apelación, “pues si se trata de un reclamo
acaecido en una etapa previa a esta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de
revisión11”. En el caso concreto, se tiene que el vicio alegado se dio con anterioridad
a la sentencia de segunda instancia, a saber, con la indebida notificación del auto
del 3 de diciembre de 2020 que admitió el recurso de apelación contra la decisión
de primera instancia.
55. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, se advierte que los mismos han sido superados, máxime si
se tiene que todos los argumentos planteados en esta sede constitucional también
fueron puestos de presente en el trámite ordinario, motivo por el cual se pasará a
realizar una explicación general del defecto invocado, y posteriormente, al estudio
del caso concreto.
2.5. Defecto sustantivo12
56. La Corte Constitucional13, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01.
11
Consejo de Estado – Sección Segunda -Subsección B, sentencia del 01.03.2018, Rad. 11001-03-25-000-2015-00838-00;
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16.07.07, Rad. 11001-03-15-000-2007-00653-00, M.P.
Jesús María Lemos Bustamante; Consejo de Estado – Sección Quinta, Rad. 110010315000201300702-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado - Sala Décima Especial de Decisión, sentencia del 01-11-2016, Rad.
11001-03-15-000-2012-00230- 00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Frente al punto el Consejo de Estado en jurisprudencia
pacifica y reiterada, a saber la expuesta en ha indicado que Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio
se genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no procede el recurso de
apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de
revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser
advertidas por el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado
recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes incurrieron en el trámite del
proceso ordinario al no proponer las nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142
del C.P.C, o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib. Ahora bien, sobre los
supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los siguientes: a.
Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque con esto
se revive un proceso legalmente concluido. b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido. c . Dictarse
sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente.
d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non r eformatio
in pejus [como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o
por causa distinta a la invocada]. e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el
compuesto por las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser
advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia ”.
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío
Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia
del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
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postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” 14.
57. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente15 o porque ha sido derogada16, es inexistente17,
inexequible18 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador 19.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma 20.
c) La disposición aplicada es regresiva21 o contraria a la Constitución22.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición23.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma 24.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
58. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.
2.6. Debido proceso en actuaciones judiciales
59. El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T -043,
27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-
657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-
743, 24.07.06, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia
T-792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20
Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101, 28.10.2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
24
Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas
15
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“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso”.
60. A pesar del conjunto de eventualidades previstas por el texto constitucional
transcrito, esta es una norma con estructura de cláusula abierta. En ese sentido,
fija un listado de hipótesis netamente enumerativas que dan lugar a que se incluyan
otros posibles eventos plenamente encuadrables dentro del contenido de su
concepto. Por lo tanto, se puede afirmar que el derecho fundamental al debido
proceso no se agota en el enunciado del artículo 29 superior, toda vez que su
protección concreta ha revestido un gran número de casos diferentes que han sido
abordados por la jurisdicción en general.25
61. Dentro de la estructura en comento, lo primero que debe resaltarse del derecho
fundamental al debido proceso es su ámbito de aplicación: “toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas” (negrilla fuera del texto). Esta característica
indica que no hay ninguna actuación judicial o administrativa que se escape del
mandato constitucional de observar estrictamente el debido proceso.
62. En consecuencia, toda interpretación que resulte de la anterior singularidad del
derecho fundamental no puede encasillarse a la resolución de los casos específicos
que eventualmente se presenten. Todo lo contrario, los criterios de interpretación
de la transcrita cláusula universal se aplican a todos los casos que sucedan y sean
puestos a consideración de la autoridad competente. En específico, debe
recalcarse que el debido proceso comprende una garantía en la correcta aplicación
de las normas jurídicas por parte de los jueces.
63. De conformidad con lo expuesto, el derecho fundamental en comento se aplica
a toda actuación que se lleve a cabo dentro del trámite de un proceso judicial. Ello
implica observar estrictamente el contenido de las normas procesales, las cuales,
por su importancia social y por lo que tiene que ver con el artículo transcrito, son de
orden público y de cumplimiento obligatorio para los jueces y las partes. Si lo
anterior no sucede de esa manera, se compromete la legitimidad del proceso, de
tal manera que este puede llegar, incluso, a quedar viciado de nulidad o a afectar
otros derechos fundamentales de los que sean titulares las personas.
