Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02464-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02464-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02464-01
Accionante: JOSÉ FERNANDO PÉREZ PÉREZ
Accionado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SINCELEJO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SUCRE
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho /
intereses a las cesantías / sanción moratoria / falta
de legitimación en la causa por activa
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el accionante en contra
de la sentencia del 24 de junio de 2022 mediante la cual la Sección
Tercera, Subsección C de esta corporación declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor José Fernando Pérez Pérez, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Sincelejo y del Tribunal Administrativo de
Sucre, con fundamento en los siguientes:
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1. HECHOS
1.1 Los señores Ibeth de Jesús Pérez Acosta, Rodrigo de Jesús
Ortega Vides, Jorge Luis Cervantes Vergara, Neila María Meza Tovar
y Alberto Manuel Acosta Avilés, a través de su apoderado, José
Fernando Pérez Pérez, presentaron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de San Juan de
Betulia a fin de que se les indexaran las cesantías, se reconocieran
los intereses y se les pagara la sanción moratoria por el no pago
oportuno del auxilio.
1.2 Por reparto la demanda correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Sincelejo, despacho judicial que mediante
sentencia del 15 de enero de 2018 resolvió acceder parcialmente a
las pretensiones, decisión que fue confirmada el 23 de febrero de
2022 por el Tribunal Administrativo de Sucre.
1.3 El hoy accionante manifestó que dicha decisión es violatoria de
derechos fundamentales y adolece de defecto fáctico, toda vez que
no se reconocieron los intereses a las cesantías y la sanción
moratoria.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Revocar y ordenar el reconocimiento en la sentencia, en relación a la sanción
moratoria y el interés de las cesantías (12%) que fueron negadas en la sentencias
por parte del JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SINCELEJO en providencia de fecha 15 de enero 2018 y al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTARTIVO DE SUCRE en providencia de fecha 23 de
febrero de 2022 y reconocer el derechos a mis poderdantes.»
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3. INFORMES
Mediante auto del 6 de mayo de 2022, la Sección Tercera, Subsección
C de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo y
al Tribunal Administrativo de Sucre y a los señores Ibeth de Jesús
Pérez Acosta, Rodrigo de Jesús Ortega Vides, Jorge Luis Cervantes
Vergara, Neila María Mesa Tovar, Alberto Manuel Acosta Avilés y al
Municipio de San Juan de Betulia (Sucre), como terceros interesados
en las resultas del proceso.
3.1. El Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo, por
conducto del juez titular pidió se declare improcedente la acción de
tutela, dado que no puede ser utilizada como una tercera instancia,
máxime cuando lo que se cuestiona son providencias judiciales,
evento en el cual es importante preservar la seguridad jurídica, la
cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial.
3.2. El Tribunal Administrativo de Sucre, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, expresó que dicha providencia no
resulta arbitraria, caprichosa ni mucho menos alejada de las normas
y reglas jurisprudenciales que eran aplicables al caso concreto, pues,
por el contrario, fue sustentada con precedentes de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado.
En ese orden, señaló que no se satisfacen los requisitos de
procedibilidad del mecanismo constitucional, toda vez que lo que
pretende el accionante es utilizar la acción de tutela como tercera
instancia para reabrir una discusión de legalidad que bien pudo
plantear en sus alegaciones de segunda instancia en el marco del
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proceso ordinario cuya sentencia cuestiona, esto es, poner en
entredicho la prescripción de sanción moratoria por la no consignación
oportuna de las cesantías anualizadas y de los intereses de cesantías.
3.3. No se rindieron más informes.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación mediante
sentencia del 24 de junio de 2022, declaró improcedente el amparo
constitucional deprecado por el señor José Fernando Pérez Pérez, al
considerar que no le asiste un interés directo en el asunto, en tanto
pese a que manifestó actuar en nombre propio, su intervención en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue a título de
apoderado de los demandantes.
De esa manera, agregó que como no se aportó poder especial que
habilitara al señor Pérez Pérez como apoderado de los demandantes
en sede de tutela, no se estructuró el elemento de legitimación en la
causa por activa, ni de representación o de agencia para la defensa
de los derechos ajenos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991.
