Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02457-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02457-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02457-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-00
Accionante: MANUEL ALEJANDRO BALLESTERO PETRO y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
niega el amparo deprecado – la autoridad judicial no incurrió en los
defectos denunciados
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los ciudadanos Manuel Alejandro Ballestas Petro, Marza Eugenia Petro
Pineda, Juan Gabriel Ballestas Petro, Gabriel Alejandro Ballestas Petro, Okia
Carolina Ballestas Petro y Manuel Salvador Ballestas Petro presentaron acción
de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales «al debido
proceso, dignidad humana, acceso a la administración de justicia e igualdad», cuya
vulneración le atribuyeron a la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso
de reparación directa con radicación número 23001-23-31-000-2008-00262-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestaron que el 31 de agosto de 2007 en las instalaciones de la alcaldía del
municipio de Cotorra el subintendente de la Policía Nacional, Enaldo Anaya
Martínez, «estando en servicio como escolta del señor alcalde municipal, vistiendo
su uniforme de trabajo y con su arma de dotación oficial, causó la muerte de nuestro
padre Manuel Salvador Ballestas Galeano (Q.E.P.D.) tras un disparo que impactó
sobre su integridad ocasionándole la muerte inmediata por shock hemorrágico».
2.2. Señalaron que, con ocasión a lo anterior, presentaron demanda de reparación
directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
Nacional, para que les fueron reparados los daños padecidos por la muerte de su
ser querido.
2.3. Indicaron que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Córdoba, autoridad judicial que, mediante sentencia de 8 de
noviembre de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.4. Relataron que, en contra la decisión anterior, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a través de la
sentencia de 18 de febrero de 2022, en la que se revocó el fallo de primera instancia
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
2.5. Manifestaron que la decisión judicial referida incurrió en un defecto fáctico y en
un desconocimiento del precedente.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Primera: Que se tutelen nuestros derechos iusfundamentales que
fueren vulnerados, entre ellos acceso a la administración de Justicia y
prevalencia del derecho sustancial (arts. 228 y 229 Const. Pol.), igualdad
(art. 13 ídem) y debido proceso (art. 29 ejusdem), en armonía con el derecho
a una reparación integral (art. 90 Const. Pol.), en favor de Marza Eugenia
Petro Pineda, Manuel Alejandro, Juan Gabriel, Gabriel Alejandro, Okia
Carolina y Manuel Salvador Ballestas Petro, desconocidos en el proceso de
Reparación Directa expediente 23001-23-31-000-2008-00262-01 (49470),
por causa de la decisión judicial adoptada irregularmente por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado contenida en su providencia
del día 18 de febrero de 2022, que revocó la sentencia estimatoria de
primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.
Segunda: Que, como consecuencia del amparo instado, se deje sin valor y
efecto por incompatibilidad con la Constitución Política y por ser
transgresora del Precedente Judicial (y, en consecuencia carente de efectos
jurídicos), la sentencia expedida por la Sala Accionada en fecha 18 febrero
de 2022, que revocó la decisión estimatoria de primera instancia y en su
lugar negó las pretensiones de la demanda, que otrora fuera emitida en
derecho por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Departamento de Córdoba dentro del proceso de Reparación Directa
radicado 23001-23-31-000-2008-00262-01 (49470).
Tercera: Que se ordene la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado que expida una nueva decisión dando prioridad al caso y emitiendo
el fallo dentro de un término perentorio de un (1) mes calendario, teniendo
en cuenta el precedente vinculante y el más alto estándar de garantías pro
homine y pro actioni, además del postulado iura novit curia, tal cual lo ha
dicho la propia Corporación (C.E. Exp. 25000-23-26-000-1998-02034-
01(21986)
Cuarta: Que en el supuesto caso que la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado mantenga su conducta impropia y se oponga a esta
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
tutela, la Honorable Sala Constitucional que conozca del presente Amparo
Tutelar, emita la sentencia definitiva dentro del expediente No. 23001-23-31-
000-2008-00262-01 (49470), a fin de precaver una eventual predisposición
a nuestra causa. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Esta Sección, a través del consejero a cargo de la sustanciación del proceso y
mediante auto de 5 de mayo de 2022, admitió la acción de tutela de la referencia en
contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
5. En la misma providencia, se vincularon como terceros con interés directo en los
resultados del proceso «a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y al señor Enaldo Anaya Martínez». Igualmente, se solicitó remitir el
expediente contentivo del medio de control en calidad de préstamo.