25
Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 31.05.1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-1219 del 21.11.2001, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; SU-159 del 06.03.2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-058 del 02.02.2006, M.P.
Álvaro Tafur Gálvis.
16
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64. Así, el examen que debe hacer el juez de tutela en el momento en que es puesta
a su consideración una situación que comprometa el estudio del debido proceso
dentro del trámite de una actuación judicial gira alrededor de verificar que, en todas
sus etapas, se haya cumplido con las garantías propias del mencionado derecho
fundamental.26
2.7. Caso concreto
65. Esta Sala de Decisión en aplicación de sus políticas de transparencia acogerá
y reiterará algunas consideraciones expuestas en la providencia del 12 de mayo de
202227 mediante la cual se resolvió un caso de similares supuestos fácticos y
jurídicos al aquí planteado, en el que la parte actora consideró que la autoridad
accionada había incurrido en un defecto procedimental absoluto por indebida
notificación al desconocer los mandatos previstos en los artículos 201 y 205 del
CPACA.
66. En este asunto, se tiene que el señor Mejía Herrera consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, al libre acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y a la participación ciudadana con ocasión a la
indebida notificación del auto del 3 de diciembre de 2020 (que admitió el recurso de
apelación) y de la sentencia del 19 de abril de 2021 (que confirmó la providencia 14
de agosto de 2020 del Tribunal Administrativo de La Guajira, que dispuso decretar
su pérdida de investidura como concejal del distrito especial turístico y cultural de
Riohacha).
67. Argumentó que se incurrió en un defecto sustantivo, porque frente a la
providencia del 3 de diciembre de 2020 se desconoció el contenido de los artículos
201 y 205 de la Ley 1437 de 2011, norma vigente para la época de los hechos, el
cual exige que, además de la anotación en el estado electrónico, se debe enviar un
mensaje de datos a las partes procesales comunicando sobre tal decisión a los
correos indicados para tal efecto.
68. Igualmente, alegó que respecto de la sentencia del 19 de abril de 2021 también
se omitió el artículo 203 de la referida ley, que establece que “las sentencias se
notificaran mediante envío de su texto a través de mensaje de datos al buzón electrónico
para notificaciones judiciales”.
69. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado al resolver la solicitud
de nulidad planteada por el actor adujo que: i) la notificación por estado de la
providencia de 3 de diciembre de 2020 se realizó en vigencia del artículo 9° del
Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, la cual establece que las
26
Corte Constitucional. Sentencia T-718 del 17.09.2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12.04.2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-01621-00, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil
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notificaciones por estado se fijarán virtualmente, “(…) sin que constituya irregularidad
no enviar el correo electrónico al buzón de correo autorizado por el apoderado del concejal”
y; ii) la sentencia del 19 de abril de 2021 también se notificó en legal forma, en la
medida en que se envió a los correos autorizados hammejia@hotmail.com y
ballesterosserpa@hotmail.com; de conformidad con el artículo 205 de la Ley 1437,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
70. Para efectos de determinar si en el caso concreto se encuentra configurado o
no el aludido defecto, la Sala considera pertinente realizar un breve análisis del
contenido de los artículos 201 y 205 del CPACA, que establecen los requisitos y
condiciones para notificación por estado y medios electrónicos.
71. Al respecto, el artículo 201 original del CPACA estableció las reglas de la
notificación por estado, en los siguientes términos:
“Artículo 201. Notificaciones por Estado. Los autos no sujetos al requisito de
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados
electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La
inserción en el estado se hará al día siguiente al de la fecha del auto y en ella
ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y
permanecerá allí en calidad de medio notificador durante el respectivo día.
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con
su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos
a quienes hayan suministrado su dirección electrónica. (…)”. (Negritas
fuera del texto original).
72. En armonía con lo anterior, el artículo 205 del CPACA en su redacción original
estableció las reglas de notificación por medios electrónicos, así:
“Artículo 205. Además de los casos contemplados en los artículos anteriores,
se podrán notificar las providencias a través de medios electrónicos, a quien
haya aceptado expresamente este medio de notificación.
En este caso, la providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario a la
dirección electrónica registrada y para su envío se deberán utilizar los
mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. Se
presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros
para consulta permanente en línea por cualquier interesado”.