5. IMPUGNACIÓN
Indicó que los abogados son un instrumento a través del cual se
pueden garantizar los derechos que les asisten a todas aquellas
personas que están siendo objeto de vulneración, lo que lo legitima
para adelantar todas las gestiones que sean necesarias a fin de
garantizar los derechos fundamentales y corregir los errores de
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derecho que se cometan en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Adujo que sus poderdantes, al momento de presentar la demanda, le
otorgaron poder amplio y suficiente para llevar hasta su culminación
y/o finalización los recursos y acciones legales necesarias para el buen
mandato y, en esa medida, si él a quo consideró que faltaron los
poderes ha debido requerir la presentación de los mismos, de modo
que se hubiese subsanado; no obstante, guardó silencio solo para
declarar improcedente la acción constitucional por falta de
legitimación en la causa por activa, circunstancia que en su sentir
vulnera el debido proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar:
¿Si el señor José Fernando Pérez Peréz está legitimado en la
causa por activa para cuestionar la decisión proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo en la sentencia
del 15 de enero de 2018 que resolvió acceder parcialmente a
las pretensiones, la cual fue confirmada el 23 de febrero de
2022 por el Tribunal Administrativo de Sucre?
2. Fundamentos de decisión
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
la tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuandoquiera que ellos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción
de tutela indica que esta acción constitucional podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, «por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes
se presumirán auténticos. También se podrán agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud (…)».
La Corte Constitucional ha señalado que para ejercer la acción de
tutela mediante el uso de la figura del apoderamiento judicial
deben cumplirse ciertos requisitos básicos, comoquiera que ésta
surge del derecho de postulación que instituye el artículo 229 superior
y que se desarrolla en las normas procesales1.
De tal suerte, que en la Sentencia T-531 de 20022 se definieron como
requisitos normativos del apoderamiento judicial, los que a
continuación se describen:
«(...) Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala
señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por
escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii)
El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. 3 En este
1
Sentencia T-679 de 2007.
2
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
3
En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en
materia de tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de
representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta
autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”
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sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los
intereses en un determinado proceso no se entiende conferido 4 para la
promoción5 de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a
estos tengan origen6 en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional. (...)».
De lo anterior se colige que el principio de especificidad de los poderes
que se otorgan para que se inicie una acción bajo el uso del
apoderamiento judicial, debe acatarse en todo amparo de tutela, pues
de ello depende que se configure la legitimación en la causa por
activa. Igualmente, y conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para cada proceso judicial que se pretenda iniciar
deben otorgarse poderes específicos, pues un poder para un proceso
judicial inicial no sirve para legitimar una actuación posterior en un
litigio de una índole diferente7.
3. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el señor José Fernando Pérez Pérez
cuestiona los fallos proferidos por el Juzgado Octavo Administrativo
Oral de Sincelejo el 15 de enero de 2018 y el Tribunal Administrativo
de Sucre el 23 de febrero de 2022 por medio de los cuales se resolvió
acceder parcialmente a las súplicas de la demanda, puesto que, en su
entender, adolecen de defecto fáctico.
4
En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de procedimiento civil en la materia,
así en la sentencia T-530 de 1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los poderes
especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.”
5
En este sentido en la en la sentencia T-695 de1998 la Corte no concedió la tutela impetrada debido a
que el abogado quien presentó la tutela pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal
al proceso de tutela.
6
En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado
de la parte civil en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró
que el a-quo no debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el poder
respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso.
7
Sentencia T-679 de 2007.
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Ahora bien, es necesario precisar que, de acuerdo con lo manifestado
en la demanda de tutela, el señor José Fernando Pérez Pérez invoca,
en nombre propio, la protección de los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y al trabajo y de los principios
de favorabilidad e in dubio pro operario en materia laboral.