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se produjo la siguiente intervención:
6.1. La Policía Nacional, a través del jefe del área jurídica de la entidad, solicitó que
se declare improcedente la presente acción de tutela porque no es cierto que se
encontrara acreditado el defecto denunciado por el accionante. Al respecto señaló:
[…] [E]s claro el ad quem en sustentar que de acuerdo a las exculpaciones
versadas en sede de apelación como la presentación de las alegaciones finales
por parte de la Policía Nacional, se planteó la evidente configuración de una
concurrencia de culpas entorno [sic] a los hechos ocurridos y una de ellas fue
contundente para que el honorable Tribunal colegiado, acogiera positivamente
mentados planteamientos, declarando en su providencia la clara existencia de
la culpa personal del agente, de acuerdo a las consideraciones obrantes
contexto de la Litis.
Es evidente entonces, que en el sub examine se da la figura del hecho personal
del agente, por cuanto el señor Subintendente Enaldo Anaya Martínez fue
quien a título meramente personal, sin vínculo alguno con la prestación del
servicio, disparó injustificadamente contra la humanidad del señor Manuel
Salvador Ballestas Galeano, y una vez valorados mentados sucesos permiten
a esta Oficina Asesora, sin dubitación alguna, inferir la falta de vínculo en el
servicio conforme a las pruebas allegadas y practicadas tanto en el proceso
penal como disciplinario […].
6.2. Igualmente, adujo que la acción de tutela no cumplía con el requisito de
subsidiariedad y que, además, no se encontraba acreditado la configuración de un
perjuicio irremediable.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo
de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de
20173.
VI.2. Problemas jurídicos
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del proceso de reparación directa con radicación número 68001-33-33-003-
2013-00272-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por el
extremo accionante, al incurrir presuntamente en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente.
9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución6.
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. Los ciudadanos Manuel Alejandro Ballestas Petro, Marza Eugenia Petro
Pineda, Juan Gabriel Ballestas Petro, Gabriel Alejandro Ballestas Petro, Okia
Carolina Ballestas Petro y Manuel Salvador Ballestas Petro presentaron acción
de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales «al debido
proceso, dignidad humana, acceso a la administración de justicia e igualdad», cuya
vulneración le atribuyeron a la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por la
5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso
de reparación directa con radicación número 23001-23-31-000-2008-00262-01.
VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
18. La Sala encuentra que en la acción de tutela de la referencia se cumplen los
requisitos generales de procedencia, en razón a que: i) la solicitud de amparo tiene
relevancia constitucional porque se invoca la vulneración de un derecho de orden
fundamental como es el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la
igualdad, la dignidad humana y, además, se encuentra satisfecho el requisito de
carga argumentativa respecto de los defectos enunciados; ii) la parte accionante no
tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con la decisión proferida en segunda instancia por la Subsección
accionada; iii) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; iv) la
providencia objeto de amparo fue notificada el 10 de marzo de 2022, mientras que
la acción de tutela se presentó el 3 de mayo de 2022, lo que significa que el
mecanismo fue interpuesto dentro de un término razonable; v) no se alega la
existencia de una irregularidad procesal, por lo que no resulta necesario efectuar un
análisis al respecto, y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia
dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.
VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
19. Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la
presunta vulneración del derecho constitucional fundamental invocado por el
apoderado judicial de la accionante, la Sala pasa a estudiar si en sub examine se
configura el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente, los cuales se
analizarán conjuntamente por la relación intrínseca se subsiste entre ambos.
VI.4.2.1. Caracterización del defecto fáctico
20. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba
allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura cuando la
autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
VI.4.2.2. Caracterización del precedente jurisprudencial
21. Se tiene que la jurisprudencia8 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.
22. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador
judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción.
23. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.
24. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida por
la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical fijado por la
jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que
la providencia adolece de un defecto sustantivo9.
25. La
jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de
antecedente y precedente, así10:
[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen
un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en
8
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
9
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
10
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]11”.
(…)
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso […]12. (destacado de la Sala)
VI.4.2.3. Solución del caso concreto
26. Descendiendo al caso sub judice, se advierte que la parte actora considera que
la decisión del juez contencioso incurrió en un defecto fáctico porque: «1) valoró
en forma defectuosa las pruebas que militan en el infolio y le dio todo el valor a la
versión del subintendente Enaldo Anaya Martínez, y 2) no valoró y analizó las
pruebas en su conjunto pues se soslayaron las declaraciones de Diana Stela
Durango Espitia, Jadith J. de Hoyos Guzmán, Carmen Lina Ballesta Petro y Luis
Enrique Díaz Berrocal alias el “Kuki”, las únicas personas que estuvieron presente
en el lugar de los hechos, es decir, testigos directos».