18
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73. Por su parte, el Gobierno Nacional a partir de la emergencia sanitaria decretada
como consecuencia de la pandemia asociada a la COVID-19, expidió el Decreto
806 del 4 de junio de 2020, cuyo objetivo fue implementar las tecnologías de la
información y la virtualidad en todos los procesos. En tal sentido, dicha norma
procuraba que las actuaciones judiciales fueran realizadas a través de medios
virtuales y excepcionalmente de forma presencial, siendo así este decreto un
complemento y adecuación de los preceptos procesales ya vigentes.
74. Se tiene que, en su artículo 9º, el referido cuerpo normativo estableció:
“Artículo 9. Notificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se
fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario
imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de
la providencia respectiva.
No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que
decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la
autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.
De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera
de audiencia.
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea
para consulta permanente por cualquier interesado.
Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba
correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la
copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se
entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del
mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente.”
75. A su turno, en relación con la notificación de las sentencias el artículo 203 del
CPACA estableció las siguientes reglas:
Artículo 203. Notificación de las sentencias: Las sentencias se notificarán,
dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto
a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales.
En este caso, al expediente se anexará la constancia de recibo generada por
el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal fecha”.
(Negritas fuera del texto original).
76. Es importante resaltar que para enfrentar los desafíos que ocasionó la
pandemia de COVID-19, el legislador dentro de su margen de configuración
legislativa y ante la necesidad de atender los avances en las tecnologías de la
información y comunicación en el ejercicio de la actividad judicial 28, mediante la Ley
28
Congreso de la República. Informe de ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes al proyecto de Ley 364 de 2020 – Cámara 007 de 2019 Senado. “Esta iniciativa [legislativa] se presenta en
el marco de la estrategia planteada por el Consejo de Estado, y en armonía con los planes fijados por el Gobierno nacional,
con el fin de lograr la reforma que requiere el sistema judicial para hacerlo más ágil y cercano al ciudadano, para lo cual e l
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2080 de 2021 –que empezó a regir a partir de su publicación, esto es el 25 de enero
de 202129– modificó las anteriores disposiciones, adoptando algunas previsiones
del decreto 806 de 2020, en el siguiente sentido:
“Artículo 50. Modifíquese el inciso tercero del artículo 201 de la Ley 1437 de
2011, el cual quedará así:
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la
providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni
dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.”
“Artículo 52. Modifíquese el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual
quedará así: Artículo 205.
Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital
registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen
la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros
para consulta permanente en línea por cualquier interesado”.
77. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la Sección Primera del Consejo
de Estado, incurrió en el defecto sustantivo invocado por la parte accionante, por
las razones que pasan a explicarse:
78. Respecto de la notificación de la providencia del 3 de diciembre de 2020, que
admitió el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, es preciso
señalar que el operador judicial omitió aplicar todas las disposiciones contenidas
en los artículos 201 y 205 de la Ley 1437 de 2011, normas que prevén dos
momentos en las notificaciones que deban realizarse por estado, de una parte, la
inserción del estado en los medios informáticos de la Rama Judicial, en el que debe
Consejo de Estado, junto al Ministerio de Justicia y del Derecho proponen la revisión y ajustes a través de varias
modificaciones a la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
contenido en la Ley 1437 de 2011, en procura de maximizar y aumentar los recursos existentes para lograr una pronta,
cumplida y eficiente administración de justicia en la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Propuesta que es fruto del
arduo trabajo por más de cinco años de un grupo de servidores judiciales, con largas discusiones en las que se analizaron
las normas, procedimientos y realidades, y las opiniones y observaciones recibidas de la ciudadanía”.
29
Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021.
20
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constar la identificación del proceso, los sujetos procesales, la fecha del auto y la
del estado.
79. De otra parte, las disposiciones citadas indican que de las notificaciones que se
realicen por estado se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado
su dirección electrónica, como en efecto ocurrió en el caso concreto, en el que se
indicaron las siguientes: ballesterosserpa@hotmail.com y hammejia@hotmail.com. Al
respecto, las secciones y algunas subsecciones del Consejo Estado han sostenido
de manera pacífica que de conformidad a los artículos 201 y 205 de la Ley 1437 de
2011 es un deber del secretario enviar un mensaje de datos a quien haya
suministrado la dirección de correo electrónico, para comunicar sobre dicha
notificación.
