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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02499-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02499-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Clara Mercedes López Rodríguez, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02499-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02499-00
Demandante: Clara Mercedes López Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02499-00
Demandante: CLARA MERCEDES LÓPEZ RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado con el fin de obtener la
reliquidación de la mesada pensional e inclusión de la prima
técnica del orden territorial. Defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento de precedente judicial, procedimental por
exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Clara Mercedes López Rodríguez, mediante apoderada
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en la que
pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al mínimo vital y
móvil, a la vida digna, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social, que considera vulnerados con la sentencia de 11 de noviembre
de 2021, que confirmó la providencia de 26 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada con el fin de obtener la
reliquidación de la pensión de jubilación con el 75% del promedio de todos los
factores devengados en el último año de servicio.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante sostuvo que nació el 21 de mayo de 1945 y prestó sus servicios en
el sector público desde el 5 de agosto de 1974 hasta el 30 de abril de 2016, siendo
el último cargo ocupado el de auxiliar administrativa en la Secretaría de Educación
del Magdalena, por lo que adquirió el estatus pensional el 21 de mayo de 2000.

Aseguró que mediante Resolución No. 3393 de 24 de enero de 2005, Cajanal (hoy
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP) le reconoció la pensión vitalicia de
jubilación dando aplicación a la Ley 100 de 1993, Ley 33 de 1985 y el Decreto
1158 de 1994, con una tasa de reemplazo del 75% sobre el salario promedio de
los últimos 8 años y 9 meses de servicio, esto es, entre el 1 de abril de 1994 y el
30 de diciembre de 2002 y los factores de asignación básica, bonificación por
servicios prestados y prima de antigüedad en cuantía de $342.081, siendo efectiva
a partir del 1 de enero de 2003.

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Demandante: Clara Mercedes López Rodríguez

Sostuvo que la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena mediante
Resolución No. 089 de 24 de febrero de 2016 formalizó el retiro del servicio a
partir del 30 de abril de 2016. Aseveró que durante el periodo anteriormente
mencionado devengó, como fue certificado por el ente nominador, los factores de
asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad y
prima técnica.

Refirió que el 29 de agosto de 2016 solicitó la reliquidación de la mesada
pensional, con el fin de que se incluyeran todos los factores salariales que
devengó antes de la fecha definitiva de retiro (30 de abril de 2016). En concreto,
pidió que se incluyeran la asignación básica, la prima técnica, la prima de
antigüedad, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de
vacaciones y la prima de navidad.

La solicitud fue negada mediante Resolución No. RDP 049953 de 30 de diciembre
de 2016 expedida por la UGPP, en la que la parte actora afirma, omitió
pronunciarse o actualizar lo relacionado con la fecha efectiva de servicio, en tanto
indicó que el contenido de la Resolución No. RDP 3393 de 24 de enero de 2005
estaba conforme a derecho y se había liquidado correctamente según el contenido
de la Ley 100 de 1993, la Ley 33 de 1985 y los factores taxativamente descritos en
el Decreto 1158 de 1994. Aseguró que la decisión fue confirmada a través de la
Resolución No. RDP 014536 de 6 de abril de 2017.

Por lo anterior, la actora en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó a la UGPP, pretendiendo la nulidad de la
Resoluciones No. RDP 49953 del 30 de diciembre de 2016 y No. RDP 014536 del
6 de abril 2017 y, en consecuencia, pidió que se liquidara su pensión de jubilación
con el 75% del promedio de todos los factores devengados en el último año de
servicio, tales como asignación básica, prima técnica, prima de antigüedad,
bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de
navidad, con efectividad a partir del 1 de mayo de 2016 (exp. No. 47001-23-33-
000-2017-00411-01).

El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia de 16 de octubre de 2019,
negó las pretensiones de la demanda. La decisión se sustentó en la sentencia de
unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado de 28 de agosto de 2018, en la que se indicó que para el cálculo del monto
pensional el IBL se debe tener en cuenta el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales cotizó el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión o el tiempo que le hiciere falta para obtener el
estatus pensional a la vigencia de la Ley 100 de 1993, si este fuere menor a diez
(10) años, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor, según la certificación que expida el DANE de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, aplicable por remisión del artículo 36 de la
misma normativa. Así las cosas, concluyó que no era procedente la liquidación de
la pensión de jubilación con todos los factores devengados en el último año de
servicio.

Expresó que interpuso recurso de apelación con el propósito de que se revisara el
monto de la mesada pensional y se verificara el monto liquidado como IBL,
teniendo en cuenta que la pensión de jubilación reconocida a la demandante no se
encuentra ajustada a derecho, pues debió incluirse la prima técnica cotizada
durante los últimos diez (10) años de servicios, esto es, entre el 1 de mayo de
2006 y el 4 de abril de 2016.