27. Como fundamento de lo anterior puso de relieve lo siguiente:
[…] [L]a Accionada, pese a que al tener por demostrados los
presupuestos estructurales de la Acción de Reparación Directa por
“riesgo excepcional” revisó la mayoría de las pruebas, lo cierto es que
cuando concluyó que existía una causa ajena por “culpa del agente” solo
estudio la versión del policial Anaya Martínez, que rindió ante la Fiscalía
23 Seccional de Lorica Córdoba el día 01/09/2007 (folios 99 al 104
cuaderno Penal) cuando se le practicó la indagatoria, y ante el Grupo
Control Disciplinario de la Policía Nacional (folios 107 al 110 del cuaderno
disciplinario) cuando rindió versión libre.
Es así como todo el andamiaje argumentativo de la referida Sala se centró
en lo que dijo Anaya Martínez en su defensa y parcialmente en lo que
concluyeron las autoridades Disciplinarias y Penales al estudiar el caso
en cada sede. Respecto de la indagatoria y la declaración del procesado
en proceso disciplinario, como pruebas válidas en precisos casos,
debemos precisar que las reglas de la experiencia nos dicen que las
afirmaciones de los inculpados de un hecho dañoso se deben tomar con
precaución, pues en la defensa de sus intereses siempre trataran de
hacerse ver como inocentes, por obvias razones de no autoincriminación.
Así fue en este caso donde el referido subintendente trató y logró
mostrarse como una persona que cometió un hecho influenciado por la
víctima, al punto que se le practicó un examen psicológico, y por ello
solamente fue hallado responsable de homicidio culposo, además de
cometer faltas disciplinarias menores.
Dejó de lado la Sala Accionada que la versión de Enaldo Anaya Martínez
la hizo para su propia defensa y en ese propósito se valió de mentiras
como aquella que la víctima le pidió que sacara su arma de dotación. No
puede olvidarse que indagatoria se hace sin juramento y en ella el interesado
puede decir todo lo que le plazca para ganar su causa, luego es una prueba
11
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
12
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
que, si bien puede acogerse, la verdad es que sólo goza de valor probatorio en
ciertas circunstancias, en especial cuando se aprecia conjuntamente con otras
pruebas. Por lo anterior la Sala Demandada debió ser más cuidadosa al acoger
aquellas afirmaciones espurias, para confrontarla con las otras pruebas que
válidamente se practicaron e incorporaron al expediente, ente ellas los
testimonios trasladados, el dictamen de medicina legal, la resolución de
acusación proferida por la referida Fiscalía (en su integridad, no por partes), los
oficios expedidos por las diferentes Autoridades Policiales en las instancias, los
documentos adosados como minutas de la estación de Policía Cotorra, el
informe de policía No. 0999 del 03/09/2007, el informe de policía No. 1.001 del
05/08/2007 y el acta de levantamiento del cadáver.
Y a pesar de que el decisor a-quem dijo que apreciaría las pruebas en su
conjunto, no lo hizo, pues sólo echó mano del dicho del uniformado para
concluir que existió “culpa personal del agente” y nada dijo de la decenas
de pruebas que indicaban otra cosa, esto es, que Manuel Salvador
Ballestas Galeano (Q.E.P.D.) nunca le pidió al policial que sacara ese
revolver oxidado y mucho menos que este se halla resbalado y tratara de
retener el arma por lo que en el forcejeó se disparó y causó la muerte del
civil […].
28. En cuanto al segundo de los argumentos en los que sustentan el defecto fáctico,
relacionado con la falta de valoración de las declaraciones rendidas por los señores
Diana Stela Durango Espitia, Jadith J. de Hoyos Guzmán, Carmen Lina
Ballesta Petro y Luis Enrique Díaz Berrocal, la parte actora sostuvo lo siguiente:
[…] Según se extrae de los medios de persuasión recopilados en las dos
instancias, las únicas personas que fueron testigos directos de la muerte de
nuestro progenitor fueron los señores Jadith J. de Hoyos Guzmán, Diana Stela
Durango Espitia, Carmen Lina Ballesta Petro y Luis Enrique Díaz Berrocal alias
el “Kuki”, quienes rindieron sendas declaraciones en los citado procesos Penal
y Disciplinario, pero que paradójicamente no fueron tenidos en cuenta por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en aquel veredicto, lo
que condujo a adoptar una decisión inconstitucional y que pretendemos se
revoque, pues omitir la valoración de cuatro testimonios esenciales resulta
incomprensible, inadmisible e injustificable, pues constituye un error ostensible,
flagrante y manifiesto. En efecto, al revisar tales pruebas se aprecia que son
unánimes en indicar que el hecho trascendental (culpa personal del agente,
por atender una solicitud de la víctima) que motivó aquella decisión no
existió en tanto nuestro padre nunca le pidió al uniformado que exhibiera
su arma de dotación oficial, es más, aquellos son claros en precisar que
jamás hubo un dialogo entre la víctima y el uniformado.
