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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02476-00

Fecha
24 de junio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02476-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional en relación con el defecto por desconocimiento del precedente y parte de aquel por decisión sin motivación. 15 <<Por el cual se adopta el reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial>>. 16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 1001-03-15-000-2021- 06295-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de enero de 2022, radicado No. 1001-03-15-000-2021-11147-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00 Accionante: William René Bonilla Forero Se declara improcedente con respecto a unos cargos y se niega con respecto a otros SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante en relación con parte del defecto por decisión sin motivación y los defectos procedimental y fáctico, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02476-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

24 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Proceso disciplinario / Imputación
penal / Mora justificada / Se declara improcedente con respecto a unos cargos y se niega
con respecto a otros.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la sentencia proferida el
22 de marzo de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso
de radicado No. 73001-11-02-000-2016-01332-01, que confirmó la sentencia proferida
el 30 de octubre de 2019 por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del Tolima, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al accionante
y se impuso una sanción en su contra.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 3 de mayo de 2022 William René Bonilla Forero presentó -mediante apoderado
judicial- una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, presuntamente
vulnerados por la sentencia proferida el 22 de marzo de 2022 por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial en el proceso de radicado No. 73001-11-02-000-2016-01332-01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<6.1. Mediante la acción que interpongo pretendo que esa Honorable Corporación
ampare a mi representado los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución
Política de 1991, los cuales fueron violados por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, con la expedición de la sentencia de segunda instancia en el proceso
disciplinario radicada bajo el No. 730011102000201601332 01, en donde se sancionó
disciplinariamente al actor y los actos realizados para su notificación el 22 de marzo de
2022.

6.2. Como consecuencia de lo anterior, pretendo que esa Honorable Corporación:

6.2.1. En primer lugar, decrete la Suspensión Provisional de la decisión proferida el 22
de marzo de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por medio de la cual
se ordenó la anotación de la sanción disciplinaria que le fuera impuesta al doctor
WILLIAM RENÉ BONILLA. Ello a Título de Medida Cautelar Previa, ya que guarda
relación Directa, con el Derecho fundamental vulnerado, conforme a los hechos y
pruebas que se aportan, dada la confrontación de normas de rango Constitucional.

6.2.2. En segundo lugar, que se decrete DEJE SIN EFECTOS O DECLARE LA
NULIDAD, de las siguientes actuaciones:

• La decisión segunda instancia proferida el 22 de marzo de 2022 por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial dentro de la investigación disciplinaria radicada
bajo el No. 73001110200020160133201, en donde se sancionó
disciplinariamente al actor con SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO
POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES, y en su lugar se ordene emitir una

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Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

nueva decisión en la cual se de respuesta de fondo a todos los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado.

• La notificación de la sentencia de segunda instancia, realizada el 22 de marzo de
2022>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 17 de noviembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación inició investigación
disciplinaria en contra del Fiscal Sexto Seccional de Ibagué adscrito a la Unidad de
Delitos contra la libertad individual y otras garantías, William René Bonilla Forero. Lo
anterior, debido a las siguientes irregularidades: (i) en algunas noticias criminales se
evidenció el vencimiento de términos, sin que se observara la presentación de los
respectivos escritos de acusación; (ii) el servidor judicial no llevaba en debida forma el
archivo de la dependencia, no utilizaba los formatos institucionales y no reportaba de
manera adecuada la información de gestión que debía registrar en el sistema de
información del sistema penal oral acusatorio (en adelante, SPOA).

3.2.- Mediante auto del 11 de abril de 2018 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura del Tolima formuló el pliego de cargos contra el accionante por la falta
disciplinaria descrita en el artículo 196 de la Ley 734 de 2022 1 por la inobservancia de
los deberes consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 34 ibidem2 en relación con
los deberes establecidos en los numerales 1, 23, 11, 15 y 20 del artículo 153 de la Ley

1 <<ARTÍCULO 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción

correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código>>.
2 <<ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes

contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad,
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas,
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en
la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de
un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. […]>>.
3 <<ARTÍCULO 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1.

Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.
2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de
su cargo. […]>>.

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Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

270 de 1996 y la desatención de las prohibiciones referidas en los numerales 1 y 3 del
artículo 154 de la misma norma, en concordancia con el numeral 7 del artículo 35 del
Código Único Disciplinario4.

