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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02527-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02527-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 02527 01
Demandante: Luz Mery Idárraga Tobón y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta

Temas: Tutela contra providencia judicial que decreta caducidad del medio
de control reparación directa en casos de delitos de lesa
humanidad / Contabilización del término / Desconocimiento del
precedente jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte accionante contra la sentencia del
1 de junio de 2022,1 mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, negó el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Los señores Luz Mery Idárraga Tobón, María del Socorro Tobón, María Nubia Salazar
López2, Blas Emilio Idárraga Tobón, José Rodrigo Idárraga Tobón, Diana Milena
Giraldo Idárraga, Wilder Onalder Giraldo Idárraga, Leidy Yurany Idárraga Giraldo,
Deisy Viviana Idárraga Giraldo, Edison Augusto Idárraga Giraldo, Jefferson Leandro
Giraldo Idárraga, Yenny Juliet Giraldo Idárraga, Dubán Augusto Arias Idárraga, Mónica
Yohana Arias Idárraga, Astrid Natalia Idárraga Giraldo, Danilo Andrés Arias Idárraga,
Génesis Dayana Idárraga Tobón, Anlly Lorena Arias Idárraga y Nayeli Idárraga
Giraldo, a través de apoderado, promovieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, por estimar vulnerados sus

1 Impugnación que fue concedida mediante auto del 30 de enero de 2023.
2 Quien actúa en su nombre y en representación de su hijo Néstor Alirio Idárraga Salazar (fallecido).

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Demandante: Luz Mery Idárraga Tobón y otros

derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la igualdad.

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

«[D]ejar sin efecto el auto interlocutorio proferido el 4 de noviembre de 2021 por el H.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA
MIXTA dentro del proceso de Reparación Directa No. 05001333300820180024501.

3. Ordenar al H. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -
SALA QUINTA MIXTA, que en el término que determine esta instancia constitucional,
profiera un NUEVO AUTO INTERLOCUTORIO en el cual se permita continuar con el
trámite procesal del medio de control de Reparación Directa, por la desaparición forzada
y muerte de ORLANDO DE JESÚS IDÁRRAGA TOBÓN, hasta determinar con claridad
si se está o no ante la ocurrencia de hechos amparados bajo el corpus Iuris de derechos
humanos y la demás normatividad internacional suscrita y ratificada por Colombia, que
debe ser resuelta aplicando el bloque de constitucionalidad».

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El 18 de junio de 2018, por intermedio de apoderado, los accionantes,
interpusieron el medio de control reparación directa ante el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Medellín, contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, con ocasión del daño sufrido por la desaparición forzada y posterior
muerte del señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón, en hechos ocurridos el 5 de
septiembre de 2022, cuando junto con su hijo habían emprendido camino hacia la
escuela y «se encontraron a miembros del Ejército Nacional quienes, sin mediar
palabra, dispararon ocasionando[le] la muerte» y posteriormente presentaron el cuerpo
como «dado de baja en combate».

ii) El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, en audiencia inicial
celebrada el 11 de julio de 2019, declaró no probada la excepción de caducidad del
medio de control y, ante el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante proveído del 4 de noviembre de 2021,
resolvió revocar esta decisión del a quo.

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1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

En sentir de los accionantes, la providencia del 4 de noviembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial. Como
fundamento, expusieron lo siguiente:

1.3.1. Defecto Fáctico, se configura, por cuanto:

i) Declaró la caducidad de la acción de plano, sin señalar o justificar los medios de
convicción en los que sustenta la decisión «que no fuera la presunta confesión de
parte» o efectuar el análisis crítico del acervo probatorio incorporado en el expediente.

ii) Hizo énfasis en que el daño fue conocido por los demandantes desde el momento
en que acontecieron los hechos y que, desde allí, ipso iure, se cuentan los dos años
de caducidad, sin considerar siquiera el derecho que le asiste a esta clase de víctimas,
bajo la figura del daño descubierto.

iii) No fueron objeto de análisis de contexto, las pruebas según las cuales apenas en
2017 los demandantes pudieron obtener información veraz de lo ocurrido y de los
autores materiales de los actos de lesa humanidad. Época desde la cual procedieron
a efectuar las denuncias para obtener verdad, justicia y reparación.

