RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02456-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02456-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02456-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de mayo de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, NEGAR la acción de tutela interpuesta por Juliana del Carmen Carvajal de Parales, Luz Mirella Parales Carvajal, Jhosef David Holguín Parales, Eunitze Esperanza Caro Parales, Ludvy Mallirdec Holguín Parales, Cesia Noemy Parales Carvajal, Aida del Carmen Parales Carvajal, José Luis Puerta Parales y Juan José Parales Puerta, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02456-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de noviembre de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Accionantes: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION TERCERA SUBSECCION C

Tesis: No incurre en defecto fáctico ni desconocimiento del
precedente jurisprudencial en torno a la responsabilidad
del Estado por hechos constitutivos de desplazamiento
forzado, la sentencia que negó las pretensiones de
indemnización por los perjuicios derivados de ese hecho,
tras concluir que los demandantes no acreditaron el
conocimiento de las entidades demandas sobre la posible
ocurrencia del hecho dañoso en el caso concreto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación1 interpuesta por la parte actora
en contra del fallo de 25 de mayo de 2022, dictado por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juliana del Carmen Carvajal de Parales y otros2 solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales “que resultan amenazados o vulnerados por
las situaciones de desplazamiento forzoso”3, a saber, el debido proceso,

1
El recurso de impugnación fue concedido mediante providencia de 11 de octubre de 2022. El proceso ingresó
para fallo al despacho de la Sección Primera encargado de su sustanciación el 26 de octubre del año en curso.
2
Luz Mirella Parales Carvajal, Jhosef David Holguín Parales, Eunitze Esperanza Caro Parales, Ludvy Mallirdec
Holguín Parales, Cesia Noemy Parales Carvajal, Aida del Carmen Parales Carvajal, José Luis Puerta Parales y
Juan José Parales Puerta.
3
Página 20 del escrito de tutela.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

el acceso a la administración de justicia, la igualdad, el derecho a la vida
en condiciones dignas, el escoger lugar de domicilio, el libre desarrollo de
la personalidad, la libertad de expresión y de asociación, la salud, la
integridad personal, la libertad de circulación por el territorio nacional, el
trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, la educación, la vivienda
digna, la paz y la personalidad jurídica4. Adujeron que tales garantías les
fueron vulneradas a raíz de la sentencia dictada el 31 de agosto de 2021
por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa que promovieron
los accionantes en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y
otros, con el que pretendían la indemnización por los perjuicios derivados
del secuestro de la señora Juliana del Carmen Carvajal y el posterior
desplazamiento forzado al que estuvieron sometidos por el accionar de
grupos al margen de la ley.

La parte actora afirmó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados
porque, en la sentencia de 31 de agosto de 2022, se incurrió en defecto
fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente. En cuanto a lo
primero, reprochó que el Tribunal exigió “una prueba de lo imposible para
demostrar el nexo causal”, al negar las pretensiones de la demanda bajo
el argumento de que los accionantes no solicitaron protección ni
informaron a las autoridades demandadas sobre la situación de riesgo.

Sobre el “defecto sustantivo por violación del precedente”, afirmó que el
tribunal accionado se apartó de la línea jurisprudencial derivada de la
sentencia SU-254 de 2013 pues a pesar de que reconoció la existencia
del daño, concluyó que no estaba probado el nexo causal por no existir
prueba que demostrara que los demandantes invocaron la protección de
las autoridades antes del 9 de diciembre de 2012 para evitar el secuestro.

A su juicio, con ello se ignoró que no era necesario demostrar que las
autoridades conocían los hechos de violencia que ocurrían en la región
pues, conforme la citada jurisprudencia, dicho conocimiento se presume.

4
Página 34 del escrito de tutela.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto de 2 de julio de 2022, el Magistrado sustanciador en
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la
tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vincular al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá, y a los entonces
Ministro de Defensa Nacional, Director del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social y Director de la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

2.2. El representante del Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar
las pretensiones de la tutela, tras referirse a las actuaciones surtidas en
el proceso de reparación directa y, con base en ello, afirmar que tanto los
operadores judiciales de primera como de segunda instancia garantizaron
los derechos fundamentales de los accionantes y emitieron sus
providencias con base en la Constitución, la Ley y los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia.

En ese sentido, relató que el juez de primera instancia se refirió a la
sentencia SU-254 de 2013 en el asunto y concluyó que dicha decisión no
era aplicable en casos de responsabilidad del Estado por omisión, pues
esta providencia se refirió a una reclamación formulada por varias
personas que aspiraban a obtener una reparación por vía administrativa.
Agregó que el Tribunal confirmó la decisión al evidenciar que no se
demostró ninguna de las condiciones en las que se estructura la falla en
el servicio respecto del desplazamiento forzado.

2.3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
manifestó que no ha vulnerado ninguno de los derechos alegados por la
accionante y que la acción de tutela no debe prosperar porque no cumple
con los requisitos generales necesarios para ello. Afirmó que el fundamento
de la supuesta vulneración a los derechos no fue alegado en el proceso
ordinario y, en todo caso, no se configuraron los defectos que se aducen
respecto de la sentencia de 31 de agosto de 2021, pues no se señalaron

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

cuáles fueron las pruebas supuestamente inobservadas por el juez
ordinario y lo que se pretende es surtir una tercera instancia respecto de
un asunto que hizo tránsito a cosa juzgada.

2.4. La magistrada ponente de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió negar el amparo
argumentando que no se configuró el desconocimiento del precedente
alegado, pues las sentencias invocadas por los accionantes no constituyen
precedentes frente al caso resuelto en el fallo censurado y éste guarda
plena coherencia con lo establecido en la sentencia SU-254 de 2013.
Igualmente puso de presente que en la providencia se analizaron los
elementos probatorios practicados, sin embargo, se determinó que la
demandante no logró demostrar ningún supuesto que configurara el nexo
causal de imputación frente a la parte demandada en el medio de control
de reparación directa.