80. Así, la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo:
“(…) La notificación por estado electrónico deberá hacerse el día hábil siguiente
al de la fecha del auto a notificar, antes de las 8:00 a.m. y debe permanecer
para consulta al público en la página web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co, durante todo el día en que fue insertado, el cual se
conservará además en un archivo disponible para consulta en línea por
cualquier interesado, por el término de 10 años.
Como constancia de la notificación del estado electrónico, el Secretario deberá
suscribir con su firma física, una certificación de la notificación por estado, al
pie de cada una de los autos notificados y, a quien haya suministrado su
dirección electrónica, el Secretario tendrá el deber de enviar el mismo día
de publicación o inserción del estado en la página web de la Rama
Judicial, un mensaje de datos al correo electrónico destinado para
notificaciones judiciales, informando la notificación por estado
electrónico ocurrida dentro del proceso de su interés (…)”30 (Negritas
propias.)
81. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo explicado en precedencia, cabe señalar que la notificación
del auto de 31 de agosto de 2020 se surtió en debida forma, atendiendo lo
establecido en el artículo 201 del CPACA, en concordancia con el artículo
9º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, pues además de que se realizó la
fijación del estado electrónico el 9 de octubre de 2020, -como se advierte en el
Sistema de Gestión Judicial y en las páginas web de consulta de procesos,
tanto de la Rama Judicial como del propio Consejo de Estado-, el día 6 de
octubre de 2020, la Secretaría de la Sección le envió a la parte actora el
respectivo mensaje de datos (correo) (…).”31
30
Consejo de Estado, Sección Cuarta, decisión de 24.10.2013, Rad. Nº: 08001-23-33- 000-2012-00471-01; M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
31
Consejo de Estado – Sección Primera, decisión del 19.11.2020, Rad. 25000-23-41-000-2018-00597-01, M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
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82. Igualmente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
estableció:
“Dicha anotación debe permanecer para consulta al público en la página web
que para tales efectos disponga la Rama Judicial, durante todo el día en que
fue insertado, el cual se conservará además en un archivo disponible para
consulta en línea por cualquier interesado.
Así mismo, como constancia de la notificación del estado electrónico, el
Secretario debe: i) suscribir con su firma física una certificación de la
notificación por estado al pie de cada una de los autos notificados y ii) a quien
haya suministrado su dirección electrónica, debe enviarle el mismo día de
publicación o inserción del estado en la página web de la Rama Judicial,
un mensaje de datos al correo electrónico destinado para notificaciones
judiciales, informando la notificación por estado electrónico ocurrida
dentro del proceso de su interés.”32 (Negritas propias.)
83. Por último, mediante auto de ponente de la Sección Segunda – Subsección A
se indicó que:
“De lo establecido en la norma trascrita, se infiere que los autos distintos al
admisorio de la demanda, al que libre el mandamiento ejecutivo y al que vincule
a los terceros, deberán ser notificados por estados electrónicos en el aplicativo
de la Rama Judicial para consulta en línea por los interesados del proceso; así
mismo, se impone la obligación al secretario de que envíe un mensaje de
datos a quienes hayan aportado una dirección electrónica.
Lo anterior quiere decir que el trámite de notificación por estado está
compuesto de dos gestiones, así: la primera, que corresponde a la
anotación del estado electrónico; y, la segunda, al envío de un mensaje
de datos a quienes hayan suministrado dirección electrónica, con el fin
de comunicarles dicha notificación. Por consiguiente, si alguno de estos
elementos no concurre, se tendrá por no válida la notificación.” 33
(Negritas propias.)
84. En ese orden de ideas, es dable concluir que la omisión en el envío del mensaje
de datos impidió a la parte actora conocer el contenido de la providencia y participar
activamente en el desarrollo de la segunda instancia del proceso en el que se
pretendía su pérdida de investidura34, máxime, si se tiene en cuenta que la Sección
32
Consejo de Estado – Sección Tercera, decisión del 9.10.2019, Rad. 68001-23-33-000-2017-00325-01; M.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, decisión del 01.03.2019, Rad. 25000-23-42-000-2014-02444-01, M.
P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
34
Artículo 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se sujetará a las siguientes reglas:
1. Deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro de los diez (10)
días siguientes a su notificación. El recurso de apelación será la oportunidad para solicitar pruebas en segunda instancia.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que
se dispondrá remitir el expediente al Secretario General del Consejo de Estado, quien lo repartirá entre los Magistrados de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, que decidirá de plano sobre su admisión si no se hubiese pedido la práctica de
pruebas. Si el apelante pidió pruebas, el magistrado ponente decidirá si se decretan, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre pruebas en segunda
instancia.
