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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02504-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02504-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela interpuesta por la señora Fideligna Gómez Penagos, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02504-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de junio de 2022

Demandante: Fideligna Gómez Penagos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02504-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02504-00
Demandante: FIDELIGNA GÓMEZ PENAGOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela de fondo – carencia actual de objeto

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la señora Fideligna Gómez
Penagos contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por la
presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, con ocasión de una presunta mora judicial.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 4 de mayo de 2022 al buzón web del aplicativo de Tutelas
y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, la señora
Fideligna Gómez Penagos, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el
Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la mora judicial injustificada en la que presuntamente incurrió el
Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, por la omisión de resolver la
impugnación presentada contra el fallo de tutela de 21 de febrero de 2022 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B, identificado con
radicado N.º 25000-23-15-000-2022-00108-00.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fideligna Gómez Penagos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02504-00

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“ (…) Segunda-. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO que proceda dentro del
término que su digno despacho disponga, a resolver el recurso de Impugnación de
la Tutela con No. de radicado 25000-2315-000-2022-00108-00 en garantia ́ de mis
derechos fundamentales”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Fideligna Gómez Penagos, en representación del Movimiento Cristiano
Independiente Fuente de Justicia, presentó otra acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso y a
elegir y ser elegido, presuntamente quebrantados por el Consejo Nacional Electoral.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordenara proferir un acto
administrativo en el que le reconociera personería jurídica al movimiento que
representa, con el propósito de que pudiera participar como partido político en las
contiendas electorales.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B
mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, declaró improcedente la acción de
tutela, al estimar que no se superó el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de
que los magistrados del Consejo Nacional Electoral con Resoluciones 7413 de 13 de
octubre de 2021 y 7766 del día 21 del mismo mes y año, “decidieron sobre el logo y le
negaron la personería jurídica”, respectivamente, las cuales eran pasibles de
enjuiciamiento a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

6. Por lo anterior, la señora Gómez Penagos el 4 de marzo de 2022 impugnó la
decisión al considerar que existía un precedente del Consejo de Estado “en el que se
indicó que es dable controvertir a través de la tutela el acto administrativo que niega el
reconocimiento de personería jurídica a una organización política.”

7. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B mediante sentencia del 4
de abril de 2022 dispuso: “1º. Confírmase la sentencia de 21 de febrero de 2022, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección primera)
declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el Movimiento Cristiano Independiente
Fuente de Justicia, por las razones expuestas en la motivación.” Dicha decisión fue
notificada mediante correo electrónico enviado el 2 de junio de 2022.

2

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1.3. Fundamentos de la solicitud

8. Adujo que sus garantías constitucionales le fueron vulneradas toda vez que el 4 de
marzo de 2022 radicó la impugnación contra el fallo dictado dentro de la tutela con
radicado N.° 25000-2315-000-2022-00108-00, sin embargo a la fecha de presentación
de la demanda no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Consejo de Estado
– Sección Segunda. – Subsección B.

9. Concluyó que “con la conducta antes descrita la accionada está vulnerando mi Derecho
Constitucional Fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por
esto recurro ante su despacho para que cese esta violación desplegada por EL CONSEJO DE
ESTADO en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en los hechos”.

1.4. Trámite de la acción

10. Mediante auto del 12 de mayo de 2022, la magistrada ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección B, como autoridad accionada.

11. Igualmente vinculó como terceros con interés al señor Gregorio Caro Moreno,
quien adujo actuar en nombre del Movimiento Cristiano Independiente Fuente de
Justicia, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B, que
conformaron, respectivamente, el extremo activo, pasivo, vinculado y el juez de
primera instancia que resolvió la acción de tutela, identificado con radicado N.º 25000-
23-15-000-2022-00108-00.

1.5. Intervenciones

1.5.1. Registraduría Nacional del Estado Civil

12. Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene competencia para pronunciarse
sobre lo pretendido por la tutelante.

1.5.2. Consejo Nacional Electoral

13. Requirió su desvinculación del presente trámite constitucional, habida cuenta que
no ha vulnerado derecho fundamental alguno, “toda vez que la entidad, no es una
autoridad judicial y no resuelve tutelas ni impugnaciones de tutela.”

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1.5.3. Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B

14. El titular del despacho al que le fue asignado en segunda instancia el trámite de la
acción de tutela con radicado N.° 25000-23-15-000-2022- 00108-01, informó que el
pasado 4 de abril de 2022 fue sometido a aprobación de la Sala de subsección el
correspondiente proyecto de fallo, cuyo texto final en ese momento se encontraba en
trámite de recolección de firmas.

15. Los demás sujetos, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

16. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Fideligna Gómez Penagos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial contra la que se dirige la acción de tutela
es la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en tal sentido,
debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma, por ser parte de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

17. Se advierte que la señora Fideligna Gómez Penagos está legitimada en la causa
por activa a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en que fungió
como parte activa en la acción de tutela de la cual se aduce la presunta mora judicial
injustificada.

18. Igualmente, la Sala evidencia que el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B se encuentra legitimado por pasiva, en tanto es la autoridad respecto de
la cual se alega la presunta mora judicial respecto al trámite de la impugnación
interpuesta contra el fallo de tutela del 21 de febrero de 2022.