(…)
Mas claro imposible: las declaraciones de los cuatro testigos, son
unánimes, claras, unidireccionales y coincidentes en que aquel fatídico
día no existió ningún dialogo previo entre nuestro padre y Enaldo Anaya
Martínez, por consiguiente el hecho axial y trascendental que indujo a la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado a emitir la
decisión de segunda instancia nunca ocurrió, pues todo fue una mentira
ideada por el policial para aparecer ante las autoridades como inocente.
Así entonces, la referida omisión de la demandada de darle la espalda a
esos cuatro testimonios tiene una grave trascendencia pues la hizo
cambiar el fallo para revocar el emitido por el citado Tribunal, “lo que
implica que tuvo una ‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o
‘repercusión sustancial’ en la decisión judicial adoptada, esto es, que de
no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta […].
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
29. Por su parte, y en lo asociado al desconocimiento del precedente, los actores
señalaron que, en las sentencias de 12 de marzo de 201313, de 13 de abril de
201614, de 26 de noviembre de 201515, de 1 de febrero de 201616, de 13 y de 27 de
abril de 201617, de 30 de noviembre de 201718 y de 29 de noviembre de 201819, se
fijaron distintas reglas jurisprudenciales vinculantes, y al precisar las mismas
señalaron lo siguiente:
[…] 1). Al otorgarle mérito probatorio a la indagatoria deberá acreditarse la
necesidad de su incorporación para el análisis integral del caso.
2). No puede constituirse en la única prueba que defina la responsabilidad
administrativa del Estado.
3). Se requiere del concurso de otros medios de convicción que apunten en un
mismo sentido, es decir, no debe haber contradicciones ostensibles entre lo
vertido en la indagatoria y otros medios de prueba que favorecen al
demandante en sede administrativa.
4). Deberá realizarse un examen integral del proceso, lo cual incluye todas las
pruebas válidamente incorporadas.
5). Podrá admitirse la indagatoria como medio de prueba en el juicio de
responsabilidad estatal, cuando de ella: i) El procesado haya obtenido
beneficios por colaboración con la justicia. ii) Como consecuencia de los
hechos afirmados en la indagatoria se produzca posteriormente sanción penal
o administrativa. iii) La indagatoria valorada no puede haber sido desestimada
por razón de presión, confesión forzada del investigado o cualquier otro medio
atentatorio de los derechos fundamentales […].
30. De las cinco reglas citadas, los actores sostuvieron que se desconocieron las
cuatro primeras en razón de lo siguiente: (i) porque la accionada «no demostró,
ilustró o indicó porque era preciso incorporar a su veredicto la indagatoria del
subintendente Enaldo Anaya Martínez»; (ii) porque «todo el andamiaje
argumentativo de la sentencia de segunda instancia gravitó sustancialmente en la
versión de Enaldo Anaya Martínez»; (iii) porque «existe una contradicción evidente,
ostensible y trascendental entre la declaración del uniformado Anaya Martínez y los
testimonios de Jadith J. de Hoyos Guzmán, Diana Stela Durango Espitia, Carmen
Lina Ballesta Petro y Luis Enrique Díaz Berrocal alias el “Kuki”, únicos testigos
directos»; y (iv) porque la accionada «no realizó un acucioso análisis del asunto y
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de
12 de marzo de 2013, Radicado No.11001-03-15-000-2011-00125-00.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de
2016, expediente 38.079, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de noviembre de 2015,
expediente 36.170, Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 1 de febrero de 2016, Expediente:
48.842. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 13 y 27 de abril
de 2016, expedientes 38.079 y 40.507, respectivamente, M.P.: Hernán Andrade Rincón
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de noviembre de 2017.
Radicado. 54001233100020080042601 (41691). M.P. Danilo Rojas.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2018,
expediente 13001-23-31-000-2005-01917-01(51461), M.P. María Adriana Marín.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
de todas las pruebas que fueron practicadas, tanto en primera instancia, como las
que se incorporaron trasladas de los procesos Disciplinario y Penal».
31. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente hacer un breve resumen sobre
las actuaciones que se surtieron en el marco del proceso de reparación directa
número 23001-23-31-000-2008-00262-00/01. Veamos:
31.1. Sea lo primero señalar que los señores Manuel Alejandro Ballestas Petro y
Marza Eugenia Petro Pineda, en nombre propio y en representación de sus hijos
menores de 18 años para esa época Juan Gabriel, Gabriel Alejandro, Okia
Carolina y Manuel Salvador Ballestas Petro, presentaron demanda de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional para que se repararan los daños padecidos con ocasión de la muerte del
señor Manuel Salvador Ballestas Galeano causada por el agente de la Policía
Nacional, Enaldo Anaya Martínez, el día 31 de agosto de 2007 en el municipio de
Cotorra.
31.2. En el proceso se decretaron y allegaron las siguientes pruebas: (i) copia
auténtica de los folios 31 y 156 a 161 del libro de servicio de la Estación de Policía
de Cotorra de 31 de agosto de 2007; (ii) copia autenticada de los folios 162 a 164
del libro de Minuta de Información de la Estación de Policía de Cotorra de 31 de
agosto de 2007; (iii) copia autenticada de la investigación disciplinaria N° 2007 –
127; (iv) copia de la Resolución N° 01550 de 2008, que suspende al agente de la
Policía Nacional Enaldo Anaya Martínez; (v) copia de la investigación penal N°
2009 - 00003; (vi) los testimonios rendidos por los señores Martín Julio Jalal
Agámez, Macario Antonio Moereno Petro, Miguel Fernando Flórez Conde y Alfonso
de Jesús Sánchez Castillo; (vii) registro civil de defunción del señor Manuel
Salvador Ballestas Galeano y registro civil de nacimiento de los hijos del occiso; y
(viii) certificado laboral del occiso.
31.3. En el fallo de 8 de noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Córdoba
– Sala Primera de Decisión declaró la responsabilidad de la entidad demandada y
la condenó a pagar en forma parcial los perjuicios inmateriales y perjuicios
materiales ocasionados a los demandantes.
31.4. En contra la decisión anterior las partes interpusieron recurso de apelación, el
cual fue desatado por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación en la sentencia de 18 de febrero de 2022, objeto de la presente acción
de tutela. En las consideraciones de dicha providencia, la autoridad judicial
accionada señaló lo siguiente:
[…] Establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis del
cuestionamiento planteado por la demandada en su recurso de alzada,
respecto a la concurrencia de culpas en la producción de la muerte del señor
Manuel Salvador Ballestas Galeano, entre la conducta personal del agente,
quien accionó de manera imprudente su arma de dotación oficial, y la culpa de
la víctima, porque le solicitó al uniformado que le mostrara el revólver con el fin
de manipularlo.
(…)
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
Debe recordarse que la sola circunstancia de ostentar la calidad de
miembro de la fuerza pública (en este caso, de la Policía Nacional) no
conlleva, per se, que el organismo o la entidad a la cual se encuentre
vinculado el causante del daño sea responsable del mismo. En efecto, las
actuaciones de los agentes estatales comprometen la responsabilidad del
Estado solamente cuando tienen algún nexo o vínculo con el servicio, es
decir, la administración pública no responde por los daños causados por
la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, a menos
que se acredite la concurrencia de una actuación irregular del Estado (vgr.
falla en el servicio de vigilancia, falta de control de armas, o tolerancia de
la conducta anómala de sus agentes).
Asimismo, se debe hacer énfasis en que el nexo instrumental tampoco
resulta suficiente para probar la responsabilidad estatal, pues para que la
conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga
vínculo con el servicio, se requiere que ésta se presente externamente
como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público.
Sobre el particular, se tiene dicho:
(…)
El hecho de que el arma con la cual se cometió la conducta delictiva fuera
de dotación oficial no genera nexo con el servicio de forma automática,
sino que es necesario verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se produjo el daño para determinar si fue producto de la actividad
pública. El nexo con el servicio no se desprende por el solo hecho que el objeto
con el que se produzca el daño sea de propiedad estatal o esté destinado al
servicio. Solo existe nexo con el servicio cuando el daño se produce en
circunstancias que constituyen expresión o consecuencia de su
funcionamiento.
Ahora bien, para el caso sub examine, la muerte del señor Manuel Salvador
Ballestas Galeano no tuvo como causa eficiente o adecuada la actividad
de la administración, sino la conducta desplegada por el subintendente
Enaldo Anaya Martínez, la cual desarrolló desligada de toda expresión del
servicio, sin que el solo hecho de que el daño se hubiera causado con un
arma de dotación oficial genere de manera automática un nexo con el
mismo.
En el presente caso se encuentra demostrado que el subintendente de la
Policía Nacional Anaya Martínez actuó de forma imprudente, toda vez que
accedió a la petición que le hiciera el tesorero municipal para que le
mostrara o enseñara su arma de dotación oficial, en un acto que no tenía
un vínculo directo con el servicio asignado.
