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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02502-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02502-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 17 de junio de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual se rechazó por improcedente el amparo solicitado por el señor Eutimio Sánchez Guzmán y en su lugar, SEGUNDO. – AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Eutimio Sánchez Guzmán, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO. – DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, conforme a los motivos expuestos en precedencia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 28 ACCIÓN DE TUTEL A Radicado: 11001-03-15-000-2022-02502-01 A c c i o n a n t e : E u t i m i o S á n c h e z G u zm á n CUARTO. - ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima, para que en un término no mayor a (20) veinte días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, proceda a dictar una providencia de remplazo, teniendo en cuenta los lineamientos planteados en la parte motiva del presente proveído. QUINTO. - LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. SEXTO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. SÉPTIMO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02502-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., primero (1.º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02502-01
Accionante: EUTIMIO SÁNCHEZ GUZMÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Tutela contra providencia / Derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad / Defectos fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución /
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia de 17 de junio de 2022 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual rechazó por improcedente el amparo solicitado por el
señor Eutimio Sánchez Guzmán.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad tiene sustento en los siguientes:

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1. HECHOS

El 16 de junio de 2015 el señor Eutimio Sánchez Guzmán, solicitó ante
la Secretaría de Educación del Tolima el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales, las cuales fueron aprobadas mediante Resolución
0582 de 19 de febrero de 2016.

No obstante, en oficio del 6 de octubre de 2016, notificado el 6 de
octubre siguiente, la Secretaría de Educación informó al Señor Sánchez
Guzmán que la orden de pago de las cesantías había sido devuelta y
en consecuencia debía iniciar un trámite de revocatoria.

Por lo anterior, el 17 de marzo y el 28 de junio de 2017, el señor
Eutimio Sánchez Guzmán requirió a la Secretaría de Educación y
Cultura del departamento del Tolima para que le brindara información
sobre la prestación reconocida en la Resolución 0582 del 19 de febrero
de 2016 y la mora por el retraso en el pago.

Mediante Oficio del 21 de julio de 2017 la Secretaría de Educación del
Tolima dio respuesta a la petición elevada por el accionante y le
enumeró los requisitos para poder acceder a la revocatoria directa del
acto. Asimismo, le manifestó que la Resolución 401 de 2014 le
reconoció unas cesantías y que ese proceso no terminó. No obstante,
el señor Eutimio Sánchez sostiene que dicho acto administrativo nunca
le fue informado, notificado y que el pago no se generó.

Así las cosas, el señor Sánchez Guzmán presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
con el fin de que se declarara la existencia y nulidad del acto ficto,
configurado por la falta de respuesta al derecho de petición del 2 de

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agosto de 2018, y como consecuencia, que se ordenara a la entidad
demandada reconocer y pagar las cesantías parciales, y la sanción
moratoria.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito que, mediante providencia del 15 de abril
de 2021, accedió a las pretensiones del medio de control.

Apelada la decisión por la entidad demandada, el Tribunal
Administrativo del Tolima a través de sentencia del 17 de marzo de
2022, revocó lo resuelto por el a quo para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda.

2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«Revocar la sentencia de radicado Nro. (sic) 73001-33-33-010-2019-
00172-01 proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del
Tolima el 17 de marzo de 2022, por las razones constituciones y
jurisprudenciales expuestas, y ordenar la aplicación inmediata, de la
sentencia de primera instancia del Juzgado Décimo Administrativo de
Ibagué, mediante la cual le reconoce los derechos invocados a mi
prohijado».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De acuerdo con los argumentos expuestos en la tutela, la Sala de
Decisión advierte que los defectos alegados contra la sentencia del 17
de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
son los siguientes:

• Defecto fáctico: manifestó que no se tuvo en cuenta que en los
folios 20, 21, 29 y 30 del proceso ordinario, se demostró la

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ineptitud de la entidad demandada, por cuanto reconoció que sus
funcionarios debían proferir un acto administrativo aclaratorio de
la Resolución 0852, que le reconoció las cesantías parciales o en
su defecto proceder a una revocatoria.