2.5. La Juez Primera Administrativa Oral del Circuito de Bogotá se
opuso a la prosperidad de la tutela y afirmó que no se vulneraron los
derechos de la parte actora ya que la decisión censurada se fundamentó en
la valoración de las pruebas practicadas con garantía de los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Así, destacó que
el estudio del caso se realizó conforme a la tesis de responsabilidad del
Estado en casos de desplazamiento forzado bajo el régimen de
responsabilidad de falla en el servicio y que no se aportó ninguna prueba
que acreditara la solicitud de protección por parte de los accionantes por
los hechos respecto de los cuales pretendían la reparación.

2.6. La Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas
destacó que los hechos planteados en la tutela son exactamente los mismos
propuestos en la demanda de reparación directa y en el escrito de apelación
contra el fallo de primera instancia, los cuales ya fueron debatidos y
analizados en la jurisdicción ordinaria. También advirtió que en la tutela se
aludió a la sentencia SU-254 de 2013 desconociendo que ella se refiere al
derecho a la indemnización por vía administrativa, por lo que no resulta

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

pertinente respecto del proceso de reparación directa en el que se pretendía
acceder a una indemnización por orden judicial. Finalmente señaló que en
el proceso se valoraron la totalidad de las pruebas y que incluso se dio
aplicación al principio de buena fe en beneficio de los demandantes, de
manera que no existió la vulneración de los derechos alegados.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 25 de mayo de 2022, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente esta acción de
tutela al concluir que incumplió con el requisito de relevancia constitucional,
pues encontró que el objeto de la solicitud es reabrir un debate jurídico
procesal propio del proceso ordinario. Concretamente señaló:

“[…] 1.3 En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos encaminados a
determinar si para imputar responsabilidad al Estado por falla del servicio era necesario
probar la irregularidad en la que incurrió la entidad demandada y allegar prueba de
que con antelación al secuestro los demandantes habían solicitado protección; así
como si se incurrió en el presunto desconocimiento de la sentencia SU- 254 de 2013,
fueron debidamente analizados y resueltos en la providencia de 31 de agosto de 2021
que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
[…]

1.5 Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la
demanda de reparación directa y en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos
en las instancias pertinentes del proceso ordinario y se dirigieron de manera exclusiva
a que se endilgue responsabilidad al Estado por el secuestro y desplazamiento forzado
de que fueron víctimas los demandantes, sin que sea necesario la exigencia de prueba
acerca de las medidas de protección solicitadas previamente.

1.6 Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada
en la providencia objeto de tutela concluyó que no era procedente presumir la
responsabilidad del Estado por la sola configuración del secuestro y el desplazamiento
forzado, por lo que era importante que los demandantes acreditaran en qué omisiones
habían incurrido las autoridades demandadas y allegaran prueba de las denuncias o
solicitudes de protección que habían presentado ante la Fuerza Pública, por lo que se
advierte que se trata de un planteamiento que fue analizado y resuelto en la
providencia de instancia, sin que le sea dado al juez de tutela inmiscuirse en asuntos
que no son de su resorte, con el único fin de imponer su criterio frente al del juez
natural de la causa pues ello desconocería la finalidad de esta herramienta
constitucional así como los principios de independencia y autonomía judicial.

1.7 De igual manera, la Sala encuentra que el tribunal no pasó por alto las
consideraciones planteadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de
2013, en la que se fijaron lineamientos relacionados con la indemnización
administrativa y las medidas de reparación integral para las personas en situación de
desplazamiento forzado, por el contrario, el funcionario judicial, de acuerdo con las
condiciones particulares del caso y las pruebas allegadas al proceso, determinó que no
existía certeza de que el secuestro y el desplazamiento habían acontecido por una
acción u omisión de la Administración, por lo que no había lugar a endilgar
responsabilidad por falla del servicio.[…]”

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia aduciendo que la
acción de tutela sí tiene relevancia constitucional porque se trata de un
evento en el que el tribunal accionado, “con total desprecio del precedente
constitucional en los casos de desplazamientos forzados exigen prueba de
lo imposible, una denuncia o solicitud de protección de una persona que no
tenía amenaza alguna), contrariando la línea jurisprudencial brotada de la
sentencia SU–254 de 2013 […]”, de manera que, a su juicio, se trata de
cuestiones con una clara importancia constitucional como lo es el respeto
por el precedente y la seguridad jurídica.

En lo demás, insistieron y reiteraron íntegramente el planteamiento
propuesto en el escrito de tutela, según el cual el fallo de agosto 31 de
2021 se apartó de la línea jurisprudencial que indica que, en los casos de
desplazamiento forzado, se presume el daño antijurídico y la imputación
de éste al Estado, sin que sea necesario demostrar que previamente los
reclamantes habían solicitado la protección por parte del Estado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los accionantes formularon demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa,
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Unidad
Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral a las

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

Víctimas, con el fin de obtener el pago de los perjuicios derivados del
secuestro del que fue víctima la señora Juliana del Carmen Carvajal de
Parales cuando se encontraba en su finca ubicada en la vereda Los
Arrecifes, corregimiento de Santa Bárbara de Arauca (Arauca), y del
posterior desplazamiento forzado del que fueron víctimas sus familiares a
raíz de ese hecho, por el accionar de grupos al margen de la ley.

5.2.2. Mediante sentencia del 28 de agosto de 2020 el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda tras explicar que la configuración de la responsabilidad del
Estado frente al hecho del desplazamiento forzado debe ser analizada
bajo el régimen de responsabilidad de falla en el servicio, de manera que,
para que el Estado responda por el incumplimiento de obligaciones de
seguridad y protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos, debe
conocer previamente la situación particular de riesgo en que se encuentra
la persona porque ésta informó sobre amenazas directas recibidas, o
porque existe una generalizada situación de violencia. A ese respecto,
indicó que en el caso concreto no se probó́ que los demandantes hubieren
solicitado protección por los hechos de los que fueron víctima y concluyó
que no podía considerarse que para la época de los hechos la situación de
violencia que atravesaba la vereda Arrecifes en el municipio de Arauca
fuera generalizada y tampoco constituía un hecho notorio.