3.3.- El 30 de octubre de 2019 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima declaró disciplinariamente responsable al accionante por los
cargos formulados y le impuso una sanción de suspensión por el término de tres meses
en ejercicio del cargo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley 734 de
2022, por incurrir en la vulneración de los deberes consagrados en los numerales 1 y 2
del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, consistentes en cumplir las normas y
desempeñar las funciones de su cargo con celeridad y eficiencia.

3.3.1.- Sobre la primera falta atribuida al fiscal, la Sala Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima precisó que la audiencia de imputación en el
proceso penal se realizó el 1º de julio de 2015, motivo por el cual el término para radicar
el escrito de acusación venció el 1º de octubre de 2015. Adujo que solo hasta el 5 de
octubre de 2015 el fiscal radicó una petición de preclusión, conducta extemporánea que
continuó con varias actuaciones posteriores: (i) presentación de un acta de preacuerdo
el 12 de agosto de 2016, (ii) retiro de esta el 1º de septiembre de 2016 y (iii) una nueva
radicación el 12 de septiembre del 2016. Añadió que el funcionario omitió el deber de
informar a su superior el vencimiento de los 90 días de conformidad con el artículo 175
del Código de Procedimiento Penal. Sobre la segunda falta atribuida al fiscal, referida al
mal manejo del sistema SPOA, precisó que <<si bien se admite que estas tareas en
general deben cumplirse por parte de los empleados de apoyo, ello no releva […] al
titular del despacho del deber de ejercer control sobre las mismas>>.

3.4.- El 15 de noviembre de 2019 el actor presentó el recurso de apelación en el que
solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en su lugar, se le absolviera
de responsabilidad disciplinaria.

3.4.1.- En cuanto al primer cargo, el actor realizó tres reproches. (i) Señaló que el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima desconoció el precedente fijado por esa
misma corporación en el que determinó que los 90 días de que trata el artículo 175 del

4 <<[…] en concordancia con los artículos 175 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1453/2011

artículo 49, 294; numeral 4° del artículo 317 modificado por el artículo 2° de la Ley 1786 de 2016, ibidem. Falta
considerada como gravísima; la modalidad de la misma por la tipología debe calificarse a título de dolo>>.

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Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

Código de Procedimiento Penal son hábiles5. En tanto la audiencia de imputación se
llevó a cabo el 1º de julio de 2015 y la petición de preclusión fue presentada el 5 de
octubre de 2015, no se vencieron los 90 días hábiles previstos en el mencionado artículo
175. (ii) Sobre la valoración probatoria, precisó que la formulación de la acusación no
era sencilla, pues <<la simple aprehensión del imputado en flagrancia no es plena
prueba para realizar una acusación penal>>. (iii) Adujo que entre julio y septiembre de
2015 recibió más de 150 carpetas de indagación, 14 de investigación con imputado y 9
para juicio, además de haber sido designado como jefe de la unidad de libertad
individual, lo cual demostraba la excesiva carga laboral que tenía a su cargo, así como
la mora justificada.

3.4.2.- Frente al segundo cargo, el actor anotó que las actividades relacionadas con la
actualización del sistema SPOA no eran de su resorte, sino que eran funciones
asignadas a su asistente. Agregó que dicho cargo estaba sustentado en asuntos
meramente administrativos, los cuales le correspondía corregir a la Fiscalía General de
la Nación como empleador, y no al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

3.5.- El 22 de marzo de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió
sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión sancionatoria. Consideró que
era irrelevante si el término del artículo 175 se refería a días hábiles o calendario, pues
lo cierto es que la audiencia de imputación se llevó a cabo el 1º de julio de 2015 y el 12
de agosto de 2016 el fiscal radicó un acta de preacuerdo, el 1º de septiembre de 2016
la retiró y el 22 de septiembre de ese año la volvió a presentar; esto, <<a pesar de la
perentoriedad del cumplimiento del término de 90 días para actuar>>, de manera que
ejecutó tareas después de un año de la audiencia de imputación.

