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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02541-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02541-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada una, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado. TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto de gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02541-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de marzo de 2023

Demandante: María Eugenia Rojas Torres
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Municipio de Manizales – Secretaría de Educación
Radicado: 1100103150002022025410

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02541-00
Demandante: MARÍA EUGENIA ROJAS TORRES
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
MUNICIPIO DE MANIZALES – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Temas: Causal 5ª de revisión - Nulidad originada en la sentencia –
Requisitos para su configuración – Análisis de la
incongruencia externa.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO

OBJETO DE LA DECISIÓN

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la señora María Eugenia Rojas
Torres, por intermedio de apoderado judicial1, con el cual pretende que se infirme
la sentencia dictada el 8 de abril de 2021, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “A”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral, instaurado por la recurrente en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales – Secretaría de
Educación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La señora María Eugenia Rojas Torres presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales – Secretaría de
Educación, en la que solicitó la declaratoria de invalidez del Oficio N.º SEM-UAF-
2063 del 18 de julio de 2016, por medio del cual se le negó el reconocimiento y
pago de los intereses moratorios que –a juicio de la demandante– se causaron

1 El recurso fue interpuesto por el abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, quien cuenta con poder especial
conferido con los requisitos legales.

1
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Demandante: María Eugenia Rojas Torres
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Municipio de Manizales – Secretaría de Educación
Radicado: 11001031500020220254100

“por el pago tardío de la homologación y nivelación salarial del personal administrativo de
la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales”.

1.2. Sentencia de primera instancia

2. Surtido el trámite procesal, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó
sentencia de primera instancia –el 10 de diciembre de 2018– en la que declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por
el municipio de Manizales, concedió “por razones de equidad y justicia” la indexación
a cargo del Ministerio de Educación Nacional2 y negó en lo demás las
pretensiones de la demanda.

3. El a quo del proceso ordinario realizó un recuento del procedimiento que se
adelantó y cuya finalidad era estudiar la procedencia del reconocimiento y reajuste
de las prestaciones económicas a la demandante, como consecuencia de la
homologación y nivelación salarial autorizada por el Ministerio de Educación
Nacional.

4. Del examen de las etapas administrativas surtidas en el mismo, concluyó
que no existe una norma que faculte el reconocimiento de los intereses moratorios
para los casos de pagos de homologación y nivelación salarial y, por ello, debía
negarse tal petición.

5. No obstante, al revisar la situación planteada, evidenció que “(…) el
reconocimiento de los valores causados por homologación y nivelación salarial se produjo
mediante la Resolución 560 del 11 de abril de 2014 y, en ella, no solo se ordenó el pago
de capital correspondiente, sino de la indexación por el período del 1 de enero de 2003 al
31 de diciembre de 2011; sin embargo, el pago solo se produjo el 14 de mayo de 2014,
por tal razón procede indexar la suma liquidada a favor de la actora, entre el 1 de enero
de 2012 y el 13 de mayo de 2014”.

1.3. Sentencia de segunda instancia

6. Las partes demandante3 y demandada4 interpusieron recurso de apelación
en contra del fallo de primer grado, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “A”, en sentencia dictada el 8 de abril de 2021,
que revocó el numeral segundo de la parte resolutiva que accedió por equidad a la
indexación de las sumas reconocidas, confirmó en lo demás y condenó en costas
a la parte demandante.

2 El numeral segundo de la resolutiva dispuso: “(…) RECONOCER POR RAZONES DE EQUIDAD Y
JUSTICIA, que por parte de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, se le reconozca al
actor (sic) una indexación teniendo como base la suma de ¢90.880.533, y como límites temporales para la
liquidación el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de mayo de 2014”.
3 En cuanto no se accedió a sus pretensiones.
4 El Ministerio de Educación Nacional, por cuanto se le impuso como condena, por equidad, pagar el valor

correspondiente a la indexación del valor reconocido por la administración por concepto de ajuste a la
homologación y nivelación salarial, en la Resolución 560 del 11 de abril de 2014, desde la fecha final de la
liquidación de que trata el aludido acto hasta el día anterior a aquel del mes de mayo de 2014 en que se
produjo el pago efectivo de las sumas allí concedidas a favor de la demandante.
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7. El ad quem valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación de
las cuales se concluyó que “(…) entre la fecha de expedición del acto administrativo
antes indicado, esto es, el 11 de abril de 2014 y la fecha en que se materializó el pago de
tales diferencias -mayo de 2014-, no se podría considerar que la autoridad incurrió en
tardanza para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se trató del tiempo
razonable durante el cual el acto administrativo cobró firmeza y se realizaron las gestiones
tendientes para realizar el desembolso; además, tampoco está demostrada,
fehacientemente, la fecha exacta en que se hizo el pago, pues tan solo se indicó que ello
ocurrió en el mes de mayo de 2014, de modo que bien pudo efectuarse cualquiera de los
31 días que lo comprenden, sin que se trate de un lapso desmesurado para proceder de
conformidad”.

8. La Sección resolvió el caso con fundamento en los antecedentes
contenidos en sentencias que resolvieron casos con identidad fáctica y jurídica 5.

9. El fallo se notificó el 11 de mayo de 2021, de tal manera que la sentencia
cobró ejecutoria el 18 de mayo de la citada anualidad.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

10. Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría General del Consejo
de Estado el 6 de mayo de 2022, la señora María Eugenia Rojas Torres, por
intermedio de apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión, en el que
incluyó las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda -
Subsección A, del 8 de abril de 2021, bajo el número referenciado, que
confirma la decisión adoptada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Caldas.

SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la
sentencia viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de
origen, es decir, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B,
conformada por los consejeros de Estado, William Hernández Gómez, Gabriel
Valbuena Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas, para que se resuelva
en debida forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.
TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere
necesarias.” (Subrayas incluidas en el texto).