Bajo ese entendido, lo que concluye la Sala de la valoración de los medios
probatorios, es que la víctima y el agresor estaban en un encuentro
informal o como lo señaló la Oficina de Control Disciplinario Interno de
Montería, el uniformado “procedía a chancearse con el tesorero de
quienes asegura el periodista Luis Díaz se agarraron la barriga y casi
simultáneamente saca del lugar donde portaba su arma de dotación y la
muestra colocándola al alcance del extinto Manuel Salvador”, lo que
demuestra que se trató de una actividad totalmente ajena al servicio de
seguridad y vigilancia que ejercía el subintendente en la Alcaldía de Cotorra.
La Sala también debe destacar que el subintendente de la Policía Nacional
Enaldo Anaya Martínez no actuó ante la víctima prevalido de su condición
de autoridad pública, pues el daño reclamado no se produjo con ocasión
de la prestación del servicio sino que se desligó completamente de este.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
Al respecto, debe anotarse que aunque la muerte del señor Ballestas
Galeano se produjo con un arma de dotación oficial, y en el lugar donde
el subintendente de la Policía Nacional Anaya Martínez desarrollaba sus
funciones, la actuación en la que se produjo fue ajena al servicio de
vigilancia especial y escolta a cargo del uniformado, es decir, no estaba
ejerciendo la seguridad del alcalde o de las instalaciones de la alcaldía
municipal, el acompañamiento en los recorridos o compromisos laborales
del burgomaestre dentro y fuera del municipio, o las rondas en las
distintas oficinas municipales.
En efecto, según el dicho del agente implicado, la víctima de forma jocosa le
preguntó si todavía tenía “ese revólver oxidado” y le solicitó que se lo mostrara
y es en el momento en el que accede a su exhibición cuando el arma de
dotación oficial se dispara accidentalmente, conducta que no tiene un nexo o
vínculo próximo y directo con el servicio de protección, seguridad o custodia
que ejecutaba el subintendente de la Policía Nacional Enaldo Anaya Martínez.
El uniformado de manera irregular e irresponsable manipuló el arma de
dotación oficial, tipo revólver, con la que causó la herida al señor Manuel
Salvador Ballestas Galeano, cuando se encontraba desarrollando una actividad
diferente al servicio, esto es, manipulando sin los cuidados y previsiones que
su manejo exige un arma de fuego, hecho que si bien se produjo durante el
servicio, no se realizó con ocasión, ni causa del mismo, se trató, ni más ni
menos, de una actuación personal del agente con el propósito de exhibir o
mostrar su arma, ante la petición que en ese sentido le hiciera de forma curiosa
el funcionario de la alcaldía, la cual no tiene la capacidad de vincular a la
administración.
Así pues, el daño antijurídico no es imputable fáctica ni jurídicamente a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, porque respecto de ella
está probada una causa extraña, denominada culpa personal del agente.
En esas condiciones, no puede verse comprometida la responsabilidad
de la entidad en virtud de actuaciones y conductas que un agente suyo
desplegó y que no tenían que ver con sus funciones misionales, en la
medida en que se pudo constatar que la muerte del señor Manuel Salvador
Ballestas Galeano se efectuó en un encuentro personal en el que el
uniformado implicado en los hechos exhibió, enseñó o mostró el arma y
no como consecuencia de la función policial propiamente dicha.
De otra parte, en el caso bajo estudio la culpa exclusiva de la víctima no
está llamada a prosperar, toda vez que no se demostró que el señor
Ballestas Galeano además de solicitarle al uniformado que le mostrara el
arma de fuego, la hubiera tomado desde el cañón y que ese hecho hubiera
provocado que el subintendente Enaldo Anaya Martínez la jalara y que en
ese momento se disparara accidentalmente, pues, como se vio, esa
versión dada por el acusado en el proceso penal sobre la forma en que el
arma fue aparentemente manipulada por parte de la víctima no tiene en
este proceso soporte en otro medio de convicción […].
32. Vistos los argumentos que soportan la decisión objeto de tutela, la Sala debe
señalar que la razón medular por la que se revocó la sentencia de primera instancia
consistió en que las circunstancias fácticas en las que falleció el señor Manuel
Salvador Ballestas Galeano no eran imputables a la Policía Nacional debido a
que no guardaban relación con el servicio público de vigilancia desempeñado por
el señor Enaldo Anaya Martínez, subintendente de la institución.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
33. Elfundamento probatorio de la aludida conclusión la extrajo la Subsección
accionada de un análisis integral de los medios probatorios contenidos en el
expediente, especialmente de la decisión proferida por la Oficina de Control
Disciplinario Interno de Montería, los cuales permitían inferir que el subintendente
de la Policía Nacional, Enaldo Anaya Martínez, se encontraba en un «evento
informal» con el hoy occiso.