Así, advirtió que no se aportaron actas de consejos de seguridad,
recomendaciones o algún otro documento o referencia a partir del cual se
pudiera establecer que las autoridades accionadas tenían conocimiento de
la situación y no actuaron oportunamente. Adicionalmente, en respuesta
a un argumento específico de la demanda, relacionado con lo alegado en
la acción de tutela que aquí se examina, el a quo señaló:

“Finalmente, la demandante enuncia que en la sentencia SU 254 de 2013 que emitió la Corte
Constitucional se fijó el precedente relativo a la responsabilidad del Estado en los casos de
desplazamiento forzado por omisión en la obligación de prevenir los hechos. Al respecto es
necesario aclarar que en la sentencia citada se acumularon y estudiaron varias acciones de
tutela que interpusieron varias personas, algunas víctimas del conflicto, a efectos de obtener
la indemnización administrativa. Así, en la sentencia SU 254 de 2013, la Corte Constitucional
entre los asuntos estudiados está la responsabilidad del Estado por omisión en casos de
desplazamiento, aspecto que desarrolló con base en jurisprudencia que emitió el Consejo de

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

Estado, así mismo desarrolló el contenido de la Ley 1448 de 2011 relativo a las medidas de
reparación integral de las víctimas, ayuda humanitaria y otros asuntos.

Finalmente, la Corte Constitucional tuteló el derecho a la reparación de varias personas y
emitió diversas ordenes.

La decisión adoptada por la Corte Constitucional y mencionada en este caso por la actora no
es el precedente aplicable a casos de responsabilidad del Estado por omisión, en tanto que
este fue uno de los tópicos que se abordaron en la providencia, pero la decisión se dirigió a
emitir ordenes para obtener la reparación administrativa y otros beneficios.”5

5.2.3. Los actores presentaron recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia, alegando que se encontraba probado que las entidades
entonces demandadas omitieron adoptar las medidas de seguridad
necesarias para conjurar la acción de los grupos armados ilegales y que
se trataba de hechos de público conocimiento reconocidos en la sentencia
SU-254 de 2013. Así mismo, señalaron que, conforme a esa providencia,
el cumplimiento del rol de garante del Estado no está condicionado a la
solicitud de protección previa, por lo que reprocharon un desconocimiento
del precedente por parte de la sentencia de primera instancia.

5.2.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en sentencia del 31 de agosto de 2021, confirmó el
fallo recurrido al concluir que, si bien se probó el daño antijurídico
reclamado, no se acreditó el nexo causal entre éste y la acción u omisión
de alguna de las entidades demandadas, ya que no se evidenció la
configuración de ninguno de los supuestos que estructuran la falla en el
servicio respecto del desplazamiento forzado. Al respecto, se explicó:

“[…] En contraste con la realidad procesal del caso concreto, emerge probado que la
activa no satisfizo su carga procesal, contrastado que si bien encuentra probado el
daño antijurídico, no es menos cierto que no acredita supuesto a partir del cual,
configurar nexo causal con ninguna de las entidades accionadas, que posibilite su
imputación a las mismas.

Es así contrastado que, tratándose de pretensión indemnizatoria por los perjuicios
derivados del desplazamiento forzado, suscitado en marco del conflicto armado
interno, el título de imputación es el de falla del servicio, y en esta secuencia,
contrario a la tesis de la activa, aquí apelante, no es suficiente probar el daño
antijurídico, para derivar la obligación indemnizatoria del Estado, sino que es carga
procesal de la activa, probar la irregularidad en la que incurrió la entidad accionada,
y cuando se refuta como en el presente asunto, conducta omisiva en el deber de
protección y/o de contrarrestar la ocurrencia del evento dañoso, es carga procesal
de la activa, probar mínimamente, que con antelación a su ocurrencia, los
accionantes solicitaron su protección a las autoridades accionadas.

5
Páginas 37 y 38 de la sentencia de 28 de agosto de 2020.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

6.5.2.1.1- No encuentra probado que con anterioridad al 09 de diciembre de 2012,
asumiera como hecho notorio, la situación de amenaza generalizada, y aun cuando
se hubiera acreditado, no es suficiente para acreditar falla en el servicio. Contrastado
primeramente que, el informe de la Corporación Arco Iris, data de fecha posterior, y
que la sola ocurrencia del desplazamiento, o (sic) configura falla en el servicio, como
quiera que el incumplimiento o deficiente cumplimiento de los deberes funcionales,
se debe acreditar respecto de la situación particular y concreta del accionante, y
además, que el evento dañoso, no justifique en la relatividad de los deberes a cargo
del Estado.
[…]

6.5.2.1.3- Al efecto, es de destacar que, la prueba allegada por la activa encaminó
esencialmente a la acreditación del hecho victimizante del desplazamiento forzado,
pero en modo alguno a demostrar que las entidades accionadas incurrieron en
omisión determinante de sus deberes de previsión y protección. Es así que se
establece con certidumbre, que en razón al relato de los hechos victimizantes
reportados por la señora JULIANA DEL CÁRMEN CARVAJAL DE PARALES y su grupo
familiar, a saber, el desplazamiento forzado y secuestro, como producto del accionar
de los grupos ilegales en el Municipio de Arauca, se vieron obligados a desplazarse
para salvaguardar su vida, y en secuencia de ello, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, surtió su inclusión en el Registro Único
de Víctimas, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Sin embargo y reitera en ello, no se acreditó que alguna de las autoridades
accionadas, hubiera omitido, contrastado su ámbito funcional, repeler la actuación
de los actores armados ilegales, ni ejecutar actividades de inteligencia, patrullaje,
inspección, vigilancia, protección y demás. Por el contrario de la realidad probatoria
se observa que la Fuerza Pública en cabeza del Ejército Nacional, efectuaba
actividades de seguridad y mantenimiento del orden público en la zona. Además,
conforme se decantó en los hechos probados se evidenció que los demandantes no
efectuaron denuncia, ni solicitud de protección o patrullaje ante la Fuerza Pública
frente a los hechos causantes de su desplazamiento.