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 11
de noviembre de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia. A su juicio, el
reconocimiento de la pensión de jubilación de la demandante se ajustó al

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ordenamiento jurídico porque incluyó los factores que efectivamente fueron objeto
de cotización conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
ese orden de ideas, concluyó atendiendo la solicitud inicial de la demanda, que la
actora no tiene derecho a la reliquidación de su pensión incluyendo la totalidad de
los factores salariales devengados durante el último año de servicio, porque al ser
beneficiaria del régimen de transición solo se aplica el régimen previsto en la Ley
33 de 1985 en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo,
más no frente al IBL pensional.

Además, en relación con la solicitud efectuada en el recurso de apelación, frente a
que reliquide la pensión con el promedio de los factores salariales devengados en
los últimos 10 años de servicio incluyendo la prima técnica, precisó que “aún
cuando en el Decreto 1158 de 1994 se incluye ésta como factor de liquidación,
para el caso particular de la accionante, se tiene que en la condición de empleada
del orden territorial, la prima técnica no constituye factor salarial”, por lo que ese
factor no podía tenerse en cuenta en el IBL de la pensión de jubilación.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales
al mínimo vital y móvil, a la vida digna, a la dignidad humana, a la igualdad, al
debido proceso y a la seguridad social, al proferir la sentencia de 11 de noviembre
de 2021 que confirmó la decisión de 16 de octubre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuyas pretensiones tenían
como propósito la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

Indicó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad dado que (i) goza de relevancia constitucional, pues el debate
propuesto gira en torno a la configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, teniendo en cuenta que con la emisión de la sentencia demandada
se desconocieron sus derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la vida
digna, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad
social; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial: (iii) cumple con el
requisito de la inmediatez porque se interpuso antes de los seis (6) meses de
plazo razonable fijado por la jurisprudencia; (iv) se describen los hechos que
originaron la vulneración de los derechos fundamentales y (v) no se trata de una
providencia judicial proferida en el marco de una acción de tutela.

Enseguida, manifestó que la providencia demandada incurrió en los siguientes
defectos:

Defecto fáctico, al no valorar “las documentales aportadas que certifican que (…)
se retiró del servicio el 30 de abril de 2016, situación que no coincide con el acto
administrativo cuya legalidad se declaró”, por cuanto en este se efectuó la
liquidación con los factores salariales devengados del 1 de abril de 1994 y el 30 de
diciembre de 2002. Aseguró que de haberse tenido en cuenta dicha fecha de retiro
la liquidación debió efectuarse de conformidad con las subreglas establecidas en
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, es decir, “debía liquidarse el
monto pensional teniendo en cuenta los factores legales del Decreto 1158 de 1994
devengados en el periodo real de los 10 años previos al retiro efectivo del
servicio”.

Asimismo, advirtió que “desconoció las documentales aportadas que certifican que
(…) devengó efectivamente y que efectuó los aportes correspondientes al factor

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Demandante: Clara Mercedes López Rodríguez

legal “prima técnica” por lo que encontrándose ello conforme a las subreglas que
pretende subsumir, el fallo como el acto administrativo se encuentran viciados”.

Defecto sustantivo, “por aplicación indebida de las reglas y subreglas de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 a la luz del Decreto 1158 de
1994”, dado que debió incluirse en la liquidación pensional la prima técnica la cual
fue devengada efectivamente durante los últimos diez (10) años de servicio
teniendo en cuenta la fecha de retiro efectivo, es decir, el 30 de abril de 2016.

Al respecto, mencionó que en una sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, sin indicar su número de radicación, se estimó que la omisión
del empleador en efectuar las cotizaciones sobre los factores salariales
devengados no puede trasladarse al empleado por lo que debe efectuarse la
liquidación pensional con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, pues
el hecho de que el empleador no haya cumplido con la obligación de realizar las
cotizaciones por dichos factores, no puede conllevar un obstáculo en el
reconocimiento de los derechos pensionales.

Desconocimiento del precedente judicial, por no tener en cuenta las subreglas
fijadas en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, según la cual, “la
totalidad de factores a incluir en el IBL son aquellos que congruentemente
correspondan a aquellos a los cuales se les efectuaron descuentos legales en
tenor del Decreto 1158 de 1994”.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al haber aplicado un
criterio formalista en cuanto a la pérdida de naturaleza salarial y legal del factor
salarial de la prima técnica, por cuanto la vinculación inicial de la actora fue con
una entidad del orden nacional (Ministerio de Educación Nacional), por lo que la
transformación del cargo a uno de orden territorial a través del proceso de
homologación de los empleos administrativos de las instituciones nacionales, no
puede significar la pérdida de ese beneficio. Máxime si se tiene en cuenta que en
realidad continúo devengando la prima técnica y efectuó las cotizaciones
respectivas como lo exigen el Decreto 1158 de 1994 y la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018.

