Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02414-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02414-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02414-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02414-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
28 de julio de 2022
1
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Temas: Tutela contra acto administrativo que negó el reconocimiento de la
existencia de una estabilidad laboral reforzada.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Salvador Torres
Anaya contra el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Administrativa, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá-Cundinamarca-Amazonas, Área de Talento
Humano y el Juzgado 7 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Manuel Salvador Torres Anaya, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la vida digna.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
Como consecuencia de lo anterior, solicitó como medida provisional, que en
atención a su condición de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud y cabeza
de hogar —por tener a su cargo a una persona de la tercera edad—, se suspenda el
nombramiento y posesión del señor Nicolás Giordy Hernández Aguilar en el cargo de
escribiente nominado, a realizar el 25 de abril de 2022 y, como consecuencia de ello,
que se mantenga su nombramiento provisional vigente, por ser su única fuente de
ingresos. Igualmente, solicitó que en aras de salvaguardar los derechos de
postulación y mérito del aspirante referido, que se le otorgue propiedad en otro
juzgado que cuente con la vacante del cargo al que tiene derecho.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Ha laborado desde junio de 2007 en el Juzgado 7 Laboral del Circuito Judicial de
Bogotá, inicialmente, en el cargo de citador y, posteriormente, en el de escribiente
nominado, en provisionalidad.
ii) Tiene 49 años de edad y hace, aproximadamente, 5 años le diagnosticaron
«hipertensión esencial primaria, gota no especificada y cardiomiopatía isquémica».
iii) Su trabajo es la única fuente de ingresos con la que cuenta para sufragar sus
gastos personales y los de su madre, persona de 83 años, con diagnóstico de
«hipertensión esencial primaria, diabetes mellitus no insulinodependiente,
hipercolesterolemia pura, polineuropatía diabética e insuficiencia renal».
iv) Al quedarse sin trabajo, se vulneraría no solo su derecho a la salud, sino el de su
madre, a quien tiene a cargo, pues requieren de atención médica y suministro
constante de medicamentos para el control de sus patologías; además, también se
vulneraría su derecho a la vida digna, pues se quedarían sin la manutención para el
pago de arriendo, servicios públicos, alimentación y demás.
1.2. Actuación Procesal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
1.2.1. Mediante auto del 6 de mayo de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia por
considerar estar incurso en la causal establecida en el numeral 2º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, que prevé como causal de impedimento: «Que el
funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante,
de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente o algún
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad».
Lo anterior, en atención a que el 14 de agosto de 2018, radicó ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Grupo de Sentencias, cuenta de cobro de la
sentencia del 21 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Subsección B, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-25-000-
2010-00025-00, que promovió en contra de la Nación, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1.2.2. El 20 de mayo de 2022, el señor Nicolás Giordy Hernández Aguilar solicitó
impulso procesal y manifestó que, a raíz de la acción de tutela, se han visto
gravemente vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, al mérito y al acceso
a cargos públicos, pues se encuentra desempleado y esperando su posesión para el
cargo de escribiente del Juzgado de Circuito, grado nominado, en el Juzgado 7
Laboral del Circuito de Bogotá.
1.2.3. Por medio de auto del 26 de mayo de 2022, los consejeros Gabriel Valbuena
Hernández y William Hernández Gómez declararon infundado el impedimento, dado
el siguiente considerando: «la Sala advierte que la cuenta de cobro aludida por el
doctor Rafael Francisco Suárez Vargas fue radicada en la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. No obstante, la presente acción de tutela se dirige contra la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por lo que no se
encuentra que dicha manifestación encuadre en el supuesto normativo invocado».
1.2.4. A través de auto del 10 de junio de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído
al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, al Consejo Seccional de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
Judicatura de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá y al Juzgado 7 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, como accionados,
y al señor Nicolás Giordy Hernández Aguilar, como tercero con interés en las resultas
del proceso; no se decretó la medida provisional solicitada por el accionante; y se
ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y al tercero
interesado, para que dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de
la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a
rendir el respectivo informe.
