Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02462-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
17 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02462-01
Demandante: MIRIAM LUCÍA BETANCOURT CARDONA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02462-01
Demandante: MIRIAM LUCÍA BETANCOURT CARDONA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y
LA CONSOLIDACIÓN Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO, DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Exclusión de mujer
madre cabeza de familia, campesina del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Protección
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso
y mínimo vital
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona y la Asociación de Colonos
del Alto Vichada contra la sentencia de 2 de junio de 2022, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela que
declaró su improcedencia por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora relató que es habitante de la vereda La Profunda, Inspección de Puerto
Príncipe, municipio de Cumaribo, Vichada, es madre cabeza de familia de un hogar
conformado por dos hijas, una de ellas menores de edad con quienes reside en una
casa que no cuenta con los servicios públicos básicos como agua y luz, la cual se
encuentra ubicada a doce horas de la cabecera municipal por carretera destapada.
Afirmó que el sustento de su hogar provenía de su actividad de “cultivadora de coca”
y bajo ese perfil, por medio del formulario CUB No 749520 suscrito el 23 de octubre
de 2017, se vinculó al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS),
en el cual se comprometió a erradicar dos hectáreas de cultivos de uso ilícito en el
predio denominado “La Loma” del cual era poseedora, dentro del plazo pactado en
el acuerdo colectivo de sustitución suscrito con la comunidad campesina de la
vereda La Profunda, esto es, sesenta (60) días contados a partir del primer
desembolso por concepto de asistencia alimentaria.
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Manifestó que el 29 de mayo de 2018 recibió la suma de $2.000.000 por concepto
de asistencia alimentaria inmediata, por lo que el plazo para cumplir con el
compromiso de erradicación de cultivos de uso ilícito vencía el 29 de julio de 2018.
Relató que en una reunión celebrada el 29 de mayo de 2018, el plazo de sesenta
(60) días dispuesto para el cumplimiento de erradicación fue modificado
reduciéndolo a treinta (30) días calendario, sin embargo, el acta fue suscrita
únicamente por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado
de Puerto Príncipe, en tanto no fueron convocados los presidentes de las juntas de
acción comunal de las demás veredas. Agregó que, adicional a ello, dicha acta no
fue notificada a las familias vinculadas al programa.
Afirmó que entre el 14 de julio y el 14 de agosto de 2018 la misión de verificación
de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) adelantó el
procedimiento de verificación de cumplimiento del compromiso de erradicación de
cultivos de uso ilícito y respecto de la actora, concluyó que no se realizó el
levantamiento de los cultivos en su totalidad porque faltaban 0,667 hectáreas.
Expresó que la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos expidió el oficio OFI
19-00049737 de 2 de mayo de 2019, por medio del cual se le comunicó que se
encontraba en situación de incumplimiento parcial frente al Programa Nacional de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Afirmó que el 20 de mayo de 2019 presentó un “escrito descargos” en el que explicó
que no había podido realizar el levantamiento total de los cultivos de coca porque
tuvo que acompañar a su madre y a su hija que se encontraban enfermas, y para
recibir la atención de salud debían desplazarse desde la vereda La Profunda hasta
la ciudad de Villavicencio lo que tarda, en temporada seca, dos días por un camino
en carrera destapada, en épocas de lluvia el tiempo ese tiempo aumenta. Adujo
que, para tal efecto, adjuntó imágenes de los cultivos de pancoger y copia de la
historia clínica de su hija Yuri Ximena Betancourt Cardona.
Aseveró que el 9 de marzo de 2020, formuló ante la Consejería para la
Estabilización y Consolidación de la Presidencia de la República una solicitud
(radicado EXT20-00027330) dirigida a que se entregaran el acta de la reunión en la
que se decidió reducir el plazo inicialmente pactado para el cumplimiento del
compromiso de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, y las constancias de
notificación de esa decisión administrativa a cada uno de los núcleos familiares de
la vereda La Profunda inscritos en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS), informando los recursos administrativos que resultaban procedentes
contra la misma y el “otrosí” al Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de
Cultivos de Uso Ilícito en el que se modificó el plazo, sin embargo, adujo no haber
obtenido respuesta.
Señaló que el 20 de enero de 2022 elevó ante la Agencia de Renovación del
Territorio y la Consejería para la Estabilización y Consolidación de la Presidencia
de la República una solicitud (radicada bajo el número 20222300003122), con el fin
de que se enviara constancia de notificación personal del acto administrativo en el
que se decidió suspender el acceso a los beneficios del programa.
Por último, informó que frente a esa petición la entidad le contestó indicándole que
el 18 de enero de 2019 fue enviada la respectiva comunicación al señor Luis Carlos
Useche, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Profunda,
Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada.
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2. Fundamentos de la acción
La actora promovió acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital, igualdad y derecho
de petición, los cuales consideró vulnerados por la omisión de las autoridades
administrativas accionadas en la notificación de los actos administrativos a través
de los cuales (i) se modificó el plazo para el cumplimiento del compromiso de
erradicación de cultivos ilícitos reduciéndolo de sesenta (60) a treinta (30) días
calendario y (ii) el que determinó la exclusión del Programa Nacional de Sustitución
de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como del informe expedido por la UNODC luego de
la verificación del compromiso de erradicación.
Al respecto, sostuvo que nunca autorizó al Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Profunda para que en su nombre y representación se
notificara de los actos administrativos expedidos en el marco del desarrollo del
programa, ni para que interpusiera recursos administrativos.
Aseveró que sigue cumpliendo el compromiso de la sustitución voluntaria de cultivos
de uso ilícito pese a que esa era su única fuente de ingresos y no cuenta con un
trabajo formal, razón por la cual los componentes del Programa Nacional de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) son necesarios para garantizar su
subsistencia.
Señaló que la decisión de suspensión y exclusión del programa no tuvo en cuenta
las condiciones de desigualdad en las que históricamente ha vivido la población
campesina quienes encontraron en actividades relacionadas con los cultivos de uso
ilícito la única fuente de recursos necesarios para sobrevivir, así como la
desconfianza frente a las instituciones del Estado. Además, que por la situación de
vulnerabilidad extrema en la que se encuentran los campesinos, la Corte
Constitucional los ha reconocido como sujetos de especial protección constitucional.
Afirmó que frente a la población campesina que ha desarrollado actividades
relacionadas con cultivos de uso ilícito en el municipio de Cumaribo deben aplicarse
políticas públicas con enfoque diferencial que permitan de manera efectiva remover
los obstáculos que han impedido la debida satisfacción de sus derechos y respetar
su identidad cultural, en el marco del contexto de violencia en el que por mucho
tiempo han ejercido ese oficio.
En ese sentido, manifestó su desacuerdo con que la única causal para justificar el
incumplimiento con el compromiso de la erradicación sea la fuerza mayor o el caso
fortuito.
También refirió que cumple los presupuestos generales de procedencia. En ese
sentido, en relación con el presupuesto de la inmediatez adujo que se encuentra
cumplido teniendo en cuenta que no ha accedido a la información completa respecto
de los fundamentos en los que se sustentan las decisiones administrativas
proferidas en su caso particular en la ejecución del Programa Nacional de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), lo que era necesario para promover la acción
de tutela, además adujo que es una mujer campesina, madre cabeza de familia en
situación de vulnerabilidad, por lo que este requisito debe flexibilizarse.
Manifestó que existe el “Protocolo de procedimiento en caso de inconsistencias o
incumplimientos de los núcleos familiares con el PNIS”, en cual se definió el
procedimiento administrativo regulado por la Ley 1437 de 2011, que debe
adelantarse frente a las irregularidades que se presentan en la ejecución del
programa, sin embargo, en el mismo no se establece si en el trámite de verificación
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del cumplimiento del compromiso de erradicación el núcleo familiar debe firmar el
acta que para tal efecto expide la UNODC o la Dirección para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos, empero, sí establece que en caso de que por esta razón se decrete
la suspensión del programa deberá informar a la familia afectada y hacer un llamado
a presentar descargos y pruebas documentales dentro de los siguientes cinco días
y en caso de que no cumpla se procederá a la exclusión definitiva en los siguientes
eventos: (i) las razones del incumplimiento no obedezcan a un evento de fuerza
mayor o caso fortuito, (ii) cuando el titular del núcleo familiar no presenta descargos
frente a las razones expuestas para la suspensión, (iii) el núcleo familiar no hace
parte de la población objetivo del PNIS, (iv) cuando presenta un terreno diferente al
declarado al momento de la vinculación individual y (v) no se subsanan las
inconsistencias relacionadas con la información proporcionada.
Expresó que teniendo en cuenta que debe aplicarse el procedimiento administrativo
general contemplado en la Ley 1437 de 2011, la Dirección para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos debe observar lo establecido en el artículo 35 de esa normativa que
prescribe que deberá informarse al interesado la iniciación de la actuación
administrativa para el ejercicio de su derecho de defensa y conforme con lo
establecido en el artículo 67 ibídem procede la notificación personal de los actos
administrativos que pongan fin a la misma y permitir la interposición de los recursos
conforme el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011.
Sobre ese particular, adujo que existen fallas en la comunicación entre la
Administración y los núcleos familiares, pues solo puede hacerse a través de las
autoridades comunitarias y no existe una oficina de la administración del PNIS en la
que se pueda comunicar directamente para solicitar acompañamiento, presentar
documentos o pedir información, a lo que agregó que los canales que se emplean
para tal efecto desconocen las condiciones de pobreza y del territorio de los
habitantes del municipio de Cumaribo, Vichada, la falta de carreteras y medios de
transporte y comunicación, pues tardan hasta 2 días trasladándose a la cabecera
municipal.
