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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02503-00

Fecha
3 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02503-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00 Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02503-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

3 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel1 y otros2
Demandado: Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Defecto fáctico/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Sala Sexta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 19 de octubre de 2021, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 410013333002201600155-
01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1
Quien actúa en nombre propio y en representación de la menor de 18 años de edad LNLV.
Este Despacho adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de la menor de 18 años
relacionada en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus
nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales LNLV.
2
Pablo Lozano Mora, María Ofir Muriel Vargas, Pablo Alexander Lozano Muriel, Niver Alberto Lozano Muriel y
Cristian Alaix Lozano Muriel.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. Los actores, obrando en nombre propio, presentaron solicitud de tutela contra la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 19 de octubre de 2021, dentro medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
410013333002201600155-01, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujeron que el 31 de marzo de 2014, el señor Fabián Andrés Lozano Muriel se
desplazada en su motocicleta por la vía que conduce de Neiva a Garzón; y al
llegar a la altura del kilómetro 80 + 100 metros, colisionó con un árbol que se
encontraba caído sobre la vía.

4. Los actores presentaron demanda contra el Instituto Nacional de Vías - Invías,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le
declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados
al señor Fabián Andrés Lozano Muriel, como consecuencia del accidente ocurrido
el 31 de marzo de 2014 a la altura del kilómetro 80 + 100 metros de la vía Neiva –
Garzón en el Municipio de Campoalegre – Huila.

5. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva resolvió acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

Sentencia proferida el 19 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Huila dentro del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 41001-33-33-002-2016-00155-01

6. El Tribunal Administrativo del Huila resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de noviembre de 2019, proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, por las razones expuestas en
esta providencia. En su lugar, DENEGAR las súplicas de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia […]”.

7. Consideró que:

“[…] Insiste la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado la
configuración de responsabilidad en casos relativos al deber de mantenimiento de
carreteras a dos eventos: i) cuando se avisó a la entidad sobre un daño en la vía
que impida u obstaculice su uso normal y esta no atiende la solicitud ni instala las
señales preventivas correspondientes y ii) cuando escombros u obstáculos
permanecen abandonados en una carretera, sin que la entidad, en el desarrollo de
sus actividades rutinarias de mantenimiento, los remueva y reestablezca la
circulación normal de la vía y en este caso, no se acreditó ninguna de las dos
situaciones mencionadas.

Entonces, no es posible atribuir el daño alegado por los demandantes bajo el título
de imputación de la falla del servicio de mantener en condiciones óptimas las vías
públicas al INVÍAS, a partir de una supuesta omisión en la prevención del
accidente, y bajo esas condiciones, la Sala considera que ante la imposibilidad de
resolver las posibles situaciones planteadas frente al desprendimiento del árbol
como un hecho evitable o prevenible por parte de la administración, en tanto no
existe prueba de que tal obstáculo permaneció en dicho sitio por mucho tiempo sin
ninguna intervención de la entidad demandada y/o que esta hubiera sido
conminada previamente para que ejecutara labores de mantenimiento de los
árboles del sector y que ante su negativa, se hubiese pedido la intervención de
otras autoridades de policía o administrativas, punto que llama la atención a la
Sala, pues el a quo asegura que muy cerca se hallaba un peaje, lo cual, de
haberse probado en el proceso, hubiere servido para demostrar la ausencia de
intervención por parte de la entidad demandada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

“[…] Con base en los anteriores hechos, ruego a su Señoría de manera
respetuosa:

PRIMERO. Se AMPAREN los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, prevalencia del derecho sustancial, seguridad jurídica, acceso a la
administración de justicia y cualquier otro que se demuestre estar conculcados en
el presente trámite, los cuales consideramos fueron vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA-SALA SEXTA DE DECISIÓN-magistrado ponente
JOSE MILLER LUGO BARRERO, como consecuencia de la vía de hecho
sustentada en la violación directa de la Constitución, en que incurrió dicha
Corporación en la sentencia de segunda instancia dictada el día 19 de octubre de
2.021, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 41 001 33
33 002 2016 00155 01 propuesto por FABIAN (sic) ANDRES (sic) LOZANO
MURIEL Y OTROS en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se ordene DEJAR SIN EFECTOS
la sentencia dictada el día 19 de octubre de 2.021 por medio del cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA-SALA SEXTA DE DECISIÓN con ponencia de (sic)
la (sic) Magistrado José Miller Lugo Barrero, REVOCÓ la sentencia proferido el día
19 de noviembre de 2.019 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Neiva.

TERCERO.EXHORTAR a la SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA para que al dictar la respectiva sentencia de
segunda instancia sustitutiva requerida dentro del proceso de reparación directa
radicado bajo el número 41 001 33 33 002 2016 00155 01, atienda y efectué (sic)
en debida forma la valoración de las probanzas obrantes en el plenario y con las
que se acreditó la falla del servicio por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-
INVÍAS por su omisión de su deber y obligación legal del mantenimiento de la vía
pública que sea de su competencia y en la que sucedió el accidente de tránsito y
se produjeron las lesiones en la humanidad del demandante FABIAN (sic)
ANDRES (sic) LOZANO MURIEL y en consecuencia de ello se atienda la (sic)
pretensiones de la demanda ordenando la reparación de los daños materiales e
inmateriales impetrados por cada uno de los demandantes atendiendo lo planteado
en la demanda principal y a lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por
nuestra parte en contra de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Neiva.

