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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02485-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02485-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por María Chipiaje Fuentes, por no encontrar acreditados los defectos alegados. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00 Demandante: María Chipiaje Fuentes Demandado: Tribunal Administrativo de Meta Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Niega ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02485-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 25 de agosto de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00
Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto sustantivo/ Defecto
fáctico.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia proferida en
un proceso de reparación directa en el que demandó al Ejército Nacional para obtener
una reparación por el daño causado con la muerte de José Honorio Gómez Chipiaje. En
el proceso ordinario, la parte actora fue la única apelante y, en la decisión enjuiciada, se
declaró la falta de legitimación activa en la causa de la accionante y se revocó la
indemnización por perjuicios morales reconocidos por el juez de primera instancia.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por María
Chipiaje Fuentes en contra del Tribunal Administrativo de Meta.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 4 de mayo de 2022, María Chipiaje Fuentes presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Meta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, al considerar que, en la Sentencia
de segunda instancia de 21 de octubre de 2021, proferida en el proceso
de reparación directa No. 50001-33-33-002-2013-00203-02, se incurrió en un
defecto sustantivo, por no observarse el principio de non reformatio in
pejus, y un defecto fáctico, por desconocer la prueba del parentesco
entre la accionante y la víctima, la cual acreditaba su interés para
demandar en ese proceso.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00
Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA- Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia por la no aplicación del
principio constitucional de la non reformatio in pejus que le han sido
vulnerados a la señora MARÍA CHIPIAJE FUENTES con la sentencia proferida en
segunda instancia por el honorable Tribunal Contencioso Administrativo del
Meta dentro del radicado de reparación directa # 50001 33 33 002 2013 00203
02 mediante la cual se revocó la condena que por concepto de daño moral
le había sido reconocida en primera instancia, a pesar de que dicho aspecto
no había sido objeto del recurso de alzada presentado por la parte actora
como apelante único.

SEGUNDA- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Meta proferir una nueva
sentencia que atienda el principio de la non reformatio in peius preservando
los aspectos que resultaron favorables al apelante único en la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Villavicencio el día 6 de diciembre del año 2019, entre ellos, la condena que
por concepto de daño moral le fue reconocida a la señora MARÍA CHIPIAJE
FUENTES por la muerte del señor José́ Honorio Gómez Chipiaje (q.e.p.d.).”

3. Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

4. 1) El 25 de junio de 2011, en el municipio de Cumaribo (Vichada),
José Honorio Gómez Chipiaje murió como consecuencia de una granada
lanzada por un soldado profesional del Ejército Nacional.

5. 2) El 25 de abril de 2013, el grupo familiar de la víctima interpuso
demanda de reparación directa en contra del Ejército Nacional, con el fin
de que se le indemnizaran los perjuicios materiales e inmateriales causados
con la muerte del señor Gómez Chipiaje.

6. 3) El 6 de noviembre de 2019, el Juzgado 2 Administrativo de
Villavicencio profirió Sentencia de primera instancia, en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. El juzgado declaró la
responsabilidad de la entidad demandada, al encontrar que la muerte de
José Honorio Gómez Chipiaje fue causada con un arma de dotación
oficial por parte de un agente del Estado, en consecuencia, la condenó al
pago de una indemnización por los perjuicios morales causados a los
progenitores y a los hermanos del fallecido. En la sentencia se negaron los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, ya que la víctima
asistía al colegio y no se acreditó que ejerciera una actividad productiva,
así como tampoco se acreditó la dependencia económica de la madre,
única demandante a favor de quien se pidió esa indemnización.

7. 4) La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que
solicitó se modificara la sentencia de primera instancia y se accediera a las

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00
Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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pretensiones relacionadas con el reconocimiento de los perjuicios
materiales por lucro cesante, al considerar que debían aplicarse las
presunciones de que la víctima, por ser mayor de edad, devengaba, por lo
menos, un salario mínimo, además, contribuía al sostenimiento de su
familia, cuando menos, hasta la edad de 25 años. En todo lo demás,
solicitó que se confirmara la providencia.

8. 5) El 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Meta profirió
Sentencia de segunda instancia que modificó la decisión adoptada por el
juzgado. El tribunal advirtió que no estaba probado el parentesco de María
Chipiaje Fuentes con el fallecido, por lo que la demandante carecía de
legitimación activa en la causa para demandar en ese asunto, de manera
que revocó la indemnización por perjuicios morales reconocida en la
sentencia de primera instancia y negó la indemnización por lucro cesante
solicitada a su favor. Los demás aspectos de la providencia fueron
confirmados. Esta providencia fue notificada el 3 de noviembre de 20212.

9. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que el tribunal, en la sentencia de segunda instancia, incurrió en un
defecto sustantivo y un defecto fático, ya que:

10. El tribunal desconoció las normas sobre el alcance del recurso de
apelación y los límites que este impone al juez de segunda instancia, pues,
al revocar la indemnización reconocida por el juez de primera instancia a
favor de María Chipiaje Fuentes, desconoció el principio de non reformatio
in pejus, previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, según el cual
el juez de segunda instancia no puede analizar aspectos no propuestos en
el recurso de apelación, así como tampoco puede desmejorar la situación
del apelante único.

11. El tribunal consideró que no se acreditó el parentesco de la madre
de la víctima, pese a que, con la demanda, se aportó el registro civil de
nacimiento de José Honorio Gómez Chipiaje, en el que consta que su
progenitora es “María Chipiaje” registrada como “indocumentada”, ya
que la demandante pertenece a la comunidad indígena “Sikuani” que
habita en el municipio de Cumaribo y para la fecha en que se expidió el
registro civil no había tramitado su documento de identidad. En el
documento consta solo uno de los apellidos de la demandante, porque
quien suscribió el certificado así lo anotó, sin que la aquí demandante
conociera esa situación, pues no sabe leer ni escribir y para la época la
Registraduría Nacional del Estado Civil no había implementado programas
de enfoque diferencial.

2 Según consta en el aplicativo SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00
Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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1.2. Posición de la parte demandada y los terceros3

12. El Tribunal Administrativo de Meta rindió informe en el que refirió que
la parte actora, con la acción de tutela, pretendió reabrir el debate
resuelto por ese despacho en el proceso ordinario. Indicó que, pese a las
condiciones de la demandante, en el proceso de reparación directa, no
se realizó ningún esfuerzo probatorio por esclarecer las imprecisiones del
registro civil de la víctima y acreditar el vínculo que la demandante tenía
con aquella, de manera que los argumentos presentados en este proceso
buscan subsanar las falencias probatorias en las que incurrió la parte
actora dentro del trámite ordinario.

13. El Juzgado 2 Administrativo de Villavicencio presentó informe en el
que afirmó que ese despacho, al resolver el asunto, se ciñó a las normas
constitucionales, legales y a las reglas jurisprudenciales sobre la materia,
además, respetó los derechos de las partes al debido proceso, a la
igualdad, acceso a la administración de justicia y, en ningún momento,
desconoció el principio constitucional de non reformatio in pejus, de modo
que debían rechazarse las pretensiones de la parte actora.

14. El Ejército Nacional y los demás integrantes de la parte actora en el
proceso de reparación directa guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 24. Verificación de
defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de derechos

15. Pese a que el accionante, en su solicitud de amparo, señaló como
violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en
la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los
derechos constitucionales invocados surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder
el amparo.

3 El 9 de mayo de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como

demandado al Tribunal Administrativo de Meta y, (3) vincular, en calidad de terceros, al Juzgado 2
Administrativo de Villavicencio, al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a José Honorio Gómez
Ortiz, Juan Manuel Gómez Chipiaje, Yiluth Azari Gómez Chipiaje y Lucio Mauricio Gómez Chipiaje.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00
Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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2.2. Fijación de la controversia

16. La controversia se centra en determinar, luego de verificados los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, si el Tribunal Administrativo de Meta vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la demandante, por desconocer el
principio de non reformatio in pejus y omitir realizar una valoración
adecuada del registro civil aportado para acreditar el parentesco de la
accionante con la víctima directa del daño reclamado en el proceso de
reparación directa.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4

17. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo
un plazo razonable entre el día siguiente a la fecha de notificación de la
última actuación del proceso (4/11/2021)5 y la de interposición de la
presente acción de tutela (4/5/2022)6. No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia
dictada en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de
los derechos fundamentales de la entidad demandada, en el marco de un
proceso de reparación directa, respecto del cual se alega una afectación
a la garantía de la non reformatio in pejus y uno de los requisitos procesales
del caso (legitimación activa en la causa). Asimismo, no se advierte que los
argumentos sean una reiteración de aquellos presentados en el proceso
ordinario.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

18. La Sala negará el amparo solicitado, ya que no encuentra
configurados el defecto sustantivo y el defecto fáctico alegados en la
acción de tutela.