• Lo anterior generó una carga al accionante que no debía soportar
pues como consecuencia de los errores de la Secretaría de
Educación del Tolima, que fundamentó su negativa al pago de la
prestación solicitada, en la existencia de una Resolución en curso
que nunca le fue notificada ni cancelada, razón por la cual era
imposible tramitar el pago de dicha prestación.

• La autoridad judicial accionada convirtió un documento contable
como prueba de pago incurriendo en una interpretación
inconducente.

• Defecto sustantivo: por cuanto a su juicio la autoridad judicial
accionada realizó una interpretación contraria a los principios
constitucionales y omitió corregir los errores generados en el
proceso.

• Violación directa de la Constitución: El Tribunal
Administrativo del Tolima contaba con instrumentos para poder
hacer efectivos sus derechos.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 9 de mayo de 2022, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima como accionado
y a las personas que participaron en el proceso ordinario con radicado

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73001-33-33-010-2019-00172-01, como terceros interesados en las
resultas del proceso, para que se pronunciaran sobre los hechos que
originaron la solicitud constitucional.

Posteriormente, en providencia de 20 de mayo de 2022, vinculó a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como tercera interesada en las resultas del
proceso.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Tribunal Administrativo del Tolima, por conducto del
magistrado ponente de la decisión objeto de reproche, manifestó que
con el fin de establecer los motivos por los cuales la entidad
demandada no había cancelado al demandante las cesantías
reconocidas en la Resolución 0582 de 19 de febrero de 2016, mediante
auto del 2 de diciembre de 2021, ofició al FOMAG y a la Secretaría de
Educación Departamental para que allegaran al proceso los siguientes
documentos:

• Copia del trámite y de las respuestas dadas al requerimiento
efectuado por la Fiduprevisora mediante Oficio 404, con Rad.
2016017102651 de 14 de septiembre de 2016.

• Indicar si previo al reconocimiento de las cesantías parciales
ordenadas mediante Resolución No 0582 de 19 de febrero de
2016, ya se habían realizado otros reconocimientos de
cesantías parciales, y, en caso afirmativo, remitir los actos
administrativos que las reconocieron y ordenaron el pago,
aportando copia de los mismos.

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• Requirió el oficio remitido por el Juzgado que ordenó la medida
de embargo sobre las cesantías del docente.

Manifestó que, pese a los documentos solicitados, la Secretaría de
Educación Departamental únicamente allegó el expediente
administrativo del demandante relacionado con las cesantías
reconocidas en su vida laboral.

Así las cosas, consideró que debía determinar si como lo manifestaba
la entidad demandada, las cesantías fueron indebidamente reconocidas
y por ello no se realizó el pago por cuanto no se respetó la periodicidad
o el intervalo que debe existir entre uno y otro reconocimiento de
cesantías.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, con anterioridad al
reconocimiento de las cesantías, mediante Resolución No. 0401 de 3
de febrero de 2014 ya se había ordenado el reconocimiento de otras
cesantías parciales en favor del demandante y si bien no tenía
constancia de la fecha en que fueron canceladas, para efectos de la
contabilización del término trienal, tuvo en cuenta la fecha de la
Resolución que las reconoció y como la nueva solicitud se generó el 16
de junio de 2015, no se cumplió con el término establecido.

5.2. El Ministerio de Educación pidió rechazar por improcedente el
amparo solicitado o en su defecto ser desvinculado del proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de sentencia del 17 de junio de 2022, rechazó por improcedente el

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amparo solicitado por incumplir con el requisito de relevancia
constitucional pues consideró que la parte accionante no expuso con
suficiente claridad los motivos por los cuales el fallo cuestionado
vulneró sus derechos fundamentales ni explicó las presuntas
actuaciones caprichosas o irrazonables de la autoridad judicial
accionada.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó lo resuelto por el a quo; para el efecto,
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y manifestó
que, contrario a lo expuesto en primera instancia por el juez
constitucional, sí sustentó los motivos por los cuales el Tribunal
Administrativo del Tolima vulneró sus derechos fundamentales y de
ninguna manera pretende utilizar la acción de tutela como otra
instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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2. PROBLEMAS JURÍDICOS