CUARTO. Lo demás que en derecho corresponda y de conformidad con lo que
esta Corporación disponga en cuanto al restablecimiento de los derechos
fundamentales vulnerados a cada uno de los accionantes […]”.

9. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado pruebas relevantes
obrantes en el expediente.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de mayo de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Huila y iii) vinculó al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Neiva, al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y a
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., adujo que:

“[…] Esta ilación de ideas permite colegir, sin riesgo a equivoco, que la sala de
decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, no infringió la constitución
al momento de no encontrar probado los supuestos que comprometían la
responsabilidad administrativa de la entidad estatal, de suerte que ruego al
Honorable CONSEJO DE ESTADO se sirva declarar infundada la presente acción
constitucional, dando al traste las pretensiones de la acción de tutela, en las cuales
tan solo se persigue la consumación de una tercera instancia judicial que permita
la viabilidad de los pedimentos propuestos por el señor LOZANO MURIEL en la
demanda incoada bajo el medio de control de reparación directa […]”.

12. El Instituto Nacional de Vías – Invías adujo que:

“[…] En este orden de ideas, lo pretendido por los accionantes en el presente
trámite constitucional, es reabrir un debate jurídico procesal en el trámite del
proceso de reparación directa, con la finalidad de controvertir las conclusiones a
las que llegó el Tribunal, una vez analizadas las pruebas, respecto de los hechos
que rodearon el accidente de tránsito.

La anterior situación atenta contra los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y autonomía funcional de los jueces, como quiera que el mecanismo
judicial de protección de derechos fundamentales no comprende una tercera
instancia.

Así las cosas, no se evidencia prima facie afectación o vulneración a los derechos
fundamentales argüidos por los accionantes, por lo que respetuosamente
solicitamos declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional, frente al defecto fáctico alegado.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos que se nieguen las
pretensiones de la parte accionante […]”.

13. La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela

3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la sentencia de
19 de octubre de 2021 dentro del proceso de reparación directa identificado con el
número único de radicación 410013333002201600155-01, incurrió en defecto
fáctico, lo que trajo como consecuencia que no declarara la responsabilidad del
Instituto Nacional de Vías – Invías por los daños y perjuicios ocasionados al señor
Fabián Andrés Lozano Muriel, como consecuencia del accidente ocurrido el 31 de
marzo de 2014 a la altura del kilómetro 80 + 100 metros de la vía Neiva – Garzón
en el Municipio de Campoalegre – Huila.

17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia; viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix)
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello5, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

19. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.

22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

27.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia.

27.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico.

27.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

27.4. Cumplió con el principio de inmediatez11.

27.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.

10
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 19
de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

27.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

27.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y

27.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

28. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad por defecto fáctico:
12

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia13 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”14 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”15[…]“. 16

12
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
13
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional.
15
Ibídem.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

29. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

30. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”17

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

17
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
18

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

33. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

34.Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
18
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
19
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

35. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso
20

a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

20
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Análisis del caso en concreto

37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

38. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por
los actores en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

39.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, el 19 de octubre de 2021.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

40. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresaron lo
siguiente:

“[…] El defecto fáctico del que adolece la decisión dictada en segunda instancia y
que es aquí reseñada, evidentemente afectó los derechos fundamentales
señalados, dado que se configuró una clara vía de hecho por parte de la SALA
SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, al no

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hacer una valoración conjunta del acervo probatorio que reposa en el expediente y
de la misma forma esgrimir apreciaciones o conclusiones que no son acordes con el
material probatorio obrante en el proceso, pues se le resta valor a la probanzas que
contrario a lo definido por el accionado, si acreditan la omisión al deber de
cumplimiento de las obligaciones que están en cabeza del INVIAS respecto al
mantenimiento de la vía pública que es de su competencia y en donde acaeció el
accidente de tránsito en el que resultó lesionado FABIAN (sic) ANDRES (sic)
LOZANO MURIEL producto de un árbol caído sobre la infraestructura vial,
arbitrariedad que conduce a un yerro de trascendencia fundamental, pues si el
mismo no hubiera incurrido en él, el Honorable despacho y Magistrado en Ponencia
(sic), hubieran adoptado posición completamente opuesta a la que aquí se
cuestiona […]”.

[…]

“[…] Que de acuerdo a la sentencia de primera instancia y a lo obrante en el
proceso, se recopilaron los medios de prueba que dan cuenta de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accionante en el que resultó lesionado
Fabian (sic) Andres (sic) Lozano Muriel, los cuales se reseñan así:

