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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02442-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02442-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de julio de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente esta acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02442-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

24 de noviembre de 2022

Radicación: 11001 03 15 000 2022 02442 01
Accionante: ROSA MARÍA PÉREZ ACOSTA Y OTRA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 02442 01
Accionantes: ROSA MARÍA PÉREZ ACOSTA Y OTRA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la
parte actora no se advierte la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
en contra del fallo de primero de julio de 2022, dictado por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO.

Rosa María Pérez Acosta y Milena Patricia Pérez Hernández, mediante
apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y “a la
reparación integral”, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de la
sentencia de segunda instancia emitida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 20 de septiembre de 2021, por medio
de la cual modificó la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio

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Accionante: ROSA MARÍA PÉREZ ACOSTA Y OTRA

del medio de control de reparación directa1, que cursó con radicado
número 05001-23-31-000-2010-02181-01 (50.979), tendientes a lograr
el pago de los perjuicios causados por la muerte del señor Carlos José
Pérez Acosta, cuando prestaba el servicio militar obligatorio como soldado
regular en el Ejército Nacional, como consecuencia de un disparo que
accidentalmente se propinó a nivel abdominal.

Las demandantes afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración de los testimonios con los
cuales se acreditó que (i) Carlos José Pérez Acosta era el único proveedor
del hogar y que (ii) existía una relación basada en afecto, respeto, cuidado
y respaldo de este último hacia su hermana de crianza, Milena Patricia
Pérez Hernández.

Así mismo, indicó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado no aplicó la sentencia SU-072 de 2018, dictada por la Corte
Constitucional, que en “el tema de los perjuicios para los familiares”, no
exige una edad específica para reconocer los perjuicios a los hermanos.
Así como tampoco consideró la sentencia T-377 de 2019, también de la
Corte Constitucional, según la cual “el concepto de familia debe
concebirse no desde un punto de partida formal, sino desde lo material,
teniendo en cuenta aspectos como la solidaridad, el afecto, la continua
convivencia, la protección y el respeto mutuo entre sus miembros. […]
Por ende, es de gran importancia que las familias de crianza se vean
socorridas con los mismos derechos que los otros tipos de familia. […] En
esa medida, cuentan con la expectativa de que van a recibir el mismo
trato que cualquier otro núcleo familiar ya sea en temas relacionados con
indemnizaciones, prestaciones sociales o servicios de salud, entre otros”.

1
En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMLMV a Rosa María Pérez Acosta y 50 SMLMV a las demás demandantes; y, por lucro
cesante, la suma de $12.965.026 a Rosa María Pérez Acosta. La sentencia cuestionada modificó el fallo de
primera instancia para “DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Milena Patricia Pérez
Hernández”. Además, descartó el perjuicio a título de lucro cesante reconocido a Rosa María Pérez Acosta,
pues consideró que “no se demostró el segundo de los requisitos que establece la jurisprudencia para estos
efectos, esto es, que para el momento de la muerte de Carlos José Pérez Acosta la madre fuera beneficiaria
de la obligación alimentaria porque no tenía los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque
estaba desempleada, enferma o sufría de alguna discapacidad”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La Magistrada sustanciadora en la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a
la autoridad judicial demandada, así como al Ministro de Defensa
Nacional, al comandante del Ejército Nacional, a la señora Luz Mery Pérez
Acosta, también demandante en el previo proceso de reparación directa,
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros con
interés en las resultas de esta acción.

2.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
intermedio del Magistrado ponente, pidió que se declarara improcedente
la tutela por falta de relevancia constitucional o, en su defecto, se
desestimara la existencia de un defecto configurador de vulneración de
derechos fundamentales.

Alegó que la tutela pretendía utilizarse como una tercera instancia, y que,
aun cuando se invocaron algunos derechos fundamentales, «lejos de
revelar una clara y marcada importancia constitucional... [se] evidencia
la intención de convertir al juez de tutela en juez natural de la causa», en
tanto se debaten los supuestos fácticos y jurídicos decididos en el trámite
de instancia.