6.5.2.1.2- No es de recibo la tesis de la activa aquí apelante, conforme a la cual, de
la sola configuración del desplazamiento forzado, se presume la responsabilidad
extracontractual del Estado, advertido que los accionantes no gestionaron frente a
su situación particular denuncia de los hechos y requerimiento de medidas frente a
su situación, y tampoco probaron que alguna de las entidades públicas accionadas,
omitieron la adopción de medidas razonables para prevenir la violación de sus
Derechos Humanos; o que el victimario encontraba actuando bajo la dirección o
control de alguna de las mismas; o que ejercía elementos de su autoridad ante la
ausencia de aquellas; o que siendo infractor no estatal, ostentaba delegación de
funciones de alguna de las accionadas; o que crearon una situación objetiva de riesgo
y luego no desplegaron los deberes de salvamento que le eran exigibles; por
consiguiente, se adolece de premisa fáctica a partir de la cual, imputar a cualquiera
de las accionadas, el hecho del desplazamiento de los accionantes.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia. […]”.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el presente caso, en el escrito de tutela los actores afirmaron que la
sentencia de 31 de agosto de 2021 “violó nuestros derechos fundamentales,
al debido proceso sustancial en sus elementos del derecho a acceso a una
recta administración de justicia, tutela judicial efectiva, observancia de la
plenitud de las formas propias de cada proceso, juzgamiento conforme a la

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

ley preexistente al acto que se imputa, dignidad humana, no discriminación,
igualdad, y prevalencia del derecho sustancial, además de los reconocidos
en estos casos por la jurisprudencia constitucional brotada de la Sentencia
SU–254 de 2013”. Sobre esto último refirió que se violaron los derechos
fundamentales que, de acuerdo con la jurisprudencia, se ven amenazados
en situaciones de desplazamiento forzoso, tales como el derecho a la vida
en condiciones dignas, la dignidad humana, el escoger lugar de domicilio,
el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y de
asociación, la salud, la integridad personal, la libertad de circulación por
el territorio nacional, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio,
la educación, la vivienda digna, la paz y la personalidad jurídica.

El juez constitucional a quo declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que no cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional. Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, en su
escrito de impugnación, insistió en los cargos inicialmente formulados,
especialmente en que la sentencia acusada desconoció el precedente
judicial en materia de desplazamiento forzado, conforme al cual, a su juicio,
en esos casos se presume la responsabilidad del Estado sin que sea
necesario demostrar que las víctimas reclamaron protección previa.

Bajo el anterior contexto, la Sala analizará si en la solicitud de amparo
presentada se cumplen los requisitos generales fijados por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial el requisito de relevancia
constitucional, que fue el único analizado por el juez de primera instancia.

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

En ese orden de ideas, la Sala analizará entonces si se cumplen los
requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela formulada por la parte actora contra la
sentencia de agosto 31 de 2021, por medio del cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el
fallo de agosto 28 de 2020, por el cual el Juzgado Primero Administrativo
de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de reparación directa que
formularon contra la Nación – Ministerio de Defensa, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, Unidad Administrativa Especial
Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional en
controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad:

En primer lugar, es importante recordar que la parte actora reclamó la
responsabilidad del Estado derivada del secuestro del que fue víctima la
señora Juliana del Carmen Carvajal y del posterior desplazamiento
forzado del que fueron víctimas sus familiares a raíz de ese hecho, por el
accionar de grupos al margen de la ley en el marco del conflicto armado,
circunstancia esta última que se encuentra tipificada como crimen de lesa
humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional6, incorporado al
derecho interno mediante Ley 742 de 2002.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a
colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma
reiterada por la Corte Suprema de Justicia7, así:

6
“Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad.
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque:
[…]
d) Deportación o traslado forzoso de población;
[…]
2. A los efectos del párrafo 1:
[…]
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos
autorizados por el derecho internacional; […]”
7
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 32022.
Véase también sentencia de diciembre 3 de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de 13 de mayo
de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de 16 de diciembre de 2010, expediente 33039.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos de
infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos,
que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de
las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el
efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un
daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas,
religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la
representación a toda la humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza
del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación
del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a
otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad
misma de los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de
que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así
entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por
representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de
lo soportable para la humanidad y el ser humano”. (Subrayado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos
encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad, y
sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración
de ciertas garantías constitucionales. Particularmente, en el supuesto de
desplazamiento forzado, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que dicha situación ciertamente compromete los derechos a la vida en
condiciones dignas, a escoger el lugar de domicilio, al libre desarrollo de
la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, a la unidad
familiar, a la salud, a la integridad personal, a la libertad de circulación y
a permanecer en el sitio escogido para vivir, al trabajo y a la libertad de
escoger profesión u oficio, a la educación, la vivienda digna, a la paz, a la
personalidad jurídica y a la igualdad8.

En ese orden, la Sala considera que, en los eventos en los que se alegue
la posible violación de derechos fundamentales derivada de providencias
judiciales que decidieron procesos sobre hechos eventualmente
constitutivos de delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente
caso especialmente a propósito del desplazamiento forzado del que fueron
víctimas los accionantes tras el secuestro de una integrante del grupo
familiar, tales hechos merecen un análisis detallado por parte de los
jueces de tutela, puesto que es evidente su relevancia constitucional, al
tratarse de hechos relacionados con el conflicto armado que por años ha

8
Sentencia C-278 de 2007, en referencia a la sentencia T-025 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

padecido nuestro país, en el que han resultado afectados civiles en estado
de indefensión.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el presente caso aparece
cumplido el requisito de la relevancia constitucional, en tanto que lo que
se debate es la posible responsabilidad del Estado como consecuencia de
la ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos de
lesa humanidad, evento que sin duda podría comprometer derechos
fundamentales, por lo cual la controversia planteada no se reduce a una
discusión de mera legalidad, ni tiene un carácter puramente económico,
ni tampoco podría afirmarse que se pretende apenas emplear la tutela
como una instancia adicional a las del proceso ordinario.