3.5.1.- Afirmó que de conformidad con la Corte Constitucional6 los términos son
perentorios, motivo por el cual <<la superación del término de 90 días para presentar
escrito de acusación o preclusión, no informar esa novedad a su superior y prolongar
sus actuaciones por espacio de más de un año, acredita la incursión del inculpado en el
ilícito disciplinario reprochado>>. Agregó que la dificultad del caso y la carga laboral que
alegó el recurrente no son justificaciones válidas para <<la excesiva e irracional mora
de más de 1 año>>. Citó la sentencia T-099 de 2021, según la cual no es suficiente
aducir exceso de trabajo para justificar el incumplimiento de los términos judiciales.

5 Providencia del 8 de octubre de 2019, radicado No. 73001-11-02-002-207-00608-00.
6 Sentencias C-012 de 2002 y C-806 de 2008.

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Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

3.5.2.- En cuanto al mal manejo del sistema SPOA, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial precisó que el fiscal era el responsable de su gestión de conformidad con el
Manual del Usuario del SPOA, porque era el titular del usuario y contraseña para su
ingreso. A pesar de que sea válido acudir al apoyo de los auxiliares del despacho para
registrar las actuaciones, ello no significa que el deber recaiga sobre el colaborador.
Afirmó que tampoco era acertado señalar que las falencias en la gestión del sistema no
afectan el servicio; por el contrario, consideró que el desempeño de esa tarea repercute
en la eficiencia de la prestación del servicio. Esto, máxime en tanto en el proceso
disciplinario se advirtió un 100% de desactualización del sistema SPOA.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que la providencia objeto de reproche incurrió en los defectos
fáctico, procedimental, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.

4.1.- Sostiene que el asunto reviste de relevancia constitucional porque en el proceso
cuestionado se cometió una equivocación al momento de plantear los hechos objeto de
investigación, que implicó que (i) se analizó equivocadamente una de las faltas, (ii) no
se estudiaron en debida forma las pruebas allegadas y (iii) no se respondieron los
argumentos expuestos en el recurso de apelación. Añade que la equivocación cometida
por la autoridad accionada no pudo ser alegada dentro del proceso judicial, pues ocurrió
en la sentencia que puso fin al trámite de segunda instancia.

4.2.- Sobre el defecto fáctico, considera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
realizó una valoración equivocada de la situación fáctica presentada, pues cambió los
hechos sobre los cuales se fundamentó la decisión. Precisa que en la sentencia de
primera instancia se halló una mora de algunos días en cuanto a la presentación del
escrito de preclusión, pues la solicitud de preclusión se radicó el 5 de octubre de 2015,
cuando dicho término había vencido el 1º de octubre del 2015. Por otra parte, en
segunda instancia se determinó que el disciplinable presentó dicho escrito de preclusión
el 5 de octubre de 2016, y en consecuencia concluyó que la mora fue de más de un año.

4.2.1.- Afirma que lo anterior no puede considerarse como un error de pluma, pues es a
partir de esa fecha equivocada que la autoridad accionada realizó el análisis de la mora,
con lo cual su conducta pasó de ser una mora de cuatro días a ser una mora de más de

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Accionante: William René Bonilla Forero
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cargos y se niega con respecto a otros

un año. Considera que si se hubiera usado el lapso hallado en primera instancia, se
habría encontrado que no hubo mora, pues el término de 90 días debía contarse en días
hábiles, no calendario; si los días eran calendario, el término vencía el 29 de septiembre
de 2015, pero si era hábiles vencía el 7 de noviembre de 2015, de manera que el escrito
del 5 de octubre de 2015 habría sido presentado en tiempo.

4.3.- En cuanto al defecto procedimental aduce que: (i) la decisión se notificó por correo
electrónico, pese a que el accionante no había autorizado su notificación por ese medio,
por lo cual la decisión debía ser notificada personalmente, remitiendo la correspondiente
comunicación a las direcciones obrantes en el expediente y por edicto; y (ii) recibió una
copia de la decisión que solamente estaba suscrita por la magistrada ponente Diana
Vélez Vásquez, por lo que el actor no pudo saber si la decisión estaba completa o tenía
pendiente algún salvamento o aclaración de voto, documentos que eventualmente
harían parte integral de la decisión. Afirmó que esto vulneró los artículos 201, 205 y 206
de la Ley 734 de 2002, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