1.3.2. Defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial,
su presencia resulta evidente, comoquiera que la decisión cuestionada:

i) Desconoció la normatividad internacional que rige el derecho a la reparación integral
del daño a quienes han sido víctimas de acciones u omisiones del Estado, lo que
conlleva a que infrinja el precedente vertical, pese a que reconoce que se trata de un
caso que reúne los requisitos para catalogarse como un crimen de lesa humanidad;
sin embargo, lo disminuyó a una simple reclamación individual y caducada.

ii) Omite la aplicación de los principios el derecho internacional humanitario: jus cogens
y al corpo jure, al no dar aplicación a la excepción de caducidad en los casos que se

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debaten ante la jurisdicción contenciosa, actos o delitos de lesa humanidad, cuya
garantía imperativa emana de los artículos 93 de la Carta Política y de 8.1 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

iii) Violó el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, en los que se ha determinado, que: «[l]a caducidad no puede enervar la acción
judicial cuando se trate de violaciones a derechos humanos, toda vez que el carácter
de imprescriptible de la investigación, juzgamiento y sanción, así como el imperativo
de reparar integralmente a las víctimas prevalecen en esos casos concretos, en cuanto
se refiere a la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional para reclamar la
indemnización y la adopción de medidas necesarias para el restablecimiento del daño
antijurídico y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el
Estado colombiano, en materia de derechos humanos». Posición fundamentada en las
decisiones del Sistema Interamericano de Derechos humanos y que era la vigente para
la época de presentación de la demanda.

iv) El Tribunal Administrativo de Antioquia3 ya había fijado un precedente en el que
respaldaba la tesis que surge de las garantías procesales que deben primar en el
juzgamiento de actos de lesa humanidad, en el que se oponía a declarar la caducidad
antes de avanzar probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos.

1.4. Actuación procesal

1.4.1. La tutela de la referencia fue admitida por auto del 10 de mayo de 2022, en el
que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta Mixta de Decisión, como demandados y, como tercero interesado al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, para que, dentro del término de dos
días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.4.2. A su turno, mediante auto del 9 de marzo de 2023, el despacho en aras de
integrar debidamente el contradictorio dispuso la vinculación del Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, para que, en el término de tres días contabilizados a partir de la

3 Sala Primera de Oralidad, magistrado ponente. Jorge Iván Duque Gutiérrez, providencia del. 30 de
julio de 2019. medio de control: reparación directa. Radicado. 05001-33-33-021-2018-00084- 01.

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notificación de la providencia, se pronunciara en relación con los hechos y
pretensiones en que se funda la solicitud de amparo, así como de los demás trámites
adelantados en la acción de tutela de la referencia.

1.5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, Daniel
Montero Betancur, ponente de la providencia objeto de estudio, señaló que los motivos
que llevaron a la Sala a declarar probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa, se encuentran consignados en el auto objeto de reproche
en la presente acción de tutela; sin embargo, precisa que en dicho proveído se llegó a
la conclusión de que existían elementos para considerar que las circunstancias fácticas
se enmarcaban en un crimen de lesa humanidad; por consiguiente, conforme a la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado,
el medio de control de reparación directa debió interponerse dentro de los dos años
siguientes al conocimiento de la ocurrencia de los hechos, lo cual no sucedió; por tanto
no se configuran los defectos fáctico y sustantivo alegados.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 1 de junio de
2022 negó el amparo solicitado a través de la presente acción de tutela. Al efecto,
expuso que los reparos efectuados por los accionantes tienen relación directa con la
inaplicabilidad del término de caducidad, por tratarse de un delito de lesa humanidad
y la aplicación del precedente contenido en la sentencia de unificación proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esa Corporación el 29 de enero de 2020; por
consiguiente, el análisis lo realizó frente al desconocimiento del precedente.

Sobre el particular, señaló que la providencia cuestionada para establecer si la
demanda ordinaria había sido presentada de manera oportuna, se fundamentó por un
lado, en los requisitos que para el efecto dispuso la sentencia de unificación antes
referida y, por otro, en los hechos y documentos aportados al proceso, de donde
consideró que los demandantes advirtieron la posibilidad de imputar la responsabilidad
al Estado por la muerte del señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón, el 5 de septiembre
de 2004, fecha de ocurrencia de los hechos, o incluso desde el 1 de julio de 2012 -si

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se contara el término desde el momento en que el Tribunal Superior de Antioquia
profirió sentencia condenatoria penal-, por lo que, para la fecha en que se radicó el
medio de control de reparación directa (18 de junio de 2018) ya había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad.

