Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02424-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02424-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02424-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Accionante: MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ DE GONZÁLEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Improcedencia / INMEDIATEZ – No se cumple / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
• La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico por no estar de acuerdo
con lo decidido por el juez natural / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
– No se puede utilizar como una tercera instancia del proceso ordinario.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora María del Rosario Muñoz de González, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 29 de abril de 2022, la señora María del Rosario Muñoz
de González, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela en contra
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala Especial
de Decisión número 10 del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Santander por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de defensa y de
acceso a la administración de justicia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
La accionante señaló que las sentencias que cuestiona son: i) sentencia de primera
instancia del 15 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander; ii) la del 6 de octubre de 2016 expedida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y iii) la del 18 de junio de 2021 que negó
el recurso de revisión, proferida por la Sala Especial de Decisión número 10 del
Consejo de Estado.
Resulta importante aclarar que la accionante no señaló con claridad los
antecedentes que conllevaron a la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales, razón por la que la Sala acude a la decisión de la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado para extraer lo siguiente:
La señora María del Rosario Muñoz de González contrajo matrimonio con el señor
Clímaco González Díaz el 4 de febrero de 1965.
El señor González Díaz laboró como Inspector de Policía en el departamento de
Santander desde el 27 de diciembre de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1994,
“fecha en que falleció, presuntamente, por miembros de las FARC”.
Sostuvo que se le negó el reconocimiento a la pensión de sobreviviente a pesar de
que cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de acuerdo con la Ley 100 de
1993, pues la víctima había cotizado más de 50 semanas en los 3 años anteriores
a su fallecimiento.
En virtud de lo anterior, la parte accionante promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, que fue negada el 14 de octubre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Santander y el 6 de octubre de 2016, confirmada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En contra de la anterior decisión, se interpuso recurso extraordinario de revisión, el
que se declaró infundado el 18 de junio de 2021, por la Sala Especial de Decisión
número 10 del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La actora indicó que se desconoció el precedente, toda vez que el fallo de
unificación que se aplicó en su caso está en “contravía de lo establecido por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado en la
sentencia del 10 de septiembre de 1992 -S182”.
Indicó que esta Corporación ha aplicado “retrospectivamente la ley 100 de 1993”,
por lo que se le debió aplicar a su caso la tesis más favorable con la que pudiera
acceder a su pensión de sobreviviente.
Frente a lo anterior manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso
con posibles errores):
Razonamientos que no tuvo en cuenta la honorable Sección Segunda, al
momento de resolver el caso de la señora María del Rosario Muñoz de
González, aquí accionante, a pesar de que les fueron claramente
expuestos en el recurso de apelación que le correspondía resolver (se
destaca).
Aunado a lo anterior, indicó que existía un vacío normativo “que dejaba sin pensión
de sobreviviente a los beneficiarios de los oficiales y suboficiales muertos en simple
actividad regidos por el Decreto 1212 de 1990”.
De otro lado, reiteró los argumentos del recurso de apelación interpuesto en el
proceso ordinario porque consideró que la Sección Segunda “omitió desvirtuarlos”;
además, que no se pronunció sobre la excepción de inconstitucionalidad
propuesta.
Finalmente, adujo que la decisión que declaró improcedente el recurso
extraordinario de revisión incurrió en un “exceso ritual manifiesto al dejar de revisar
el contenido y no desvirtuar las razones expuestas en la petición formulada (…)”.
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
Primero: Tutelar los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y de defensa y demás derechos y principios que se hallen
vulnerados con ocasión de la expedición de la Sentencia del 18 de junio de
2021, proferida en el expediente 11001-03-15-000-2017-02831-00, por la
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
Sala Especial de Decisión No. 10 del honorable Consejo de Estado,
dejándola sin efectos.
Segundo: Ordenar a la Sala Especial de Decisión No. 10 del honorable
Consejo de Estado, que se pronuncie sobre las pruebas, discuta sobre las
posibles situaciones abiertamente arbitrarias que aquí se han evidenciado,
en que pudo incurrir la Sentencia de Segunda Instancia dictada el 6 de
octubre de 2016, por la Subsección B de la Sección Segunda, Sala de lo
Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, dentro del proceso
680012333000201400303 01, N. I. 1257 – 2015; A continuación deberá
expedir un nuevo fallo, en el que se decida de fondo el recurso extraordinario
de revisión formulado por la ACCIONANTE.