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima, al expedir la sentencia del
17 de marzo 2022, incurrió en defecto fáctico y sustantivo2 y por
consiguiente, vulneró los derechos fundamentales invocados en
protección por la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto fáctico y iv) el caso
concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,

2
Si bien el accionante le atribuye al fallo cuestionado una violación directa de la Constitución,
sus argumentos están encaminados a demostrar la existencia de un defecto fáctico y sustantivo,
razón por la cual la Sala de Subsección se centrará únicamente en su estudio.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-

03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.

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atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

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ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que
se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

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3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su

5
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»8.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.3. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional9, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales10, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”11.

8
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
9 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-

567 de 2015, entre otras.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”12. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente 13.

3.4. Del poder oficioso del juez

En Colombia se presenta un sistema procesal de carácter mixto; en
parte dispositivo y en parte inquisitivo14. Así, por un lado, el derecho
de acción, es decir, la iniciativa de acudir a la jurisdicción, recae en las
partes, quienes además tienen la obligación de ser diligentes y brindar
al Juez todos los elementos que consideren necesarios para la
prosperidad de sus pretensiones (o de sus excepciones); el juez, sin
embargo, no es un simple espectador del proceso como sucede en
sistemas puramente dispositivos, pues la ley le asigna, entre otras, las
funciones de dirigir el proceso, de adoptar todas las medidas que

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
14
Sobre las características del proceso civil en Colombia, ver la sentencia C-873 de 2004.

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considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, de
eliminar los obstáculos que le impiden llegar a decisiones de fondo, y
de decretar las pruebas de oficio que considere necesarias,
tanto en primera como en segunda instancia.

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:

«La preocupación por la pasividad del juez y el interés por
alcanzar decisiones justas, no solo medidas por el rasero del
procedimiento formal sino consultando la realidad de las partes,
conllevó a una paulatina reformulación del papel del
funcionario judicial, quien dejó de ser un espectador pasivo
para convertirse en un verdadero protagonista en la
realización de los fines públicos del proceso. Un funcionario
dispuesto a investigar la verdad, prescindiendo incluso de la
actividad de las partes. Por tanto, facultado para iniciar
oficiosamente el proceso, decretar pruebas de oficio,
impulsar o dirigir el proceso y utilizar cualquier medio
tendiente a buscar la verdad15.
La mejor muestra en nuestro país de la tendencia hacia el
abandono del sistema dispositivo puro y de la incorporación de
facultades inquisitivas del juez, que permiten calificar de mixto al
proceso civil colombiano16, llegó con el Código de Procedimiento
Civil de 197017, cuyo artículo 2° rezaba:

“Artículo 2. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos
sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley
autoriza promover de oficio.
Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley,
los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son
responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es
ocasionada por negligencia suya”.

15
Corte Constitucional, Sentencia C-874 de 2003.
16
Corte Constitucional, Sentencia C-874 de 2003.
17
Decreto 1400 de 1970.

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En esta medida resulta inevitable pensar que los redactores del Código
de Procedimiento Civil se anticiparon al Constituyente de 199118, en
aspectos determinantes como la dirección del proceso en cabeza del
juez y los poderes con que este fue investido para lograrlo. En efecto,
como lo dice el artículo 37 del mismo estatuto, el primer deber del juez
es el de “dirigir el proceso, velar por su rápida solución y adoptar las
medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor
economía procesal”, al tiempo que “hacer efectiva la igualdad de las
partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga”.
Esta disposición representa el objetivo dual, aunque difícil de alcanzar,
de una justicia que, al mismo tiempo, sea genuinamente eficiente y
genuinamente justa19:

“La mayor eficacia en cuanto a la justa composición de un litigio
se obtiene a partir de un delicado equilibrio entre la iniciativa de
las partes –principio dispositivo- y el poder oficioso del juez –
principio inquisitivo-, facultades de naturaleza distinta que
operadas de forma coordinada deben concurrir en un mismo y
único propósito: la solución justa y eficiente del proceso”20.