Sobre este particular, citó “el fallo proferido el 21 de enero de 2016, radicado
73001-23-33-000-2014-00136-01 (4507-14), Consejero Ponente Dr. Gerardo
Arenas Monsalve”, en el que se indicó que la prima técnica no se pierde como
consecuencia de la descentralización administrativa, que originó la homologación
de los empleos administrativos de las instituciones educativas nacionales frente a
las plantas de personal territoriales, toda vez que el derecho adquirido a disfrutar
de una prima técnica fue respetado y garantizado a través del régimen de
transición contemplado por el legislador extraordinario en el Decreto 1724 de
1997.

Manifestó que la sentencia demandada desconoció el principio de supremacía de
la realidad sobre las formalidades “en tanto pretende hacerse prevalente un límite
estrictamente formal respecto a la presunta improcedencia de un reconocimiento
prestacional ya efectuado y respaldado por acto administrativo con legalidad no
desvirtuada, el cual se destaca no resulta cuestionable o reprochable al empleado
y mucho menos puede reprocharse con consecuencia en derechos adquiridos de
naturaleza pensional. Ahora pues, verifíquese que por superior a la naturaleza
legal del reconocimiento prestacional está la “realidad” lo cual se relaciona con
que [la actora] probó haber devengado efectivamente el factor Prima Técnica en
cumplimiento de las condiciones legales para su reconocimiento, así mismo el
empleador certificó no solo el devengo (sic) sino los descuentos efectuados en
virtud de la taxatividad del Decreto 1158 de 1994 por lo que no puede, bajo el

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contenido constitucional colombiano, pretender afectar con ilegalidad los hechos
anteriores que implican derechos pensionales adquiridos por [la actora] con miras
a que su pensión sea reconocida con inclusión de los factores sobre los cuales
efectuó legales aportes sobre un factor que fue reconocido en virtud de acto
administrativo que se presume legal y que es externo a sus prerrogativas
individuales".

Violación directa de la Constitución, porque al negarse a ordenar la inclusión de
la prima técnica se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil,
a la vida digna, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social ya que con ello la mesada pensional que devenga es inferior al
salario mínimo cuando en realidad el IBL debió fijarse “como mínimo en
$2.012580,16 generando una mesada pensional efectiva a partir de 1 de mayo de
2016 no inferior a $1.580.014,97 liquidada teniendo en cuenta lo devengado por
los factores legalmente contemplados en el Decreto 1158 de 1994: Asignación
básica, Prima de Antigüedad y Bonificación por Servicios Prestados y Prima
técnica, devengados efectivamente (…) durante los últimos 10 años de
servicios teniendo en cuenta [la] fecha real de retiro efectivo del 30 de abril
de 2016”.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:
“1. Se tutele los derechos fundamentales al Mínimo vital y móvil, Vida digna, Igualdad,
Debido proceso, Seguridad Social en modalidad del reconocimiento oportuno e integral
de la pensión por indebida cuantificación y liquidación del IBL en tenor de las reglas y
subreglas ordenadas en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, principios
de supremacía de la realidad sobre las formalidades, legalidad, y todos los que
oficiosamente encuentre vulnerados en virtud de la decisión del Ad quem viciada por
DEFECTO FÁCTICO, SUSTANTIVO, APLICACIÓN INDEBIDA O
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESIVA RITUALIDAD MANIFIESTA todo ello en
TRANSGRESIÓN DIRECTA DEL CONTENIDO CONSTITUCIONAL.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B” a proferir una nueva providencia en tenor del compendio
normativo vigente y aplicable, la debida aplicación de las reglas y subreglas de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, los mínimos del debido proceso,
legalidad y los principios constitucionales y contenciosos que se encuentren
desconocidos.

3. Que se reconozca personería en los términos el poder adjunto”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 13 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena remitió copia digitalizada del expediente que contiene el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 47001-23-
33-000- 2017-00411-01, actora: Clara Mercedes López Rodríguez.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de mayo de 2022, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo del
Magdalena y a la UGPP, como terceros interesados en el resultado del proceso

En la misma decisión se ofició al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” y al Tribunal Administrativo del Magdalena, en el evento de que el
expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso
No. 47001-23-33-000- 2017-00411-01. Actora: Clara Mercedes López Rodríguez.

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Demandante: Clara Mercedes López Rodríguez

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 53282 a 53286 de 12
de mayo de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión 1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

Por medio de memorial de 16 de mayo de 2022, la Consejera Ponente de la
decisión demandada pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela
o, en subsidio, que se nieguen las pretensiones formuladas por la actora.