Lo anterior, por cuanto debido a las complejas condiciones de seguridad
y afectación del orden público en las que por años ha vivido la sociedad
colombiana, se pueden desarrollar escenarios de graves violaciones de
derechos humanos, que desbordan los escenarios de la normalidad.

Por último es importante señalar que los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9 se
encuentran acreditados en el presente caso, en atención a que de los
hechos que dieron lugar al proceso ordinario antecedente y a los
argumentos planteados por las demandantes que se sustentaron en la
presente acción de tutela, se advierte el posible compromiso de los
derechos fundamentales que se afectan ante una situación de
desplazamiento forzado, tales como la vida en condiciones dignas, el libre
desarrollo de la personalidad, la integridad personal, la libertad de
locomoción, como consecuencia de la posible ocurrencia de delitos de lesa
humanidad. Así, y como se explicó supra, estos hechos merecen la
especial atención del juez constitucional, lo que habilita a la Sala para
proceder con el estudio de fondo del amparo solicitado por la parte actora.

9
Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron
sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),
postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio
de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-15- 2009-01328-01, a partir de la cual
se aceptó por este tribunal la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

5.3.2. Cuestión previa

Antes de entrar a examinar el caso concreto, la Sala considera
indispensable analizar cuáles deben ser los criterios que debe tener en
cuenta el juez al momento de adoptar decisiones en procesos en los que
se debate la responsabilidad del Estado por hechos relacionados con la
posible ocurrencia de delitos de lesa humanidad. De conformidad con lo
planteado de manera coincidente por la jurisprudencia tanto del Consejo
de Estado como de la Corte Constitucional, con el propósito de garantizar
los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado en
Colombia, deberá procederse así:

En primer lugar, y de manera general, es claro para la Sala que los jueces
cuentan con una amplia discrecionalidad para analizar los hechos puestos
en su conocimiento, así como para asignar valor a cada prueba obrante
en cada expediente en aplicación del principio de la autonomía e
independencia judicial10, lo que no implica que cuenten con una potestad
absoluta, en atención a que, en casos extremos, el ejercicio de dichas
potestades puede llegar a desbordar los límites que impone el
ordenamiento constitucional, incurriendo en un posible defecto fáctico
al momento de dictar sentencia.

Con base en lo anterior, no cabe duda de que la valoración de los hechos
relevantes y del material probatorio que realice el juez natural será
resultado de su apreciación libre y autónoma, conforme a las reglas de la
sana crítica, a partir de la cual, de la percepción derivada de dicha
apreciación global y razonada puede llegarse a conclusiones diversas,
atendiendo a los hechos y el contexto especifico de cada caso concreto.

En este contexto, bien pueden contemplarse conclusiones que, si bien
podrían no ser las únicas posibles, en nada resultarían caprichosas o
inverosímiles, sino, por el contrario, podrían estimarse como totalmente
plausibles y legítimas, más aún en los procesos judiciales en los cuales se

10
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

planteen hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad que se
enmarquen dentro del entorno del conflicto armado colombiano.

No obstante lo anterior, en ocasiones se pueden presentar situaciones en
la que el juez natural incurra en una indebida apreciación probatoria, la
cual se podría manifestar en una dimensión negativa y en una positiva,
“Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran
pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la
segunda se relaciona con situaciones omisivas en la valoración probatoria
que pueden resultar determinantes para el caso concreto, Esta omisión
debe caracterizarse por ser arbitraria, irracional y/o caprichosa”11.

En segundo lugar, y como premisa aplicable en cualquier escenario
judicial, la recta aplicación de los dictados de la sana crítica incluye la
posibilidad de variar, en vista de especiales y poderosas circunstancias,
la asignación de la carga de la prueba que según el conflicto planteado ha
sido fijada por la ley o la práctica judicial, posibilidad que de tiempo atrás
ha sido reconocida por la jurisprudencia12, y que en años recientes fue
incluso expresamente incorporada por el legislador13, así como la de
analizar y valorar con especial cuidado las posibles causas de la aparente
falencia probatoria de una de las partes, y su significado. Entre las razones
que con frecuencia llevan a plantear estas posibilidades está la sentida
necesidad de la sociedad de hacer viable la sanción, o de manera general,
el efecto reparatorio querido por las normas, frente a determinadas
situaciones y/o comportamientos que, de otra manera, en una
perspectiva probatoria más tradicional, quedarían sin consecuencias14.

Por todo lo anterior el juez constitucional deberá prestar especial atención
a la posible configuración del defecto fáctico o sustantivo en los eventos

11
Corte Constitucional sentencia SU-490 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
12
Cfr. entre las más recientes decisiones de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la
materia ver la sentencia de febrero 10 de 2021, exped. 68001-23-33-000-2013-00062-01(C. P.
Ramiro Pazos Guerrero) .
13
Ver en este sentido los incisos 2º y 3º del artículo 167 del Código General del Proceso (Ley 1564
de 2012), declarado exequible mediante sentencia C-086 de 2016 (M. P. Jorge Iván Palacio)
14
Cfr. en este sentido, entre otras, las sentencias T-044 de 2013 y SU-489 de 2016 (en ambas
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

que se vean involucrados delitos de lesa humanidad puesto que el análisis
de los hechos, las pruebas y normatividad aplicable merecen un estudio
detallado y específico por parte del juez ordinario.