11. La parte recurrente precisó las etapas del procedimiento administrativo de
homologación y nivelación salarial y reseñó el trámite judicial que se dio en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho.

5 Dentro de los que se encuentra el caso resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

en la sentencia del 1 de marzo de 2018, Exp: 73001-23-33-000-2014-00221-01 (1914-15), M.P. William
Hernández Gómez.
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2.2. Causal de revisión invocada y sustento

12. Como causal de revisión la parte recurrente invocó la contenida en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto
de hecho la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.

13. Argumentó que la sentencia debe declararse nula porque incurrió en una
incongruencia, que sustentó en la consideración expuesta en el proveído, según la
cual “(…) si bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy demanda, fue realizado
con posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, ello no significa per se
la configuración de la mora (…)”.

14. Adujo que el Ministerio de Educación Nacional dispuso que la homologación
se cumpliera en seis (6) meses y no en once (11) años. Advirtió que no comparte
la conclusión según la cual los intereses moratorios reclamados no están
consagrados en alguna disposición normativa, señalando que, según ello, se
deberían expedir normas diversas que ordenen su reconocimiento en aras de
sustentar jurídicamente dicha petición, según cada materia y especialidad.

15. Consideró que se faltó al deber de congruencia porque “a través de la
sentencia objeto de revisión, reconoce que el pago de la homologación, en efecto fue
realizado de manera posterior al momento de su exigibilidad, pero de una manera
totalmente diferente a la expuesta en la demanda. La autoridad judicial entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 11 de abril de
2014, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente retroactivo, y el mes de
mayo de 2014, cuando se efectuó el pago correspondiente, por lo que tal lapso fue
razonable, según la comprensión del despacho.”

16. Aseveró que, contrario a ello, en la demanda se solicitó el reconocimiento
de intereses de mora desde el año 2003, cuando la demandante pasó a
pertenecer a la planta de personal territorial y hasta el año 2014, fecha en la cual
se concretó el pago del retroactivo salarial de que se trata.

17. Precisó que, en ese orden, el sentido que se le dio al período reclamado
difiere con el relacionado en la demanda, con lo cual se desconoció el debido
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución y el principio de
congruencia, previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso6, toda vez
que no existen en el plenario elementos que hubieran llevado al juez a concluir

6 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.”
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que lo pretendido era el reconocimiento de intereses moratorios por un mes y no
por todo el tiempo que se tardó el procedimiento administrativo.

18. Agregó que en la decisión censurada no se analizaron las normas jurídicas
en que debió sustentarse y tampoco se indicaron las razones por las cuales no
procede el reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, por lo que
advierte que no se motivó debidamente la decisión y que esta es “contra legem” y
perjudicial para los intereses de quienes acuden a la administración de justicia.

2.3. Actuaciones procesales relevantes

2.3.1. Auto admisorio de la demanda

19. Mediante auto del 14 de marzo de 2022 se admitió la demanda, proveído
que se notificó a las partes, integrándose en debida forma el contradictorio.

20. También se surtió la notificación al representante del Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a esta última en los términos
y para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

2.3.4. Contestación de la demanda

2.3.4.1. Ministerio de Educación Nacional

21. Esta cartera, por intermedio de apoderada judicial7, se opuso a las
pretensiones de la demanda por considerar que, los argumentos expuestos por la
parte recurrente no corresponden a la causal prevista en el numeral 5º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, sino la pretensión del recurrente de reabrir el debate
jurídico que se surtió en las instancias del proceso.

22. Señaló que los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 8 establecieron el
procedimiento a seguir para incorporar a los docentes, directivos docentes y
administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones, antes situado fiscal, el cual se debía llevar a cabo a
más tardar el 21 de diciembre de 2003.

23. Para ello, se requería un estudio técnico previo, toda vez que se tenían que
fijar las plantas de personal docente, directivo docente y administrativos de los
planteles educativos y luego proveer dichos cargos en las entidades territoriales,
para la prestación del servicio educativo, incorporándolos a las mismas.

7 El jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional le confirió poder especial a la profesional

del derecho Rocío Ballesteros Pinzón, con el lleno de los requisitos legales.
8 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151,288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”
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24. Agregó que, la “municipalización de la educación igualmente se cumplió
mediante un proceso de incorporación y homologación de cargos”, que, para el caso del
personal administrativo del servicio educativo, generó costos derivados del estudio
técnico que involucraba el grado de remuneración que correspondía a las
funciones que debían cumplir, los requisitos exigidos para el cargo, conforme con
las necesidades del servicio y con los elementos estructurales del empleo,
amparados en criterios de igualdad y equivalencia, frente al personal que laboraba
en las plantas de las entidades municipales.

25. Señaló que el Ministerio de Educación, mediante la Directiva Ministerial 10
del 30 de junio de 2005, estableció las directrices para llevar a cabo este proceso
que les correspondió adelantar a los entes territoriales.

26. A continuación, se refirió ampliamente a la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión, a la causal de nulidad originada en la sentencia, al
principio de congruencia y para demostrar que se respetó dicho principio indicó el
problema jurídico planteado en la sentencia, que correspondió al siguiente: “(…si la
demandante tiene o no derecho i) al reconocimiento y pago de los intereses comerciales
y/o moratorios respecto de las sumas otorgadas por concepto de retroactivo, producto de
la homologación y nivelación salarial y ii) a la indexación, por equidad, de las sumas
pagadas en forma inoportuna, por concepto del aludido retroactivo?”.

27. Lo anterior, para concluir que el planteamiento efectuado en la sentencia
que resolvió el proceso guarda total congruencia con las pretensiones de la
demanda y que las motivaciones y el debate surtido en esta estuvieron orientados
a darle respuesta al tal interrogante, por lo que no se configura la causal de
nulidad alegada por la parte recurrente.

