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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02544-00

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02544-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada por el señor Bernardo Huertas Mejía frente a lo estudiado en el acápite de la subsidiariedad. En lo demás, NEGAR el amparo deprecado, en consideración a lo expuesto en la parte motiva. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Bernardo Huertas Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” Rad: 11001-03-15-000-2022-02544-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02544-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de junio de 2022

Demandante: Bernardo Huertas Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-02544-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación Nº: 11001-03-15-2022-02544-00
Demandante: BERNARDO HUERTAS MEJÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B”
Tema: Tutela contra providencia judicial – niega amparo. Defecto
fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo constitucional presentada por el
señor Bernardo Huertas Mejía contra el Consejo de Estado Sección Segunda,
Subsección “B”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 7 de mayo del 20221, el señor Bernardo Huertas Mejía,
por medio de apoderado judicial, formuló acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. El amparo constitucional fue interpuesto
por la presunta vulneración de sus garantías constitucionales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. Consideró vulnerados dichos derechos fundamentales con ocasión de la de
la sentencia del 28 de octubre del 2021, proferida por la autoridad judicial accionada,
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicado 66001-23-33-000-2015-00156-01 (844-2019).

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1 La tutela fue enviada a la ventanilla virtual de esta Corporación.

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Demandante: Bernardo Huertas Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-02544-00

(…) se ordene revocar y dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia octubre
29 de 2021 (sic) (…) y en su lugar, se profiera sentencia de segunda instancia en la
que se acceda a las súplicas de la demanda.

1.3. Hechos

La Sala encontró los siguientes hechos, que son relevantes para la decisión que se
adoptará en la sentencia:

4. El señor Bernardo Huertas Mejía prestó sus servicios como patrullero de la
Policía Nacional y fue dado de baja debido a una sanción disciplinaria que se le
impuso.

5. La sanción tuvo lugar el 12 de octubre del 2013, cuando el señor Huertas
Mejía se encontraba prestando sus servicios en el municipio de Quinchía –
Risaralda, porque sus superiores le informaron que podía descansar hasta las 21:30
horas y luego reincorporarse a sus labores, pero no lo hizo.

6. Pese a que sus compañeros salieron a buscarlo, no se encontraba en la
estación. Una vez continuaron la búsqueda fuera de las instalaciones, lo hallaron
dentro de un establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas.

7. Fue conducido a la estación de Policía, pero debido a su alto grado de
exaltación, fue necesario que pasara la noche en la sala de retenidos.

8. Con motivo de los hechos indicados, se inició el proceso disciplinario en
contra del señor Huertas Mejía con fundamento en la falta consagrada en el numeral
26 del artículo 34 de la Ley 1015 del 2006 por haber estado presuntamente “bajo el
efecto de bebidas embriagantes durante el servicio”.

9. El proceso disciplinario culminó con actos sancionatorios en contra del señor
Huertas Mejía, en consecuencia, se le destituyó del servicio y fue inhabilitado para
ejercer cargos públicos por el término de 11 años. La sanción fue ejecutada a partir
del 1º de noviembre del 2014.

10. Inconforme con la sanción, el actor ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los anteriores actos. La demanda fue conocida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que en sentencia
del 17 de agosto del 2018 negó las pretensiones.

11. La impugnación presentada por el actor en contra de la decisión de primera
instancia fue conocida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”,
que en providencia del 28 de octubre del 2021 confirmó la negativa.

12. En el fallo cuestionado, la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación decidió lo siguiente:

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Demandante: Bernardo Huertas Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”
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i) No asumió conocimiento del acto que ejecutó la sanción del actor, pues consideró
que de conformidad con las normas del CPACA, este no es susceptible de control
judicial. Por lo tanto, declaró la excepción de inepta demanda respecto de este.

ii) Encontró probado que el señor Huertas Mejía incurrió en la conducta objeto de
sanción disciplinaria establecida en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 del
2006. A tal efecto, mencionó que el 12 de octubre del 2013 el accionante se
encontraba en servicio, particularmente en aislamiento de primer grado. En ese
orden, como fue sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas, era evidente que
incurrió en esa falta.

Puso de presente que en el juicio disciplinario se analizaron las pruebas en debida
forma y no encontró probado ninguno de los cargos aducidos por el señor Huertas
Mejía en contra de los actos que lo sancionaron. Por el contrario, fue evidente que,
de conformidad con los medios de convicción, él no se presentó a formar cuando
fue requerido, tanto así que tuvo que pasar la noche en la sala de retenidos,
circunstancia que constituyó un hecho determinante para probar su estado de
embriaguez.

