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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02424-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02424-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, por las razones antes expuestas. En consecuencia, queda separada del conocimiento del presente asunto. 2. Confirmar la providencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02424-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

25 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02424-01
Demandante: María del Rosario Muñoz de González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02424-01
Demandante: MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ DE GONZÁLEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y SALA ESPECIAL DE
DECISIÓN 10 DEL CONSEJO DE ESTADO

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que denegaron el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes y que declaró infundado recurso
extraordinario de revisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 3 de junio
de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que decidió:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente a la sentencia proferida el 6 de
octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado frente a la providencia del 18 de junio de 2021 proferida por la
Sala Especial de Decisión número 10 del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.
(…)

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 29 de abril de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial,
María del Rosario Muñoz de González pidió la protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad,
que estimó vulnerados por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 10, la Subsección
B, de la Sección Segunda de la misma Corporación y del Tribunal Administrativo de
Santander. En consecuencia, propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Tutelar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de defensa y
demás derechos y principios que se hallen vulnerados con ocasión de la expedición de la Sentencia del
18 de junio de 2021, proferida en el expediente 11001-03-15-000-2017-02831-00, por la Sala Especial
de Decisión No. 10 del honorable Consejo de Estado, dejándola sin efectos

SEGUNDA. Ordenar a la Sala Especial de Decisión No. 10 del honorable Consejo de Estado, que se
pronuncie sobre las pruebas, discuta sobre las posibles situaciones abiertamente arbitrarias que aquí se
han evidenciado, en que pudo incurrir la Sentencia de Segunda Instancia dictada el 6 de octubre de
2016, por la Subsección B de la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo
de Estado, dentro del proceso 680012333000201400303 01, N. I. 1257 – 2015; A continuación deberá
expedir un nuevo fallo, en el que se decida de fondo el recurso extraordinario de revisión formulado por
la ACCIONANTE.

O en subsidio,
PRIMERO. Dejar sin efectos las Sentencias de (i) el 6 de octubre de 2016, por la Subsección B de la
Sección Segunda del H. Consejo de Estado, dentro del proceso 680012333000201400303 01, N. I. 1257

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02424-01
Demandante: María del Rosario Muñoz de González

– 2015 y (ii) el 18 de junio de 2021 por la Sala Especial de Decisión No. 10 del honorable Consejo de
Estado, dentro del expediente 11001-03-15-000-2017-02831-00.

SEGUNDO. Ordenar a la honorable sección segunda discutir y resolver de fondo el recurso de apelación
interpuesto el 31 de octubre de 2014 por la ACCIONANTE dentro del proceso 680012333000201400303
01, N. I. 1257 – 2015, dando solución o desvirtuando las tesis planteadas en torno a: (i) la omisión
legislativa que deja sin pensión a los sobrevivientes beneficiarios y dependientes de los servidores
públicos del régimen general, fallecidos con antelación a la entrada en vigor del Sistema General de
Seguridad Social en Colombia. (ii) la inconstitucionalidad del criterio jurisprudencial establecido a partir
de la sentencia del 25 de abril de 2013, al equiparar el tiempo de servicios exigido (20 años) para otorgar
indistintamente, las prestaciones que cubren los riesgos de vejez y muerte.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 10 de abril de 2014, la señora María del Rosario Muñoz de González presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Santander, a fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones 019586 de 21 de noviembre de 2012, 001655 de
28 de enero de 2013 y 24377 de 27 de diciembre de 2013, que denegaron el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes por la muerte de Clímaco González Díaz.

2.2. Mediante sentencia del 15 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander
negó las pretensiones. En concreto, estimó que la demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión, pues Clímaco González Díaz no cumplía los requisitos legales,
esto es, 20 años de servicio y 55 años, contemplados en la Ley 33 de 1985, vigente al
momento de la muerte.

2.3. Inconforme con la decisión, la demandante apeló la decisión y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 6 de octubre de 2016 confirmó la decisión,
en general, por las mismas razones que el a quo.

