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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02564-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02564-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02564-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

29 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02564-01
Demandante: ALICIA MORA RINCÓN Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02564-01
Demandantes: ALICIA MORA RINCÓN, ORLANDO BENÍTEZ MORA, JUAN
CARLOS BENÍTEZ MORA, GLORIA SOFÍA BENÍTEZ MORA Y
CLAUDIA MARCELA BENÍTEZ MORA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C”
Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa con el fin de
que se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial del
Estado por homicidio de diputado. Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por las señoras Alicia Mora Rincón, Gloria Sofía Benítez Mora y Claudia
Marcela Benítez Mora y los señores Orlando Benítez Mora y Juan Carlos Benítez Mora,
quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, contra la sentencia de 23 de
junio de 2022, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro de la
acción de tutela en la que se negaron las pretensiones de la solicitud.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes afirmaron que el señor Orlando José Benítez Palencia fue elegido
diputado a la Asamblea Departamental de Córdoba por el partido liberal, para el
periodo 2004 a 2007.

Relataron que el 10 de abril de 2005, miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia atentaron contra el señor Orlando José Benítez Palencia, su hermana Iris
del Carmen Benítez Palencia y su conductor, causándoles la muerte, y sus cuerpos
fueron hallados en el municipio de Tierralta, Córdoba, en inmediaciones de la
denomina zona de distención “Zona de Ubicación de Santa Fe”.

Indicaron que la señora Alicia Mora Rincón y sus hijos Orlando Benítez Mora, Juan
Carlos Benítez Mora, Gloria Sofía Benítez Mora y Claudia Marcela Benítez Mora

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02564-01
Demandante: ALICIA MORA RINCÓN Y OTROS

presentaron acción de reparación directa1 contra la Nación, Ministerio del Interior,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se declarara a dichas entidades
administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados por el
homicidio del señor Orlando José Benítez Palencia y su hermana Iris del Carmen
Benítez Palencia.

Adujeron que el Tribunal Administrativo de Córdoba por fallo de 13 de junio de 2011,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que “no se encontró probado
que el diputado hubiera denunciado amenazas contra su vida, y que en la medida
que el hecho estuvo probado, no se demostró conducta omisiva alguna de parte de
las autoridades demandadas”.

Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación con sustento en la falta de estudio del cargo del riesgo creado y la
posición de garante, a lo que agregaron que no se analizó el título de imputación de
riesgo excepcional y no se valoró el testimonio de la señora Dionis Portillo. La
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en fallo de 27 de abril de
20202, confirmó la decisión apelada, bajo el argumento que “el Estado no es un
asegurador general contra daños, ni la responsabilidad estatal es automática, esto
es, según se consignó en la sentencia, que la responsabilidad no se deriva de la
afectación de un derecho”.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados por la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Córdoba, quienes en sentencias de 27 de abril de 2020 y 13 de junio de 2011, en su
orden, negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa en el
que se solicitó el resarcimiento de los perjuicios causados por la muerte en un
atentado del señor Orlando José Benítez Palencia y su hermana Iris del Carmen
Benítez Palencia.

Afirmaron que las autoridades judiciales accionadas al estudiar la falla en el servicio
omitieron valorar las pruebas que demostraban que el homicidio no era común sino
político, y que las entidades demandadas no cumplieron con su deber de prestar
seguridad en la zona donde ocurrió el atentado.

Sostuvieron que en las sentencias objetadas se incurrió en defecto fáctico, pues no
se valoraron los testimonios de la señora Dionis Portilla y los señores Guillermo
Vergara Soto, Elías Labid Asias Padilla y Guillermo Corrales, de los cuales se podía
concluir que el homicidio tuvo móviles políticos y no comunes, el cual sucedió en la
zona que albergaba a los principales cabecillas de las autodefensas y que estaba en
custodia de las fuerzas militares.

Indicaron que el Tribunal Administrativo de Córdoba afirmó que “la sola existencia de
una zona de diálogos de paz, no le imprimía a la fuerza pública la carga de impedir
que el grupo armado, en este caso las AUC, delinquieran y asesinaran por razones
1
La demanda se radicó en vigencia del Decreto 01 de 1984.
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La decisión se notificó el 1 de noviembre de 2021.
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políticas, lo cual raya en el absurdo, máxime cuando uno de los condenados por el
homicidio del diputado fue el reconocido paramilitar alias Don Berna y no pese a ello
el Tribunal Administrativo de Córdoba se limitó a decir que fue un asunto
imprevisible, de manera ligera y vulneradora de las más elementales expectativas
cuando se acude a un juez, sin sustento válido, más allá de afirmar que como el
diputado no denunció amenazas no hay lugar a imputar responsabilidad al Estado”.

Agregaron que en las sentencias objetadas se pasó por alto varios pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocados en la demanda,
alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, en los cuales se indicó que el
hecho dañino puede ser atribuible a un agente del Estado cuando dentro del ámbito
de su competencia ostenta el deber específico de protección a un determinado
sector de la población.

Resaltaron que las autoridades judiciales no valoraron las comunicaciones y oficios
de la Policía Nacional y el extinto DAS, de las cuales se observaba que no había
denuncias por amenazas, pero a su vez se evidenciaban que los pelotones del
Ejército Nacional se encontraban al sur de Santa Fe de Ralito y que la zona norte
estaba desprotegida, lugar en el que ocurrió el atentado contra los familiares de los
accionantes.

