Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02490-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02490-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02490-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los integrantes de la Unión
Temporal Pluvial contra la sentencia de tutela de 16 de junio de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
la cual negó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los integrantes de la Unión Temporal Pluvial, obrando mediante apoderado,
presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 3 de febrero de 2022, dentro del medio de
control de controversias contractuales, identificado con el número único de
radicación 20001-33-33-002-2015-00064-02, vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso.
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Actor: Unión Temporal Pluvial
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar
– Emdupar S.A. E.S.P. con el fin de que se declarara “[...] (i) la nulidad del acta de
liquidación del contrato de obra núm. 0094 de 15 de abril de 2011 y (ii) el
incumplimiento contractual por parte de la entidad demandada [...]”.
4. El Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar profirió sentencia de primera
instancia el 21 de agosto de 2018, en la cual negó las pretensiones de la
demanda.
Sentencia proferida el 3 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Cesar dentro del proceso del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación 20001-33-33-
002-2015-00064-02
5. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 3 de febrero de
2022, resolvió:
“[...] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar el 21 de agosto de 2018, por las
razones consignadas en la parte motiva de este proveído [...]”.
5.1. Al respecto, consideró lo siguiente:
“[...] En el caso concreto, la primera adición se firmó el 4 de abril de 2012 por tres
meses y la segunda prórroga por 18 días, firmada el 5 de julio de 2012, ambas en la
etapa final de ejecución del contrato, pero en ninguno de dichos documentos el
contratista dejó sentado reparo u observaciones sobre su contenido, motivo por el
cual, cualquier reclamación posterior resulta extemporánea, y no es procedente, ya
que ello vulneraría el principio de buena fe contractual.
Es decir, cuando las partes llegan a acuerdos sobre la existencia de circunstancias
que pueden alterar el equilibrio económico del contrato y se avienen a modificar el
contrato, es en ese momento que deben manifestar las reclamaciones, salvedades
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
u objeciones que tengan, puesto que bien pudieron presentarse en oportunidad
anterior y quedar registradas en las actas parciales de obra o aún en la
correspondencia cruzada entre el contratista y la entidad, pero de un lado, estos
documentos no fueron aportados al proceso y por otra parte ello debió refrendarse
al momento de suscribir las adiciones.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia al establecer que las etapas del contrato son
preclusivas, de modo que las partes tienen oportunidades específicas para pactar
las condiciones del contrato o modificarlas y una vez se formalicen, se agota la
posibilidad de hacer nuevos reclamos sobre aspectos que eran conocidos antes de
su celebración, así, si el contratista no formuló ningún reparo cuando suscribió las
adiciones, no es posible acceder a sus reclamaciones en esta sede, pues no le es
dado ir contra sus propios actos.
Corolario de lo expuesto, la Sala confirmará la providencia venida en apelación, esto
es, la proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, el 21 de
agosto de 2018, por las razones consignadas en esta decisión [...]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. Los integrantes de la Unión Temporal Pluvial solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] 1. Sea tutelado el derecho fundamental al debido proceso de la UNIÓN
TEMPORAL PLUVIAL.
2. Se revoque la sentencia de fecha 3 de febrero de 2022 proferida por el H.
Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso distinguido bajo el radicado 20001-
33-33-002-2015-00064.
3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad accionada proferir
nueva sentencia que, con base en lo probado dentro del proceso, acceda a las
pretensiones contenidas en la demanda declarando desequilibrio económico del
contrato de obra No. 0094 del 15 de abril de 2011 y en consecuencia su
restablecimiento […]”.
Actuación
7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 9
de mayo de 2022; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Cesar, a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar –
EMDUPAR S.A. E.S.P. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
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Actor: Unión Temporal Pluvial
Intervenciones de la parte demandada
8. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó que se “[…] deniegue la acción de
tutela interpuesta por la UNIÓN TEMPORAL FLUVIAL, por cuanto la providencia
proferida por esta Corporación no es constitutiva de vía de hecho judicial […]”.