O en subsidio,
Primero: Dejar sin efectos las Sentencias de (i). el 6 de octubre de 2016, por
la Subsección B de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, dentro
del proceso 680012333000201400303 01, N. I. 1257 – 2015 y (ii). el 18 de
junio de 2021 por la Sala Especial de Decisión No. 10 del honorable Consejo
de Estado, dentro del expediente 11001-03-15-000-2017-02831-00.
Segundo: Ordenar a la honorable sección segunda discutir y resolver de
fondo el recurso de apelación interpuesto el 31 de octubre de 2014 por la
ACCIONANTE dentro del proceso 680012333000201400303 01, N. I. 1257
– 2015, dando solución o desvirtuando las tesis planteadas en torno a: (i).
la omisión legislativa que deja sin pensión a los sobrevivientes
beneficiarios y dependientes de los servidores públicos del régimen general,
fallecidos con antelación a la entrada en vigor del Sistema General de
Seguridad Social en Colombia. (ii). La inconstitucionalidad del criterio
jurisprudencial establecido a partir de la sentencia del 25 de abril de 2013,
al equiparar el tiempo de servicios exigido (20 años) para otorgar
indistintamente, las prestaciones que cubren los riesgos de vejez y muerte.
4.- La oposición
4.1. Mediante auto del 4 de mayo de 2022, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas, se vinculó al departamento
de Santander como tercero con interés y se le comunicó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
4.2. La Sala Especial de Decisión número 10 del Consejo de Estado, a través de
uno de sus magistrados, indicó que las consideraciones expuestas en la decisión
cuestionada “son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado”.
4.3. La gobernación de Santander solicitó declarar improcedente la demanda de
tutela, toda vez que se pretende una tercera instancia del proceso ordinario y “que
se estudien las pruebas y las posibles situaciones arbitrarias”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
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Referencia: Acción de tutela
Adicionalmente, afirmó que las decisiones cuestionadas se encuentran ajustadas
al ordenamiento jurídico y que no existe vulneración de los derechos fundamentales
de la actora.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Referencia: Acción de tutela
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.
Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos
los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de
tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
En el presente asunto se discuten i) las decisiones adoptadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y ii) la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de revisión.
• Decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
La parte actora pretende que se deje sin efectos las providencias del 15 de octubre
de 2014 y del 6 de octubre de 2016, a través de las cuales se negaron las
pretensiones de la demanda; sin embargo, la Sala advierte que en este caso no se
cumple con el requisito general de procedibilidad de inmediatez y tampoco el de
relevancia constitucional, como se pasa a ver.
5 Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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Referencia: Acción de tutela
En relación con la inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra
providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha considerado6:
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados (…).
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o
amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela,
es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía
de tutela’7’8.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo9.
Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos’10 (…).
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada,
al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que
la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto11.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, radicado: 11001–03-15-000-2012-02201-01, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
8 Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
9 Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
10 Original de la cita: “Ibíd”.
11 Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses
y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (negrillas y subrayado del original).
Por su parte, la Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores
con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela12.
Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que
se cumple con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese
presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia cuestionada, según sea el caso.
En el presente asunto, se advierte que, si bien en contra de la decisión adoptada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se interpuso
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que se declaró improcedente porque
“el argumento del recurso no está relacionado con los supuestos de hecho que
configuran la causal de nulidad originada en la sentencia (…)”, razón por la que
dicho recurso no tiene la virtualidad de ampliar el plazo considerado como
razonable para la interposición de la demanda de tutela, por cuanto el ejercicio de
aquel medio de defensa, como ya se indicó, resultó improcedente.
En línea con lo expuesto, se ha sostenido:
“2.4.1. De acuerdo con la revisión efectuada por la Sala en la página de
consulta de procesos de esta Corporación, el auto del 27 de julio de 2017, que
resolvió el recurso de reposición contra el auto del 11 de mayo de 2017, fue
notificado por estado el 4 de agosto de 2017. En consecuencia, el término de
seis meses para controvertir por vía de tutela la decisión judicial que, en
concreto, se controvierte en la acción de tutela —la de remitir por competencia
el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia—, venció el 4 de febrero de
2018, empero, la solicitud de amparo se presentó el 6 de agosto de 2018, esto
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición
un plazo de seis meses”.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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es, un año y un día después de la notificación de la providencia que se
controvierte.