Acusó a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de omitir el desarrollo de
una etapa probatoria previo a decidir sobre la exclusión del programa y de adelantar
el procedimiento en términos muy cortos que no atienden el criterio de
razonabilidad.
Finalmente, indicó que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos
(PNIS) surge del Acuerdo Final para la Paz por lo que su ejecución debe observar
los principios y reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional sobre este
último, y en ese sentido, principalmente cumplir el objetivo de superar las
condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su
subsistencia de actividades relacionadas con cultivos de uso ilícito.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“-Solicitamos TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital,
el derecho de petición y la igualdad material de (…); Miriam Betancourt Cardona (…).
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda
sanear el procedimiento administrativo de los accionantes y NOTIFICAR en debida forma
a de (…); Miriam Betancourt Cardona (…) de los actos administrativos que los excluyeron
del Programa PNIS.
• (…).
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• En razón a lo anterior, solicitamos ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos
Ilícitos, o a quien corresponda, REINTEGRAR TEMPORALMENTE a la totalidad de los
accionantes al programa PNIS, hasta tanto no se realice una nueva verificación a
nuestros predios.
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda,
REALIZAR, en el menor tiempo posible, una segunda verificación de levantamiento de
los cultivos ilícitos en los predios de los accionantes. Y con base en la información
actualizada, DECIDIR sobre la situación jurídica de las acciones respecto al programa
PNIS.
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, o a quien corresponda,
DISEÑAR e IMPLEMENTAR un mecanismo conforme con el cual los tutelantes por
retroactividad, puedan acceder al dinero que dejaron de percibir en razón a su
suspensión o exclusión indebida. Este programa debe incluir, a su vez, un mecanismo
conforme con el cual los tutelantes puedan acceder a los demás componentes y
beneficios propios del PNIS.
• ORDENAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de
Renovación del Territorio adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, IMPLEMENTAR un procedimiento de revisión de las decisiones de
suspensión y exclusión para las familias que se encuentran en condiciones de
desigualdad socioeconómica y que hayan efectivamente erradicado sus cultivos.
• EXHORTAR a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de
Renovación del Territorio adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, EJECUTAR acciones que permitan CORREGIR las fallas institucionales y
de procedimiento alrededor de la gestión del PNIS y del involucramiento de las familias”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente las siguientes:
• Copia oficio OFI 19-00049737 de 2 de mayo de 2019, por medio de la cual se
me comunicó situación de incumplimiento parcial frente al PNIS de la
Presidencia de la República.
• Copia de manuscrito de descargos de 20 de mayo de 2019 que fue entregado
al ingeniero Fabio Rodríguez, funcionario del PNIS.
• Copia de Oficio 19-00100385/IDM 1207000 de 3 de septiembre de 2019, por
medio se decide excluir a la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona del PNIS.
• Copia de petición de 9 de marzo de 2020 radicada bajo el número EXT20-
00027330 de la Consejería para la Estabilización y Consolidación, en la solicita
que se entregue copia del acta de la reunión en la cual se decidió modificar el
plazo para la erradicación de cultivos de uso ilícito pactado en el acuerdo
colectivo de 14 de octubre de 2016.
• Copia de solicitud de 22 de septiembre de 2021 ante la Agencia de
Renovación del Territorio dirigida a que se expida copia del formulario de
vinculación individual CUB No 749520 y la copia del informe de UNODC
respecto de la visita a su predio.
• Respuesta a la anterior petición de fecha 30 de septiembre de 2021.
• Copia de la petición radicada bajo el número 20222300003122 ante la Agencia
de Renovación del Territorio y la respuesta a la misma de fecha 20 de enero de
2022.
5. Trámite procesal
5.1. La actora presentó la demanda de tutela, en un mismo escrito, con los señores
Inocencio Portela Campos, Marco Antonio Cárdenas, Rosalba Torres Lemus,
Freyman Ruíz Díaz. Sin embargo, por auto de 28 de abril de 2022 la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado dispuso que por Secretaría
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General de esta Corporación se separaran las solicitudes, por cuanto no existía
identidad de materia.
5.2. Por auto de 11 de mayo de 2022, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado admitió la demanda de Miriam Lucía Betancourt Cardona y
ordenó notificar a la Presidencia de la República, Consejería Presidencial para la
estabilización y Consolidación, Consejería Presidencial para el Posconflicto-
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y a la Agencia para la Renovación
del Territorio, así como a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), a la Alcaldía Municipal de Cumaribo (Vichada), al señor Luis Carlos
Useche, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Profunda y a todos quienes tengan esa calidad en el citado municipio, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
En esa misma providencia dispuso oficiar a la Presidencia de la República y a la
Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito a fin de que se ejecutaran
las siguientes actuaciones:
“i) Indique si la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona identificada con Cédula de
Ciudadanía 25.170.737 se encuentra vinculada al Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en caso de no estarlo, indicar las razones y
como se realizó el proceso de desvinculación.
ii) Envíe, con destino a este despacho, copia del expediente de la señora Miriam Lucía
Betancourt Cardona correspondiente al PNIS, desde su incorporación, hasta su situación
actual dentro del programa, incluyendo el acto administrativo mediante el cual se
desvinculó del PNIS y se le notificó la decisión; y los descargos presentados por ella el
20 de mayo de 2019 junto a la respuesta entregada.
iii) Remita, con destino a este despacho, la copia del acta del acuerdo colectivo de
sustitución de cultivos suscrito en el municipio de Cumaribo Vichada —en el cual fue
participe la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona identificada con Cédula de
Ciudadanía 25.170.737 y formulario CUB Núm. 749520—; así como la copia del acta de
modificación del 29 de mayo de 2018; e indique si ésta última fue notificada
personalmente a la señora Betancourt Cardona. En caso negativo, indicar las razones.
iv) Manifieste si la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona participó de la constitución
del acta de modificación del 29 de mayo de 2018, mediante la cual, aparentemente, se
redujeron los plazos establecidos en el acuerdo colectivo de sustitución de cultivos
suscrito en el municipio de Cumaribo (Vichada) —y que involucra a la señora Betancourt
Cardona —. Indique quienes suscribieron el acta de modificación citada y/o si fue suscrita
en otra fecha.
v) Aclare como se realizó el proceso de notificación del acta de modificación del 29 de
mayo de 2018, mediante la cual se alteraron los plazos a los que se obligó, inicialmente,
la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, al haber sido vinculada al PNIS, el 23 de
octubre de 2017, mediante el formulario CUB Núm. 749520”.
Asimismo, ordenó requerir a la Agencia de Renovación del Territorio para que
realizara las siguientes actuaciones:
“i) Señale si dio respuesta congruente y de fondo al derecho de petición presentado por
la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, el día 20 de enero de 2022, con radicado
2022 23 0000 3122 y envíe con destino a este despacho, la copia de la solicitud, la
respuesta dada y la dirección a la cual fue notificada. En caso negativo, indicar las
razones.
ii) Aclare cuál fue el procedimiento para realizar la notificación del acto administrativo
mediante el cual fue, aparentemente, excluida la señora Betancourt Cardona,
identificada con Cédula de Ciudadanía 25.170.737, del PNIS. Para estos efectos, deberá
enviar copia, con destino a este despacho, del acto administrativo en comento y de su
notificación”.
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También ordenó requerir a la Presidencia de la República – Consejería para la
Estabilización y Consolidación:
“i) Manifieste a este despacho las razones por las cuales desvinculó a la señora Miriam
Lucía Betancourt Cardona, identificada con Cédula de Ciudadanía 25.170.737 del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
ii) Señale si dio respuesta congruente y de fondo al derecho de petición presentado por
la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, el día 9 de marzo de 2020 con radicado
EXT20-00027330, y envíe con destino a este despacho, la copia de la solicitud, la
respuesta dada y la dirección a la cual fue notificada. En caso negativo, indicar las
razones”.
6. Oposición
6.1. Respuesta de Presidencia de la República – Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República - Consejería Presidencial para la
Estabilización y Consolidación
A través de apoderado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República solicitó que se desvincule del trámite de la acción de tutela al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Consejería
Presidencial para la Estabilización y Consolidación por existir falta de legitimación
en la causa por pasiva o, en su defecto, se declare improcedente, al considerar que
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación
del Territorio es la entidad competente para dar respuesta a los hechos y las
pretensiones de la solicitud de amparo.
Al respecto, manifestó que conforme con el artículo 1° del Decreto 1784 de 2019,
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene como
función principal “asistir al presidente de la República en su calidad de Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus
funciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo necesario
para dicho fin”.
Del mismo modo, indicó que las funciones del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República están expresamente señaladas en el artículo 4 del
referido decreto, las cuales están encaminadas a prestar apoyo logístico y
administrativo al Presidente de la República en el cumplimiento de las funciones
consagradas en el artículo 189 de la Constitución Política.
Afirmó que la Consejería Presidencial para la Estabilización se encuentra dentro de
la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
cuyas funciones también se encuentran señaladas en el artículo 29 del Decreto
1784 de 2019 dentro de las cuales no se encuentran las relacionadas con la
ejecución de políticas públicas, planes, programas o proyectos, su labor se
encuentra orientada a articular la implementación del Acuerdo de Paz y coordinar
interinstitucionalmente las directrices y líneas de política que permitan su
implementación.