Así las cosas, concluyó que la decisión adoptada por la Sala Quinta Mixta del Tribunal
de Antioquia se ajustó a los parámetros definidos en la jurisprudencia del Consejo de
Estado para el efecto, que al derivarse en una sentencia de unificación, no podía ser
desconocida por el operador judicial, toda vez que se trata de la interpretación vigente
y vinculante para cuando fue proferida la providencia reprochada.

Agregó que, si bien es cierto que en este caso la demanda fue presentada antes de
que se profiriera la sentencia de unificación previamente referida, la aplicación de esa
providencia es inmediata y las reglas jurisprudenciales allí establecidas aplican al
presente caso porque se trataba de una situación jurídica no consolidada y en la
medida en que la sentencia desarrolló e interpretó una disposición legal, resulta de
imperioso cumplimiento para todos los jueces de la República.

1.7. Impugnación

La parte accionante impugnó la anterior decisión y requirió que fuera revocada, «ya
que: (i) el juez de tutela no entró a revisar los derechos fundamentales en juego ni el
desacato a la Convención Americana de Derechos Humanos y la línea jurisprudencial
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo los principios jurídicos
internacionales de pacta sunt servanda y bona fide, contemplados en el artículo 26 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1969,
mucho menos realizó un estudio de fondo; (ii) no se trata de un tema de mera
interpretación de caducidad, sino de la imprescriptibilidad de la acción resarcitoria que
reviste una clara importancia constitucional y supraconstitucional para analizarse de
fondo en sede de tutela el caso concreto de la desaparición forzada y muerte del señor
Orlando De Jesús Idárraga Tobón»; y, por tanto:

i) El a quo perdió de vista que la sentencia SU del 29 de enero de 2020 proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado no resultaba aplicable al caso sub examine

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y desconoce el precedente judicial establecido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre imprescriptibilidad en temas relacionados con la grave
violación de derechos humanos por delitos de lesa humanidad, pese a que en reciente
pronunciamiento que data del 30 de abril del 2021, el Consejo de Estado, Sección
Tercera dentro del proceso con radicado T- 11001-03-15-000-2020-04068-01, sí lo
había reconocido al indicar que el cambio de criterio y la modificación del propio
precedente judicial, afecta presupuestos procesales de la acción, por tanto, no puede
aplicarse a los casos que se encuentran pendientes de decisión y que fueron
presentados en vigencia de la anterior postura, sino, exclusivamente, a procesos
nuevos.

ii) El asunto decidido en la providencia cuestionada corresponde a un delito de lesa
humanidad derivado de una ejecución extrajudicial y una desaparición forzada, cuya
demanda de responsabilidad administrativa fue presentada en el año 2018.

iii) A la luz de las normas internacionales vigentes, debe tenerse en cuenta que, este
caso no puede verse simplemente como referido a un trámite indemnizatorio o dársele
un tratamiento meramente procesal; por el contrario, la seguridad jurídica debe ceder
con el fin de satisfacer un interés superior, para ofrecer a las víctimas la tutela judicial
efectiva y garantizar el acceso a la justicia.

iv) La autoridad judicial debe garantizar, en forma efectiva, no solo el componente
referido a la reparación, que en términos del derecho internacional humanitario, hace
parte de las garantías de las víctimas, así como del acceso a la administración de
justicia, pues, declarada la caducidad, esta última prerrogativa queda limitada. Por lo
tanto, las particularidades del caso hacen que este goce de gran relevancia
supraconstitucional.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
del 1 de junio de 2022 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y

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en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,4 según el cual «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 4 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, dentro del
proceso de reparación directa con radicación 05001 3333 008 2018 00245 01.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si el referido fallo vulneró los
derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.,
tomando como fundamento los hechos probados referidos a la comisión de crímenes
de lesa humanidad y desaparición forzada, en aplicación de las reglas de decisión
consignadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la

4 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

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Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