Tal reconfiguración del proceso que revitalizaba y empoderaba al
funcionario judicial, encontró fuerte respaldo en la Constitución Política
de 1991. La aspiración última del pueblo de alcanzar un marco que
garantizara un “orden justo”21, la consagración de la administración de
justicia como una función pública esencial22 y como un derecho
fundamental de cada persona23, así como la prevalencia del derecho

18
Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 1995.
19
López. Op. cit. p. 131.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2009.
21
Carta Política 1991, preámbulo.
22
Carta Política 1991, art. 228. Ver también Ley estatutaria de justicia (Ley 270 de 1996), art. 125.
23
Carta Política 1991, art. 229.

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sustancial24, significaron en su conjunto un fortalecimiento de la función
judicial y un compromiso férreo de los servidores públicos con la
consecución de la justicia material.

Mandato que cobra especial sentido en el contexto colombiano, en el
cual, dadas las particularidades de su andamiaje institucional, todos los
jueces son constitucionales, y en atención a las condiciones históricas
de violencia y exclusión hace que recaiga sobre la justicia una pesada
tarea25 al tiempo que herramientas ingeniosas de acción26.

Es importante aclarar que el ordenamiento constitucional colombiano
no aboga por la superación plena del principio dispositivo; de hecho,
cada rama del derecho ajusta de forma particular la tensión entre el
principio inquisitivo y el dispositivo. En reiterada jurisprudencia esta
Corporación se ha referido a la amplia potestad de configuración que le
asiste al legislador para definir los procesos judiciales y sus
características27.

Lo que resulta cierto, en todo caso, aunque nuestro ordenamiento
permita un sistema mixto28, es que los jueces de la República “son los
primeros llamados a ejercer una función directiva en la conducción de

24
Carta Política 1991, art. 228.
25
“En una Colombia atribulada por hondos padecimientos éticos, económicos y políticos, y
afectada por una crisis de fe institucional, subsisten aún dos valores capaces de rescatarla de tan
perturbadora conjura: el pueblo y sus jueces; en aquel está la esencia de la patria: orgullo,
autenticidad, valor, sacrificio y amor; en estos, la probidad, el equilibrio conceptual y la serena
entrega al cumplimiento del supremo deber de juzgar, sin otras armas que las inmateriales de la
ley, sin más protección que el escudo invisible de su propia investidura”. Palabras de Alfonso
Reyes Echandía en el homenaje que le brindó el Externado por su designación como Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, 15 de febrero de 1985. Mensaje que aún hoy sigue vigente.
26
Duhamel, Olivier y Cepeda Espinosa, Manuel José. Las democracias: entre el derecho
constitucional y la política. Bogotá: Universidad de los Andes y T.M Editores, 2001. p. 364.
27
Corte Constitucional, Sentencia C-874 de 2003.
28
Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009 y T-213 de 2012

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los procesos a su cargo, para lo cual el Legislador les ha otorgado la
potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su alcance, que
las diferentes actuaciones se lleven a cabo”29. En el marco del Estado
social y democrático de derecho constituido para la realización
de un orden justo, se reclama un mayor dinamismo del juez y
una especial sensibilidad con la realidad viviente que le rodea.
Al analizar la constitucionalidad de la Ley estatutaria de justicia, la
Corte explicó este propósito así:

“Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en
especial del Estado social de derecho, es el de contar con una
debida administración de justicia. A través de ella, se protegen
y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías
de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones
y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados.
Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del
compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica,
de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad
de un orden político, económico y social justo. Para el logro de
esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la
colaboración y la confianza de los particulares en sus
instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas
de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la
sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia,
cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria,
eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático,
como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico,
y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de
forma tal que sus fallos no sólo sean debidamente sustentados
desde una perspectiva jurídica, sino que, además, respondan a
un conocimiento real de las situaciones que le corresponde
resolver.

Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea
que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país
consagrado en la Carta Política como un Estado social de

29
Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2008.

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derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas
es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la
Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones
justificadas, reclaman su protección. Así, entonces, la justicia ha
pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una
verdadera función pública, como bien la define el artículo 228
del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que tanto en
cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de
los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una
responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los
propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y
que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y
cumplida administración a todos los asociados; en otras
palabras, que ésta no sea simple letra muerta sino una realidad
viviente para todos”30 (subrayado fuera del original).

El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado
de ser el “frío funcionario que aplica irreflexivamente la
ley”31, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así
atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como un servidor vigilante, activo y
garante de los derechos materiales32. El Juez que reclama
el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del
derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia
material»33 (negrillas fuera del texto original).

De esta manera, en aras de garantizar los citados principios del debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la primacía del
derecho sustancial sobre el material, el juez conductor del proceso debe
hacer uso de los instrumentos que la ley ha puesto a su disposición a

30
Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
31
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
32
Ver Sentencia C-159 de 2007.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-768-14.

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fin de efectivizar los derechos de las partes, de tal suerte que pueda
esclarecer los hechos puestos a su consideración y emitir un
pronunciamiento acorde no sólo con la realidad probatoria allegada,
sino con la que ofrece la realidad y, en todo caso, dictar una decisión
de fondo que garantice a los administrados la justicia material que
persiguen. Por tanto, los poderes en cabeza del juez, encaminados al
impulso oficioso de los procesos, han venido siendo reiterados en los
diversos estatutos procesales.

Según el artículo 42 del Código General del Proceso, numeral 4º, entre
los deberes del juez se encuentra el de «emplear los poderes que este
código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los
hechos alegados por las partes»34.

En materia contencioso-administrativa, la ley especial ha consagrado
de manera más restringida dichas prerrogativas y obligaciones para el
juez de la causa. Sin embargo, es posible aplicar a dicha área en los
aspectos no contemplados, el Código de Procedimiento Civil, hoy
Código General del Proceso, siempre que sea compatible con la
naturaleza de los procesos35. De ahí que nada impida que el juez de lo
contencioso administrativo acuda a los principios generales
consagrados tanto en la norma administrativa, como en la procesal
civil, a fin de efectivizar su tarea de impartir justicia.

Por tanto, la jurisprudencia constitucional ha respaldado
sistemáticamente la legitimidad e incluso la necesidad de las pruebas
de oficio, partiendo de la idea de que la búsqueda de la verdad es un

34
Antes artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, numeral 4°: Son deberes del juez “emplear los
poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para
verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.
35
Artículo 306 Código General del Proceso.

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imperativo para el juez y un presupuesto para lograr decisiones
justas36; y ha señalado que tal potestad no debe entenderse como una
inclinación indebida de la balanza de la justicia para con alguna de las
partes, sino como «un compromiso del juez con la verdad, ergo con el
derecho sustancial»37.

Ha concluido entonces que el decreto oficioso de pruebas no es una
mera liberalidad del juez, sino que se trata de un verdadero deber
legal38, de acuerdo con el cual el funcionario deberá decretar pruebas
oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes
y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la
controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir;
o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su
inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia
material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la
negligencia o mala fe de las partes39.

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) a diferencia de lo manifestado por el juez de primera instancia la
Sala considera que la pretensión de amparo constitucional es de
marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a

36
Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009 y T-213 de 2012.
37
Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009 y C-159 de 2007.
38
Esta subregla fue formulada originalmente por la sentencia T-264 de 2009 para el
procedimiento civil y posteriormente fue aplicada a las controversias Contencioso
Administrativas por el fallo T-950 de 2011.
39
Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2009.