2.4. El 23 de octubre de 2017, la señora Muñoz de González interpuso recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 6 de octubre de 2016, con fundamento en la causal 5 del
artículo 250 del CPACA, esto es, existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

2.4.1. Explicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado omitió darle trámite a la solicitud
de remitir el asunto por competencia a la Sala Plena para proferir sentencia de unificación,
antes de dictar la sentencia de segunda instancia, conforme el artículo 271 CPACA. Que no
tuvo oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio, porque conoció la omisión hasta
cuando recibió copia de la sentencia definitiva.

2.5. Por sentencia del 18 de junio de 2021, la Sala Especial de Decisión 10 del Consejo de
Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión por cuanto:

El argumento del recurso no está relacionado con los supuestos de hecho que configuran la causal de
nulidad originada en la sentencia, pues sostiene que la Subsección B de la Sección Segunda omitió remitir
el asunto a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para proferir sentencia
de unificación conforme el artículo 271 CPACA. Esta alegación es ajena a la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión, pues no versa sobre situaciones originadas en la misma sentencia recurrida o
en hechos que sobrevengan con posterioridad a ella. En todo caso, tampoco se observa una situación
abiertamente arbitraria, es decir, no se aprecia una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria
del debido proceso.
Por otro lado, asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo para la expedición de una
sentencia de unificación jurisprudencial es una decisión facultativa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 271 CPACA. Como el argumento de hecho y de derecho del recurso extraordinario de revisión no
guarda relación ni cumple los presupuestos que configuran la causal 5 del artículo 250 CPACA, esto es,
la de “nulidad originada en la sentencia”, el cargo no prospera.
(…)

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Demandante: María del Rosario Muñoz de González

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora sostuvo que las sentencias del 15 de octubre de 2014 y del 6 de octubre
de 2016, dictadas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Santander y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrieron en
desconocimiento del precedente, toda vez que el fallo de unificación que se aplicó en su
caso está en “contravía de lo establecido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del H. Consejo de Estado en la sentencia del 10 de septiembre de 1992 -S182”.

3.2. Que, además, se omitió aplicar las sentencias dictadas por la misma Corporación en los
que se ha aplicado “retrospectivamente la ley 100 de 1993”, es decir, que se debió tener en
cuenta la tesis más favorable para resolver el caso de la demandante y así reconocer la
pensión de sobreviviente, lo cual, a su juicio, no fue tenido en cuenta “al momento de resolver
el caso de la señora María del Rosario Muñoz de González, aquí accionante, a pesar de que
les fueron claramente expuestos en el recurso de apelación que le correspondía resolver”.

3.3. Por último, explicó que la decisión que declaró improcedente el recurso extraordinario de
revisión incurrió en un “exceso ritual manifiesto al dejar de revisar el contenido y no desvirtuar
las razones expuestas en la petición formulada (…)”.

3.3.1. Que “Deja de valorar si con la omisión alegada en el recurso extraordinario de revisión
se incurrió o no en un desconocimiento grave e insanable de alguna ritualidad propia de la
sentencia, al dejar de revisar el contenido de la petición formulada en los términos del artículo
271 de la Ley 1437 de 2011.

4. Intervenciones

4.1. La Sala Especial de Decisión 10 del Consejo de Estado, por conducto del magistrado
ponente de la decisión, indicó que las consideraciones expuestas en la decisión cuestionada
“son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado”.

4.2. La Gobernación de Santander solicitó declarar improcedente la acción de tutela, pues
la demandante pretende una instancia adicional del proceso ordinario y “que se estudien las
pruebas y las posibles situaciones arbitrarias”.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no intervino, pese a que,
como se vio, fue notificado de la admisión de la demanda de tutela.