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Primera de esta Corporación ha manifestado que la notificación por estado
electrónico se entiende debidamente surtida cuando, además de realizarse la
debida anotación en el portal web, la Secretaría envía a las partes el mensaje de
datos, atendiendo lo establecido en el artículo 201 del CPACA, en concordancia
con el artículo 9º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020.
85. En criterio de esta Sala de Decisión, lo anterior constituye un defecto sustantivo
que vulnera las garantías que emanan del derecho al debido proceso, en especial
las de contradicción y defensa, que cobran especial relevancia si se tiene en cuenta
que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un proceso de
carácter sancionatorio, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones púbicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de los derechos políticos.
85. Por lo anterior, y debido a su carácter sancionador, dichos procesos deben dar
plena aplicación a las garantías constitucionales del debido proceso y con
fundamento en ello, establecer si la conducta se subsume en el supuesto fáctico
que la norma establece como consecuencia jurídica la pérdida de investidura.
86. Así, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho
al debido proceso en las actuaciones judiciales demanda que todo procedimiento
previsto en la ley se adecúe a las reglas básicas derivadas del artículo 29 Superior.
Dicha garantía constitucional implica la observancia de las formas de cada juicio y
en tal sentido, se le impone al operador judicial la obligación de cumplir con lo
dispuesto en las normas especiales para agotar el respectivo trámite. Es así como
este se ve conculcado cuando el funcionario judicial se aparta del proceso
establecido por ley, “ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite
una etapa sustancial, lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción de alguna
de las partes del proceso.”35
87. Así mismo, el Máximo Órgano Constitucional estableció que el derecho de
defensa como manifestación del derecho al debido proceso, comprende las
siguientes garantías: “a) el derecho a que se notifiquen los actos expedidos en el
marco del proceso de que se trate; b) el derecho de presentar y solicitar pruebas; c) el
derecho a controvertir las pruebas que se presenten en contra; d) el derecho a que las
actuaciones sean públicas; e) el derecho a impugnar las decisiones adoptadas en el marco
del proceso, entre otras.”36
3. Del auto admisorio del recurso de apelación se dará traslado, por tres (3) días hábiles, a la otra parte y al Ministerio P úblico
para que ejerza su derecho de contradicción, solicite la práctica de pruebas, en los términos del artículo 212 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y presente concepto, respectivamente.
4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio, si a él hubiere lugar, el Magistrado ponente deberá registrar el proy ecto
de sentencia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes y citará a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para
estudiar, discutir y decidir la ponencia presentada.
35
Corte Constitucional, T-025 del 06.02.2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
36
Corte Constitucional, T-555 del 07.07.2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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88. En conclusión, en el caso concreto, el derecho de defensa como parte integral
del debido proceso se traduce en la obligación que tenía la autoridad judicial
accionada de notificar en debida forma la providencia que admitió el recurso de
apelación, garantía que debía ser avalada al interior del proceso judicial con el
envío del mensaje de datos al correo electrónico suministrado por las partes.
89. Por último, si bien la autoridad judicial adujo que de conformidad al artículo 9°
del Decreto Legislativo 806 de 2020 no era obligatorio enviar por correo electrónico
la notificación que se efectuó por estado, se debe insistir en que mediante dicha
normativa se adoptaron medidas para flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia con el objetivo de implementar tecnologías de la información y
virtualidad en todos los procesos judiciales.
90. En tal sentido, su interpretación debe hacerse de manera exegética e integral
con las normas ya existentes frente al tema, a saber los artículos 201 y 205 del
CPACA antes mencionados, que establecen que para efectos de entender surtida
la notificación se debe insertar el estado en los medios informáticos de la Rama
Judicial y además se debe enviar un mensaje de datos a quienes hayan
suministrado la dirección electrónica, no obstante, la autoridad judicial
accionada privilegió una interpretación que además de alejarse del contenido
normativo, afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales.