5 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

El caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, pues según
los accionantes, el debate planteado en sede contencioso administrativa fue resuelto
sin un adecuado análisis probatorio, normativo y jurisprudencial, atendiendo a las
particularidades del caso, evento que de encontrarse acreditado conduciría a
considerar lesionados los intereses de aquellos.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, que resolvió la apelación propuesta contra
la decisión adoptada en providencia proferida en el desarrollo de la audiencia inicial
celebrada el 11 de julio de 2019 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Medellín; de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de
defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

6Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 4 de noviembre de 2021 y notificada el día 8 de
igual mes y año, mientras que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de
mayo de 2022,8 es decir, dentro de los 6 meses siguientes, término que ha sido
acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio de amparo
constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de reparación directa.

2.4. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 18 de junio de 2018, a través de apoderado, los aquí accionantes, radicaron
ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, el medio de control de
reparación directa, con el propósito de que se declarara responsable patrimonialmente
a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por el daño que
sufrieron por la muerte del señor Orlando de Jesús Idárraga Tobón acaecida el 5 de
septiembre de 2002, en el corregimiento de Santa Ana del Municipio de Granada
(Antioquia).

2.4.2. Durante la audiencia inicial, celebrada el 11 de junio de 2019,9, el despacho
judicial en mención, al momento de decidir las excepciones previas propuestas por la
entidad demandada, declaró no probadas, entre otras la caducidad, al considerar:10

8 Según el acta de reparto registrada en el sistema SAMAI.
9 Folios 402 a 403 expediente digital original de reparación directa.
10 De acuerdo con la transcripción del audio realizada por el ad quem al resolver el recurso de alzada.

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«En lo que refiere a la excepción de caducidad del medio de control, al respecto se tiene
que el literal i) del numeral 2o del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la caducidad del medio de
control de reparación directa dispone: 'Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia'.

No obstante lo dicho, en los casos en que se advierten posibles delitos de lesa
humanidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha fijado algunas excepciones al
fenómeno de caducidad, para lo cual ha sostenido que la aplicación de dicho fenómeno
procesal debe ser analizado conjuntamente con los parámetros establecidos en el
bloque de constitucionalidad y los principios constitucionales, en la medida en que el
juez de lo contencioso administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas
legales, sino que por razón del rol que desempeña en un Estado social de derecho, está
llamado a garantizar la correcta y constitucional interpretación y aplicación de las normas
legales. Ello con fundamento en la fuerza vinculante de los tratados sobre DDHH y su
doctrina, elementos pertenecientes al ius cogens o derecho internacional de los DDHH.

Por lo anterior, el despacho considera que nos encontramos frente a un presunto
supuesto de un delito de lesa humanidad enmarcado dentro del conflicto armado interno,
en un contexto de sistematicidad, como lo son los crímenes perpetrados por miembros
de la fuerza pública en ejecuciones extrajudiciales efectuadas en contra de la población
civil. Conforme a lo expuesto, queda claro que al tratarse posiblemente de un delito de
lesa humanidad, por el carácter imprescriptible de la investigación, juzgamiento y
sanción del mismo, no es posible decretar la caducidad del medio de control, en tanto
las víctimas tendrán la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional para reclamar la
indemnización y la adopción de medidas necesarias para el restablecimiento del daño
antijurídico y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el
Estado colombiano en materia de DDHH. En consecuencia, el despacho declara como
no probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada».

2.4.3. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación con fundamento en que el medio de control de reparación directa fue
interpuesto después de transcurridos dos años con posterioridad al momento en que
los familiares del señor Orlando de Jesús Idarraga Tobón conocieron de su muerte
ocurrida el 5 de septiembre de 2002, o la fecha en que se anotó este hecho en el
registro civil de defunción, esto es, el día 16 de igual mes y año.

2.4.4. Mediante providencia del 4 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta, revocó la decisión adoptada por el a quo que declaró no
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, para
en su lugar acceder a su declaratoria.11

11 Folios 406 a 413 expediente digital original de reparación directa.

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2.5. Análisis de la Sala

Se controvierte en el presente caso la posible vulneración de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad de los accionantes, con la providencia del 4 de noviembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta de Decisión, que declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa adelantado en el contexto de
la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, por ejecución extrajudicial y
desaparición forzada, alegados en la demanda ordinaria.