5. Sentencia impugnada

5.1. Por sentencia del 3 de junio de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, respecto de las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho (sentencias del 15 de octubre de 2014 y del 6 de octubre de 2016), concluyó que la
tutela no cumple con el requisito de inmediatez ni de relevancia constitucional.

5.1.1. Frente a la inmediatez explicó que “(…) si bien en contra de la decisión adoptada por la
Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado se interpuso recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que se declaró improcedente porque “el argumento del
recurso no está relacionado con los supuestos de hecho que configuran la causal de nulidad
originada en la sentencia (…)”, razón por la que dicho recurso no tiene la virtualidad de ampliar
el plazo considerado como razonable para la interposición de la demanda de tutela, por cuanto
el ejercicio de aquel medio de defensa, como ya se indicó, resultó improcedente”, para lo cual
citó, entre otras sentencias, la proferida por la Sección Cuarta del 20 de septiembre de 2018,
expediente 11001-03-15-000-2018-02703-00(AC), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, que fue
confirmada por la Sección Quinta de la Corporación, mediante sentencia de 31 de octubre de
2018.

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Demandante: María del Rosario Muñoz de González

5.1.2. Respecto de la falta de relevancia constitucional estimó que lo pretendido por la parte
actora es reabrir el debate jurídico, al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural
de la causa, pero que la acción de tutela no es procedente para esos efectos. Además, señaló
que “en la solicitud de amparo se alegó, en síntesis, que el Consejo de Estado no le aplicó a
su caso la tesis más favorable -anteriores al 2013- para que pudiera acceder a su pensión de
sobreviviente, que la jurisprudencia ha aplicado de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993
y que existió un vacío normativo”.

5.1.3. Adicionalmente, el a quo analizó las providencias del proceso ordinario y concluyó que
el razonamiento efectuado por la autoridad judicial demandada no resulta arbitrario ni abrupto.
Que, por el contrario, se encuentra ajustado a la normativa, a las pruebas que obraban en el
expediente y a la jurisprudencia vigente para el momento en que se adoptó la decisión.

5.2. En cuanto a la sentencia del 18 de junio de 2021, proferida por la Sala Especial de
Decisión 10 del Consejo de Estado, el a quo, luego de revisar la providencia, estimó que “(…)
la decisión adoptada por la Sala Especial de Decisión número 10 del Consejo de Estado se
encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que se indicaron las razones por las que
no era procedente resolver sobre el fondo del asunto”.

6. Impugnación

6.1. La señora María del Rosario Muñoz de González impugnó la sentencia del 3 de junio
de 2022. Respecto al requisito de inmediatez, explicó que la providencia cuestionada
desconoció el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, esto es, que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada.

6.1.1. A juicio del demandante, la interposición de la acción de tutela dependía del resultado
del recurso extraordinario de revisión, es decir, que debía primero presentarse el recurso y,
luego, si procedía la interposición de la acción de tutela. Que la tesis de la Sección Cuarta
(citada por el a quo) no es aplicable al presente asunto, pues el recurso fue admitido por
cumplir los requisitos y se decidió en sentencia. Al respecto, expuso que “la sola posibilidad
de que el trámite del recurso extraordinario de revisión pueda concluir con un fallo que declare
ilegal una sentencia ejecutoriada, es suficiente motivo para mantener en suspenso los
términos para interponer una acción de tutela, hasta cuando el recurrente se conozca la
decisión”.

6.2. En cuanto a la falta de relevancia indicó que “no puede considerarse que esta demanda
de tutela constituye una instancia adicional, porque las razones de la apelación contra la
sentencia de primera instancia -expuestos únicamente con el fin de desarrollar y atender los
derechos fundamentales de la demandante-, permanecen incólumes. La principal omisión, en
mi criterio, haber omitido discutir y desvirtuar, la excepción de inconstitucionalidad antes
referida”.

