Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02508-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02508-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02508-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
16 de junio de 2022
Demandante: Norma Cecilia Cervantes Castillejo
Demandado: Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-02508-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-02508-00
Demandante: NORMA CECILIA CERVANTES CASTILLEJO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SALA TERCERA ESPECIAL DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo y
fáctico – Niega amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Norma Cecilia Cervantes Castillejo contra el Consejo de Estado – Sala
Tercera Especial de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito recibido en el Despacho ponente el 6 de mayo del 20221, la señora
Norma Cecilia Cervantes Castillejo, a través de apoderado judicial, instauró acción
de tutela contra el Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión, con el
fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido proceso,
mínimo vital, derecho a la pensión en conexidad con el derecho a la seguridad social,
protección especial a la tercera edad y finalmente el derecho a la igualdad”.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 10 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de
Estado – Sala Tercera Especial de Decisión, mediante la cual se infirmó la
providencia del 11 de abril de 2019 del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección “B”, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
con radicado N.º 08001-23-33-000-2014-00195-01.
3. Lo anterior, en el marco de la acción especial de revisión de reconocimiento de
sumas periódicas, identificada con radicado N.º 11001-03-15-000-2019-05024-00,
instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.
1
Enviado el 3 de mayo de 2022 al correo de la Secretaría General del Consejo de Estado y
recibido al despacho ponente.
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Demandante: Norma Cecilia Cervantes Castillejo
Demandado: Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-02508-00
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. REVOCAR en el expediente No. 11001-03-15-000-2019-05024-00 la sentencia
de 10 de diciembre de 2021, proferida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión del Consejo de Estado, que
infirmó la sentencia del 11 de abril de 2019, proferida en segunda instancia por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001233300020140019501,
en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales (…).
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 4 de agosto de 2015, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de
inexistencia de las obligaciones reclamada y negó las pretensiones de la demanda
promovida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la
señora Norma Cecilia Cervantes Castillejo contra la UGPP.
3. CONFIRMAR en el expediente No. 08001233300020140019501 la sentencia
proferida en segunda instancia del 11 de abril de 2019, por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por Norma Cecilia Cervantes Castilleja
contra UGPP, mediante la cual se concedió la pensión gracias de acuerdo con la
parte motiva de la sentencia”. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
5. La señora Norma Cecilia Cervantes Castillejo nació el 25 de octubre de 1950 y
prestó sus servicios como docente oficial de primaria al Departamento del
Atlántico desde 1972, y posteriormente, siguió vinculada sin solución de
continuidad con el Distrito de Barranquilla.
6. Con ocasión de la consecución del estatus pensional por cumplimiento de los
50 años de edad y los 20 años de servicios como docente oficial, solicitó ante la
Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de la pensión gracia, cuestión
que le fue denegada.
7. Por lo tanto, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho2 contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP-, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos.
18392 del 19 de junio de 2002, UGM 023881 del 4 de enero de 2012 y UGM
039076 del 21 de marzo de 2012, todas proferidas por la Caja Nacional de
Previsión Social EICE En Liquidación, a través de las cuales se le negó el
reconocimiento de la pensión gracia, y a título de restablecimiento del derecho,
que se ordenara el reconocimiento de la pensión gracia, desde el momento en que
adquirió su estatus pensional3.
2
Proceso identificado con el radicado N.º 08001-23-33-000-2014-00195-01.
3
De acuerdo con el citado proceso, el estatus pensional fue adquirido el 16 de octubre de 2001.
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8. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de
providencia de 4 de agosto de 2015, declaró probada la excepción de inexistencia
de las obligaciones reclamadas y negó las pretensiones de la demanda.
9. Inconforme con ello, la demandante interpuso recurso de apelación el cual fue
desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” mediante
sentencia de 11 de abril de 2019, que revocó la decisión del a quo y en su lugar,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, en cuantía del 75 % del promedio de
todos los factores salariales devengados por la señora Cervantes Castillejo en el
año anterior a la consolidación de su estatus pensional.
10. La UGPP solicitó aclaración y/o corrección del fallo de 11 de abril de 2019, al
estimar que allí se “(…) cometió un error meramente aritmético (…)”. Al respecto,
explicó que el último cargo desempeñado por la accionante fue el de supervisora
de educación (directiva docente), y que en sede administrativa se le negó el
reconocimiento de la pensión gracia, porque los tiempos que laboró desde el 13
de mayo de 1974 eran de carácter nacional. Expuso que el Consejo de Estado, al
valorar el certificado del 2 de noviembre de 2018, determinó que son tiempos
aptos para el reconocimiento de la pensión gracia, los laborados del 9 de agosto
de 1972 al 7 de mayo de 1974 y del 19 de enero de 1998 al 13 de enero de 2016.