“2.4.2. La Sala debe precisar que, aunque el demandante también controvirtió
la providencia del 24 de mayo de 2018, lo cierto es que ésta no puede ser el
parámetro para el cómputo del término de la inmediatez, si se tiene en cuenta
que su objeto fue simplemente rechazar, por improcedente, el recurso de
reposición instaurado contra el auto del 27 de julio de 2017, pues, en los
términos del artículo 318, inciso 4º, del Código General del Proceso, «el auto
que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso».
“Para la Sala, la interposición de un recurso abiertamente improcedente
no puede prolongar el término que esta Corporación ha estimado como
razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones de la administración de
justicia (…)”13 (se destaca).
Adicionalmente, se advierte que la inmediatez debe ser contabilizada desde la
providencia proferida en el proceso ordinario, toda vez que la Sala Plena
Contenciosa de esta Corporación ha señalado, de manera reiterada y precisa, que
el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional del proceso en el
que se dictó la sentencia objeto de debate, sino una nueva actuación con su trámite
propio:
El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada14 (se destaca).
Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que el plazo de 6 meses
considerado como razonable para presentar la demanda de tutela, contabilizado a
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 20 de
septiembre de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-02703-00(AC), M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Esta decisión fue confirmada por la Sección Quinta de la Corporación, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2018.
Mediante sentencia del 28 de marzo del 2019 esta Subsección acogió el anterior criterio, expediente
1001-03-15-000-2019-00745-00 la que fue reiterada, el 24 de septiembre de 2021, expediente 2020-
00551.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, expediente No. 2013-02110, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, entre muchas otras
decisiones de la Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
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Referencia: Acción de tutela
partir de la notificación que se hizo el 21 de octubre de 2016 15 de la decisión
adoptada el 6 de octubre de 2016, venció el 7 de abril de 2017, por lo que la petición
de amparo, radicada el 29 de abril de 2022, resulta extemporánea.
Aunado a lo anterior, se considera que tampoco se cumple con el requisito de
relevancia constitucional.
Frente a lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la
relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer
si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario
examinar dos elementos, a saber17:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.
15 De acuerdo con la página de consulta de procesos de la Rama Judicial.
16 Sentencia T–422 de 2018.
17 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
La Sala estima que lo pretendido realmente por la parte actora es reabrir el debate
jurídico, porque no está de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa,
pero no por ello la acción de tutela está llamada a prosperar.
En efecto, en la solicitud de amparo se alegó, en síntesis, que el Consejo de Estado
no le aplicó a su caso la tesis más favorable -anteriores al 2013- para que pudiera
acceder a su pensión de sobreviviente, que la jurisprudencia ha aplicado de manera
retrospectiva la Ley 100 de 1993 y que existió un vacío normativo.
Aspectos que, a su vez, fueron planteados por la parte actora en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada el 15 de octubre de 2014
por el Tribunal Administrativo de Santander, en el que puso de presente el cambio
jurisprudencial del 2013; además, que (transcripción literal con posibles errores
incluidos):
El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación por los
motivos que se exponen a continuación:
Manifestó que la sustitución pensional de los servidores públicos regidos por
la Ley 33 de 1985 fue contemplada exclusivamente para los casos en los
cuales el empleado haya causado su derecho a la pensión, ya fuere la de
jubilación o invalidez, incluso en caso de fallecer, con lo cual se genera una
omisión legislativa si se tiene en cuenta que la naturaleza de la pensión de
sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del
pensionado o del afiliado al grupo familiar.
En su sentir, al momento del fallecimiento del señor Clímaco González Díaz
(q.e.p.d.), existía un vacío normativo en la medida en que no se contemplaba
la prestación de sobrevivientes, siendo un imposible que para aquella época
se hubiere consolidado el derecho, en tal sentido, cuando una nueva
normatividad la estipula, es viable obtener su reconocimiento 18.
Dichos argumentos fueron analizados y definidos de manera razonable por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 6 de octubre de 2016, que confirmó la decisión de primera instancia.
En primer lugar, el ad quem realizó un recuento legal y jurisprudencial sobre la
pensión de sobreviviente, del que advirtió que, si bien antes del 2013 la
jurisprudencia venía aplicando de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993, lo cierto
es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en
18 Extracto de la sentencia del 6 de octubre de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
sentencia del 25 de abril de 2013, rectificó su postura y aclaró que “la norma
aplicable es la vigente para la fecha de fallecimiento del causante, pues es en ese
momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional”.
En ese orden de ideas, señaló frente al caso concreto lo siguiente (se transcribe de
forma literal):
Al respecto, se tiene que la señora María del Rosario Muñoz de González
pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
establecida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pretensión que en primera
instancia fue negada ya que para la fecha de fallecimiento del señor Clímaco
González Díaz (q.e.p.d.), la norma vigente (Ley 33 de 1985, artículo 1o) exigía
un tiempo de servicio que no cumplió el causante.