6.3. Frente a la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión, la demandante
reiteró los argumentos propuestos en el escrito de tutela. Además, señaló que la sentencia
cuestionada “vulnera el derecho de defensa y el debido proceso de la ACCIONANTE e
incumple lo señalado en el artículo 18713 del CPACA, al expedir una sentencia sin motivación,
sin un análisis crítico de las pruebas y sin fundamentar sus conclusiones”.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la

1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.

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sentencia de unificación del 5 de agosto de 20142, se precisó que la acción de tutela, incluso,
es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado,
pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede
ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales
(procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de
2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de
defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede
conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos
o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido,
(vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de
la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en
una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de
los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia,
dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de
Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en
las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional,
consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional»3.

2. Cuestión previa

2.1. Del impedimento formulado por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello

2.1.1. La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello manifestó impedimento para conocer
del proceso de la referencia, de conformidad con la causal 6 del artículo 56 del CPP. En
concreto, informó que como integrante de la Sala Especial de Revisión 10 de esta
Corporación, suscribió la providencia del 18 de junio de 2021, que es una de las decisiones
que se cuestionan en el presente asunto.

2.1.2. El numeral 6, del artículo 56 del CPP, aplicable por remisión expresa del artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991, establece que es causal de impedimento “que el funcionario haya
dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o
sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a
revisar”.

2.1.3. El impedimento se declarará fundado, habida cuenta de que, en efecto, como integrante
de la Sala Especial de Decisión 10, la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello suscribió
una de las providencias que se cuestionan en la presente acción de tutela.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. En los términos de la impugnación, la Sala debe resolver si la sentencia cuestionada
acertó, en declarar improcedente la acción de tutela respecto de las sentencias del 15 de
octubre de 2014 y del 6 de octubre de 2016, dictadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por no cumplir el requisito de inmediatez ni relevancia

2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
3 SU-573 de 2017.

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constitucional y, de otro lado, por denegar las pretensiones respecto de la providencia del 18
de junio de 2021, proferida en el trámite del recurso extraordinario de revisión que formuló la
demandante contra la sentencia del 6 de octubre de 2016.

4. Del requisito de inmediatez como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales

4.1. La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de pasar
al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de
determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

4.1.1. La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento de la
violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la exigencia tiene razón de
ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de
derechos fundamentales y, por ende, se espera que el interesado la ejerza en un tiempo
razonable, prudencial, sin demora.

4.1.2. Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo
de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda4, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene que ver con la
urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros
que pudieran resultar afectados.

4.1.3. Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para ejercer
la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»5.

4.2. Análisis del caso concreto. Sobre la falta de inmediatez de la acción de tutela contra
las providencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

4.2.1. En el caso concreto, la Sala comienza por decir que coincide con el a quo, en cuanto a
que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez respecto de las providencias dictadas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, deben hacerse las
siguientes precisiones.

4.2.1.1. La providencia impugnada señaló que el requisito de inmediatez se debía contar de
manera independiente, es decir, por un lado, respecto de las sentencias del 15 de octubre de
2014 y del 6 de octubre de 2016, dictadas en el proceso ordinario y, de otro, frente a la
providencia del 18 de junio de 2021, proferida en el recurso extraordinario de revisión.

4.2.1.2. Lo anterior, teniendo en cuenta que ésta última declaró improcedente el recurso
extraordinario, es decir, no lo estudio de fondo. Para ello, citó la tesis de esta Sala en la que
se explicó que no se puede tener en cuenta la presentación de recursos para hacer valer el
requisito de inmediatez cuando se trata de recursos abiertamente improcedentes.
Adicionalmente, sostuvo “que la inmediatez debe ser contabilizada desde la providencia
proferida en el proceso ordinario, toda vez que la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación
ha señalado, de manera reiterada y precisa, que el recurso extraordinario de revisión no es
una instancia adicional del proceso en el que se dictó la sentencia objeto de debate”.