34. En este punto, la Sala debe reconocer que de la lectura de los testimonios
rendidos por los señores Diana Stela Durango Espitia, Jadith J. de Hoyos
Guzmán, Carmen Lina Ballesta Petro y Luis Enrique Díaz Berrocal, recaudados
en el marco de la investigación disciplinaria número 2007 – 127, se encuentra que
los citados declarantes manifestaron que se encontraban en el lugar de los hechos
y afirmaron que en ningún momento escucharon que el hoy occiso le hubiere
solicitado al agresor que le mostrara «ese revólver oxidado».
35. Considera la Sala que, aunque el contenido de las aludidas declaraciones
podrían llegar a desvirtuar la postura según la cual en el sub examine no se
configuró la culpa exclusiva de la víctima -ya que los testigos citados afirmaron que no
escucharon la referida petición del occiso al agresor-, lo cierto es que dichos testimonios
no pueden acreditar que la muerte del señor Manuel Salvador Ballestas Galeano
fue consecuencia de un hecho ajeno a la prestación del servicio público que
desarrollaba el subintendente de la Policía Nacional.
36. Por otro lado, tampoco es cierto que la decisión de segunda instancia esté
soportada exclusivamente en la declaración rendida por el subintendente de la
Policía Nacional Enaldo Anaya Martínez.
37. Sobre este punto de la controversia, la Sección debe resaltar que la sentencia
enjuiciada utilizó y valoró los medios de convicción que consideró de mayor
relevancia para resolver el caso, entre los que se destacan: (i) el informe de 31 de
agosto de 2007, elaborado por el comandante del Segundo Distrito de Policía de
Lorica; (ii) la declaración rendida por el subintendente de la Policía Nacional Enaldo
Anaya Martínez ante el Fiscal Veintitrés Seccional de Lorica; (iii) copia de la
resolución de acusación de 21 de noviembre de 2008 formulada en contra del
subintendente de la Policía Nacional Enaldo Anaya Martínez; (iv) la decisión de
17 de enero de 2008, proferida por la Oficina de Control Disciplinario Interno de
Montería, a través de la cual se suspendió del cargo al uniformado; (v) la decisión
de 17 de marzo de 2008, proferida por la Inspección Delegada Regional Seis de
la Policía Nacional, a través de la cual se confirma la decisión de la oficina de
control interno, y (vi) las minutas de servicios y de información de la Estación de
Policía de Cotorra, entre otras, pruebas obrantes en el proceso contencioso.
38. Las pruebas referidas con anterioridad le permitieron a la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación tener por acreditado que el 31 de agosto
de 2007, el señor Manuel Salvador Ballestas Galeano murió como consecuencia
del disparo que efectuó el subintendente de la Policía Nacional Enaldo Anaya
Martínez. Lo que le permitió corroborar a la autoridad judicial que se encontraba
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
acreditado el primer elemento de la responsabilidad del Estado, esto es el daño
antijurídico.
39. Sin embargo, dicho daño no era imputable al Estado porque, conforme i) a lo
expuesto en la resolución de acusación de 21 de noviembre de 2008 formulada por
la Fiscalía General de la Nación, ii) a lo expuesto en la decisión de 17 de enero de
2008, proferida por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Montería, y iii) a lo
expuesto en la decisión de 17 de marzo de 2008, proferida por la Inspección
Delegada Regional Seis de la Policía Nacional; documentos estos que ponen en
evidencia que el subintendente de la Policía Nacional actuó por fuera del marco
funcional. De manera que, aun cuando la muerte del ciudadano se produjo con el
arma de dotación del agente, lo cierto es que no existía una relación entre el servicio
porque «no se realizó con ocasión, ni causa del mismo, se trató, ni más ni menos,
de una actuación personal del agente con el propósito de exhibir o mostrar
su arma, ante la petición que en ese sentido le hiciera de forma curiosa el
funcionario de la alcaldía, la cual no tiene la capacidad de vincular a la
administración».
40. Así las cosas, y como se puede observar del párrafo anterior, no es cierto que la
decisión tutelada se sustente exclusivamente en la declaración rendida por el
subintendente de la Policía Nacional Enaldo Anaya Martínez, sino que el juez
contencioso efectuó un análisis integral de los distintos medios de convicción
obrantes en el plenario acorde con el principio de la sana crítica.