• Copia de formulario de reclamación de los prestaores (sic) del servicio de salud
(fl.20-21 C.1)
• Copia de resonancia nuclear magnrtca (sic) de columna (fl.22 C1).
• Informe pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal realizada al señor
Fabian (sic) Andres (sic) Lozano Muriel (f. 23 C1).
• Formato Único de noticia criminal en la cual se pone en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación, el accidente de Fabian (sic) Andres (sic) Lozano
Muriel (fl.24-26 C1).
• Formulario de dictamen para la calificación de pérdida de la capacidad laboral y
determinación de invalidez (fl.27-29 C1).
• Resolución No. 5860 de 22 de diciembre de 2.014 por medio de la cual se
reconoce pensión de invalidez a Fabian (sic) Andres (sic) Lozano Muriel.
• Comprobante pago mes de marzo de 2014.
• Reegistros (sic) civil de nacimiento de los demandantes (fl. 36-40 C-1).
• Oficio No. S-2016-0337 de 25 de abril de 2.016, suscrito por la Jefe Seccional
de Tránsito y Transporte del Huila (fl. 73 C1).
• Copia del libro de población de fecha 31 de marzo de 2.014 donde informan lo
observado en el lugar de los hechos (fl.74-75 C1).
• Copia del contrato suscrito entre INVÍAS e INGESCOR LTDA, cuyo objeto es la
administración de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial
Huila (fl.76-80 C1).
• Copia contrato suscrito entre INVÍAS y Pavimentos de Colombia (fl. 81- 86 C1).
• Cedrtificado (sic) existencia y representación de MAPFRE SEGUROS (fl. 3 y 21
C. llamamiento).
• Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia (fl. 70 y 74
C. llamamiento).
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual tomada por INVÍAS (fl.76 a 100).
• Historia Clínica de señor Fabian (sic) Andres (sic) Lozano Muriel reportada por el
Hospital de Rosario de Campoalegre (fl. 1-4, 18-42 C. pruebas).
• Proceso penal que fue archivado por orden de fiscal 21 local (fl.6-17 C.
pruebas).
• Testimonio de Doris Polania Sánchez.
• Testimonio de Erovel de Jesus (sic) Ledesma Velez (sic).

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• Testimonio de Maria (sic) Consuelo Gutierrez (sic).

Que conforme a la sentencia dictada por el Juzgado segundo Administrativo del
Circuito de Neiva el día 19 de noviembre de 2.019, se llegó a la conclusión y se
indicó que conforme “se desprende de los medios probatorios, que no hay duda que
el accidente donde se lesionó el señor Fabian (sic) Andres (sic) Lozano Muriel,
obedeció a la obstrucción generada por la caída de la rama del árbol sobre la vía y
que una vez ocurrió la precipitación que taponó parte de la ruta Neiva- Garzón,
INVÌAS, no existía señalización; dicha carencia de señales de prevención, como ya
se indicó, fue referida por los mismos testigos, quienes expresaron que la rama del
árbol era de tal envergadura que había logrado taponar la vía Neiva- Garzón, y que
con pocas herramientas, algunos conductores que transitaban por el lugar, lograron
despejar una parte del carril obstaculizado, sin embargo, no pudieron moverlo
totalmente debido al tamaño de la rama, dejando el obstáculo en la vía; similares
argumentos se desprenden del oficio suscrito por la Jefe Seccional de Tránsito y
Transporte del Huila al indicar “en nuestra base de datos no figura informe policial
de accidente de tránsito (IPAT) (…) Sólo nos figura el registro del libro de población
del grupo unir Rivera de la atención del caso por parte del personal del cuadrante
vial 3 (Rivera) quienes son las unidades que una vez les informan de los hechos se
dirigen de forma inmediata hasta el lugar, evidenciando las anotaciones
correspondientes las cuales dan a conocer las acciones realizadas, siendo
aproximadamente las 04:15 horas del día 31 de marzo de 2.014, se llega al
kilómetro 73+100 de la vía Garzón- Neiva (…) se observa que hay una rama de un
árbol obstaculizando la calzada derecha en el sentido de la vía Campoalegre Hobo,
se verifica si en el lugar hay algún tipo de vehículo pero no se observa, por tal
motivo no se realizó informe policial de accidente de tránsito (IPAT) se procede a
despejar la vía para evitar accidente y se realizan labores de vecindario (..) nos (sic)
trasladamos a una finca aledaña donde se encuentra una motocicleta de marca AKT
placas IJK-50 D, (…) manifestaron que efectivamente era de un señor que se había
colisionado con el árbol y había sido remitido al hospital de Campoalegre, llegando
al hospital se encuentra al señor FABIAN (sic) ANDRES (sic) LOZANO MURIEL (...)
textualmente manifiesta que se accidentó contra dicha rama del árbol (…)”, de la
simple lectura, se puede evidenciar la existencia de la limitación en la vía y la hora
en la cual fu (sic) removida la rama del árbol por parte de las autoridades, por lo que
se puede deducir, de los testimonios y de la información contenida en el mentado
oficio, sobre la existencia de la caída del árbol sobre la vía, que si bien no hay
reporte de accidente de tránsito, las evidencias de la existencia del árbol sobre la
vía, el reporte que la moto se encontraba en una finca cerca y la información que
suministraron a las autoridades de tránsito que pertenecía a un señor que había
colisionado con un árbol y había sido remitido al hospital de Campoalegre (…) sin
embargo estas pruebas son indicios suficientes para determinar junto con los
testimonios que el señor FABIAN (sic) ANDRES (sic) LOZANO MURIEL, se
accidentó al colisionar su motocicleta con el árbol caído en el sector que aquí se ha
hecho referencia”.