2.3. Solicitud de desvinculación

19. Se tiene que tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Consejo
Nacional Electoral solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional
pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva y no han vulnerado
derecho fundamental alguno. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que
sus vinculaciones al proceso se hicieron en atención al interés que les asiste en las
resultas del presente trámite, dado que son parte de la acción de tutela respecto de la
cual se alega la presunta mora judicial.
4

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2.4. Problema jurídico

20. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las
respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los informes y
argumentos esgrimidos, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:

 ¿Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado debido a que la
autoridad censurada expidió y notificó la sentencia del 4 de abril de 2022,
mediante la cual el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
resolvió la impugnación interpuesta por la señora Gómez Penagos en el marco
de la acción de tutela con radicado N.° 25000-23-15-000-2022-00108-00?

21. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción de tutela; (ii) carencia actual de objeto; (ii) análisis del caso
concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

22. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

23. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

2.6. De la carencia actual de objeto

24. La Sala ha explicado en varias ocasiones1 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

25. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional

1
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P.
Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
5

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tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

26. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i)
hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

27. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20162, señaló que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de
estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier
determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en
peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.3

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este
respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la
forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza,
parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que
el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el
caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes
en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual
de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se
constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente4” (Negrita propia del texto).

28. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
2
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
3
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente:
“Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
4
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente:
“Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
6

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cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.5

29. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se
evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos
que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)” 6.

30. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

31. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite
de revisión ante ese Tribunal.7

32. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche,
en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva
de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte
en sede de Revisión,8 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de
los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.9
Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la

5
Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6
Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido
7
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
8
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalment e:
“Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita».
9
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente:
“Ver sentencia T-612 de 2009».
7

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providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado10”.11” (Negrita y subrayado fuera de
texto).

33. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación
en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u
omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo 12.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio
del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión,
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita 13,
pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto
2591 de 199114 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el
amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados 15. Dicho análisis puede
comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición16; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva17”.18 (Negrita y subrayado fuera del texto)

33. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que
a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad
de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
de tutela dé una orden al respecto”.19

34. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,

10
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalment e:
“Sentencia T-170/09».
11
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
12
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
13
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
14
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado
(…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en
el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también
prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
15
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
16
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
17
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
18
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
19
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
8

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pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

35. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:

“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas
de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto
de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en
los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho
sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada”20 (Negrita y subrayado fuera del texto).

2.7. Caso concreto

36. Se reitera que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente
y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o
amenazados de una manera actual e inminente. No obstante, existen eventos en los
que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción
de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el
curso del proceso, como sucede en el caso concreto, de suerte que el instrumento
pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a
impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

37. Frente al punto, se reitera que la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder
en tres supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y,
(iii) por una situación sobreviniente.

38. De la acción de tutela se desprende que la señora Fideligna Gómez Penagos, en
representación del Movimiento Cristiano Independiente Fuente de Justicia el 4 de
marzo de 2022 impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección B que declaró improcedente la acción de tutela, al
estimar que no se superó el requisito de subsidiariedad

39. La Sala encuentra que, de acuerdo con los informes allegados por parte de la
autoridad judicial accionada a la contestación de la demanda, en el presente asunto
se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que,
durante el trámite de la acción de tutela, lo pretendido ya fue llevado a cabo por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, pues como se observa en el

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«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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Demandante: Fideligna Gómez Penagos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02504-00

sistema de gestión judicial SAMAI, el 2 de junio de 2022 se notificó la decisión del 4
de abril de 2022 que resolvió la referida impugnación, como se observa:

40. Por lo anterior, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre las
pretensiones de la señora Gómez Penagos, en razón a que cualquier orden que se
disponga al respecto, resultaría ser una medida inocua debido a que, como ya se ha
manifestado, se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho
superado, de acuerdo con los motivos expuestos con antelación.

41. Por último, debe precisarse que si bien esta acción de tutela se ejerció el 4 de
mayo de 2022, fecha en la cual ya se había proferido el fallo que resolvió la
impugnación, a saber la providencia del 4 de abril de 2022, lo que en principio
implicaría una inexistencia de la vulneración alegada, lo cierto es que tal decisión solo
le fue notificada hasta el 2 de junio de 2022, razón por la cual hasta esta fecha fue que
la accionante conoció sobre el pronunciamiento de la autoridad de tutela en segunda
instancia. En ese orden, es claro que en el sub lite se configuró una carencia actual de
objeto, comoquiera que durante el trámite se cumplió con el deber de notificar la
sentencia de 4 de abril de 2022 a la parte actora.

2.8. Conclusión

42. En el trámite constitucional del vocativo de la referencia, se configuró el fenómeno
de la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección B expidió y notificó en debida forma la
providencia del 4 de abril de 2022, que resolvió la impugnación contra la decisión del
a quo constitucional, pretensión que fundamentaba la presente acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Demandante: Fideligna Gómez Penagos
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02504-00

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción
de tutela interpuesta por la señora Fideligna Gómez Penagos, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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