Sin embargo, en criterio de la UGPP la providencia de segunda instancia incurrió
en un error al calcular los tiempos de servicios, puesto que la docente solo
contaba con 7104 días, equivalentes a 19 años, 8 meses y 24 días de servicios
docente.
11. Sin embargo, a través de proveído de 27 de febrero de 2020, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B” negó las solicitudes al estimar que la
aclaración había sido presentada extemporáneamente y el motivo de la corrección
escapa del ámbito de competencia del juez en el marco de la solicitud de
corrección aritmética.
12. Por lo tanto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales y de la Protección -UGPP-, presentó acción especial
de revisión, invocando como causales las consagradas en los literales a) y b)4 del
artículo 20 de la Ley 797 de 20035 y solicitó como pretensiones las siguientes:
I. Infirmar la sentencia de 11 de abril de 2019, proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó el fallo de
primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 4 de
agosto de 2015 dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho.
4
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, b) Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.
5
Norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos
conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.
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II. Declarar que la señora Norma Cecilia Cervantes Castillejo no le asiste
derecho al reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no acreditó 20
años de servicio docente con vinculación de carácter departamental,
municipal o distrital, o nacionalizado, y por lo tanto no hay lugar al pago de
valor alguno por tal prestación.
13. Con ocasión de lo anterior, la Sala Tercera Especial de Decisión del Consejo
de Estado por medio de providencia de 10 de diciembre de 2021, infirmó la
sentencia de 11 de abril de 2019, para en su lugar, confirmar el fallo de 4 de
agosto de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico. La anterior
decisión fue fundamentada de la siguiente manera:
“83. Ahora bien, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia no puede
tenerse en cuenta el tiempo laborado por la señora Cervantes Castillejo como
docente de la Escuela Normal Nacional de Varones, cargo para el que fue
nombrada mediante la Resolución 2576 de 18 de abril de 1974 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, tal como lo señaló la Subsección B, Sección
Segunda de esta Corporación en sentencia de 25 de abril de 2019 , cuando
determinó que no hay lugar a reconocer la pensión gracia para los docentes de las
escuelas normales con connotación nacional, sino para los maestros de las
escuelas normales territoriales (…).
85. Como se aprecia, es evidente que no se acreditaron los 20 años de servicios
docentes territoriales o nacionalizados exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, toda vez que sólo laboró como docente nacionalizada por 19 años,
8 meses y 22 días hasta su retiro del servicio, situación que impone declarar
fundado el recurso de revisión formulado por la UGPP, con base en la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 toda vez que para el
caso de la docente, el reconocimiento de la pensión en los términos dispuestos por
la Subsección B de la Sección Segunda, a través de la sentencia recurrida,
excedería lo debido por la ley, en cuanto si bien no le asiste el derecho a pensión
gracia, tales tiempos sí pueden ser contabilizados para efectos de su
reconocimiento de pensión de jubilación”.
14. Dicha decisión fue notificada el 16 de diciembre de 2021.
1.4. Fundamentos de la vulneración
15. El apoderado judicial de la accionante indicó que la decisión del Consejo de
Estado – Sala Tercera Especial de Decisión había incurrido en un defecto
sustantivo al desconocer lo consagrado en la siguiente normativa:
• Ley 114 de 1913.
• Artículo 6º de la Ley 116 de 1928.
• Artículo 1º de la Ley 37 de 1933.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 62 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 812 de 2003.
16. Con base en lo anterior, señaló que la señora Cervantes Castillejo cumplió con
los requisitos establecidos para obtener la pensión gracia, pues cumplió con los 20
años de prestación de sus servicios como docente territorial.
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17. Por otra parte, adujo que la autoridad judicial accionada había desconocido los
certificados expedidos por la entidad nominadora territorial donde se certificaba
todo el tiempo de servicio prestado, configurándose un defecto fáctico.
18. A pesar de que refirió como desconocidos los siguientes precedentes
jurisprudenciales, no los identificó en debida forma6:
• Sentencia de 21 de junio de 2018
• Sentencia de 11 de abril de 2019.
• Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B y C,
sentencias de 12 de septiembre y 11 de diciembre de 2019.
• Sentencia de 27 de febrero de 2020 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, M.P. César Palomino Cortés.
19. Finalmente, expresó que la señora Cervantes Castillejo supera los 70 años de
edad, por lo cual se le debía otorgar una protección excepcional por vía de tutela
para evitar un perjuicio irremediable, pues el resultado de la providencia recurrida
afectaba sus ingresos.
1.5. Tramite de la acción de tutela
20. Mediante auto de 24 de mayo de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante y a los magistrados
del Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión, como autoridades
judiciales accionadas.
21. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico al
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”, al Tribunal
Administrativo del Atlántico, a la UGPP y al Ministerio Público.
22. De igual forma, se le reconoció personería al abogado Hernando Eliécer
Echáez Arévalo, en calidad de apoderado judicial de la señora Cervantes
Castillejo.
23. A través de Oficio de 15 de junio de 2022, el magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra se pronunció sobre la acción de tutela de la referencia en atención a que
dictó la providencia objeto de debate en la acción especial de revisión de
reconocimiento de sumas periódicas, en atención a que conformó la Sala Tercera
Especial de Decisión.
24. Debido a ello, el impedimento fue declarado fundado por medio de providencia
de 16 de junio de 2022.
6
En razón a que la actora no logró identificar de forma correcta las sentencias en mención, el
estudio que hará esta Sala en caso de superarse los requisitos de procedibilidad adjetiva, solo
recaerá sobre los defectos fáctico y sustantivo.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP –
25. Con escrito enviado el 1º de junio de 2022, el subdirector de Defensa Judicial
Pensional y apoderado judicial adujo que la parte actora no cumplía con el
requisito del perjuicio irremediable, pues su derecho al mínimo vital se encontraba
protegido por el pago mensual de su pensión de jubilación, además de ser
improcedente lo pretendido, pues la accionante buscaba sustituir una decisión
judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa.
26. De igual forma, puso de presente que en el caso no se acreditaba ninguno de
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela y mucho menos
se habían vulnerado los derechos fundamentales, por cuanto la providencia
recurrida se ajustaba a las normas reguladoras, a la jurisprudencia y al principio de
autonomía de los jueces naturales.
27. Además mencionó que existía cosa juzgada frente al caso, por lo que debían
despacharse desfavorablemente las pretensiones de la tutela.
28. Frente a la situación concreta de la actora argumentó que esta prestó sus
servicios a la Secretaría de Educación de Barranquilla de la siguiente manera:
• Del 9 de agosto de 1972 al 6 de mayo de 1974, computando un total de 1
año, 8 meses y 29 días.
• Del 13 de mayo de 1974 al 25 de diciembre de 1997, tiempos los cuales no
fueron tenidos en cuenta por el Despacho Judicial, por ser de carácter
Nacional.
• Del 19 de enero de 1998 al 13 de enero de 2016, de manera ininterrumpida,
computando un total de 17 años, 11 meses y 25 días.
29. Lo cual sumaba en tiempos prestados al Departamento del Atlántico 19 años,
8 meses y 24 días, los cuales resultaban insuficientes para el para el
reconocimiento de la pensión gracia, pues no cumplía con el requisito de 20 años
de servicio en el orden distrital, departamental, municipal o nacionalizado,
requeridos de conformidad con la Ley 114 de 1913.
30. Finalmente, expuso que el mecanismo constitucional no era la vía adecuada
para reclamar prestaciones económicas y por ello debía negarse el amparo de los
derechos fundamentales deprecados.
1.6.2. Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión
31. Mediante documento remitido el 1º de junio de 2022, el magistrado ponente de
la decisión recurrida explicó que la Sala realizó un pormenorizado y exhaustivo
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análisis probatorio de los documentos allegados, que dieron cuenta de los tiempos
de servicios desplegados por la docente, a partir de los cuales se pudo advertir
que no completó los 20 años de servicios exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, tal como lo estimó el Tribunal Administrativo del Atlántico en
sentencia de 4 de agosto de 2015.
32. Lo anterior, en atención a que los tiempos de servicios acreditados fueron los
siguientes:
• Docente nacionalizada: desde el 9 de agosto de 1972 (fecha de su
posesión) hasta el 7 de mayo de 1974: Por 1 año, 8 meses y 28 días.
