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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02411-01

Fecha
26 de agosto de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02411-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Modificar la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Procuraduría 71 Judicial I Administrativa ante los Juzgados Administrativos de Florencia, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02411-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

26 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02411-01
Demandante: PROCURADURÍA 71 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA ANTE
LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE FLORENCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Procuraduría 71 Judicial I
Administrativa ante los Juzgados Administrativos de Florencia contra la sentencia
del 9 de junio de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la acción
de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 28 de abril de 20221, la Procuraduría 71 Judicial I Administrativa ante los

1 Se advierte que, el 4 de agosto de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02411-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I ante Juzgados
Administrativos de Florencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Sentencia de tutela de segunda instancia

Juzgados Administrativos de Florencia interpuso acción de tutela contra el
Juzgado Primero Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo de
Caquetá, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con
ocasión de las sentencias dictadas, respectivamente, el 9 de julio y 3 de
noviembre de 2021, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral instaurada contra la resolución 07 del 14 de enero de 2020, relativa a la
elección, designación y nombramiento del señor Yerson Andrés Borda Rodríguez
como personero de ese municipio para el período 2020-2024. Formuló las
siguientes pretensiones:

1. Se revoquen las providencias Juzgado Primero Administrativo del Circuito y
el Honorable Tribunal Administrativo de Caquetá. En fallo de sustitución se
procede al despacho favorable de pretensión en lo relacionado a la nulidad de
la Resolución No. 07 del 14 de enero de 2020 donde se hace la elección,
designación y nombramiento del señor Yerson Andrés Borda Rodríguez,
Personero del Municipio de La Montañita - Caquetá para el período 2020 a
2024, dentro del proceso de nulidad electoral radicado 18001-33-33-001-
2020-00132-00.

2. Ordenarse darle aplicabilidad a los precedentes judiciales de la Honorable
Corte Constitucional y el Consejo de Estado en cuanto han fijado las
directrices en lo trascendente del principio de legalidad y la teoría de la
probabilidad predominante.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente
relevantes:

En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el Procurador 71 Judicial I
Administrativo de Florencia, Caquetá, solicitó la nulidad del acto de elección del
señor Yerson Andrés Borda Rodríguez como personero del municipio de La
Montañita, Caquetá, para el período 2020-2024, contenido en la Resolución 007
del 14 de enero de 2020.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02411-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I ante Juzgados
Administrativos de Florencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Sentencia de tutela de segunda instancia

Mediante providencia del 9 de julio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de
Florencia negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 3 de noviembre de la
misma anualidad.

1.3 Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que, en el caso concreto, debió decretarse
la nulidad del acto electoral demandado, toda vez que se, tal como en casos
similares lo habían hecho el mismo Tribunal, en sentencia del 16 de junio de 2021,
radicado 2020-130, y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia del
22 de marzo de 2018, radicado 85001-23-33-000-2017-00019-03, razón por la
cual se configuró el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

Asimismo, alegó la configuración del defecto fáctico por no haber valorado el
testimonio de la señora Viviana Andrea Astudillo Cuchimba, del cual se podía
determinar «el conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas» por parte
del señor Borda Rodríguez, pues este acudió junto con el presidente del Concejo y
dos concejales más, al lugar donde exclusivamente ella realizó la prueba de
manera posterior a la fecha fijada en el cronograma.

A juicio de la parte actora, dicha prueba era un indicio de la ilegalidad de las
circunstancias, esto es, el hecho de que «el proceso termina con la elección del
señor Borda Rodríguez, quien para dicho concurso era Personero Municipal y a la
vez participante, trasporta la prueba de conocimiento con tres (03) concejales y
nunca se marginó de su condición de Personero Municipal de La Montañita
Caquetá; como tampoco se acreditó que los concejales fueran los custodios de
dicho material académico».