Manifestó que, para el 12 de octubre del 2013, la Policía Nacional, por medio de
una directiva, conformó un plan nacional para controlar a la minga indígena, y que
todos los uniformados debían estar disponibles para cualquier requerimiento del
servicio. En ese orden, como el actor no atendió esa instrucción ni la que le dieron
sus superiores en la estación, era evidente su desatención al deber policial y por tal
motivo, concluyó que la sanción se impuso de conformidad con la ley.

iii) Respecto de la proporcionalidad de la sanción impuesta, la autoridad judicial no
se pronunció, debido a que fue un aspecto que se alegó en segunda instancia y no
había sido puesto de presente en la demanda y demás etapas anteriores al fallo de
primera instancia, por lo que no podía vulnerar el derecho de contradicción de la
entidad demandada en el proceso.

1.4. Fundamentos de la solicitud

13. La parte actora cuestionó la decisión asumida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación. A tal efecto, formuló los
siguientes reparos:

i) Consideró que el acto de ejecución de la sanción sí debió ser objeto de estudio
en el proceso. Destacó varios fallos del Consejo de Estado en los que, en su sentir,
se ha llegado a esta conclusión.

ii) Alegó que contrario a lo decidido por la autoridad judicial accionada, no es cierto
que se encontrara en servicio. En ese orden, manifestó que el único hecho que

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realmente estuvo probado fue que no se presentó a formar cuando le fue requerido.
Sin embargo, el que haya estado haciendo otras actividades cuando estaba de
permiso o fuera del servicio no pueden ser motivo para que se le imponga una
sanción disciplinaria.

Manifestó que en el proceso los testigos precisaron que el actor no se había
presentado a la formación, pero que no se podía concluir de esos relatos que había
consumido bebidas alcohólicas y menos que había desatendido sus deberes como
uniformado.

Además, indicó que, si bien para el día de los hechos existía una Directiva en la cual
se dijo que los uniformados debían permanecer en aislamiento de primer grado, lo
cierto es que esta circunstancia no fue conocida por el actor. Por lo tanto, mal hizo
la entidad al no respetar sus horas libres por fuera del servicio.

iii) Cuestionó que no se haya hecho un estudio de la proporcionalidad de la sanción,
máxime cuando el juez debe realizar un control íntegro de los actos expedidos en
juicios disciplinarios. Por lo tanto, consideró que se hizo una denegación de justicia
injustamente.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 11 de mayo, el magistrado ponente admitió la tutela.
Ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular en su calidad de terceros con
interés a: i) el Tribunal Administrativo de Risaralda; ii) la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional; y iii) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

15. Asimismo, requirió a las secretarías del Tribunal Administrativo de Risaralda
y a la autoridad accionada, para que remitieran en formato digital la totalidad del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-23-33-000-2015-
00156-01 (844-2019).

16. Adicional a ello ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado, para
que publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos
que la acompañan y de aquella providencia, con el fin de que cualquier persona que
tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el
trámite constitucional de la referencia.

1.6. Intervenciones

17. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes:

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1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

18. El magistrado ponente de la decisión de primer grado consideró que en el
presente asunto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque
el accionante está reiterando los mismos argumentos que expuso en el proceso
ordinario, sin que se haya explicado de qué manera se afectan los derechos
fundamentales alegados.

19. En todo caso, adujo que, si se hiciere el análisis de fondo, debe concluirse
que los fallos dictados en el proceso ordinario fueron razonables y ajustados a
derecho. Esto porque analizaron correctamente las normas aplicables y las pruebas
allegadas al plenario.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

20. El ponente de la decisión atacada manifestó que se remitía a los argumentos
que fueron expuestos en la sentencia y que se atenía a lo que se demostrara en el
trámite.

21. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio, a pesar de que se les
informó del proceso, según consta en las actuaciones del sistema Samai.

2. CONSIDERACIONES

1.7. Competencia

22. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Bernardo Huertas Mejía contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1.8. Legitimación en la causa

23. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

24. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1°, 10º, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales3.

25. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
accionante es titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración
a que fue demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que se expidió la providencia que se cuestiona mediante esta tutela. En
consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal
que al superarse permite el estudio sobre los requisitos generales y particulares de
la tutela y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

26. Por otro lado, se advierte que se reprocha la decisión de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Es por ello
por lo que dicha autoridad judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.9. Problema jurídico

27. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela invocadas y de los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencia judicial?

28. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró las
garantías constitucionales alegadas por el actor, ya que según afirma, no
valoró en debida forma el material probatorio obrante en el plenario del
proceso ordinario, del cual se debía concluir que no se debió imponer sanción
disciplinaria en su contra y no estudió el acto que ejecutó la sanción ni la
proporcionalidad de la misma?

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de la acción de
tutela; iii) requisitos especiales de la acción de tutela y; iv) análisis del caso en
concreto.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.

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1.10. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales6.

31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial9.

32. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra
tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

33. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

34. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

1.11. Estudio sobre los requisitos generales de la acción de tutela

1.11.1. Tutela contra tutela

35. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el
trámite del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.°
66001-23-33-000-2015-00156-01

1.11.2. Inmediatez

36. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la decisión proferida el 28 de octubre del 2021 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y notificada el 9 de diciembre
del mismo año como aparece en el sistema Samai. Comoquiera que la acción de
tutela se presentó el 7 de mayo del 2022, la Sala encuentra que su interposición se

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hizo en un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional,
aún sin contarlo desde la ejecutoria de la sentencia mencionada.

37. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200511 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

1.11.3. Subsidiariedad

38. Teniendo en cuenta que en el presente asunto se cuestiona una providencia
de segunda instancia en el trámite de una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

39. No obstante, el actor reprochó que el juez de segunda instancia no analizó la
proporcionalidad de la sanción impuesta por la Policía Nacional. Al respecto, la
autoridad judicial accionada manifestó que la razón de no hacerlo consistió en que
dicho reparo fue mencionado hasta el recurso de apelación y estudiarlo conllevaría
a la vulneración del derecho de contradicción y defensa de las partes del proceso.

40. Este juez constitucional, acompasado con la postura adoptada por la
autoridad judicial accionada, considera que el cargo relativo a la proporcionalidad
de la sanción propuesto por el accionante en sede de apelación constituye un hecho
nuevo que no fue planteado en la demanda ni en las demás etapas de la primera
instancia, y ello fue lo que conllevó a que el juez no se pronunciara.

41. Es importante resaltar que la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria,
“pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las
controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han
utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir
debates concluidos”12.

42. Se aclara entonces que la oportunidad procesal para que el señor Huertas
Mejía alegara que su sanción fue desproporcionada ocurrió en el momento en el
que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento, al no haberlo hecho en ese

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
12 Corte Constitucional, Sentencia C-132 del 2018.
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instante procesal, feneció la oportunidad que tenía para cuestionar por esa causa la
legalidad del acto que lo sancionó. En ese sentido, se declarará la improcedencia
frente a este asunto.

43. En lo que atañe a los cargos restantes se seguirá el estudio de los requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, para que, en caso
de superarse, se aborde el fondo del petitum.

1.11.4. Relevancia constitucional

44. Para el caso en concreto, la Sala encuentra que este requisito sí se encuentra
cumplido, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en
relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que la controversia propuesta por la parte
accionante es de naturaleza constitucional, al solicitar la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

45. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, se cumple con el requisito
de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados, mediante la argumentación presentada en torno
a los motivos por los que el accionante considera que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, no hizo control de legalidad del acto que ejecutó la
sanción, si esta era o no proporcional, ni tampoco hizo una valoración adecuada de
las pruebas que obraban en el plenario, de las cuales, a su juicio, se tenía que no
debió haberse impuesto sanción disciplinaria en su contra.

46. Dichas pericias argumentativas en la exposición del criterio del demandante
con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus
derechos fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y
evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo
anterior, se cumple con independencia de los yerros en el razonamiento jurídico en
que pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su
proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en
las consideraciones de fondo que sustenten su decisión.

1.11.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

47. Se observa que la parte actora identificó los hechos y explicó detalladamente
las razones por las que considera que las controversias controvertidas incurrieron
en los defectos alegados.

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1.11.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

48. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente caso
porque a las providencias censuradas no se les reprocha ningún error procesal.

1.12. Exposición de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto

1.12.1. Defecto fáctico

49. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201513, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

50. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
para fallar el conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.

13 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son
determinante tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se
para identificar la requiere que de forma específica, se concrete en el escrito
veracidad de los de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
hechos alegados legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
irracional o la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
en pruebas legales para su producción o introducción al proceso. Así las
obtenidas con cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
violación del apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
debido proceso decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

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a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

51. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

52. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

53. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.