• Docente nacional: desde el 13 de mayo de 1974 hasta el 25 de diciembre
de 1997, por 23 años, 7 meses y 12 días.
• Docente nacionalizada: desde el 19 de enero de 1998 (efectos de su
nombramiento) hasta el 13 de enero de 2016: por 17 años, 11 meses y 24
días.
33. Lo cual arrojó 19 años, 8 meses y 22 días como los tiempos servidos como
docente nacionalizada. Por ello, refirió que no se configuró el defecto sustantivo
alegado, pues lo que pretendía la tutelante era abrir una tercera instancia de un
asunto ya resuelto y por consiguiente procedía la negativa de las pretensiones.
34. Pese a que los otros vinculados fueron notificados en debida forma, guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Norma Cecilia Cervantes Castillejo, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
36. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de
Estado – Sala Tercera Especial de Decisión, por tanto, debe aplicarse el numeral
7º de la última norma citada.
2.3. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis
de fondo.
• Solo en el evento se superar tales requisitos, se determinará si ¿el Consejo
de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión incurrió en los defectos
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sustantivo y de desconocimiento del precedente, al no acceder a la pensión
gracia solicitada por la señora Cervantes Castillejo?
38. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) de las generalidades de los defectos alegados; y (iv) caso concreto.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema8. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales9. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
40. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
41. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia12 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
42. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.
43. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una
providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590
de 2005, y acogida por esta Sección13.
44. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales14; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales15.
2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.2.1. Relevancia constitucional
45. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
plenamente superado, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción
de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones,
la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la
garantía de sus derechos fundamentales, al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social, a la pensión y a la igualdad por cuanto el Consejo de Estado –
Sala Tercera Especial de Decisión, infirmó la providencia del 11 de abril de 2019
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado N.º 08001-23-33-
000-2014-00195-01, en el marco de la acción especial de revisión de
reconocimiento de sumas periódicas, identificada con radicado N.º 11001-03-15-
000-2019-05024-00, instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -.
46. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales en mención subyacen en
el sublite, por tener un rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo
29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
47. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus garantías constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de
la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en
preservador de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela
13
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-
02213-01.
14
Sentencia T-309 de 2005.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado
Social de Derecho, salvaguardando la dignidad humana.
48. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los
derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento judicial
establecido para su protección.
49. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
2.4.2.2. Tutela contra decisión de tutela
50. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia de 10 de diciembre de 2021 fue proferida al interior de la acción
especial de revisión de reconocimiento de sumas periódicas, identificada con
radicado N.º 11001-03-15-000-2019-05024-00.
2.4.2.3. Inmediatez
51. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la
providencia del Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión fue
proferida el 10 de diciembre de 2021 y notificada el 16 siguiente. Mientras que la
solicitud de tutela fue presentada el 6 de mayo de 2022, es decir menos de 6
meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para uso de este
mecanismo excepcional16, con ocasión de los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200517.
2.4.2.4. Subsidiariedad
52. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el
Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión que se cuestiona en sede
de tutela puso fin a la acción especial de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas, identificada con radicado N.º 11001-03-15-000-2019-05024-00 y frente
a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.
53. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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54. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.
2.5. De las generalidades del defecto sustantivo
55. Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte
Constitucional18, ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando
su aparición cuando las autoridades judiciales entran a desconocer las
disposiciones de rango legal o infralegal aplicadas a un determinado caso.
Específicamente, una providencia adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional:
“(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -
interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; (v) omite motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi)
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso19” (negrilla propia).
56. Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.
57. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la
sentencia que ataca.
58. Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente aplicable al caso concreto, o poniendo de presente
la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma aplicable de
manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando las
disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende inaplicada,
o finalmente, los efectos que el legislador expresamente ha dado a la norma y que
son distintos a la situación fáctica planteada20.
18
Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.
19
Sentencia SU-635 de 2015.
20
Sentencia T-781 de 2011.
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2.6. Generalidades del defecto fáctico
59. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201521 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:
60. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto,
ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
Omisión de decreto prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
y práctica de parámetros arriba señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
21
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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se entiende alterado.
requiere entonces que:
Valoración irracional
o arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia con su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
con violación del planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
61. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
62. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
63. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.