4 Sentencia T- 123 de 2007.
5 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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4.2.2. Lo primero que conviene decir es que, en efecto, esta Sala es de la tesis6 de que la
interposición de recursos abiertamente improcedentes no puede hacerse valer para efectos
de contar el término de inmediatez, como ocurre, por ejemplo, cuando la propia ley determina
que contra una decisión no procede recurso y, en desconocimiento de esa disposición legal,
el recurso es presentado para, luego, hacerlo valer para efectos de contar el requisito de
inmediatez en materia de tutela contra providencias judiciales.

4.2.2.1. No obstante, esa tesis no resulta aplicable en este caso, pues ciertamente el recurso
extraordinario de revisión es un medio de impugnación previsto en la ley contra sentencias
que hacen tránsito a cosa juzgada. El hecho de que el recurso hubiese sido declarado
infundado, no significa que se trate de un recurso abiertamente improcedente.

4.2.2.2. Ahora, sí coincide la Sala en que el termino de inmediatez debe contarse de manera
independiente respecto de las sentencias del proceso ordinario y respecto de la sentencia del
recurso extraordinario de revisión, porque el recurso extraordinario de revisión es un proceso
independiente del ordinario. Precisado lo anterior, la Sala procederá a verificar si se cumple el
requisito de inmediatez frente a las providencias cuestionadas.

4.3. Conforme con lo señalado en precedencia, la Sala considera que acertó el a quo al
concluir que la solicitud de amparo no supera el requisito de inmediatez, por cuanto el fallo del
6 de octubre de 2016, dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fue
notificado por correo electrónico a las partes del 21 de octubre siguiente (como se ve en las
constancias de notificación visibles en el aplicativo Samai del expediente ordinario), mientras
que la demanda de tutela fue presentada por correo electrónico el 29 de abril de 2022, esto
es, después de 5 años, 6 meses y 8 días, de modo que fue superado el término adoptado por
esta Corporación en la sentencia de Sala Plena.

4.3.1. Si bien la demandante señala en el escrito de impugnación que la presentación de la
acción de tutela se encontraba supeditada a la decisión definitiva del recurso extraordinario y
que, por tanto, el requisito de inmediatez debía contarse desde la notificación de la providencia
que declaró infundado el recurso, lo cierto es que no era necesario que esperara a la decisión
del recurso extraordinario de revisión. Veamos.

4.3.1.1. En el recurso extraordinario de revisión7 se cuestionan asuntos procesales que se
hubieran presentado en el proceso ordinario y, con ello, se afecte gravemente el principio de
justicia material. Por su parte, la acción de tutela tiene como finalidad proteger los derechos
fundamentales que pudieron haber sido transgredidos por providencias en las que, en general,
se haya aplicado indebidamente una norma o por la interpretación errónea de ésta, por la falta
o indebida valoración probatoria, por el desconocimiento del precedente judicial y la violación
directa a la Constitución.

4.3.1.2. En el presente asunto se advierte que el recurso extraordinario se fundamentó en la
causal 5 del artículo 250 del CPCA, esto es, en la causal de nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, cuyo argumento
principal era que la sentencia del 6 de octubre de 2016, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, omitió darle trámite a la solicitud de remitir el asunto por
competencia a la Sala Plena de la Corporación para proferir sentencia de unificación. A su
turno, los argumentos de la tutela van dirigidos a cuestionar la misma providencia por
desconocimiento del precedente y aplicación indebida de las normas que regulan el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

4.3.1.3. Como se ve, los argumentos de uno y otro mecanismo judicial tienen finalidades
diferentes, pues en el recurso extraordinario de revisión se atacan presuntas omisiones
procesales, esto es, no haber atendido la solicitud de llevar el asunto a Sala Plena, mientras

6 Ver, entre otras, la sentencia dictada en el proceso 2021-06250-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7 Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001031500020130199800, M.P. Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas.

7

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Demandante: María del Rosario Muñoz de González

que la acción de tutela controvierte asuntos sustanciales como lo son la falta de aplicación de
un precedente judicial y la indebida aplicación de una norma.