De forma adicional, rechazó que la sentencia hubiese incurrido en un
defecto fáctico, ya que, en su sentir, se efectuó un adecuado análisis de
los medios de convicción aportados al proceso, con los cuales se concluyó
que (i) Milena Patricia Pérez Hernández no estaba legitimada en la causa
por activa, porque, aunque los testigos afirmaron que era hermana de la
víctima, «no acreditaron las características de la relación» que sostenían,
ni el sufrimiento padecido por el deceso del soldado, y (ii) que tampoco
se acreditó que la madre de la víctima fuera beneficiaria de la obligación
alimentaria por falta de medios para procurarse su propia subsistencia,
porque estuviera desempleada, enferma o sufriera alguna discapacidad.

2.3. Los demás llamados al presente trámite, pese a haber sido
debidamente notificados, guardaron silencio.

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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de primero (1º) de julio de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela al encontrar que no cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional. Al respecto consideró lo siguiente:

“[…] En criterio de esta Sala, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, porque, de un lado, (i) los argumentos propuestos por las
demandantes son insuficientes para atacar los motivos de la decisión; y, por otra
parte, (ii) se pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del
proceso ordinario, sin que se advierta que el Consejo de Estado hubiese contrariado
abiertamente un postulado o la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
se hubiera dado alcance a un derecho fundamental.

[…]

a) Insuficiencia de la argumentación

Frente al razonamiento de la subsección accionada, la parte demandante refiere que
la sentencia no valoró correctamente los testimonios con los cuales acreditó que el
fallecido era el único proveedor del hogar. Dicha afirmación es inconsecuente con el
sentido del fallo, en lo que concierne al lucro cesante revocado, porque, en realidad,
la razón por la cual se negó fue porque no se probó la imposibilidad de la señora
Pérez Acosta de valerse económicamente por sí misma o, en palabras de la
providencia, porque no demostró que «no tenía los medios para procurarse su propia
subsistencia, bien porque estaba desempleada, enferma o sufría de alguna
discapacidad».
Esa fue la ratio decidendi para desestimar el lucro cesante de la madre. Acertada o
no la premisa de la sentencia, la solicitud de amparo no reprocha ni ataca ese aspecto
de la decisión. La parte actora insiste en señalar que el fallecido era el proveedor del
hogar, pero no refuta el argumento de que la madre tenía que probar –y así no lo
hizo– la ausencia de medios para su propia subsistencia.
Es más, la providencia confutada se basó en una sentencia de unificación de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y tampoco se debate en la tutela que dicho
fallo fuera inaplicable o que careciera de validez.

[…]

b) Los argumentos de la tutela pretenden convertirla en una instancia adicional

En síntesis, la sentencia concluyó una falta de legitimación en la causa por activa de
la señora Pérez Hernández, no porque se desconociera la eventual calidad de
hermana de crianza o el derecho que a estos les asiste de obtener una reparación,
sino porque, en su sentir, no se acreditaron dos elementos: (i) las características de
la relación entre la demandante y la víctima; (ii) y el sufrimiento por su deceso.
En todo caso, si bien la parte sí ataca esas dos premisas del fallo, al contrastar la
tutela y las razones esgrimidas en el curso del proceso de reparación directa, es claro
que lo que se pretende es continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por
los jueces de instancia dentro del medio de control ordinario, sin que se advierte una
vulneración de los derechos fundamentales por arbitrariedad o capricho en la
providencia.

[…]

Del desconocimiento del precedente

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A pesar de que la parte demandante no invoca expresamente este defecto, en un
pasaje de la solicitud de amparo se enuncia el supuesto desconocimiento de la
sentencia de unificación SU-072 de 2018, en virtud de la cual, en sus palabras, no se
requiere edad para el reconocimiento de los perjuicios de los hermanos.
Dicha afirmación desconoce la sentencia objeto de reparo, puesto que en ninguna
línea de su contenido supeditó el reconocimiento de los perjuicios de los hermanos
en razón de la edad. El motivo por el cual se negó el perjuicio de la hermana de
crianza fue por falta de prueba de las características de la relación entre ella y la
víctima, y del sufrimiento por el deceso, no porque tuviese determinada edad. […]”.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, refiriendo respecto
del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, que
“actuó bajo los parámetros concernientes al razonamiento que expuso la
Corte Constitucional para acceder a la tutela contra providencias judiciales
bajo la concepción de vías de hecho”.

