Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02440-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02440-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02440-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02440-01
Accionante: MARÍA ROMELIA BONILLA ACOSTA Y OTROS
Accionado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Tema: Tutela contra providencia / debido proceso,
reparación integral de las víctimas, acceso a la
administración de justicia, principio pro homine /
defecto fáctico, desconocimiento del precedente /
proceso de reparación directa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 2 de junio de 2022 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual negó el
amparo solicitado por la señora María Romelia Bonilla y otros1.
1
María Del Carmen Prada Bonilla, Rosmira Bonilla Orozco, José Alonso Prada Bonilla,
Emelania Prada Bonilla, Leidy Johana Rodríguez Bonilla, Jeisson Javier Rodríguez Bonilla,
Álvaro Pérez Prada, Flor Luz Mery Pérez Prada, Walter Pérez Prada, Joselo Antonio Prada
Devia, Brayan Fernando Prada Perdomo, Norely Prada Rodríguez, Diomedes Prada Rodríguez,
Diana Carolina Melo Prada, Oscar Hernando Prada Delgado y Eliana Samanta Prada Delgado.
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I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, reparación integral a las víctimas, acceso a la administración
de justicia y el principio pro homine tiene sustento en los siguientes:
1. HECHOS
La señora María Romelia Bonilla Acosta y otros presentaron demanda
de reparación directa por la muerte de su padre, el señor Marco Fidel
Bonilla, presuntamente causada por miembros de la Fuerza Pública
cuando se encontraba en la finca de su propiedad ubicada en la
vereda Agua Bonita del municipio de Calamar (Guaviare).
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante
providencia del 28 de febrero de 2019, negó las solicitudes del medio
de control.
Contra la decisión anterior la parte demandante interpuso recurso de
apelación, sin embargo, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia del
11 de noviembre de 2021, resolvió confirmarla.
2. PRETENSIONES
La parte accionante pidió lo siguiente:
«[…] 1) REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2021
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A, por medio del cual declaró
confirmar la sentencia de primera instancia dentro del proceso de
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reparación directa con radicado No.11001-33-43-063-2018-00070-
01 y en consecuencia, se atiendan las pretensiones presentadas en
el escrito de la demanda.
2) ORDENAR a la autoridad judicial accionada que dentro de los 20
días siguientes a la notificación del fallo de tutela, emita una nueva
sentencia teniendo en cuenta los argumentos esbozados en la
presente acción de tutela, que le permita proferir un fallo de fondo
en consideración de la confesión del militar MIGUEL ANGEL ROJAS
HERNANDEZ ante la JEP, desatendida en su sede judicial y que
garantice los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías
de no repetición de los demandantes, víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos.
3) Se tomen todas las medidas pertinentes, útiles y necesarias para
garantizar los derechos fundamentales de los accionantes.» (sic en
toda la cita).
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
De acuerdo con los argumentos expuestos en la tutela la Sala de
Decisión entiende que los defectos alegados contra la sentencia del
11 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca son los siguientes:
• Defecto fáctico: en el entendido que la autoridad judicial
accionada profirió la decisión «desconociendo la totalidad del
acervo probatorio y valoró de forma indebida el mismo,
pasando por alto todos los estándares de derechos humanos y
de flexibilidad probatoria que se han decantado a través de los
años respecto de casos de desaparición forzada y presuntas
ejecuciones extrajudiciales». Particularmente indicó que no tuvo
en cuenta la confesión de uno de los implicados en los hechos.
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• Desconocimiento del precedente: por cuanto a su juicio «el
accionado Tribunal se ha apartado de forma arbitraria del
precedente pacífico y estable sentado por la Corte
Constitucional sobre la incidencia de la jurisprudencia
interamericana al desconocer los alcances de los derechos de
las víctimas a la luz de las normas constitucionales y
convencionales. Además, el accionado ha limitado claramente
su alcance y sentido, constituyéndose así una vía de hecho, que
como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-590 de
2005, puede ser atacable mediante acción de tutela con el
objetivo de garantizar la eficacia jurídica de los derechos
fundamentales vulnerados».
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 6 de mayo de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó notificar a los
magistrados que integran la Sección Tercera, Subsección “A” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como accionados, y al juez
sesenta y tres administrativo del circuito judicial de Bogotá, al
ministro de defensa nacional y al comandante del Ejército Nacional,
como terceros interesados en las resultas del proceso, para que se
pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud
constitucional.
5. INTERVENCIONES
5.1. La jueza sesenta y tres administrativa del circuito judicial
de Bogotá solicitó que se negara el amparo requerido, por cuanto las
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decisiones reprochadas fueron proferidas teniendo en cuenta todas y
cada una de las pruebas aportadas al expediente, así como la
normatividad y las disposiciones jurisprudenciales aplicables al caso;
por consiguiente, afirmó que no se configuraron ninguno de los
defectos alegados.
