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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02491-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02491-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02491-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02491-01
Demandante: Orfenio de Jesús Quintero Rojas Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02491-01
Demandante: ORFENIO DE JESÚS QUINTERO ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución Política. Contrato realidad. Carga de la
prueba. Contrato estatal, formalidades.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Orfenio de Jesús Quintero Rojas contra la
sentencia del 2 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que denegó las pretensiones de la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, mediante apoderado judicial, el señor Orfenio de
Jesús Quintero Rojas pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la sentencia del 4 de
noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En concreto,
formuló textualmente las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, derecho a la defensa y a la tutela judicial
efectiva del señor Orfenio de Jesús Quintero Rojas.

SEGUNDA. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, revoque los numerales primero y segundo de la sentencia de 4 de noviembre de 2021, notificada
el 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Jurisdiccional Oral No. 4 del Tribunal Administrativo
del Valle, con ponencia de la magistrada Luz Elena Valencia Sierra.

TERCERA. En consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle para que profiera nueva
sentencia donde se confirme en su totalidad la sentencia No. 127 del 9 de abril de 2016, proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga, bajo el radicado 76111-33-33-002-2015-
00284-00

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor demandó
la nulidad de los Oficios SHR 1000-016-002715 y SRH 1000-016-00202, expedidos por el
alcalde del municipio de Guacarí, y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se
ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, pagos a seguridad social
por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011.

2.2. La demanda correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Buga, que, por
sentencia del 9 de abril de 2016, accedió a las pretensiones. En concreto, la autoridad

1
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judicial estimó que quedaron probados los requisitos exigidos para demostrar la existencia
de una verdadera relación laboral (prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación o dependencia administrativa).

2.3. La entidad demandada presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por sentencia del 4 de noviembre de 2021,
modificó la decisión para precisar que el vínculo laboral acreditado por el demandante
ocurrió únicamente desde el 6 de agosto al 30 de noviembre de 2010 y el 18 de marzo al
30 de noviembre de 2011, periodos sobre los cuales dispuso cotizaciones al sistema integral
de seguridad social en pensiones, y reconoció el pago de derechos prestacionales para el
segundo periodo descrito, pues estimó que las demás se encontraban prescritas.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El señor Orfenio de Jesús Quintero Rojas, de manera preliminar, manifestó que la
solicitud de amparo cumple los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, el actor alegó que la sentencia del 4 de noviembre de
2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales invocados por las siguientes razones:

3.2.1. Que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico, pues, a su juicio, el tribunal
demandado omitió efectuar una valoración integral del material probatorio incorporado al
expediente. Concretamente, alegó que se desconocieron las pruebas que acreditaban la
prestación del servicio, esto es: (i) certificación expedida por el secretario del Recurso
Humano del ente territorial demandado, donde consta que el demandante prestó sus
servicios del 1 de febrero de 2007 y (ii) los testimonios de los señores Diego Fernando
Osorio Monsalve, Omar Soto Martínez y Orlando de Jesús Bedoya Ospina, quienes
manifestaron que el señor Quintero Rojas prestó sus servicios como auxiliar en la UMATA
hasta el 31 de diciembre de 2011.

3.2.2. Que también incurrió en defecto sustantivo, debido a que para la valoración
probatoria se omitió la aplicación del artículo 53 de la Constitución Política, aunado a la
aplicación errónea de la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 para el
estudio de la prescripción y la solución de continuidad en la prestación del servicio.

3.2.3. Sobre la violación directa a la constitución política, expuso que, desde una
perspectiva de la supremacía de la realidad sobre las formalidades, no es adecuado señalar
que los medios de prueba allegados no eran idóneos, pertinentes y conducentes para
acreditar la celebración de contratos de prestación de servicios, la prestación continuada
del servicio y el elemento de subordinación.

4. Intervenciones

4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga remitió́ el expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-
002-2015-00284-00/01, pero no se pronunció sobre las razones que motivaron la
interposición de la acción de tutela.

4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Municipio de Guacarí no se
pronunciaron pese a que fueron debidamente notificados.

5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 2 de junio de
2022, negó las pretensiones de la demanda de tutela.

2
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5.2. Consideró que la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio
dado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido por respeto al principio de autonomía judicial y porque el principio
del juez natural impide que la autoridad judicial constitucional realice un examen exhaustivo
del material probatorio.

5.3. Además, explicó que “revisado el escrito de tutela, no se evidenciaba un reparo
concreto contra la decisión censurada; contrario a ello, advertía que el actor centra su
argumentación en criticar de forma genérica el análisis del acervo realizado por la autoridad
judicial accionada, es decir, buscaba realizar un juicio de validez entre la decisión adoptada
por el juez del proceso ordinario y los principios superiores de la carta y no un juicio de
corrección, lo cual es propio del trámite ordinario”.