Que para establecer el grado de responsabilidad de INVIAS y de acuerdo con las
probanzas recaudadas y los (sic) declaraciones recepcionadas, el fallador de
primera instancia concluyó “ que si bien es un imprevisto que hace que el asunto
que nos ocupa pueda causarse la causal eximente de fuerza mayor, por un hecho
de la naturaleza, del cual escapa las precisiones normales que se puedan
establecer para evitar accidentes, lo cierto es, es que de estas últimas apreciaciones
del testigo, como es que hubo una tempestad sobre las siete de la noche, que varios
conductores tuvieron que retirar algunas ramas `para poder cruzar, por lo que

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INVIAS, debió en deber de supervisar los estados de las vías, haberse percatado de
la caída de la rama, máxime que existe un peaje en el recorrido Neiva-
Campoalegre, y la distancia no es muy distante de los hechos, de donde se debe
presumir que hay supervisión de la ruta para verificar no existen obstáculos como el
árbol, máxime s (sic) se había presentado la tempestad, que no se requería informe
de los conductores sino como previsión, de hecho entre la hora de la tempestad y el
accidente, habían transcurrido más de nueve horas, tiempo suficiente para hacer un
recorrido o barrido en el área de influencia del peaje para detectar el árbol caído, lo
que no sucedió por ello le asiste también responsabilidad al INVIAS, por tanto, le
asiste un grado de responsabilidad, por tener a su cargo el buen estado de las vías,
especialmente ésta.”

Que a pesar de las conclusiones a las que llegó el Juzgado Segundo Administrativo
de Neiva y que tuvieron sustento en el apropiado material probatorio obrante en el
proceso, el Tribunal Administrativo del Huila- Sala de Sexta de Decisión en su fallo
se limita a indicar que no se demostró la responsabilidad administrativa de INVIAS,
indicando que a pesar de estar demostrado el daño, no existía prueba del nexo
causal y que no se demostró la omisión del deber de mantenimiento de la vía
publica (sic) a cargo de esa Entidad, en la que sucedió el accidente de tránsito y se
produjeron las lesiones en la humanidad de Fabián Andrés Lozano Muriel;
conclusión alejada de la realidad probatoria existente y que fuera recaudada dentro
del proceso, pues resulta evidente que todos los medios de convicción fueron
unánimes no solo en expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que
ocurrió el accidente, sino que dan luces para comprender la omisión por parte de la
demandada INVIAS, pues está debidamente acreditado que existió un árbol que
cayó sobre la vía nacional Neiva- Gazón Km 80+100 y esa fue la causa del
accidente padecido por Fabian (sic) Andres (sic) Lozano Muriel , y de la misma
forma, que ello producto de una tempestad o lluvia que se presentará la noche
anterior, de esa forma, deviene adecuado precisar y auscutarse (sic), si es
necesario que exista un aviso o queja por parte de alguna persona o autoridad de la
existencia de algún daño u obstáculo en la vía, para que entren a operar los
mecanismos previstos para lograr el adecuado mantenimiento o flujo vehicular en la
vía, cuando la realidad es que la obligación legal de la demandada INVIAS es la de
prever estas situaciones, es decir, cualquier día y en cualquier momento, más aún si
ha existido lluvia o tempestad, se debe activar los mecanismos para supervisar la
ruta y verificar la no existencia de obstáculos sobre las vías que son de su
competencia, con lo que se verifica el cumplimiento del deber y la obligación de
mantenimiento de la infraestructura vial a su cargo, situación que o (sic) acaeció en
el presente, por lo que la omisión al cumplimiento de sus obligaciones son
verificables y por tanto más que probada la falla del servicio.

Que en lo que tiene que ver con la acreditación del nexo causal y la aseveración
contenida en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila que hoy es
objeto de censura, especialmente en lo que tiene que ver con la indebida valoración
probatoria, el alcance dado al material probatorio existente en el proceso y la
conclusión a la que llego para indicar que no se acreditó la omisión de la demanda
INVIAS, resulta pertinente citar una sentencia de la Sección Tercera – Subsección B
del Consejo de Estado con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero dictada
el 3 de abril de 2.020 dentro del radicado 25000-23-26-000-2002—00211-01
(44428) y en la que para determinar la responsabilidad de las demandas, entre las
que está INVIAS y se ventiló un asunto similar al puesto de presente en el proceso
ordinario iniciado por los accionantes, se indicó lo siguiente: […]”.

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[…]

“[…] De esa forma, es evidente que, con el material probatorio obrante en el
proceso, luego del estudio juicioso de los mismos, no puede quedar otra conclusión
de que si está debidamente acreditada la falla del servicio, el defecto fáctico
verificado y que vicia la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, pues es,
concluyente que dio por no probado el nexo causal y la falla del servicio por la
omisión por parte del deber que le asiste a INVIAS, pese a existir suficiente y
conducente material probatorio que demuestra que si se presentó la omisión y por
ende la falla del servicio […]”.

[…]

“[…] Situación semejante al caso presente dado que, a diferencia del actuar del
Juzgador de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, a pesar de
contar con el mismo material probatorio y que es conducente para determinar la falla
del servicio por parte del INVIAS, omitió considerarlos, o simplemente no los tuvo en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, resultando evidente que,
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto puesto a su
conocimiento variaría sustancialmente […]”.