Aseguró que la señora Clara Mercedes López Rodríguez, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendió la nulidad de las
Resoluciones No. RDP 49953 del 30 de diciembre de 2016 que negó la
reliquidación de la pensión de jubilación y No. RDP 014536 del 6 de abril 2017,
que desató el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión
recurrida. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se liquide su
pensión equivalente al 75% del promedio de todos los factores devengados por
todo concepto en el último año de servicio, tales como asignación básica, prima de
técnica, prima de antigüedad, bonificación por servicios, prima de servicios, prima
de vacaciones y prima de navidad, efectiva a partir del 1 de mayo de 2016, se
condene al pago de las diferencias causadas entre lo reconocido y lo resultante de
la reliquidación, sumas de dinero que pidió ser indexadas, al pago de intereses, al
pago de aportes a la seguridad social y que se condene en costas a la
demandada.

Señaló que el litigio giró en torno a las reglas para el cálculo del IBL de las
pensiones reconocidas con fundamento en la Ley 33 de 1985 a quienes son
beneficiarios del régimen de transición. Frente a lo cual el juez de primera
instancia resolvió negar las pretensiones de la demanda, para lo cual acogió el
criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en cuanto a que el
régimen de transición aplica única y exclusivamente respecto de la edad, tiempo
de servicio y tasa de reemplazo más no para el cálculo del IBL, pues este se debe
liquidar de conformidad con lo establecido en el artículo 36 y el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Indicó que la demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se
diera aplicación al precedente judicial del Consejo de Estado de 28 de agosto de
2018, en el sentido de incluir la prima técnica como factor salarial para calcular el
IBL, al considerar que efectuó cotizaciones sobre dicho factor durante los últimos
10 años de servicios, esto es, entre el 1 de mayo de 2006 y el 4 de abril de 2016.

Advirtió que para resolver el recurso tuvo en cuenta que la señora Clara Mercedes
López Rodríguez nació el 21 de mayo de 1945, que Cajanal (hoy UGPP) a través
de la Resolución No. 3393 del 24 de enero de 2005 le reconoció pensión de
jubilación, que adquirió el estatus jurídico de pensionada el 21 de mayo de 2000,
que se retiró del servicio a partir del 30 de abril de 2016 y que ocupó como último
cargo el de auxiliar administrativa en la Secretaría de Educación del Magdalena.

Manifestó que por esta razón dio aplicación a la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 del Consejo de Estado y determinó que no había lugar a la
reliquidación de la pensión incluyendo la totalidad de los factores salariales

1
La accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las
siguientes direcciones de correo electrónico: notificaciones@organizacionsanabria.com.co;
info@organizacionsanabria.com.co; notifsibarra@consejodeestado.gov.co;
juandar86c@gmail.com; lyxim.rojas@gmail.com; fgrimaldos@consejodeestado.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminmgd@notificacionesrj.gov.co; defensajudicial@ugpp.gov.co.
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devengados en el último año de servicio, pues el IBL debía calcularse con el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales había cotizado la demandante
durante el tiempo que le hacía falta para el reconocimiento de la pensión, lo que
fue tenido en cuenta al momento de efectuar el reconocimiento a la actora.

Además, en cuanto a la prima técnica se precisó que aun cuando en el Decreto
1158 de 1994 se incluye ésta como factor de liquidación, para el caso particular de
la accionante, por la condición de empleada del orden territorial, no constituye
factor salarial y, por tanto, no puede incluirse dentro del IBL.

En ese orden de ideas, aseguró que la demandante acudió a la acción de tutela
con el fin de reabrir el debate que ya fue objeto de pronunciamiento por el juez
natural del asunto, por lo que el asunto no cumple el requisito de la relevancia
constitucional.

6.2. Respuesta de la UGPP

Por escrito de 16 de mayo de 2022, el subdirector de Defensa Judicial Pensional
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la
decisión demandada no incurrió en ningún defecto. Por el contrario, se ajustó al
ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que reglamenta el asunto para
determinar que no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez.
Agregó que la parte actora no puede usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la
causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para el
efecto. Por último, manifestó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se
ha pronunciado el juez competente de la causa. De manera subsidiaria, pidió que
se nieguen las pretensiones de la actora porque no se vulneró ningún derecho
fundamental.

Aseguró que en el caso bajo examen no se comprobó la existencia de un perjuicio
irremediable o la afectación a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social, porque la accionante es titular de la pensión de vejez.

Refirió que la acción de tutela fue presentada como una instancia adicional,
teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”,
al proferir la sentencia de 11 de noviembre de 2021, efectuó el estudio sobre el
asunto objeto de debate y resolvió confirmar la decisión que había negado las
pretensiones de la demandante, lo que no hace posible volver a ventilar el mismo
debate.