4.4.- Sobre la decisión sin motivación afirma que además de la modificación de los
hechos, tampoco se dio respuesta a todos los argumentos presentados en la apelación,
de manera que se desconoció el artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Frente al primer
cargo sostiene que no se incluyeron algunos de los puntos expuestos por el actor, y de
los que se incluyeron, no se realizó un análisis integral. Sobre el precedente del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima citado por el accionante en su apelación, alega
que la autoridad accionada indicó que no era aplicable porque se trataba de unos hechos
diferentes, pero no tuvo en cuenta que en ese caso (radicado No. No. 73001-11-02-002-
2017-00608-00) los 90 días del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal fueron
contados como hábiles. Añade que el juzgado ante el cual actuó el fiscal investigado
consideró que el escrito de preclusión fue radicado dentro del término legal, por lo cual
la jurisdicción disciplinaria no podía realizar un análisis diferente en contravía del juez
natural.

4.4.1.- En relación con el segundo cargo del escrito de apelación, precisa que la
autoridad accionada omitió pronunciarse sobre su falta de competencia para sancionar
por asuntos meramente administrativos, en este caso, aquellos relacionados con la
presunta desactualización del SPOA. Aclara que, en todo caso, la desactualización del
sistema no era del 100%, sino de aproximadamente 20%.

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4.5.- Con respecto al desconocimiento del precedente, sostiene que la autoridad
accionada desconoció su propio precedente en el análisis efectuado a la solicitud del
actor de dar aplicación al precedente judicial según el cual los 90 días de que trata el
artículo 175 del Código de Procedimiento Penal son hábiles y no calendario7. Añade que
la autoridad accionada desconoció numerosas providencias8 de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial que indican que para evaluar la justificación de las moras judiciales
se deben analizar las condiciones particulares de cada caso.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- En escrito del 12 de mayo de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
(accionada) solicita que la tutela sea declarada improcedente en tanto el accionante
busca acudir a una tercera instancia para reabrir un debate ya zanjado sobre su
responsabilidad disciplinaria. Afirma que el accionante centró su acción de tutela en
insistir que el término del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal se refiere a
días hábiles, que no presentó el escrito de preclusión fuera de los 90 días y que las fallas
en el sistema SPOA no eran de tal talante para asignarle responsabilidad disciplinaria.

5.1.- La providencia acusada sostuvo que la superación de los términos se extendió por
más de un año, no porque el escrito de preclusión se radicó en 2016 -como afirmó el
accionante-, sino porque su actuación global en esa etapa procesal se prolongó después
de un año de la audiencia de imputación. La imputación se llevó a cabo el 1° de julio de
2015, por lo que independientemente de si los términos se contabilizaban en días
calendario (29 de septiembre de 2015) o hábiles (7 de noviembre de 2015), el fiscal
realizó actuaciones entre el 5 de octubre de 2015, al radicar la solicitud de preclusión,
hasta el 12 de septiembre de 2016, al presentar una nueva solicitud de preacuerdo,
luego de múltiples retiros y radicaciones de preacuerdos. Es decir, actuó por más de un
año en una etapa procesal que debió realizar en un término no mayor a 90 días.

5.1.1.- En cuanto a que en un apartado de la providencia se consignó que la radicación
de la solicitud de preclusión fue el <<5 de octubre de 2016>>, cuando en realidad fue el
5 de octubre de 2015, señala que como el accionante lo refiere en la acción de tutela,

7 Providencia del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, 8 de octubre de 2019, radicado No. 73001-11-02-

002-207- 00608-00.
8 Radicado No. 110010102000-2019-02708-00 del 22 de julio de 2021; No. 110010102000-2020-00386-00 del 25 de

agosto de 2021; No. 110010102000-2020-00024-00 del 1° de septiembre de 2021; No. 110010102000-2020-00057-
00 del 1° de septiembre de 2021

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del análisis de las fechas posteriores y de todo el contexto es claro que esa petición se
presentó en 2015. Frente al SPOA, aduce que era obligación del fiscal actualizar ese
sistema y, como afecta la prestación del servicio, repercutió en la sanción disciplinaria.

5.2.- Sobre el defecto fáctico, considera que el actor pretende, con base en un error de
digitación (haberse escrito 5 de octubre de 2016, en vez de 2015), confundir al juez de
tutela y dar a entender que la decisión de la autoridad atacada se sustentó en que la
mora se ocasionó por ese análisis errado de la fecha, situación alejada de la realidad y
del propio contexto de la providencia.