[…]

“[…] Conforme a lo anterior, resulta adecuado recordar los planteamientos usados
por el fallador de segunda instancia y la tesis adoptada por este, cuando motivó su
decisión aclarando cómo debería abordarse la existencia de la falla del servicio o
más bien la conclusión a la que se llegó para determinar que no es posible atribuir el
daño alegado bajo el título de la falla del servicio de mantener en condiciones
óptimas las vías públicas al INVIAS, a partir de una supuesta omisión en la
prevención del accidente, y que ante la imposibilidad de resolver las situaciones
planteadas frente el desprendimiento del árbol como un hecho evitable o prevenible
por parte de la administración, en tanto o existe prueba de que tal obstáculo
permaneció en dicho sitio por mucho tiempo sin ninguna intervención de la entidad
demandada o que hubiera sido conminada previamente a ejecutar labores de
mantenimiento y que ante su negativa, se hubiese pedido la intervención de otras
autoridades, situación que resulta ser a todas luces incongruente con los supuestos
que fueron debidamente probados dentro del proceso, pues es claro la ocurrencia
del accidente, que el mismo fue a causa de un árbol caído sobre la vía y que de la
misma forma a atender el llamado acudió la Policía de carreteras, quienes tuvieron
no solo que atender el accidente hacer labores de vecindario sino que también
procedieron a despejar la vía ante la existencia del obstáculo, “ (…) se observa que
hay una rama de un árbol obstaculizando la calzada derecha en sentido de la vía
compoalegre Hobo, (…) se procede a despejar la vía para evitar accidentes y se
realizan labores de vecindario (…)”, con lo anterior queda más que acreditado que si
se requirió la actuación de otra autoridad para despejar los obstáculos que existían
en la vía, usurando las funciones o deberes que son inherentes al demandado
INVIAS.

En ese orden de ideas, resulta evidente la configuración de la vía de hecho por
parte de la SALA SEXTA DE DECISIÒN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA, al no hacer una valoración conjunta del acervo probatorio que reposa en el
expediente, desconocer las consideraciones y definiciones efectuadas en la
sentencia de primera instancia, arbitrariedad que conduce a un yerro de

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trascendencia fundamental, pues si el mismo no hubiera incurrido en él, el
Honorable despacho y Magistrado en Ponencia (sic), hubieran adoptado una
posición completamente opuesta a la que aquí se cuestiona, puesto que el material
probatorio obrante en el proceso es concluyente en determinar y acreditar la falla del
servicio y de esa forma, el hecho de no dar probado el nexo causal y por ende la
falla del servicio por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones por parte del
INVIAS, a pesar de existir abundantes probanzas que verifican que lo que en la
sentencia de Segunda Instancia se dice no estar, salta a la vista, está más que
debidamente acreditado […]”.

41. Para efectos de determinar, si el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en
un posible defecto fáctico, estudiará las consideraciones jurídicas que tuvo en
cuenta para proferir la sentencia de 19 de octubre de 2021. En ese orden de
ideas, la autoridad judicial accionada consideró que:

“[…] Copia del contrato No. 1792 del 7 de noviembre de 2012, suscrito entre
INVÍAS y Pavimentos Colombia S.A.S, cuyo objeto es el “Mantenimiento y
rehabilitación de las carreteras Garzón- Río Loro – Neiva Ruta 45 Tramo 4505
(…)” (fl. 81-86 C.1)

Entre el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS y la sociedad INGESCOR LTDA se
suscribió contrato No. 3954 del 28 de diciembre de 2013, cuyo objeto es la
“Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial
Huila, código 4505 Vía Garzón – Rio Loro – Neiva, sector Hobo –Neiva –
Inspección Letran PR+0500 (…)” (fl. 76-80 C.1).

Como alcance del objeto contractual se estipuló: “1.- Participar activamente en la
prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías.
2. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir
obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos, así como la
necesidad de diseñar y construir obras de conservación, mejoramiento o de
recuperación. (…) 3. Diseñar obras y acometer todas las acciones en relación con
el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio
ambiente y a la contaminación visual. Al respecto podrán adelantarse acciones
tales como restauración vegetal de taludes empleando especies adecuadas a los
requerimientos ambientales para del área. Igualmente, durante a la actividad de
inventario de zonas, el administrador vial debe realizar el inventario de los árboles
ubicados en los corredores viales que presenten mal estado y puedan colapsar
ocasionando daños a terceros, siendo causa frecuente de demandas al INVÍAS
(…)”

Según la minuta del Libro de Población de la Seccional de Tránsito y Transporte
del Departamento de Policía de Rivera (Huila), el 31 de marzo de 2014 se atendió
un accidente de tránsito en la vía que de Campoalegre conduce a Hobo,
dejándose constancia de lo siguiente:

“31/03/2014 04:15 Anotación: A esta hora y fecha se recibe reporte de accidente
de tránsito. Sobre el tramo vial Hobo Campoalegre al llegar al kilómetro 73 se

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encuentra un árbol caído obstaculizando la calzada derecha sentido Campoalegre
– Hobo. Al llegar al kilómetro 73+100 de la vía Garzón – Neiva se procede a retirar
el árbol de la vía y adelantar labor de vecindario para verificar la veracidad del
accidente, se llega a una casa contigua al sitio y se encentra una motocicleta
marca AKT color azul de placa EJK 50D donde nos manifiestan que es de un
señor que chocó con el árbol el cual fue llevado al Hospital de Campoalegre a
recibir atención médica, se llega a este hospital y se indaga con el personal de
urgencias quienes manifiestan que halla (sic) ingresó un señor de nombre Fabián
Andrés Lozano Muriel C.C. 7.711.239 de Nieva, se habla con el señor Fabián
Lozano y manifiesta que cuando conducía su moto a la altura de la vereda el Rosal
no vio el árbol caído y choca con este, no se realiza croquis de accidente ya que
en la vía no estaba la motocicleta y el lesionado ya se encontraba en el hospital, la
motocicleta sigue guardada en la finca de los lagos vereda El Rosal, y el lesionado
en observación en el Hospital de Campoalegre, lo anterior para constancia y firma
quien conoce el caso. St. Montaña”. (fl. 74-75 C.1)

