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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02481-00

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02481-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jesús Marino Beltrán Cruz en contra del Tribunal Administrativo del Meta, de la Secretaría de esa corporación, de la conjuez Paula Andrea Murillo Parra y de la Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 48 1- 0 0 Ac c i o na nt e : J es ús Ma ri no Be l tr án Cr uz Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02481-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

2 de junio de 2022

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 48 1- 0 0
Ac c i o na nt e : J es ús Ma ri no Be l tr án Cr uz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

F.T: 144
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02481-00
Accionante: JESÚS MARINO BELTRÁN CRUZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTROS

Temas: Acción de tutela por mora judicial. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Ausencia de un perjuicio irremediable.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Jesús Marino Beltrán Cruz afirmó que el 4 de junio de 2014 instauró
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Rama
Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio - Meta, en la
que solicitó la reliquidación y pago de la prima de servicios, vacaciones, prima de
vacaciones, bonificación anual por servicios prestados, cesantías, cotización a la
seguridad social, prima especial sin carácter salarial equivalente al 30 % de la
remuneración básica mensual y demás prestaciones y emolumentos.

Indicó que el 10 de junio de 2015, los magistrados del Tribunal Administrativo del
Meta se declararon impedidos, dado que se encuentran inmersos en la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso. Expuso
que el 2 de diciembre de esa anualidad el Consejo de Estado lo declaró fundado y
ordenó devolver el expediente a la corporación referida para el sorteo de
conjueces.

Adujo que el 4 de abril de 2017 la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
del Meta admitió la demanda y otorgó un plazo de 30 días, contados a partir del
vencimiento del término de que trata el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, para
contestarla. Sostuvo que el 2 de octubre del mismo año la Rama Judicial contestó

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la demanda, en la que formuló las excepciones de prescripción trienal, ausencia
de causa pretendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido.

Señaló que el 19 de diciembre de 2018, después de requerir impulso procesal, la
conjuez ponente Paula Andrea Murillo Parra fijó fecha y hora para llevar a cabo la
audiencia inicial, la cual fue aplazada para el 14 de marzo de 2019. Mencionó que
esta es la única audiencia que, a la fecha, ha sido llevada a cabo.

b) Inconformidad

El accionante Jesús Marino Beltrán Cruz consideró que el Tribunal Administrativo
del Meta, la Secretaría de esa corporación, la conjuez Paula Andrea Murillo Parra
y la Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio - Meta vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Al respecto, adujo que se ha incurrido en una tardanza injustificada, la
cual es atribuible únicamente a la falta de diligencia y no a la complejidad del
asunto.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió ordenar a la autoridad judicial
accionada que profiera la sentencia de primera instancia.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio - Meta

Ana Ceneth Leal Barón, en calidad de coordinadora del Área de Asistencia Legal,
indicó que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales reclamados y
señaló que ha respondido las peticiones elevadas por el accionante. Por lo
anterior, solicitó desvincular a la entidad del presente trámite, por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.

Tribunal Administrativo del Meta

La conjuez Paula Andrea Murillo Parra y el secretario Víctor Alfonso Puerto García
indicaron que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
cuestionamiento se han realizado tres sorteos de conjueces, siendo el último el
efectuado el 21 de octubre de 2019, cuando se integró la Sala con el doctor César
Augusto Quintero Parra. Mencionaron que el 16 de marzo de 2020, la Rama
Judicial adoptó medidas de salubridad pública, debido a la pandemia del COVID-
19, entre ellas suspender términos y no permitir el acceso a las diferentes sedes
judiciales.

Agregaron que, en atención al Decreto 806 de 2020 y al Acuerdo PCSJA20-11567
del 5 de junio de 2020, se inició la digitalización de todos los expedientes, lo que
desencadenó en una congestión judicial; no obstante, el 2 de marzo de 2021 el
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expediente del accionante quedó digitalizado. Adujeron que la labor de conjuez y
los trámites secretariales correspondientes son arduos por todos los trámites que
hay que efectuar y que solo hay 10 conjueces en la corporación y 3 de ellos están
impedidos para conocer de procesos contra la Rama Judicial.