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02411-01
Demandante: Procuraduría 71 Judicial I ante Juzgados
Administrativos de Florencia
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Sentencia de tutela de segunda instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de mayo de 2022, el magistrado sustanciador de la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado admitió la demanda de
tutela y ordenó que aquel se notificara al Juzgado Primero Administrativo de
Florencia y al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión,
como accionados, y al municipio de La Montanita, Caquetá, al Concejo municipal
de La Montañita, Caquetá, al señor Yerson Andrés Borda Rodríguez y a los
demás intervinientes en el medio de control de nulidad electoral con radicado
18001-33-33-001-2020-00132-00/01, como terceros interesados en las resultas
del proceso. Asimismo, ordenó que se notificara a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El municipio de La Montañita, por conducto de apoderado judicial, señaló que
la acción de la referencia no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la argumentación expuesta en la tutela «es superflua, diáfana,
ambigua e insuficiente» para poder determinar la supuesta configuración de los
defectos invocados por la parte actora.

En cuanto al precedente alegado como desconocido, expuso que este no
manifestó que se deba dejar sin efectos una elección por falencias en la cadena
de custodia, sino que se dedica a relatar la irregularidad que resulta el no manejar
condiciones mínimas de seguridad en las pruebas de conocimiento en elecciones
de personeros, situación que evidentemente fue estudiada por los despachos
accionados que concluyeron que tal irregularidad, en el caso particular, resultaba
insuficiente para poder decretar la nulidad de la elección.

Finalmente, respecto del defecto fáctico, indicó que lo que pretendía la parte
actora en el proceso de nulidad electoral era que «de la prueba del hecho
indicador (irregularidad en la cadena de custodia de las pruebas de conocimiento)

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Referencia: Sentencia de tutela de segunda instancia

se realice un proceso lógico inferencial que concluya en la hipótesis del hecho
presunto (conocimiento previo de las preguntas por parte de los participantes del
concurso)», lo cual fue descartado por los despachos accionados, sin que dicha
actuación pueda traducirse en una omisión o defecto.

2.3. El señor Yerson Andrés Borda Rodríguez rindió el informe respectivo y
expuso que, tal como quedó demostrado en el proceso ordinario, no existió
prueba de que este conocía previamente las pruebas de conocimientos y
comportamentales, por lo que se negó la nulidad de su elección como personero
municipal.

2.4. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia, el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Primera de Decisión, el Concejo municipal de La Montañita,
Caquetá y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, en fallo proferido el 9
de junio de esta anualidad, negó las pretensiones de la tutela, por considerar que,
contrario a lo expuesto por la parte actora, el Tribunal Administrativo de Caquetá
sí efectuó una valoración de las pruebas testimoniales aportadas al proceso, así
como de la jurisprudencia aplicable al caso, lo que le permitió concluir que no se
había logrado demostrar que la aplicación de pruebas hubieran estado
relacionadas con actos de corrupción, para favorecer a una persona en particular.

Respecto del defecto sustantivo alegado por la Procuraduría accionante, señaló
que las leyes y decretos que sirvieron de fundamento para tomar la decisión de
segunda instancia tenían plena vigencia en el ordenamiento jurídico sin que se
advirtiera alguna disposición contraria a derecho que pudiera afectar el principio
de legalidad invocado por la parte actora.

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Referencia: Sentencia de tutela de segunda instancia

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en la tutela y manifestó que en ningún momento insinuó la
inaplicación de la normativa vigente del ordenamiento jurídico, pues sus alegatos
están dirigidos a demostrar es el desconocimiento del precedente judicial según el
cual el rompimiento o violación de la cadena de custodia «tira al traste con la
legalidad del acto de elección», tal como lo expuso el Consejo de Estado en
sentencia del 22 de marzo de 2018, proferida en el expediente con radicado
85001-23-33-000-2017-00019-03.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del

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año 20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante
de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

2Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

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El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho

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alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos3, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 9 de junio de 2022, por la Sección Segunda, Subsección A, de
esta Corporación.

Para ello, se examinará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
y, solo en el evento de demostrarse que se cumplieron este y todos los requisitos
generales, se analizará la existencia o no del desconocimiento del precedente y el
defecto fáctico alegado contra la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2021,
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, como última decisión del proceso de
nulidad electoral promovido por la aquí accionante en contra de la resolución 07
del 14 de enero de 2020, por medio de la cual se realizó la elección, designación y
nombramiento del señor Yerson Andrés Borda Rodríguez como personero de
Florencia, Caquetá, para el período 2020-2024.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la

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autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En los términos de la acción de tutela, el reproche formulado por la Procuraduría
71 Judicial I Administrativa ante los Juzgados Administrativos de Florencia radica,
en primer lugar, en que el Tribunal Administrativo de Caquetá, al proferir la
providencia del 3 de noviembre de 2021, incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal, según el cual la violación de la cadena de custodia de las

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pruebas de conocimiento aplicadas a los concursos deriva en su nulidad.