Por su parte, el recurso de alzada interpuesto por la parte actora en calidad
de apelante único, solicitó que se reconozca la mencionada prestación
conforme los principios de retrospectividad, favorabilidad y la situación más
favorable (…).
Ahora bien, dado que la la muerte del señor Clímaco González Díaz (q.e.p.d.)
quien era el cónyuge de la demandante, acaeció el 20 de septiembre de 1994,
fecha para la cual no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993 por cuanto
la misma comenzaba a regir a para el nivel territorial el 30 de junio de 1995,
la normatividad aplicable al caso es la Ley 33 de 1973, la cual señaló que
para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del Sector Público, debía estar pensionado o al
momento de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación,
invalidez o vejez, es decir, debió haber cumplido con los requisitos
establecidos en el artículo 1o de la Ley 33 de 1985.
Conforme a lo anterior, es evidente que la señora María del Rosario Muñoz
de González no tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes
establecida en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las
expectativas prestacionales causadas con la muerte de su esposo se
consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, cuyos requisitos de
tiempo de servicios no se colmaron, en la medida en que laboró solo 3 años,
8 meses y 23 días, de los 20 necesarios para el reconocimiento de la pensión
de que trata el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
En este orden de ideas, se acoge la jurisprudencia proferida por esta
Corporación, que estableció la postura de que en materia de reconocimiento
de pensión de sobrevivientes, la ley que gobierna la situación prestacional de
los beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no
una posterior, toda vez que es en este momento en que se causa el derecho
a la sustitución pensional.
Es necesario destacar que si bien anteriormente se habían resuelto asuntos
en los cuales se debatía un problema jurídico similar al planteado por la
demandante, en los cuales se aplicó una norma jurídica a casos en los que
se reclamaba pensión de sobrevivientes por hechos ocurridos con
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
anterioridad a su vigencia, posteriormente, la Sección Segunda del Consejo
de Estado, rectificó la posición sobre este asunto y coligió que no es posible
efectuar un reconocimiento pensional en tales eventos, en tanto ello contraría
el principio de irretroactividad de la ley.
Así las cosas, atendiendo a los principios de no retroactividad de las leyes y
de inescindibilidad del régimen pensional, no es posible tomar, para el caso
de la demandante, de los dos regímenes que regulan la pensión de
sobrevivientes el más conveniente.
Una vez revisada la anterior providencia, se tiene que el razonamiento efectuado
por la autoridad judicial accionada en modo alguno se torna arbitrario o abrupto y,
por el contrario, se encuentra ajustado a la normativa, a las pruebas que obraban
en el expediente y a la jurisprudencia vigente para el momento en que se adoptó la
decisión.
En efecto, en la sentencia cuestionada se manifestó que, si bien antes del 2013 la
jurisprudencia aplicaba de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993, lo cierto es
que para el momento que se adoptó la decisión cuestionada la Sala Plena
Contenciosa del Consejo de Estado había rectificado su postura y aclarado que (se
transcribe de forma literal):
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y
favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales
derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas
vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es
viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría en
contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de
1887 (…).
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al
derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993,
toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su
cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía
el requisito de tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese
requisito, no era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la
posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012,
en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o
posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la
retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-00
Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior19.
En virtud de lo anterior, se advierte que, como el señor Clímaco González Díaz
falleció antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debía cumplir con
las exigencias de la Ley 33 de 1997 -estar pensionado o tener derecho a la pensión
de jubilación, invalidez o vejez- y al no ser así, lo procedente era negar las
pretensiones de la demanda.
En ese sentido, se advierte que lo pretendido en la solicitud de amparo es reabrir
el debate jurídico del proceso ordinario y el juez de tutela no puede inmiscuirse en
el ámbito de competencia del juez natural, máxime si el objeto de la demanda es
continuar con un debate zanjado válidamente por el juez natural, lo que desdibuja
las finalidades de esta acción constitucional.
• Providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión
En contra de la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la accionante interpuso recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en lo siguiente (se transcribe de forma literal):
La recurrente esgrimió que el Consejo de Estado omitió darle trámite a la
solicitud de remitir el asunto por competencia a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo para proferir sentencia de unificación, antes de
dictar la sentencia de segunda instancia, conforme el artículo 271 CPACA.