8.1. Al respecto manifestó que:
“[…] En el caso concreto, la primera adición se firmó el 4 de abril de 2012 por tres
meses y la segunda prórroga por 18 días, firmada el 5 de julio de 2012, ambas en la
etapa final de ejecución del contrato, pero en ninguno de dichos documentos el
contratista dejó sentado reparo u observaciones sobre su contenido, motivo por el
cual, cualquier reclamación posterior resulta extemporánea, y no es procedente, ya
que ello vulneraría el principio de buena fe contractual.
Es decir, cuando las partes llegan a acuerdos sobre la existencia de circunstancias
que pueden alterar el equilibrio económico del contrato y se avienen a modificar el
contrato, es en ese momento que deben manifestar las reclamaciones, salvedades
u objeciones que tengan, puesto que bien pudieron presentarse en oportunidad
anterior y quedar registradas en las actas parciales de obra o aún en la
correspondencia cruzada entre el contratista y la entidad, pero de un lado, estos
documentos no fueron aportados al proceso y por otra parte ello debió refrendarse
al momento de suscribir las adiciones.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia al establecer que las etapas del contrato son
preclusivas, de modo que las partes tienen oportunidades específicas para pactar
las condiciones del contrato o modificarlas y una vez se formalicen, se agota la
posibilidad de hacer nuevos reclamos sobre aspectos que eran conocidos antes de
su celebración, así, si el contratista no formuló ningún reparo cuando suscribió las
adiciones, no era posible acceder a sus reclamaciones, pues no le era dado ir contra
sus propios actos; por lo expuesto se decidió confirmar la providencia de primera
instancia que denegó las pretensiones.
Conforme a lo expuesto, se colige la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales en la decisión tomada por esta Corporación a través de providencia
de fecha 3 de febrero de 2022, cuestionada por el accionante, razón por la cual muy
comedidamente consideramos que lo procedente en este caso es denegar la acción
de tutela impetrada […]”.
9. La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P.
solicitó que se rechace por improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…]
no cumple con ninguna de las causales específicas de procedibilidad […]”.
10. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
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Actor: Unión Temporal Pluvial
La sentencia impugnada
11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 16 de junio de 2022, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la Unión Temporal Pluvial, a través de apoderada, en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia […]”.
11.1. Al respecto consideró lo siguiente:
“[…] De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que el
Tribunal Administrativo del Cesar fundamentó su decisión en la normativa aplicable
al tema del equilibrio económico de los contratos de obra pública, principalmente lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que define los contratos de obra; y
en el Decreto 222 de 1983, que prevé las diferentes modalidades de pago en dichos
contratos según las condiciones que claramente se estipulen en el acuerdo.
El argumento principal que se estudió en la decisión acusada se relaciona con que,
para la Unión Temporal Pluvial, Emdupar S.A. E.S.P rompió con el equilibro
económico del contrato porque desconoció el deber de planeación y ello implicó un
cambió del proyecto inicial, situación que le impuso al contratista la obligación de
modificar los diseños y la ejecución de mayores cantidades de obra.
No obstante, el Tribunal Administrativo del Cesar sostuvo que no toda alteración de
lo pactado da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato. Primero,
porque este debe provenir de causas diferentes al alea o riesgo asumido por los
contratantes en el negocio jurídico; y segundo, por cuanto debe afectarse
seriamente la economía del mismo hasta el punto de requerirse la intervención de
los cocontratantes para impedir que alguno de ellos se vea perjudicado […]”.
[…]
“[…] En ese sentido, se expuso que al margen de la existencia de mayores
cantidades de obra, de que éstas fuesen necesarias para cumplir cabalmente con el
objeto del contrato y del valor de las mismas, el argumento medular es la exigencia
del deber de lealtad de las partes y la plena validez del principio de la buena fe
contractual al igual que la obligación de colaborar con el cocontratante para lograr la
ejecución del contrato. Así como el cumplimiento de los fines y funciones del
Estado, lo que se traduce en la carga de informar a la otra parte los hechos o
vicisitudes en la ejecución del contrato que lleven a reclamaciones posteriores.