Asimismo, se alega la configuración del defecto fáctico por indebida valoración del
testimonio de la señora Viviana Andrea Astudillo Cuchimba, del cual se podía
determinar «el conocimiento anticipado de las preguntas y respuestas» por parte
del señor Borda Rodríguez, pues este acudió junto con el presidente del Concejo
y dos concejales más al lugar donde exclusivamente aquella realizó la prueba de
con posterioridad a la fecha fijada en el cronograma.

Pues bien, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del proceso de nulidad electoral. De la simple comparación entre las
razones esgrimidas en la demanda y en el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo del 9 de julio de 2021, dictado por el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia, y los propuestos en la demanda de tutela de la
referencia, se evidencia que el vicio por desconocimiento del precedente en que
supuestamente incurrió la autoridad judicial demandada fue invocado para
continuar con el debate jurídico que ya fue decidido.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en sede de nulidad
electoral y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de
ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:

Argumentos presentados ante el Argumentos de la demanda de tutela
Tribunal Administrativo de Caquetá -
recurso de apelación

Este Agente Fiscal interpondrá el Como se puede apreciar, la cadena de
respectivo recurso de Alzada soportado en custodia es perfectamente exigible frente a
el precedente vertical emitido por el toda la documentación y etapas del
Tribunal Administrativo de Caquetá – concurso, aspectos que no fueron

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Sentencia 16 de junio de 2021, expediente acreditados por el Concejo Municipal de la
2020-130 -con relación a los motivos de Montañita Caquetá y tiran al traste con el
ilegalidad que fueron despachados acto de elección y designación de
favorablemente por dicho órgano de cierre personero.
dentro de la jurisdicción; es decir, por
economía procesal omitiremos discutir Incluso, se inobservó el precedente
aquellos vicios de ilegalidad que fueron horizontal debido a pronunciamiento
despachados desfavorablemente en preexistente que hiciera el Tribunal
segunda instancia […]. Administrativo de Caquetá (Sentencia 16
de junio de 2021, expediente 2020-130) en
Inexistencia de la cadena de custodia. la nulidad de la elección del señor
Personero Municipal de Curillo – Caquetá,
Discrepancia parte actora: por ausencia de cadena de custodia,
cuando se decretó que el concurso público
De lo anterior se infiere la grave afrenta y de méritos para
desconocimiento del principio de legalidad
y trasparencia en el concurso público de “(…) proveer el cargo de personero
méritos, sin embargo, reconociendo la municipal, debe atender la cadena de
trascendencia de la ilegalidad por el custodia, no solo de las pruebas y sus
Despacho Judicial, este basado en un resultados, sino de todos los documentos
precedente judicial del Consejo de Estado que hagan parte del procedimiento
solicita la estructuración de una causal administrativo, siendo que el Concejo
específica determinante para el proceso Municipal de Curillo, Caquetá, se
electoral. encontraba en mejor condición de probar
que los documentos fueron protegidos, ya
Lo primero en determinar es la incorrecta que ellos fueron los encargados de dar
leída del precedente citado; dicho de otro inicio y realizar la convocatoria, pero ello
modo, no se trata de un error de no fue probado ni debatido en el presente
interpretación sino de lectura. Lo anterior, trámite (…)”(Negrilla no original)
basado en que las causales establecidas
en el precedente en cita son meramente
enunciativas, pues el Consejo de Estado En dicho pronunciamiento el Tribunal
parte de la existencia de muchos Administrativo le ordenó a la Mesa
comportamientos que tiran al traste con el Directiva del Concejo Municipal
valor axiológico de trasparencia. Lo
anterior se corrobora cuando el Consejo de “(…) que proceda a rehacer el proceso de
Estado trascribe: “pues la transgresión del selección de personero Municipal a partir,
referente axiológico de la transparencia inclusive, de la realización de la prueba de
puede tener lugar de diversas formas– conocimientos a los admitidos en la
algunos comportamientos que pueden Convocatoria iniciada en virtud a la
implicar su vulneración en el marco de la Resolución No. 023 del 12 de noviembre
aplicación de estas pruebas son” (Negrilla de 2019, para lo cual deberá garantizar la
no original) cadena de custodia en la realización de las
pruebas y las etapas subsiguientes a ella.
Como se puede observar, una de esas (…)” (Negrilla no original)
diversas formas es el quebrantamiento
absoluto de la legalidad en la cadena de El Honorable Tribunal Administrativo de
custodia para las pruebas de conocimiento Caquetá a la hora de fallar para dar
en concurso público de mérito para la conclusión al caso concreto debió haber