Aseveraron que en el presente asunto se configuró el desconocimiento del
precedente judicial, para lo cual trae a colación las siguientes decisiones:

• Sentencia C-832 de 2001 de la Corte Constitucional.
• Sentencia de 23 de mayo de 2012, dictada por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado dentro del expediente No. 22.592.
• Sentencia de 28 de enero de 2015, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado dentro del expediente No. 32.912.
• Sentencia de 3 de mayo de 2007 de la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado dentro del expediente No. 16.696.
• Decisión de 15 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán Vs Colombia.
• Fallo de 26 de enero de 2006, de la Sección Tercera del Consejo de Estado
correspondiente al expediente No. 20.511.
• Fallo de 4 de diciembre de 2007, dictado por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en el expediente No. 16.894.
• Fallo de 26 de marzo de 2009, proferido por la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del expediente No. 17.994.
• Fallo de 31 de mayo de 2013, de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente No. 25.624.
• Fallo de 12 de junio de 2013, dictado por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del expediente No. 25.949.
• Fallo de 6 de diciembre de 2013, proferido por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, dentro del expediente No. 30.814.

Señalaron que “de acuerdo con las reglas jurisprudenciales incorporadas en las
decisiones mencionadas y explicadas en el presente escrito, las autoridades
judiciales desconocieron que debían valorar el deber de garantía del Estado y como
consecuencia de ello examinar a fondo las actividades que las autoridades hubieran
podido comprobar en relación con dicha garantía, la cual no existió en el presente
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caso. Así las cosas, el desconocimiento de estos precedentes judiciales fueron óbice
para la configuración del defecto fáctico ya comprobado pues tal y como se
desprende de la lectura de las providencias reprochadas, los jueces se limitaron a
determinar si existía una denuncia por parte del diputado, sin haber presentado de
forma explícita las razones por las cuales se apartaban de las reglas jurídicas
vertidas en los pronunciamientos judiciales precedentes, y más aún, no se demostró
con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y
principios constitucionales, lo cual se comprueba con una simple lectura de las
providencias”.

Agregaron que las autoridades judiciales accionadas desconocieron las decisiones
de la Masacre La Rochela Vs Colombia de la Corte IDH, así como la sentencia SU-
1184 de 20013 de la Corte Constitucional, los fallos de 26 de enero de 2006, 4 de
diciembre de 20074, 26 de marzo de 20095, 31 de mayo de 20136 y 12 de junio de
20137 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los que se establecieron el
deber de protección del Estado.

Igualmente, indicaron que en sentencia de 21 de febrero de 2019, dictada por el
Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del proceso de reparación directa bajo
radicado No. 23001-33-31-006-2007-01722-01, iniciado por unos familiares del señor
Orlando José Benítez Palencia y la señora Irires del Carmen Benítez Palencia,
condenó al Estado por los mismos hechos que se reprochan en la presente acción
de tutela.

Finalmente, se refirieron a cada uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que el juez de tutela puede
analizar de fondo y acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formuló la siguiente:
“PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de ALICIA MORA RINCÓN y sus hijos ORLANDO BENÍTEZ
MORA, JUAN CARLOS BENÍTEZ MORA, GLORÍA SOFÍA BENÍTEZ MORA, y CLAUDIA
MARCELA BENÍTEZ MORA.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración disponga dejar sin efecto la
providencia del 13 de junio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y
la sentencia del 27 de abril de 2020, proferida por la Subsección C, de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, notificada personalmente el 11 de noviembre de 2021, dentro del
proceso identificado con el No. 23001-23-31-000-2006-00988-01.

TERCERA: Ordene al Tribunal Administrativo de Córdoba y a la Subsección C, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que dentro de un término prudencial emita
sentencia en la cual se atiendan y garanticen los derechos fundamentales de ALICIA
MORA RINCÓN y sus hijos ORLANDO BENÍTEZ MORA, JUAN CARLOS BENÍTEZ
MORA, GLORÍA SOFÍA BENÍTEZ MORA, y CLAUDIA MARCELA BENÍTEZ MORA,
subsanando los defectos referidos en la presente acción de tutela.

3
M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, expediente No. 16894, C.P.: Enrique Gil Botero.
55
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2009, expediente No. 17994, C.P.: Enrique Gil Botero.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 31 de mayo de 2013, expediente No. 25624, C.P.: Stella
Conto Díaz del Castillo.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 12 de junio de 2013, expediente No. 25949, C.P.:
Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02564-01
Demandante: ALICIA MORA RINCÓN Y OTROS

CUARTA: Cualquier otra que considere el juez de tutela procedente con la finalidad de
amparar los derechos fundamentales de ALICIA MORA RINCÓN y sus hijos ORLANDO
BENÍTEZ MORA, JUAN CARLOS BENÍTEZ MORA, GLORÍA SOFÍA BENÍTEZ MORA, y
CLAUDIA MARCELA BENÍTEZ MORA”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 28 de junio de 2022, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Córdoba allegó copia digital del expediente con radicado No.
23001-33-31-000-2006-00988-01, correspondiente al proceso de reparación directa
promovido por la señora Alicia Mora Rincón y otros contra la Nación, Ministerio del
Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y
Fiscalía General de la Nación.

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de mayo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a las autoridades
judiciales demandadas, así como a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, al
Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del
Interior y al Ministerio Público.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado

En escrito de 31 de mayo de 2022, el consejero ponente informó que “las
consideraciones esgrimidas en la providencia del 27 de abril de 2020 proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para
explicar la improcedencia del amparo solicitado”.

6.2. Respuesta del Ministerio del Interior

En oficio de 27 de mayo de 2022, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos
generales o, en su defecto, se desvincule a la cartera ministerial, pues no es la
entidad que supuestamente lesionó los derechos fundamentales de los
demandantes.

Afirmó que los accionantes no cumplieron con la carga de probar la irregularidad
procesal y que esta tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia
objetada y que, además, afecte o vulnere sus derechos fundamentales.

Resaltó que los reproches que plantea frente al problema jurídico planteado, es un
asunto de instancia, es decir, de mera legalidad y no tiene la connotación
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, pues la fijación del litigio
se realizó en la audiencia inicial, por lo que era en ese momento en el que se debió
manifestar sus reproches y no ahora en la solicitud de amparo.