Mediante Oficio No. S-2016-0337 del 25 de abril de 2016, suscrito por la jefe
Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, se informa lo relacionado con el
accidente de tránsito acaecido el 31 de marzo de 2014, en los siguientes términos:

“…en nuestra base de datos no figura informe Policial de Accidente de Tránsito
(IPAT) de forma física ni magnética con los hechos para esa fecha. Solo nos figura
el registro del libro de población del grupo Unir Rivera de la atención del caso por
parte del personal del cuadrante vial 3 (Rivera) quienes son las unidades que una
vez les informan de los hechos se dirigen de forma inmediata hasta el lugar,
evidenciando las anotaciones correspondientes las cuales dan a conocer las
acciones realizadas, siento aproximadamente las 04:15 horas del día 31 de marzo
de 2014, se llega al kilómetro 73+100 de la vía Garzón – Neiva Campoalegre,
efectivamente se observa que hay una rama de un árbol obstaculizando la calzada
derecha en sentido de la vía Campoalegre Hobo, se verifica si en el lugar hay
algún tipo de vehículo pero no se observa, por tal motivo no se realizó informe
policial de accidente de tránsito (IPAT), se procede a despejar la vía para evitar
accidentes y se realizan labores de vecindario (…), nos trasladamos a una finca
aledaña donde se encuentra una motocicleta de marca AKT placas EJK-50D, al
preguntar a los dueños de la finca si tenían conocimiento del propietario del
vehículo manifiestan que efectivamente era de un señor que se había colisionado
con el árbol y había sido remitido al Hospital de Campoalegre, llegando al hospital
se encuentra al señor FABIÁN ANDRÉS LOZANO MURIEL identificado con cedula
7.711.239 de Neiva el cual textualmente manifiesta que se accidentó contra dicha
rama del árbol […]”.

[…]

“[…] Conforme a lo acreditado con la prueba documental y testimonial, la Sala
advierte que el desprendimiento de la rama del árbol sí tuvo la potencialidad de
representar un obstáculo para el flujo seguro de vehículos y transeúntes por la vía
aludida el día del accidente, pues como ya se indicó, los miembros de la Policía
Nacional que acudieron al sitio del accidente el día 31 de marzo de 204 (sic),
encontraron que un solo carril de la vía Campoalegre – Hobo estaba obstaculizada
por una rama de árbol que había caído por causa de una fuerte lluvia, aspecto que
fue corroborado por las testigos Doris Polanía Sánchez y María Consuelo
Gutiérrez Aldana, al señalar que cuando se dirigían a su lugar de trabajo, había un

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trancón en el sector con ocasión al accidente que sufrió el señor Fabián Andrés
Lozano Muriel y que los vehículos debían tomar el carril contrario para poder que
transitar en sentido Campoalegre-Hobo, pues la rama de un árbol era grande y la
obstaculizaba.

Para la Sala, aunque todo indicaría que las lesiones del señor Fabián Andrés
Lozano Muriel devienen de haber colisionado con la rama del árbol que dificultaba
el paso vial, no son claras las circunstancias específicas en que ello ocurrió, pues
no se realizó el respectivo informe de accidente de tránsito, ni se aportan registros
fotográficos del sitio del accidente o de la vía, que permitirían establecer las
circunstancias modales del siniestro, el estado de la vía, dimensiones de la
calzada, elementos u obstáculos de la vía, etc., pues si bien de las pruebas
aportadas se infiere que el árbol obstaculizó el tránsito del motociclista, lo cierto es
que, no permite establecer con certeza el estado que presentaba el referido árbol y
la relación de dicho estado con su desprendimiento; ni la forma como se
desprendió aquel obstáculo, en el sentido de si estaba en el lugar antes del
accidente y el tiempo que allí hubiera estado, o si fue intempestivo y cayó justo
cuando el motociclista transitaba por ese lugar, o si había caído por un hecho
natural sorpresivo e imprevisible, como lo aducen la entidad demandada y la
llamada en garantía, o por obra de un tercero que lo haya derribado.

Nótese que la testigo María Consuelo Gutiérrez Aldana no estuvo presente al
momento del accidente que dio lugar a las lesiones sufridas por el señor Fabián
Andrés Lozano Muriel, sino que conoció el hecho con posterioridad a su
ocurrencia, por lo tanto, no puede dar fe de las condiciones exactas en que cayó el
motociclista, ni su testimonio determina con certeza si realmente había llovido el
día anterior y si ello fue lo que produjo el desprendimiento de la rama, mucho
menos desde cuándo esta se encontraba obstaculizando el tramo vial.

Asimismo, y frente a este aspecto, la declarante Doris Polanía Sánchez, que
tampoco presenció el accidente, se constituye en un testigo de oídas en tanto
refirió que tuvo conocimiento por otra persona que la rama estaba en la vía desde
el día anterior en la tarde, sin mencionar que la misma cayó por causa de lluvia o
tempestad alguna, y en todo caso, no obra en el proceso prueba documental,
testimonial o técnica que confirme lo manifestado y otorgue a su dicho valor
probatorio.

El testimonio rendido por el señor Erovel de Jesús Ledesma Vélez resulta
impreciso, inclusive contradictorio, lo que le resta credibilidad, puesto que aun
cuando afirma haber sido testigo presencial del accidente, se siembra la duda de
que efectivamente fuera la falta de mantenimiento de la zona la que habría
ocasionado el accidente del aquí demandante […]”.

42. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que el Tribunal
Administrativo del Huila no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar
la decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas
obrantes en el expediente, lo que le permitió concluir que si bien es cierto se
acreditó el daño causado al señor Fabián Andrés Lozano Muriel, no ocurrió lo
mismo frente al nexo de causalidad, para imputarle dicho daño al Instituto Nacional

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Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

de Vías – Invías, toda vez que en el caso sub examine, aunque se evidenció que
las lesiones del señor Fabián Andrés Lozano Muriel fueron producto de haber
colisionado con la rama del árbol que dificultaba el paso vial, no se demostraron
las circunstancias específicas en que ello ocurrió, “[…] pues no se realizó el
respectivo informe de accidente de tránsito, ni se aportan registros
fotográficos del sitio del accidente o de la vía, que permitirían establecer las
circunstancias modales del siniestro, el estado de la vía, dimensiones de la
calzada, elementos u obstáculos de la vía […]”. (Resaltado por la Sala).

43. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Huila luego de valorar los
testimonios de María Consuelo Gutiérrez Aldana, Doris Polanía Sánchez y Erovel
de Jesús Ledesma Vélez, evidenció lo siguiente:

44. En el caso del testimonio de María Consuelo Gutiérrez Aldana no estuvo
presente al momento del accidente, sino que conoció el hecho con posterioridad a
su ocurrencia, en ese orden de ideas, no se logró acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que cayó el señor Fabián Andrés Lozano.

45. En lo que tiene que ver con el testimonio de Doris Polanía Sánchez, el Tribunal
Administrativo del Huila, consideró que tampoco presenció el accidente, toda vez
que “[…] se constituye en un testigo de oídas en tanto refirió que tuvo conocimiento
por otra persona que la rama estaba en la vía desde el día anterior en la tarde, sin
mencionar que la misma cayó por causa de lluvia o tempestad alguna, y en todo
caso, no obra en el proceso prueba documental, testimonial o técnica que confirme
lo manifestado y otorgue a su dicho valor probatorio […]”.

46. Por último, en lo que respecta al testimonio del señor Erovel de Jesús
Ledesma Vélez “[…] resulta impreciso, inclusive contradictorio, lo que le resta
credibilidad, puesto que aun cuando afirma haber sido testigo presencial del
accidente, se siembra la duda de que efectivamente fuera la falta de
mantenimiento de la zona la que habría ocasionado el accidente del aquí
demandante […]”.

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47. En ese orden de ideas, para la Sala y a diferencia de lo sostenido por los
actores, el Tribunal Administrativo del Huila con fundamento en el principio de la
autonomía del juez y en las reglas de la sana crítica valoró de manera razonable
las diferentes pruebas obrantes en el expediente, especialmente la prueba
testimonial, lo que le permitió concluir lo siguiente:

“[…] La versión del testigo en cuanto a que vio la rama a las 07:00 p.m. del día
anterior y que esta cayó luego de una tempestad, no encuentra apoyo en los
demás elementos probatorios allegados al proceso, que nada dicen de las
condiciones climáticas al momento de los hechos ni del día previo a los
mismos, detalles que resultan relevantes para construir indicios ante la
escasa realidad probatoria, pues en el contexto del sub lite no se cuenta con
una reconstrucción del accidente, con un informe de tránsito, plano
topográfico o dibujo de la escena, mínimos elementos necesarios para la
formación del convencimiento en estos casos y sin que ello pueda
entenderse como una especie de tarifa legal de pruebas, si se tiene en cuenta
que la falla se erige precisamente por la falta de mantenimiento preventivo de
la vía y la ausencia de señalización frente a un obstáculo en la misma, lo cual
constituye el conector causal pretendido que debía ser plenamente traído al
proceso a través de los aludidos medios probatorios.

Nótese que la declaración del señor Erovel de Jesús Ledesma Vélez resulta
dudosa en cuanto a la afirmación de haber observado el accidente, pues
inicialmente manifestó que escuchó el accidente, luego que vio cómo el
demandante se estrelló contra el árbol. También genera dudas frente a la
causa de la caída de la rama, puesto que si dijo ser vigilante y que ingresó a
laborar a las 6:00 p.m., lo más normal y lo que indica la sana crítica, es que
en su relato explicara la forma cómo ocurrió el desprendimiento, y es que
resulta extraño que, estando ubicado visualmente a 100 metros, en horas de
la noche, en medio de una tempestad y en la oscuridad del sector como bien
lo afirmó, pudiera observar la caída de la rama y el momento del impacto.

Además, su dicho, que fuera acogido por el a quo, tampoco genera certeza
en cuanto a que la rama hubiera permanecido en el lugar después de las 7:00
p.m. y hasta la hora del accidente, si se tiene en cuenta que se trataba de una
vía del orden nacional que, dadas sus características, permite inferir que la
existencia de un obstáculo de la magnitud de la rama que se dice se hallaba
en el carril, en nueve horas hubiera ocasionado más de un accidente o por lo
menos una paralización del tráfico con la envergadura suficiente para llamar
la atención de transeúntes, conductores y autoridades locales. Solo hace
alusión a que unos conductores de bus y de un camión se bajaron a tratar de
movilizar la rama, pero sin especificar en qué momento ocurrió tal evento, si
al momento del trancón generado por el accidente o con anterioridad al
mismo.