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establecer de manera central si el Tribunal Administrativo del Tolima
con la providencia del 17 de marzo de 2022, incurrió en la violación de
los derechos de la parte accionante al debido proceso e igualdad;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la sentencia
reprochada no procedía recurso alguno;

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la interposición
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto
la providencia deprecada se profirió el 17 de marzo de 2022 y la tutela
se presentó el 5 de mayo de 2022;

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con todos
los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

A propósito, se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de marzo de
2022, en el trámite del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en contra de la sentencia del 15 de abril de 2021 proferida

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por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
que accedió a las pretensiones de la demanda.

En la sentencia referida, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió
revocar el fallo apelado al considerar que el demandante no cumplió
con la periodicidad exigida en el artículo 5 del Acuerdo 34 de 1998.

El principal argumento expuesto en la acción de tutela por parte del
señor Eutimio Sánchez, consistió en señalar que nunca tuvo
conocimiento de la Resolución 0401 de 3 de febrero de 2014, no le fue
notificada y muchos menos cancelada y es por esta razón que
controvirtió el no pago de las cesantías parciales reconocidas en la
Resolución 0582 de 19 de febrero de 2016 junto con la respetiva
sanción moratoria.

Ahora bien, en relación con esta sentencia, la parte accionante
manifestó que se configuraron los defectos fáctico y sustantivo por
cuanto la autoridad judicial accionada dio por probados hechos como
la notificación de la Resolución 0401 de 3 de febrero de 2014 y el pago
de dicha prestación para concluir que no se cumplió con la periodicidad
sin tener el sustento para llegar a esa conclusión.

Así las cosas, se tiene que:

• En demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Eutimio Sánchez solicitó que se declarara la existencia y nulidad
del acto ficto que se configuró por la no respuesta al derecho de
petición que radicó el 2 de agosto de 2018.

• Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad demandada
resolvió desfavorablemente su solicitud del pago de las cesantías

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parciales que le fueron reconocidas en la Resolución 0582 del 19
de febrero de 2016.

• Mediante fallo del 15 de abril de 2021, el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar que desde el 19 de
febrero del 2016 la entidad demandada no cumplió con su
obligación de cancelar la prestación social al accionante, pese a
que tenía total y pleno conocimiento de la existencia de un acto
administrativo de reconocimiento de cesantía parcial al docente
Eutimio Sánchez Guzmán.

• En escrito de apelación, la demandada sostuvo que no realizó el
pago de las cesantías parciales reconocidas al demandante el 19
de febrero de 2016, por cuanto tenía aprobadas otras cesantías
parciales y no podía tener dos prestaciones al mismo tiempo sin
que hubiese transcurrido el tiempo de periodicidad.

Al respecto, esta Sala de Decisión advierte que, al resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, el Tribunal
Administrativo del Tolima, relacionó como pruebas las siguientes:

«• Que mediante reclamación radicada el 16 de junio de 2015, el señor
Eutimio Sánchez Guzmán, solicitó el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales para reparación de vivienda, tal como se advierte
en el acto de reconocimiento de las cesantías.

• A través de la Resolución N° 0582 de 19 de febrero de 2016, la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Tolima, en
nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, reconoció y ordenó el pago de una cesantía
parcial al señor EUTIMIO SANCHEZ GUZMAN, por valor $15.000.000.

• Certificación expedida por la Fiduprevisora, donde se indica, que a 26
de febrero de 2020, el pago de las cesantías solicitadas por el aquí

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demandante no se había efectuado.

• A través de derecho de petición radicado el 02 de agosto de 2018, la
parte accionante, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales reconocidas mediante Resolución No 0582 de 2016 y el
correspondiente pago de sanción moratoria contemplada en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 correspondiente a un día de salario por
cada día de retraso contados desde los 70 días después (sic) haberse
radicado la solicitud de la cesantía, petición esta que a la fecha de la
prestación de la demanda no había sido resuelta.

• Expediente administrativo relacionado con las cesantías del docente».