Sobre la insuficiencia de la argumentación, elemento que sirvió de sustento
a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para declarar
la improcedencia de la tutela, afirmó que “se logró sustentar a través de los
testimonios rendidos, no se podía acreditar por medio diferente, sino a
través del conocimiento de las personas cercanas a la familia, […] que la
señora ROSA MARIA no podía valer de sus gastos económicos”.

En cuanto al uso de la acción de tutela como una “tercera instancia” señaló
que “la finalidad era conseguir la tutela efectiva en la protección de los
derechos de la señora Milena Patricia Pérez Hernández”.

Por último, insistió en la configuración del defecto fáctico. Nada dijo de las
consideraciones con las cuales el juez de primera descartó el
desconocimiento del precedente.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Rosa María y Luz Mery Pérez Acosta, y Milena Patricia Pérez
Hernández, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentaron demanda en contra del Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados por la muerte
de Carlos José Pérez Acosta.

5.2.2. Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2013, el Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100
SMLMV a Rosa María Pérez Acosta y 50 SMLMV a las demás actoras, y por
lucro cesante la suma de $ 12.965.026, solo a Rosa María Pérez Acosta.

5.2.3. La sentencia fue apelada por ambas partes 2. El Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional se centró en manifestar que el daño se
produjo por culpa exclusiva de la víctima, pues Carlos José Pérez Acosta
infringió el decálogo de seguridad de armas de fuego al limpiar de manera
imprudente su arma de dotación oficial. Por su parte, la demandante
solicitó reconocer “el daño a la vida de relación”, alegando que se acreditó
con la prueba testimonial. Textualmente indicó que:

“deja el a quo de reconocer el perjuicio de daño a la vida de relación por encontrar
que la prueba testimonial no dio cuenta para acreditar dicho menoscabo. Sin
embargo, encuentra esta parte procesal que puede extraerse de dichas declaraciones
el cambio en la vida de la madre del joven Carlos José Pérez Acosta, pues era este el
proveedor principal de su hogar […] Rosa María, madre de la víctima, quien además
de tener que soportar el dolor de su partida, vio aminorada su calidad de vida,
alterada sus condiciones económicas e insatisfechas varias de sus necesidades
básicas, pues quien había fallecido además de ser su único hijo hombre y figura
masculina en su hogar, era el proveedor económico del mismo y principalmente de
ella […]”.

2
La autoridad judicial accionada advirtió de forma previa a resolver el caso concreto que “comoquiera que
ambas partes presentaron recurso de apelación contra el fallo proferido el 6 de noviembre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite sin limitación alguna”.

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5.2.4. Por medio de sentencia del 20 de septiembre de 2021, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la
anterior decisión, para en su lugar declarar (i) “la falta de legitimación en
la causa por activa de Milena Patricia Pérez Hernández” (hermana de
crianza de la víctima); y (ii) la responsabilidad patrimonial de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Carlos José
Pérez Acosta, a partir de lo cual la condenó a pagar por perjuicios morales
100 SMLMV a favor de Rosa María Pérez Acosta y 50 SMLMV a favor de
Luz Mery Pérez Acosta, únicamente.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando se “plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Recientemente, con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional4
hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra
providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional,
el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción
y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García
González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.

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“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

La parte actora, en el escrito de tutela, invocó como violados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y “a la reparación integral”, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia de segunda instancia emitida el 20 de septiembre de 2021
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

El juez constitucional a quo declaró improcedente la acción de tutela, en
atención al señalado incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, pues advirtió que la parte actora sustentó de forma
insuficiente la acción de tutela, al tiempo que pretendía utilizarla como
una instancia adicional al proceso ordinario de reparación directa que
cursó con radicado número 05001-23-31-000-2010-02181-01 (50.979).