Por último, señaló que la petición formulada por la actora en relación con el
cumplimiento de los compromisos del PNIS fue contestada el 2 de mayo de 2019 y
que el 3 de septiembre de 2019 fue excluida del programa, lo cual fue comunicado
a la afectada el 10 de marzo de 2020 y ese mismo día se le dio traslado a la Agencia
de Renovación del Territorio.
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6.2. Respuesta de la Agencia de Renovación del Territorio
El jefe de la Oficina Jurídica pidió que se declare improcedente la acción de tutela,
que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante
y, por lo tanto, negar las pretensiones de la demanda.
Afirmó que de acuerdo con el Sistema de Información del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la señora Miriam Lucía Betancourt
Cardona se vinculó el 29 de enero de 2018 mediante formulario CUB 749520 en el
municipio de Cumaribo, Vichada, y el 13 de noviembre de 2018 fue retirada.
Aseveró que la petición radicada bajo el número No. 20212300094812, en la que
la actora solicitó copia del formulario de vinculación y del informe de la comisión
verificadora del UNODC, fue contestada el 30 de septiembre de 2021.
Manifestó que por oficio No. 2022230007231 de 1 de febrero de 2022, se le informó
a la accionante sobre la transición institucional en la administración del PNIS y el
alcance de la competencia de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos para
resolver sus peticiones. De igual modo, señaló que se indicó que la notificación del
acto administrativo de exclusión se efectuó a través del señor Luis Carlos Useche
porque no se contaba con datos para surtir la notificación personal, aclarándole que
ese trámite no fue ejecutado por la entidad porque para entonces la Agencia de
Renovación del Territorio no tenía a su cargo la administración del programa.
Indicó que la implementación y ejecución del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ha estado a cargo de distintas entidades y
cada una ha establecido parámetros concretos para adelantar los procedimientos
administrativos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos del programa,
siempre respetando las garantías del debido proceso.
En ese marco, precisó que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de
la Agencia de Renovación del Territorio inició las actividades relativas al desarrollo
del programa, desde el 1 de enero de 2020 conforme con lo dispuesto en el Decreto
2107 de 20191, por lo que teniendo en cuenta que la exclusión de la actora del PNIS
fue ejecutada antes de esa fecha -13 de noviembre de 2018-, la entidad no fue la
que definió su situación jurídica y no ha ejecutado alguna actuación administrativa
relativa a su permanencia en el programa. Por lo tanto, adujo que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva.
En ese orden, aseveró que la acción de tutela no cumple los presupuestos de
subsidiariedad e inmediatez. Sobre el primer presupuesto, indicó que la actora
no agotó las herramientas de defensa judicial ordinarias, como el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto administrativo
por el cual se dispuso la exclusión del PNIS, esto es, el oficio OFI19-00100385 /
IDM de 2019.
En relación con el segundo, adujo que la actora pretende revivir términos y para
ese efecto ha formulado peticiones de manera reciente cuando la exclusión del
PNIS se produjo desde el año 2018 “por su incumplimiento injustificado” y, en razón
a ello, desde ese momento la actora no accede a los componentes del programa.
Sobre la vulneración al debido proceso alegada por la accionante, indicó que no
puede exigirse a la Agencia de Renovación del Territorio decidir sobre un asunto
que ya fue resuelto por la Consejería Presidencial para la Estabilización y
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Subrogado por el Decreto 1223 de 2020.
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Consolidación en el año 2019, cuando tenía a su cargo la administración del PNIS,
así como tampoco resolver el recurso de reposición contra el acto administrativo de
exclusión que no profirió.
En ese sentido, aseveró que defiende la validez del procedimiento administrativo
que se adelantó la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación
contra la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, por cuanto el mismo garantizó
los derechos de defensa y contradicción, ello por cuanto aquella “contó, desde su
vinculación y hasta antes de quedar en firme la decisión, con el tiempo para
manifestar de manera eficaz y sustentada por los medios probatorios necesarios su
desacuerdo con la decisión tomada a través del recurso que no interpuso, su
derecho de contradicción fue agotado ya que sus argumentos fueron estudiados en
el acto administrativo sub judice, y la publicidad se satisface toda vez que el
accionante manifiesta conocer la decisión en sus derecho de petición de fecha 6 de
marzo de 2020 obrante en la página 50 del expediente, por lo tanto concurre la
conducta concluyente”.
Respecto a la violación del derecho fundamental al mínimo vital, adujo que la
actora no expresó de qué forma la Agencia de Renovación del Territorio vulneró
dicha garantía constitucional. Al respecto, afirmó que debe tenerse en cuenta para
el análisis de ese cargo de tutela que el PNIS desarrolla una política pública que se
desarrolla a partir de los compromisos pactados en el Acuerdo Final,
particularmente, en el punto 4 que tiene por objeto brindar oportunidades a los
campesinos que derivan su sustento de actividades relacionadas con cultivos de
uso ilícito, como una solución al problema de drogas ilícitas.
Mencionó que la actora desconoce el alcance del Acto Legislativo 02 de 11 de mayo
de 2017 y de la Sentencia C-493 de 2017, principalmente, en lo pertinente a que el
Acuerdo Final debe cumplirse de buena fe y que los Acuerdos Colectivos con las
comunidades se fundamenta, principalmente, en el cumplimiento del compromiso
de la sustitución voluntaria y la no resiembra de cultivos de uso ilícito.
Señaló que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito
(PNIS) fue creado por medio del Decreto Ley 896 de 2017, en cumplimiento de lo
establecido en el punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, como un instrumento de política
pública para dar solución al problema de las drogas ilícitas en el país, que tiene
como principio fundamental el de la “sustitución voluntaria”. Es decir, que parte de
la decisión de los cultivadores de abandonar dicha actividad y del deber de brindar
la información real en torno a la actividad relacionada con cultivos de uso ilícito del
que depende su subsistencia, por lo que la Corte Constitucional ha indicado que el
acceso al programa depende de la constatación de tres componentes “situacional,
volitivo y temporal”.
De acuerdo con ello, aseveró que la permanencia en el PNIS depende del
componente volitivo es decir de que los núcleos familiares estén dispuestos a
cumplir con los compromisos voluntariamente adquiridos, esto es, “el sustituir el
cultivo, la no resiembra, ni estar involucrados en actividades asociadas a los
cultivos ilícitos”.
Afirmó que, en todo caso, existen otros programas de asistencia social que se
encuentran implementados en los territorios a los que puede acceder la actora sin
que se le exija el cumplimiento del compromiso de erradicación.
De otra parte, indicó que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad
material invocado por la accionante, en tanto las condiciones impuestas en el
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desarrollo del PNIS han sido las mismas para todos los núcleos familiares que
voluntariamente han decidido vincularse.
Del mismo modo, señaló que no se vulneró el derecho fundamental de petición,
pues la entidad ha dado respuesta a todas las solicitudes formuladas por la actora
y se han notificado a través del correo electrónico proporcionado por la peticionaria
para tales efectos.
Refirió que la Corte Constitucional en la Sentencia C-493 de 2017 consideró que
para el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
(PNIS) deben establecerse reglamentos que regulen casos concretos y atiendan a
la realidad social de cada comunidad y a las circunstancias de cada núcleo familiar
por lo que los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los compromisos no
pueden analizarse a partir de hechos tan generales como los presentados por la
parte actora.
Por último, destacó que inicialmente se diseñó una hoja de ruta que contemplaba
unas etapas previas de ejecución del programa “a las que se les llamó alistamiento,
cuyo propósito fue el de generar acercamientos con las comunidades de los
territorios que se establecieron como objeto de posible intervención, presentando
una socialización de los distintos componentes del programa y obteniendo una
percepción de las comunidades frente a la intencionalidad de hacerse partícipes de
la estrategia”. Afirmó que en esta fase se suscribieron acuerdos colectivos cuya
naturaleza ha sido definida en el Acuerdo Final y el Decreto Ley 896 de 2017, como
instrumentos o medios a través de los cuales se socializa el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (PNIS).
6.3. Respuesta Luis Carlos Useche Pabón, expresidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Profunda
El señor Luis Carlos Useche Pabón, vinculado como tercero interesado en el trámite
constitucional, manifestó que coadyuva las pretensiones de la demanda, para lo
cual precisó que fungió como presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda La Profunda entre julio de 2016 y octubre de 2018.
Afirmó que en la implementación y ejecución del Acuerdo Municipal de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito, las juntas de acción comunal han participado activamente
pues en territorios apartados se han convertido en autoridades de gobernanza rural
que hacen presencia real y efectiva en los territorios.
Precisó que el Acuerdo Municipal de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fue
suscrito por 35 presidentes de las juntas de acción comunal del municipio de
Cumaribo, Guaviare y 12 personas más representantes de entes territoriales y
autoridades nacionales y organizaciones de agricultores del territorio, sin embargo,
la modificación del plazo para el cumplimiento del compromiso de erradicación, no
tuvo la misma participación lo que conllevó que los núcleos familiares vinculados al
programa se hallaran en situación de incumplimiento y luego fueran suspendidos y
excluidos del PNIS, pues nunca se enteraron de que el término para erradicar los
cultivos se había reducido de 60 a 30 días.
Al respecto, explicó que el primer giro por concepto de asistencia alimentaria se
efectuó el 29 de mayo de 2018 por lo que el plazo para erradicar los cultivos de uso
ilícito vencía el 29 de julio de 2018, sin embargo, la UNODC realizó la verificación
el 14 de julio de 2018 con fundamento en la modificación del plazo que muchos
núcleos familiares desconocían. Afirmó que ese día de la visita él pidió a la comisión
verificadora que regresaran otro día para que las personas que no habían podido
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terminar lo hicieran, y por ello la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona a quien
le quedaba muy poco para cumplir integralmente el compromiso, terminó de
erradicar, empero la visita no se repitió.