Indicó que la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico por una
errada interpretación de las pruebas, lo cual no estructura dicho defecto, pues los
argumentos expuestos en el escrito de tutela responden a discrepancias

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hermenéuticas.

Por último, manifestó que la cartera ministerial no tiene legitimación en la causa por
pasiva, pues no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados y el actuar de la entidad.

6.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

En escrito de 1 de junio de 2022, la coordinadora del Grupo Contencioso
Constitucional pidió que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, por
no evidenciarse que las sentencias objetadas vulneraran los derechos
fundamentales de los accionantes.

Afirmó que los fallos cuestionados no vulneran el derecho fundamental al debido
proceso alegado por los accionantes, toda vez que las decisiones judiciales que
negaron las pretensiones de la demanda se apoyaron en la valoración probatoria
allegada al expediente oportunamente, sin que se haya incurrido en un defecto
fáctico.

Señaló que el argumento principal para que no se tuvieran en cuenta los testimonios
relacionados por la parte actora en el escrito de tutela, es que no se probó dentro
del plenario el nexo causal y la falla del servicio de las entidades demandadas, por
no haber brindado la seguridad y proteger la vida del señor Orlando José Benítez
Palencia diputado por el departamento de Córdoba para el periodo 2004 a 2007 y la
de su hermana Iris del Carmen Benítez Palencia.

Agregó que no existe en el plenario algún documento que acredite que el señor
diputado Orlando Benítez Palencia informara a las autoridades militares de
amenazas o haya solicitado protección para su vida a las entidades demandadas.

Sostuvo que de los documentos allegados al expediente se evidenció que el señor
Orlando José Benítez Palencia no solicitó protección en el periodo comprendido
entre el año 2004 hasta el 10 de abril de 2005, a las entidades encargadas de
brindar esa protección, según consta en las certificaciones del Jefe Seccional de
Inteligencia Policial y el Jefe Seccional de Investigación Criminal del Departamento
de Policía de Córdoba, el Coordinador del Grupo Operativo de Córdoba del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y el Jefe de la Unidad de Policía
Judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Para terminar, manifestó que la acción de tutela no puede ser una tercera instancia
en la que se controvierta una decisión adversa a las pretensiones, por lo que era
necesario que se demostrara que la interpretación que realizó las autoridades
judiciales accionadas eran caprichosas y completamente abierta a derecho.

6.4. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio de 1 de junio de 2022, el jefe del Área Jurídica solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se demostró la vulneración de
los derechos fundamentales.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en una errada
valoración probatoria, en tanto efectuaron un análisis coherente y congruente
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respecto del nexo causal para efectos de negar la responsabilidad de la Policía
Nacional con sustento en la inexistencia de pruebas que demostraran que el señor
Orlando José Benítez Palencia informó sobre amenazas en su contra.

Señaló que la tesis planteada en el escrito de tutela es irracional, pues el hecho de
que los familiares fallecidos de los demandantes transitaran en una zona creada por
el Gobierno Nacional para negociar el desarme de grupos paramilitares, no es
prueba para condenar el Estado por omisión en materia de seguridad, mas aun
cuando no hay pruebas de que se hubiese solicitado seguridad a favor de las
víctimas.

Finalmente, manifestó que la solicitud de amparo también resulta improcedente
porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza
injustificada.

6.5. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

En oficio de 31 de mayo de 2022, la profesional especializada de la Unidad de la
Dirección de Asuntos Jurídicos pidió que se declare la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

Sostuvo que la parte actora no sustentó la supuesta configuración del defecto
fáctico por parte de las autoridades judiciales accionadas, a pesar de que los
accionantes tenían la carga de la prueba.

Indicó que las decisiones objetadas se ajustan a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, por lo que el Tribunal Administrativo de Córdoba y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, no pueden ser tildadas de irrazonables,
desproporcionadas, más aún cuando las normas aplicadas por los operadores
judiciales para dar solución al asunto tienen soporte legal y constitucional.

Por último, manifestó que contra la sentencia de segunda instancia la Ley 1437 de
2011 dispone de recursos los cuales no fueron agotados por los accionantes, ni se
demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia de la
solicitud de amparo.

6.6. El Tribunal Administrativo de Córdoba guardó silencio, a pesar de que se le
notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

Por sentencia de 23 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la sentencia objetada
no incurrió en los defectos fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

En primer lugar, precisó que el problema jurídico se abordaría a partir de la decisión
de segunda instancia, es decir, el fallo de 27 de abril de 2020 de la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado.

Indicó que los accionantes aseguraron que los testimonios y las pruebas
documentales, dejadas de valorar, demostraban que en la vía por la que transitaron
los señores Orlando José Benítez Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia no
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había puestos de control de la Fuerza Pública, sin embargo, la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado encontró demostrado lo contrario, pues el 10
de abril de 2005 en ese corredor vehicular hubo un puesto de control de la Policía
Nacional.

Agregó que lo anterior se fundamentó en la certificación expedida por el
comandante del Departamento de Policía de Córdoba a solicitud del Tribunal
Administrativo de Córdoba, la cual fue expedida por una autoridad competente y su
contenido se presume auténtico y veraz, máxime cuando no fue tachado en el
trámite del proceso ordinario.

Resaltó que, si bien la autoridad judicial accionada no se refirió expresamente a las
pruebas que identificó la parte actora, lo cierto es que el razonamiento que la llevó a
encontrar demostrado el referido hecho se sustentó en un medio de convicción que
cumple con los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad.

De otra parte, señaló que en la sentencia del 27 de abril de 2020 no hay ninguna
referencia sobre los motivos que tuvieron los miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia para perpetrar el crimen y tampoco si la investidura del diputado influía
en el análisis de la responsabilidad del Estado, pues el estudio que se desarrolló
versó sobre la responsabilidad del Estado por la omisión de su deber de protección
en una zona que se constituyó transitoriamente para entablar diálogos con un grupo
armado al margen de la ley y, por ello, razonablemente el cargo que desempeñaba
una de las personas que falleció no incidía en el análisis que realizó.