5.3.- En cuanto al defecto procedimental, precisa que no es posible cuestionar el
contenido de la decisión judicial por un yerro en su notificación, pues ello no ataca los
fundamentos de derecho de la decisión. Considera que esas irregularidades se
subsanan con la notificación, no con la nulidad o afectación de la decisión, pues el
contenido de la providencia no se ve afectado por los errores que puedan darse en
temas secretariales. Aclara que el actor conoce la decisión censurada, y que la
providencia fue aprobada por unanimidad, sin aclaraciones o salvamentos de voto.

5.3.1.- Afirma que el trámite de expedición y notificación de la providencia se ajustó al
reglamento interno de la Comisión, esto es, el Acuerdo No. 003 de 25 de enero de 2021.
Explica que el reglamento regula tres acciones que, aunque están relacionadas, son
independientes: (i) actas y constancias de las deliberaciones de las salas realizadas por
el secretario de la Corporación; (ii) suscripción y envío de las providencias aprobadas
en las salas y; (iii) presentación de salvamentos o aclaraciones de voto. El reproche del
accionante se centró en estos dos últimos puntos, pues en su criterio, al momento de la
notificación de la providencia deben enviarse los salvamentos de voto o aclaraciones y
esta debe estar suscrita por todos los miembros de la Corporación. No obstante, tanto
la firma de la providencia por el ponente, su envío a secretaría, su notificación y
presentación de salvamentos y aclaraciones de voto son independientes, pues si bien
en algunos eventos pueden realizarse de forma concomitante, en otros, pueden
trascurrir por tiempos distintos, sin que ello comporte una irregularidad.

5.3.2.- En este caso la decisión fue aprobada por unanimidad, motivo por el cual la
suscripción y envío para notificación de la decisión se realizó inmediatamente con la
firma de la ponente, sin esperar la presentación de algún salvamento o aclaración de
voto. Una vez la providencia es aprobada en Sala, el ponente la suscribe y remite la

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misma con el expediente a la Secretaría, dependencia que podrá adelantar el trámite de
comunicación y notificación, sin que esto comporte una irregularidad. Por otra parte,
precisa que la notificación electrónica es totalmente válida al interior de las actuaciones
disciplinarias según los términos del Decreto 806 de 2020; adicionalmente, en el numeral
segundo la providencia cuestionada se ordenó notificar la decisión al correo electrónico
de los intervinientes, incluido el disciplinado.

5.4.- Sobre la presunta decisión sin motivación, aclara que sí dio respuesta a cada uno
de los argumentos de la apelación, los cuales se abordaron en bloque conforme a los
cargos sobre los cuales se centró el reproche al disciplinado. En cuanto a la afirmación
del accionante según la cual la autoridad accionada no hizo referencia a la carga laboral
del fiscal ni abordó los argumentos sobre la actualización del SPOA, la accionada aduce
que sí se pronunció al respecto. Recuerda que en el fallo atacado se señaló que la
actualización del SPOA es una labor que le correspondía al disciplinado y su
incumplimiento comportaba una afectación a sus deberes funcionales, lo que repercutió
en la decisión sancionatoria.

5.5.- En lo que atañe al desconocimiento del precedente, aduce que sí se analizó <<la
providencia dictada por la Seccional de Tolima>> y concluyó que no era aplicable al
asunto. Frente a los precedentes de mora judicial, anota que la mora debe analizarse
en cada caso concreto, situación que se realizó en el asunto, pues con base en los
hechos y lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-0299 de 2021, resultó
irracional el actuar del fiscal, pues prolongó por más de un año una actuación que debió
adelantar en 90 días.

6.- En escrito del 9 de mayo de 2022 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima (tercero con interés) aduce que las consideraciones de las
providencias atacadas se encuentran en el expediente digital que a la fecha permanece
en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

7.- Luz Myriam García Arango (tercera con interés), pese a estar debidamente
notificada, guardó silencio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

II. CONSIDERACIONES

8.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente el cargo
por desconocimiento del precedente y parte de aquel por decisión sin motivación en la
medida en que se fundamentan en argumentos que ya fueron planteados por el
accionante y resueltos en el proceso ordinario9. Por otra parte, se negará el amparo
solicitado con respecto a una parte del defecto por decisión sin motivación, y aquellos
procedimental y fáctico.