Asimismo, señaló que la decisión no pudo proferirse en un sentido distinto porque
acató el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
liquidación del IBL a beneficiarios del régimen de transición.

Manifestó que lo pretendido por la accionante es un reconocimiento
exclusivamente económico, para lo cual no puede acudirse a la acción de tutela. A
lo que agregó que tampoco se cumplió con la carga argumentativa suficiente para
habilitar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la aplicación normativa en el caso de la señora Clara Mercedes López
Rodríguez indicó que es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se demuestra porque a la entrada en
vigencia de dicha norma contaba con más de 40 años de edad, por lo que eran
aplicables las disposiciones de la Ley 22 de 1985, en cuanto a la edad, el tiempo
de servicios y la tasa de remplazo. Sin embargo, para la liquidación de la
prestación (IBL) su situación se ceñía a lo dispuesto en el artículo 21 de la misma

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Demandante: Clara Mercedes López Rodríguez

norma según la cual: “Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de
invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.

Además, en cuanto a los factores salariales que deben tenerse en cuenta indicó
que son únicamente aquellos contemplados en el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994, a saber: “a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad,
ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario; e) La remuneración
por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en jornada nocturna; [y] g) La bonificación por servicios
prestados”.

Enseguida mencionó el marco jurisprudencial de la Corte Constitucional acerca de
la forma como se debe liquidar las pensiones sometidas al régimen de transición,
en donde se indica que dichas prestaciones se liquidan conforme a las reglas
previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, pero conservando los
requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (entendido como tasa de
reemplazo) del régimen anterior, concretamente, hizo referencia a las sentencias
C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y
SU-023 de 2018.

Refirió que dicha postura fue aplicada por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, en la que se fijaron las siguientes reglas
jurisprudenciales en torno al IBL en el régimen de transición:

“94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso
base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. 95. La Sala Plena considera
importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera
subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad
Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está
previsto en la Ley 91 de 198930. Por esta razón, estos servidores no están cobijados
por el régimen de transición (…) 96. La segunda subregla es que los factores
salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.

Adicionalmente, afirmó que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo expidieron la Circular No. 021 en diciembre de 2017, en la que
previnieron a las autoridades públicas que administran el régimen de prima media
con prestación definida, entre las que se encuentra la UGPP, para que acaten los
preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que definen los parámetros
aplicables al régimen de transición y las conminó a evitar aplicar interpretaciones
contrarias a las establecidas por la Corte Constitucional en sentencias C-258 de
2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.

Por último, resaltó que la acción de tutela no puede utilizarse con el fin de invadir
el ámbito de competencia de otras jurisdicciones, pues en virtud del principio de
8

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autonomía del que gozan las autoridades judiciales, las decisiones de los jueces
no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario
diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto
en cuestión.

6.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena guardó silencio, aun cuando fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a
la vida digna, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social, con la sentencia de 11 de noviembre de 2021, que confirmó la
providencia de 26 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciada con el fin de obtener la reliquidación de la
pensión de jubilación, porque incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento de precedente judicial, procedimental y violación directa de la
Constitución, al no tener en cuenta las subreglas jurisprudenciales fijadas en la
sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en virtud de las cuales la liquidación
pensional debe efectuarse con la totalidad de los factores salariales enlistados en
el Decreto 1158 de 1994, dentro de los que se encuentra la prima técnica de la
que se comprobó que la actora efectuó las respectivas cotizaciones.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 4, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

2
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9

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Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viiii) Violación directa de
la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 14 y de la Corte
Constitucional15.

5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
10

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En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones de altas cortes

La Corte Constitucional ha indicado que cuando se trate de acciones de tutela
dirigidas contra providencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, en atención a que “dichos organismos judiciales son los
llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones” 16,
el mecanismo constitucional resulta más restrictivo.

Al respecto, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en las sentencias SU-050 de
2017 y SU-217 de 2019, señaló que:

“la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce
el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional”17.

La acción de tutela contra providencias judiciales emitidas por las altas
Corporaciones es más restrictiva debido al papel que desempeñan como órganos
de cierre dentro de cada jurisdicción.

Acerca de la importancia de la función de unificación jurisprudencial, la sentencia
SU-081 de 202018 advirtió que “la misma constituye una vía para garantizar la
unidad en el ordenamiento jurídico y preservar el derecho a la igualdad”. Señaló
que dicha labor “le otorga una fuerza vinculante especial a las decisiones que se
adoptan por los órganos de cierre, motivada en la necesidad de preservar los
derechos, principios y la estructura jerárquica de la administración de justicia (…)”.

