Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02529-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02529-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02529-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
16 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02529-00
Accionante: RICAURTE CALDERON LOZADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / invalidez
del artículo 17 del Acuerdo Municipal 14 del 6 de julio
de 2021, expedido por el Concejo Municipal de Pereira
/ falta de legitimación en la causa por activa
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Ricaurte
Calderón Lozada contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de
conformidad con el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
El antes nombrado, actuando en nombre propio, invoca la protección
de los (i) derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad y (ii) principios de irretroactividad
en materia tributaria, buena fe, confianza legítima y situación jurídica
consolidada, con fundamento en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Ricaurte Calderón Lozada
1. Hechos
El alcalde del municipio de Pereira radicó ante el Concejo Municipal el
proyecto de Acuerdo 18-2021, que proponía diversos beneficios
tributarios e incentivos tales como: disminución de tarifas, tarifa cero
para algunos tributos, gradualidad en la imposición de sanciones y
condición especial de pago en reducción de intereses
moratorios y sanciones, con el propósito de reactivar la economía
local.
Dicho proyecto se convirtió en el Acuerdo 14 del 6 de julio de 2021,
«por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica en
el municipio de Pereira», publicado en la Gaceta Metropolitana
Extraordinaria 63 del 12 de julio de esa anualidad.
La Gobernación de Risaralda solicitó la invalidez del artículo 17 del
referenciado acuerdo, el 4 de agosto de 2021, por considerarlo
violatorio de la Constitución y la ley, en la medida en que el Congreso
es quien tiene la competencia para fijar beneficios tributarios.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2021, declaró, con efectos retroactivos, la invalidez del
artículo 17 del Acuerdo 14 del 2021. Decisión que «consideró que las
condiciones de pago favorable, determinadas en el artículo antes
referido, no se ajustaban al ordenamiento jurídico, a los fines esenciales
del Estado y a la carta política».
2. Fundamentos de la acción
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Accionante: Ricaurte Calderón Lozada
El accionante considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda en
su decisión de 30 de septiembre de 2021, incurrió en los siguientes
defectos:
(i) Violación directa de la Constitución Política, al declarar la invalidez
con efectos retroactivos, debido a que su decisión resulta contraria a lo
reglado en el artículo 363 superior, en el cual expresamente se dispuso
que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
Precisó que las altas cortes han empleado dicho precepto en sus
decisiones judiciales, en aras de dar cumplimiento a los principios de
buena fe y confianza legítima; de manera que resulta menester revisar
en cada caso la configuración de situaciones jurídicas consolidadas, con
el fin de no transgredir dichos principios.
(iii) Defecto sustantivo, debido a que interpretó de forma inadecuada los
artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política y el
artículo 5° de la Ley 489 de 1998, al considerar que con el artículo 17
del Acuerdo 14 de 2021 se desconoció el principio de reserva legal de los
tributos pues en ese acto no se crearon impuestos o gastos locales
contrarios a la ley, sino que se concedieron descuentos de intereses
moratorios sobre tributos previamente adoptados en el municipio de
Pereira desde antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 29 de 2015,
actual Estatuto Tributario Municipal.
Sostuvo que la accionada concluyó erradamente que en el artículo 294
de la Constitución Política se prohíbe al municipio conceder exenciones y
tratamientos preferenciales en relación con los tributos de su propiedad,
cuando esa norma consagra justamente lo contrario, pues es al
legislador a quien se le prohibió conceder exenciones o beneficios
respecto de los tributos territoriales, en virtud del principio de autonomía
territorial.
Puntualizó que, si bien es cierto que la Corte Constitucional, en la
sentencia C-448 de 2020, declaró la inexequibilidad del artículo 7º del
Decreto Legislativo 678 de 2020 que contenía una amnistía tributaria, la
razón de esa decisión consistió en que el presidente de la República
otorgó descuentos sobre la totalidad de los intereses moratorios y de un
porcentaje de los tributos territoriales, con lo cual conculcó la autonomía
fiscal de los entes territoriales. Aunado a ello, resaltó que en dicha
providencia la corporación judicial referida mencionó la posibilidad de
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otorgar amnistías cuando existan situaciones excepcionales que
requieran dichas medidas.
Por último, adujo que dentro de las disposiciones referidas en la
exposición de motivos del Acuerdo 14 de 2021 no se encuentra el
Decreto Legislativo 678 de 2020, razón suficiente para considerar que el
Tribunal accionado no podía ordenar el efecto retroactivo de la invalidez
declarada, al supeditarlo a la sentencia de inexequibilidad C-448 de
2020.
3. Pretensiones
El accionante solicita de forma principal:
PRIMERA: Que declare que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda vulneró mis derechos fundamentales al
“debido proceso”, “igualdad” y al “acceso a la justicia”, en el proceso de
revisión de validez del Acuerdo No.14 de 2021, al proferir la sentencia
de única instancia del 30 de septiembre de 2021.