Adujo que después de esa visita, llegaban a su celular mensajes de whatsapp
notificando decisiones de suspensión y exclusión del PNIS, sin embargo, ese canal
no era efectivo porque la señal es muy mala en la región. Indicó que para superar
esa situación reunían a los presidentes de las juntas de acción comunal y les
entregaban documentos que contenían esas decisiones para que ellos entregaran
a cada núcleo familiar, no obstante, ellos no entendían el alcance de ese trámite
pues aseveró: “nunca nos hicieron una formación o nos explicaron qué era eso de
la notificación”. Agregó, que el desplazamiento entre la misma vereda presenta
dificultades porque no hay vías de acceso, lo cual dificultó la entrega de dichos
documentos.
Particularmente en el caso de la actora, aseveró que “en cuanto a la notificación de
las decisiones que excluyeron de manera definitiva a las familias, los documentos
de doña Miriam, Inocencio y Freyman no fueron enviados mediante mi persona,
tengo entendido la DCSI se iba a encargar de entregárselos personalmente. En el
caso de doña Miriam Betancourt y don Inocencio Portela aducen en la tutela que
según el PNIS el 18 de enero de 2019 le enviaron la decisión que los excluyó del
PNIS, pero para esa fecha yo ya no era Presidente de la JAC. También es cierto
que ninguna de esas dos familias me autorizó para notificarme de esa decisión”.
Refirió que se enteró de que ella había sido suspendida cuando como asistente
técnico del PNIS tuvo que hacer visitas de verificación de cumplimiento del
compromiso de erradicación, y cuando advirtió que ella no estaba entonces se
enteró sobre la suspensión. Al respecto, precisó que pidió el soporte de esa
decisión y se la entregó a la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona
personalmente.
Indicó que la accionante y otros habitantes se encuentran en situación de
vulnerabilidad porque al haber erradicado los cultivos de coca y ser excluidos del
PNIS no cuentan con los recursos económicos necesarios para garantizar la
subsistencia.
En ese orden de ideas, solicitó amparar los derechos fundamentales invocados y
acceder a las demás pretensiones de la demanda.
7. Intervenciones
7.1. Asociación de Colonos de Alto Vichada. Escrito de coadyuvancia
El representante de la organización sin ánimo de lucro manifestó que la misma tiene
por objeto trabajar por el mejoramiento de las condiciones de vida económico, social,
político y ambiental de la comunidad campesina en Cumaribo, Vichada, mediante
acciones pedagógicas y de fortalecimiento organizativo y el acompañamiento en las
reclamaciones que realizan en torno a la garantía de una justicia social ante las
instituciones del Estado frente a la “dilatada e insegura” implementación del Acuerdo
Final para la Paz.
Manifestó que coadyuva las pretensiones de la demanda promovida por la señora
Miriam Lucía Betancourt Cardona dirigidas a que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital, igualdad material y el
derecho de petición, vulnerados por la exclusión del PNIS.
Consideró que debe garantizarse a las familias que cumplieron con el compromiso de
erradicación el acceso a los componentes del programa para evitar un perjuicio
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irremediable, pues al abandonar la actividad de la que derivaban su sustento la falta
de esos beneficios económicos los deja en situación de pobreza y desplazamiento
que no solo impacta a las familias sino a toda la comunidad.
Relató que la problemática también entorpece el acceso de las familias vinculadas al
PNIS a la titularización de terrenos a los que están cerca a acceder, ya que por medio
de la “Resolución 149 del INCORA” se sustrajo del Régimen de Reserva Indígena
352.800 hectáreas para garantizar el acceso a tierras de las comunidades
campesinas, sin embargo, esto no sería posible si se desplazan a otras regiones
buscando sustento económico.
Finalmente, reiteró las pretensiones de la demanda.
7.2. Amicus Curiae de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Mediante amicus curiae el representante legal de esta organización pidió que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad
material y mínimo vital de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona y que se
ordene a la Agencia de Renovación del Territorio y a la Consejería para la
Estabilización y Consolidación de la Presidencia de la República revocar el acto
administrativo que excluyó a la actora del Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos Ilícitos (PNIS) y efectuar nuevamente la visita de verificación del
cumplimiento del compromiso de erradicación de cultivos de uso ilícito.
Manifestó que en el año 2020 la organización desarrolló una investigación in situ
sobre la situación de la población del municipio de Cumaribo, Vichada, la cual se
encuentra sistematizada en un texto titulado “Ni Coca Ni Estado, Historias y
Desafíos de las Comunidades Indígenas y Campesinas del Sur de Cumaribo –
Vichada”, que pone en evidencia “el abandono estatal” en la garantía de servicios
públicos esenciales.
Particularmente, sobre el caso de la accionante, indicó que es una campesina que
fue cultivadora de coca debido a la desigualdad estructural y falta de oportunidades
que le impedían encontrar otra fuente de ingresos económicos necesarios para
garantizar la subsistencia de su hogar, pues es madre cabeza de familia del hogar
integrado por ella y sus dos hijas. Adujo que reside en una casa que no cuenta con
los servicios públicos esenciales y se encuentra a “12 horas” del municipio de
Cumaribo por carretera destapada.
Informó que la actora se vinculó al PNIS mediante formulario CUB No 749520 de 23
de octubre de 2017 y se comprometió a erradicar dos hectáreas de coca cultivada
en el predio denominado “La Loma” ubicado en la vereda La Profunda, Inspección
de Puerto Príncipe del municipio de Cumaribo, Vichada. En ese marco, el primer
pago por concepto de asistencia alimentaria lo recibió el 29 de mayo de 2018, por
lo que el plazo para cumplir el compromiso vencía el 29 de julio de ese año, sin
embargo, este término fue reducido de 60 a 30 días sin que ella fuera notificada.
Manifestó que la misión de verificación de la UNODC llevó a cabo la visita a la región
entre el 14 de julio y 14 de agosto de 2018 y advirtió que a la actora le faltaba por
erradicar 0.667 hectáreas, por lo que por medio de oficio OFI 1900049737 de 2 de
mayo de 2019 fue suspendida del PNIS. Frente a ello, el 20 de mayo de 2019,la
actora manifestó que el incumplimiento obedeció a que tuvo que acompañar a su
mamá al hospital en la ciudad de Villavicencio porque presentaba graves
quebrantos de salud.
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Afirmó que esa justificación no fue admitida por el Gobierno Nacional, por lo que en
el año 2019 la Consejería para la Estabilización y Consolidación de la Presidencia
de la República decidió excluirla del PNIS, sin embargo, el respectivo acto
administrativo no fue notificado personalmente. Al respecto, explicó que la
demandante se enteró que el acto le fue entregado al presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Profunda, a quien no autorizó para tal efecto, por
una respuesta que dio la Agencia de Renovación del Territorio el 20 de enero de
2022 a una solitud formulada por ella.
En ese marco, refirió que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS) se implementó en el marco del punto 4 del Acuerdo Final orientado a
enfrentar el problema de drogas ilícitas del país, empero, para su cumplimiento real
y efectivo es necesario que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de
la Agencia de Renovación del Territorio sea sensible a la situación de vulnerabilidad
de las familias campesinas que vincularon al programa, las condiciones de
abandono estatal en las que han vivido y la desconfianza en las instituciones del
Estado.
Aseveró que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo
porque no se notificaron las decisiones administrativas adoptadas en el desarrollo
de programa y se le impidió ejercer el derecho de contradicción, a lo que agregó
que desconoció el principio de prevalencia de los sustancial sobre las formas
imponiendo exigencias desproporcionadas que desconocen la situación de
vulnerabilidad de la población campesina.
Del mismo modo, adujo que se desconoce el mínimo vital de la accionante al
excluirla del PNIS pese al cumplimiento del compromiso de erradicación de cultivos
de uso ilícito, en tanto al haber abandonado la actividad de la que derivaba su
sustento y el de su hogar, los componentes del programa constituyen la única fuente
para garantizar los recursos necesarios para su manutención.
8. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 2 de
junio de 2022, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de la subsidiariedad, en tanto consideró que teniendo en cuenta que la pretensión
principal de la acción de tutela es que se deje sin efectos el oficio OFI19-00100385
/ IDM 1207000, por medio del cual la Consejería Presidencial para la Estabilización
y la Consolidación de la Presidencia de la República ordenó la exclusión de la
señora Miriam Lucía Betancourt Cardona del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), debió acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para controvertir dicho acto administrativo a través del
medio de control del nulidad y restablecimiento del derecho, y en el trámite de ese
proceso judicial pedir la suspensión provisional del mismo para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, si lo consideraba pertinente.
Finalmente, precisó que la actora no allegó alguna prueba dirigida a demostrar la
condición de madre cabeza de familia a la que hizo referencia, así como tampoco
acreditó que sea madre de dos hijas, la edad de ellas y que dependan económica
de la actora.
9. Escritos de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante y la Asociación de Colonos del Alto Vichada impugnaron la sentencia
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de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el presupuesto de la subsidiariedad.
9.1. La accionante afirmó que el a quo no tuvo en cuenta que el acto administrativo
que dispuso la exclusión del PNIS fue notificado de forma indebida, por cuanto no
puede tenerse como válido el trámite surtido para tal efecto con el presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La Profunda, así como tampoco tuvo
consideración de la existencia del perjuicio irremediable por la exclusión del PNIS.