Lo anterior, por cuanto la parte accionada expuso que la jurisprudencia del Consejo
de Estado establece que cuando hay variaciones o inconvenientes que puedan
afectar el contrato y las partes llegan a acuerdos, es al momento de suscribirlos que
se deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento,
o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de
ellas […]”.
[…]
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Actor: Unión Temporal Pluvial
“[…] En este orden de ideas, no encuentra esta Sala de Subsección que se haya
incurrido en un desconocimiento del precedente, por cuanto la decisión de 3 de
febrero de 2022 aplicó la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado para concluir
que cuando el contratista no formuló ningún reparo al momento de suscribir
adiciones del contrato, no es posible que en sede de la jurisdicción contenciosa
administrativa se estudien las reclamaciones, pues ello implica que vaya contra sus
propios actos.
Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas en el marco
del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la tutela, pues ello acarrea
que se convierta la sede constitucional en una instancia no consagrada por el
ordenamiento jurídico para estudiar los argumentos del juez natural, dictaminados
en razón a lo probado dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis
que le sirvieron de soporte.
Así las cosas, teniendo en cuenta que las conclusiones a las que llegó la parte
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, sino
que se basaron en las normas jurídicas aplicables al asunto, no se encuentra que se
haya incurrido en ninguna de las causales específicas de procedibilidad, situación
que impone negar la acción de tutela presentada por la Unión Temporal Pluvial,
actuando por conducto de apoderada, en contra del Tribunal Administrativo del
Cesar […]”.
La impugnación
12. Los integrantes de la Unión Temporal Pluvial impugnaron la sentencia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En
ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:
“[…] Tiene por objeto la presente impugnación que la decisión recurrida sea
revocada y en su lugar:
Se reconozca la vulneración del derecho al debido proceso a mi mandante por parte
del Tribunal Administrativo del Cesar, toda vez que su actuación desconoce
jurisprudencia vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y las pruebas
recaudadas dentro del proceso […]”.
[…]
“[…] Es preciso manifestar que el despacho de primera instancia yerra en afirmar
que no se avizora un desconocimiento de la jurisprudencia vigente en la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia del 3 de febrero de
2022, por cuanto a la época de los hechos la tesis dominante y aplicable al caso
establece la importancia de hacer salvedades y reclamaciones del contrato dentro
del acta de liquidación final, que jurisprudencialmente se consideró como requisito
obligatorio para la presentación de la demanda a través del medio de control de
controversias contractuales ante la jurisdicción contenciosa administrativa; requisito
que fue cumplido a cabalidad por la UNIÓN TEMPORAL PLUVIAL, como quiera que
en el acta de liquidación de fecha 24 de noviembre de 2012 dentro del contrato de
obra pública No. 0094 del 15 de abril de 2011 se hicieron las salvedades atinentes a
las mayores cantidades de obra realizadas y rediseño del proyecto referidas en el
acápite de hechos del presente escrito, y previo a ello, en informe de fecha 4 de
mayo de 2012 a la interventoría, lo cual sirvió como fundamento para presentar la
respectiva demanda. Así mismo, dentro del proceso se logró probar que existió un
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Actor: Unión Temporal Pluvial
desequilibrio económico dentro del contrato causado por el rediseño del proyecto, a
pesar de ello, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de segunda
instancia en desconocimiento de dicho precedente y en su lugar consideró que las
reclamaciones y peticiones debían hacerse durante la ejecución del contrato, en las
adiciones del contrato, lo cual, como anteriormente se mencionó viola dicho
precedente vertical del H. Consejo de Estado.