91. Aunado a lo anterior, esta Colegiatura insiste en que, incluso, dicha posición va
en contra de lo que la misma Sección Primera estableció en la providencia que se
citó en el numeral 81 de esta providencia, en donde se señaló que, “(…)la
notificación del auto de 31 de agosto de 2020 se surtió en debida forma, atendiendo
lo establecido en el artículo 201 del CPACA, en concordancia con el artículo 9º del
Decreto 806 de 4 de junio de 2020, pues además de que se realizó la fijación del estado
electrónico el 9 de octubre de 2020, (…) la Secretaría de la Sección le envió a la parte
actora el respectivo mensaje de datos (correo) (…)”, razón por la que, de cualquier
manera, para apartarse de dicha tesis la sección tutelada debía explicar por qué el
caso que ahora se estudia era diferente a aquel, en aplicación de los principios de
transparencia.
92. Así las cosas, esta judicatura considera que al no haberse surtido en debida
forma la notificación del auto que admitió el recurso de apelación en el proceso en
el que se debatía la legalidad de la investidura del señor Mejía Herrera, es evidente
que las actuaciones que se surtieron con posterioridad a ello son nulas, pues no
atendieron el debido proceso de la parte respecto de la cual se debatía su posible
pérdida de los derechos políticos.
93. No obstante, también vale la pena precisar que en relación con la providencia
del 19 de abril de 2021 también se desconoció el artículo 203 de la Ley 1437 de
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2011, que indica que las sentencias se deben notificar mediante envío de su texto
a través del mensaje al buzón electrónico para notificación judicial.
93. Ello, porque como quedó probado, una vez proferida la decisión fue enviada al
correo electrónico perezbj@hotmail.com, el cual no correspondía con el informado
por el actual apoderado del demandado, de suerte que si bien el envío realizado el
26 de mayo de 2021 se efectuó con el fin de subsanar el yerro en el que se incurrió,
lo cierto es que en este caso la nulidad se originó con anterioridad a la sentencia
que finiquitó el proceso sancionatorio en el que se dispuso la pérdida de investidura
del señor Mejía Herrera, para lo cual se insiste en que las notificaciones son el
medio a través del cual las partes conocen las decisiones de los jueces y, en ese
sentido, son el instrumento que garantiza su derecho de contradicción y defensa.
92. Por todo lo expuesto, esta Sala de Decisión dejará sin efectos las actuaciones
adelantadas por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de pérdida
de investidura con radicado N. º44001-23-40-000-2020-00030-01, desde la
notificación del auto que admitió el recurso de apelación del 3 de diciembre de 2020,
para que retrotraiga todo el trámite desde la notificación del referido proveído,
atendiendo a las previsiones aquí planteadas.
93. Por último, si bien el actor solicitó dejar sin efectos la Resolución N.° 014 del 4
de abril de 2022 mediante la cual el presidente del Concejo Distrital de Riohacha
declaró la vacancia absoluta del señor Mejía Herrera y llamó a la señora Adriana
Margarita Gómez para ocupar el cargo, lo cierto es a que a este juez constitucional
solo le es dable analizar el actuar de la Sección Primera del Consejo de Estado en
cuanto a la vulneración al debido proceso por la indebida notificación que se surtió
respecto de las providencias enjuiciadas, esto, teniendo en cuenta que fue lo
alegado en el escrito tutelar.
94. En tal sentido, se reitera que el juez de tutela no le corresponde dejar sin efectos
el referido acto administrativo, el cual en principio goza de presunción de legalidad,
máxime si se tiene en cuenta que el actor no reprochó el fondo de la decisión
tomada en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó la decisión del a quo
al considerar que se encontraban acreditados los elementos objetivo y subjetivo de
la causal de pérdida de investidura invocada.
2.8. Conclusión
93. El Consejo de Estado – Sección vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, pues como
se demostró desconoció los preceptos normativos que eran aplicables al caso
concreto e incurrió en una indebida notificación de las providencias estudiadas
anteriormente.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia deprecados por el señor Felipe Santiago Mejía
Herrera, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones adoptadas por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura con
radicado N.º 44001-23-40-000-2020-00030-01, desde la notificación del auto
admisorio del recurso de apelación del 3 de diciembre de 2020, para que la
autoridad judicial accionada adelante la notificación atendiendo a las previsiones
aquí planteadas y, en esa medida, el demandado pueda ejercer su derecho de
contradicción y defensa en debida forma.
TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado, que en el
término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia,
proceda a realizar la notificación del auto del 3 de diciembre de 2020 a la parte
demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 205 del
CPACA. De igual manera, deberá retrotraer el proceso hasta ese punto.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
26
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Felipe Santiago Mejía Herrera
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02410-00
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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