1.2.5. El 17 de junio de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Manuel Salvador Torres Anaya, al Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, al Juzgado 7
Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, como accionados, y al señor Nicolás Giordy
Hernández Aguilar.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, a través de la directora Claudia M. Granados R., solicitó la
desvinculación de la acción de tutela, por existir falta de legitimación en la causa por
pasiva de la entidad. Argumentó que de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 270 de
1996, la decisión sobre los nombramientos de los empleados de los despachos
judiciales y las decisiones sobre estabilidad laboral reforzada corresponden al juez
titular del despacho, para el caso, el juez 7 laboral del circuito de Bogotá.
1.3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por intermedio del
presidente de la corporación, solicitó la desvinculación de la acción. Para dichos
efectos, argumentó lo siguiente:
i) Las facultades o competencias del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
que tienen a su cargo la administración de la carrera judicial, involucra la
convocatoria al concurso de méritos, esto es, el concurso, la conformación de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
registros de elegibles, y la elaboración y remisión al nominador de las listas de
elegibles, dentro del ámbito de su competencia, por lo que no intervienen en el
nombramiento de quienes ocuparán los diferentes cargos a proveer —tanto en
carrera como en provisionalidad— ni en la definición de las solicitudes de estabilidad
laboral reforzada de los empleados en provisionalidad, por ser estos actos propios de
cada autoridad nominadora.
ii) Para que el Consejo Seccional de la Judicatura proceda a hacer anotaciones en la
publicación de la vacante, debe mediar un acto administrativo expedido por el
nominador en el que determine la existencia de estabilidad o cualquier circunstancia
especial frente al servidor que ocupa la sede en provisionalidad y el término
determinado o determinable de la decisión.
iii) La enfermedad no constituye causal para obviar lo ordenado en la Constitución
Nacional y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia frente al régimen de
carrera, por lo que el nominador se encuentra obligado a efectuar el respectivo
nombramiento como resultado del concurso de méritos. La incapacidad médica
suspende la vinculación laboral en cuanto al ejercicio de la función, pero no impide
que las demás situaciones administrativo-laborales puedan seguir aplicándose.
1.3.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá–
Cundinamarca-Amazonas solicitó ser desvinculada de la acción. Señaló que la
entidad carece de legitimación en la causa por pasiva para acceder a lo pedido, pues
de acuerdo con las Circulares CJC22-2 del 10 de febrero de 2022, emitida por el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y
CSJCUC22-36 del 11 de febrero de 2022, proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, las solicitudes de estabilidad laboral reforzada que
radiquen los empleados que se encuentran nombrados en provisionalidad deben ser
remitidas por competencia a la correspondiente autoridad nominadora.
1.3.4. El Juzgado 7 Laboral del Circuito de Bogotá, por intermedio del juez
Roberto Ventura Reles Agón, informó lo siguiente:
En atención a la notificación de la acción de tutela por parte del accionante, quien
informó de dicha acción a través del correo institucional del juzgado, me permito
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
reiterar lo manifestado en la respuesta al derecho de petición que elevara ante esta
sede judicial, precisando que no se desconoce que el empleado ha estado vinculado al
Juzgado de manera interrumpida desde junio de 2007, inicialmente en el cargo de
citador, grado 3, en provisionalidad; y desde el 22 de noviembre de 2010, en el cargo
de escribiente nominado, en provisionalidad.
De sus padecimientos de salud tiene conocimiento el despacho per se si bien es cierto
el suscrito es el nominador del Juzgado, no es posible reconocer y garantizar el
deprecado derecho a la estabilidad laboral reforzada por salud comoquiera que se ha
procedido de manera legal al realizar el nombramiento en propiedad del candidato que
superó cada una de las etapas del concurso de la Convocatoria n°. 04 y cuya lista fue
remitida por el Consejo Seccional, por lo que, no existe cargo en el Juzgado en el que
se pueda realizar la reubicación laboral. Si bien es cierto sobre el empleado en
provisionalidad recae la protección por la estabilidad laboral reforzada por salud, esta
es relativa en cuanto a que cede dicho derecho al mejor derecho del empleado
nombrado en propiedad. Lo expuesto, según jurisprudencia de la Corte Constitucional
entre otra la sentencia T–464 de 2019.