Señaló que a pesar de que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, ese
aspecto debe analizarse a partir de la calidad de los sujetos que acuden al
mecanismo de amparo, pues en muchas ocasiones las herramientas ordinarias de
defensa judicial pueden resultar una carga excesiva y prolongar la vulneración de
los derechos fundamentales.
Insistió en que no se notificó personalmente la reducción del plazo inicialmente
pactado para cumplir el compromiso de erradicación de los cultivos de uso ilícito,
por lo que no es posible que promueva el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra esa decisión. Ahora bien, en este punto, en
nota de pie de página la actora aseveró que “en el marco del traslado, el DAPRE
allegó el acto administrativo de exclusión, y el accionante tuvo la posibilidad de
solicitar su reposición sin a la fecha haber obtenido ninguna respuesta”.
De acuerdo con lo anterior, aseguró que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho implica una carga desproporcionada que no puede
soportar teniendo en cuenta que es madre cabeza de familia, principalmente por el
tiempo que tardan en resolverse los procesos judiciales, cuando se dicte sentencia
ya no tendrá ningún efecto útil.
Manifestó que el a quo admitió lo afirmado por la entidad demandada en torno a la
notificación a los beneficiarios del PNIS de la decisión administrativa que modificó
el plazo para el cumplimiento del compromiso de erradicación, sin que se aportara
prueba de ello.
De igual modo, señaló que exigirle pruebas de su condición de madre cabeza de
familia desconoce el principio de buena fe la que debe presumirse respecto de todo
lo afirmado en la demanda y en caso de tener alguna duda corresponde al juez a
través de la facultad oficiosa decretar las pruebas que considere pertinentes para
tal efecto.
Para terminar, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se
acceda a las pretensiones de la demanda.
9.2. La Asociación de Colonos del Alto Vichada, también manifestó su
desacuerdo con el fallo de primera instancia, al considerar que el a quo desconoce
el precedente judicial sobre el alcance del presupuesto de la subsidiariedad y el
deber de motivar las decisiones judiciales.
Adujo que se planteó un problema jurídico errado, en tanto el mismo no se dirigió a
determinar la violación de los derechos fundamentales invocados por la falta de
notificación del acto administrativo por medio del cual fue desvinculada del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS.
Afirmó que no hubo un pronunciamiento por parte del juez de tutela respecto de los
siguientes puntos: (i) el incumplimiento del Estado de los compromisos adquiridos
en el marco del PNIS frente a la accionante que cumplió con la erradicación de
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cultivos ilícitos y (ii) la grave situación económica en la que se encuentra la señora
Miriam Lucía Betancourt Cardona y su núcleo familiar por la exclusión del programa,
pues al haber abandonado la actividad de la que derivaba su sustento los
componentes del mismo constituyen la única alternativa económica.
En ese sentido, acusó al a quo de revisar de manera superficial los hechos,
argumentos y pruebas allegadas al proceso, desatendiendo el principio de debida
diligencia que rige las actuaciones judiciales. Concretamente, expresó lo siguiente:
“En el mismo sentido, el Juez no verificó que en las respuestas enviadas por las
entidades accionadas estuvieran los archivos adjuntos que relacionan las
respuestas de los radicados. Tampoco valora la integralidad de las pruebas
aportadas para establecer la calidad de sujeto de especial protección constitucional
Sra Miriam Cardona Betancourt -puesto que es madre cabeza de hogar, campesina
que tuvo que subsistir a partir de cultivos de uso ilícito y/o que es peor, profiere un
fallo reconociendo que los accionados no pudieron probar haber realizado en debida
forma los actos de notificación tal como lo ordena la Ley 1437 de 2011, lo cual es
un precedente que abiertamente desconoce el Estado Social de Derecho.
En el caso concreto hubo una omisión en la valoración de las pruebas para
determinar la veracidad de los hechos, así solicitamos respetuosamente, revisar las
pruebas que no fueron analizadas por el juez de primera instancia, para así evitar
la configuración de este defecto, a partir de un análisis detallado de los argumentos
fácticos, jurídicos y del material probatorio allegado con el escrito de la acción, que
acredita la procedencia de la misma, como mecanismo para configurar la amenaza
del perjuicio irremediable y demás afectaciones que supone la exclusión
injustificada del accionante de los beneficios del PNIS”.
Por último, refirió que para analizar el presupuesto de la subsidiariedad es
necesario analizar las condiciones que presentan los accionantes, como el ser
madre cabeza de familia que permite evidenciar que las herramientas de defesa
judiciales ordinarias no son idóneas para reclamar el amparo de los derechos
constitucionales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 2 de junio de 2022 dictada por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo promovida por la señora Myriam Lucía Betancourt, por no cumplir con
el presupuesto de subsidiariedad, y establecer si se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso en conexidad con el mínimo vital de conformidad
con los fundamentos invocados en la acción de tutela.
3. Estudio y solución del caso concreto
3.1. Análisis del requisito de la subsidiariedad
3.1.1. La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado declaró
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improcedente la acción de tutela por considerar que no se cumple el presupuesto
de subsidiaridad, toda vez que, a su juicio, existe otro mecanismo de defensa
judicial ordinario para controvertir las decisiones administrativas relativas a la
exclusión del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), esto es,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual la actora no
agotó.
3.1.2. En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona
tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa
disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así lo
precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela
como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
2
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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consideración por parte del juez de tutela”3. (Negrilla por fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos
en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar
de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable
o cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, lo
anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección
de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
3.1.3. Descendiendo al caso concreto la Sala encuentra que, contrario a lo
considerado por el a quo, se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto
pese a existir otro mecanismo de defensa judicial para controvertir el acto
administrativo que dispuso la exclusión de la señora Miriam Lucía Betancourt
Cardona del PNIS, el mismo no es idóneo para garantizar de manera efectiva sus
derechos fundamentales teniendo en cuenta, principalmente, que ella es un sujeto
de especial protección constitucional por pertenecer a la población campesina de
la vereda La Profunda, Inspección Puerto Príncipe del municipio de Cumaribo,
Vichada, que exige al juez de tutela flexibilizar el análisis de este presupuesto de
procedencia de tutela contra actos administrativos.
En efecto, como lo señaló recientemente esta Sala de Decisión5, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional6 ha considerado que los campesinos y los trabajadores
rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados
escenarios, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los
han afectado históricamente, así como a los cambios profundos en materia de
producción de alimentos y a los usos y la explotación de los recursos naturales.
La Corte Constitucional ha señalado que, teniendo en cuenta la estrecha relación
existente entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la
tierra, el ordenamiento jurídico colombiano también reconoce en el campo un “bien
jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de los
campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la
realización de su proyecto de vida”. Que ese Corpus iuris está compuesto por los
derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las libertades para
escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y la participación,
que se pueden interpretar como una de las manifestaciones del postulado de la
dignidad humana.
En sentencia SU-213 de 2021, la Corte Constitucional explicó que si bien el
ordenamiento jurídico no reconoce a los campesinos y trabajadores agrarios, per
se, como sujetos de especial protección constitucional, a nivel jurisprudencial se
3
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
5
Sentencia de 6 de octubre de 2022, exp. 2022-02461-01, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
Sentencias C-077 de 2017, sentencia SU-213 de 2021
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Demandante: MIRIAM LUCÍA BETANCOURT CARDONA
han establecido algunos criterios bajo los cuales adquieren esa condición. Esos
criterios son los siguientes:
(i) Cuando se encuentren en circunstancias de marginalización y
vulnerabilidad.
(ii) Cuando formen parte de grupos de sujetos de especial protección
constitucional, por ejemplo: población desplazada por la violencia, las
madres cabeza de familia, los menores, el adulto mayor, y aquellas
comunidades campesinas que dependen de los recursos naturales para su
subsistencia y para su identidad cultural, teniendo en cuenta que se trata, en
su mayoría, de personas con bajos ingresos.
También en sentencia C-077 de 2017, la Corte Constitucional enfatizó en que “una
persona, familia o comunidad se encuentran en estado de vulnerabilidad cuando
enfrentan dificultades para procurarse su propia subsistencia y lograr niveles más
altos de bienestar, debido al riesgo al que están expuestos por situaciones que los
ponen en desventaja en sus activos”. En ese contexto, añadió que los riesgos
podían surgir de la permanencia de las situaciones que les impiden a las personas
garantizarse de manera autónoma su subsistencia, o de cambios que amenazan
con sumergirlas en una situación de incapacidad para procurar su mantenimiento
mínimo, y lograr niveles más altos de bienestar.
3.1.4. En definitiva, la Sala encuentra necesario flexibilizar el estudio del
presupuesto de subsidiariedad teniendo en cuenta que la señora Miriam Lucía
Betancourt Cardona pertenece a una población campesina que históricamente ha
sido víctima de marginalización y vulnerabilidad que los ha conducido desde hace
décadas a ejercer actividades relacionadas con cultivos de uso ilícito para
garantizar su subsistencia, y precisamente esa circunstancia fue la que le permitió
ingresar al PNIS para encontrar en ese programa estatal, una alternativa económica
diferente y lícita que le permitiera acceder a los recursos necesarios para garantizar
su manutención.
Por lo tanto, sin duda, la negativa en el acceso a los componentes del PNIS causa
un impacto negativo en el ejercicio de derecho fundamental al mínimo vital y agrava
las condiciones de pobreza en la que se encuentra, lo que amerita la intervención
del juez constitucional.
