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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02412-01

Fecha
2 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02412-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 23 de junio de 2022, a través de la cual el Consejo de Estado (sección primera) declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a la parte motiva. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02412-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

2 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02412-011
Actora : Ninfa Marina González Bejarano
Accionados : Magistrados de la subsección A de la sección segunda del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y trabajo

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el
fallo de 23 de junio de 2022, emitido por el Consejo de Estado (sección
primera), que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Ninfa Marina González Bejarano,
quien actúa por intermedio de apoderado, presenta acción de tutela con el fin
de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y trabajo,
presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos la sentencia de 20
de enero de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado (subsección A de
la sección segunda) confirmó la de 5 de diciembre de 2019, con la que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda) negó las pretensiones formuladas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) [expediente 25000-2342-000-2015-03953-01]; en su lugar, se ordene a
las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se acceda a
dichas súplicas.

1.2 Hechos. Relata la actora que el 22 de septiembre de 2008 y 3 de julio de
2012 deprecó de la DIAN el «[…] reconocimiento y pago de la prima técnica

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

por formación avanzada y experiencia altamente calificada […]», lo que le
fue negado mediante oficios 360 de 14 de noviembre de 2008 y 1449 de 27 de
julio de 2012.

Que, por lo expuesto, el 12 de junio de 2015 acudió ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN (expediente 25000-2342-000-
2015-03953-01), con el propósito de que se dejaran sin efectos los
mencionados actos administrativos y se le pagara la aludida prima técnica.

Dice que del anterior asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda) que, a través de fallo de 5
de diciembre de 2019, negó las pretensiones formuladas, al considerar que
«[…] obtuvo el título de “ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO”,
[…] el 6 de abril de 1995 […], y que a la fecha de entrada en vigencia del
Decreto 1724 de 1997 […], contaba con 14 años, 3 meses y 18 días al servicio
de la DIAN y 2 años, 2 meses y 27 días de experiencia altamente calificada, es
decir, que […] no cumple […] los presupuestos establecidos en los decretos
generales que regulan la prima técnica, como tampoco con la Resolución
interna de la DIAN, pues no completó los 3 años de servicio para la entidad
demandada posteriores a la obtención del título de especialista […], lo cual
no la hace acreedora del […] otorgamiento […] de […]» dicho emolumento.

Que inconforme con esa decisión interpuso recurso de apelación, desatado el
20 de enero de 2022 por el Consejo de Estado (subsección A de la sección
segunda), en el sentido de confirmarla, con fundamento en que, «[…] a pesar
de tener el título de especialista a partir del 6 de abril de 1995, no acredit[ó]
la experiencia altamente calificada […]».

Sostiene que la providencia objeto de censura incurre en violación directa de la
Constitución, comoquiera que se vulnera el principio de congruencia, al no
basarse en «[…] los hechos, lo debatido y lo probado en el proceso […]», así
como tampoco en los argumentos de inconformidad expuestos en su alzada,
por lo que se quebranta «[…] ostensiblemente [su] derecho fundamental al
debido proceso […]».

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores magistrados de la subsección A de la sección segunda del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la sentencia objeto de

2

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

discusión, piden negar el amparo deprecado, toda vez que «[…] no solo se
emitió un pronunciamiento ajustado en derecho que valoró cada una de las
posiciones del litigio, así como el material probatorio recaudado y
practicado, sino que se limitó al eje temático de inconformidad de la entonces
apelante, que correspondía a la verificación del cumplimiento de requisitos
legales para acceder al reconocimiento de una prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada, los cuales se consideró, al igual
que el a quo, que no fueron satisfechos y por lo tanto no le permitían ser
titular de dicha prerrogativa».

Agregan que «[…] no hubo una extralimitación de la competencia del ad
quem, pues esta fue coherente con lo debatido, sin desmejorar la denegación
de pretensiones ya declarada, y por lo tanto, con pleno respeto y observancia
de los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la
administración de justicia de la accionante».