Así las cosas, se considera que es el Consejo Superior de la Judicatura; Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca–Sala Administrativa y el Director
Ejecutivo Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D. C. como
ordenadores del gasto los encargados de la reubicación laboral para garantizar la
protección por fuero especial de estabilidad laboral reforzada, a quienes se les remitió
la petición para que sea estudiada y resuelta.
1.4. Otras actuaciones
El 3 de junio de 2022, el señor Manuel Salvador Torres Anaya adjuntó al plenario el
Acuerdo CSJBTA22-50 del 26 de mayo de 2022, del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, en el que pone en evidencia que el señor Nicolás Giordy
Hernández Aguilar también optó por las sedes del Juzgado 31 Laboral del Circuito de
Bogotá, quedando como único aspirante en la lista de elegibles y del Juzgado 27
Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se encuentra en primer lugar de elegibles.
Así las cosas, señaló que, teniendo el mencionado la posibilidad de acceder al cargo
en otra sede judicial, de manera prácticamente inmediata, reiteraba su solicitud de
protección a la estabilidad laboral en el cargo de escribiente nominado en el Juzgado
7 Laboral del Circuito de Bogotá.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
De encontrar procedente el ejercicio de la presente acción, la Sala deberá dilucidar si
en el caso se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la
vida digna y a la seguridad social del señor Manuel Salvador Anaya, en atención a su
condición de salud y cabeza de hogar, y así impedir la provisión del empleo que
desempeña en provisionalidad.
2.3. Aspectos generales sobre la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y que
se caracteriza por ser residual y subsidiaria, ya que el ordenamiento jurídico ha
establecido diversas acciones ordinarias encaminadas, igualmente, a la defensa de
derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello, el inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política, señala que el mecanismo de
amparo procede solamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial, a menos que en el caso se presente como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio, ha reiterado la jurisprudencia
constitucional, debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente, es
decir, si está ocurriendo o está próximo a ocurrir; ii) grave, o tiene la potencialidad de
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un
grado relevante; iii) si requiere medidas urgentes y iv) impostergables, a fin de
garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
Y, a más de la excepción presentada como rango constitucional, esto es, que la
acción de tutela se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, la Corte Constitucional ha desarrollado como excepción adicional, el
evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u eficaz, pues dadas las
circunstancias del caso concreto o las condiciones personales de vulnerabilidad o
debilidad del afectado, no permite brindar una solución «clara, definitiva y precisa» a
las pretensiones del amparo.1
Así, en casos en los que se logre evidenciar la existencia de otro medio jurisdiccional
alternativo, el juez constitucional debe evaluar: i) el objeto del proceso judicial que se
considera que desplaza a la acción de tutela y ii) el resultado previsible de acudir al
otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los
derechos fundamentales»2.
Quiere decir lo anterior que la acción de amparo solo tiene lugar cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probarse, o cuando dentro de los diversos medios legales existentes ninguno resulte
idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.
2.4. Hechos probados
De los documentos obrantes en el expediente digital de tutela, la Sala establece lo
siguiente:
1 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,
T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.
2 Sentencia T-822 de 2002, reiterando lo dicho en la sentencia T-569 de 1992 la cual señaló lo
siguiente: «De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la
defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
i) El señor Manuel Salvador Torres Anaya nació el 8 de diciembre de 1972, por lo
que, actualmente, tiene 49 años de edad.
ii) El 6 de octubre de 2017, mediante Acuerdo CSJBTA17-556, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá convocó a concurso de méritos destinado a la
conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para los cargos de
empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito
Judicial de Bogotá y Administrativo de Cundinamarca.