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elección de Personero Municipal, así lo ha decretado la nulidad del acto de elección y
determinado el Tribunal Administrativo de designación del Personero, por violación a
Caquetá1, cuando determinó que el la cadena de custodia en todas las etapas
concurso público de méritos para del concurso, pues se trataba de una
acción electoral fundada en una tesis
“(…) proveer el cargo de personero judicial que existía al momento de proferir
municipal, debe atender la cadena de el fallo judicial –Nulidad del acto de
custodia, no solo de las pruebas y sus elección de Personero por violación a la
resultados, sino de todos los documentos cadena de custodia […].
que hagan parte del procedimiento
administrativo, siendo que el Concejo Lo antes citado nos permite concluir que,
Municipal de Curillo, Caquetá, se existiendo la tesis previa de declarar la
encontraba en mejor condición de probar nulidad del acto de elección de Personero
que los documentos fueron protegidos, ya Municipal por ausencia en la cadena de
que ellos fueron los encargados de dar custodia, esta debería ser la tesis
inicio y realizar la convocatoria, pero ello imperante en el proceso. Contrario a ello,
no fue probado ni debatido en el presente de querer rectificar la decisión tomada en
trámite (…)” […]. proceso antecedente, debió el Tribunal
Administrativo haber decretado la nulidad
Incluso, lo curioso del caso se soporta en por falta de cadena de custodia y dejar
la falta de rigorismo procesal para hacer la fincada su nueva posición –prueba en la
crítica testimonial a la declarante Viviana falta de cadena de custodia y
Andrea Astudillo Cuchimba, cuando transcendencia de dicha irregularidad –
argumentó que, dada su reclusión en para futuras decisiones judiciales; como
centro hospitalario de la ciudad de quiera que, en la tesis primitiva jurídica
Florencia, la prueba de conocimiento fue fijada por el Tribunal Administrativo la sola
realizada al interior del centro hospitalario, vulneración a la cadena de custodia
donde llegaron con dicha prueba: 1. La delezna el acto de elección y designación
presidente del Concejo; 2. Dos (2) de Personero Municipal.
concejales, y, 3. El señor Yerson Andrés
Borda.
La declaración de la señora Viviana Andrea
Este Ministerio Público realizó una serien Astudillo Cuchimba, valió para establecer
de interrogantes, hoy más vigentes que la vulneración total a la cadena de custodia
nunca, así: ¿Por qué la presidente del en la prueba de conocimiento; sin
Concejo transportaba la prueba de embargo, al exigir una prueba directa en el
conocimiento? ¿Fue la presidente del conocimiento anticipado de las preguntas y
Concejo la que realizó las condiciones de respuestas de la prueba de conocimiento,
recolección, preservación y embalaje de la pretermitió dar cabida a la construcción de
prueba de conocimiento? ¿Si el señor indicios determinantes que hubiesen dado
Yerson Andrés Borda era personero en otro rumbo a la decisión.
desempeño de sus funciones y al tiempo
participante del concurso, que hacía Los anteriores precedentes indican que las
transportando la prueba de conocimientos? decisiones judiciales cuestionadas tienen
¿Por qué siendo el señor Yerson Andrés razón en la ausencia de material probatorio
Borda participante en el concurso público, que, indique el conocimiento anticipado de
no se margino en su calidad de Ministerio las preguntas y respuestas en la prueba de
Público? conocimiento (prueba directa). Sin
embargo, de la prueba testimonial de la