5.4. Concluyó que la autoridad judicial demandada efectuó una interpretación normativa y
fáctica coherente, que se compadece con la realidad procesal, que lo llevaron a la
convicción de adecuar el período respecto del cual se podía predicar la existencia de una
relación laboral, máxime cuando existe un pronunciamiento del Consejo de Estado respecto
del carácter solemne de los contratos de prestación de servicio, aunado a que cuenta con
la autonomía propia del operador jurídico y sus interpretaciones no vulneran los derechos
fundamentales invocados por el actor.

6. Impugnación

6.1. El señor Orfenio de Jesús Quintero Rojas impugnó la sentencia del 2 de junio de 2022.
Manifestó que el a quo no se pronunció respecto de las causales específicas de defecto
sustantivo y violación directa de la constitución política, por lo que reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.

6.2. En concreto, señaló que no hubo una correcta interpretación y aplicación del artículo
53 de la Constitución, pues el principio de primacía de la realidad sobre las formas se debe
extender a la valoración de las pruebas.

6.3. A su juicio, para probar la existencia de una relación laboral entre un particular y la
administración no es necesario que el vínculo desnaturalizado conste por escrito, como
tampoco lo es que dicho documento deba aportarse para cumplir con la carga de la prueba.
Que exigirlo es limitar el alcance y aplicación del principio de favorabilidad, pues una
controversia por contrato realidad difiere de un contrato reglado por la Ley 80 de 1993.

6.4. Reiteró que con las pruebas decretas, practicadas e incorporadas en el proceso, en
particular la certificación y testimonios antes enlistados, fue probada la prestación del
servicio por parte del demandante en favor del municipio demandado por el periodo
reclamado.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20142, se precisó que la acción de
tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el
Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese
mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia

1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede
conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes
defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto
sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v)
error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en
una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias
de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión
propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de
Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre
en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional»3.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala coincide con el a quo en que la demanda de tutela cumple los requisitos
generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
consecuencia, se resolverá el asunto de fondo.

2.2. Previo a descender al estudio de fondo, se advierte que el demandante aduce, además
del defecto fáctico, los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución Política. De
la revisión de los argumentos que propone, la Sala advierte que también se relacionan con
la valoración probatoria efectuada por el tribunal demandado. Por lo tanto, la Sala los
analizará conjuntamente.

2.3. Conforme con lo anterior, en los términos de la impugnación, el problema jurídico
consiste en determinar si la sentencia de tutela de primera instancia acertó al denegar las
pretensiones de la demanda.

3. Sobre el defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales

3.1. En cuanto al defecto fáctico, vale decir que, en términos generales, se configura cuando
la decisión adoptada por el juez carece de los elementos probatorios adecuados para
soportarla.

3.1.1. El defecto fáctico puede configurarse por acción o por omisión. En un
pronunciamiento reciente la Corte Constitucional, en sentencia T-324 de 2013, se refiere a
dos conductas constitutivas del defecto fáctico: «i) defecto fáctico por omisión: cuando el
juez se niega a dar por probado un hecho que aparece en el proceso, lo que se origina
porque el funcionario: a) niega, ignora o no valora las pruebas solicitadas y b) tiene la
facultad de decretar la prueba y no lo hace por razones injustificadas, y ii) defecto fáctico
por acción: se da cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, hay: a) una
errónea interpretación de ellas, bien sea porque se da por probado un hecho que no aparece
en el proceso, o porque se estudia de manera incompleta, o b) cuando las valoró siendo
ineptas o ilegales, o c) fueron indebidamente practicadas o recaudadas, vulnerando el
debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte; entonces, es aquí cuando entra

3 SU-573 de 2017.

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el juez constitucional a evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial
desconoció la realidad probatoria del proceso».

3.1.2. La Corte Constitucional también ha dicho que en el defecto fáctico se pueden
identificar dos dimensiones: una negativa y otra positiva. La primera hace alusión a las
omisiones del juez en la valoración de pruebas que pueden resultar determinantes para
establecer la veracidad de los hechos narrados. «La segunda corresponde a una dimensión
positiva que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución» 4.

3.1.3. En lo que corresponde al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, la Corte
Constitucional ha dicho que se presenta «cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados
y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas
no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva»5.

3.1.4. En todo caso, para que se configure el defecto fáctico es necesario que el error en la
valoración de la prueba sea determinante en el sentido de la decisión, es decir, que de
haberse valorado adecuadamente la prueba el resultado del proceso hubiere sido distinto.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precisó que «el error en el juicio valorativo de
la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»6.