Bajo los fundamentos expuestos, la Sala considera importante señalar, aun cuando
no ha sido objeto de pronunciamiento de la sentencia recurrida y de los escritos de
impugnación, que el requisito de inmediatez también se flexibiliza en este caso y,
por lo tanto, pese a que la desvinculación de la actora del PNIS se produjo en el
año 2019, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la actora es actual
y amerita la intervención urgente del juez constitucional.
3.2. Los derechos fundamentales de la demandante fueron vulnerados por la
autoridad demandada
Superado el examen de los presupuestos generales de procedencia de la acción
de tutela, corresponde a la Sala determinar si con la desvinculación de la señora
Miriam Lucía Betancourt Cardona del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS) se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso en
conexidad con el mínimo vital.
3.2.1. Hechos probados. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
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• El 14 de octubre de 2016 se suscribió el Acuerdo Colectivo para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos por el gobernador del departamento del
Vichada, el alcalde del municipio de Cumaribo, el comandante de la Fuerza
de Tarea Ares, el director de la Dirección para la Atención Integral de la
Lucha contra las Drogas y los representantes de las comunidades de las
veredas de las Inspecciones Wuerima, Chupave y Puerto Príncipe.
• El 23 de octubre de 2017, el citado acuerdo colectivo fue modificado para
ajustarlo a las condiciones de otros acuerdos colectivos suscritos con otras
comunidades y se abrió la posibilidad de que nuevas familias se vincularan
bajo las mismas condiciones de quienes ya lo estaban. El acta de la reunión
fue suscrita por el director para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el
gobernador del Departamento del Vichada, el alcalde municipal de
Cumaribo, el delegado de las FARC EP, el delegado de la Dirección para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos, el delegado departamental Coordinadora de
Cultivos de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM- Vichada, el
comandante de la Fuerza de Tarea ARES de la Fuerza Aérea Colombiana,
un delegado de la Fuerza Aérea Colombiana, el Comandante del Batallón
de Infantería Rojas Acevedo, el presidente de la Asociación de Juntas de
Acción Comunal del Vichada -ASOJUNCUVI-, el delegado de la asociación
de agricultores agroforestales del Tuparro, presidente de la Asociación de
Productores Agroforestales de Alto Vichada -PROAGRO- y los presidentes
de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Tucuriva Cahiva,
Inspección Puerto Príncipe, El Palmar, Agua Bonita, Caño Amargo, Las
Auroras, La Unión, La Profunda, Michoacam, Las Flores, Chupave, Caño
Cada, San Carlos, la Reforma, Inspección de Wüerima, San Campo Alegre,
Piñalito, Uva Alto, Patio Bonito, el Diamante, Caño Arriba, Omanape Malasia,
la Caneca, Nueva Colombia, Santa Rita, Chaparral Bajo, Tuparro, La
Esperanza, Camareta, El Triunfo, La Esmeralda, El Placer, Matagrande,
Puerto Oriente. En calidad de “impulsores, garantes y acompañantes” del
proceso la suscribieron el personero municipal y el Delegado de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
Es de resaltar que en aquella ocasión se fijó como plazo para cumplir el
principal compromiso de los núcleos familiares que voluntariamente se
vincularon al PNIS, esto es, la erradicación de los cultivos de uso ilícito se
fijó el término de sesenta (60) días.
• El 23 de octubre de 2017, la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona se
vinculó al PNIS por medio del formulario CUB 749520 bajo el perfil de
campesina y cultivadora de la vereda La Profunda del municipio de
Cumaribo. Reportó que su núcleo familiar estaba conformado por ella y sus
dos hijas menores, que el predio donde tiene el cultivo de uso ilícito se
denominaba “La Loma” con un área de 2 hectáreas, del cual era poseedora.
• El 29 de mayo de 2018 se llevó a cabo una reunión en el salón comunal de
la inspección Puerto Príncipe a la cual asistieron dos asesores de la
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícito, el alcalde (E) del municipio de
Cumaribo, Segundo Comandante de la Fuerza Especial Ares de la Fuerza
Aérea Colombiana, el Comandante del Batallón BIRAJ, directora
supernumeraria BAC, y presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto
Príncipe. Se elevó un acta que da cuenta que discutieron varios aspectos
entre estos la reducción del plazo para cumplir el compromiso de
erradicación de cultivos de uso ilícito. Al respecto se expresa lo siguiente:
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“Se hace discusión sobre el tiempo que se tomarán los cultivadores para sustituir el
cultivo ilícito; definiendo que lo harán en 30 días”.
• De acuerdo con el Informe de UNODC sobre la Misión de Verificación “del
14 de agosto de 2018 Monitoreo y verificación de compromisos” expresa que
la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona cumplió de manera parcial el
compromiso de erradicación, en tanto según el informe se identificó una
extensión de 0,778 hectáreas con cultivos de uso ilícito, de las cuales se
evidenció que realizó levantamiento parcial de 0,677 hectárea(s).
• El 2 de mayo de 2019, la Presidencia de la República expidió el oficio OFI19-
00049737 / IDM 1207004 por el cual se comunica a la señora Miriam Lucía
Betancourt Cardona el inicio del trámite frente al incumplimiento de los
compromisos suscritos en el acuerdo colectivo frente al PNIS. Se le advierte
que teniendo en cuenta que el primer giro, por concepto de asistencia
alimentaria inmediata, se realizó el 29 de mayo de 2018 el plazo inició el 30 de
mayo de 2018 y venció el 29 de junio de ese año, teniendo en cuenta que el
plazo fue reducido de 60 a 30 días y se concede el plazo de cinco días hábiles
para que allegue un escrito en el que explique las razones del incumplimiento.
En ese sentido expresó lo siguiente:
“De acuerdo con lo anterior, el plazo señalado en el acuerdo colectivo y en el acuerdo
individual para realizar el levantamiento de raíz, comenzó a contarse el día 30 de
mayo de 2018 y teniendo como plazo hasta el 29 de julio de 2018. Sin embargo se
suscribió un acta en el cual se acordó que el término para realizar el levantamiento
sería de 30 días, quedando como fecha máxima definitiva el día 29 de junio de 2018
para realizar el levantamiento total incluida la raíz de los cultivos ilícitos.
Teniendo en cuenta que esta situación de incumplimiento lo puede excluir de los
beneficios del PNIS, me permito informarle que dando cumplimiento al derecho
fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, usted cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de comunicación del presente oficio, es decir a partir del 15 de
mayo de 2019, para que allegue a nuestro delegado del PNIS para el departamento
del VICHADA, el señor FABIO RODRÍGUEZ GARCÍA, el escrito con las razones de
su incumplimiento y las pruebas necesarias para establecer las razones de su del
mismo”.
• El 3 de septiembre de 2019, la Presidencia de la República expidió el oficio
OFI19-90100385/IDM1207000 que ordena la exclusión del PNIS de la señora
Miriam Lucía Betancourt Cardona.
• El 6 de marzo de 2020, la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona formuló
ante el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación de
Sustitución de Cultivos Ilícitos una petición dirigida a que se entregara las actas
de la reunión en la que se modificó el plazo para el cumplimiento del
compromiso de la erradicación y la comunicación de la misma en la cual se
advierte los recursos que las familias podían formular contra esa decisión.
• El 22 de septiembre de 2021, solicitó al Consejero Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación de Sustitución de Cultivos Ilícitos copia simple
del formulario de vinculación y del informe de UNODC relacionado con la visita
realizada sobre su predio para verificar la erradicación de los cultivos de uso
ilícito.
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Se observa que esa petición fue contestada el 30 de septiembre de 2021, a
través de un escrito enviado junto con tres anexos, al correo electrónico
juridicaregiones@corporacionclaretiana.org7, en los siguientes términos:
“1. En relación con el punto 1 de su solicitud nos permitimos acompañar copia de
formulario CUB 749520.
2. Informe denominado “Apoyo a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
en el Marco del PNIS - Monitoreo y verificación de compromisos. Misión 2, del 14 de
julio al 14 de agosto de 2018” del municipio de Cumaribo, Vichada, sobre el particular
se señala que solo se brindará una copia parcial del informe según lo contemplado
en los artículos 18 literal b y 21 de la Ley 1712 de 2014, esto en aras de no afectar el
derecho de hábeas data y la seguridad de los demás beneficiarios del PNIS en el
municipio de Puerto Asís, en el entendido que la información que se suministra
solamente se limita a lo exigido por el peticionario y a lo que a sus fines respecta”.
• El 20 de enero de 2022, la accionante y tres personas más radicaron petición
ante la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de
Renovación del Territorio dirigida a que se entregara “copia simple de la
citación para la diligencia de notificación personal por medio de la cual la
Consejería para la Estabilización y Consolidación nos citó a cada uno de
nosotros para notificarnos la decisión contenida en el acto administrativo por
medio del cual fuimos excluido del Programa PNIS. 2. Copia del acta de
notificación personal de los actos administrativos por medio de los cuales
fuimos excluido del PNIS donde consten los datos de quien notifica y del
notificado, la fecha y hora de la notificación y los recursos que proceden contra
dicha decisión. 3. En caso de haber sido notificados por notificación distinta a
la notificación personal, regamos enviar las respectivas constancias”.
El 17 de mayo de 2022, la entidad dio respuesta a la petición en los siguientes
términos:
“Sea la oportunidad de informar que, atención a lo dispuesto en el parágrafo 4 del
artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, el cual dispone que la ejecución del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito – PNIS, se efectuará por
parte de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 23 del Decreto 1223 del 4 de septiembre de 2020 y la
Resolución No. 079 del 25 de febrero de 2020, la Dirección de Sustitución de Cultivos
Ilícitos de la ART, se le informó que, con los datos suministrados por ustedes, se
consultó el Sistema de Información del PNIS – SISPNIS encontrando lo siguiente:
(…)
• MIRIAM LUCIA BETANCOURT CARDONA, identificada con C.C. No. 25170737, se
inscribió al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito –
PNIS-, mediante formulario CUB No. 749520, como CULTIVADOR de cultivos de uso
ilícito.