28. Finalmente, precisó la evolución normativa y jurisprudencial de la
homologación y nivelación salarial dispuesta para los empleados incorporados en
las plantas de personal de los municipios e indicó los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado que han determinado con carácter
vinculante la incompatibilidad de condenar concomitantemente al pago de
intereses moratorios e indexación, toda vez que los dos conceptos obedecen a la
misma causa que es evitar la devaluación del dinero.

29. Como excepción de mérito, propuso la legalidad de la sentencia censurada,
por considerar que es congruente con lo pedido, lo debatido y lo probado en el
proceso y que se encuentra debidamente motivada porque contiene un análisis
crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, así como la decisión de las
excepciones propuestas.

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2.3.4.2. Alcaldía de Manizales – Secretaría de Educación

30. La entidad territorial, a través de apoderada judicial, solicitó que se declare
infundado el recurso interpuesto por la señora Rojas Torres, con fundamento en
que los yerros atribuidos a la sentencia dictada por la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado no demuestran la vulneración del debido
proceso de la parte demandante.

31. Para el efecto, indicó que los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que
se allegaron al plenario permitieron concluir, sin dificultad alguna, la inexistencia
del derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre la
homologación y nivelación salarial efectuada por la entidad territorial mediante el
Decreto 083 del 11 de marzo de 2008, ajustado posteriormente por el Decreto
0388 del 12 de octubre de 2012, con la autorización y financiación del Ministerio
de Educación Nacional.

2.3.4.3. Concepto del Ministerio Público

32. El representante del Ministerio Público no rindió concepto en el presente
asunto.

2.5. Etapa probatoria

33. Por auto dictado el 1.º de julio de 2022 se decretó la prueba consistente en
la incorporación al proceso del expediente contentivo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, prueba de la cual se dio traslado a las partes en los
términos del artículo 110 del Código General del Proceso el 6 de julio de la
presente anualidad.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL

3.1. Normatividad aplicable

34. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a 2559,
modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.

3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la

9 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.

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señora María Eugenia Rojas Torres, con el cual pretende que se infirme la
sentencia dictada el 8 de abril de 2021, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “A”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral instaurado por la recurrente en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales – Secretaría de
Educación.

35. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del
cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de
Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin
exclusión de la sección que profirió la decisión10.

36. Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión
para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.

3.2.2. Oportunidad

37. En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige contra
la sentencia dictada el 8 de abril de 2021, notificada el 11 de mayo de 2021, la
cual cobró ejecutoria el 18 de mayo de 2021 y el recurso fue interpuesto el 6 de
mayo de 2022, lo que significa que no alcanzó a transcurrir el año al cual se refiere
la norma aplicable al caso.

3.2.3. Legitimación en la causa

38. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que María Eugenia Rojas Torres está habilitada por activa y el
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales – Secretaría de
Educación por pasiva, respectivamente, porque fueron las partes del juicio en el
que se dictó la sentencia, objeto de la petición de revisión del vocativo de la
referencia.

10 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta
sentencia se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir de plano a
todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que no deba
decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se
afectan los principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no
vulnera el principio de imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno
de los magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a
todos los consejeros que participaron de la decisión impugnada.
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3.3. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo dictado el 8 de
abril de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la actora en
contra del Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales, con el
que se pretendía el reconocimiento y pago de los intereses moratorios que –a
juicio de la accionante– se causaron como consecuencia de la dilación del
procedimiento administrativo de homologación y nivelación salarial que se llevó a
cabo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de
2001 y en la Directiva Ministerial 10 de 2005.

40. En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica señalada por la
parte actora, el material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en el
libelo introductorio y en la contestación que realizaron el Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, el problema
jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si se configura en el
sub examine la causal 5ª de revisión, consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, referida a existir nulidad en la providencia que puso fin al proceso y
contra la cual no procede recurso alguno.

41. Como subproblema jurídico, corresponde establecer si en la sentencia se
incurrió en el desconocimiento de los principios del debido proceso y de
congruencia, que conlleve a invalidar la decisión.

42. Para resolver el problema y el subproblema planteados, la Sala abordará
los siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión; ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) principio de
congruencia y violación de este como causal de invalidez; y iv) análisis del caso
concreto.

3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

43. Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley11.

11 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características esenciales que

se indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2.03.2010, Rad. REV-2001-00091,
6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-
02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad. REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad.
REV-037; Sección Tercera, sentencia del 22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010,
Rad. 2007- 00267.
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44. Las providencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales
Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces
Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso.”12

45. Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las
demandas ordinarias, indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de
plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en
el artículo 250 ejusdem, en que se funda el recurso.

46. Constituye un presupuesto de especial trascendencia que la parte actora
aporte las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas, encaminadas a acreditar la
causal de nulidad que alega.

47. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

48. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de
revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo13.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa
13 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo
examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido,
en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con
el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del
juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya
expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso
especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)". Sobre la naturaleza taxativa del recurso extraordinario de
revisión ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
29.04.2015, M.P. Danilo Rojas Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); Sección Primera,
Sentencia de 26.11.2018, radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia Margot Peña Garzón
Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia del 13.10.2020, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV). Esta última sentencia cuenta con la siguiente cita original “Al respecto consultar
sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de: 17 de julio de 2013, rad. 11001- 03-15-000-
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49. Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por
el juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador,
pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la
sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su
validez.”14

50. En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales
como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)15.

3.5. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso

51. Este supuesto corresponde a la causal consagrada en el numeral 5º del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en virtud de la cual “Son causales de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”16.