SEGUNDA: Que deje sin efectos las partes motivas correspondientes
y la parte resolutiva de dicha providencia judicial, en donde se declaró
inválido el artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 y se le dio efectos
RETROACTIVOS a dicho pronunciamiento.
TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de las
pretensiones anteriores, ordene al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda declarar válido el Acuerdo 14 de
2021, en todos sus apartes incluido el artículo 17 de dicho acto
administrativo, por encontrarse de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Y de forma subsidiaria:
PRIMERA: Que deje sin efectos la parte resolutiva de la sentencia
que le da efectos retroactivos al fallo, toda vez que esta interpretación
va en contravía del ordenamiento jurídico y socaba los principios de
confianza legítima, situaciones jurídicas consolidadas y buena fe de los
administrados.
SEGUNDA: Que se declare que el artículo 17 del Acuerdo 014 de
2021 aplicará para los contribuyentes en los tributos mencionados, para
la vigencia del año gravable 2020.
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4. Intervenciones
Mediante auto del 11 de mayo de 2022 se (i) admitió la acción de tutela
de la referencia, (ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Risaralda, como accionado y al municipio de Pereira, a la Gobernación
de Risaralda y a los demás intervinientes dentro del proceso de validez
de acuerdo municipal radicado número 66001-23-33-000-2021-00240-
00, como terceros interesados y (iii) negó la medida provisional pedida
por el señor Ricaurte Calderón Lozada.
4.1. El Departamento de Risaralda, por conducto de apoderada1,
señaló que la acción de tutela es improcedente, pues si se analizan los
hechos y las pretensiones es claro que lo que pretende el accionante es
«activar un pronunciamiento de segunda instancia».
En todo caso, aseveró que «la retroactividad ordenada por el Tribunal
está acompasada con la misma validez, ya que sin esta, el incentivo
tributario fuera de la ley, se convertiría en un mecanismo de recaudo
que tendría validez hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre
su irregularidad, dando lugar a un tratamiento tributario de manera
injustificada, de cara al ciudadano que paga los tributos cumplidamente
transgrediendo los principios de igualdad y equidad tributaria, y con el
detrimento patrimonial que conlleva para el ente territorial.»
4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, por conducto del
magistrado Fernando Alberto Álvarez Beltrán, pidió que se rechace la
1
Diana Milley Cruz Escobar.
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acción de tutela, ya que este mecanismo, en principio, es improcedente
para atacar providencias judiciales.
Sin embargo, precisó que en la providencia cuestionada se dejaron
plasmados los argumentos y consideraciones que motivaron la decisión
de invalidez del artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021, los cuales guardan
consonancia con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, cumpliéndose así con la carga argumentativa que
imponen las decisiones judiciales. Para el efecto, explicó que de la
lectura del aludido artículo se desprende que la reducción del 100 % y
50 % de los intereses moratorios y sanciones previstas en esa norma,
aplicada a obligaciones por impuestos en general adeudados, se
traduce en una amnistía tributaria que solo puede otorgarse por el
legislador y no por la entidad territorial, en atención a la reserva que
consagra el artículo 294 superior.
Puntualizó que, si bien es cierto que en la exposición de motivos del
Acuerdo se indicó que su fundamento recae en la situación excepcional
de la pandemia COVID-19, también lo es que la Corte Constitucional ha
indicado que cualquier amnistía tributaria que las entidades territoriales
resolvieran acoger con base en dicha circunstancia, no podría
proyectarse sobre obligaciones fiscales, cuya exigibilidad se hubiere
materializado antes de la emergencia sanitaria que declaró el Ministerio
de Salud.
II.CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En primer lugar, es preciso determinar:
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¿El señor Ricaurte Calderón Lozada intervino dentro del proceso de
invalidez del Acuerdo 14 de 2021 que promovió la Gobernación de
Risaralda y, en esa medida, está legitimado en la causa por activa?
Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar: (i)
legitimación en la causa por activa y (ii) caso concreto.
(i) Legitimación en la causa por activa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuandoquiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 –reglamentario de la acción de
tutela- indica que esta acción constitucional podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, «por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud […]».
La Corte Constitucional ha señalado que para ejercer la acción de tutela
mediante el uso de la figura del apoderamiento judicial deben
cumplirse ciertos requisitos básicos, comoquiera que ésta surge del
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derecho de postulación que instituye el artículo 229 Superior y que se
desarrolla en las normas procesales2.