Agregó que como quiera que las altas cortes “se caracterizan por ser órganos
colegiados, en los que los fallos se acogen mediante el sistema de mayoría, previa
discusión amplia, profunda y pausada de los distintos temas objeto de
conocimiento, en cuyo debate, por lo general, se advierten posiciones encontradas
y pluralidad de argumentos que, bajo la lógica de la especialidad jurídica, buscan
que la postura que se asuma sea la más acertada y acorde con las reglas de
derecho que aplican en cada jurisdicción, para trascender al órgano que la adopta
y repercutir en todas las instancias judiciales previas. Este proceso de
construcción implica que estas decisiones gozan de una razonabilidad
jurídica que les es inherente, soportada en los principios de autonomía e
independencia judicial, no solo cuando en su labor deben interpretar ley y el
reglamento, sino también la Constitución”.

Así, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de unificación precisó que
el requisito de la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional, supone, en esencia, que la
irregularidad se traduzca “(i) en una abierta contradicción con la Carta o (ii) con la
jurisprudencia de este Tribunal, tanto en materia de control abstracto de

2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11

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constitucionalidad, como en la definición del alcance y límites de los derechos
fundamentales (…)”.

Además, insistió en que se trata de un requisito distinto y adicional a las causales
generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, porque (i) éstas son comunes a todas las sentencias judiciales y en
ellas no se verifica la mayor entidad y peso que tienen las decisiones de los
órganos de cierre; (ii) el control por vía de amparo opera como un juicio de validez,
de modo que no basta con invocar un derecho o principio constitucional para que
prospere la tutela, debe ahondarse en las razones que demuestran la existencia
de un actuar “arbitrario, irrazonable o claramente lesivo de los mandatos de la
Constitución” o de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y, por último (iii)
este requisito actúa como un límite en las atribuciones del juez de tutela, en tanto
“mantiene el equilibrio entre la procedencia del control de constitucionalidad y el
papel que cumplen las máximas autoridades de cada jurisdicción, por lo que se
exige una exposición clara, específica y directa sobre la entidad de la anomalía y
la intervención del juez constitucional”19.

En suma, la acción de tutela contra providencias emitidas por órganos de cierre
procede solo cuando se acredite la configuración de una anomalía de tal entidad
que exija la imperiosa intervención del juez constitucional, en razón al rol de
unificación de jurisprudencia desempeñan que en su respectiva jurisdicción y a la
preservación de los principios de autonomía e independencia judicial propios del
estado social de derecho.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el caso bajo estudio, se han superado los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque (i) el
asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que se debe definir si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la
actora al proferir la decisión en la que se confirmó la sentencia de primera
instancia que había negado las pretensiones de la demanda. En este caso, aun
cuando en ambas instancias se negaron las pretensiones, la Sala considera que la
acción de tutela no fue iniciada como una instancia adicional pues el debate
relacionado con la aplicación de la sentencia de 28 de agosto de 2018 y la
inclusión de la prima técnica como factor de liquidación pensional, únicamente se
ventiló en el trámite de segunda instancia; (ii) no proceden recursos ordinarios
contra la providencia objetada y los reproches no se enmarcan en alguna causal
del recurso extraordinario de revisión (subsidiariedad); (iii) la sentencia de
segunda instancia fue notificada el 12 de diciembre de 202120 y la acción de tutela
se interpuso el 4 de mayo de 2022, es decir, cuatro (4) meses y veintidós (22) días
después, dentro del término razonable de seis (6) meses que ha precisado esta
Corporación21, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte
Constitucional22; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara, de tal modo que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la
acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.

Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, la
Sala procede a efectuar el estudio de fondo.

19
Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
Conforme a la información del sistema de consulta de procesos Justicia XXI.
21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12

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5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados por
la actora

5.2.1. La accionante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al
mínimo vital y móvil, a la vida digna, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido
proceso y a la seguridad social con la providencia de 11 de noviembre de 2021,
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la
que se confirmó la sentencia de 26 de octubre de 2019, emitida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la actora con el fin de obtener
la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75% del promedio de todos los
factores devengados en el último año de servicio.

La solicitud de amparo se sustentó en que la providencia demandada incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento de precedente judicial,
procedimental y violación directa de la Constitución, en tanto debió ordenarse la
reliquidación de la mesada pensional con el promedio de lo devengado durante los
últimos 10 años de servicio, es decir, antes de su retiro efectivo (30 de abril de
2016) e incluyendo la prima técnica porque en virtud de la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, la liquidación pensional debe efectuarse
con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, dentro de los cuales se
encuentra el referido factor salarial.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos para los defectos
se encuentran estrechamente relacionados con la inclusión de la prima técnica en
la mesada pensional con el promedio de lo devengado durante los últimos diez
(10) años de servicio a partir de la aplicación de la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018, la Sala abordará el estudio conjunto de los mismos.