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Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Referencia: Sentencia de tutela de segunda instancia

Nótese su Señoría como la prueba de señora Viviana Andrea Astudillo Cuchimba,
conocimiento no tuvo el manejo adecuado esta Agencia Fiscal acreditó
en cuanto a cadena de custodia se refiere, probatoriamente lo siguiente:
fue manipulada por concejales que no
acreditan la calidad de custodios y - La prueba de conocimiento era
trasportada con el señor Personero de la transportada por la presidente del Concejo
época, en últimas, ganador del concurso y dos (2) concejales más.
público. ¿Considera la primera instancia - Dichos concejales también estaban
que ello no es motivo suficiente para acompañados del señor Yerson Andrés
determinar la vulneración al principio de Borda Rodríguez, Personero Municipal del
transparencia en dicho concurso? municipio de La Montañita – Caquetá.

• El señor Yerson Andrés Borda Rodríguez,
siendo Personero Municipal y concursante,
no se apartó del ejercicio de su función
como Ministerio Público.

• Curiosidades del caso. El proceso termina
con la elección del señor Borda Rodríguez,
quien para dicho concurso era Personero
Municipal y a la vez participante, trasporta
la prueba de conocimiento con tres (03)
concejales y nunca se marginó de su
condición de Personero Municipal de La
Montañita Caquetá; como tampoco se
acreditó que los concejales fueran los
custodios de dicho material académico.

Con claridad sobre la coincidencia entre los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación radicado en el proceso ordinario y los de
la solicitud de amparo, sobre el desconocimiento del precedente horizontal
establecido en la providencia del 16 de junio de 2021, expediente 2020-130, y la
valoración del testimonio de la señora Viviana Andrea Astudillo Cuchimba,
conviene señalar que estos fueron estudiados y resueltos por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, en providencia del 3 de noviembre de 2021, así:

3.5.2. Sobre la inexistencia de la cadena de custodia en la prueba de
conocimiento.

Sostiene el apelante que el concurso público estuvo ausente del
cumplimiento jurisprudencial del Consejo de Estado en relación a la
“identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación,

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embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada
custodio”; en este caso de las pruebas y sus resultados.

Advierte específicamente que el juez de instancia no valoró adecuadamente
la prueba testimonial rendida por VIVIANA ANDREA ASTUDILLO CUCHIMBA
(participante), quien manifestó que, dada su reclusión en un centro
hospitalario de la ciudad de Florencia, la prueba de conocimiento le fue
realizada al interior del centro hospitalario, donde llegaron con dicha prueba:
1. la presidente del Concejo; 2. dos (2) concejales, y 3. el señor YERSON
ANDRES BORDA, para entonces personero municipal, situación que permite
concluir que la prueba de conocimiento no tuvo el manejo adecuado en
cuanto a la cadena de custodia se refiere, en tanto fue manipulada por
concejales que no acreditaron la calidad de custodios, además de trasportada
con el señor personero, quien resultó, en últimas, ganador del concurso
público […].

[C]onforme al “cronograma del proceso”, surtidas las etapas de i) publicación
y divulgación de la convocatoria; ii) reclutamiento; iii) verificación de requisitos
mínimos; correspondía la de; iv) citación y aplicación de pruebas de
conocimientos académicos y competencias laborales, fijada para el 1° de
diciembre de 2019, a las 8 a.m., en el recinto del concejo municipal; a la que
sólo comparecieron dos (2) de los participantes citados (EDGAR RINCÓN
TORRES y YERSON ANDRES BORDA RODRIGUEZ)8 , quedando
eliminados los restantes siete (7) que no se presentaron.

No obstante, atendiendo a lo informado mediante escrito de fecha 30 de
noviembre de 2.019 por una de las concursantes, la abogada VIVIANA
ANDREA ASTUDILLO CUCHIMBA, en el que señaló que debido a una
situación de salud no podía presentarse a la aplicación de las pruebas de
conocimiento y competencias laborales en la fecha y hora programadas en el
cronograma, allegando los soportes pertinentes -historia clínica-, el concejo
municipal con fecha 5 de diciembre de 2.019, en aras de garantizar los
principios constitucionales de transparencia, objetividad, igualdad, entre otros,
de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 09 de 2.019, permitió la
aplicación de la prueba de conocimientos y competencias laborales a la
participante mencionada, fijando como fecha de aplicación el 6 de diciembre
de 2.019, a las 10:00 a.m., en la Clínica Medilaser de Florencia, lugar donde
se encontraba internada; decisión que fue comunicada a los demás
participantes, quienes guardaron silencio.