5.3.3. Caso concreto

5.3.3.1. Una vez revisado el escrito de tutela se puede establecer que la
parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales porque el
fallo de 31 de agosto de 2021 concluyó que los demandantes incumplieron
la carga de demostrar el nexo de causalidad entre el daño reclamado y la
conducta posiblemente omisiva de las entidades demandadas, lo que llevó
a declarar inexistencia de responsabilidad por falla en el servicio. Se alega
entonces que el fallo censurado incurrió en defecto fáctico y desconoció
el precedente en materia de las obligaciones del Estado colombiano
derivadas de los hechos constitutivos de desplazamiento forzado, porque,
por un lado, “el Tribunal pidió prueba de lo imposible para demostrar el
nexo causal” y por otro, “se apartó completamente de la línea
jurisprudencial constitucional brotada de la Sentencia SU–254 de 2013”15
según la cual no se necesitaba probar que las autoridades conocían los
hechos de violencia en la región que habitaban, pues dicha circunstancia
se presume y hace responsable al Estado por el drama humanitario
derivado del accionar de los grupos armados al margen de la ley.

Se advierte entonces que los dos defectos propuestos en la acción de
tutela se estructuran a partir de la discrepancia en torno al alcance de la
obligación probatoria que, según los accionantes, conforme a la sentencia
SU-254 de 2013, les correspondía cumplir con el fin de que se tuvieran
por acreditados los elementos estructurantes de la responsabilidad
extracontractual del Estado por el desplazamiento forzado de que fueron
víctimas luego del secuestro de una integrante del grupo familiar.

En efecto, mientras que en la sentencia acusada se determinó que los
actores tenían la carga de probar mínimamente que solicitaron la

15
Página 18 del escrito de tutela.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

protección de las autoridades accionadas antes de que ocurriera el hecho
dañoso del desplazamiento, bajo el supuesto de que la falla en el servicio,
por inactividad determinante o cumplimiento defectuoso de las
obligaciones constitucionales y legales se debe acreditar respecto de la
situación particular y concreta del accionante, la parte actora adujo que
en aplicación de las reglas contenidas en la sentencia SU-254 de 2013, el
Tribunal debió tener por demostrada la responsabilidad del Estado sin que
les fuera exigible a ellos prueba alguna de que formularon una petición
de protección.

Así las cosas, en orden a dirimir la controversia planteada en la acción de
tutela, resulta necesario evaluar la regla decantada en el fallo SU-254 de
2013, con el fin de determinar si le asiste razón a los accionantes en
cuanto a su interpretación sobre el alcance de su obligación probatoria en
el proceso ordinario y, consecuencialmente, en el alegato sobre el
desconocimiento del precedente en la sentencia de 31 de agosto de 2021.

5.3.3.2. A este respecto, la Corte Constitucional16, al referirse al
desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es
el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que
debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado
deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”,
y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario
para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que
se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con
el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos
del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean
un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.
De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar
similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la
normatividad utilizada para resolver los casos […]”.

16
Sentencia T-1033 de 2012 (M. P. Mauricio González Cuervo).

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la
nueva providencia pretende resolver un idéntico problema, desde la
perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a
considerar y unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente
connotados. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben
cumplirse para que se ataque en sede de tutela la nueva decisión por
desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el
problema jurídico que resolvió el fallo cuestionado para compararlo con el
problema jurídico resuelto por el alegado precedente, determinando
consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.

Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone
que la providencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y con
los hechos. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la
decisión analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la
providencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de
manera razonable y suficiente justificando tal posición, pues tal proceder
cabe dentro del ámbito de autonomía funcional del juez.

5.3.3.3. A la luz de estas consideraciones, lo primero que la Sala advierte
respecto de la sentencia SU-254 de 2013 que se alega desconocida, es
que no puede considerarse como precedente judicial aplicable respecto
del asunto decidido en la sentencia de 31 de agosto de 2021, pues no
existe identidad fáctica y jurídica entre uno y otro asunto.

En efecto, el planteamiento propuesto parte de comparar la decisión
dictada al término de un conjunto de acciones de tutela que fueron
acumuladas, con la emitida en el marco del control de reparación directa.
Sin embargo, es claro que uno y otro proceso tienen propósitos bien
diferentes y, como consecuencia de ello, abordan problemas jurídicos
distintos. Así, se tiene que el objeto de la primera consiste en la protección
de derechos fundamentales, mientras que la segunda apunta a la
imputación de responsabilidad extracontractual al Estado.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

5.3.3.4. Además de lo anterior, es del caso resaltar que, tal como se
señaló en la sentencia dictada en primera instancia en el proceso de
reparación directa, la providencia que se invoca no es pertinente en la
medida en que en la SU-254 de 2013 se resolvieron varias acciones de
tutela con las cuales se pretendía que, en el escenario de solicitudes de
indemnización por vía administrativa elevadas ante el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, se le concediera a los entonces
accionantes la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados
por el desplazamiento forzado, pues dicha entidad había negado tal
reconocimiento. En esa oportunidad la Corte Constitucional decidió
unificar su postura en consideración a las distintas consecuencias jurídicas
que los jueces de tutela habían asignado a los mismos supuestos de hecho
en materia de reparación integral e indemnización administrativa a
víctimas del desplazamiento forzado, e identificó el problema jurídico a
resolver en los siguientes términos:

“El problema jurídico que debe resolver esta Sala, es si en los casos de tutela
que se examinan, se presenta vulneración del derecho a la indemnización
administrativa y a la reparación integral de los accionantes, por parte de la
antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
-Acción Social-, hoy transformada en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, de conformidad con la Constitución Política de 1991, los
estándares mínimos de derecho internacional en materia de reparación a
víctimas, y el nuevo marco jurídico e institucional creado por la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800 de 2011”.