5.2.2. Resulta pertinente hacer referencia a las decisiones adoptadas en el trámite
de nulidad y restablecimiento del derecho, haciendo especial énfasis en la dictada
por la autoridad judicial accionada, con el fin de resolver el problema jurídico.

La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de obtener la nulidad de las Resoluciones No. 049953 de 30 de diciembre de
2016 y No. RDP 014536 de 6 de abril de 2017 y, en consecuencia, que se
ordenara a la UGPP la reliquidación de su pensión de jubilación “teniendo en
cuenta para su cálculo el promedio del 75% de todos los factores devengados por todo
concepto en el último año de servicio [1 de mayo de 2015 a 30 de abril de 2016], tales
como asignación básica, prima técnica, prima de antigüedad, bonificación por servicio,
prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad y cualquier otro emolumento
que la actora demuestre haber recibido en ese periodo como contraprestación de su
relación laboral (…)”23. La demanda se sustentó, al igual que la reclamación
administrativa, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado 24.

El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia de 16 de octubre de 2019,
resolvió negar las pretensiones de la demanda, dando aplicación a la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a partir de la cual concluyó
que el IBL al que tiene derecho la actora, como beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, corresponde “al promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales cotizó el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, o el tiempo que le hiciere falta para obtener el estatus pensional, a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, si este fuere menor a diez años, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según

23
Folio 35 del expediente ordinario.
24
Folio 39 del expediente ordinario.
13

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certificación que expida el DANE, conforme con el articulo 21 de la Ley 100 de 1993,
aplicable por remisión del artículo 36 ibídem, por lo que salta a la vista la conclusión de
que en el presente caso no procede la reliquidación en los términos solicitados en el
escrito de [la] demanda, esto es teniendo en cuenta la totalidad de los factores
devengados en el último año de servicios”25.

Esa decisión fue apelada por la demandante, indicando que si bien la reclamación
para la reliquidación de la pensión se inició bajo la vigencia de la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo cierto es que con el cambio jurisprudencial que suscitó la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, se deben aplicar las nuevas subreglas que
allí se enuncian, con el fin de revisar la liquidación efectuada, porque que la
mesada pensional “tal y como fue reconocida e incluida en nómina, según Resolución
No. 3393 de 24 de enero de 2005 no se encuentra ajustada a derecho, pues al acreditar
(…) el retiro definitivo del servicio en el año 2016, la UGPP simplemente mantuvo
incólume la liquidación efectuada en [el] mencionado acto administrativo, razón por la
cual la señora CLARA MERCEDES LÓPEZ RODRÍGUEZ, a la fecha percibe una mesada
muy inferior a la que se obtiene al efectuar el cálculo con lo cotizado en los últimos 10
años de servicio, comprendidos entre el 01 de mayo de 2006 hasta el 30 de abril de
2016, teniendo en cuenta únicamente los factores salariales denominados Sueldo Básico,
Prima de Antigüedad y Bonificación por Servicios Prestados (…), por lo cual no le asiste
razón al Tribunal al negar las pretensiones en la medida en que el acto administrativo que
la incluyó en nómina, data del 2005, con liquidación de factores devengados en el año
1994 a 2002, sin tener en cuenta que el retiro definitivo del servicio se produjo en el año
2016, sin que el Ente de Previsión ajustara la pensión”26.

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en sentencia de 18
de noviembre de 2021, confirmó la decisión del a quo, pues atendiendo la
solicitud inicial de la demanda, encontró que la actora “no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión incluyendo la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, porque al ser beneficiaria del régimen
de transición, adquirió el estatus pensional al cumplir la edad y tiempo de servicios
previstos en la Ley 33 de 1985, y en consecuencia el monto de su pensión corresponde
al 75% (tasa de remplazo) sobre un ingreso de liquidación IBL equivalente ‘será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante el
tiempo que les hiciere falta para el reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.[…]’”.

Por lo anterior, concluyó que “el reconocimiento de la pensión de [la] demandante,
observando el beneficio de transición, se ajustó al ordenamiento jurídico”, ya que
el IBL pensional se calculó de forma correcta, con el promedio de los factores
salariales devengados durante el tiempo que le hacia falta para la obtención del
estatus pensional, es decir, del 1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002 y
con la inclusión de los factores salariales correspondientes a la asignación básica,
la bonificación por servicios prestados, y la prima de antigüedad los cuales se
encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Además, luego de analizar lo relacionado con el periodo de tiempo en el que se
debería calcular el IBL (el último año de salario o con lo que le faltare para
obtener el derecho pensional), abordó la solicitud formulada en el recurso de
apelación consistente en que se ordenara a la UGPP la reliquidación de la
pensión de jubilación incluyendo la prima técnica, frente a lo cual le indicó a la
accionante que “aún cuando en el Decreto 1158 de 1994 se incluye ésta como
factor de liquidación, para el caso particular de la accionante, se tiene que en la
condición de empleada del orden territorial, la prima técnica no constituye factor
salarial” y, por tanto, no puede tenerse en cuenta a efectos de calcular el IBL.