De acuerdo a la declaración rendida por la misma participante ASTUDILLO
CUCHIMBA, la prueba le fue practicada en el referido centro hospitalario en
presencia de la presidente del concejo municipal, dos concejales y el señor
Yerson Andrés Borda, personero municipal para la época (también
participante del concurso) […].

Así las cosas, de entrada se advierte que la cadena de custodia puede
definirse como el procedimiento que se debe dejar demostrado cuando se
busca proteger evidencia o materiales probatorios; es decir, es el registro

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debidamente realizado o si se quiere la constancia que debe dejarse de todo
acto, entiéndase “identidad, estado original, condiciones de recolección,
preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los
cambios que cada custodio”, realizado con la prueba que se quiere presentar
o hacer valer.

Si bien, la normatividad que regula lo referente a los concursos de mérito para
elegir personero municipal, esto es, el artículo 17011 de la Ley 1551 de 2012
y de su Decreto Reglamentario 2485 de 201412, compilado en el Decreto
1083 de 2015, no hacen referencia a la cadena de custodia, ello no es excusa
para que en el desarrollo de tales concursos no se dé aplicación a
procedimientos que protejan la identidad, estado original, preservación,
embalaje de las pruebas y demás documentos que hacen parte del proceso.
Así lo ha dicho el Consejo de Estado (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 22 de marzo del 2.018, exp. 85001-23-33-000-2017-
00019-03):

“Sin embargo, ello no es óbice para que los operadores de estos
concursos cuenten con el procedimiento que se debe dejar
demostrado cuando se busca proteger la “identidad, estado original,
condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y
fechas de permanencia y los cambios que cada custodio”, en estos
casos de las pruebas y sus resultados.

No sobra mencionar que dicha carga de cuidado no solamente se
debe exigir de las pruebas, sino de la totalidad de los documentos que
hagan parte del procedimiento administrativo, lo que ocurre es que se
hará énfasis de las pruebas, entiéndase cuadernillo de preguntas y
hoja de respuesta, por ser este uno de los cargos formulados en las
demandas.

Siguiendo el derrotero trazado, insiste la Sala en que en los concursos
de méritos como el que se analiza, es dable exigir la llamada cadena
de custodia, lo cual no atenta contra el principio de legalidad porque si
bien no existe expresa imposición de este requisito, una lectura
adecuada de las normas que regulan los concursos de personeros
permiten arribar a la conclusión de su exigencia.

En efecto, de la revisión de la parte considerativa del Decreto 2485 de
2014, se advierte que se deja establecido que las actuaciones que se
adelanten para la elección de personero deben “…salvaguardar los
principios de publicidad, objetividad y transparencia y garantizar la
participación pública y objetiva en el concurso público de méritos que
deben adelantar los concejos municipales y distritales para la provisión
del empleo de personero, [por tanto] se hace necesario señalar los
lineamientos generales para adelantar los citados concursos”.

En ese entendido, la cadena de custodia deberá acompañar el desarrollo de

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las pruebas que se practican en estos procedimientos, que corresponden a la
de conocimientos académicos y competencias laborales, sin perjuicio de que
se extienda a la totalidad de documentos que conforman el procedimiento.

Arribando al caso en análisis, tal y como lo expone la parte recurrente, la
aplicación de la prueba de conocimiento para la elección del personero
municipal de La Montañita no estuvo secundada por un protocolo de
seguridad que diera cuenta de la existencia de una cadena de custodia, esto
es, de medidas que salvaguardaran, en principio, su autenticidad, identidad e
integridad en aras de ofrecer probidad al concurso […].

No obstante, para la configuración de la causal de nulidad alegada por el
demandante en lo que atañe a esta deficiencia, a saber, expedición irregular
del acto administrativo, debe demostrarse su incidencia en los resultados de
la designación […].