52. La causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que
buscan circunscribir su alcance, para evitar que ella se emplee con la única
finalidad de que el juez de la revisión se convierta en uno de instancia. Por ello, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las circunstancias que
pueden configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada uno
de los supuestos consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
-hoy 133 del Código General del Proceso-, e incluyó aquellas que, no obstante, no
estar consagradas en esa normatividad, igualmente, permiten interponer el medio
de impugnación, por constituir violaciones al debido proceso.

2009-00062(REV); 26 de febrero de 2013, rad. 11001-03-15-000-2008- 00638-00(REV) y de 18 de octubre de
2005, rads. 11001-03-15-000-1998-00173- 00(REV) y 11001-03-15-000-1999-00226-00(REV).”
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del

3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión, Sentencia del
3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV);
15 De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el

fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación
o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede de lo contencioso
administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14.08.2008, Rad. 16.594
16 En cuanto al alcance de esta causal, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, Sentencia del

7.04.2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad 110010315000201300358-00; Sala Décima Especial de Decisión,
Sentencia del 1.11.2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión,
Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV); Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, Sentencia del 1º.03.2018, M.P. Cesar Palomino Cortés; Rad.
11001-03-15-000-2012-00230- 00(REV); Sala Veintisiete Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03970-00(REV).
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53. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de
revisión, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201617,
explicó:

“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la
sentencia18:
…
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
… (…).”19

54. Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que
surgen de la vulneración directa del artículo 29 constitucional, evento en el cual
corresponderá al juez determinar si el hecho que se considera vulnerador del
debido proceso, puede configurar la causal de revisión citada, circunstancia que
se deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de
convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes
intervienen en un proceso judicial.20

55. Así lo entendió la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las previstas
en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo [hoy
133] y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional,
contemplado en el artículo 29”21.

56. Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una
causal diferente de las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad

17 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. Radicación:

110010315000 2008 00320 00.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 11.05.1998, rad. REV-093;

de 18.10,2005 rad. 2000-00239, de 20.10.2009, rad.REV-2003-00133; y de 7.04.2015, M.P. Jorge Octavio
Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11.06.2009, rad. 836-06; y Sección Primera,
sentencia del 14.12.2009, rad. 2006-00123.
19 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene

plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del

8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), unificó el criterio sobre el alcance de la
causal, precisando que puede configurarse por evidenciarse una violación del artículo 29 Constitucional –
debido proceso.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Melida Valle

de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos decisiones en
igual sentido.
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originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional,
en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega
tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que
ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el
núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso.

57. Cabe destacar que el legislador, en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011,
previó que en aquellos eventos en que se llegare a encontrar acreditada esta
causal se debe declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con
la circunstancia que originó la revisión, y se devolverá el proceso a la autoridad
judicial que dictó la sentencia, para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de
nuevo, según corresponda.

58. Bajo el anterior marco normativo y conceptual se analizarán los
argumentos del recurso en el presente asunto, reiterando que se tendrá en cuenta
el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, aquél que resulte
determinante para el sentido de la decisión.

3.6. Principio de congruencia

59. La congruencia procesal se ha definido como, “el principio normativo que
delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con
el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el
sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del
denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas
oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para
separarse de ellas”.23

60. En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos en
las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos
que se esgrimen en la demanda.

61. Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso,
norma aplicable por remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.22

22 Las citadas normas procesales establecen que “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y

las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”
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62. En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la
congruencia debe ser interna y externa23. La primera obedece a la
correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia;
y la segunda, esto es la externa, a que la decisión contenida en la parte resolutiva
se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación.

63. En relación con este aspecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, expresó:

“El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los
artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con el
305 del C.P.C., [hoy 281 del C.P.G.] que señala que el juez en la sentencia
debe analizar ‘los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones.”24

64. Conforme con lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la
providencia tenga concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido por las
partes y lo decidido por el juez25, en ausencia de lo cual la providencia no es
válida, porque el fallador excede su competencia, la que -se reitera- está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que
constituye un elemento de validez de esta26.

65. Efectuadas las anteriores consideraciones sobre la causal de nulidad
alegada, se analizarán las razones expuestas en la demanda, con el fin de

23 Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P Rocío Araújo Oñate,
11001-03-15-000-2019-03970-00(REV). En esa sentencia se infirmó el fallo por el haberse incurrido en
contradicción entre la parte motiva y la resolutiva del fallo de segunda instancia, por falta de comprobación de
la coincidencia de las reglas y subreglas contenidas en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de
agosto de 2018, aplicables al caso concreto, con lo resuelto en los actos administrativos demandados.
También se consideró que se incurrió en incongruencia externa porque no se examinaron las pretensiones de
la demanda y se les dio a las mismas un alcance y finalidad que no tenían.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16.08.2002, M.P. Juan

Ángel Palacio Hincapié, Rad. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B,
Sentencia del 28.05.2020, M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad. Rad. 11001-03-25-000-2013-00838-00, Sección
Cuarta, Sentencia del 26.07.2013, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Rad. 25000-23-27-000-2008-
00228-02(18380); Sentencia del 22.03.2013, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. 63001-23-31-000-
2010-00110-01(19136); Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 26.10.2017, M.P. Cesar Palomino
Cortés, Rad: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15); Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión, Sentencia
del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV); Sala Veintisiete
Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03970-
00 (REV).
25 Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido
26 Corte Constitucional, Sentencia T-455 del 25.10.2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. En esta sentencia la

Corte precisó que “El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie
acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra
petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario
deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio
de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las
partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.” En
esa medida es parte del núcleo esencial del debido proceso.
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establecer si encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y los
lineamientos que al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación, que
tienen carácter vinculante para las Salas Especiales y las Secciones al momento
de resolver un recurso de esta naturaleza.