Agregó que no tuvo oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio ante
la Subsección B de la Sección Segunda, porque conoció la omisión hasta
cuando recibió copia de la sentencia definitiva.
El 18 de junio de 202120, la Sala Especial de Decisión número 10 del Consejo de
Estado declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión, bajo el siguiente
raciocinio (se transcribe de forma literal):
Por otra parte, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento
del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a
una decisión. En efecto, esta causal no procede para controvertir las razones
del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25
de abril de 2013, expediente 1605-09, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
20 La sentencia se notificó el 22 de octubre de 2021, por lo que cumple con el requisito de inmediatez.
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Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
pruebas, en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un
entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se
discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada.
6. El argumento del recurso no está relacionado con los supuestos de hecho
que configuran la causal de nulidad originada en la sentencia, pues sostiene
que la Subsección B de la Sección Segunda omitió remitir el asunto a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para proferir
sentencia de unificación conforme el artículo 271 CPACA. Esta alegación es
ajena a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, pues no versa
sobre situaciones originadas en la misma sentencia recurrida o en hechos
que sobrevengan con posterioridad a ella. En todo caso, tampoco se observa
una situación abiertamente arbitraria, es decir, no se aprecia una actuación
subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso.
Por otro lado, asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo para
la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial es una decisión
facultativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 CPACA. Como
el argumento de hecho y de derecho del recurso extraordinario de revisión no
guarda relación ni cumple los presupuestos que configuran la causal 5 del
artículo 250 CPACA, esto es, la de “nulidad originada en la sentencia”, el
cargo no prospera.
La accionante señaló que se “omitió darle trámite a una petición formulada en los
términos del artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 (…)” y no se indicaron las razones
para concluir que no se observa una situación arbitraria.
Una vez revisada la anterior providencia, se considera que la decisión adoptada por
la Sala Especial de Decisión número 10 del Consejo de Estado se encuentra
ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que se indicaron las razones por las que
no era procedente resolver sobre el fondo del asunto.
Obsérvese que en la providencia cuestionada se indicó que el recurso
extraordinario de revisión no se encuentra instituido para controvertir las razones
del fallo o corregir supuestos errores de apreciación, y mucho menos, se puede
convertir dicho mecanismo de defensa en una tercera instancia del proceso
ordinario, decisión que se encuentra en sintonía con la jurisprudencia de esta
Corporación:
En ese contexto, la Sala advierte que la finalidad perseguida por los
recurrentes es reabrir el debate probatorio y jurídico, a modo de una tercera
instancia, para cuestionar las conclusiones y valoraciones del juzgador de
segunda instancia, lo cual está vedado por la naturaleza extraordinaria del
recurso de revisión.
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De otra parte, la causal 5ª de revisión no está llamada a prosperar, toda vez
que no se demostró que la sentencia de segunda instancia hubiera sido
proferida con falta de jurisdicción o de competencia; o dictada en un proceso
legalmente concluido; o con posterioridad a la terminación anormal del
proceso; o con desconocimiento del principio de congruencia; o sin haber
adelantado de forma idónea la actuación procesal; o vinculando a una
persona ajena al proceso; o después de ocurrida una causal legal de
suspensión o interrupción; sin motivación alguna o, finalmente, sin las firmas
requeridas para su aprobación.
Tampoco se acreditó que la sentencia hubiera restringido o vulnerado los
derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva de los recurrentes.
Por el contrario, se insiste, el propósito que se persigue con este recurso es
surtir una especie de tercera instancia, para controvertir las conclusiones
contenidas en la sentencia de segunda instancia21.
Así las cosas, era claro que la accionante pretendía utilizar el recurso extraordinario
de revisión como una tercera instancia del proceso ordinario; además, se le aclaró
que de acuerdo con el artículo 271 del CPACA la “expedición de una sentencia de
unificación jurisprudencial es una decisión facultativa”, consideración que se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable y el hecho de que no se
hubiera adoptado la decisión que pretendía la accionante no hace que sea
equivocada o contra legem.
De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
frente a las providencias expedidas en el proceso ordinario y negará la petición de
amparo en relación con la sentencia que declaró improcedente el recurso
extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente a la
sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sección Tercera,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, expediente 63.104, M.P, María Adriana Marín, entre muchas
otras.
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Actor: María del Rosario Muñoz de González
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y
otros
Referencia: Acción de tutela
Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado frente a la providencia del 18 de junio de
2021 proferida por la Sala Especial de Decisión número 10 del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
19
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