Al respecto, la Corte señaló que el daño que ocasiona el
desplazamiento forzado es un hecho notorio, el cual tiene una
dimensión moral y material y representa una vulneración masiva,
sistemática y continua de los derechos fundamentales de las personas
víctimas del delito de desplazamiento. Seguidamente, para resolver el
problema jurídico enunciado, absolvió cuestionamientos de índole
procesal, como la cuestión relativa a la procedencia de la acción de tutela
con el fin de lograr la indemnización pretendida, y se pronunció sobre
aspectos sustanciales relacionados con el nuevo marco legal y
reglamentario aplicable en materia de protección efectiva del derecho a
la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

Sobre esto último, a manera de antecedente, la Corte Constitucional se
refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación
integral a víctimas del desplazamiento forzado en el marco de procesos
contencioso-administrativos. Reconoció que (para ese momento) esta
corporación había sostenido que al Estado le es imputable responsabilidad
ante hechos de desplazamiento forzado bien sea por acción o por omisión,
bajo los títulos de falla del servicio o de riesgo excepcional. Recordó que
en el primero de los casos, “el daño se produce por la omisión del Estado
en la prestación de los servicios de protección y vigilancia a su cargo, al
no utilizar todos los medios que tiene a su alcance para repeler, evitar o
atenuar el hecho dañoso, cuando ha tenido conocimiento previo de
la posible ocurrencia del acontecimiento, previsibilidad que se
constituye en el aspecto más importante dentro de este título de
imputación, pues no es la previsión de todos los posibles hechos,
los que configuran la omisión y el consecuente deber de reparar,
sino las situaciones individuales de cada caso que no dejen
margen para la duda y que sobrepasen la situación de violencia
ordinaria”. (Negrillas fuera del texto original).

Además, la Corte Constitucional destacó la postura de este tribunal según
la cual la responsabilidad del Estado se produce cuando éste ha tenido
conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho dañoso, “en cuyo
caso se requiere que exista un requerimiento previo a la autoridad
correspondiente, requerimiento que sin embargo, no exige
ninguna formalidad, ya que todo depende de las circunstancias
particulares de cada caso, y aún más, en algunos casos ni siquiera
es necesaria, como cuando la situación de amenaza es conocida
por la autoridad”. (Negrillas fuera del texto original).

Finalmente, luego de referirse al marco jurídico institucional en materia
de la reparación integral a víctimas, de conformidad con la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios, y de enunciar algunas conclusiones

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

respecto del derecho a la reparación integral de las víctimas de
desplazamiento forzado, la Corte concluyó que la entidad demandada sí
había vulnerado el derecho a la reparación integral y a la indemnización
de los actores, al haber negado tal reconocimiento invocando argumentos
como que ya se había concedido ayuda humanitaria de emergencia, o que
dicha entidad no era responsable de la reparación a las víctimas.

Así las cosas, del recuento expuesto emerge con claridad que, si bien la
SU-254 de 2013 consignó importantes planteamientos a manera de
doctrina constitucional en el tema de los derechos comprometidos en
situaciones de desplazamiento forzado, lo cierto es que esa providencia
no constituye un precedente respecto del asunto examinado en la
sentencia de 31 de agosto de 2021, al haber sido proferida en el marco
de la acción de tutela que evalúa la vulneración de derechos
fundamentales, además a propósito de un aspecto que, si bien guarda
relación con el aquí analizado, es ciertamente diferente, al referirse a las
indemnizaciones que pueden ordenarse en sede de tutela. Mientras tanto,
y como ya se señaló, la decisión atacada se adoptó en el marco de un
medio de control contencioso administrativo en el que se persigue la
indemnización de perjuicios ocasionados por el desplazamiento forzado,
sujeto entonces a la demostración de las condiciones necesarias para la
configuración de responsabilidad extracontractual del Estado.

5.3.3.5. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la revisión de la decisión
adoptada en la sentencia de 31 de agosto de 2021 pone de presente para
la Sala que tal caso se siguió una línea argumentativa que incorpora, en
lo pertinente, los postulados decantados en la SU-254 de 2013.

En efecto, el aspecto relativo a la obligatoriedad de la sentencia SU-254
de 2013 fue planteado tanto en la demanda ordinaria como en el recurso
de apelación formulado en contra de la sentencia de primera instancia
dictada en el proceso de reparación directa, de manera que el Tribunal
accionado se refirió explícitamente a ese reproche en el fallo censurado.

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

En particular, en su apelación, los demandantes recriminaron que el
juzgado de primera instancia hubiere concluido que, al no haberse
probado que los demandantes solicitaron protección por parte del Estado
y teniendo en cuenta que la situación de violencia en la zona no era un
hecho notorio, no se demostró el nexo causal que hiciera posible la
imputación del daño reclamado a la omisión de alguna de las entidades
demandadas. Así, en el recurso se afirmó que el juez de primera instancia
ignoró “que la situación de orden público de la zona era notoria, y [que
se] trataba de hechos de público conocimiento reconocidos en la sentencia
SU-254 de 2013, de la Corte Constitucional, en contexto de la cual, para
el cumplimiento del rol de garantes, que tenían las accionadas, no
condicionaba que mediara solicitud previa”17.

Esta cuestión constituyó el eje del problema jurídico planteado en la
sentencia de 31 de agosto de 2021 censurada, en los siguientes términos:

¿En medio de control de reparación directa por los perjuicios derivados de
desplazamiento forzado, se presume la responsabilidad extracontractual del
Estado, en razón a sus deberes de garantizar la seguridad pública y los
derechos de los ciudadanos, o para derivar su obligación indemnizatoria, es
presupuesto que, con antelación al evento dañoso, los accionantes hayan
solicitado protección a las autoridades accionadas, o este requerimiento
releva cuando la situación de amenaza, asume como hecho notorio?