iii) El 24 de mayo de 2021, a través de la Resolución CSJBTR21-59, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá expidió el registro de elegibles para el cargo de
escribiente de Juzgado de Circuito, grado nominado, y una vez cobró firmeza dicho
acto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ha venido publicando las
vacantes existentes para el citado cargo, a efectos de que los integrantes del registro
de elegibles opten por la opción de sede.
iv) El 11 de febrero de 2022, por medio del Acuerdo CSJBTA22-11, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá formuló las listas de elegibles para los cargos
de: a) citador circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo, grado 3; b)
escribiente de Juzgado Municipal, grado nominado; c) escribiente de Juzgado de
Circuito, grado nominado; d) asistente administrativo Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, grado 6; e) oficial mayor o sustanciador de Juzgado
Municipal, grado nominado; f) oficial mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito,
grado nominado, g) secretario de Juzgado Municipal, grado nominado y h) secretario
de Juzgado de Circuito, grado nominado.
Para el caso de marras, se advierte que el señor Nicolás Giordy Hernández Aguilar
fue ubicado en el primer lugar de elegibles para el cargo de escribiente Juzgado de
Circuito, grado nominado, en la sede «Juzgado 7 Laboral», en el cual figuran seis
concursantes que optaron para el cargo en dicha plaza.
v) El 14 de febrero de 2022, mediante el Oficio CSJBTOP21-118, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá envío al Juzgado 7 Laboral del Circuito de Bogotá el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
listado de elegibles para la provisión del cargo de escribiente de Juzgado de Circuito,
grado nominado.
vi) El 1 de marzo de 2022, a través de la Resolución 003, el Juzgado 7 Laboral del
Circuito de Bogotá nombró al señor Nicolás Giordy Hernández Aguilar en el cargo de
escribiente nominado.
vii) El 26 de mayo de 2022, a través del Acuerdo CSJBTA22-50, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá formuló las listas de elegibles para los cargos de: a)
citador de Juzgado de Circuito, grado 3; b) escribiente de Juzgado de Circuito, grado
nominado; c) técnico, grado 11; d) auxiliar judicial de Juzgado de Familia, Promiscuo
de Familia, Penales de Adolescentes, grado 4; e) auxiliar judicial de Juzgados
Penales de Circuito Especializados, grado 2; f) profesional universitario de Centro u
Oficina de Servicios y de Apoyo, grado 20; g) profesional universitario Juzgados
Administrativos, grado 16; h) asistente social de Juzgados de Familia y Promiscuos
de Familia y Penales de Adolescentes, grado 1; i) asistente administrativo Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, grado 6; j) asistente administrativo
de Centro, Oficinas de Servicio y de Apoyo, grado 5; k) oficial mayor o sustanciador
de Juzgado Municipal, grado nominado; l) oficial mayor o sustanciador de Juzgado
de Circuito, grado Nominado, m) secretario de Juzgado municipal, grado nominado; y
n) Secretario de Juzgado de Circuito, grado nominado.
Para el caso, se tiene que el señor Nicolás Giordy Hernández Aguilar fue ubicado en
el primer lugar de elegibles para el cargo de escribiente Juzgado de Circuito, grado
nominado, en las siguientes sedes: Juzgados 27 y 31 Laboral de Bogotá.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
El accionante, señor Manuel Salvador Torres Anaya, controvierte la vulneración de
sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo
vital, a la salud y a la vida digna, por parte del Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y el Juzgado 7 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, dada la desvinculación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
del cargo de «escribiente Juzgado de Circuito, grado nominado», en el referido
despacho, con ocasión de la provisión del empleo por la persona que ocupó el primer
lugar dentro de la lista de elegibles.
Alega que además de que sufre de «hipertensión esencial primaria, gota no
especificada y cardiomiopatía isquémica», tiene a cargo a su madre, persona de 83
años, con diagnóstico de «hipertensión esencial primaria, diabetes mellitus no
insulinodependiente, hipercolesterolemia pura, polineuropatía diabética e
insuficiencia renal». Argumenta que al quedarse sin trabajo, se vulneraría su derecho
a la salud y el de su madre, comoquiera que ambos requieren de atención médica y
suministro constante de medicamentos para el control de sus patologías y, también,
su derecho a la vida digna, puesto que no tendrían la manutención para el pago de
arriendo, servicios públicos, alimentación y demás.