1.13. Caso concreto

54. La Sala anticipa que negará el amparo solicitado en la presente acción de
tutela, dado que en la providencia enjuiciada i) se hizo un análisis razonable del
material probatorio; ii) no existe relevancia en cuanto a si efectuó o no control de
legalidad sobre el acto de ejecución y iii) se justificó en debida forma por qué no se
analizarían los argumentos sobre la proporcionalidad de la sanción, según lo que
pasa a explicarse.

55. La parte actora cuestionó el hecho de que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B” hubiera concluido que el actor incurrió en la falta
disciplinaria consagrada en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 del 200614.
En este punto, manifestó que en el proceso no se acreditó que el accionante se
encontraba prestando el servicio cuando fue sorprendido consumiendo bebidas
alcohólicas.

56. Sin embargo, la Sala observa que en la providencia enjuiciada se hizo un
estudio razonable y coherente para concluir que el señor Huertas Mejía sí incurrió

14 Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…)
26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan
dependencia física o psíquica, durante el servicio

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en la falta indicada.

57. En efecto, la autoridad judicial mencionó que la Policía Nacional, en Directiva
operativa transitoria 20/20.10 013 DIPON DISEC de 7 de octubre de 2013 indicó
que todos los uniformados se encontraban en aislamiento de primer grado a partir
del 11 de octubre del 2013. Se recuerda que los hechos ocurrieron el 12 de octubre
de ese año, por lo cual, para la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, no era difícil concluir que el accionante sí estaba en servicio.

58. A tal efecto, puso de presente que de conformidad con la Resolución 3514
del 2009 que consagra el Reglamento de Supervisión y Control de servicios para la
Policía Nacional, se definió qué es el aislamiento de primer grado y las limitaciones
que tienen los uniformados cuando se encuentran en esa situación. Al efecto, la
Sala cita la norma expuesta por la autoridad judicial accionada:

Artículo 64. Definición. Se entiende por alistamiento, el acto por el cual
el personal de la Policía Nacional se mantiene uniformado en
determinado grado de disponibilidad dentro de las unidades o
instalaciones policiales.

(…)

1. Alistamiento de Primer Grado. Es el estado en el cual la totalidad del
personal de una unidad permanece disponible en las instalaciones
policiales con capacidad de cumplir de forma inmediata cualquier clase
de misión, de acuerdo con su especialidad y situación de orden público.

(…)

Parágrafo. En ninguno de los casos de alistamiento el personal
uniformado podrá ingerir bebidas embriagantes.

59. Por lo tanto, la autoridad judicial concluyó que como el actor se encontraba
en aislamiento de primer grado, debía estar disponible y más importante aún, no
podía consumir bebidas alcohólicas. Por lo tanto, concluyó de manera coherente
que incurrió en la falta gravísima mencionada.

60. Ahora, el accionante alegó que no conocía del estado de aislamiento en
primer grado, pues nunca se lo informaron. Además, que la directiva tenía alcance
nacional, pero en ningún momento precisó que fuera para el corregimiento de Irra
en Risaralda. Por lo tanto, afirmó que él se encontraba en permiso y por tal motivo,
podía desarrollar cualquier actividad que quisiera.

61. Sin embargo, la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación
concluyó de manera razonable que ese argumento no era de recibo, pues existía
una orden de servicios en la cual se fijaron unas estrategias y planes especiales
para el fin de semana entre el 11 y el 14 de octubre, en la cual el señor Huertas
Mejía estaba incluido como integrante de ese plan, en su calidad de patrullero de la
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institución, y también se encontraba el corregimiento de Irra en Risaralda. Así se
dijo en el fallo cuestionado:

El otro es la orden de servicio 211/COMAN-PLANE-38.9 de 10 de octubre de 201315,
«Estrategias focales y planes especiales contra los delitos de impacto durante el fin
de semana comprendido del 11 al 14 de octubre de 2013», en virtud de la cual una
de las personas a cargo de sus operaciones y labores, era el demandante en su
calidad de patrullero de la institución.