Alegan los accionantes que dadas las circunstancias en las que perdió la vida el señor
Orlando de Jesús Idárraga Tobón, no resulta posible pasar por alto el bloque de
constitucionalidad y los principios constitucionales derivados del derecho internacional
humanitario, debido a que sucedió como consecuencia del conflicto armado y
constituye un crimen de lesa humanidad que le imprime el carácter de imprescriptible,
en orden a garantizar a las víctimas la posibilidad de obtener justicia, verdad y
reparación, así como el resarcimiento de los perjuicios causados por este hecho como
consecuencia de la responsabilidad administrativa del Estado, aunado a que la
posición jurisprudencial vigente para el momento en que fue interpuesta la demanda,
así lo permitía , tal y como fue reconocido por el juez a quo.

2.5.1. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020,12 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado.

Así, la Sala de decisión procedió a determinar si los fundamentos de la
imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a los delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra tenían aplicación al computar el término de caducidad para

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera ponente Martha

Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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demandar en ejercicio del medio de reparación directa, con ocasión de la
comprobación de las conductas.

De este modo, luego de traer a colación la legislación y jurisprudencia interna en
materia de imprescriptibilidad penal y de la caducidad en los procesos de reparación
directa, la Sala advirtió que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos
individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las
diligencias, y que en materia de reparación directa, el término de caducidad no corre
hasta tanto se cuente con elementos suficientes para deducir la participación del
Estado en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial a la administración.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en caso de acreditarse la comisión de delitos de
lesa humanidad y crímenes de guerra por funcionarios estatales, en materia de lo
contencioso administrativo son susceptibles de análisis y decisión al amparo de la
hipótesis del conocimiento del hecho dañoso, en virtud de lo cual el término de
caducidad deberá operar en estos eventos, con la advertencia que lo será a partir del
momento en que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
produjo o tuvo alguna injerencia en la producción del daño y este era susceptible de
ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló la corporación i) que en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el término
para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que
el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

2.5.2. Caso concreto

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En el presente asunto la providencia objeto de litis consideró que dada la naturaleza
de las pretensiones de la demanda y el cambio jurisprudencial en materia de caducidad
en casos de delitos de lesa humanidad, se debía acudir a las reglas previstas en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, de acuerdo
con las cuales en los casos como el descrito no se exceptúa la aplicación de los dos
años contados a partir del momento en que los demandantes conocieron o debieron
conocer sobre la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, para establecer la oportunidad en
el ejercicio del medio de control.

Señaló que por tratarse de una providencia unificadora, su contenido ata al juez al
momento de decidir casos similares; por tanto, el conteo de la caducidad no implica
necesariamente que este inicie a partir de que se profiera una sanción penal contra el
agente del Estado que ocasionó el daño; por el contrario, basta con conocer que el
perjuicio que se causó le es imputable al Estado por acción y omisión de uno de sus
agentes; de tal forma que si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación
y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo
debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, a menos que se
acredite que la no comparecencia ante la administración fue justificada por razones
materiales.

Bajo este panorama, es claro para esta Sala, que para la fecha en que se emitió la
providencia del 4 de noviembre de 2021, objeto de censura, ya existía un criterio
definido en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa, en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado, que es el que se encuentra previsto en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto,
puede concluirse prima facie que la autoridad judicial accionada estaba en la
obligación de aplicarla dado su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el
artículo 270 del CPACA y en la sentencia C-836 de 2001.

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No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2018,13
cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación administrativa,
el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado, apuntaba a que
no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de
reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos
humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del
17 de septiembre de 2013;14 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015;15 iii) auto del
11 de abril de 2016;16 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;17 y v) sentencia del
31 de julio de 2019,18 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la
Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad.