3.7. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión
alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta

66. La parte actora consideró que la sentencia debe ser invalidada, por
desconocimiento de los principios del debido proceso y de la congruencia,
principalmente porque en la demanda pidió el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios correspondientes a la duración completa del procedimiento
administrativo de homologación y nivelación de los cargos y desde la
incorporación de la demandante al cargo en la planta de personal del municipio y,
contrario a ello, en la sentencia se interpretó que el reconocimiento se
circunscribía al mes que transcurrió entre la expedición del acto administrativo y el
pago efectivamente realizado que correspondió a un mes y no a once años.

67. Dicho argumento implica examinar las pretensiones de la demanda, las
excepciones propuestas por la parte demandada, la sentencia de primera
instancia, el recurso de apelación y la decisión de segunda instancia, con el fin de
determinar si existe correspondencia entre unos y otros, como lo exige el artículo
281 del C.G.P.

Demanda de Pretensiones:
nulidad y
restablecimiento 1.- Se solicitó la declaratoria de nulidad del oficio SEM – UAF – 2063
del derecho del 18 de julio de 2016, mediante el cual el Municipio de Manizales
negó en sede administrativa los intereses moratorios por la falta de
pago oportuno de la nivelación y homologación salarial.

2.- Como consecuencia de lo anterior, solicitó que le reconocieran i)
los intereses moratorios por el desembolso tardío de la homologación
y nivelación salarial, los cuales deben ser liquidados a la tasa del
interés bancario corriente, por periodos de treinta días, una vez
incurrido el incumplimiento; ii) los intereses moratorios a partir del día
siguiente a los 30 días posteriores a su causación, (1.º de enero de
2003 hasta el 2011), y en adelante hasta el día del pago efectivo del
retroactivo por homologación y nivelación salarial (mayo de 2014); iii)
los intereses reclamados, con base en el capital neto cancelado, sin
incluir el valor que se reconoció por concepto de indexación salarial y;
iv) condenar en costas a la parte demandada, en caso de oponerse a
las pretensiones de la demanda.

3.- De manera subsidiaria, solicitó que se declare el silencio
administrativo ficto presunto, ante la falta de respuesta de la
Secretaría de Educación del Municipio de Manizales a la petición que

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radicó el 24 de julio de 2015, con radicación SAC 7242.

Excepciones El Municipio de Manizales propuso las excepciones de inexistencia de
la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad,
prescripción e inepta demanda, porque el derecho se causó desde el
1.º de enero de 2003, fecha en que fue incorporada a la planta del
municipio de Manizales, de manera que cualquier reconocimiento y
pago de intereses se encuentra prescrito.

El Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda de forma
extemporánea.
Audiencia inicial En esta oportunidad se declararon no probadas la excepciones de
y fijación del inepta demanda y de caducidad.
litigio
Sobre la caducidad, se consideró que el Municipio de Manizales no
demostró que la petición colectiva de los demandantes, dentro de los
que se encuentra la señora Rojas Torres, hubieran sido contestadas
con los oficios N.º SEM – UAF – 3067 del 4 de diciembre de 2015, ni
con el SEM – UAF – 575 del 25 de febrero de 2016, mientras que el
acto demandado, esto es, el oficio SEM – UAF – 2063 del 18 de julio
de 2016 señaló expresamente que dio contestación a los 127
peticionarios, entre ellos la parte demandante de este proceso, por lo
que no operó el fenómeno de la caducidad.

Indicó que las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y prescripción se resolverían al abordar el fondo del asunto.

Asimismo, se fijó el litigio señalando que se circunscribía a determinar
si “¿Tienen derecho la parte actora al reconocimiento y pago de los intereses
de mora sobre la liquidación del valor del retroactivo de su nivelación salarial,
que le correspondió en su calidad de personal administrativo de
establecimiento educativo?” Y “¿Es procedente el reajuste por indexación
sobre el retroactivo de la homologación y nivelación salarial, sin que este
fuera solicitado por la parte actora?”

Sentencia de Previo a abordar el fondo del caso, declaró probada la falta de
primera legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Manizales,
instancia situación que relevó la obligación de estudiar las demás excepciones
propuestas por la autoridad administrativa.

Lo anterior, con fundamento en que el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo de los establecimientos
educativos se adelantó de manera concertada entre la Nación y el
ente territorial por lo que, “(…) quien estaría llamado a reconocer y
pagar -en caso de proceder- los intereses de mora sobre la liquidación
del retroactivo de nivelación salarial (…) sería la Nación representada por
el Ministerio de Educación Nacional, pues (…) se trataría del pago de un
mayor valor cancelado a título de reajuste o nivelación salarial”.

Precisó el trámite de la homologación y nivelación salarial, señalando
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y Municipio de Manizales – Secretaría de Educación
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que el reconocimiento de las diferencias salariales en favor del
personal administrativo perteneciente a la planta de cargos de la
Secretaría de Educación del Municipio de Manizales se reconoció
atendiendo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional a
través del Decreto N.º 0388 del 12 de octubre de 2012, que modificó
el Decreto n.º 083 de 2008.

Explicó que el reconocimiento de los mayores valores resultantes de
la homologación, que fueron actualizados al momento del pago, no
podían tenerse como pago tardío de una obligación, dado que dicho
proceso de nivelación se fundamentó en la necesidad legal de
incorporar el cargo de la demandante que era del orden nacional, a la
planta del municipio, diferencia salarial y prestacional que la afectaba.

Negó el reconocimiento de los intereses moratorios respecto de los
pagos de retroactivos de homologación y nivelación con sustento en
que no existe norma que lo faculte. No obstante, consideró
procedente reconocer la actualización de las sumas reconocidas de
manera tardía, con el propósito de garantizar los derechos del
personal que prestó sus servicios, retribuyendo el valor real monetario
para el momento de la cancelación.