En ese contexto, solicita que en consideración a su situación de salud y condición de
cabeza de hogar —por las cuales, advierte, le asiste estabilidad laboral reforzada—
se protejan sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene al
Juzgado 7 Laboral del Circuito de Bogotá abstenerse de realizar el nombramiento y
posesión de la persona que se encuentra dentro de la lista de elegibles para el cargo
de «escribiente Juzgado de Circuito, grado nominado» y, como consecuencia de ello,
que se mantenga su nombramiento provisional vigente, por ser su única fuente de
ingresos y que, en aras de salvaguardar los derechos de postulación y mérito del
aspirante que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, se le otorgue su derecho
en propiedad en otro juzgado que cuente con la vacante del cargo al que tiene
concurso.
Pues bien, sea lo primero a advertir que, comoquiera que en el caso ya existe una
decisión del Juzgado 7 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá en torno a la solicitud
de reconocimiento de la existencia de la estabilidad laboral del señor Manuel
Salvador Torres Anaya, la cual fue negada por existencia de un mejor derecho de
quien superó el concurso de méritos y ocupó el primer lugar en la lista de elegibles,
el accionante, en principio, puede demandar tal decisión ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, instancia en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
que tiene la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, según lo prevé el
artículo 231 ibidem.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mecanismo judicial ordinario no resulta
idóneo para proteger de forma inmediata los derechos fundamentales invocados en
el asunto, puesto que el medio de control comprende la culminación de etapas
procesales que prolongarían en el tiempo una decisión en torno a la negativa del
reconocimiento de la estabilidad laboral solicitada por el actor y, además, iría en
desmedro de los derechos fundamentales de quien participó en el concurso de
méritos e integró la lista de elegibles para ser nombrado en el cargo, comoquiera que
no existiría una definición inmediata para la provisión del empleo.
Así, dejado sentado lo anterior, la Sala pasará a analizar las razones dadas por el
juez séptimo laboral del Circuito Judicial de Bogotá, con fundamento en las cuales
negó el reconocimiento de la estabilidad laboral solicitada por el señor Manuel
Salvador Torres Anaya y, a partir de ello, determinar si en el caso se configura la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Se encuentra que en la respuesta a la petición del accionante, el juez séptimo laboral
del Circuito Judicial de Bogotá manifestó lo siguiente:
[…] no se desconoce que el empleado ha estado vinculado al Juzgado de manera
ininterrumpida desde junio de 2007, inicialmente en el cargo de citador, grado 3, en
provisionalidad; y desde el 22 de noviembre de 2010, en el cargo de escribiente
nominado, en provisionalidad.
De sus padecimientos de salud tiene conocimiento el despacho, per se, si bien es
cierto el suscrito es el nominador del Juzgado, no es posible reconocer y garantizar el
deprecado derecho a la estabilidad laboral reforzada por salud comoquiera que se ha
procedido de manera legal al realizar el nombramiento en propiedad del candidato que
superó cada una de las etapas del concurso de la Convocatoria n°. 04 y cuya lista fue
remitida por el Consejo Seccional, por lo que, no existe cargo en el Juzgado en el que
se pueda realizar la reubicación laboral. Si bien es cierto sobre el empleado en
provisionalidad recae la protección por la estabilidad laboral reforzada por salud, esta
es relativa en cuanto a que cede dicho derecho al mejor derecho del empleado
nombrado en propiedad. Lo expuesto, según jurisprudencia de la Corte Constitucional
entre otra la sentencia T–464 de 2019.
Así las cosas, se considera que es el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca–Sala Administrativa y el Director
Ejecutivo Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá D. C., como
ordenadores del gasto, los encargados de la reubicación laboral para garantizar la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
protección por fuero especial de estabilidad laboral reforzada, a quienes se les remitió
la petición para que sea estudiada y resuelta.