1.3.2 El señor director general de la DIAN2, por intermedio de apoderado,
aduce que «[…] en la [decisión] cuestionada, […] se proced[ió] en atención a
lo indicado en las normas que regulan la materia y estudio del cumplimento
[de] los requisitos para el otorgamiento de […]» la prima técnica solicitada
por la demandante y, por consiguiente, no se evidencia vulneración a las
garantías superiores por ella alegadas.

1.4 Providencia impugnada. Mediante fallo de 23 de junio de 2022, el
Consejo de Estado (sección primera) declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, al considerar que no satisfizo el requisito de subsidiariedad, en
razón a que «[…] en contra de la providencia censurada, es posible interponer
el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada […],
en la medida que lo alegado es que [aquella] transgredió [el] principi[o] de
congruencia […]».

1.5 La impugnación. La tutelante, inconforme con la anterior determinación,
la impugnó, con fundamento en que, «[…] [a]demás de la violación al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional[,] se [le
trasgreden otros] derechos fundamentales […] por no acatamiento del
ordenamiento jurídico vigente […]», por lo que no es procedente en su caso
interponer el recurso extraordinario de revisión, máxime cuando actualmente

2
Vinculado dentro del presente trámite constitucional, con auto de 3 de mayo de 2022, como tercero con
interés.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

tiene 70 años y «[…] su calidad de vida ha sido sustancialmente menguada
por los injustos recortes salariales, en [su] largo trayecto […]» laboral.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 323 del Decreto ley 2591 de 19914
y 255 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 20 de enero
de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado (subsección A de la
sección segunda) confirmó la de 5 de diciembre de 2019, con la que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección
segunda) negó las pretensiones formuladas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra la
DIAN (expediente 25000-2342-000-2015-03953-01); y, en caso afirmativo, si
se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y trabajo invocadas en la solicitud de
amparo.

3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto».
6
Por medio del cual se expide «[…] el reglamento interno del Consejo de Estado».

4

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

5

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión

6

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201410, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.

2.5 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter
subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo11 procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y

7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
10
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera
edición (Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a
viernes] como cuando es adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según
las reglas generales de acentuación […]».

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente
residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en
que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita
solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda
evitar la causación de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional12 y ante
la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya
agotado todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a
su disposición, previa la interposición de la acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante
las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos
constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta
favorable o la satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de
la acción constitucional frente al caso particular13.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección
de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el
juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas
de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer
cesar una violación a prerrogativas inalienables.

12
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

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Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un
derecho fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales14.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento
de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el
juez competente decide de fondo la acción correspondiente15.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional16 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos
donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe
demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a
originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo,
por cuanto al juez constitucional no le concierne probar las circunstancias
fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la
inminencia del perjuicio.

2.6 Caso concreto. En el asunto sub judice la Sala evidencia que la
inconformidad de la actora radica en que en el fallo objeto de discusión se
quebrantó el principio de congruencia, toda vez que no se basó en los hechos y
las pruebas aportadas en el proceso ordinario, así como tampoco en los reparos
que expuso en su recurso de apelación, por lo que al confirmar la decisión de
primera instancia vulneró su garantía superior al debido proceso.
14
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
15
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-
01795-01 de 9 de diciembre de 2010.
16
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

Por su parte, la sección primera del Consejo de Estado en la sentencia
impugnada concluyó que la tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad,
por cuanto «[…] en contra de la providencia censurada, es posible interponer
el recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada […],
en la medida que lo alegado es que [aquella] transgredió [el] principi[o] de
congruencia […]».

Al respecto, se tiene que la acción de tutela de la referencia, como se
determinó en primera instancia, no colma la exigencia de procedibilidad de la
subsidiariedad, por cuanto para decidir sobre el aludido presunto
desconocimiento del principio de congruencia, el ordenamiento jurídico prevé
otro instrumento judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión.