Sostuvo que frente a la falta de valoración del deber de garantía del Estado, no se
hace alusión a un medio de convicción, sino a un concepto propio de la sustancia de
la controversia ordinaria, por lo que no se puede predicar un error en la valoración
probatoria y, por ello, no se observa la afectación a una garantía superior.

Resaltó que los demandantes del medio de control de reparación directa no son
quienes determinan el título de imputación aplicable a los supuestos de hecho que
plantean, sino las autoridades judiciales que conocen su caso al establecer los
presupuestos fácticos que se encuentran probados y argumentar su decisión. Por
consiguiente, el hecho de que se escogiera un régimen de imputación distinto al que
plantearon los tutelantes en el proceso ordinario, no significa que se hubieran
vulnerado sus derechos fundamentales, por cuanto la autoridad judicial accionada
estaba facultada para hacerlo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, afirmó que la decisión dictada
en el caso de la masacre de Mapiripán Vs Colombia no guarda identidad fáctica y,
por ello, no se puede pretender obtener el mismo trato jurídico, más aun cuando los
señores Orlando José Benítez Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia fueron
asesinados por miembros de un grupo armado ilegal que ejercía influencia en el
departamento de Córdoba mientras tal organización adelantaba diálogos con el
Gobierno Nacional y en este crimen no se indicó que participaran agentes del
Estado.

Agregó que la autoridad judicial accionada no debía atender el criterio expuesto en
la sentencia de 15 de septiembre de 2005, proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, para resolver en segunda instancia el medio de control de
reparación directa que promovió la parte actora.
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Indicó que en la sentencia C-832 de 2001, la Corte Constitucional resolvió la
demanda de inconstitucionalidad parcial que presentó un ciudadano contra el
numeral 9° del artículo 139 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 44 de
la Ley 446 de 1998, que estableció el término de caducidad del medio de control de
repetición, disposición que declaró exequible y no se pronunció sobre el título de
imputación aplicable a los casos en los que se debate la responsabilidad del Estado
por los daños causados en las zonas que se constituyen transitoriamente para
entablar diálogos con grupos armados al margen de la ley, razón por la cual no se
creó una regla de decisión que debiera ser aplicada por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado.

Señaló que las otras providencias que invocan los accionantes fueron dictadas por
la Sección Tercera, Subsección “A” y “B” del Consejo de Estado, por lo que se
omitió que la mencionada Sección estaba conformada por tres subsecciones, razón
por la cual los pronunciamientos que alegan los demandantes no son vinculantes
para la autoridad judicial accionada y, por esa razón, la omisión de aplicarlo no
configura un desconocimiento del precedente.

Afirmó que al no existir una sentencia de unificación, sobre el título de imputación
aplicable cuando se debate la responsabilidad del Estado por los daños causados
en las zonas que se constituyen transitoriamente para adelantar diálogos con
grupos al margen de la ley, la autoridad judicial accionada tiene la libertad de
adoptar la tesis que considere se adecúe en mayor medida al ordenamiento jurídico
y no está obligada a acoger el criterio de la Subsección “A” o de la Subsección “B”.

Mencionó que si bien las sentencias de 23 de mayo de 2012 y de 28 de mayo de
2015 fueron dictadas la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, lo
cierto es que estas no guardan similitud fáctica y, por lo tanto, tampoco puede
dárseles el mismo trato jurídico.

Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo de Córdoba en fallo de 21 de
febrero de 2019, dictado en la segunda instancia dentro del expediente con radicado
N° 23001-33-31-0006-2007-01722-01, accedió a las pretensiones de la demanda
que presentaron algunos hermanos y sobrinos de los señores Orlando José Benítez
Palencia e Iris del Carmen Benítez Palencia, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional, sin embargo, lo dispuesto en este pronunciamiento no es
vinculante para la autoridad judicial accionada, comoquiera que las decisiones
proferidas por los tribunales del país no crean reglas de derecho que deban ser
aplicadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que éste es el que tiene la
función constitucional de consolidar los criterios interpretativos que deben seguir las
demás autoridades judiciales que componen la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, además que en dicho proceso se contó con el informe rendido el 5
de mayo de 2005 por el subintendente Robert Fernando Bonilla Nadad, elemento
probatorio que no obró en el expediente del caso objeto de estudio y que, permitió a
la autoridad judicial, arribar a una conclusión distinta sobre la responsabilidad del
Estado.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes, por intermedio de su apoderado judicial, impugnaron la sentencia de
9
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primera instancia, para lo cual insistieron en que en el presente asunto se
configuraron los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

Afirmaron que el fallo impugnado resulta contradictorio al reconocer que la
sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario no hizo análisis de las
pruebas testimoniales obrantes pero que ello no constituye un defecto fáctico, lo que
resulta cuestionable, toda vez que el análisis de las pruebas testimoniales en
contraste con la documental (certificación de la policía), daban cuenta de que esta
última no ofrecía veracidad.

Señalaron que la decisión impugnada se omitió que el artículo 176 del Código
General del Proceso, dispone que las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto
de acuerdo con la sana crítica, de manera que a la luz de dicha disposición legal no
puede ser de recibo que una autoridad judicial le dé mayor valor probatorio, como
ocurrió en el caso concreto, a una certificación de la Policía y deseche sin analizar
varios testimonios que desacreditaban dicha prueba testimonial.

Indicaron que el defecto fáctico se traduce en que en el proceso de reparación
directa que dio lugar a las sentencias violatorias de los derechos fundamentales
tenía por objeto determinar si a las entidades demandadas les era imputable el daño
sufrido por los demandantes por la retención y homicidio del señor Orlando José
Benítez Palencia y sus acompañantes por parte de un grupo armado en
inmediaciones de la denominada zona de Ralito, de allí que las autoridades
judiciales consideraron que el problema jurídico se reducía a determinar si se había
configurado una falla del servicio por incumplimiento del deber de seguridad y
protección.