41. En cuanto al defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial, la
Sala tampoco observa que la autoridad judicial accionada hubiese incurrido en esta
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
42. Vale la pena aclarar que todas las reglas jurisprudenciales que se aducen como
desconocidas en el sub examine, regulan la forma en que se debe efectuar la
valoración de las pruebas trasladas de procesos penales a los procesos de
reparación directa.
43. En ese orden de ideas, la Sala destaca que el actor estimó como desconocidas
las sentencias de 13 de abril de 201620, de 26 de noviembre de 201521, de 1 de
febrero de 201622, de 13 y de 27 de abril de 201623, de 30 de noviembre de 201724
y de 29 de noviembre de 201825, todas proferidas por las distintas Subsecciones
que integran la Sección Tercera de esta Corporación.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de
2016, expediente 38.079, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de noviembre de 2015,
expediente 36.170, Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 1 de febrero de 2016, Expediente:
48.842. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 13 y 27 de abril
de 2016, expedientes 38.079 y 40.507, respectivamente, M.P.: Hernán Andrade Rincón
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de noviembre de 2017.
Radicado. 54001233100020080042601 (41691). M.P. Danilo Rojas.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2018,
expediente 13001-23-31-000-2005-01917-01(51461), M.P. María Adriana Marín.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
44. Es de resaltar que ninguna de las decisiones citadas con antelación corresponde
a un fallo de unificación dictado por esta Corporación en los términos del artículo
270 de la Ley 1437 de 2011. Es decir, esta Alta Corte no ha proferido ninguna
sentencia de unificación en la que se recojan las reglas jurisprudenciales citadas
por el actor como desconocidas. Significa lo anterior que los antecedentes
jurisprudenciales contenidos en las decisiones citadas por el accionante, no tienen
el carácter de precedentes jurisprudenciales y constituye un mero criterio auxiliar
de interpretación para la jurisdicción contenciosa.
45. Por último, y en lo relativo al desconocimiento de la sentencia de 12 de mayo de
2013, proferida por la Sala Plena esta Corporación, se destaca que dicha
providencia fue emitida en un proceso de pérdida de investidura y aunque en esta
se aborda el tema relacionado con la valoración de las pruebas trasladas, lo cierto
es que la providencia referida en ningún momento se fijaron las reglas citadas por
los accionantes en su escrito de tutela.
46. En ese orden de ideas, lo que se advierte en el sub examine es que el juez de
primera instancia, mediante el auto de 21 de septiembre de 2009, abrió a pruebas
el proceso y decretó las pruebas solicitadas por las partes. Asimismo, mediante
auto de 2 de julio de 2010 se cerró la etapa probatoria y corrió y traslado para
presentar alegatos de conclusión, con lo cual se garantizó el derecho de
contradicción de las pruebas trasladas al proceso.
47. Por todo lo anterior la Sala debe concluir que no es cierto que la decisión tutela
hubiese incurrido en un desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias de 12 de marzo de 201326, de 13 de abril de 201627,
de 26 de noviembre de 201528, de 1 de febrero de 201629, de 13 y de 27 de abril de
201630, de 30 de noviembre de 201731 y de 29 de noviembre de 201832.
48. Esto es así porque de la lectura de las sentencias de 13 de abril de 2016, de 26
de noviembre de 2015, de 1 de febrero de 2016, de 13 y de 27 de abril de 2016, de
30 de noviembre de 2017 y de 29 de noviembre de 2018, se encuentra que dichas
providencias no constituyen un precedente vinculante en los términos del
artículo 270 del CPACA y, en relación con la sentencia de 12 de mayo de 2013,
proferida por la Sala Plena esta Corporación, se tiene que esta fue proferida en
un proceso de pérdida de investidura y, además, no se fijaron las reglas
jurisprudenciales citadas por los accionantes como desconocidas.
26
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de
12 de marzo de 2013, Radicado No.11001-03-15-000-2011-00125-00.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de
2016, expediente 38.079, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de noviembre de 2015,
expediente 36.170, Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 1 de febrero de 2016, Expediente:
48.842. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 13 y 27 de abril
de 2016, expedientes 38.079 y 40.507, respectivamente, M.P.: Hernán Andrade Rincón
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de noviembre de 2017.
Radicado. 54001233100020080042601 (41691). M.P. Danilo Rojas.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2018,
expediente 13001-23-31-000-2005-01917-01(51461), M.P. María Adriana Marín.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02457-01
Accionante: Manuel Alejandro Ballestas Petro
49. Asílas cosas, la Sala negará la solicitud de amparo deprecada por los
accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (15)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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