Cabe agregar que, la tesis en comento se basa en afirmar que acta de liquidación
final de los contratos de la Administración, es la oportunidad que se tiene para
formular las reclamaciones pertinentes:
“(..) La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes
definan sus cuentas, que decidan en qué estado queda después de cumplida la
ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar
la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden
formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la
relación entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad
demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento” 1
Así mismo, El Consejo de Estado, Seccion (sic) Tercera Subseccion (sic) B, explicó:
“Al respecto, observa la Sala que al suscribir el acta de liquidación bilateral del
contrato, el contratista está haciendo una manifestación de voluntad en el sentido de
aceptar su contenido, excepto en aquellos aspectos respecto de los cuales efectúa
la correspondiente salvedad, la cual resulta indispensable para efectos de elevar
posteriormente cualquier reclamación económica derivada del contrato liquidado. Es
decir que es para la prosperidad de sus futuras pretensiones, que se exige haber
efectuado dicha manifestación de inconformidad con uno o varios puntos precisos y
definidos que no fueron incluidos en el corte de cuentas definitivo del contrato. O lo
que es lo mismo, tal salvedad expresa y concreta en el acta de liquidación bilateral,
es un presupuesto material de la sentencia de fondo y para la prosperidad de las
pretensiones.”2 - Negrita y subrayado fuera de texto.
Lo anterior con el fin de reafirmar la posición de la suscrita, de esta manera le doy
sustento al recurso interpuesto […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la
acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo
1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen
reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019.
Generalidades de la acción de tutela
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Actor: Unión Temporal Pluvial
14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito de relevancia constitucional.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
1
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
18. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
3
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
3
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
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Actor: Unión Temporal Pluvial
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 20146, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[8].
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
6
Ut supra página 6.
7
[ ] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
8
[ ] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
11
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Actor: Unión Temporal Pluvial
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dlos integrantes de la
Unión Temporal Pluvial para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que los
integrantes de la Unión Temporal Pluvial tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión dlos integrantes de la Unión Temporal
Pluvial, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [12].
9
[ ] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
10
[ ] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
11
[ ] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
12
[ ] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
12
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Actor: Unión Temporal Pluvial
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [13]; el derecho
a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 14
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”15
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dlos integrantes de la Unión Temporal
Pluvial, quien no demuestra la calidad de sujeto de especial protección, la primera
apreciación que puede hacerse, es que el asunto que nos ocupa tiene, en principio,
una relevancia de tipo legal, y que aún haciendo una interpretación armónica del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con las disposiciones constitucionales
contenidas en los artículos 13 (derecho a la igualdad), artículo 25 (derecho al
13
[ ] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
14
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
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Actor: Unión Temporal Pluvial
trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y el artículo 53 (derecho a la
situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y reajuste de las
pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el contenido de
dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados constitucionales no
tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”16
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no
tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo
presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
27.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
28.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
17
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
16
Ibidem.
17
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
14
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
29. Los integrantes de la Unión Temporal Pluvial, obrando mediante apoderado,
presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, porque,
a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de febrero de 2022, dentro del medio de
control de controversias contractuales, identificado con el número único de
radicación 470013333003201800474-01, vulneró su derecho fundamental al
debido proceso.
30. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
31. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por
los integrantes de la Unión Temporal Pluvial en su respectivo escrito de tutela.
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
Acervo y análisis probatorios
32.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
32.1. Copia del expediente del proceso de controversias contractuales identificado
con el número único de radicación 20001-23-33-002-2015-00064-02.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional
33.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. Los integrantes de la Unión Temporal Pluvial en su escrito de tutela
indicaron lo siguiente:
“[…] La Corte Constitucional ha definido como elementos para la configuración de
este defecto, entre otros, los siguientes que son aplicables para este caso:
“(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha
sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma
cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a
la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos
a los señalados expresamente por el legislador
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma
jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial (Subrayado
fuera del texto)
Este defecto se configura porque el Tribunal Administrativo del Magdalena
en el fallo objeto de esta acción de tutela incurrió en un error evidente en
cuanto a la aplicación de la norma que sustenta la procedencia de solicitar la
liquidación oficial de corrección para efectos de devolución por concepto de
RESCATE.
Debemos precisar que no hay duda sobre el pago indebido por concepto de
rescate que hizo mi representada dentro del proceso de importación de la
mercancía encartada, pues tanto el Juez de primera instancia como el de
16
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Actor: Unión Temporal Pluvial
Segunda instancia coinciden en que no era procedente ya que era aplicable
el análisis integral, figura que permitía corregir el error en los seriales sin
pago alguno de rescate.