2.7. Caso concreto
64. La señora Norma Cecilia Cervantes Castillejo recurrió la sentencia de 10 de
diciembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de
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Decisión por cuanto infirmó el fallo de 11 de abril de 2019 del Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección “B”, dictado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual había declarado la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenado el reconocimiento y pago de la pensión
gracia en favor de la accionante, para negar su reconocimiento al interior de la
acción especial de revisión de reconocimiento de sumas periódicas, dejando en
firme el proveído de 4 de agosto de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo
del Atlántico.
65. En atención a ello, adujo que se configuraron los defectos sustantivo y fáctico.
Frente al primero, señaló las siguientes normas como desconocidas:
• Ley 114 de 1913.
• Artículo 6º de la Ley 116 de 1928.
• Artículo 1º de la Ley 37 de 1933.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 62 de 1985.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 812 de 2003.
66. Lo anterior para indicar que la señora Cervantes Castillejo cumplió con los
requisitos establecidos para obtener la pensión gracia, pues cumplió con los 20
años de prestación de sus servicios como docente territorial.
67. Por su parte, en lo referente al defecto fáctico, adujo que la autoridad judicial
accionada no había valorado adecuadamente los certificados expedidos por la
entidad nominadora territorial donde se certificaba todo el tiempo de servicio
prestado.
68. A pesar de que la parte actora trató de demostrar la existencia de
desconocimiento del precedente en la decisión recurrida, al nombrar una serie de
providencias, estas no fueron identificadas adecuadamente, razón por la cual esta
Sala de Decisión se ve imposibilitada para realizar su estudio.
69. Dado que los dos defectos expuestos guardan especial relación entre ellos,
pues sus alegaciones van dirigidas a demostrar que sí se debía ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la señora Cervantes
Castillejo, con ocasión del cumplimiento de 20 años de prestación de sus servicios
como docente territorial; se estudiarán de manera conjunta.
70. La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 191322 para los docentes que
cumplieran 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden
territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demostraran
haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando
buena conducta.
71. En el numeral 3º del artículo 4 ibidem, consagra que para gozar de la pensión
gracia, aparte de demostrar lo indicado precedentemente, se debe comprobar que
22
Por medio de la cual se crean pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuela.
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“(…) no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
(…)”. De acuerdo con lo preceptuado por la Sala Plena de esta Corporación en
sentencia de 29 de agosto de 1997:
“(…) la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales23”. (Subrayado propio)
72. Por lo tanto, se tiene que la prestación en cuestión únicamente se causa para
los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden
departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular
tiempos del orden nacional.
73. De igual forma, el artículo 15 de la Ley 91 de 198924 determinó que: “Los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de
1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la Nación”.
74. Es decir que de lo anterior debe entenderse que el derecho a la pensión gracia
solamente puede ser reconocido a favor de los docentes nacionalizados y
territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980,
descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados
dentro de dicho límite temporal.
75. En la decisión recurrida, la autoridad judicial accionada elaboró la tabla que se
expone a continuación, teniendo en cuenta la “(…) certificación expedida por la jefe
de la Oficina de Gestión Administrativa Docente de la Secretaría de Educación Distrital de
Barranquilla, visible a folios 20, 21 y 288 del expediente administrativo allegado por la
UGPP con la demanda de revisión (…)”:
ACTO DE CARGO DESDE HASTA TIEMPO
NOMBRAMIEN
TO Y ENTIDAD
QUE LO
PROFIRIÓ
PRIMERA ETAPA DOCENTE NACIONALIZADA
Decreto 0479 Nombramiento 9 de agosto de 27 de agosto
de 18 de julio como maestra de 1972 (fecha de de 1972
de 1972, escuela primaria la posesión)
proferido por la del departamento
Gobernación
del
Departamento
del Atlántico
Resolución Designación para 28 de agosto 18 de abril
178 de 28 de desempeñarse en de 1972 de 1974
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Nicolás Pájaro
Peñaranda, Sentencia 29.08.97, Rad. S-699.
24
Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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agosto de 1972 la Escuela No. 20
proferida por la para Varones de
Gobernación Barranquilla
del
departamento
del Atlántico.
Decreto 216 de Aceptación de Total:
7 de mayo de renuncia 1 año, 8 meses y
1974 de la 28 días
Gobernación
del
departamento
del Atlántico.