Insistieron en la falta de valoración de los testimonios rendidos por la señora Dionis
Portilla y los señores Guillermo Vergara Soto, Elías Labid Asias Padilla y Guillermo
Corrales, así como las comunicaciones y oficios de la Policía Nacional y el DAS.

Agregaron que en el testimonio rendido por la señora Dionis Portilla se afirmó que
en el trayecto de la ruta en que fueron retenidos, no encontraron presencia de la
fuerza pública, por lo que al valorar las pruebas en conjunto se evidenciaba una
“posible duda sobre si existió o no protección de la fuerza pública en la zona, lo
debido era darle credibilidad a los testimonios que referían la omisión del Estado
máxime cuando el daño (retención y homicidio) estaba acreditado de forma certera”.

Finalmente, en relación con el precedente judicial reiteraron las decisiones de La
Rochela Vs Colombia de la Corte IDH, así como la sentencia SU-1184 de 20018 de
la Corte Constitucional, los fallos de 26 de enero de 2006, 4 de diciembre de 20079,
26 de marzo de 200910, 31 de mayo de 201311 y 12 de junio de 201312 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la decisión de 21 de febrero de 2019 del Tribunal
Administrativo de Córdoba.

8
M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, expediente No. 16894, C.P.: Enrique Gil Botero.
1010
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2009, expediente No. 17994, C.P.: Enrique Gil Botero.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 31 de mayo de 2013, expediente No. 25624, C.P.: Stella
Conto Díaz del Castillo.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 12 de junio de 2013, expediente No. 25949, C.P.:
Mauricio Fajardo Gómez.
10
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe
revocar la sentencia de 23 de junio de 2022, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela, y si debe
acceder a la protección constitucional solicitada porque la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado en el fallo de 27 de enero de 2020 13, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, al incurrir, supuestamente, en los defectos i)
fáctico, por la omisión en la valoración en conjunto de los testimonios rendidos por
la señora Dionis Portilla y los señores Guillermo Vergara Soto, Elías Labid Asias
Padilla y Guillermo Corrales, así como las comunicaciones y oficios remitidos entre
la Policía Nacional y el DAS que demostraban que por la zona donde ocurrió el
atentado no había presencia de las fuerzas militares y ii) en desconocimiento del
precedente judicial, al no aplicar las decisiones de La Rochela Vs Colombia de la
Corte IDH, así como la sentencia SU-1184 de 2001 de la Corte Constitucional, los
fallos de 26 de enero de 2006, 4 de diciembre de 2007, 26 de marzo de 2009, 31 de
mayo de 2013 y 12 de junio de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
la decisión de 21 de febrero de 2019 del Tribunal Administrativo de Córdoba.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos14 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos15, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201216, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

13 Si bien en el escrito de tutela los accionantes reprochan las sentencias de primera y segunda instancia, en el fallo
impugnado se delimitó el debate solo a la decisión del ad quem, sin que la parte actora presentaron algún alegato frente a
esto. Por consiguiente, para mantener la congruencia en el debate, el problema jurídico se plantear en los términos de la
providencia impugnada.
14
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
15
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
16
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
11
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Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200518.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico19; (ii) Defecto procedimental absoluto20; (iii) Defecto
fáctico21; (iv) Defecto material o sustantivo22; (v) Error inducido23; (vi) Decisión sin
motivación24; (vii) Desconocimiento del precedente25 y (viii) Violación directa de la
Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo26 y de la Corte Constitucional27.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
17
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
20
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
21
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
22
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
23
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisn que afecta derechos fundamentales.
24
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
25
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
26
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
27
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-
490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P.
Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
12
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y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 23 de junio de 2022,
negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se demostró la
ocurrencia de los defectos fáctico y en desconocimiento del precedente judicial, en
tanto las pruebas valoradas no demostraban la responsabilidad del Estado y las que
no fueron mencionadas en el fallo no incidían en el resultado del proceso, además
que las providencias que se invocaron no guardan similitud fáctica con el presente
asunto, por lo que no le era exigible a la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado aplicar las reglas jurisprudenciales que se desarrollaron en los
pronunciamientos a los que se refiere la parte actora.

Los demandantes impugnaron la anterior decisión, para lo cual insistieron en que la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado incurrió en los defectos
fácticos y en desconocimiento del precedente judicial, al confirmar la decisión de
negar las pretensiones tendientes al resarcimiento de los perjuicios causados por la
muerte del señor Orlando José Benítez Palencia y su hermana Iris del Carmen
Benítez Palencia, a mano de grupos paramilitares en el municipio de Tierralta,
Córdoba.

4.2. La Sala observa que aun cuando en ambas instancias se negaron las
pretensiones de la acción de reparación directa que adelantaron los demandantes,
el asunto tiene relevancia constitucional porque el análisis que realizó la segunda
instancia fue diferente al que desarrolló el a quo, a lo que se agrega que el debate
que propone la parte actora se refiere al contenido y alcance de los derechos
fundamentales invocados.

4.3. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se
sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
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Constitución28, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión29.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.4. En el asunto bajo examen, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de
Estado en el fallo de 27 de abril de 2020, objeto de tutela, confirmó la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones del medio de control de reparación
directa tendientes al pago de los perjuicios causados por la muerta del señor
Orlando José Benítez Palencia y su hermana Iris del Carmen Benítez Palencia, para
lo cual, en primer lugar, se refirió a los hechos probados, así:

““6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se
demostraron los siguientes hechos:

6.1 Orlando José Benítez Palencia fue elegido diputado a la asamblea departamental de
Córdoba para los periodos 2001 a 2003 y 2004 a 2007, según da cuenta copia simple de
las certificaciones expedidas por los delegados del Consejo Nacional Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (f. 63 a 64 c. 1).