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, en su escrito de
impugnación, afirmó que la acción cumplía con el mencionado requisito e
insistió en la configuración del defecto fáctico.

En consecuencia, corresponde a la Sala examinar si en este evento está
cumplido el requisito de relevancia constitucional y para ello, se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, (ii) analizarlos en el caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez

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constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.

A partir de esta importante sentencia, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En la sentencia SU–573 de 2019, el alto tribunal explicó
que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 20225, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la referida
sentencia SU-573 de 2019, explicó que este elemento de la relevancia
tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que
el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y
subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que ‘la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la
interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo
eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad
y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá
establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional.

5 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección

de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.

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Ello quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe
identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar
los motivos por los cuales considera que la sentencia cuestionada lo está
vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 20216, SU-103 de 20227, y más
recientemente en la ya citada SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó la
sentencia de segunda instancia que esta Sala profirió el 20 de agosto de
2021, en el trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad
contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó
que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20188, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia

6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8 M.P. Carlos Bernal Pulido.

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constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].

El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, entre
otros, consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no
basta con la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que
supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un
derecho fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la
cual es necesario que, para la acreditación de este primer elemento que
integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de
tutela (1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga
los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada está
vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los
motivos aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o
vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo
esencial del mismo.

Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesarias para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional

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con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”9 y
ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así10:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se
destaca].

En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite

9 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
10 Ibidem.

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restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”11.

5.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado
contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia12:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario’, so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es
la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía

11 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
12 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal
afectó garantías constitucionales. […]”.

Y para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo
de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i)
el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios. […]”.

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

5.3.1.5. La instancia adicional

Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho13:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de

13 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

5.3.2. Caso concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará los
motivos del reclamo traído ante el juez de tutela a la luz de cada uno de
los tres criterios que hacen parte de la relevancia constitucional, para
determinar si, en el presente caso, este requisito general de procedencia
está cumplido.

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales

Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, este criterio supone que el debate planteado en sede constitucional
gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental
y, en esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales el ciudadano considera que la sentencia atacada
los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone
el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o,
en otras palabras, si está siendo afectado el contenido de un derecho.

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En el asunto bajo examen, las demandantes indicaron que la sentencia
controvertida le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y “a la reparación integral”.

Del escrito de tutela se desprende que la inconformidad alegada radica en
dos distintos hechos: por una parte, respecto de la señora Rosa María
Pérez Acosta, en la valoración de los testimonios con los cuales
supuestamente se acreditó que el fallecido era el único proveedor del
hogar, para efectos de acceder al reconocimiento de perjuicios bajo la
modalidad de lucro cesante; y por la otra, en cuanto a la señora Milena
Patricia Pérez Hernández, y también como resultado de una particular
apreciación probatoria, en la declaratoria de falta de legitimación en la
causa por activa, con la cual se revocó el reconocimiento de los perjuicios
morales concedidos en primera instancia.

Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de cada uno de los derechos fundamentales invocados por la parte actora,
dado que, de advertirse la afectación prima facie de alguno de ellos en su
faceta constitucional, se desprendería que el asunto es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.

Sobre los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo
a la administración de justicia, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-103 de 2022, al estudiar el requisito de relevancia en
relación con estos derechos, explicó:

“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó
la Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en el cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración
algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso

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de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para
el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la
decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser
ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que “el acceso a la
justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la
circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia
de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas
procesales establecidas por el legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”.

113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En
la mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso del accionante en su faceta
constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente
económica, consistente en la inconformidad la actora con el laudo
arbitral emitido en su contra […]”. [Se destaca].

En un pronunciamiento anterior, esto es la sentencia SU-128 de 202114,
el alto tribunal constitucional, con fundamento en el fallo SU-573 de
201915, explicó lo siguiente frente al derecho fundamental al debido
proceso y el requisito de relevancia constitucional:

“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la sentencia SU-573 de 2019
esta corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la
parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido
proceso para entender acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional […]”.

Bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021,
SU-103 y SU-215 ambas de 2022, se tiene que no está acreditada la
exigencia de la relevancia constitucional cuando la parte actora se limita

14 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
M. P. Carlos Bernal Pulido.

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a invocar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso efectivo a la administración de justicia, sin justificar las razones
por las cuales estima que la sentencia atacada los afectó, sino que, en
criterio de la Corte Constitucional, “se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus
elementos”16, esto es, que el interesado alegue la vulneración de los
derechos al debido proceso o del acceso efectivo a la administración de
justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que
identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la sentencia
controvertida en la acción de tutela.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el «conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:
(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de
jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el
derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,

16 Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).

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desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso
o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es
efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución
la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo, y (vi) el derecho a la independencia
e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»17.

Ahora bien, es necesario señalar que, aun cuando la actora invocó “la
reparación integral”, no desarrolló argumentación alguna frente a ese
derecho que le permita a este juez constitucional evaluar si el escenario
planteado involucra en verdad vulneración o amenaza del núcleo esencial
de esa garantía constitucional. Al respecto baste recordar que, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, corresponde al actor
exponer las razones de vulneración de los derechos que alega, pues se
requiere un mínimo de fundamentación que habilite un examen de fondo
sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada.

De otra parte, si bien es cierto que la Corte Constitucional ha reconocido
que la reparación integral es un derecho fundamental susceptible de
amparo por medio de la acción de tutela18, es así mismo claro que de este
derecho y con esa precisa consecuencia solo son titulares las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario con ocasión del conflicto armado interno19, quienes, en todo
caso, deben desarrollar una mínima pero razonable carga argumentativa
al respecto. En este caso, a más de no cumplir adecuadamente esa carga,
la parte actora tampoco ostenta esa condición de víctima.

17
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
18
Sentencia C-753 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).
19
Ver entre otras las sentencias T-054 de 2017 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-344 de 2017
(M. P. Alejandro Linares Cantillo).

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Ahora bien, una vez revisado el expediente contentivo de la precedente
acción de reparación directa, se advierte que no existe, en principio,
vulneración o amenaza del núcleo esencial del derecho al debido
proceso, puesto que aquél se tramitó ante las autoridades judiciales
competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley, no se
pretermitió ninguna de las etapas procesales, las partes tuvieron la
oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el derecho de
contradicción y la publicidad de las actuaciones, y las providencias
proferidas en el curso del proceso se fundamentaron en derecho.

Otro tanto ocurre en lo atinente al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues pese a la decisión desfavorable que
afecta tanto a la madre del militar fallecido como a la alegada hermana
de crianza, las que desde el punto de vista procesal se adoptaron
válidamente en segunda instancia20, ambas obtuvieron dos decisiones
judiciales en sede ordinaria que atendieron todos los elementos que
constituyen el núcleo esencial del debido proceso constitucional. Situación
distinta es que las referidas demandantes estén en desacuerdo con el
criterio aplicado por el juez ordinario al momento de valorar las pruebas
sobre tales temas, y que, como consecuencia de ello, la providencia
atacada no contenga una decisión a su favor, frustrando así su
expectativa al respecto.

Así las cosas, en el presente caso el requisito de relevancia constitucional
no concurre, pues la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar
los motivos por los cuales la sentencia atacada afecta la faceta
constitucional de los derechos fundamentales invocados, puesto que no
identificó cuál de las garantías que componen el núcleo esencial resulta
amenazada por la providencia que controvierte, ni de lo expuesto se
advierte prima facie que, en este caso, la sentencia atacada comprometa

20
Teniendo en cuenta que el fallo de noviembre 6 de 2013 del Tribunal Administrativo de Antioquia
también fue apelado por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con la intención de que se
revocara en su totalidad, la autoridad judicial accionada quedó facultada para proferir sentencia
de segunda instancia sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil, razón por la cual bien podía analizar aquellos puntos que al no
haber sido objeto de decisión desfavorable por parte del juez de primera instancia, tampoco fueron
objeto del recurso de apelación.

21
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o involucre el contenido de estos derechos fundamentales, por lo que el
asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.