De tal suerte, que en la Sentencia T-531 de 20023 se definieron como
requisitos normativos del apoderamiento judicial, los que a
continuación se describen:
«Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala
señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe
realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que
se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover
acciones de tutela debe ser especial.4 En este sentido (iv) El poder
conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en
un determinado proceso no se entiende conferido5 para la
promoción6 de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen7 en el proceso inicial. (iv) El
destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional [...]».
De lo anterior se colige que el principio de especificidad de los poderes
que se otorgan para que se inicie una acción bajo el uso del
apoderamiento judicial, debe acatarse en todo amparo de tutela, pues
de ello depende que se configure la legitimación en la causa por activa.
Igualmente, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
para cada proceso judicial que se pretenda iniciar deben otorgarse
2
Sentencia T-679 de 2007.
3
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
4
En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en
materia de tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de representar
los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o
persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”
5
En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del código de procedimiento civil en la materia, así
en la sentencia T-530 de 1998 acoge y aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los poderes
especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.”
6
En este sentido en la en la sentencia T-695 de1998 la Corte no concedió la tutela impetrada debido a que
el abogado quien presentó la tutela pretendió hacer extensivo el poder recibido para el proceso penal al
proceso de tutela.
7
En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de
la parte civil en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que
el a-quo no debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el poder respectivo
ni manifestó su calidad de agente oficioso.
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poderes específicos, pues un poder para un proceso judicial inicial no
sirve para legitimar una actuación posterior en un litigio de una índole
diferente8.
(ii) Caso concreto
En el presente caso, el señor Ricaurte Calderón Lozada pide la
protección de (i) los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad y (ii) los principios de
irretroactividad en materia tributaria, buena fe, confianza legítima y
situación jurídica consolidada, los cuales estimó transgredidos por el
Tribunal Administrativo de Risaralda al expedir la sentencia del 30 de
septiembre de 2021, que declaró, con efectos retroactivos, la invalidez
del artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021.
Ahora bien, para determinar si hay lugar a analizar de fondo la anterior
controversia, es necesario establecer si el señor Ricaurte Calderón
Lozada se encuentra legitimado para acudir a la presente acción de
tutela y reclamar el amparo de los derechos y principios atrás
enunciados. Así, se advierte que, de conformidad con el artículo 121
del Decreto Ley 1333 de 1986, en el proceso de validez puede intervenir
cualquier persona para defender o impugnar la constitucionalidad o
legalidad del acuerdo y, además, solicitar la práctica de pruebas.
Una vez revisada la información que reposa en el expediente, se
observa que el señor Ricaurte Calderón Lozada no intervino en el
proceso de invalidez con número de radicado 66001-23-33-000-2021-
00240-00, promovido por la Gobernación de Risaralda en contra del
8
Sentencia T-679 de 2007.
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Acuerdo 14 de 2021, mediante el cual se adoptaron medidas de
reactivación económica en ese municipio.
En efecto, la Subsección advierte que el Tribunal Administrativo de
Risaralda el 9 de agosto de 2021, ordenó fijar el referido proceso en
lista, por el término de diez días, término en el cual el agente del
Ministerio Público y cualquier otra persona podrían intervenir y solicitar
la práctica de pruebas. Decisión fue notificada el 12 de agosto de 2021.
Sin embargo, no se aprecia que el señor Ricaurte Calderón Lozada haya
participado en él, pues únicamente se observa la intervención del
municipio de Pereira, del ciudadano Dilber Lenadro Vargas Díaz y del
Ministerio Público.
Para la Sala resulta claro que las personas que hayan podido participar
en el proceso ordinario, a través de los mecanismos judiciales previstos
para el efecto y no lo hicieron, carecen de legitimidad en sede de tutela,
para cuestionar una actuación judicial.
En efecto, el hecho de tener interés en un proceso determinado no se
traduce necesariamente en la legitimidad para actuar mediante acción
de tutela contra las providencias que allí se profieran, en la medida en
que (i) este último mecanismo no es aislado del ordinario y (ii) la
afectación de los derechos fundamentales se concreta durante el
trámite judicial correspondiente y frente a quienes allí actúen.
Así las cosas, es posible concluir que el señor Ricaurte Calderón Lozada
no está legitimado para presentar la presente acción de tutela en contra
del fallo del 30 de septiembre de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, ya que a pesar de contar con la
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oportunidad de participar en el proceso con radicado 66001-23-33-000-
2021-00240-00, no intervino en él y, en ese orden, no puede
considerarse que se le vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad al
interior de esa actuación de invalidez del Acuerdo 14 de 2021.
Por lo expuesto, ante la falta de interés para actuar del accionante, no
es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre los argumentos
de inconformidad planteados. En consecuencia, se rechazará por
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Ricaurte
Calderón Lozada en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, de
conformidad con lo aquí expuesto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor Ricaurte Calderón Lozada en
contra del Tribunal Administrativo de Risaralda de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
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TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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