6.2 El 15 de junio de 2004, el Gobierno Nacional declaró abierto el proceso de diálogo,
negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, según
da cuenta copia simple de la Resolución n°. 091 de 2004 (f. 246 c. 1).

6.3 El 15 de junio de 2004, el Gobierno Nacional creó la zona de ubicación temporal de
las AUC en el área rural del municipio de Tierralta, Córdoba, según da cuenta copia
simple de la Resolución n°. 092 de 2004 (f. 247 c. 1).

6.4 El 10 de abril de 2005, Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia murieron en
el municipio de Tierralta, como consecuencia de un disparo con arma de fuego, según da
cuenta copia auténtica de los registros civiles de defunción (f. 22 y 24 c. 1).

6.5 El 8 de junio de 2007, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería
condenó a Diego Fernando Murillo Bejarano alias “Adolfo Paz, Don Berna o Pata de
Palo”, Manuel Camilo Monterrosa Ramos alias “Bachiller” y Jhonys Manuel Blanco
Fuentes alias “Tapón” por el delito de concierto para delinquir agravado y los absolvió por
el delito de homicidio de Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia, según da
cuenta copia auténtica de la providencia (f. 1 a 121 c. 7)

6.6 El 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala
de Justicia y Paz declaró responsables a Diego Fernando Murillo Bejarano alias “Adolfo
Paz, Don Berna o Pata de Palo”, Manuel Camilo Monterrosa Ramos alias “Bachiller” y
Jhonys Manuel Blanco Fuentes alias “Tapón” por los delitos de concierto para delinquir
agravado y homicidio agravado, por el asesinato de Iris del Carmen Benítez y Orlando
José Palencia, al revocar la sentencia de primera instancia, según da cuenta copia
auténtica de la providencia (f. 490 a 544 c. 2).

6.7 Para garantizar la seguridad en la zona de ubicación temporal de las AUC en el área
rural del municipio de Tierralta, el Batallón de Infantería n°. 33 “Junín” participó en
operaciones, recibió pelotones de compañías de otros batallones y elaboró un plan de
contingencia, entre otras tareas, según da cuenta {el} oficio n°. 1648 (f. 225 a 227 c. 1).

28
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
29
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
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6.8 Para la época del asesinato de Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia,
existía un puesto de control institucional sobre la vía Montería-Tierralta a la altura del sitio
conocido como “La Apartada de Valencia”, según da cuenta la certificación del
comandante del Departamento de Policía de Córdoba (f. 228 c. 1).

6.9 Orlando José Benítez Palencia no solicitó protección en el período comprendido entre
el año 2004 hasta el 10 de abril de 2005 al Departamento de Policía de Córdoba, ni al
Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, tampoco a la Fiscalía General de la
Nación, según da cuenta certificaciones del jefe seccional de inteligencia policial y el jefe
seccional de investigación criminal del Departamento de Policía de Córdoba, el
coordinador del grupo operativo de Córdoba del Departamento Administrativo de
Seguridad-DAS y el jefe de la unidad de policía judicial de la Fiscalía General de la
Nación (f. 206, 207, 210 y 220 c. 1).

6.10 Orlando José Benítez Palencia era el esposo de Alicia Mora Rincón y el padre de
Orlando David, Juan Carlos, Gloría Sofía y Claudia Marcela Benítez Mora, según da
cuenta copia auténtica de los registros civiles de matrimonio y de nacimiento (f. 39, 41,
42, 43, 44 c. 1)”.

Luego de analizar las pruebas relevantes para el asunto, la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado procedió a resolver los reproches
desarrollados en la apelación, en los siguientes términos:
“8. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y Policía
Nacional, incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de seguridad y protección
por el asesinato de Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia. Se acreditó que el
Gobierno Nacional creó la zona de ubicación temporal en el área rural del municipio de
Tierralta, Córdoba en el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las
AUC [hecho probado 6.3] y que Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia fueron
asesinados por miembros de dicho grupo ilegal en ese municipio [hechos probados 6.4,
6.5 y 6.6].

No se probó que las víctimas directas hubieran solicitado protección especial del Estado
sobre su vida. Por el contrario, se acreditó que Orlando José Benítez Palencia no solicitó
protección en el período comprendido entre el año 2004 hasta el 10 de abril de 2005, al
Departamento de Policía de Córdoba, al Departamento Administrativo de Seguridad-DAS
o a la Fiscalía General de la Nación [hecho probado 6.9]. Estos documentos, además de
que son públicos, no fueron tachados de falsos y provienen de los funcionarios
encargados de verificar los requerimientos de protección solicitada por personas bajo
amenaza por grupos ilegales.

Tampoco obran al menos indicios que permitieran advertir con anticipación que Iris del
Carmen y Orlando José Benítez Palencia iban a ser víctimas de un homicidio por parte
de las AUC, pues a pesar de que aquel fue elegido diputado de la Asamblea
Departamental de Córdoba [hecho probado 6.1] y que ambos transitaron por la zona
creada por el Gobierno Nacional para negociar el desarme de ese grupo ilegal al
momento de los hechos [hechos probados 6.3 y 6.4], no se podía concluir
inequívocamente que iban a sufrir un atentado contra su vida. En contraste, se demostró
que el Batallón de Infantería n°. 33 “Junín” adoptó medidas de seguridad en la zona de
ubicación temporal de las AUC y que existía un puesto de control institucional sobre la
vía Montería-Tierralta [hechos probados 6.7 y 6.8].