Para luego considerar:

«Conforme a lo anterior, y con el ánimo de esclarecer los motivos por
los cuales la entidad accionada no había cancelado al aquí demandante
las cesantías parciales reconocidas por la Resolución 0582 de 19 de
febrero de 2016, esta Sala, decidió mediante auto del pasado 02 de
diciembre de 2021, oficiar al FOMAG y la Secretaría de Educación
Departamental, para que allegara a la presente actuación las siguientes
pruebas documentales: i) copia del trámite y de las respuestas dadas
al requerimiento efectuado por la Fiduprevisora mediante Oficio 404,
con Rad. 2016017102651 de 14 de septiembre de 2016, en donde se
hicieron las siguientes anotaciones: “Deben oficiar al Juzgado si la
medida de embargo se encuentra vigente para las prestaciones; ii)
Indicar si previo al reconocimiento de las Cesantías parciales ordenadas
mediante Resolución No 0582 de 19 de febrero de 2016, a favor del
demandante, ya se habían realizado otros reconocimientos de cesantías
parciales, y, en caso afirmativo, remitir los actos administrativos que
las reconocieron y ordenaron el pago, allegando copia de los mismos;
iii) allegar el oficio remitido por el Juzgado que ordenó la medida de
embargo sobre las cesantías del docente, y copia de la (s) respuesta
(s) emitida (s) por este en relación a la vigencia de dicha medida
cautelar.

Mediante Oficio radicado el 09 de febrero del corriente año al correo
electrónico institucional, el FOMAG, informó que dicho requerimiento
había sido remitido al correo electrónico de la Secretaría de Educación
del Tolima, para que diera repuesta (sic) del mismo, en razón a que
dicho Fondo no cuenta con dicha información laboral.

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De acuerdo a lo anterior, y mediante oficio de 15 de febrero de 2022,
las (sic) Secretaría de Educación Departamental, al dar respuesta a las
pruebas solicitadas, se limitó simplemente a allegar el expediente
administrativo del demandante relacionado con las cesantías
reconocidas durante su vida laboral, sin que si (sic) diera respuesta
clara y precisa a las demás solicitudes.

En efecto revisado el expediente administrativo relacionado con las
cesantías del señor Sánchez Guzmán, se observa que, previo al
reconocimiento de las cesantías objeto de análisis en el presente medio
de control, el FOMAG, a través de la Secretaría de Educación y Cultura
del Departamento del Tolima, mediante Resolución No 0401 de 03 de
febrero de 2014, ordenó el reconocimiento y pago de unas cesantías
parciales con destino a reparación de vivienda a favor del aquí
demandante, por valor de $12.014.165.

Ahora bien, corresponde a este Colectivo determinar si, tal como lo
afirma el recurrente, las cesantías reconocidas al demandante, fueron
indebidamente reconocidas y por ende sobre las mismas no se realizó
el pago, en razón a que no se respetó la periodicidad o intervalo que
debe tenerse en cuenta entre uno y otro reconocimiento de cesantías.

(…)

En efecto tal y como se indicó en párrafos precedentes, con anterioridad
al reconocimiento de las cesantías objeto de debate, la entidad
accionada, a través de la Resolución No 0401 de 03 febrero de 2014
había ordenado el reconocimiento de otras cesantías parciales a favor
del demandante, y si bien no se allegó al plenario constancia de la
fecha en que las (sic) fueron canceladas las mismas para efectos de
contabilización del término trienal, la simple contabilización a partir de
la resolución que las reconoció, esto es, el 03 de febrero de 2014 haría
concluir indefectiblemente que el actor no cumplió con la periodicidad
exigida en el citado acuerdo, pues la solicitud del reconocimiento de
las cesantía objeto de discusión se realizó el 16 de junio de 2015, no
cumpliendo por ende con el condicionamiento trienal establecido en la
precitada norma». Sic toda la cita

De acuerdo con el texto transcrito, la Sala de Decisión observa que si
bien el Tribunal Administrativo del Tolima requirió a la entidad
demandada para que allegara pruebas que le permitieran determinar
los motivos por los cuales negó el pago de las cesantías parciales ya

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reconocidas al accionante, la misma autoridad reconoció que no se
allegaron la totalidad de las pruebas requeridas sino únicamente el
expediente administrativo del señor Eutimio Sánchez.