Por lo expuesto, el primer criterio de la relevancia constitucional, que
busca restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, lo que
implica, como la propia Corte Constitucional lo ha señalado, que la acción
de tutela conlleve un debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce
de un derecho fundamental, no concurre en ese caso, pues la actora se
limitó a invocar la vulneración de los derechos fundamentales sin explicar
las razones por las cuales el fallo atacado los vulneró, ni se advierte prima
facie la transgresión de estos derechos en su faceta constitucional, es
decir, en las garantías que componen el núcleo esencial de cada derecho.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad

Como se explicó en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el segundo criterio de la relevancia implica que “la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”21. En esa medida, la Corte ha señalado
que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la discusión se limita a la
mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y
deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” (…)”22.

Ahora, de manera semejante a lo observado en el punto anterior,
encuentra la Sala que la parte actora no propuso un debate que verse
sobre un asunto constitucional, pues los reparos que motivaron la

21 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
22 Ibidem.

22
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solicitud de amparo frente a los hechos debatidos se mantienen en el
plano de una discusión probatoria, lo que en tal medida lesionaría la
autonomía e independencia del juez natural 23. Y es que en efecto, la
discusión propuesta radica en determinar si se valoraron correctamente
los testimonios con los cuales supuestamente se acreditó que Carlos José
Pérez Acosta era el único proveedor del hogar, para efectos de acceder al
reconocimiento de perjuicios bajo la modalidad de lucro cesante en favor
de la señora Rosa María Pérez Acosta, o aquellos de los cuales dependía
acreditar la cercanía existente entre el referido occiso y la alegada
hermana de crianza Milena Patricia Pérez Hernández, así como la aflicción
que ésta habría padecido como resultado del fallecimiento de aquél,
temas frente a los cuales la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado concluyó que no existía demostración suficiete.

Al efecto, cabe rememorar las consideraciones vertidas en el fallo T–422
de 2018 de la Corte Constitucional24, en la que declaró improcedente una
acción de tutela por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez. Sobre la relevancia, en dicha oportunidad expuso:

“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta
Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia
constitucional. El actor considera que, con las providencias
demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, debido a que las autoridades judiciales
accionadas, a su juicio, no valoraron las pruebas del expediente que
daban cuenta que la experiencia acreditada por el señor (…) no tenía
la idoneidad que se requería para desempeñar el cargo en el que fue
nombrado en reemplazo del accionante.

36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con este
requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal, (ii)
que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia
adicional a las establecidas para casos como el presente, y que, por
tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o

23
“[…] Finalmente, en la demanda se solicitó condenar a la entidad demandada a pagar por concepto de lucro
cesante la suma de $114.790.992 a Rosa María Pérez Acosta, por la ayuda económica que Carlos José Pérez
Acosta le suministraba y que se presumía le suministraría durante toda su vida. […] Ahora bien, con relación
con la dependencia económica de los padres respecto de la víctima directa, esta Corporación en sentencia de
unificación estableció que la misma se fundamenta en la obligación de alimentos contenida en el artículo 411
del Código Civil, razón por la cual, la parte actora debe acreditar tanto la contribución económica como la
necesidad de recibir dicha ayuda. […] De conformidad con lo expuesto, no es posible reconocer ningún perjuicio
a título de lucro cesante, pues no se demostró el segundo de los requisitos que establece la jurisprudencia
para estos efectos, esto es, que para el momento de la muerte de Carlos José Pérez Acosta la madre fuera
beneficiaria de la obligación alimentaria porque no tenía los medios para procurarse su propia subsistencia,
bien porque estaba desempleada, enferma o sufría de alguna discapacidad. […]”.
24
Sentencia T–422 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

23
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amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental
del actor.

37.En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta por
(…) pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Juzgado (…) Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera consecuente supone que se dejen sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancia del mismo proceso,
teniendo en cuenta que en ninguna de dichas oportunidades procesales
fue otorgada, a su favor, la pretensión de nulidad del acto
administrativo que terminó su nombramiento provisional y el
restablecimiento del derecho con el reintegro solicitado. Como
fundamento de la acción, consideró que el juez y el tribunal no
valoraron, de manera adecuada, el material probatorio del expediente.