Lo anterior, habida cuenta de que dentro de las causales de procedencia del
mencionado mecanismo, se encuentra la consagrada en el numeral 5 del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)17, consistente en «Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», la cual se configura, entre otras situaciones, cuando la providencia
desconoce el referido principio, tal como lo anotó esta Corporación18 en los
siguientes términos:

[…] la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo
250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura,
entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o
única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia,
que en últimas implica una actuación sin competencia.
[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada

17
Comoquiera que la sentencia atacada quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2020, esto es, en vigor del
referido ordenamiento, este le resulta aplicable al recurso extraordinario de revisión que contra aquella
eventualmente se interponga.
18
Sala especial 22 de lo contencioso-administrativo, providencia de 2 de febrero de 2016, expediente: 11001-
03-15-000-2015-02342-00.

10

Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia […] pues […] el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para
abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.

Desde esta perspectiva, se colige que el recurso extraordinario de revisión
comporta un instrumento judicial apropiado para corregir yerros, como el
desconocimiento del principio de congruencia, contenidos en providencias
ejecutoriadas (como la aquí censurada), con la finalidad de preservar el sistema
normativo y alcanzar la justicia material, el cual está supeditado a la
configuración de alguna de las causales expresamente enunciadas en el artículo
250 del CPACA, en asuntos tramitados ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

De acuerdo con lo anotado, se colige que la demandante cuenta con otro
mecanismo de defensa en el que puede exponer sus inconformidades frente al
desconocimiento del principio de congruencia.

Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de
la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un
derecho constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la
interposición de la acción.

De tal manera que la falta de diligencia de la actora, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia
del trámite constitucional frente al caso particular.

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, en este asunto el ejercicio de
la tutela resulta improcedente porque dicho amparo se encuentra gobernado por
el principio de subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando
existan otros recursos o medios de defensa […]»19. Es decir, si los medios
ordinarios pueden ser utilizados de manera eficaz (recurso extraordinario de
revisión), como acontece en el sub lite, la acción instaurada no resulta
pertinente.

En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), es

19
Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política,
en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»20.

Ahora bien, la actora sostiene que, «[…] [a]demás de la violación al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional[,] se [le
trasgreden otros] derechos fundamentales […] por no acatamiento del
ordenamiento jurídico vigente […]», por lo que no es procedente en su caso
interponer el recurso extraordinario de revisión, máxime cuando actualmente
tiene 70 años y «[…] su calidad de vida ha sido sustancialmente menguada
por los injustos recortes salariales, en [su] largo trayecto […]» laboral.

Sin embargo, no expone el por qué con la decisión atacada se le transgreden
esas otras garantías superiores y, en todo caso, se reitera, en el escrito
introductorio adujo que con aquella se vulnera el principio de congruencia, al
no basarse en «[…] los hechos, lo debatido y lo probado en el proceso […]»,
así como tampoco en los reparos expuestos en su alzada, por lo que se
quebranta «[…] ostensiblemente [su] derecho fundamental al debido proceso
[…]».

Por otra parte, respecto del argumento de su edad, a guisa de pedagogía
judicial, puede, si a bien lo tiene, formular dentro del recurso extraordinario de
revisión solicitud de prelación, tal como lo autoriza el artículo 1821 de la Ley
446 de 199822, trámite que le permite al juez de conocimiento adoptar las
medidas pertinentes para decidir con prontitud, de manera excepcional, un
asunto a su cargo en atención a situaciones particulares y concretas de quien
así lo depreca.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que las
circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que se impone confirmar la

20
Artículo 86 de la Carta Política.
21
«[…] Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el
mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de
conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en
atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su
importancia jurídica y trascendencia social».
22
«Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto
2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02412-01
Ninfa Marina González Bejarano contra los señores magistrados de la subsección A de
la sección segunda del Consejo de Estado

decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 23 de junio de 2022, a través de la cual el
Consejo de Estado (sección primera) declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, conforme a la parte motiva.

2º. Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese esta decisión a la sección primera de esta Corporación y
remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

13

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