SEGUNDA ETAPA. DOCENTE NACIONAL25
Resolución Nombramiento Posesionada Hasta el 25 Total: 23 años, 7
2576 de 18 de como profesora el 13 de mayo de diciembre meses y 12 días
abril de 1974 de enseñanza de 1974 de 199726
proferida por el primaria en la
Ministerio de Escuela Normal
Educación Nacional de
Nacional Varones
TERCERA ETAPA DOCENTE NACIONALIZADA ( sin solución de continuidad)
Decreto 2119 Nombramiento 19 de enero 22 de
de 26 de como directivo de 1998, noviembre
diciembre de docente. según los de 2001
1997 dictado Supervisor de efectos
por la Alcaldía educación fiscales del
Distrital de «ascenso». nombramiento
Barranquilla
Resolución Comisión para el 23 de
002068 del 23 desempeño de noviembre de
de noviembre funciones de 2001
de 2001 asesora educativa
del despacho de
la Secretaria de
Educación y el
Departe de
Barranquilla
Resolución Encargada como 30 de abril de
0957 del 30 de Rectora del 2002
abril de 2002 de Colegio CODEBA
la Alcaldía de Barranquilla
Distrital de
Barranquilla
Res. 1225 del 4 Terminación 4 de julio de 13 de enero
de julio de 2002 encargo 2002 de 2016
Resolución . Retiro forzoso 13 de enero 17 años, 11
0028 del 6 de de 2016 meses y 24 días
enero de 2016
de la Secretaria
de Educación
Distrital de
Barranquilla
76. De acuerdo con lo evidenciado, se observa que el Consejo de Estado – Sala
Tercera Especial de Decisión basó su decisión exclusivamente en la valoración
25
Según certificación de 3 de diciembre de 2001 visible a folio 302 suscrita por la Secretaria de Educación
Distrital de Barranquilla expediente digitalizado SAMAI, así como certificación de 13 de agosto de 2012
suscrita por la Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa Docente, visible a folios 149 y 150 del expediente
08001-23-33-000-2014-00195-01 digitalizado en el aplicativo SAMAI.
26
Según formato único de historia laboral de 2 de noviembre de 2018 que obra a folios 491 y 492 del
expediente 08001-23-33-000-2014-00195-01 digitalizado en el aplicativo SAMAI.
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probatoria realizada a los certificados expedidos por la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla, los cuales dieron cuenta del tiempo que la señora
Cervantes Castillejo prestó sus servicios como docente y su modalidad.
77. Descartando así por completo la posible configuración de un defecto fáctico,
en atención a que las pruebas indicadas como desconocidas por la accionante,
fueron justamente las utilizadas por la autoridad judicial demandada para estudiar
el caso concreto en la acción especial de revisión.
78. Aunado a ello, se constata que la Sala Especial de Decisión explicó
debidamente la razón por la cual no podía tener en cuenta para la contabilización
del tiempo laborado, lo registrado cuando la señora Cervantes Castillejo se
desempeñó como docente en la Escuela Normal Nacional de Varones:
“Ahora bien, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia no puede
tenerse en cuenta el tiempo laborado por la señora Cervantes Castillejo como
docente de la Escuela Normal Nacional de Varones, cargo para el que fue
nombrada mediante la Resolución 2576 de 18 de abril de 1974 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, tal como lo señaló la Subsección B, Sección
Segunda de esta Corporación en sentencia de 25 de abril de 2019 , cuando
determinó que no hay lugar a reconocer la pensión gracia para los docentes de las
escuelas normales con connotación nacional, sino para los maestros de las
escuelas normales territoriales (…)”.
79. Lo anterior, para concluir que no se habían acreditado los 20 años de servicios
docentes territoriales o nacionalizados exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, toda vez que la tutelante sólo laboró como docente nacionalizada
por 19 años, 8 meses y 22 días hasta su retiro del servicio.
80. Cabe resaltar las apreciaciones realizadas por la autoridad judicial accionada
encontraron su sustento en un estudio previo sobre toda la normativa aplicable al
tema de reconocimiento y pago de la pensión gracia. En dicho recuento se señaló
la Ley 114 de 1913 con la que se creó la pensión de jubilación para los maestros
de escuelas oficiales que hubiesen prestado sus servicios en el magisterio por un
tiempo no menor de veinte años y sus requisitos establecidos en el artículo 4º.