Al respecto, el a quo señaló que “(…) a la parte actora se (sic) le fue
liquidado y reconocido el pago por homologación y nivelación salarial del
periodo comprendido a partir del 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre
de 2011, a través de la Resolución número 560 del 11 de abril de 2014,
notificada el 24 de junio de 2014 (…) se reconoció por indexación del año
2003 al 2011, un valor de $28.116.294, pero si se le canceló la suma
total de $118.996.782, el capital base para la liquidación sería de
$90.880.533. De las pruebas allegadas se constata (…) que el pago
reconocido en la Resolución 560 del 11 de abril de 2014, se hizo a través
de la entidad bancaria el día 14 de mayo de 2014 (…) por lo tanto, la
indexación a que tuviera derecho la parte actora se liquidaría del 1 de
enero de 2012 hasta el 13 de mayo de 2014, teniendo en cuenta (sic)
la base el valor de $90.880.533”. (Destacado del texto original).

Recurso de La demandante:
apelación
Manifestó que lo que se pretende en el litigio es el reconocimiento “de
forma preferente de los intereses moratorios, liquidados con base al
interés bancario corriente efectivos a partir de los treinta días posteriores
a la acusación del derecho (1 de enero de 2003)”, es decir, a partir del
momento en que fue transferida a la planta de personal de la
Secretaría de Educación Municipal, hasta la fecha en que se realizó el
pago tardío por concepto de homologación y nivelación salarial, esto
es, mayo de 2014, ello, deduciendo el valor de la indexación ya
cancelada.

Lo anterior, con sustento en el incumplimiento de la Nación, en
cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de

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Manizales – Secretaría de Educación, en cancelar de manera
oportuna las diferencias salariales debidamente homologadas y
niveladas, mora que solo se podría atribuir a la administración que, de
manera negligente retuvo el emolumento desde el 2003 hasta el
2011, y solo hasta mayo de 2014 lo canceló reconociendo
únicamente la indexación que solo cubre el componente inflacionario,
dejando de lado la indemnización a que tiene derecho por el lapso en
el que no pudo beneficiarse de tal dinero.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional

Aseguró que no se generó un mayor valor por concepto de
homologación, teniendo en cuenta que el proceso se generó a
satisfacción. Indicó que el pago no debía realizarlo la cartera, sino
que dicha competencia correspondía al Municipio de Manizales, que
fue el que se demoró en el desembolso.

Al respecto, manifestó que en todo caso tampoco hubo una dilación
injustificada, sino que se trató de un tiempo prudente con el que
contaba la administración para efectuar el pago.

Expresó que se le estaba condenando por una acción que legalmente
no le es imputable dado que, de conformidad con la Ley 715 de 2001,
las entidades territoriales son responsables de la administración,
distribución y manejo de los recursos del Sistema General de
Participaciones, razón por la que solicitó que se declare la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva del ministerio por no
ser el responsable de la obligación que pretende la parte actora.

Sentencia de Previo a abordar el fondo del asunto, la autoridad judicial que zanjó la
segundo grado segunda instancia del medio de control precisó que, como en el caso
(ratio decidendi) objeto de estudio ambas partes apelaron la decisión de primer grado,
el ad quem se podría pronunciar sin limitaciones.

Mencionó que para llevar a cabo el proceso de homologación y
nivelación salarial que dio lugar a que se produjera el pago del
retroactivo a favor de la demandante, correspondiente a los años
2003 a 2011, se tuvieron que surtir diferentes gestiones por parte de
la administración.

Destacó que en el proceso no se demostró la fecha en que se produjo
el pago de las diferencias salariales que resultaron de dicho proceso,
sin embargo, indicó que lo que sí estaba acreditado es que, producto
del estudio técnico que presentó el ente territorial, se produjo un
ajuste a la homologación y nivelación salarial inicial y que ello se
materializó en octubre de 2012, previa aprobación del Ministerio de
Educación.

Advirtió que los dineros fueron reconocidos a la actora a través de la

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Resolución N.º 560 del 11 de abril de 2014, en la que no solo se
ordenó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial producto del
ajuste al proceso de homologación y nivelación salarial, sino que
también se ordenó la indexación de los valores correspondientes y
que el pago se hizo efectivo en el mes de mayo de 2014.

Aclaró que, entre la fecha de expedición del acto administrativo, 11 de
abril de 2014, y la fecha en que se materializó el pago de las
diferencias, mayo de 2014, no se podía considerar que la autoridad
incurrió en una tardanza injustificada, toda vez que se trató de un
término razonable durante el cual el acto administrativo cobró firmeza
y se realizaron las gestiones tendientes a efectuar el desembolso,
aunado a que tampoco se demostró la fecha exacta en que se realizó
el pago, pues solo se indicó que ello ocurrió en mayo de 2014, de
manera que bien pudo efectuarse cualquiera de los 31 días que lo
comprenden, sin que pueda entenderse dicho lapso como
desmesurado.

En punto de los intereses moratorios, el operador jurídico explicó que
ya la Corporación había tenido oportunidad de pronunciarse en forma
contraria a la pretensión en casos con identidad fáctica bajo el
entendido de que, cuando se demuestre que ha transcurrido un
término razonable entre la expedición del acto de reconocimiento y el
momento del pago, no procederá el reconocimiento de los intereses
moratorios, por lo que en este caso debía confirmarse la negativa.

Aunado a ello, aclaró que los intereses pretendidos en la demanda no
estaban contemplados en una norma expresa que facultara su cobro,
por lo que no había manera de acceder a las pretensiones.