Pese a ello, decidió seguir adelante con el estudio de fondo para así
determinar si le asistía o no el derecho al demandante al
reconocimiento y pago de las cesantías parciales que solicitó el 16 de
junio de 2015 y llegó a la conclusión de que no se cumplió con la
periodicidad exigida.

Ahora bien, el Acuerdo 34 de 1998, en su artículo 5 dispone:

“ARTICULO 5: PERIODICIDAD: No podrán radicarse solicitudes de
trámite ordinario, sino después de tres años contados a partir de la
fecha de pago anterior”. Negrilla fuera del texto

En ese orden de ideas, la Sala de Subsección considera que el Tribunal
Administrativo del Tolima dio por probado que la Resolución 0401 de 3
de febrero de 2014 fue notificada y cancelada al accionante, sin contar
con el material probatorio que diera cuenta de ello, atribuyendo una
carga al demandante que no le correspondía.

Adicional a lo anterior, desconoció que, según el artículo citado en
precedencia el término de periodicidad se debe contabilizar a partir de
del pago anterior y al no contar con la prueba que demostrara la fecha
de dicho pago, no podía tomar como base la fecha de expedición de la
Resolución que reconoció la prestación.

Así las cosas, resulta claro que el Tribunal Administrativo del Tolima,
pese a no contar con el material probatorio que demostrara el pago de

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la Resolución 0401 de 3 de febrero de 2014 al accionante, pues afirmó40
y la parte demandante no allegó la totalidad de las pruebas solicitadas,
se abstuvo de ejercer la facultad oficiosa de decretar pruebas
necesarias a fin de esclarecer si el referido acto administrativo fue
debidamente notificado y cancelado.

De esa manera, debió el ad quem, antes de dictar sentencia de segunda
instancia, para alcanzar su convencimiento pleno, decretar las pruebas
que considerara necesarias, pues de conformidad con la jurisprudencia
constitucional traída a colación en acápites precedentes, el decreto de
las pruebas de oficio se considera un verdadero deber legal, cuando,
por ejemplo, a partir de los hechos narrados por las partes y de los
medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de clarificar espacios oscuros de la
controversia; y porque además, así lo dispone claramente el artículo
213 del CPACA:

«Art. 213. En cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente
podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el juez o la Sala, sección o subsección
antes de dictar sentencia también podrá disponer que se
practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos
oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar
un término de hasta diez (10) días (…)» (negrillas fuera del texto).

Por lo expuesto, esta Sala de Subsección, revocará la sentencia de
primera instancia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera

40
“no se allegó al plenario constancia de la fecha en que las fueron canceladas
las mismas para efectos de contabilización del término trienal”

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ACCIÓN DE TUTEL A
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del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la presente acción
de tutela.

En su lugar, se ampararán el derecho fundamental al debido proceso
del señor Eutimio Sánchez, se dejará sin efectos la providencia de 17
de marzo de 2022 y se ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima
que se pronuncie nuevamente sobre la notificación y cancelación de la
Resolución 0401 de 3 de febrero de 2014 al demandante y en caso de
que lo considere necesario, decrete pruebas de oficio para su total
convencimiento, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 17 de junio de 2022 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual se rechazó por improcedente el amparo solicitado por
el señor Eutimio Sánchez Guzmán y en su lugar,

SEGUNDO. – AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del
señor Eutimio Sánchez Guzmán, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO. – DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 17 de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, conforme a
los motivos expuestos en precedencia.

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ACCIÓN DE TUTEL A
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CUARTO. - ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima, para que
en un término no mayor a (20) veinte días contados a partir de la
ejecutoria de la presente sentencia, proceda a dictar una providencia
de remplazo, teniendo en cuenta los lineamientos planteados en la
parte motiva del presente proveído.

QUINTO. - LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

SEXTO. - Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SÉPTIMO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el primero (1.º) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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