En el caso que se analiza, se advierte, que la providencia de primera instancia, fue
proferida en la audiencia inicial celebrada el 11 de junio de 2019, esto es, con
anterioridad a que fuera expedida la multicitada sentencia de unificación; de tal forma
que, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín, al decidir la excepción
de caducidad propuesta por la entidad demandada, puso de relieve que, ante la posible
presencia de delitos de lesa humanidad, de acuerdo con la posición jurisprudencial del
Consejo de Estado vigente para la época, dicho fenómeno debía ser estudiado a la luz
de «los parámetros establecidos en el bloque de constitucionalidad y los principios
constitucionales, en la medida en que el juez de lo contencioso administrativo no es

13 La demanda fue presentada por intermedio de apoderado el 18 de junio de 2018.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092).
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida

Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se resolvieron
los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079),
se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los hechos
acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base Militar
antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza pública
que en dicha Toma se configuró una falla en el servicio significándole la condena indudable a la entidad
demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto

Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01.

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un mero ejecutor formal de las normas legales, sino que por razón del rol que
desempeña en un Estado Social de Derecho, está llamado a garantizar la correcta y
constitucional interpretación y aplicación de las normas legales. Ello con fundamento
en la fuerza vinculante de los tratados sobre DDHH y su doctrina, elementos
pertenecientes al ius cogens o derecho internacional de los DDHH».

Igualmente, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a que refirió
como antecedente la posición jurisprudencial según la cual «debía darse aplicación a
los principios pro damato y pro actione y postergar el análisis, tanto de la existencia o
no de una conducta ocurrida en el marco de un delito de lesa humanidad, como del
fenómeno de la caducidad, al momento de dictarse la sentencia, pues, es en dicho
momento donde se tienen suficientes elementos probatorios para esclarecer dichos
aspectos», aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y obvió analizar
las circunstancias particulares del caso, esto es, que para el momento en que se
surtieron estas actuaciones no existía un criterio unificado de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que apuntara a aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos
eventos.

En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado
por la configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial», al
no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso, en consonancia con
los argumentos expuestos en la demanda, ya que solamente aplicó ipso iure a
sentencia de unificación.

Por consiguiente, se trata de morigerar la interpretación rígida de la norma, para dar
paso a los derechos a la tutela judicial efectiva19 y al debido proceso (arts. 2º, 29, 228
y 229 CP, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos20 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos21), en los términos de la jurisprudencia

19 La tutela judicial efectiva hace parte del núcleo esencial del debido proceso.
20 Artículo 25 Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
21 Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,

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establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-086 de 2016:

3.2.- La tutela judicial efectiva ha sido considerada “expresión medular del carácter
democrático y participativo del
Estado”22https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-086-16.htm y “pilar
fundamental de la estructura de nuestro actual Estado Social de Derecho”.23 Encuentra
sustento no solo en el texto de la Carta Política sino en los instrumentos que se integran
a ella a través del bloque de constitucionalidad24. Su vínculo con el Preámbulo es de
primer orden al estar “directamente relacionada con la justicia como valor fundamental
de la Constitución”.25 Apunta al cumplimiento de los fines esenciales del Estado (arts. 1
y 2 CP), entre ellos garantizar la efectividad de los derechos, promover la convivencia
pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la
protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades públicas]26. Además, su consagración expresa como derecho de toda persona
refuerza la valía que quiso darle el Constituyente de 1991 en el ordenamiento jurídico
(art. 229 CP). (…)

El concepto de “efectividad” que acompaña este derecho supone que el acceso a la
justicia no se circunscribe a la existencia de mecanismos nominales para poner en
marcha la administración de justicia, sino que exige un esfuerzo institucional para
restablecer el orden jurídico y garantizar la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
CP).

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de
la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria
en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en
que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores.2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su
elección; c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse
personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho
que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio,
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de
cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas
condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla
el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En
el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la
importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley.6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado
haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un
error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada,
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido.7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
22 Ver Sentencias C-279 de 2013, C-180 de 2014 y T-339 de 2015, entre otras.
23 Ver Sentencia C-426 de 2002. Ver también las Sentencias C-059 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de 1996, C-

1341 de 2000, C-1177 de 2005 y C-279 de 2013.
24 Ver Sentencias C-279 de 2013, C-180 de 2014 y T-339 de 2015, entre otras.
25 Ver Sentencia T-339 de 2015.
26 Ver Sentencias C-426 de 2002, C-1177 de 2005 y C-279 de 2013.