Se destaca además, que este testigo afirma que se requirió de herramientas
para quitar el obstáculo de la vía y que a las 6:00 a.m. que entregó el turno
laboral la rama aún permanecía en el lugar, lo cual resulta contrario con la
documental allegada, en la que se precisa que se atendió el siniestro a las
04:15 a.m., dato que coincide con lo manifestado por las testigos Doris

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Polanía Sánchez María Consuelo Gutiérrez Aldana; y que la rama fue retirada
por los agentes de la Policía Nacional sin que se dejara constancia de la
forma cómo se hizo ni de la dificultad para retirarla, mucho menos si se
requirió de herramientas sofisticadas o del servicio de cualquier otra
autoridad para moverla.

De otro lado, vemos que el declarante afirmó que el señor Fabián Andrés
Lozano Muriel podía ir a 50 o 60 kilómetros de velocidad y al respecto cabe
destacar que es de la esencia de la prueba testimonial que el testigo relate lo
que pudo percibir; en tanto comparece al proceso para contar lo que vio,
pero no es posible indagar al declarante respecto a este aspecto técnico -a
menos que fuera un testigo técnico-, como lo es la velocidad en la que se
movilizaba el motociclista en este caso, en primer lugar, porque ese es un
juicio que correspondería a los expertos en materia de circulación vehicular,
pues son los únicos calificados legalmente para rendir concepto u opinión
sobre tal aspecto y en segundo lugar, se reitera, no obra en el plenario
prueba del informe de accidente que permita establecer el actuar del
conductor de la motocicleta involucrada en el siniestro, para concluir que
manejaba en exceso, mucho menos en el límite de velocidad.

Adicionalmente porque el testigo coincide con las demás declarantes en
cuanto señalaron que por ser de madrugada, la vía se encontraba oscura,
luego, atendiendo las máximas de la experiencia, es posible que una persona
ubicada a 100 metros de distancia respecto de un punto de referencia, en la
oscuridad de la madrugada, no tenga la claridad visual para identificar
detalladamente lo que allí aconteció, incluso señaló que él y su compañero
no informaron lo sucedido a autoridad alguna para señalar que por ser
testigo presencial tanto de la caída de la rama como del accidente, fue quien
puso en conocimiento tales situaciones para que fueran solucionadas por las
respectivas autoridades y que estas hicieran caso omiso, de ahí que el dicho
del testigo no genere certeza frente a la falla en el servicio alegada y no
resulta contundente para radicar en el INVÍAS la obligación de reparar el
daño padecido por los demandantes.

Si bien el a quo afirma que era un deber de la entidad demandada hacer una
revisión de la carretera por haberse presentado una tempestad el día previo
al accidente, lo cierto es que la ocurrencia de ese fenómeno natural no
encuentra apoyo en ninguna otra prueba en el proceso, por lo que la sola
manifestación del testigo resulta insuficiente, si se tiene en cuenta que la
valoración de su testimonio entraña una mayor severidad y necesidad de
confrontación respecto de los demás elementos probatorios en atención a
que afirmó ser testigo presencial de los hechos, y lo que se pretende
precisamente demostrar es que fue la omisión de la entidad demandada la
causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso.

Insiste la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado la
configuración de responsabilidad en casos relativos al deber de
mantenimiento de carreteras a dos eventos: i) cuando se avisó a la entidad
sobre un daño en la vía que impida u obstaculice su uso normal y esta no
atiende la solicitud ni instala las señales preventivas correspondientes y ii)
cuando escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera,
sin que la entidad, en el desarrollo de sus actividades rutinarias de

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mantenimiento, los remueva y reestablezca la circulación normal de la vía y
en este caso, no se acreditó ninguna de las dos situaciones mencionadas.

Entonces, no es posible atribuir el daño alegado por los demandantes bajo el
título de imputación de la falla del servicio de mantener en condiciones
óptimas las vías públicas al INVÍAS, a partir de una supuesta omisión en la
prevención del accidente, y bajo esas condiciones, la Sala considera que
ante la imposibilidad de resolver las posibles situaciones planteadas frente al
desprendimiento del árbol como un hecho evitable o prevenible por parte de
la administración, en tanto no existe prueba de que tal obstáculo permaneció
en dicho sitio por mucho tiempo sin ninguna intervención de la entidad
demandada y/o que esta hubiera sido conminada previamente para que
ejecutara labores de mantenimiento de los árboles del sector y que ante su
negativa, se hubiese pedido la intervención de otras autoridades de policía o
administrativas, punto que llama la atención a la Sala, pues el a quo asegura
que muy cerca se hallaba un peaje, lo cual, de haberse probado en el
proceso, hubiere servido para demostrar la ausencia de intervención por
parte de la entidad demandada […]”. (Resaltado por la Sala).

48. Esta Sección frente a la configuración del defecto fáctico dijo lo siguiente21:

“[…] En ese orden de ideas, el juez constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico debe respetar la
autonomía, independencia y discrecionalidad con que cuenta el juez
ordinario para valorar el acervo probatorio amparadas por la sana crítica. Su
intervención con respecto al manejo dado por el juez natural al material
probatorio es extremadamente reducida […]”. (Resaltado por la Sala).

49. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no
aconteció en el presente caso.

50. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que
adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 8 de marzo de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-03178-00.

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descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el
contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia
de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e
independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las
partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica
sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir
de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

Conclusiones de la Sala

51. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y
ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera
o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos
fundamentales del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02503-00
Actores: Fabián Andrés Lozano Muriel y otros

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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