5.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por intermedio de una de sus
magistradas, manifestó que «en la sentencia de segunda instancia se
resolvieron los reparos a la decisión objeto de apelación, pues se
abordó́ lo concerniente a la valoración de las declaraciones
extraproceso, la flexibilización en la apreciación y valoración de la
prueba por parte del juez de lo contencioso administrativo en los
casos en que se alegan graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como la prueba
indiciaria». En ese sentido, señaló que no existió el defecto fáctico
endilgado y que según los argumentos de la parte accionante lo que
se evidencia es la pretensión de convertir la tutela en una tercera
instancia al proceso contencioso.
5.3. La Nación – Ministerio de Defensa señaló que las
apreciaciones de la parte accionante sobre las pruebas analizadas en
el proceso contencioso realmente están dirigidas a crear una tercera
instancia, en consecuencia, solicitó que se negara la tutela porque no
existe justificación para que el juez constitucional intervenga
considerando que se le respetaron sus garantías fundamentales.
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6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 2
de junio de 2022, negó el amparo solicitado, pues precisó, en relación
con el defecto fáctico, que no encontró «irregularidad alguna en el
análisis probatorio desplegado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, ya que el estudio del
caso tuvo como fundamento cada una de las pruebas allegadas al
expediente, examen que le permitió concluir que no habían elementos
suficientes para desvirtuar la versión oficial de los hechos rendida por
el Ejército Nacional y, por ende, no había lugar a declarar la
responsabilidad del Estado en la muerte del señor Bonilla».
Por su parte, en cuanto al desconocimiento del precedente referido a
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre la flexibilización probatoria en casos relacionados con
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, aseguró que
«contrario a lo alegado por los accionantes, en la sentencia
cuestionada sí se tuvo presente la necesidad de flexibilizar el análisis
probatorio al tratarse de un caso de posibles violaciones de derechos
humanos. De hecho, el Tribunal aplicó tal postulado al momento de
estudiar las declaraciones de los señores Blanca Omaira Gámez y
Whialman Torres Pinzón, las cuales no fueron ratificadas en el proceso
ordinario a pesar de tratarse de declaraciones extraprocesales […]»
7. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con
fundamento en las razones que manifestó en el escrito de tutela, esto
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es, que la sentencia reprochada incurrió en un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria frente a los testimonios y el
documento de la JEP según los cuales el señor Marco Fidel Bonilla fue
asesinado en estado de indefensión y en un desconocimiento del
precedente, por cuanto la autoridad judicial accionada debió dar
aplicación a la flexibilidad probatoria conforme lo previsto en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
casos de ejecuciones extrajudiciales.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20192,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Decisión que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
• ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la sentencia del 11
de noviembre de 2021, incurrió en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente, por consiguiente, vulneró los
derechos fundamentales invocados en protección por la parte
accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto fáctico y el
desconocimiento del precedente y iv) el caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.
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resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
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i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
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v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional 5 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.
5 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
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b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»8.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
7 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma9.
En ese sentido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho11.
En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido12.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”13.
9
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
11
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso anterior; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”14.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial16.
14
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un
superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el
horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que
resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
16
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
(i) La pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la
providencia del 11 de noviembre de 2021, incurrió en la violación de
los derechos de la parte al debido proceso, reparación integral de las
víctimas, acceso a la administración de justicia y el principio pro
homine;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
sentencia reprochada no procedía recurso alguno,
(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia deprecada se profirió el 11
de noviembre de 2021 y la tutela se presentó el 2 de mayo de 2022.
(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
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(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de reparación directa.
De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.
A propósito, se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 11 de noviembre de 2021, en el
trámite del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019, por el
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
que negó las pretensiones de la demanda.
En la sentencia referida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
decidió confirmar el fallo apelado.
Ahora bien, en relación con esta sentencia, la parte accionante alegó
que se configuró (i) un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria en el entendido que no se tuvieron en cuenta los
testimonios y el documento de la JEP según los cuales el señor Marco
Fidel Bonilla fue asesinado en estado de indefensión y (ii) en un
desconocimiento del precedente, por cuanto no se dio aplicación a la
flexibilidad probatoria prevista en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para la resolución de casos de
ejecuciones extrajudiciales.
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Al respecto, sobre el defecto fáctico esta Sala de Decisión advierte
que en el fallo atacado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se pronunció sobre los testimonios y el documento de la JEP, en los
siguientes términos:
«109. Así, si bien para la época en la que se presentó el hecho, en
Colombia eran recurrentes los casos de ejecuciones extrajudiciales, no
puede afirmarse, como lo pretende la apelante, que todas las
personas muertas en combate durante ese periodo, fueron víctima de
dicho delito, puesto que esto debe probarse 17.
110. Sobre el particular, si bien consta que señores Julio César Peña
Hio y Miguel Ángel Rojas Hernández, militares que rindieron
declaración en la justicia penal militar por los hechos que dieron
origen al proceso de la referencia (párrafo 72.), presentaron solicitud
de sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la
Jurisdicción Especial para la Paz, tal circunstancia por sí sola no
determina la configuración de una ejecución extrajudicial ni la
consecuente responsabilidad que se endilga a la demandada.