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Demandante: Luz Mery Idárraga Tobón y otros

En este orden de ideas, a partir de la constitucionalización del derecho administrativo,27
de su ratificación mediante la suscripción de tratados internacionales y de los alcances
reconocidos al derecho convencional,28 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos propugna la prevalencia del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y
destaca su carácter reparatorio. Al efecto sostuvo:

En otros casos, el Tribunal ha realizado consideraciones adicionales y específicas
aplicables al caso concreto sobre la violación de este derecho y ha estimado que, ante
la necesidad de remediar esa violación, la obligación de investigar es una forma de
reparación. De lo anterior se desprende que, si bien el derecho a conocer la verdad se
ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, aquel tiene una
naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos consagrados en la
Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso.

Conforme a lo expuesto, para esta Sala, la sentencia cuestionada debió analizar las
circunstancias particulares del caso, bajo el contexto de la ocurrencia de crímenes de
lesa humanidad por ejecución extrajudicial y desaparición forzados alegados en la
demanda de reparación directa.

En consecuencia, en el asunto sub lite procede acceder al amparo invocado, pues el
Tribunal Administrativo de Medellín, Sala Quinta Mixta, en atención a la obligación de
ponderar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los accionantes y de cara a las circunstancias
especialísimas del caso concreto, así como al contexto en que se desarrollaron los
hechos y la posible configuración del daño antijurídico, debe procurar, en asuntos en
los que se evidencia la afectación de derechos especialmente protegidos por la
Convención Americana de Derechos Humanos, la salvaguarda de la justicia material,
con la finalidad de no hacer ilusorias las garantías constitucionales y convencionales,
así como la reparación patrimonial.

Concluye la Sala que cuando se trata de establecer la caducidad de la acción de
reparación directa tomando como referencia el acaecimiento del daño atribuible al

27 MONTAÑA PLATA, Alberto; OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando. (eds.) La Constitucionalización del Derecho
Administrativo: XV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2014.
28 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de convencionalidad: Vicisitudes para su construcción sustancial

en el interamericano de Derechos Humanos. Ideas fuerza rectoras. Trabajo de Investigación Posdoctoral. Madrid:
sistema Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Externado de Colombia, 2016.

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Demandante: Luz Mery Idárraga Tobón y otros

Estado, hay circunstancias que permiten flexibilizar el alcance de la norma. En efecto,
existen eventos en que dicho fenómeno tiene una aplicación exegética y literal, pero
ocurren otros en los que la situación varía como acontece en el caso objeto de litis, en
el que si bien se tiene un referente en cuanto a la fecha en que se produjo el hecho
generador del daño, es lo cierto que solo el transcurso del tiempo y otras circunstancias
particulares imponen inaplicarlo, dada la presencia de un delito de lesa humanidad que
imprime un trato especial.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,
amparará los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y al debido proceso de la señora Luz Mery Idárraga Tobón y otros, en
consecuencia, dejará sin efectos la providencia censurada y ordenará al Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala Quinta Mixta, proferir una nueva decisión en la que
se tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia del 1 de junio de 2022 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual negó las pretensiones de la
acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
Mixta, para en su lugar: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los señores Luz Mery Idárraga Tobón, María
del Socorro Tobón, María Nubia Salazar López29, Blas Emilio Idárraga Tobón, José
Rodrigo Idárraga Tobón, Diana Milena Giraldo Idárraga, Wilder Onalder Giraldo
Idárraga, Leidy Yurany Idárraga Giraldo, Deisy Viviana Idárraga Giraldo, Edison
Augusto Idárraga Giraldo, Jefferson Leandro Giraldo Idárraga, Yenny Juliet Giraldo
Idárraga, Dubán Augusto Arias Idárraga, Mónica Yohana Arias Idárraga, Astrid Natalia

29 Quien actúa en su nombre y en representación de su hijo Néstor Alirio Idárraga Salazar (fallecido).

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Demandante: Luz Mery Idárraga Tobón y otros

Idárraga Giraldo, Danilo Andrés Arias Idárraga, Génesis Dayana Idárraga Tobón, Anlly
Lorena Arias Idárraga y Nayeli Idárraga Giraldo de acuerdo con lo expuesto en este
proveído. En consecuencia:

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 4 de noviembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta dentro del proceso de
reparación directa con radicado número 050013333008201800245-01.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta que, en el
término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda
a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

M.E.C.G.

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