81. De igual forma se puso de presente la Ley 116 de 1928 y la Ley 37 de 1933
que cobijó a los maestros que hubieran completado los servicios en
establecimientos de enseñanza secundaria. Posteriormente, se expuso lo
referente a la Ley 43 de 1975 y lo establecido en la Ley 91 de 1989, frente a la
cual advirtió que:
“(…) esta Ley buscó amparar la expectativa que en cuanto a pensión gracia
ostentaban todos aquellos docentes que siendo territoriales (es decir, sujetos de
su otorgamiento conforme a la finalidad con la que se previó inicialmente dicha
prestación gratuita), quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización a
31 de diciembre de 1980, fecha en la que culminó el mencionado proceso.
70. Por lo tanto, se consagró un régimen de transición para los docentes
vinculados antes de esta fecha, que les permitiera mantener dicho beneficio hasta
la consolidación de su derecho pensional, protegiendo sus expectativas frente al
coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia,
además, se precisó que, para los demás docentes, es decir los vinculados con
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posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación”.
82. Finalmente, se observa que el Consejo de Estado en su Sala Tercera Especial
de Decisión, utilizó como sustento la jurisprudencia de la Corporación para
concluir que la línea jurisprudencial sobre el reconocimiento de la pensión gracia,
era clara y pacífica en la Sección Segunda alrededor de la importancia del tiempo
de servicio y la modalidad para la determinación del acceso a la prestación.
83. Por consiguiente, esta Sala de Decisión no advierte la configuración del
defecto sustantivo alegado por la parte actora.
84. Por otra parte, en el libelo introductorio se indicó que la señora Norma Cecilia
Cervantes Castillejo poseía la condición de sujeto de especial protección, en
atención a su edad, sin embargo, de los datos relacionados en la tutela se advierte
que la actora tiene 71 años, es decir, que tiene la calidad de adulto mayor, más no
persona de la tercera edad, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional:
De considerarse que todos los adultos mayores requieren una especial protección
constitucional y un análisis más flexible en relación con el principio de
subsidiariedad, sería necesario concluir que todas las peticiones de vejez que ellos
hagan a través de la acción de tutela son procedentes. Tal perspectiva, terminaría
por hacer que las vías ordinarias de defensa judicial laboral en esa materia en
particular queden inoperantes. Ello trastocaría la naturaleza excepcional de la
acción de tutela y comprometería el sistema de distribución de las competencias
judiciales y jurisdiccionales, pues implica indirectamente asumir que la acción de
tutela es el único mecanismo idóneo para reclamar pensiones de vejez de
personas con más de 60 años.
Reconocer entre los adultos mayores a quienes están en una condición de mayor
vulnerabilidad por un criterio etario, permite identificar a las personas que precisan
especial apoyo para la realización de sus derechos, por el desgaste biológico que
implica el paso del tiempo y así, concretar el principio a la igualdad y conservar la
acción de tutela como un medio excepcional y subsidiario de protección de los
derechos fundamentales, en los casos en los que se debate una pensión de vejez.
(…) la Sala encuentra que él es un adulto mayor, pero definitivamente no es una
persona de la tercera edad, al no haber superado la expectativa de vida y, por lo
tanto, no precisa un trato especial en razón de su edad27”.
85. De lo anterior se tiene que, la jurisprudencia ha determinado que el término
“adulto mayor” es la edad con la cual se puede acceder a la pensión, además de
otras normas que consagran los 60 años para ello, sin embargo, el término
“persona de la tercera edad” tiene que ver con la expectativa de vida señalada por el
DANE, que para el año 2021 es de 80 años para mujeres28, es decir que a la
accionante no se le puede hacer un estudio más flexible en atención a su edad ni
se evidencia un perjuicio irremediable o alguna otra condición que permita
apreciarla para tener a la tutelante como sujeto de especial protección
constitucional.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
28
Información extraída de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/estimaciones-del-cambio-demografico
18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Norma Cecilia Cervantes Castillejo
Demandado: Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-02508-00
2.8. Conclusión
86. Así las cosas, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
sustantivo, ni fáctico y, en ese sentido, no vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, a la pensión y a la igualdad
de la señora Cervantes Castillejo, pues profirió su decisión de acuerdo con la
normativa vigente y aplicable al caso concreto y valoró adecuadamente los
certificados expedidos por la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, los
cuales dieron cuenta del tiempo que la señora Cervantes Castillejo prestó sus
servicios como docente y su modalidad.
87. En ese contexto, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado en la
presente acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital y a la seguridad social, a la pensión y a la igualdad de la señora
Norma Cecilia Cervantes Castillejo, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Norma Cecilia Cervantes Castillejo
Demandado: Consejo de Estado – Sala Tercera Especial de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2022-02508-00
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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