Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02507-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02507-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02507-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02507-00
Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 43 Especializada
en Extinción del Dominio, Sociedad de Activos Especiales – SAE y Central de
Inversiones S.A. – CISA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) debido proceso, ii) igualdad, iii) familia y
iv) vivienda digna
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación – Fiscalía 43 Especializada en Extinción del Dominio, la
Sociedad de Activos Especiales – SAE y la Central de Inversiones S.A. – CISA,
porque, a su juicio, con ocasión de la Resolución núm. 1398 de 2 de septiembre
de 2019 que expidió la Fiscalía 43 Especializada en Extinción del Dominio,
mediante la cual “[…] ordena la suspensión del poder dispositivo del inmueble
identificado con folio de matrícula 50C-1221825 el cual dejo para la administración
de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS […]” vulneraron sus derechos
fundamentales indicado supra.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02507-00
Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 43 Especializada en Extinción del Dominio,
la Sociedad de Activos Especiales – SAE y la Central de Inversiones S.A. – CISA,
porque, a su juicio, con ocasión de la Resolución núm. 1398 de 2 de septiembre
de 2019 que expidió la Fiscalía 43 Especializada en Extinción del Dominio,
mediante la cual “[…] ordena la suspensión del poder dispositivo del inmueble
identificado con folio de matrícula 50C-1221825 el cual dejo para la administración
de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS […]” vulneraron sus derechos
fundamentales indicado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, la Fiscalía 43 Especializada adscrita a la Unidad de Fiscalías para la
Extinción de Dominio, “[…] ordeno la SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO
RAD:110016099096201701943, inscrito en año 2018, en el certificado de libertad
con matricula inmobiliaria No. Matricula Inmobiliaria: 50C-1221825, Referencia
Catastral: AAA0158FPRU y ubicado en la Calle 65 N 27 A 45 […]”.
4. Manifestó que, “[…] En fecha 25 de marzo de 2022, me comentan los
arrendatarios del inmueble, de la existencia de una minuta de compraventa –
enajenación temprana del inmueble de parte SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES -SAE-, a la empresa SARUPETROL S.A.S […]”.
5. Señaló que, “[…] NO se conoce la resolución 1398 de 2 septiembre de 2019,
mencionado en la promesa de compraventa, para atender si cumplieron las
circunstancias procesales establecidas en la Ley (93 de la Ley 1708 de 2014
modificado por el articulo 24 por la ley 1849 de 2017) […]”.
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6. Expresó que, “[…] En la página del SAE, NO APARECE, la decisión del comité
de enajenaciones, conformado por un representante de la Presidencia de la
República, un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un
representante del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y EL INFORME técnico en
cual el comité adopta la decisión conforme por el articulo 24 por la ley 1849 de
2017 […]”.
7. Adujo que, “[…] En consideración, que no culminado el proceso de EXTINCION
DE DOMINIO, y la propiedad la han ofertado presuntamente al mejor postor, en
caso de culminar el proceso a favor no habrá el inmueble, o la manera de la
restitución del mismo, y más aún cuando es un bien productivo por sí solo […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Se proteja TRANSITORIOMENTE PARA EVITAR UN PERJUICIO
IRRMEDIABLE tendiente a obtener la protección de los Derechos constitucionales
al DEBIDO PROCESO, A LA DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN (Art
29), DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA (Art 42),
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA (Art 51), DERECHO A LA IGUALDAD ANTE
LA LEY (Art 13), EL PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA (Art 31), DERECHO A
LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Y A LA REALIZACIÓN DE LA
JUSTICIA MATERIAL (Art 228), DERECHO REAL FUNDAMENTAL A LA
POSESIÓN REAL Y MATERIAL, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, (Sentencias Corte
Constitucional).
Se orden (sic) a la FISCALÍA 43 ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO en
rendir informe si el proceso culmino, y cuando hubo secuestro reportaron un
inmueble improductivo.
Se requiera informe técnico en cual se determinó que el inmueble estaba inmerso
articulo 24 por la ley 1849 de 2017, al ser un inmueble productivo, UTILIZADO y que
DISCERNIÓ por el comité: representante de la Presidencia de la República, un
representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un representante del
Ministerio de Justicia y del Derecho.
Se indague si SAE, cumplió con los deberes de publicidad de los actos
administrativos,
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Se indague si CISA, convoco subastas a todos los interesados o solo adjudico aun
interesado el inmueble.
En consecuencia, ordénese que al tener los informes se declare improcedente la
adjudicación de la propiedad, al crear perjuicio irremediable si sale avante o a favor
la situación para que el inmueble regrese, al desaparecer en manos de terceros […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de julio de 2022; i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Fiscal General de la Nación, al Fiscal 43
Especializado en Extinción del Dominio, al Representante Legal de la Sociedad de
Activos Especiales – SAE y al Representante Legal de la Central de Inversiones
S.A. – CISA y iii) vinculó a la Nación – Presidencia de la República, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho, en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de octubre de 2022, vinculó a
al Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá,
en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días
para que rindiera informe sobre el particular.