(…)
Así mismo que, una vez revisado el archivo del programa, se verificó la existencia de
un formulario de vinculación por usted diligenciado, teniendo en cuenta lo
anteriormente dicho, esta dependencia accederá a entregar la copia solicitada en los
términos del artículo 14 de la ley 1437 de 2011. Cabe aclarar que allí mismo, se
evidencian los compromisos adquiridos tanto por usted como por el Gobierno
Nacional. Al hacer una génesis de su caso, mediante oficio de fecha 18 de enero de
2019, fue enviada comunicación al señor LUIS CARLOS USECHE, Presidente de la
Junta de Acción Comunal, de la Vereda La Profunda, Municipio de Cumaribo,
Departamento de Vichada, en el cual, se le informa que, INOCENCIO PORTELA
CAMPOS, MIRIAM LUCIA BETANCOURT CARDONA, entre otros, así como,
mediante oficio de fecha 18 de enero de 2018, fue enviada comunicación al señor
MOISÉS HERNÁNDEZ QUINTERO, Presidente de la Junta de Acción Comunal, de
la Vereda Tucuriva chaiva, Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, se le
7
Aportado por la peticionaria para efectos de notificar la respuesta.
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informa que, la señora ROSALBA TORRES LEMUS toda vez que, no se contaban
con datos de contacto para su notificación personal, que, no serán objeto de atención
por parte del programa, al no cumplir con los requisitos de vinculación dentro del
mismo, dichas comunicaciones, fueron enviadas vía correo electrónico. En lo que
respecta a la solicitud de notificación del acto administrativo por medio del cual fue
excluido del PNIS; nos permitimos informarle que, registra que ustedes ya se
encuentran en estado RETIRADO, toda vez que, la novedad asociada al
incumplimiento por verificación en terreno “LEVANTAMIENTO PARCIAL DE
ILÍCITOS; razón por la cual se trata de una decisión adoptada y de una situación
consolidada con anterioridad a la existencia de esta Dirección y del traslado de la
operación del PNIS a la Agencia de Renovación del Territorio. En dicha comunicación
se les informaba a dichos representantes que, tenía 10 días hábiles para presentar
recurso de reposición de la decisión tomada por la DSCI”.
La anterior respuesta fue notificada a través del correo electrónico aportado
en la petición para tales efectos, juridicaregiones@corporacionclaretiana.org
con un anexo.
Para determinar si se vulneró el derecho fundamental al debido proceso en
conexidad con el mínimo vital de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, la
Sala considera necesario analizar el trámite de notificación que se surtió respecto
del (i) acta de la reunión celebrada el 29 de mayo de 2018 en la que se redujo el
plazo para el cumplimiento del compromiso de erradicación inicialmente pactado
en el acuerdo colectivo celebrado el 14 de octubre de 2016 y (ii) del oficio OFI19-
90100385/IDM1207000 de 3 de septiembre de 2019 que dispuso la exclusión del
PNIS de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona.
3.2.2. Sobre el acta de la reunión celebrada el 29 de mayo de 2018
La Sala observa que en la citada acta se hace constar que en el salón comunal de
la inspección de Puerto Príncipe se reunieron autoridades locales, entidades de la
administración del PNIS y un solo presidente de la Junta de Acción Comunal
(Puerto Príncipe), como se evidencia en la siguiente imagen:
También, el acta en mención advierte que entre los asistentes señalados
anteriormente, se adoptó la decisión de modificar el plazo pactado para que los
núcleos familiares vinculados al PNIS cumplieran el compromiso de erradicación
de cultivos ilícitos reduciéndolo a treinta (30) días. Lo anterior se evidencia en la
siguiente imagen:
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02462-01
Demandante: MIRIAM LUCÍA BETANCOURT CARDONA
Sin embargo, resulta claro que en dicha reunión no se garantizó la participación de
la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, a pesar de que resultaba directamente
afectada con la decisión de reducir el plazo en el que ella debía erradicar los cultivos
de uso ilícito sobre su predio, así como tampoco existe prueba de que se le hubiera
notificado esa decisión, por lo que dicho término no le era oponible y, por lo tanto,
no podía la Administración exigir el cumplimiento de su deber en un plazo que ella
no conocía.
Ahora bien, frente al conocimiento de la modificación del plazo por parte de las
familias vinculadas al PNIS, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
aseveró que esto fue socializado. En ese sentido, la entidad demandada expresó
lo siguiente:
“v) El acta que modificó el plazo fue socializada con toda la comunidad de la inspección
de Puerto Príncipe a la cual pertenece el accionante y se acordó los tiempos en los cuales
debían cumplir con el compromiso de levantamiento total de los cultivos ilícitos en un plazo
máximo de 30 días calendario, debe aclararse que no es necesario que todas las personas
vinculadas al PNIS suscriban la totalidad de actas que se desarrollan en razón de la
implementación, toda vez que, la representación de las comunidades se maneja por
núcleo veredal o inspección como para el caso bajo estudio, quiere decir lo anterior que
para la inspección de Puerto Príncipe se desarrolló el espacio de acuerdo sobre la
modificación del tiempo con las personas delegadas por la misma comunidad para tales
fines. Adicionalmente, debe tenerse presente que se informó con antelación la fecha de
visita a los predios de los beneficiarios, dicha situación puede corroborarse por cuanto la
mayoría de las familias cumplieron con el compromiso, y el accionante no cumplió como
consecuencia de su falta de interés y voluntariedad”.
No obstante, la entidad demandada no aportó prueba de esa afirmación, ni explicó
los canales empleados para garantizar que los núcleos familiares, incluyendo a la
señora Miriam Lucía Betancourt Cardona conociera que el plazo que se le había
otorgado para erradicar la totalidad de los cultivos había sido reducido de sesenta
a treinta días.
Al respecto, esta misma Sala8 ha considerado que las modificaciones de los
compromisos pactados en el acuerdo colectivo y que fueron incluidos en los
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Sentencia de 6 de octubre de 2022. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Expediente 11001-03-15-
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Demandante: MIRIAM LUCÍA BETANCOURT CARDONA
formularios individuales de vinculación, deben estar precedidos por la
manifestación de la voluntad de los núcleos familiares directamente involucrados.
Ello, en tanto no se puede desconocer que conforme con el punto 4.1.1., del
Acuerdo Final, uno de los principios del PNIS es la voluntariedad. En efecto, en lo
pertinente, el Acuerdo Final establece:
“En la medida en que el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) hace parte de
la Reforma Rural Integral (RRI), éste, además de los principios acordados en el marco
de dicha Reforma, se regirá por los siguientes principios: (…) Sustitución voluntaria: a
partir de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los
cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria es un principio fundamental del Programa,
para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan
contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la
sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respetivos
territorios. Ello implica acciones de promoción de la sustitución voluntaria y definir con
las comunidades las alternativas de sustitución que sean sostenibles desde el punto de
vista económico y socioambiental, y adecuadas para fortalecer las economías familiares,
garantizando condiciones de vida digna. Lo anterior en el entendido de que el proceso
de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos
acordados con las comunidades. (Ver punto sobre “Acuerdo con las Radicado: 11001-
03-15-000-2022-02461-01 Demandante: Marco Antonio Cárdenas Salinas 20 Calle 12
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los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”)
Así las cosas, a partir del elemento volitivo que caracteriza el PNIS y teniendo en
cuenta que el plazo para que los núcleos familiares cumplan con el compromiso de
erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito es un aspecto de la esencia del
acuerdo colectivo que además está incorporado en el formulario de vinculación
individual, cualquier modificación sustancial como la reducción del plazo, debía
contarse con la participación de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona.
Además, no resulta válido que la Administración asuma que la accionante se enteró
de la modificación en el plazo para la erradicación a partir del hecho de que la
mayoría de los habitantes sí se enteraron de esa circunstancia y cumplieron el
compromiso en el nuevo plazo. Ello, porque la entidad que tenía a su cargo la
administración del PNIS debió tener en cuenta las circunstancias especiales que
rodean cada familia.
En efecto, la Sala resalta que en el escrito de descargos presentado por la actora
el 20 de mayo de 2019, relató las condiciones del terreno por las cuales debe
desplazarse hasta la cabecera municipal. Dicho relato encuentra respaldo en lo
señalado por quien se desempeñó como Presidente de la Junta de Acción Comunal
de la vereda La Profunda a la que pertenece la accionante, y quien tampoco
participó en la reunión del 29 de mayo de 2018, al señalar que no hay vías de
acceso y en ese territorio no es posible acceder a todos los hogares. Sobre ese
particular expresó lo siguiente:
“En el mismo sentido, debo aclarar que dentro del contrato que firmé con Fundorinoquia
notificar este tipo de decisiones no estaba dentro de mis funciones (Anexo 4. Contrato
de prestación de servicios a Fundeorinoquia), que la razón por la cual lleve los avisos de
suspensión fue porque las familias nos exigían a los Asistentes Técnicos que les
hiciéramos la visita de asistencia técnica y debíamos demostrar que no estábamos
autorizados. Sin embargo si se enviaron algunos avisos por medio de las JAC, aunque
no es el caso de las familias de Inocencio y Miriam. Cumaribo es el municipio más grande
del país y tiene muchas dificultades de acceso, así que esos documentos de la
suspensión que se enviaron mediante las JAC a veces llegaban días después o
simplemente no llegaban, en las mejores condiciones. Entre una finca y otra dentro de
una misma vereda, tal como lo es la vereda la profunda pueden haber horas de camino
por trocha o en moto si la persona cuenta con algún vehículo.