Finalmente, la conjuez precitada refirió que la ocupación de conjuez es ad
honorem, por lo que es abogada litigante, ejercicio del que deriva su sustento;
además, precisó que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-494/14, afirmó
que no existe vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, cuando existe una mora judicial que tiene justificación por la falta
de capacidad logística y humana de la oficina judicial.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:

1. ¿El señor Jesús Marino Beltrán Cruz cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la presunta omisión en que ha incurrido el Tribunal
Administrativo del Meta, al no haber dictado sentencia de primera instancia
en el proceso 2014-00216-00?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Se encuentra demostrada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) análisis de procedencia en el caso bajo
estudio, (III) perjuicio irremediable y (IV) inexistencia del perjuicio irremediable.
Veamos:

• Primer problema jurídico

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

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¿El señor Jesús Marino Beltrán Cruz cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la presunta omisión en que ha incurrido el Tribunal
Administrativo del Meta, al no haber dictado sentencia de primera instancia en el
proceso 2014-00216-00?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o
asunto se encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene
algunas excepciones. En relación con el primero de los casos la acción de tutela
resulta procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único
mecanismo de defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho
fundamental y que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. Ahora, en
cuanto a la excepción frente al segundo y tercero de los eventos, se configura
cuando los otros mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Análisis de procedencia en el caso bajo estudio

El señor Jesús Marino Beltrán Cruz solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los
cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta, la Secretaría de
esa corporación, la conjuez Paula Andrea Murillo Parra y la Dirección Seccional de
Administración Judicial Villavicencio – Meta, por no tramitar con celeridad el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 2014-
00216-00 y, en consecuencia, no haber dictado a la fecha la sentencia de primera
instancia.

Al respecto, conviene precisar que para los casos en que las partes consideren
que las corporaciones judiciales o jueces están incurriendo en mora judicial y
requieren una pronta resolución del caso, tienen a su alcance otro medio de
defensa, esto es, la vigilancia judicial administrativa. En efecto, en el artículo 101-6
2 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

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de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo
de 20113 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se
atribuyó como función a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura: «ejercer la vigilancia judicial administrativa para que la justicia se
administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores
de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de
su circunscripción territorial», mecanismo que goza de procedimiento preferente o
sumario para su resolución.

Quiere decir lo anterior que las solicitudes de presunta mora judicial o demás
irregularidades que los sujetos procesales estimen se presenten en un proceso,
deberán dirigirse a los Consejos Seccionales, siendo estos la autoridad
administrativa competente para realizar el trámite respectivo y así garantizar que
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial administren una oportuna y
eficaz justicia en cada uno de los procesos adelantados en sus despachos.

Acerca de ello, debe precisarse que la acción de tutela reviste un carácter
subsidiario que exige el agotamiento de los mecanismos de defensa con los que
cuenta el interesado antes de acudir a la misma, lo cual no ocurrió en el caso
concreto, comoquiera que el accionante no empleó el medio con el que contaba
para la protección de los derechos fundamentales que estimó vulnerados. En esa
medida, a esta Subsección no le es posible emitir un pronunciamiento de fondo
frente a lo alegado, puesto que el juez de tutela no puede desconocer las
competencias que le fueron atribuidas a otra autoridad, máxime si se tiene en
cuenta que la solicitud de vigilancia judicial administrativa es una herramienta
propicia para analizar lo que el peticionario hoy discute.

Sin embargo, es necesario examinar si en el asunto bajo estudio se encuentra
acreditado un probable e inminente perjuicio irremediable, que flexibilice esta
exigencia y amerite estudiar de fondo el presente caso.

• Segundo problema jurídico

¿Se encuentra demostrada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

III. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional4, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
3 Que derogó el Acuerdo 088 de 1997.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

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prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es,
que revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerite
la atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable
debe probarse que las medidas necesarias para evitar su configuración son
urgentes, pues de aplazar su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño.
Así las cosas, se reitera que para que la acción de tutela proceda, a pesar de la
existencia de otro medio de defensa judicial, es necesario que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar dicha afectación.

IV. Inexistencia del perjuicio irremediable

Una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que el accionante no alegó la
probable e inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable. Igualmente, de las
pruebas obrantes dentro del expediente, tampoco es posible determinar la
existencia de una circunstancia de vulnerabilidad, ni se dan los presupuestos para
considerar una afectación o amenaza urgente de los derechos fundamentales que
el peticionario reclama y que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, por lo que no es posible analizar de fondo el asunto de la
referencia.

De otra parte, se observa que, como lo alegó la Dirección Seccional de
Administración Judicial Villavicencio – Meta, esa entidad carece de legitimación en
la causa por pasiva, dado que lo aquí discutido es una presunta mora judicial,
aspecto frente al cual aquella no tiene ninguna injerencia.

En consecuencia, al no cumplirse con la exigencia de subsidiariedad, como
requisito general de procedibilidad para acudir al presente trámite, ni haberse
acreditado la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable,
frente al Tribunal Administrativo del Meta, a la Secretaría de esa corporación y a la
conjuez Paula Andrea Murillo Parra, y haberse evidenciado la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Dirección Seccional de Administración Judicial
Villavicencio – Meta, se rechazará por improcedente la acción de tutela interpuesta
por el señor Jesús Marino Beltrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jesús Marino Beltrán Cruz en contra del Tribunal Administrativo del Meta, de la
Secretaría de esa corporación, de la conjuez Paula Andrea Murillo Parra y de la
Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio – Meta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 48 1- 0 0
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Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

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