Entonces, refirió el nominador que aunque es cierto que sobre el empleado en
provisionalidad recae la protección por la estabilidad laboral reforzada por salud, esta
es relativa por cuanto cede ante el mejor derecho del empleado que superó las
etapas del concurso de méritos; que en el cargo ya se había procedido a nombrar en
propiedad al candidato que ocupó el primer lugar dentro del listado de elegibles
remitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca; y que no existía
otro cargo en el Juzgado en que se pudiera realizar la reubicación laboral.
Tales circunstancias dejan ver a esta Sala de decisión que el juez séptimo laboral del
Circuito Judicial de Bogotá no realizó un estudio detallado de la situación de salud y
condición de cabeza de hogar alegadas por el señor Manuel Salvador Torres Anaya,
para efectos de negar el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada solicitada,
sino que se limitó a señalar que aunque se tenía conocimiento de los padecimientos
de salud del empleado, la estabilidad laboral relativa por situaciones de salud de la
persona que desempeña un empleo en provisionalidad cedía ante el mejor derecho
de quien debía nombrarse en carrera; y, además, tampoco dilucidó si el hecho de
estar a cargo de su madre, persona de 83 años de edad, con afecciones en su salud,
lo hace sujeto cabeza de hogar.
Debe tenerse en cuenta que cuando el nominador es enterado de una posible
situación de estabilidad laboral reforzada de uno de sus colaboradores, es su
obligación analizar debidamente el caso, con fundamento en las pruebas y demás
elementos de juicio aportados por el empleado; y, en el evento de ser procedente el
reconocimiento, realizar medidas afirmativas en aras de precaver la protección del
derecho que se le reclama; en caso de que no existiera margen de maniobra para
mantener la estabilidad laboral, informar de ello al Consejo Seccional de la
Judicatura correspondiente, a efectos de que este adopte las gestiones necesarias
para proteger el derecho.
En el caso, lo efectuado por el juez séptimo laboral del Circuito Judicial de Bogotá
fue remitir la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
Administración Judicial de Bogotá para que estos estudiaran y resolviera el asunto,
cuando lo cierto es esta un función que le compete exclusivamente al nominador. De
ello se dejó expresa cuenta en las Circulares CJC22-2 del 10 de febrero de 2022 y
CSJCUC22-36 del 11 de febrero de 2022, emitidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y el Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, respectivamente.
Para que un asunto de estabilidad laboral reforzada trascienda a instancia del
Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente, se insiste, i) debe existir un acto
administrativo de reconocimiento, expedido por el nominador; ii) de la puesta en
conocimiento al Consejo Seccional de la imposibilidad de maniobra para efectos de
realizar una reubicación laboral en el despacho judicial y, por contera, iii) de una
solicitud expresa ante la referida autoridad para que esta adopte las medidas que
estime oportunas en aras de proteger el derecho.
Con todo, se tiene que aunque en el caso no existe un pronunciamiento expreso de
la autoridad nominadora en torno al análisis de la estabilidad laboral reforzada, de
acuerdo con las condiciones previstas por la Corte Constitucional para ello, lo cierto
es que el señor Manuel Salvador Torres Anaya ya agotó la instancia administrativa
requerida para efectos de solicitar la protección, por lo que emitir una orden a efectos
de que el juez séptimo laboral del Circuito Judicial de Bogotá analice las
circunstancias particulares del caso, de acuerdo con las pruebas y demás elementos
de juicio aportados por el empleado, iría en perjuicio de la urgencia que se debe
precaver en el asunto.
Ha precisado la Corte Constitucional que, entratándose de pretensiones derivadas de
una relación laboral, el amparo resulta procedente cuando se reclama la protección
de personas en condiciones especiales de vulnerabilidad, a saber, «personas que
son madres o padres cabeza de familia, disminuidos físicos y mentales o [aquellos]
que están próximos a pensionarse»;3 por cuanto se estaría ante la configuración de
un perjuicio irremediable o de afección al mínimo vital.4
3 Sentencia SU-389 de 2005
4 Sentencia T-223 de 2014
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
En ese orden, la Sala procederá a analizar si en el sub judice se cumple con alguna
de las anteriores condiciones y, por contera, si resulta procedente el reconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada invocada por el accionante.