4.3.1.4. De modo que si consideraba que la providencia judicial cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, debió presentar la acción de tutela sin
supeditarlo a las resultas del recurso extraordinario de revisión, que como se vio tenía una
finalidad diferente.

4.3.2. Por tanto, la tutela no cumple el requisito de inmediatez respecto de las providencias
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por tanto, se confirmará
la providencia cuestionada.

5. Sobre de la providencia del proceso extraordinario de revisión

5.1. En el escrito de impugnación la demandante reiteró los argumentos presentados contra
la providencia del 18 de junio de 2021, dictada por la Sala Especial de Decisión 10 del Consejo
de Estado, al considerar que incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
al haber omitido el análisis de los argumentos propuestos en el recurso y la valoración de las
pruebas que se decretaron y practicaron en el proceso.

5.2. Para resolver, conviene precisar que la Sala Especial de Decisión 10 del Consejo de
Estado comenzó por explicar que los presupuestos para la configuración de la causal 5 del
artículo 250 del CPACA son: “de un lado, la existencia de una nulidad procesal que se origina en
una sentencia ejecutoriada que puso fin al proceso y, de otro, que contra dicha decisión no proceda
recurso de apelación”.

5.2.1. Luego, enlistó los hechos o situaciones que configuran la causal de nulidad originada
en la sentencia y precisó que “esta causal no procede para controvertir las razones del fallo
ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del
recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el
recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza
de cosa juzgada8”.

5.2.2. Precisado lo anterior, la autoridad judicial demandada analizó el caso propuesto por la
demandante y concluyó lo siguiente:

El argumento del recurso no está relacionado con los supuestos de hecho que configuran la
causal de nulidad originada en la sentencia, pues sostiene que la Subsección B de la Sección
Segunda omitió remitir el asunto a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado para proferir sentencia de unificación conforme el artículo 271 CPACA. Esta alegación
es ajena a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, pues no versa sobre situaciones
originadas en la misma sentencia recurrida o en hechos que sobrevengan con posterioridad a
ella. En todo caso, tampoco se observa una situación abiertamente arbitraria, es decir, no se
aprecia una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso9.

5.3. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la providencia cuestionada es el resultado
del análisis que corresponde al recurso extraordinario de revisión, pues, como bien lo advirtió
la autoridad judicial demandada, solo podrá analizarse de fondo el asunto cuando encaje en
la causal invocada, que, vale decir, es de interpretación restrictiva.

5.3.1. Como el argumento de la actora (omisión de remitir el asunto a la Sala Plena del Consejo
de Estado) no encaja en los supuestos que estructuran la causal de nulidad originada en la
sentencia, bien pudo la autoridad judicial demandada declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, sin que esa decisión, per se, amenace o vulnere los derechos
fundamentales invocados por la demandante.

8 Cita original.Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad.
00794-00 (Rev) [fundamento jurídico párrafo 9].
9 Cita original. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-491 de 1995 [fundamento jurídico 3] y sentencia C-217 de 1996

[fundamento jurídico párr. 25].

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5.3.2. La falta de análisis sobre los argumentos de fondo propuestos en el recurso y la
supuesta omisión probatoria no implican la configuración del defecto procedimental
por exceso ritual. Ocurre que los eventos señalados por la actora no resultan suficientes para
estructurar la causal de nulidad originada en la sentencia y, por lo tanto, no había lugar a
realizar un análisis de fondo como lo propone la demandante.

5.4. Queda resuelto el problema jurídico: acertó el a quo al concluir que, respecto de la
sentencia del 18 de junio de 2021, la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pero por
las razones expuestas en la presente providencia, y al denegar las pretensiones frente a la
providencia del 18 de junio de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión número 10 del
Consejo de Estado al no encontrar vulnerados los derechos fundamentales de la demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, por las razones antes expuestas. En consecuencia, queda separada del
conocimiento del presente asunto.

2. Confirmar la providencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

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