19. En primer lugar, respecto al defecto sustantivo, en la acción de
tutela se refiere que el tribunal desconoció el principio de no reformar en
4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
5 Para efectos de determinar la inmediatez se cuenta el término razonable desde la notificación de la última

providencia proferida en el proceso de reparación directa, esto es, la sentencia de segunda instancia.
6 Según acta Individual de reparto.

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Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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peor, ya que, en el proceso de reparación directa, la parte demandante
fue la única que presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, sin embargo, en la sentencia de segunda instancia se
desmejoró su situación al revocar la indemnización reconocida a favor de
la demandante María Chipiaje Fuentes. Al respecto, la Sala observa que
dicha apreciación es errónea, ya que, si bien, en principio, el juez de
segunda instancia no debe agravar la situación del apelante único, lo
cierto es que esta regla tiene algunas excepciones, entre ellas, aquellos
eventos en los cuales se configura una excepción o una irregularidad
procesal, las cuales deberán ser decretadas incluso de oficio cuando no
hubieren sido propuestas por ninguna de las partes y aún cuando esto
implique una desmejora para los intereses del único apelante.

20. En efecto, esta Corporación, en la Sentencia de unificación de 9 de
febrero de 20127 y, posteriormente, en la Sentencia de unificación de 6 de
abril de 20188, al estudiar el alcance del recurso de apelación, unificó su
jurisprudencia en lo que refiere a la competencia del juez de segunda
instancia frente al recurso de quien actúa como apelante único y advirtió
sobre (se trascribe) “la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para
proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de
legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque
no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada”.

21. De manera que, en el presente asunto, no se observa que el tribunal
se extralimitara en su competencia como juez de segunda instancia, pues,
al analizar el interés para demandar de María Chipiaje Fuentes, encontró
que esta carecía de legitimidad activa en la causa, por lo que así fue
declarado, con la correlativa consecuencia de revocar la indemnización
que en primera instancia se había reconocido a su favor.

22. En segundo lugar, respecto a la indebida valoración del registro civil
de nacimiento, con el cual la parte actora pretendió probar el parentesco
entre María Chipiaje Fuentes y José Honorio Gómez Chipiaje, la Sala
observa que, aun teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la
acción de tutela, la parte actora no cumplió con la carga probatoria de
demostrar el vínculo que acreditaba su interés en el proceso, ni realizó
esfuerzo alguno por esclarecer la confusión existente con la relación de
parentesco de la demandante, por lo que, para esta Sala, resulta

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia de 9 de

febrero de 2012, Radicación No. 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060).
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 6

abril de 2018, Radicación No. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02485-00
Demandante: María Chipiaje Fuentes
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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razonable la conclusión a la que llegó el tribunal al realizar el análisis
integral de las pruebas que obraban en el expediente.

23. En la demanda se refirió que la demandante es María Chipiaje
Fuentes, en la firma de autenticación del poder otorgado para demandar
consta que la demandante es María Chipiaje Puentes y en el registro civil
de nacimiento de José Honorio Gómez Chipiaje consta que su madre es
“María Chipiaje”, sin documento de identidad.

24. En la audiencia inicial de 14 de abril de 2015, el Juzgado 2
Administrativo de Villavicencio declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa respecto a dicha demandante. La
parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto el 14 de
julio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Meta. En dicha ocasión, el
tribunal revocó la decisión del juez de primera instancia y dispuso que (se
trascribe) “si el registro no tiene toda la información requerida, el Juez de
primera instancia, debió solicitar, para mejor proveer, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil que diga cual es el documento de identidad de
la señora María Chipiaje Puentes, siguiendo con el curso normal del
proceso”.

25. Seguidamente, el juzgado ofició a la Registraduría Nacional con el fin
de que allegara el registro civil de las personas de nombre y apellido
“María Chipiaje”, en respuesta, la mencionada entidad remitió oficio en el
que informó que en el sistema de información se encontró información del
registro civil de nacimiento de María Chipiaje Fuentes, Serial RCN: 20088545
y María Chipiaje López, Serial RCN: 18664139, ambas nacidas en el
municipio de Puerto Carreño.