A este respecto la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, concluyó:

[…] es tesis de la Sala, que tratándose de pretensión indemnizatoria por los
perjuicios derivados del desplazamiento forzado u otro hecho victimizante,
suscitado en marco del conflicto armado interno, el título de imputación es el de
falla del servicio, y en esta secuencia, contrario a la tesis de la activa, aquí
apelante, no es suficiente probar el daño antijurídico, para derivar la obligación
indemnizatoria del Estado, sino que es carga procesal de la activa, probar la
irregularidad en la que incurrió la entidad accionada, y cuando se refuta como en
el presente asunto, conducta omisiva en el deber de protección y/o de
contrarrestar la ocurrencia del evento dañoso, es carga procesal de la activa,
probar mínimamente, que con antelación a su ocurrencia, los accionantes
solicitaron su protección a las autoridades accionadas, y tampoco asume
suficiente, que la situación de amenaza generalizada, asuma como hecho notorio,
por cuanto la falla en el servicio, se debe acreditar respecto de la situación
particular y concreta del accionante, y además, que el evento dañoso, no
justifique en la relatividad de los deberes a cargo del Estado; como quiera que
en cada caso en concreto, resulta plausible valorar los instrumentos de
prevención utilizados por el Estado, la calidad de la respuesta y de su reacción

17
Página 6 de la sentencia de 31 de agosto de 2021.

22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

ante la conducta violatoria de los derechos del accionante; y condiciona que
emerja probado el incumplimiento a modo de inactividad determinante, o
cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales, en virtud
de las cuales, le es exigible preservar los derechos de toda persona a no ser
desplazado, desarraigado y despojado de sus bienes como consecuencia del
conflicto armado interno, o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos
o, del derecho internacional humanitario, en esquema que exige, evaluar el
contenido de las obligaciones, deberes normativos o positivos fijadas por el
ordenamiento jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública
llamado a cumplirlas y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso específico.

En contraste con la realidad procesal del caso concreto, emerge probado que la
activa no satisfizo su carga procesal, contrastado que si bien encuentra
probado el daño antijurídico, no es menos cierto que no acredita
supuesto a partir del cual, configurar nexo causal con ninguna de las
entidades accionadas, que posibilite su imputación a las mismas, y
destaca que en doctrina del órgano de cierre de esta jurisdicción, la
estructuración de falla en el servicio respecto del desplazamiento
forzado, exige que procesalmente encuentre probado, respecto del
Estado a través de la entidad pública accionada, que omitió la adopción
de medidas razonables para prevenir la violación de los Derechos
Humanos; o que el victimario encontraba actuando bajo la dirección o control
de un ente de Estado; o que ejercía elementos de autoridad gubernamental ante
la ausencia de autoridades oficiales; o que su conducta fue adoptada de manera
subsecuente por el Estado; o que su conducta es la de un movimiento alzado en
armas que tras triunfar militarmente se convierte en el nuevo gobierno de un
Estado; o que siendo infractor no estatal, ostentaba delegación de funciones
estales ; o que la entidad pública, creó una situación objetiva de riesgo y luego
no despliega los deberes de salvamento que le son exigibles. […]”18. Negrilla fuera
del texto original.

Así las cosas, la Sala encuentra que, en línea con la sentencia SU-254 de
2013, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca tuvo por demostrado el daño que se produce a partir
de una situación de desplazamiento forzado, aspecto que fue reconocido
por la Corte Constitucional como hecho notorio.

Del mismo modo, en consonancia con los precedentes de esta corporación
citados en la sentencia SU-254 de 2013, el tribunal accionado reconoció
que para que se estructurara la responsabilidad extracontractual del
Estado reclamada era necesaria la demostración del conocimiento previo
de la entidad demandada de la posible ocurrencia del acontecimiento, en
el caso concreto examinado, pues la omisión y el consecuente deber de
reparar emerge a partir de la valoración de los instrumentos de
prevención utilizados por el Estado, la calidad de la respuesta y de su
reacción en la situación individual examinada.

18
Páginas 12 y 13 de la sentencia de 31 de agosto de 2021.

23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

5.3.3.6. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la sentencia
cuestionada no incurrió en los defectos que se le endilgan, en tanto no le
asiste razón a los accionantes en su interpretación sobre el alcance de su
obligación probatoria en el proceso de reparación directa en el que
pretendían la indemnización por desplazamiento forzado y,
consecuencialmente, en el alegato sobre el desconocimiento del
precedente y defecto fáctico en la sentencia de 31 de agosto de 2021.

5.3.3.6. Finalmente, la Sala advierte que en el escrito de tutela se
mencionó la sentencia dictada por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 8 de junio de 2021 (exp. 36221), para señalar
que el precedente ha reconocido el derecho a la reparación integral, con
fundamento también con los principios de solidaridad, equidad e igualdad,
por los efectos nocivos de una actuación omisiva del Estado. Sin embargo,
lo cierto es que dicha providencia tampoco constituye un precedente
relevante de cara al asunto resuelto en la sentencia de 31 de agosto de
2021 censurada, en tanto en aquella se resolvió un problema jurídico que
no guarda coincidencia fáctica con el examinado en estas última, el cual
fue enunciado en los siguientes términos: “corresponde a la Sala
determinar si se configuró falla en el servicio por incumplimiento en el
deber de seguridad y protección ante la detonación de un artefacto
explosivo en el municipio de Apartadó, Antioquia”.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 25
de mayo de 2022, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela, al
advertir que esta sí cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, para en su lugar negar el amparo de los derechos
invocados, al no evidenciarse la configuración de los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02456-01
Demandante: JULIANA DEL CARMEN CARVAJAL DE PARALES Y OTROS

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 25 de mayo de 2022, dictada por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
NEGAR la acción de tutela interpuesta por Juliana del Carmen Carvajal
de Parales, Luz Mirella Parales Carvajal, Jhosef David Holguín Parales,
Eunitze Esperanza Caro Parales, Ludvy Mallirdec Holguín Parales, Cesia
Noemy Parales Carvajal, Aida del Carmen Parales Carvajal, José Luis
Puerta Parales y Juan José Parales Puerta, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.