25
Folio 336 del expediente ordinario.
26
Folio 347 del expediente ordinario.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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La decisión se sustentó en que la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia de 19 de marzo de 1998 declaró la nulidad del citado artículo
13 del Decreto 2164 de 1991 que consagró dicho emolumento, al estimar que con
la disposición acusada “(…) se desbordaron los límites de la potestad reglamentaria, al
hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima técnica a las entidades
territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de verdad, la intención de
Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue únicamente englobar o
comprender a los empleos del sector público del orden nacional”27.

Por esa razón, estimó que la prima técnica fue creada para los empleados del
orden nacional por lo que este factor no puede tenerse en cuenta en el ingreso
base de liquidación de la accionante, por ser una empleada del orden territorial.

En ese orden de ideas, concluyó que “el reconocimiento de la pensión de la
demandante, observando el beneficio de transición, se ajustó al ordenamiento jurídico,
porque incluyó los factores que efectivamente fueron objeto de cotización conforme a la
ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a
periodo [(lo que le faltare para obtener el estatus pensional)]; razón por la cual no
procedía la reliquidación pensional tomando como ingreso base de liquidación la totalidad
de los factores devengados en los últimos diez años de servicio (…)”.

5.2.3. De acuerdo con lo anterior, la Sala no advierte que la providencia haya
incurrido en alguno de los defectos invocados en el escrito de tutela, en tanto la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en la providencia
demandada, dio aplicación al precedente que ahora es invocado como
desconocido (sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018), y además le
indicó de forma razonable a la actora que no era procedente acceder a la
liquidación con los últimos diez (10) años de servicios porque lo correcto de
conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 era tener en cuenta el
tiempo que al momento de entrar en vigencia dicha normativa le hacía falta para
obtener el derecho a la pensión. Además, frente a la inclusión de la prima técnica
se le explicó que al tratarse de una empleada del orden territorial dicha prestación
no se considera como factor salarial y, por tanto, no cumple con lo exigido en el
artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, en el que se establece que la prima técnica
puede incluirse en el IBL pero cuando sea factor de salario.

Así mismo, aun cuando la actora mencionó que en la sentencia de 21 de enero de
2016, emitida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación se
concluyó que la prima técnica constituye un factor salarial computable en el IBL
de la prestación pensional, la Sala encuentra que dicha postura no atiende el
criterio actual y uniforme de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Al respecto, la jurisprudencia reciente de las Subsecciones “A” y “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado28 ha sido uniforme en cuanto a que la prima
técnica no puede ser reconocida como un factor salarial en la liquidación de la
pensión para los empleados de entes territoriales, ya que al declararse la nulidad
del Decreto 2164 de 1991, que hacía extensiva la citada prima a los entes
territoriales, mediante la sentencia de 19 de marzo de 1998, se entiende que esta
norma fue retirada del ordenamiento jurídico y, por tanto, se considera que es una
prerrogativa exclusiva de los empleados del orden nacional.

Por lo anterior, la Sala no encuentra que la decisión demandada haya incurrido en
algún defecto, por el contrario, (i) aplicó correctamente las subreglas contenidas

27
Folio 376 del expediente ordinario.
28
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencias de 24 de
junio de 2021 y de 29 de octubre de 2020, exp. No. 19001-23-33-000-2017-00108-01 y No. 52001-
23-33-000-2013-00289-02, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, sentencias de 20 de mayo de 2021, exp. No. 17001-23-33-000-2014-
00301-01 y No. 52001-23-33-000-2013-00283-01, C.P. César Palomino Cortés.
15

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02499-00
Demandante: Clara Mercedes López Rodríguez

en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 para negar la solicitud de
reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios y para determinar que la liquidación
pensional con el promedio de los años que le hacían falta a la actora para obtener
el estatus pensional (1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 2002) se
acompasaba al ordenamiento jurídico y, por último, (ii) siguió de forma razonada la
postura actual de la Sección Segunda de esta Corporación en cuanto a la
imposibilidad de incluir la prima técnica en el IBL pensional de los empleados del
orden territorial.

Así las cosas, la Sala negará las pretensiones formuladas por la señora Clara
Mercedes López Rodríguez, por las razones expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la
señora Clara Mercedes López Rodríguez, quien actúa por intermedio de
apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B”, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

16

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