Alega el accionante que dada su condición de «hipertensión esencial primaria, gota
no especificada y cardiomiopatía isquémica» que afecta sus condiciones de salud, le
asiste el derecho al reconocimiento de la estabilidad laboral; sin embargo, la Sala
evidencia que dichas afecciones pueden ser debidamente tratadas y no involucran
una condición de disminución física que impidan su movimiento regular.
Si bien es cierto la Corte Constitucional ha señalado que la estabilidad laboral
reforzada no protege exclusivamente a quienes presentan una pérdida de capacidad
laboral calificada, sino también a aquellas personas que tienen una afectación en su
salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores y que,
por este hecho, pueden ser objeto de tratos discriminatorios,5 para que opere esta
garantía deben cumplirse tres condiciones: i) que la condición de salud del trabajador
le impida o dificulte el desempeño de sus funciones, ii) que dicha circunstancia sea
conocida por el empleador con anterioridad al despido, y iii) que no exista una causal
objetiva que fundamente la desvinculación.6
En el caso, las afecciones padecidas por el accionante no patentizan una situación
de tal magnitud que dificulte e impida el desarrollo de actividades laborales, pues,
además de que, como se advirtió, pueden ser debidamente tratadas, no comportan
una condición de especial vulnerabilidad.
Ahora bien, también controvierte su condición de cabeza de hogar, pues según
manifiesta, tiene a cargo a su madre, persona de 83 años, con está diagnósticada
con «hipertensión esencial primaria, diabetes mellitus no insulinodependiente,
hipercolesterolemia pura, polineuropatía diabética e insuficiencia renal», por quien
responde económicamente. Para demostrar su dicho, trajo a colación la historia
clínica se su señora madre y una declaración extrajuicio en la que manifiesta que es
responsable por ella.
5 Sentencia T-020 de 2021.
6
Ibidem
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
En la sentencia SU-389 de 2005, la Corte Constitucional señaló como requisitos para
ser considerado como cabeza de hogar, lo siguientes: i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; ii)
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; iii) la ausencia permanente o
abandono del hogar por parte de la pareja y que se sustraiga del cumplimiento de
sus obligaciones como padre; iv) que la pareja no asuma la responsabilidad que le
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; y, v) que
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo
cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.
Según se advierte, la señora Zunilda Amaya de Torres se encuentra afiliada al
régimen subsidiado en salud, desde el 1 de enero de 2017, en la Asociación Mutual
Ser Empresa Solidaria de Salud Entidad Promotora De Salud (Mutual Ser Epsy) de
Santa Marta (Magdalena); que su lugar de atención médica es la ciudad de Santa
Marta, de acuerdo con su historia clínica; y que su estado civil es casada.
Entonces, aunque el accionante manifestó en la declaración extraproceso, rendida el
12 de abril de 2022, que tiene bajo su responsabilidad económica a su madre, para
«sus gastos de manutención, vivienda, servicios, alimentación, salud, vestuario,
medicamentos, recreación y todo lo que ella requiere para su buen vivir», al plenario
no se aportó ninguna prueba de los gastos de arriendo y/o salud que ha debido suplir
o, a lo menos, de transferencia de dinero que por dichos conceptos se hayan
efectuado, si se tiene en cuenta que viven en ciudades distintas, a más de que según
la historia clínica, su estado civil es casada, por lo que bien puede considerarse que
el accionante no es la única persona que responde por ella.
Por lo tanto, en el caso no se prueba una condición de debilidad manifiesta por parte
del accionante ni tampoco que este sea quien responde económicamente por su
señora madre, por lo que no es procedente el reconocimiento de una estabilidad
laboral reforzada en el asunto.
3. Conclusión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02414-00
Demandante: Manuel Salvador Torres Anaya
Con los anteriores argumentos la Sala denegará el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Manuel Salvador Torres Anaya,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.