Informes de las demandadas y de los terceros con interés legítimo
11. El Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de
Bogotá solicitó su desvinculación de la acción de amparo y, además, manifestó lo
siguiente:
“[…] 2. En dicho trámite, la Fiscalía 43 Especializada mediante resolución de 23 marzo
de 2018 decretó la imposición de las medidas cautelares de suspensión del poder
dispositivo, embargo y secuestro sobre el referido inmueble, quedando a cargo de la
Sociedad de Activos Especiales S.A.E - S.A.S., y en otro escrito de la misma fecha,
presentó demanda de extinción de dominio contra el mismo.
3. Por consiguiente, fueron remitidas esas diligencias para adelantar la etapa de
juzgamiento, siendo asignadas por reparto a este Juzgado, que avocó el conocimiento
el 28 de mayo de 2018 y se ordenó surtir la etapa de notificaciones.
4. Culminado lo anterior, en esas diligencias se emitió el auto de 17 de noviembre
de 2021, por medio del cual se admitió a trámite la demanda extintiva, se decretó
práctica de pruebas, se negó una solicitud de nulidad y se tomaron otras
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disposiciones. De tal forma que, actualmente, el proceso se encuentra
pendiente para ser remitido al Tribunal Superior para surtir el recurso de
apelación contra dicha decisión […]”. (Resaltado por la Sala)
12. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación de la acción
de amparo, toda vez que, “[…] éste no ha vulnerado ningún derecho fundamental
de la accionante y tampoco está facultado y legitimado para conceder las
pretensiones de la accionante […]”.
13. La Fiscalía 43 adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho
de Dominio manifestó lo siguiente:
“[…] Considera esta Agencia Fiscal que los requisitos para la procedencia de la acción
de tutela, se ven desdibujados en el presente asunto, esto por cuanto, no se han
agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial dentro de los
trámites de instancia, pues recordemos que el Código de Extinción de Dominio
establece el procedimiento para que los afectados ejerzan la defensa de sus bienes
teniéndose además que el proceso se encuentra en el juzgado en donde se podrán
practicar las pruebas que tanto la defensa como la Fiscalía soliciten para llevar al Juez
a tomar la decisión que en derecho corresponda […]”.
14. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, puesto que, […] desconocemos la situación fáctica planteada por
la accionante y no somos la entidad responsable por la eventual vulneración a sus
derechos fundamentales […]”.
15. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó su
desvinculación de la acción constitucional, en la medida que, “[…] no existe nexo de
causalidad entre la violación o amenaza de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora y las entidades que represento, como quiera que no son la
autoridad pública que presuntamente violó o amenazó las señaladas normas
superiores […]”.
16. La Sociedad de Activos Especiales – SAE y la Central de Inversiones S.A. –
CISA guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20211 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
1 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20063, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[4].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
3 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
4 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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22. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Tercero del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, solicitaron
su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, en su criterio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar, que la actora presenta inconformidades contra
el Comité que hace referencia el artículo 93 de la Ley 1708 de 20 de enero de 2014,
objeto de debate dentro del proceso de enajenación temprana, el cual, se
encuentra conformado por un “[…] representante de la Presidencia de la República,
un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un representante
del Ministerio de Justicia y del Derecho […]”, por lo que les asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.
24. Por otro lado, respecto del Juzgado Tercero del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá, cabe manifestar, que es la autoridad judicial que
avocó conocimiento el 28 de mayo de 2018 para adelantar la etapa de juzgamiento
del proceso de extinción de dominio relacionado con la presente acción
constitucional, por lo que le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
25. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio de Justicia y del Derecho,
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y al Juzgado Tercero del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá, les asiste interés en la decisión de tutela que esta
Sala profiera.
26. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de
Extinción de Dominio de Bogotá.
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Problemas jurídicos
27. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de subsidiariedad.
28. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la familia; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la vivienda digna, vii) análisis del caso concreto y finalmente las viii)
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
30.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
31.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
32.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
33.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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34.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
35.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la
subsidiariedad.
Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela
36.La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 10, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
37.Asimismo, esta Sección11 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201312, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
12 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite13; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios14; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”15”.16
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
38.De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de tutela
para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro medio
de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese inmediatamente
la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado17:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.
39.Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra
la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y
recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados;
y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
13 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
14 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
17 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
40.Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
41.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
43.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
44.Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
familia
45.Visto el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre el
19 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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derecho a la familia, que establece que:
“[…] La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la
dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja
y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.
La ley reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la
ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la
ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios
Religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que
establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes. […]”.
46. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional20, ha establecido que la familia
“[…] es el núcleo básico de la sociedad, por lo que el Estado y la Sociedad, deben
garantizar su protección integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º
Superior. […]”.