Finalmente, en relación con el reconocimiento de la indexación que
realizó el tribunal, por razones de equidad, la alta corporación
concluyó que la parte actora no lo solicitó en sede administrativa ni en
en la demanda, pues sus argumentos se centraron en exigir el pago
de los intereses moratorios, de manera que, como no hubo
reclamación al respecto, el tribunal no podía hacer un
pronunciamiento extra petita sobre el particular, pues ello excedió el
ámbito de su competencia.

68. El recuento procesal realizado por la Sala permite evidenciar que el
problema jurídico que se resolvió en la sentencia de segunda instancia y la ratio
de la decisión guardan absoluta correspondencia con las pretensiones de la
demanda y encuentran su fundamento en los supuestos fácticos que se
acreditaron, en la apreciación en su conjunto de las pruebas, en especial las que
dan cuenta del trámite administrativo adelantado, así como en los argumentos
expuestos por las partes.

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69. Asunto diferente es que la parte actora haya solicitado el reconocimiento de
los intereses moratorios desde la “causación” del derecho, entendiendo como tal
cada uno de los meses que fueron objeto de homologación y nivelación salarial
posterior, y el operador jurídico le haya aclarado que estos sólo proceden desde la
exigibilidad de la obligación, en el evento de dilatarse el pago, situación que no
acaeció en el sub examine.

70. También se le precisó a la parte demandante que la obligación tan solo se
hizo exigible el 11 de abril de 2014, con ocasión del proferimiento del acto
administrativo definitivo27 que reconoció el derecho y, en consideración a que el
pago se realizó en el mes de mayo de 2014, esto es, solo un mes después, no se
puede predicar la existencia de mora, por cuanto no se presentó una dilación
injustificada de la que se originara el deber de indemnizar a la beneficiaria de la
prestación económica.

71. En efecto, la obligación de pagar las sumas de dinero que fueron
reconocidas en forma retroactiva e indexada se hizo exigible cuando se expidió el
acto administrativo definitivo que finalizó el trámite de homologación y nivelación28
el cual quedó ejecutoriado y, como lo aclaró el Consejo de Estado, en la sentencia
cuestionada, en el mismo no se ordenó el pago de suma alguna por el concepto
pretendido y la beneficiaria tampoco lo solicitó en esa oportunidad.

72. Se destaca que la demandante solicitó el pago de un valor al que no tenía
derecho, por cuanto con antelación a la ejecutoría de la resolución de
reconocimiento de las prestaciones la obligación no era exigible, en consideración
a que no se había determinado que la beneficiaria cumpliera con los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico para tener el derecho a la homologación
y nivelación ni se habían liquidado los valores que le correspondían, como
consecuencia de la aplicación de las normas al caso concreto.

73. Cabe resaltar que una obligación es exigible cuando se puede demandar
ejecutivamente y en este caso el mérito ejecutivo solo surgió con la ejecutoria de
la Resolución N.º 560 del 11 de abril de 2014. Por esa misma razón, no tenía la
posibilidad de generar alguna sanción por su incumplimiento y los intereses
moratorios tienen naturaleza indemnizatoria29.

27 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo los actos definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto y los que hacen imposible continuar la actuación.
28 La Corte Constitucional ha diferenciado entre causación del derecho y exigibilidad en materia de

reconocimiento de prestaciones laborales, entre otras en la Sentencia SU-138 del 14.05.2021, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. Lo anterior al establecer que el requisito de la edad para tener derecho al reconocimiento
de la pensión sanción es una condición de exigibilidad y no de causación, señalando que los dos fenómenos
ocurren en momentos distintos.
29 Corte Constitucional, Sentencia C-604 del 1.08.2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia

se aclaró que los intereses moratorios “son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad
debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios
que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.”
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74. Lo anterior deviene de la redacción del artículo 297 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual,
constituyen título ejecutivo las copias auténticas de los actos administrativos con
constancia de ejecutoria en los cuales conste el reconocimiento de un derecho.

75. No puede entenderse el principio de congruencia como la obligación del
operador jurídico de conceder las pretensiones de la demanda en los términos
precisos en los que estas son formuladas, sino que el mismo consiste en fijar el
litigio de acuerdo con lo pedido y, finalmente, establecer si le asiste el derecho a la
parte actora para acceder o no a ello, con fundamento en argumentos claros y
precisos y eso fue lo que se hizo en la sentencia cuya infirmación se pretende.

76. Efectivamente, se pidió el pago de intereses moratorios derivados del
procedimiento administrativo de homologación y nivelación y sobre ello se
resolvió, solo que fijando los extremos temporales de causación y exigibilidad de
acuerdo con la naturaleza jurídica de la obligación laboral objeto de
reconocimiento.

77. Tampoco puede considerarse, como lo afirma la parte recurrente, que la
motivación fuese insuficiente o defectuosa porque en el fallo objeto de censura se
explicó bajo el principio de razón suficiente y con fundamento en la línea
jurisprudencial clara y univoca de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
porque no procedía el pago de intereses moratorios con ocasión del procedimiento
de homologación y nivelación salarial, con fundamento en la exigibilidad de la
obligación a partir del reconocimiento.

78. Tal línea jurisprudencial está consignada en las sentencias que se citaron
en el fallo que corresponden a las dictadas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 28 de septiembre de 201730, el 7 de diciembre de la misma
anualidad31, el 1.º de marzo de 201832 y el 2 de octubre de 201933, cuyas
principales consideraciones se transcribieron ampliamente.

79. En esas sentencias se resolvieron casos con idéntica situación fáctica y en
ellas se expresó que “transcurrió tan solo un mes entre el acto administrativo que
reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente
y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y
administrativos para terminar el proceso de homologación y nivelación salarial.”