No obstante, una vez analizado el acervo probatorio, se advierte que
el accionante no compareció como parte en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho aludido sino que actuó como apoderado
de la parte demandante, lo que implica que, por ser sus poderdantes
los titulares de los derechos cuya protección se invoca, era
indispensable el otorgamiento de un poder específico para interponer
acción de tutela, documento que no fue aportado a este proceso.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
«(…) no puede alegarse que la vulneración de los propios derechos fundamentales
tiene como fundamento la vulneración de los derechos fundamentales de un
tercero, que en el caso de los procesos judiciales, serían los de aquellos que se
hicieron parte en éste. Estima la Sala que para considerar que una providencia
judicial ha vulnerado un derecho fundamental, es necesario que se demuestre que
la autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no permitió a los afectados con
su decisión, hacerse parte dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en
algunas de las causales previstas para que la acción de tutela proceda contra
providencias judiciales. Una persona que no ha intervenido dentro de un proceso
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como apoderado de quien sí lo ha
hecho, no podría alegar una vulneración de sus derechos fundamentales como
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad judicial, con excepción de
aquellos casos en los cuales la presunta afectación tiene como fundamento la
indebida o ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual podrían haber
tomado parte, como ha sido señalado.
Lo anterior, por cuanto es necesario tener en cuenta lo precisado por ésta
Corporación en la Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), reiterada en la sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) en
donde se señaló que “...no puede alegarse vulneración de los propios derechos
con base en los de otro...”. Con base en lo expuesto, a juicio de ésta Sala, debe
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concluirse que el interés en la defensa de derechos fundamentales radica en su
titular y no en terceros, y por otro lado, la relación de vulneración o amenaza de
derechos fundamentales debe ser directa y no transitiva.
Así lo manifestó la Corte en la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como
motivo de la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de aceptarse ello,
se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus linderos normativos. [Por lo
tanto...] La violación de los derechos [fundamentales] de otro no vale como
motivo para solicitar la propia tutela...”. Así, la Corte ha considerado que no
tiene legitimidad, aquella persona que pretende el amparo constitucional de un
derecho del cual no es titular en el caso concreto. Sobre este punto, en la sentencia
T-768 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte expresó que “En las
condiciones expuestas, como en el presente caso no se halla satisfecha la
legitimidad por activa, ya que la acción no ha sido interpuesta por la parte
afectada con la decisión judicial a la que se imputa la vía de hecho, sino por quien
en ese proceso intervino como su apoderado y sin contar con un poder especial
para invocar el amparo constitucional del derecho fundamental al debido
proceso”»8.
En ese contexto, emerge con claridad para la Sala que el señor José
Fernando Pérez Pérez carece de legitimación en la causa por activa
para cuestionar, a través de la acción de tutela, la decisión proferida
por el Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, pues, se recuerda, que el ejercicio de este
mecanismo de protección de derechos de rango constitucional exige
que el accionante cuente con una posición que le otorgue la titularidad
de los derechos que invoca en protección, lo que implica que tiene la
carga de demostrar que le asiste un interés jurídico subjetivo en el
petitum.
De otra parte, se advierte que no era obligación del juez constitucional
requerir los poderes, en tanto el accionante invocó, en nombre propio,
la protección de los derechos fundamentales los cuales consideró le
8 Corte Constitucional, sentencia T-1232 de 2004.
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fueron transgredidos con las providencias judiciales censuradas y, en
ese sentido, no se podían echar de menos dichos documentos, en
tanto no se afirmó actuar en calidad de apoderado judicial, por lo que
la Sala estima que en el trámite de primera instancia de la presente
acción de tutela no se ha incurrido en vulneración alguna del derecho
fundamental al debido proceso.
Así las cosas, en criterio de esta Sala, la petición formulada por el
señor José Fernando Pérez Pérez no está llamada a prosperar,
comoquiera que no se advierte el interés jurídico subjetivo que le
asiste para censurar las providencias judiciales proferidas por el
Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo el 15 de enero de
2018 y el Tribunal Administrativo de Sucre el 23 de febrero de 2022,
pues, como bien se indicó previamente, en tanto en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
compareció como apoderado de los señores Ibeth de Jesús Pérez
Acosta, Rodrigo de Jesús Ortega Vides, Jorge Luis Cervantes Vergara,
Neila María Meza Tovar y Alberto Manuel Acosta Avilés, no tiene la
calidad de parte de dicho proceso.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la presente acción de tutela, en
tanto el señor José Fernando Pérez Pérez no demostró tener interés
legítimo en la causa por activa.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de junio de 2022
mediante la cual la Sección Tercera, Subsección C de
esta corporación declaró improcedente la presente
acción de tutela.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el tres (3) de
octubre de dos mil veintidós (2022)
.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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