9.- En relación con el cargo por desconocimiento del precedente, se advierte que, de
cualquier manera, no podía prosperar. El accionante alega que la autoridad accionada
ignoró precedentes sobre dos temas. En cuanto al primero de ellos, referente a que los
90 días previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal son hábiles, se
observa que ese tema no fue objeto de análisis en la sentencia citada por el actor. Esto,
máxime cuando la discusión en este caso concreto no se centraba en si los días eran
hábiles o calendario, pues bajo ambos raseros el fiscal habría excedido el término de 90
días al adelantar gestiones por más de un año después del 1º de julio de 2015.

9.1.- Sobre los precedentes relacionados con la mora justificada, la autoridad accionada
precisó que la sanción era procedente en tanto el fiscal prolongó su competencia hasta
septiembre de 2016, lo cual excedió con creces los 90 días contados a partir del 1º de
julio de 2015, fecha de la audiencia de imputación. Al analizar la jurisprudencia aplicable
a la mora justificada, aclaró que de conformidad con la Corte Constitucional10 los
términos son perentorios y agregó que según la sentencia T-099 de 2021 no es
suficiente aducir exceso de trabajo para justificar el incumplimiento de los términos
judiciales. Concluyó de forma adecuada y conforme a la jurisprudencia relevante que la
dificultad del caso y la carga laboral que alegó el actor no son justificaciones válidas
para la mora de más de un año en la que incurrió el fiscal. Se encuentra adecuado este
análisis y no se observa vulneración de derecho fundamental alguno.

9 El magistrado ponente advierte que considera que este cargo sí cumple con el requisito de relevancia constitucional

porque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y defensa, y es posible apreciar los defectos que considera configurados en la decisión
atacada: desconocimiento del precedente y decisión sin motivación. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de
la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple
con este requisito.
10 Sentencias C-012 de 2002 y C-806 de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

10.- En cuanto al primer reparo elevado como defecto por decisión sin motivación, que
corresponde al segundo cargo del proceso ordinario, se precisa que este, en cualquier
caso, tampoco podría prosperar. El accionante considera que la autoridad accionada no
se pronunció sobre su falta de competencia para sancionar por asuntos meramente
administrativos, esto es, la gestión del sistema SPOA. No obstante, esta Sala observa
que la autoridad judicial accionada sí se pronunció de forma expresa al respecto y afirmó
que no era correcto señalar que las falencias en la gestión del sistema no afectan el
servicio. Por el contrario, consideró que el desempeño de esa tarea repercute en la
eficiencia de la prestación del servicio, máxime en tanto en el proceso disciplinario se
advirtió un 100% de desactualización del sistema SPOA. Por lo anterior, la autoridad
accionada consideró de forma adecuada que dicha conducta configuraba la vulneración
de los deberes del fiscal, consistentes en cumplir las normas y desempeñar las
funciones de su cargo con celeridad y eficiencia.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales con respecto a una parte del
defecto por decisión sin motivación y los defectos procedimental y fáctico

11.- Los requisitos se cumplen pues: i) el accionante indicó de manera clara los hechos
y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, y se explican los defectos en
los que habría incurrido la providencia acusada (decisión sin motivación, procedimental
y fáctico)11; iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales; iv) la solicitud se presentó en un término prudencial
(inmediatez), puesto que la providencia cuestionada se profirió el 22 de marzo de 2022
y la tutela se presentó el 3 de mayo de 2022, es decir, dentro del término de los seis
meses precisado tanto por esta Corporación12 como por la Corte Constitucional13; y v)
no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

11 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional

porque los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, pues los reparos se originan en la providencia
de segunda instancia en tanto allí fue donde presuntamente la autoridad accionada no abordó todos los reparos de
la apelación, no valoró debidamente las pruebas y notificó indebidamente la sentencia.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ),

C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

F. No se configuran los defectos por decisión sin motivación, procedimental y
fáctico en tanto la autoridad judicial accionada sí resolvió los reparos de la
apelación, notificó debidamente la sentencia atacada y valoró adecuadamente las
pruebas del proceso

12.- Sobre el defecto por decisión sin motivación, el accionante considera, con respecto
al primer cargo, que la autoridad accionada no se pronunció sobre el precedente14 que
citó para respaldar que los días del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal son
hábiles. Sin embargo, como fue mencionado al abordar el defecto por desconocimiento
del precedente, esta Sala evidencia que la autoridad judicial accionada sí analizó dicho
precedente, pero encontró, de forma adecuada, que no era aplicable al caso concreto.