Análisis del caso concreto

3.2. Con la finalidad de establecer si la sentencia controvertida incurrió en el defecto fáctico
endilgado, conviene recordar que tanto en los argumentos de la tutela, como en la
impugnación, la parte actora le atribuye a la providencia (i) la falta de valoración de las
pruebas testimoniales y la certificación suscrita por el Secretario del Recurso humano del
municipio de Guacarí, y (ii) la indebida valoración de las pruebas aportadas. Por lo tanto, la
Sala abordará el estudio del defecto fáctico en ese orden.

3.2.1. Sobre la falta de valoración probatoria. Del análisis probatorio que efectuó la
autoridad judicial demandada sobre el punto, se destaca:

“(…)

Al respecto, encuentra la Sala que el actor estuvo vinculado al municipio de San Juan Bautista
de Guacarí – Valle del Cauca en los siguientes contratos de prestación de servicios:

No. De contrato Plazo Objeto Valor del contrato y
y fecha de inicio forma de pago
S/N del 6 de Hasta el 30 de Prestar por parte del contratista $3´900.000 se pagó en
agosto de 2010 noviembre de 2010, el servicio relacionado con 4 cuotas por valor de
contados a partir de la actividades operativas de $975.000
suscripción del acta de mantenimiento a pozos
inicio por parte del sépticos en la zona rural
supervisor del contrato montañosa del municipio de
San Juan Bautista de Guacarí
S/N del 18 de Hasta el 30 de Prestar por parte del $8´112.000 se pagó en
marzo de 2011 noviembre de 2011, contratista el servicio una cuota por valor de
contados a partir de la relacionado con actividades $1´352.00 (sic) y diez
suscripción del acta de operativas de mantenimiento a cuotas por valor de
inicio por parte del pozos sépticos en la zona rural $676.000
supervisor del contrato montañosa del municipio de
San Juan Bautista de Guacarí

4 Sentencia T-274 de 2012.
5 Sentencia T-781 de 2011.
6 Ibidem.

5
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Demandante: Orfenio de Jesús Quintero Rojas Rojas

(…)
Mediante certificación de fecha 11 de abril de 2011, suscrita por el Secretario del Recurso
Humano del Alcaldía municipal de San Juan Bautista de Guacarí – Valle, hace constar que el
actor laboraba al servicio de la administración municipal de Guacarí, realizando actividades
operativas de mantenimiento Y protección de cuencas, mediante orden de prestación de
servicios (OPS), según contratación ley 80 de 1993, desde el 1 de febrero de 2007, devengando
unos honorarios mensuales de seiscientos setenta y seis mil pesos moneda corriente
($676.000).

• Prueba testimonial

El señor Diego Fernando Osorio Monsalve rindió declaración dentro del plenario manifestando lo
siguiente:
(…)
Afirma que, del año 2007 en adelante, el actor trabajo en la “U T A M A”
(…)
El señor Omar Soto Martínez rindió declaración dentro del plenario manifestando lo siguiente:
(…)
No conoció los términos Y condiciones de la vinculación contractual del actor con la entidad demandada
(…)
El señor Orlando de Jesús Bedoya, rindió declaración dentro del plenario manifestando lo siguiente:
(…)
El actor se vinculó a la “UMATA” de manera consecutiva, desde febrero de 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2011
(…)

3.2.2. A partir de las anteriores pruebas, la autoridad judicial demandada concluyó:

(…)
En virtud del recaudo probatorio obrante en el plenario debe señalarse que únicamente obran
dos (2) contratos escritos de prestación de servicios, celebrados entre el actor y la Administración
Municipal de Guacarí, de fechas (sic) 6 de agosto de 2010 y 18 de marzo de 2011.
(…)
Sobre el particular debe señalarse que obra en el plenario certificación de fecha 11 de abril de
2011, proveniente del secretario de Recurso Humano de la Alcaldía municipal de San Juan
Bautista de Guacarí – Valle, en la que consta que el actor laboraba al servicio de la administración
municipal, realizando actividades operativas de mantenimiento y protección de cuencas,
mediante órdenes de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 2007. Así mismo, de la
prueba testimonial se destaca que su vinculación al ente territorial, fue desde el año 2007
mediante contratos de prestación de servicios.

No obstante, de conformidad con el artículo 256 del código general del proceso, la falta del
documento que la ley exija como solemnidad para el existencia o validez de un acto o contrato
no podrá suplirse por otra prueba.

3.2.3. Como se ve, la autoridad judicial demandada no omitió la valoración de las pruebas
testimoniales ni de la certificación señalada por la parte actora. Todo lo contrario, las valoró
para efectos de tener por demostrados los elementos de remuneración y subordinación de
la pretendida relación laboral. Otra cosa es que esos no los hubiera tenido en cuenta para
efectos de probar un contrato estatal, debido a la solemnidad prevista en la Ley 80.

3.2.4. Sobre la indebida valoración probatoria. De las consideraciones expuestas por el
juez natural en la sentencia de segunda instancia, sobre el medio idóneo para acreditar la
existencia de un contrato estatal, se resalta:

(…)
Ahora, debe también recordarse lo previsto en los artículos 32 -num. 3 Y 39 de la ley 80 de 1993
que disponen que:
(…)
• Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser
elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que
conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.