80. Adicionalmente, para que la falta de motivación dé lugar a declarar la
nulidad de la sentencia tiene que ser total y no parcial, pues si se dejó de resolver

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de

28.9.2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (2077-2015).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de

7.12.2017, M.P. William Hernández Gómez, (0905-2015).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1.3.2018, Rad: 73001-23-33-000-

2014-00221-01, (1914-15), M.P. William Hernández Gómez.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 2.10.2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra

Vélez, Rad. 66001-23-33-000-2016-00868-01 (5425-18).
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algún extremo de la litis, situación que aquí no ocurrió, se cuenta con la figura
jurídica de la adición del fallo. Así lo ha considerado esta Corporación, al precisar:

“10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta [corresponde a la causal 5ª de la Ley 1437 de
2011]. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal,
alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas,
por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte
del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del
desconocimiento del precedente judicial (…).”34

81. Finalmente, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, en la sentencia
sí se aplicaron las normas jurídicas que fijaron los lineamientos para el
procedimiento de homologación y nivelación y se estableció el tiempo que tardó el
trámite hasta la decisión definitiva, solo que de ellas no podía derivarse el
reconocimiento automático de los intereses moratorios como lo pretendía la parte
demandante.

82. En virtud de lo expuesto, tal como lo afirmó el Ministerio de Educación
Nacional, lo pretendido por la parte actora es que se revise nuevamente lo
decidido por la autoridad judicial que resolvió el caso en segundo grado, como si
se tratara de una tercera instancia, pues no se puede predicar que el fallo sea
incongruente por el solo hecho de no haber accedido a las pretensiones de la
demanda.

83. Las razones expuestas son suficientes para declarar infundado el recurso
por la causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que la sentencia no incurrió en irregularidad alguna que pueda invalidarla
ni vulnera el principio de congruencia externa, en la medida en que se pronunció
sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones y explicó bajo el principio
de razón suficiente porque no estaban llamadas a prosperar.

3.7. Conclusiones y decisión

84. En el asunto sub judice la parte actora no logró acreditar que se presentó
una nulidad originada en la sentencia, pues lo alegado no corresponde a una
circunstancia capaz de invalidar la providencia, sino que equivale a un
cuestionamiento sobre la interpretación razonable de las normas sustanciales y a
la valoración adecuada de las pruebas allegadas.

34 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor:

José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, M.P. Danilo Rojas
Betancourth. Si bien, la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de
1984, tiene plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada
actualmente en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho
la nulidad originada en la sentencia.
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85. Lo anterior, por cuanto la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado aplicó al caso las reglas normativas y jurisprudenciales que
regulan la materia, dictó la providencia con pleno respeto de estas y en armonía
con las pretensiones de la demanda y los argumentos del recurso de apelación.

3.8. Costas y perjuicios

86. Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, según cual “si se
declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, es
aplicable al sub examine, por haberse presentado el recurso en vigencia de la
referida disposición.

87. Sin embargo, dicha norma no consagra los parámetros para su procedencia
y liquidación, por lo que corresponde realizar la integración normativa con el
Código General del Proceso, que lo regula en el artículo 365, canon que en el
numeral 8º establece que “[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”

88. Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados, causados durante el trámite
de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4º del artículo 366 de la misma normativa, se deben fijar con observancia
de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo
6º del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

89. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena
en costas se soporta en un criterio netamente objetivo valorativo; en este caso,
frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de
revisión y resultan procedentes, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”35.

90. Si bien no aparece en el expediente prueba de gastos y expensas, si
resultan demostradas las agencias en derecho, por cuanto las entidades
integrantes de la parte demandada –Ministerio de Educación Nacional y Municipio
de Manizales– tuvieron que contestar la demanda, con argumentos que resultaron
útiles para el análisis de la presente decisión.

35 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala

fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que
tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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91. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, dado que por virtud del artículo 253 del CPACA, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 365 del CGP, opera en contra de la parte vencida en el
recurso.

92. Se fija como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente la suma
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor del Ministerio de Educación
Nacional y de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales, en la
modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente para cada una, las que serán liquidadas por la Secretaría General
del Consejo de Estado.

93. Lo anterior en aplicación de los criterios contenidos en el artículo 2º del
acuerdo previamente citado que hacen referencia a la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que venció en el
juicio. La cuantía en este caso no está determinada, pero sería determinable a
partir del monto del reconocimiento por concepto de nivelación salarial.

94. Al respecto, se encuentra acreditado que ambas entidades comparecieron
al presente proceso por intermedio de apoderado judicial constituido desde el
momento en que fijó el proceso en lista; es decir, desde el 7 de junio de 2022,
habiendo intervenido eficazmente con la contestación de la demanda,
extendiéndose su gestión durante el trámite del proceso que, por su naturaleza de
recurso extraordinario, constituye un mecanismo célere.

95. Se trata en consecuencia de una gestión que tuvo una duración de cuatro
(4) meses y en la que, por el diseño procesal, la intervención se limita a la
contestación de la demanda y, eventualmente, al debate probatorio sin que resulte
necesario alegar de conclusión o interponer recurso alguno al ser el trámite de
única instancia.

96. Con respecto a la calidad de la actuación profesional, se evidencia que la
defensa judicial de las entidades demandadas presentaron argumentos jurídicos
encaminados a desvirtuar la configuración de la causal de revisión alegada, por lo
que la suma fijada en esta oportunidad –que es igual al monto mínimo permitido-
responde a criterios de idoneidad, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad,
según se analizó en precedencia36.

97. No se condena por concepto de gastos y expensas ni por perjuicios por no
haberse comprobado su causación.

36 El monto de las agencias en derecho se realizó con la aplicación de un test leve de proporcionalidad con la

utilización de los criterios de razonabilidad expuestos.
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IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo
relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la
sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio de
Educación Nacional y de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales,
en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo
legal mensual vigente para cada una, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría General del
Consejo de Estado.

TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto de
gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Salvamento parcial de voto)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MARÍA ADRIANA MARÍN

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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