26. Adicionalmente, el tribunal observó que, aunque en el registro civil
de nacimiento de José Honorio Gómez Chipiaje no constaban más datos
de su madre, en el registro civil de nacimiento de sus hermanos consta que
su madre es María Chipiaje López, lo cual no resultaba congruente con los
hechos expuestos en la demanda, según los cuales José Honorio Gómez
Ortiz y María Chipiaje Fuentes habían convivido 25 años y de dicha unión
había nacido la víctima (José Honorio Gómez Chipiaje) y sus hermanos
(Yiluth Azari Gómez Chipiaje, Juan Manuel Gómez Chipiaje y Lucio
Mauricio Gómez Chipiaje).

27. Es preciso señalar que la Corte Constitucional, en la Sentencia T - 107
de 2019, revisó una acción de tutela en la que se alegó que el juez de
segunda instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto, por exigir el
registro civil como única prueba válida del parentesco, para efectos de la
legitimación en la causa. En dicha providencia la Corte negó el amparo

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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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solicitado en la acción de tutela, por considerar que el juez de segunda
instancia, al negar la reparación de perjuicios a algunos de los
demandantes, no incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, ya que la parte demandante incumplió la carga de la prueba,
sin que existiera justificación para ello, esto es, no aportó los registros civiles
que demostraran el vínculo de los demandantes con el fallecido, pese a
que era realizable y no implicaba un esfuerzo desproporcionado para los
interesados.

28. Con ocasión de la decisión, la Corte señaló que el registro civil es el
documento base del sistema de identificación y la prueba única del
estado civil de las personas. Además, recordó que “la obtención del
documento no debe ofrecer mayores problemas para quienes no cuenten
con el mismo desde el momento de su nacimiento, y constituye una carga
para todas las personas adelantar las diligencias necesarias para ese
efecto”9. Indicó que la exigencia del registro civil de nacimiento es
razonable incluso para las diferentes comunidades indígenas, “al no
contrariar ni su cosmovisión, ni su autodeterminación”. También precisó
que “(…)a pesar de que el registro civil es el instrumento público que por
excelencia sirve para demostrar el estado civil y la filiación de las personas,
existen casos en los cuales este puede resultar insuficiente e incluso
inexistente (por nunca haberse llevado a cabo). En este tipo de
circunstancias, cobra enorme trascendencia la prueba de ADN, que
además de permitir conocer el vínculo consanguíneo de un individuo,
realiza, según el caso, sus derechos fundamentales a la identidad y a la
personería jurídica”.

29. En el presente caso, es evidente que el registro civil aportado por la
demandante María Chipiaje Fuentes para demostrar su vínculo de
parentesco con la víctima directa no resultaba suficiente, ya que no
contaba con los datos completos que permitían identificar a la
demandante. Es cierto que para la fecha de inscripción del registro civil de
la víctima directa (24/12/1991), María Chipiaje no contaba con cédula de
ciudadanía, pues esta fue expedida en una fecha posterior (31/10/1994),
de manera que ese dato no podía aparecer, en principio, en el registro. Sin
embargo, por tratarse de un documento trascendental importancia para
identificar a las personas, la parte actora pudo solicitar la corrección del
registro civil de nacimiento o pudo aportar una prueba alternativa que
permitiera tener certeza sobre el vínculo de parentesco, pero no lo hizo.
Incluso podía ayudar a esclarecer la situación en la demanda o en la
etapa probatoria, pero guardó silencio.

9 Corte Constitucional, Sentencia T-501 de 2010.

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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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30. Entonces, pese a que la parte accionante refirió la imposibilidad de
que en el registro civil de nacimiento constara la cédula de ciudadanía de
la demandante y demás datos que permitieran identificarla, lo cierto es
que, dadas las falencias probatorias que presentaba dicho registro civil,
debió optar por corregir del documento o acudir a otros medios de prueba
alternativos, pues a partir de los elementos que obran en el proceso no era
posible tener certeza sobre ese vínculo, menos aún cuando existía otra
persona con el mismo nombre y apellido que estaba registrada como
madre de los hermanos de la víctima.

31. En síntesis, dado que la parte actora no demostró la configuración
de un defecto sustantivo por desconocimiento del principio de no reformar
en peor, así como tampoco un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, que vulnerara el derecho al debido proceso, la Sala negará el
amparo solicitado.

2.5. Conclusión

32. En el presente caso, la Sala negará la solicitud de amparo
presentada en la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por María Chipiaje
Fuentes, por no encontrar acreditados los defectos alegados.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin10.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Demandante: María Chipiaje Fuentes
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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