La Ley 418 de 1997 previó unos instrumentos para la búsqueda de la paz, la convivencia,
la eficacia de la justicia y la garantía de los derechos y libertades reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales aprobados por Colombia (artículo 1). Esa
ley autorizó al Gobierno Nacional, a través de unos representantes investidos de precisas
facultades, para buscar entablar y desarrollar diálogos con representantes de grupos
armados al margen de la ley. Estos diálogos debían propender la firma de acuerdos para
la finalización de la confrontación armada, la efectiva aplicación de las normas sobre
derechos humanos, el cese de hostilidades, la reincorporación de los miembros de
dichos grupos a la vida civil o su sometimiento a la justicia. La autorización legal -para la
época de los hechos- se prorrogó con las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.
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(…)

De conformidad con las pruebas, no se evidenció que en este caso las víctimas hubieran
denunciado ante las autoridades judiciales y la fuerza pública amenazas especiales
contra su vida. Tampoco se acreditó que por el establecimiento de la zona de ubicación
temporal de negociación con las AUC se hubiera propiciado unas condiciones adversas a
la seguridad e integridad de las víctimas, ni que estas hubieran quedado en la
imposibilidad de acudir a las autoridades a solicitar protección.

La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión, debe tenerse en cuenta
que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de
los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades estarían obligadas a lo
imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de
manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que
este tipo de ataques sucedan.

Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267
CCA, quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto
pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
Como no se probó la omisión por parte de las autoridades en el deber de protección de la
vida de Iris del Carmen y Orlando José Benítez Palencia, la Sala negará las pretensiones
de la demanda”.

De lo anterior, la Sala evidencia que los accionantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de
que se resarcieran los perjuicios causados por la muerte del señor Orlando José
Benítez Palencia y su hermana, la señora Iris del Carmen Benítez Palencia, en
manos de grupos paramilitares, como consecuencia de la omisión del deber de
protección, por lo que pidieron que se reconociera el daño material y moral que se
les generó.

Igualmente, se observa que la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de
Estado valoró las pruebas que consideró que daban claridad y aportaban a la
verdad procesal, al punto que concluyó que la parte demandante no aportó prueba
que demostrara que el señor Orlando José Benítez Palencia y su hermana, la
señora Iris del Carmen Benítez Palencia, informaron a las autoridades sobre
amenazas o en su defecto que solicitaran protección, razón por la cual no se podía
establecer una relación entre el daño causado por los grupos paramilitares y el
actuar del Estado.

Ahora, si bien en la decisión objetada no se mencionaron los testimonios rendidos
por la señora Dionis Portilla y los señores Guillermo Vergara Soto, Elías Labid Asias
Padilla y Guillermo Corrales, lo cierto es que los accionantes no demostraron su
incidencia en la sentencia, pues de estos no se observa al menos algún indicio en
sus declaraciones que los fallecidos informaron a las entidades demandadas sobre
algunas amenazas en su contra o que estos pidieran protección, situación que,
según los demandantes, fue lo que generó el daño alegado en la demanda de
reparación directa.

En efecto, como se observa en el escrito de tutela, los apartes a los que hacen
alusión los demandantes de las declaraciones rendidas por la señora Dionis Portilla,
se circunscriben a que “era de conocimiento público que al diputado grupos
armados le habían prohibido ingresar al municipio de valencia”. A su vez, el señor
Guillermo Vergara Soto, reiteró lo manifestado frente a las amenazas realizadas al

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señor Orlando José Benítez Palencia. Igualmente, los señores Elías Labid Asias
Padilla y Guillermo Corrales, afirmaron que no solo “el diputado había recibido
amenazas sino todo aquel ciudadano que se atreviera a ejercer cualquier actividad
política que no se identificara con el ideal político de las AUC”.

Empero, se reitera, los testimonios bajo análisis no afirmaron que el señor Orlando
José Benítez Palencia informara sobre dichas amenazas a las autoridades o que
solicitara alguna medida de protección como consecuencia de estas.

Por consiguiente, es necesario precisar que para la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado es necesario probar los elementos de esta, es decir, el
hecho, daño antijurídico y nexo de causalidad o relación causal, de los cuales, este
último, fue el que no demostraron los demandantes, pues no aportaron pruebas de
que el deceso del señor Orlando José Benítez Palencia y su hermana, la señora Iris
del Carmen Benítez Palencia, fue por alguna omisión de las entidades demandadas
o que, en su defecto, sus agentes participaran en el atentado.

Igualmente, el hecho de que la señora Dionis Portilla, quien fue testigo directo de la
retención y posterior fallecimiento de los familiares de la parte actora, manifestara
que durante el desplazamiento no encontraron presencia de las fuerzas militares, no
genera per se, la certeza de que la responsabilidad del Estado estuviera
comprometida como consecuencia de una falla en el servicio.

Valga destacar, que en la sentencia objetada la Sección Tercera, Subsección “C”
del Consejo de Estado valoró una certificación del Departamento de Policía de
Córdoba, en la que se indicó que existía un puesto de control sobre la vía que del
municipio de Montería se dirige a Tierralta a la altura de “La Apartada de Valencia”,
lo que también contradice la afirmación de la declaración rendida por la testigo, sin
que se observen otros elementos de convicción que pueda convalidar lo afirmado
en la declaración.

Por otra parte, respecto a las comunicaciones y oficios entre la Policía Nacional y el
DAS que supuestamente demostraba que la zona norte de Santa Fe de Ralito,
donde ocurrió el atentado, no contaba con presencia de la Fuerza Pública, sin
embargo, contrario a lo afirmado en los escritos de tutela e impugnación hay
documentos que de manera precisa advierten que si había presencia como la
certificación del Departamento de Policía de Córdoba.

De otro lado, es necesario precisar que los móviles de un delito son pertinentes e
importantes dentro del proceso penal, mas no es una situación que de por sí sola o
de manera automática conlleve la responsabilidad del Estado en los procesos de
reparación directa.