Sobre este documento, el apelante asevera que no tiene valor probatorio, dado que
«[…] no fue expedid[o] para todo el Departamento de Policía Risaralda sino para
algunas Estaciones de Policía donde llegaría el personal de apoyo […]» (sic), sin
que se hiciera mención a la subestación de policía de Irra, por lo que «[…] no podía
regular [su] situación […]». Respecto de esta aseveración, la Sala encuentra que
carece de sustento, por cuanto si bien en su parte inicial no se refiere a esta última
unidad policial, en su anexo 316 se incluye un cuadro titulado «GRUPO 9. APOYO
IRRA», dentro del que se halla claramente identificado el accionante en su condición
de guía canino y, por ende, este sí se encuentra amparado por dicha orden.

62. En virtud de lo anterior, la autoridad judicial encontró que como el accionante
sí se encontraba en servicio y fue sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas, esto
provocó que no se presentara a formar a la hora ordenada e incluso esto le generó
un alto grado de exaltación que lo llevó a pasar la noche en la sala de retenidos de
la estación. Por lo tanto, incurrió en la falta disciplinaria y debía ser sancionado.

63. Debe tenerse en cuenta además, que cuando se trata de cuestionar el
análisis probatorio efectuado por los operadores jurídicos de instancia, el juez de
tutela se encuentra limitado, pues sólo puede tomar medidas ante la existencia de
una valoración a todas luces arbitraria o caprichosa. Lo anterior, debido a que no
cuenta con la inmediatez para evaluar los medios de convicción, como sí la tienen
los juzgadores naturales, que realizan el estudio probatorio en ejercicio de su
autonomía e independencia. Sobre el punto se pronunció la Corte Constitucional en
la sentencia SU-132 del 2002:

Los jueces son autónomos e independientes para proferir sus decisiones. La
jurisdicción constitucional establecida en sede de tutela no está llamada a
sustituirlos ni a erigirse en última instancia de decisión, ni a resolver las cuestiones
litigiosas en los procesos. En materia probatoria, la revisión que efectúa el juez
de tutela es, entonces, muy limitada por la dificultad que éste encuentra para
calificar de fondo el comportamiento del fallador al valorar los elementos
probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la falta de
inmediatez del juez constitucional con respecto de la práctica de los
mismos. Escapa de la órbita de la competencia del juez de tutela, no obstante la
argumentación de la violación de derechos fundamentales de las personas, ejercer
una valoración de los medios de prueba tal y como le correspondería efectuar al juez
de la causa. El análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se compara con
los alcances de las potestades de los jueces para la práctica y valoración de los

15 Ibidem, ff. 32 a 55.
16 Ibidem, ff. 46 y 47.

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medios de prueba dentro de un proceso en especial, ni para concluir sobre la
conducencia de los mismos para la demostración de los hechos en discusión. El
juez de tutela cumple con la función de verificar si en la decisión pertinente se
evidencia una irregularidad protuberante con las características de una vía de
hecho. De advertirla, emite las órdenes con los parámetros constitucionales
que sean necesarios para que el juez natural enmiende el error en que se
incurrió con violación del ordenamiento superior.

(…)

En la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial, prima la autonomía
e independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza de la misma es el posible
exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un ejercicio arbitrario de esa
discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como director del proceso, el juez de la
causa es el que está llamado a determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del
material probatorio, a través de criterios objetivos y razonables, de manera que
pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión final, utilizando las reglas
de la sana crítica.

64. Por lo tanto, como en el presente asunto no se advierte una valoración
caprichosa ni irrazonable del juez natural, quien en ejercicio de su autonomía
analizó los medios de convicción, la Sala no encuentra ningún reproche al estudio
realizado.

65. Ahora, sobre la inconformidad manifestada por el actor en cuanto a que la
autoridad judicial no estudió la legalidad del acto de ejecución de la sanción, al no
ser un acto susceptible de control judicial, se aclara que en el proceso se hizo el
análisis de los actos que resolvieron imponerle la sanción en su contra.

66. De ese modo, cualquier pronunciamiento que se haga sobre el control judicial
del acto administrativo que ejecutó la sanción sería irrelevante para la decisión que
se asumió en el fallo judicial. Así, también se negará la tutela por ese reparo.

67. Así las cosas, en sentir de la Sala, no se encuentran configurados los
defectos alegados, sino que lo pretendido en esta petición de amparo, es utilizar la
tutela como una tercera instancia, presentando argumentos que fueron analizados
por la autoridad accionada de manera razonable.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

II. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada
por el señor Bernardo Huertas Mejía frente a lo estudiado en el acápite de la
subsidiariedad. En lo demás, NEGAR el amparo deprecado, en consideración a lo
expuesto en la parte motiva.

16

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme
lo fija el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistradag
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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