111. En efecto, en las resoluciones proferidas por la JEP el 23 de julio
y 11 de octubre de 2019, se aclaró expresamente que asumir el
conocimiento de la solicitud no implicaba el ingreso a esa jurisdicción
ni el otorgamiento de beneficios, pues estaba sujeta al análisis de la
referida Sala, por lo que se dispuso el correspondiente recaudo
probatorio.
112. Por lo tanto, contrario a lo señalado por el recurrente, en este
caso no hay lugar a proferir condena, pues como se explicó, no se
desvirtuó la información oficial que sobre el hecho se reportó. En ese
sentido, la Sala considera pertinente hacer referencia a la prueba
indiciaria en asuntos como el presente, según pronunciamiento de la
Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así 18:
17
Cit. de cit. « Código General del Proceso. Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
M.P.: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 09 de julio de 2021, Rad. 05001-23-31-000-
1997-03012-01(45868).
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[…]
113. De conformidad con lo anterior, la Sala pone de presente que si
bien en los eventos en que se alegan graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la
apreciación y valoración de los medios probatorios debe ser flexible
(párrafo 57.), ello no implica que deba proferirse condena con un
esquema probatorio inferior, máxime si se tiene en cuenta que en el
asunto bajo examen no hay indicios que brinden certeza de la alegada
ejecución extrajudicial.
114. Así, se reitera que no existen elementos que permitan inferir que
la confrontación armada de que dan cuenta los informes oficiales no
ocurrió, pues se tiene que en la zona sí había presencia de grupos
armados al margen de la ley, lo que determinó el desarrollo de una
orden de operaciones».
De acuerdo con lo anterior y sin perder de vista que la tutela en
ningún caso puede ser comprendida como una tercera instancia al
proceso en la que se pueda realizar una nueva valoración probatoria,
la Sala de Decisión considera que el defecto fáctico no se configuró,
toda vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí tuvo en
cuenta las pruebas señaladas como desconocidas por la parte
accionante, los testimonios y el documento de la JEP, en ese sentido
se pronunció sobre ellas para concluir que no eran suficientes para
llegar a la certeza sobre la ejecución extrajudicial alegada.
Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente por no
tener en cuenta la flexibilidad probatoria en casos de ejecuciones
extrajudiciales, se evidencia que sobre este aspecto en la providencia
atacada quedó consignado lo siguiente:
«56. En relación con las declaraciones extraproceso de los señores
Blanca Omaira Gamez y Whialman Torres Pinzón rendidas ante
notario (fls. 105 y 106, c.1), la Sala advierte que fueron decretadas y
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valoradas como pruebas documentales y respecto de las cuales no se
solicitó ratificación de conformidad con lo previsto en los artículos 188
y 222 C.G.P.19, por lo que en principio, carecen de eficacia
probatoria19.
57. No obstante, la valoración de su contenido se hará en conjunto
con las demás pruebas que obren en el proceso, pues en
consideración a que en el caso bajo examen se alegó la configuración
de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, debe hacerse una flexibilización
en la apreciación y valoración de la prueba por parte del juez de lo
contencioso administrativo, tal y como lo ha establecido el Consejo de
Estado 20:
(…)
8.5. Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios
probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran
mayoría de casos, las graves violaciones de Derechos Humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno,
han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos
y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las
víctimas, como sujetos
de debilidad manifiesta, queden, en muchos casos, en la
imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad
humana.
8.5.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa
inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles,
privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e
19
Cit. de cit. «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 13 de agosto de 2020,
expediente N° 20001-23-33-003-2015-00032-01(58202):
(…)
En esa situación, se advierte que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que las
declaraciones extra proceso que se practiquen sin citación y asistencia de la parte contraria
deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretenden hacer valer, so pena de carecer de
eficacia probatoria (…), salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en
los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio.(…)»
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
M.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 6 de junio de 2019, expediente N° 18001-23-31-
000-2005-00142-01(50843).
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inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a
efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr
garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y
reparación de las personas afectadas.
8.5.2. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en
casos de
graves violaciones de Derechos Humamos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la
dogmática jurídico procesal tradicional, según el cual las partes
acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues
en estos eventos las víctimas quedan en una relación asimétrica
de cara al patrimonio de la prueba; estas circunstancias
imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación
fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.
[…]»
En consonancia con lo expuesto, la Sala de Decisión considera que
tampoco se demostró la configuración del desconocimiento del
precedente, porque el Tribunal acogió la tesis de flexibilización
probatoria a partir de la cual valoró las declaraciones extraproceso,
pese a que no fueron ratificadas.
Dicho de otra manera, no se advirtió una decisión judicial arbitraria o
contraria a la ley y los derechos fundamentales de la parte
accionante, en consecuencia, la providencia impugnada que negó el
amparo requerido será confirmada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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IV. FALLA
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la
cual negó el amparo solicitado por la señora María Romelia Bonilla y
otros, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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