12.1.- En cuanto al mismo cargo, el accionante añade que el juzgado ante el cual actuó
el fiscal investigado consideró que el escrito de preclusión fue radicado dentro del
término legal, por lo cual la jurisdicción disciplinaria no podía realizar un análisis diferente
en contravía del juez natural. Sin embargo, no reposa prueba de dicha afirmación y, en
todo caso, se recuerda que se trata de dos procesos distintos dentro de los cuales cada
juez puede conducir una valoración probatoria independiente, sin que lo anterior
constituya una decisión sin motivación.

13.- El actor aduce la configuración de un defecto procedimental en tanto (i) la decisión
atacada se notificó por correo electrónico, pese a que el accionante no había autorizado
su notificación por ese medio y (ii) recibió una copia de la decisión que solamente estaba
suscrita por la magistrada ponente Diana Vélez Vásquez, por lo que el actor no pudo
saber si la decisión estaba completa o tenía pendiente algún salvamento o aclaración
de voto. En su criterio, esto contraría los artículos 201, 205 y 206 de la Ley 734 de 2002,
y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

13.1.- En cuanto a la notificación por correo electrónico de la decisión atacada, esta Sala
considera que de ella no se deriva la vulneración de derecho fundamental alguno,
máxime cuando el accionante en efecto conoció la decisión, pues la anexó en el
presente trámite de tutela el 11 de mayo de 2022. Además, el artículo 8 del Decreto 806
del 2020 no exige la aceptación expresa del notificado para que sea válida la notificación
electrónica, como lo sugiere el accionante.

14 Providencia del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, 8 de octubre de 2019, radicado No. 73001-11-02-

002-207-00608-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

13.2.- En lo que respecta a que la sentencia solo estaba suscrita por la magistrada
ponente, esta Sala advierte que de conformidad con el Acuerdo 003 de 25 de enero de
202115, así como el informe rendido por la autoridad accionada, se acató el
procedimiento establecido para su validez. Según el artículo 20 del mencionado
acuerdo, los trámites secretariales relacionados con las providencias aprobadas en Sala
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se adelantan con una copia de la
providencia suscrita por el o la ponente y la certificación correspondiente expedida por
su Secretario, lo cual no constituye una irregularidad procesal. En el mismo sentido se
ha pronunciado la Sección Primera y Quinta del Consejo de Estado en el estudio de
hechos similares16.

14.- Sobre el defecto fáctico alegado, si bien es cierto que la providencia atacada incurre
en un error al señalar que la solicitud de preclusión ocurrió el 5 de octubre de 2016, pues
en realidad fue el 5 de octubre de 2015, de una lectura integral de la misma es posible
evidenciar que se trató de un error mecanográfico y ello no afecta el razonamiento
expuesto para la imposición de la sanción. En efecto, la conclusión de la autoridad
accionada se centró en que el fiscal prolongó su competencia hasta septiembre de 2016,
lo cual excedió los 90 días contados a partir del 1º de julio de 2015, fecha de la audiencia
de imputación; de manera que el error mecanográfico no afectó la lógica empleada
por la autoridad accionada para sancionar al accionante, por lo cual no se
configura vulneración de derecho fundamental alguno.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional en relación con el
defecto por desconocimiento del precedente y parte de aquel por decisión sin
motivación.

15 <<Por el cual se adopta el reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial>>.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 1001-03-15-000-2021-

06295-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de enero de 2022,
radicado No. 1001-03-15-000-2021-11147-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02476-00
Accionante: William René Bonilla Forero
Se declara improcedente con respecto a unos
cargos y se niega con respecto a otros

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados
por el accionante en relación con parte del defecto por decisión sin motivación y los
defectos procedimental y fáctico, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración parcial de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto

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