Así las cosas, la Sala evidencia que las pruebas a las que hace alusión los
demandantes en los escritos de tutela e impugnación no inciden en la decisión final.
En efecto la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 201730, resaltó que “las
diferencias que resulten de la sana valoración probatoria no comprenden un defecto
fáctico, habida cuenta de que se parte del respeto por la autonomía judicial. La
intervención del juez constitucional es excepcional. En consecuencia, esta
intervención procede siempre y cuando (i) se vislumbre un error ostensible,

30 M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración probatoria, que obedezca a un
proceder caprichoso o incorrecto; (ii) debe tener la entidad suficiente para tener
‘incidencia directa’, ‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en
la decisión”.

En consecuencia, se negará el defecto fáctico alegado, toda vez que los
demandantes no demostraron que las pruebas alegadas incidieran de manera
directa en la decisión de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado.

4.5. De otro lado, la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente
judicial implica que31: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que
definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas32:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento
del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá
desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central
de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto33.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

31
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
32
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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4.6. La Sala observa que la parte accionante al invocar la sentencia de 26 de enero
de 2006, supuestamente dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
el expediente No. 20.511, decisión que supuestamente se refiere a la condena
contra el Estado por la masacre de La Gabarra, lo cierto es que bajo el radicado
otorgado por los demandantes se profirió el fallo de 20 de noviembre de 2008, el
cual no corresponde con ese supuesto fáctico y en el cual se condenó al Estado por
la omisión de prestar seguridad al ex congresista Manuel Cepeda Vargas, quien
falleció en un atentado en el que se presentaron indicios de participación de
miembros de la Fuerza Pública, lo que difiere de las circunstancias fácticas y
jurídicas del presente caso, pues los familiares de los fallecidos no probaron que
estos solicitaron esquema de seguridad y que se omitió otorgarlo o, en su defecto,
que en el atentado participaron agentes del Estado.

El caso de la masacre de La Gabarra lo resolvió la Sección Tercera, Subsección “C”
del Consejo de Estado en sentencia de 31 de mayo de 201934, dentro del
expediente No. 45170. En esa decisión no se observan párrafos similares a los que
los demandantes trascribieron en los escritos de tutela y en el de impugnación. De
hecho, las transcripciones que se hacen corresponden al fallo de 20 de noviembre
de 2008, el cual se analizó en el párrafo anterior, por consiguiente, no se hará
mayor análisis, más aún cuando son asuntos que no guardan similitud fáctica y
jurídica.

Por otra parte, respecto del fallo de 4 de diciembre de 2007, se observa que en este
caso se trataba de la muerte de un inspector de trabajo por un atentado y frente a
quien el Estado omitió su deber de protección a pesar de que este en varias
ocasiones solicitó protección, lo que es diferente del presente asunto, pues como
quedó demostrado en el curso del proceso ordinario el señor Orlando José Benítez
Palencia y su hermana, la señora Iris del Carmen Benítez Palencia no informaron
amenaza alguna ni solicitaron protección a las autoridades competentes.

La sentencia de 26 de marzo de 2009, de la Sección Tercera del Consejo de Estado
accedió a la demanda de reparación en la que se solicitó el pago de perjuicios
causados por la desaparición forzada en el que se comprometió la responsabilidad
del Estado en el hecho que fue considerado de lesa humanidad. Esa decisión no
guarda similitud fáctica ni jurídica con el caso que ocupa la atención de la Sala.

En el fallo de 31 de mayo de 2013 dictado por Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, se condenó al Estado al pago de los perjuicios causados por el
robo de ganado vacuno en diferentes fincas del municipio de San Vicente del
Caguán durante la desmilitarización de la denominada zona de distensión, lo cual
no tiene igualdad fáctica ni jurídica con el presente asunto, pues los demandantes
no están pidiendo el resarcimiento por robo de semovientes en el que se vea
comprometida la responsabilidad de alguna entidad estatal.

En la decisión de 12 de junio de 2013, la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado condenó a la Presidencia de la República, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República por la perdida de 337 cabeza de
ganado vacuno macho para engorde, pues esta fue la responsable de la creación
de la zona de despeje y la incertidumbre propia de la situación que ello generó,
aunado a la inexistencia de mecanismos satisfactorios tendientes a garantizar la

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C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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protección de la vida, los bienes y los derechos de los ciudadanos que se verían
inmersos en la zona de despeje, influyeron directamente en la generación del daño
antijurídico alegado por la parte actora. Decisión que no es obligatoria su aplicación
por la autoridad judicial accionada, toda vez que no guarda similitud con el presente
caso.

En la sentencia SU-1181 de 2001, la Corte Constitucional ordenó al Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, resolver de acuerdo a las
reglas constitucionales el conflicto de competencia entre el Comandante del Ejército
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, sobre el juzgamiento de los Generales
de la República, lo que no es motivo de debate en la sentencia objetada.

Finalmente, respecto a la decisión de 11 de mayo de 2007 de la Corte IDH,
relacionada con el caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, en la que se
condenó al Estado por el incumplimiento de las obligaciones internacionales, en
razón a las ejecuciones extrajudiciales que realizaron grupos al margen de la ley
con la aquiescencia de agentes del Estado35, la Sala observa que se trata de un
asunto que dista del que es objeto de estudio, por cuanto los accionantes no
alegaron ni demostraron la intervención de agentes del Estado en el atentado en el
que fallecieron sus familiares, el señor Orlando José Benítez Palencia y su
hermana, la señora Iris del Carmen Benítez Palencia.

Así las cosas, la Sala observa que los demandantes no demostraron que la
autoridad judicial accionada incurriera en desconocimiento del precedente judicial,
razón suficiente para desestimar este defecto.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible,como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

35
La Corte Constitucional en las sentencias C-327 de 2016 y C-442 de 2011, manifestó que “la línea jurisprudencial trazada
por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar que la jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este
caso en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe tener en
cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico
interno. No obstante, también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales
debe ser sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando se usen precedentes de derecho
internacional como criterio hermenéutico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular para establecer su
aplicabilidad.”
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Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

21
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