El meollo de este asunto versa en determinar si ese pago indebido por
concepto de rescate era susceptible de liquidación oficial para efectos de
devolución, por lo que el debate judicial se centra en determinar si la norma
aplicable respecto de la procedencia de la liquidación oficial era la contenida
en el Decreto 2685 de 1999 y su reglamentaria (vigente para la fecha en que
se presentó la solicitud en el año 2014) o el Decreto 390 de 2016 (vigente
para la fecha en que se resolvió la solicitud) […]”.
[…]
“[…] De manera errada y es donde se configura la violación de los derechos
fundamentales incoados, el accionado decidió no aplicar dicha norma dando
aplicación al precepto normativo consagrado en el articulo 670 del Decreto 390 de
2016, que reza en su tenor literal, así:
“Articulo 670. Transitorio para los procesos de fiscalización. Los procesos
administrativos en curso se regirán por las normas vigentes al tiempo de su
iniciación, de conformidad con el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 del 2012. En consecuencia, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por la norma vigente cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, o comenzaron a surtirse las
notificaciones. Una vez concluida la etapa procesal iniciada en vigencia de la
norma anterior, a la etapa procesal siguiente se le aplicará el presente decreto.
El anterior precepto legal NO aplicaba para decidir sobre la sustancia del
proceso administrativo, por cuanto es una regla exclusiva de transitoriedad
para efectos procesales, que tiene como vocación principal dar seguridad
jurídica a los trámites que se encontraban en curso al momento en que fue
expedida la norma, esto no indica lo que de manera errada se expresó en la
sentencia como sustento de la inaplicabilidad de la regla establecida en el
Decreto 390 de 2016 para el trámite de las solicitudes de liquidación oficial de
corrección para efectos de devolución por pago de lo no debido.
Así las cosas, encontramos que de acuerdo con las normas expresadas y
conforme a las reglas de aplicación de la norma sustancial en el tiempo
definidas por los preceptos procesales del ordenamiento jurídico
Colombiano, SI era procedente que el trámite de la liquidación oficial de
corrección para efectos de devolución por concepto de rescate se decidiera
en la sede administrativa con base en la norma vigente para la fecha en que
fueron proferidos los actos administrativos, esto es el Decreto 390 de 2016.
No obstante como lo dijimos arriba, persiste el yerro del accionado en cuanto
que también era procedente la solicitud de liquidación oficial de corrección
para efectos de devolución a la luz de la norma que fue aplicada por ese
Honorable Tribunal Administrativo, esto es, el Decreto 2685 de 1999 […]”.
(Resaltado por la Sala).
34. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por los integrantes
de la Unión Temporal Pluvial ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una
tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino
que tiene por objeto verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales.
35. Además de lo anterior, para la Sala, los integrantes de la Unión Temporal
Pluvial plantean una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen
en últimas en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya fue expuesto
dentro del proceso de controversias contractuales y fue decidido por el juez natural
de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
36. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
18
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la
posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante
considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
37. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera
de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos19, y en especial, en la
sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 señaló lo siguiente:
“[…]
La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se
cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia;
motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.
Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite
18
Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0120, por parte
de los jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva
correspondiente.
Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional21, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más22.
En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201923, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael
Palacio Valle […]”.
38. De igual manera, cabe traer a colación, la providencia de la Sección Primera
de 25 de noviembre de 202124, en la cual señaló lo siguiente en cuanto a los
asuntos de contenido económico:
“[...] Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional señaló en la aludida
sentencia que un asunto carece de relevancia constitucional cuando “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango
reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza
o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general” […]”.
39. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien los integrantes de la
Unión Temporal Pluvial enuncian la trasgresión del derecho fundamental al debido
proceso, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal
y económico.
20
Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta (Magdalena).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo
Vargas Ayala).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre
de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
23
Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre
de 2021, exp. No. 11001-03-15-000-2021-04403-01 (AC). Actor: Ángela Medina De Ramírez (C.P. Oswaldo
Giraldo López)
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
Conclusiones de la Sala
40. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de junio de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual
negó las pretensiones del amparo, para, en su lugar, DECLARAR improcedente la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02490-01
Actor: Unión Temporal Pluvial
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Salva voto
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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