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Demandante: MIRIAM LUCÍA BETANCOURT CARDONA
No es tan fácil aquí hacer llegar una razón o documento porque en invierno hay lugares
intransitables. En respuesta a un derecho de petición SPIM 022 - 2022 presentado a la
Alcaldía Municipal de Cumaribo por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello donde
se solicita información sobre los tiempos de desplazamiento estimados entre la cabecera
municipal y las inspecciones de Chupave, Werima y Puerto Príncipe, el secretario de
Infraestructura y Planeación del Municipio responde que no tiene esa información”.
Del mismo modo, adujo que después de la visita técnica por parte de UNODC,
llegaban a su celular mensajes de WhatsApp notificando decisiones de suspensión
y exclusión del PNIS, sin embargo, ese canal no era efectivo porque la señal es
muy mala en la región. Agregó que para superar esa situación reunían a los
presidentes de las juntas de acción comunal y les entregaban documentos que
contenían esas decisiones para que ellos entregaran a cada núcleo familiar, no
obstante, ellos no entendían el alcance de ese trámite pues aseveró: “nunca nos
hicieron una formación o nos explicaron qué era eso de la notificación”.
En definitiva, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito adscrita a la
Presidencia de la República que en su momento tuvo a cargo la administración del
PNIS, desconoció los derechos de audiencia y defensa de la señora Miriam Lucía
Betancourt Cardona al reducir el plazo para cumplir el principal compromiso
adquiridos en el acuerdo colectivo del PNIS, esto es, la erradicación de cultivos de
uso ilícito, sin permitirle su participación, incluso sin adelantar las acciones
necesarias para garantizar que ella conociera esa decisión. De ahí, que no resultara
extraño que cuando se realizó la visita de verificación la accionante aun no hubiese
terminado de erradicar los cultivos de uso ilícito completamente.
3.2.3. Sobre la notificación del oficio OFI19-90100385/IDM1207000 de 3 de
septiembre de 2019
Por medio del oficio OFI19-90100385/IDM1207000 de 3 de septiembre de 2019, se
excluyó del PNIS a la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona y se dispuso
notificar esa decisión en los términos señalados en el artículo 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011 e informarle que contra el acto administrativo procede el recurso
de reposición dentro de los 10 días siguientes a la notificación.
Sin embargo, la actora aduce que dicho acto administrativo no fue notificado
personalmente y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de presentar el recurso de
reposición respectivo.
En contraste, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito de la Agencia de
Renovación del Territorio adujo que según la base de datos “la notificación fue
surtida por el señor LUIS CARLOS USECHE, Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la Vereda La Profunda porque no se contaba con datos de contacto
para su notificación personal”
Al respecto, la Sala debe resaltar que el señor Luis Carlos Useche en la intervención
efectuada en el presente trámite constitucional adujo que para la fecha en que se
expidió el acto administrativo de exclusión no era presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Profunda y que tenía conocimiento de que la Dirección
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se encargaría de ello personalmente. Al
respecto, expresó lo siguiente:
“En cuanto a la notificación de las decisiones que excluyeron de manera definitiva a las
familias, los documentos de doña Miriam (…) no fueron enviados mediante mi
persona, tengo entendido la DCSI se iba a encargar de entregárselos personalmente.
En el caso de doña Miriam Betancourt (…) aducen en la tutela que según el PNIS
el 18 de enero de 2019 le enviaron la decisión que los excluyó del PNIS, pero para
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esa fecha yo ya no era Presidente de la JAC. También es cierto que ninguna de
esas dos familias me autorizó para notificarme de esa decisión”.
De acuerdo con ello, resulta claro que el trámite de notificación personal del acto
administrativo que dispuso la exclusión del PNIS fue irregular lo que le impidió a la
señora Miriam Lucía ejercer el medio de impugnación procedente contra esa
decisión.
Frente a la importancia de la notificación de las decisiones de la administración,
conviene decir que la Corte Constitucional, en sentencia T-002 de 2019, explicó
que la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa:
i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado
que mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las
decisiones de la Administración; (ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del
debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa
y de contradicción; y (iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los
principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el
que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes.
Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital de la señora Miriam Lucía
Betancourt Cardona al excluirla del PNIS con desconocimiento de las reglas propias
del procedimiento administrativo. En consecuencia, accederá al amparo invocado
en la demanda.
4. De las órdenes de amparo
4.1. De acuerdo con lo expuesto, la Sala constata que en el asunto objeto de
estudio, se presentó una anomalía sustancial en el procedimiento administrativo
adelantado por la Consejería para la Estabilización y Consolidación de la
Presidencia de la República y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
de la Agencia de Renovación del Territorio, que se concreta en el desconocimiento
de los derechos de defensa y contradicción de la señora Miriam Lucía Betancourt
Cardona.
4.2. Esa falencia deriva en que el acto que excluyó a la demandante del PNIS se
expidió con desconocimiento de las formas propias del procedimiento, toda vez que
el oficio OFI19-90100385/IDM1207000 de 3 de septiembre de 2019, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la demandante al dictarse sin atender
las garantías de audiencia y defensa, en tanto no se notificó en debida forma lo que
le impidió promover el recurso de reposición.
4.3. Del mismo modo, se desconoció el debido proceso administrativo al no
garantizar la participación efectiva en la decisión de modificar el plazo inicialmente
pactado en el acuerdo colectivo suscrito con las comunidades de Cumaribo para
cumplir el compromiso de erradicación de cultivos de uso ilícito. Además, esa
decisión no resulta oponible a la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona porque
no fue notificada de dicho cambio sustancial, por lo que el término que debía cumplir
era de sesenta (60) días teniendo en cuenta que al vincularse de manera voluntaria
al PNIS a través del formulario de vinculación individual que así lo expresaba,
aceptó ese y no el de treinta (30) días pactado de manera irregular por autoridades
involucradas en la ejecución del programa.
4.4. Para materializar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y al mínimo vital de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona, la Sala encuentra
necesario ordenar a la Agencia de Renovación del Territorio que rehaga el
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procedimiento administrativo adelantado desde el monitoreo y verificación del
cumplimiento del compromiso de erradicación de los cultivos de uso ilícito.
4.5. La Sala no desconoce que los acuerdos suscritos en el marco del Programa
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito implican una bilateralidad de
compromisos entre el Gobierno Nacional y las comunidades campesinas
beneficiarias. Las familias campesinas vinculadas al programa adquieren ciertos
compromisos que solo cuando los cumplen les permiten continuar en el programa.
4.6. Por su parte, la administración, en cabeza de la Agencia de Renovación del
Territorio tiene la obligación de verificar el cumplimiento de esos acuerdos,
verificación que deberá hacer con plena observancia del derecho al debido proceso.
Es más, deberá observar plenamente la Resolución No. 24 de 7 de mayo de 20209,
en la que determinó que las actuaciones administrativas que materialicen el
desarrollo e implementación del programa deben observar el debido proceso
administrativo y tomar como referente de validez el Acuerdo Final. En especial, lo
previsto en el punto 4.1.3.2., que exige en los casos en los que no haya acuerdos
de sustitución, o se incumplan los compromisos derivados de estos sin que medie
caso fortuito o fuerza mayor, se persuada a las comunidades mediante la
promoción de la sustitución voluntaria antes de dar aplicación a otras estrategias
de intervención en los territorios.
4.7. La Resolución No. 24 de 2020, que si bien se dirige a los beneficiarios del PNIS
que se encuentran en estado de suspensión por presunto incumplimiento del
compromiso de erradicación total de cultivos de uso ilícito, también puede aplicarse
para los casos de exclusión, pues esa resolución tuvo como propósito maximizar
“las garantías que les asisten a sus beneficiarios en el desarrollo del procedimiento
administrativo durante la etapa de implementación, en especial tratándose de la
definición de la permanencia de un núcleo familiar en el programa”. Justamente ese
lineamiento debe ser el que atienda la administración al momento de desarrollar el
trámite administrativo de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona.
4.8. En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio que coordine la práctica de una
visita de monitoreo y verificación en el predio de la señora Miriam Lucía Betancourt
Cardona, conforme con los compromisos que adquirió en el Formulario CUB
749520 del 29 de enero de 2018 y el Acuerdo Colectivo para la Sustitución
Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Esa práctica deberá ser programada y comunicada
con anticipación a la actora y la práctica de la verificación no podrá exceder del
término de 30 días, contado a partir de la notificación de esta providencia
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 2 de junio de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones aquí expuestas. En
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Por la cual se imparten lineamientos para la persuasión a la sustitución voluntaria de cultivos
ilícitos en el marco de la implementación del PNIS”
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su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo
vital de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona.
Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de
la Agencia de Renovación del Territorio que coordine la práctica de una visita de
monitoreo y verificación en el predio de la señora Miriam Lucía Betancourt Cardona,
conforme con los compromisos que adquirió en el Formulario CUB 749520 del 29
de enero de 2018 y el Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria de Cultivos
Ilícitos. Esa práctica deberá ser programada y comunicada con anticipación a la
actora y la práctica de la verificación no podrá exceder del término de 30 días a
partir de la notificación de esta providencia.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
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