Obsérvese, entonces, que lo que permite la anulación del acto acusado es el
carácter determinante de la falencia en el desarrollo de la actuación
administrativa que se revisa, esto es, el proceso concursal para elección del
personero.

Dicho ello, encuentra la Sala que, a pesar de la ausencia de un protocolo de
seguridad que secundara la aplicación de las pruebas de conocimiento
académicos y competencias laborales en el procedimiento eleccionario del
personero de La Montañita, dicha circunstancia no conlleva la nulidad del acto
de elección. En efecto, el análisis del material probatorio arrimado al plenario
da cuenta que en contra de los resultados de las pruebas de conocimiento y
de competenciales laborales practicadas el 1° y 6 de diciembre de 2019,
respectivamente, no se presentaron reclamaciones de ninguna índole,
circunstancia que permite inferir -razonablemente- que el curso del proceso
de selección del personero municipal se desarrolló en completa normalidad,
atendiendo a las normas establecidas en la convocatoria […].

Si bien, a la participante Viviana Andrea Astudillo Cuchimba se le practicaron
las pruebas en la clínica Medilaser de Florencia -lugar distinto al fijado en el
cronograma-, y de manera posterior a la fecha fijada en el cronograma,
pruebas que hizo en presencia del personero municipal de la época, quien,
además, era participante de la convocatoria, situación que, en principio,
podría implicar una afrenta formal a la transparencia e igualdad que rige
dichos trámites, ello no supuso, sin embargo, una afrenta material que lleve a
la declaratoria de ilegalidad del acto demandado, en tanto no se demostró el
conocimiento anticipado del cuestionario de preguntas y/o de respuestas por
parte de algún participante, así como tampoco actos de fraude en la
aplicación de las pruebas, u otro comportamiento que resultará vulneratorio
del principio de transparencia que debe imperar en el marco de la aplicación
de dichas pruebas.

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Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso de
nulidad electoral, la cual fue analizada y decidida razonablemente en primera
instancia y en la providencia hoy cuestionada, en la que se concluyó que, a pesar
de haberse demostrado que existió una irregularidad en la cadena de custodia de
las pruebas de conocimiento, esto no resultó determinante para establecer la
ilegalidad del acto de elección, pues, si bien el señor Yerson Andrés Borda
Rodríguez estuvo presente al momento en que la señora Astudillo Cuchimba,
también como aspirante a ocupar el cargo de personero municipal, presentara su
prueba de conocimientos, lo cierto es que ella la presentó de manera individual y
seis días después de que el señor Borda Rodríguez la hubiese presentado, por lo
que no se podía inferir de este hecho, como lo pretende la accionante, que el
entonces demandado tenía un conocimiento previo del examen realizado.

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no
los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya
fue decidido razonablemente por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia y
el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto
jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal
para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino
que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez
natural4.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia
del 25 de febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.

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La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional
y, por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que
pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio
hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su
autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela
cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
que haga necesaria su intervención.

Finalmente, respecto al precedente alegado como desconocido, establecido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 22 de marzo de 2018,
radicado 85001-23-33-000-2017-00019-03, de la transcripción realizada con
anterioridad, observa la Sala que, precisamente, este sirvió de fundamento para
que el Tribunal Administrativo del Caquetá determinara que, si bien se demostró
que el 6 de diciembre de 2019 no hubo un protocolo de seguridad que diera
cuenta de la existencia de una cadena de custodia de las pruebas de
conocimiento, lo cierto era que dicha circunstancia, por sí misma, no ofrecía la
convicción necesaria sobre la ilegalidad en los resultados del concurso, pues el
señor Yerson Andrés Borda Rodríguez ya había presentado la prueba el 1° de
diciembre de la misma anualidad, sin que se demostrara que antes de esta fecha
hubiera tenido conocimiento de las preguntas y respuestas del examen.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga.

Por todo lo dicho, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en el sentido
de declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Procuraduría 71
Judicial I Administrativa ante los Juzgados Administrativos de Florencia, ante el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02411-01
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Modificar la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, para, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela presentada por la Procuraduría 71 Judicial I
Administrativa ante los Juzgados Administrativos de Florencia, por lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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