En ese orden, el Consejo de Estado, a través de su sección segunda, en sentencia de fecha 9
de febrero de 2017, proferida dentro del expediente No. 810012333000 20120005100 (1634-

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2014), de la consejera Sandra Lizeth Ibarra Vélez, señaló lo siguiente:

(…)

Que con esta perspectiva, el artículo 39 de la ley 80, al ocuparse de la forma del contrato estatal,
estableció qué los contratos que celebren las entidades estatales constará por escrito. Coherente
y armónico con este precepto, el artículo 41 de la ley 80 de 1993 revistió a la forma escrita de un
valor ad solemnitatem o ad substantiam actus o ad esentiam (forma dat esse rei), al predicar que
el acto o negocio jurídico solo nace a la vida jurídica cuando adopta esa forma obligatoria, se
trata de una solemnidad esencial para su existencia jurídica de rigurosa observancia, que
constituye una restricción positiva a la expresión de la voluntad.

Entonces, el contrato celebrado por la administración con los particulares es de carácter solemne,
es decir que para su eficacia, de acuerdo con el régimen jurídico de derecho público al cual está
sometido, se requiere que se le ha escrito la manifestación de voluntad, de manera que la
ausencia de este con lleva a inexistencia del negocio jurídico e impide el nacimiento de los
efectos jurídicos pretendidos por las partes toda vez que estas no tienen libertad de forma.
(…)
Que igualmente, se tiene que la solemnidad según la cual, esta clase de contratos deben constar
por escrito, constituye un requisito ad substantiam actus, esto es, sin el cual el negocio no existe
y, por tanto, carece de efectos en el mundo jurídico; ello implica que la falta del documento que
contiene el acto o contrato no pueda suplirse con otra prueba, pues en aquellos negocios
jurídicos en los que la ley requiere esa solemnidad, la ausencia del documento escrito implica
que se miren como no celebrados y su omisión de aportarlos en legal forma dentro de un proceso
judicial impide que se pueden hacer valer o reconocer los derechos y obligaciones -efectos
jurídicos- que en nombre o a título de él se reclaman.
(…)
Con base a lo anterior, para los efectos pretendidos a través del presente medio de control, no
se puede tener en cuenta el período comprendido entre el año 2007 al 5 de agosto de 2010,
pues para verificar el cumplimiento de los elementos del contrato para declarar la existencia de
una relación laboral, deben constar por escrito los contratos de prestación de servicios objeto del
litigio.

Por tanto, ante la imposibilidad de demostrarse con otra prueba diferente al contrato escrito, la
vinculación del actor a la administración municipal mediante órdenes de prestación de servicios
en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2007 al 5 de agosto de 2010, debido a la
solemnidad que exige la ley en esos casos, se estudiará entonces la alzada teniendo en cuenta
solo los contratos de prestación de servicios obrantes en el plenario de fechas (sic) 6 de agosto
de 2010 y 18 de marzo de 2011.

3.2.5. A partir de lo anterior, la Sala encuentra razonable la valoración probatoria realizada
por la autoridad judicial demandada, pues, como se vio, además de que se tuvieron en
cuenta las pruebas aludidas por el demandante, se expuso de manera clara y precisa las
razones por la cuales la existencia del vínculo contractual que el actor acusa de
desnaturalizado no podía ser probado por un medio diferente al documental, como lo es el
contrato estatal.

3.2.5.1. El tribunal demandado acudió a fundamentos legales y jurisprudenciales para
explicar las razones por las que resulta inviable admitir las declaraciones de testigos o la
certificación allegada por el demandante como pruebas de la existencia de un contrato
estatal que exige solemnidad. Fíjese que, incluso, el juez de segunda instancia advierte
que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en estos asuntos la carga de la
prueba es del extremo activo, y que, en este caso no aportó ni solicitó la práctica de pruebas
documentales en aras de acreditar la existencia de los contratos de prestación de servicios
celebrados.

3.3. Ahora, conviene precisar que la valoración efectuada por el tribunal demandado no
implica una transgresión al artículo 53 constitucional, por cuanto la garantía de favorabilidad
está prevista, en principio, para la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho, que no es la discusión en este caso. En todo caso, el principio de libertad
probatoria no es absoluto y admite limitaciones como la establecida en el artículo 256 del
Código General del Proceso, que prevé que la falta del documento que la ley exija como
solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra
prueba, tal como ocurre en el caso de los contratos estatales.

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3.4. Se resuelve, entonces, el problema jurídico propuesto: la sentencia de tutela de primera
instancia acertó al denegar las pretensiones de la demanda de tutela y, por lo tanto, será
confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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