47. Ahora bien, la Corte Constitucional21 ha entendido el concepto de familia como
[…] aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales
20 Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 18 de febrero de 2015, M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-271 de 1 de abril de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes
más próximos […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda
digna
48.El artículo 51 de la Constitución Política establece, que: “Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda”. (Subraya fuera de texto original)
49.Lo anterior significa que el Estado, mediante diferentes políticas de desarrollo
social debe establecer los requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar
la adquisición de vivienda, de modo que mediante actos positivos se concrete el
derecho a gozar de un hogar digno con la garantía de acceso de los postulantes en
condiciones de igualdad22.
50.Sobre el objeto y condiciones de la política de vivienda, ha señalado el máximo
tribunal de lo constitucional, que:
“[...] “El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que
requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la
administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin
olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados
que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben
facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios
de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción,
pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico - materiales que lo hagan
posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza
vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de
las acciones establecidas para tal fin”23 [...]”.
22 Sentencia T-831 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería
23 Sentencia T - 495 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Análisis del caso concreto
51.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
52.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
53.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
53.1. Informe rendido por la Fiscalía 43 adscrita a la Dirección Especializada de
Extinción del Derecho de Dominio y el Juzgado Tercero del Circuito Especializado
de Extinción de Dominio de Bogotá.
Solución al caso concreto
54.La actora formuló acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda digna y familia, porque, a su
juicio, con ocasión de la Resolución núm. 1398 de 2 de septiembre de 2019 que
expidió la Fiscalía 43 Especializada en Extinción del Dominio, mediante la cual “[…]
ordena la suspensión del poder dispositivo del inmueble identificado con folio de
matrícula 50C-1221825 el cual dejo para la administración de la Sociedad de
Activos Especiales SAE SAS […]” vulneraron sus derechos fundamentales
indicado supra.
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55.Por su parte la Fiscalía 43 solicitó declarar improcedente la acción de tutela, pues
considera que “[…] no se han agotado los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial […]” que permiten controvertir el embargo y el registro del inmueble.
56.De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la actora lo que pretende
a través de la presente acción constitucional es que se disponga la suspensión del
trámite de enajenación temprana que inició la Sociedad de Activos Especiales -
S.A.E. sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1221825,
predio que fue afectado con medida cautelar de suspensión del poder dispositivo al
interior de un proceso de extinción de dominio.
57.En ese orden de ideas, la Sala manifiesta que la presente acción de amparo no
puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico y, en ese sentido, mientras un proceso se encuentre en curso, la acción de
tutela deviene improcedente por su naturaleza residual de la acción, que impide
acudir a ella como instancia adicional o instrumento paralelo al procedimiento
ordinario.
58.La Sala considera que, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la medida en que, de
conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y la verificación
hecha en la Consulta de Procesos Nacional Unificada, se observa que, la última
actuación del expediente es la siguiente24: auto del 5 de agosto de 2022, por medio
del cual, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, decidió lo siguiente:
24 Teniendo en cuenta el Sistema de Información Judicial Colombiano.
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59.Por consiguiente, advierte la Sala que, el proceso de extinción de dominio,
analizado en el caso sub examine, se encuentra en trámite, es decir, este no ha sido
definido por el juez natural de la causa.
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60.En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección 25 no se cumple el
requisito de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.
61.Al respecto, esta Corporación26 ha indicado que:
“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201327, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite28; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios29; y (iii) se usa para revivir
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
27 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
29 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
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Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”30”.31 […]”.
[…]
62.Sobre los procesos que se encuentran en trámite, la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente32:
“[…] la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya
extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de
defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y
las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se
estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura
de la acción de tutela […]”.
63. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos jurídicos que aquí
expone la actora deben ser analizados al interior del proceso de extinción de
dominio y promoviendo las acciones pertinentes dentro del mismo, por lo que en el
presente caso no se logró acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
dentro del marco de la acción de tutela.
Estudio del perjuicio irremediable
64. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
65.Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional33:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable34[…]”.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
32 Corte Constitucional, Sentencia T- 1343 de 11 de diciembre de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
22
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Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
66. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
67. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que la actora puede revertir la actuación surtida por la
Sociedad de Activos Especiales – SAE, promoviendo las acciones pertinentes al
interior del proceso ordinario de extinción de dominio, toda vez que, en el presente
caso, el mismo se encuentra en curso y no ha concluido la etapa de juicio. Por lo
tanto, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
Conclusiones de la Sala
68. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de
tutela por falta del cumplimiento del i) requisito de agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, al encontrarse el proceso en curso y al no advertirse un
perjuicio irremediable que permita el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio
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Actora: Martha Lucía Díaz Ortega
de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República y el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Extinción de
Dominio de Bogotá, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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