38.Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para desempeñar
un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y en general las
situaciones propias del derecho administrativo laboral, que deben ser
verificados en cada caso concreto, es de resorte exclusivo del juez de
lo contencioso administrativo, que no del juez constitucional. Esta Sala
advierte que el debate planteado por el actor no versa sobre la
presunta afectación o violación de derechos fundamentales, sino sobre
su discrepancia en relación con la verificación de la experiencia
acreditada por el señor (…), especialmente, con que se hubiere
nombrado a alguien en el cargo que este desempeñaba en
provisionalidad […]”. [Se destaca]

Así las cosas, se observa que, en relación con estos reclamos, el debate
planteado por la parte actora es ajeno al derecho constitucional, dado
que, se insiste, su inconformidad está relacionada con la valoración
probatoria que efectuó el juez ordinario de segunda instancia y de la cual
concluyó que debía revocar la condena en perjuicios por concepto de lucro
cesante en favor de la señora Rosa María Pérez Acosta y el reconocimiento
como hermana de crianza de Milena Patricia Pérez Hernández. De tal
manera que se trata de un debate que, como lo mencionó la Corte
Constitucional, es del resorte exclusivo del juez de lo contencioso
administrativo, pues no versa sobre la afectación o vulneración del
contenido de los derechos fundamentales que en este caso se invocaron.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces

El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir,
una vez más, asuntos ya dilucidados por el juez natural.

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Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada anteriormente, cabe destacar que, en el fallo C-590
de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente, es decir segura y en
condiciones de igualdad, de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”25. [Se destaca].

Ahora, también bajo este criterio, la Sala encuentra que los reclamos
relativos a la supuesta falta de legitimación por activa de la referida
hermana de crianza y a la dependencia económica existente entre madre
e hijo no tendría la requerida relevancia constitucional.

En efecto, en ambos casos es evidente que la tutela se usa como
mecanismo encaminado a abrir un debate ya clausurado, pues en efecto,
el juez de segunda instancia decidió válidamente sobre estos puntos, al
paso que según claramente se observa, las demandantes buscan
controvertir la particular apreciación probatoria realizada al respecto por
el juez ordinario accionado, y sus conclusiones.

En relación con este último aspecto, y bajo este criterio jurisprudencial,
se recuerda que en aquellos casos en los que el interesado controvierte a
través de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre
el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador
las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se

25 Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter
legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo
constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

Sobre el mismo tema, la Sala destaca también que el proceso judicial
debate sobre las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen
demandante y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta
precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos
excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades
oficiosas que tiene. Por lo tanto, cuando el juez decide precisamente sobre
la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de
las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades

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constitucionales y legales, y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a argumentar que
decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar
a las pruebas que aportó.

Por lo dicho, la Sala concluye que, no aparece acreditada la relevancia
constitucional de las glosas planteadas en sede de tutela, ni la relativa a
la falta de legitimación por activa de una de las demandantes en el
precedente proceso de reparación directa, ni la atinente a la negación del
lucro cesante pretendido por la madre del militar fallecido, pues, según
se aprecia, las inconformidades planteadas tienen que ver de manera
directa con la valoración probatoria realizada por el juez natural, por lo
que es notorio que simplemente se busca un nuevo análisis del caso
después de la decisión de fondo del juez competente. Así, al establecerse
la ausencia del requisito de relevancia constitucional, ello conduce a la
improcedencia de esta acción de tutela.

En esta medida, la Sala se abstendrá de analizar con detalle el eventual
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad,
pues, como es sabido, deben concurrir todos, de tal manera que la
ausencia de uno de ellos, para el caso la relavancia constitucional, hace
completamente inviable el estudio de fondo de la acción de amparo.

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5.4. Conclusión

Al constatar la ausencia del requisito general de relevancia constitucional,
la Sala confirmará la sentencia de 1º de julio de 2022, emitida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente esta acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de julio de 2022, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente esta acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Con aclaración de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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