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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02567-00

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02567-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02567-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02567-00

Accionante: YAQUELINE VARGAS ESTRADA

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se discuten aspectos
netamente económicos.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Yaqueline Vargas Estrada, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 9 de mayo de 2022, la señora Yaqueline Vargas Estrada,
en nombre propio, instauró demanda de tutela en contra de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

2. Hechos relevantes

La accionante señaló que trabajó como docente, grado 10, en la planta del
municipio de Sabanalarga – Atlántico.

Sostuvo que la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el municipio de
Sabanalarga y el departamento del Atlántico no le consignaron las cesantías a las
que tenía derecho del 2000, 2001, 2002 y 2003 en los plazos establecidos por el
ordenamiento jurídico.

El 11 de julio de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías con la
correspondiente sanción moratoria, petición que fue “resulta de manera
desfavorable a mis intereses”.

En virtud de lo anterior, la accionante promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

El 25 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por las partes respecto
de la sanción moratoria.

El 11 de noviembre de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró probada la excepción de prescripción “respecto del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2003 (…)”.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora indicó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, toda vez que en la sentencia del Consejo de
Estado -CE-SUJ004 de 2016- se estableció que “en materia de sanción moratoria,
la prescripción opera de manera parcial frente a las porciones de sanción respecto
de la cual no se hizo la reclamación en tiempo”.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

En virtud de lo anterior manifestó lo siguientes (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):

Así las cosas, realizando un pequeño juicio silogístico, partiendo de la premisa
que solamente prescriben las porciones de sanción no reclamadas en tiempo,
tendríamos las siguientes consecuencias:

i) Anualidades reclamadas: 2000, 2001, 2002 y 2003.

ii) Sanción moratoria reclamada: a) 16 de febrero de 2001, hasta la fecha en
que me sean consignadas las cesantías; b) 16 de febrero de 2002, hasta la
fecha en que me sean consignadas las cesantías; c) 16 de febrero de 2003,
hasta la fecha en que me sean consignadas las cesantías; d) 16 de febrero
de 2004, hasta la fecha en que me sean consignadas las cesantías.

iii) Fecha de reclamación: 11 de julio de 2013.

iv) Consecuencia aplicando el precedente de la sentencia CESUJ004: se
cuenta de manera retrospectiva desde la fecha de la reclamación, tres años
hacia atrás, dando como resultado, que operó la prescripción respecto de las
porciones de sanción moratoria anteriores al 11 de julio de 2010.

Dicho de otro modo, el pago de la sanción moratoria debe hacerse a partir del
11 de julio de 2010, hasta la fecha en que efectivamente me sean
consignadas las cesantías.

La postura adoptada por el Consejo de Estado, desconoce su propio
precedente de manera protuberante y abrupta, por cuanto sin cambiar el
criterio unificado, entran a declarar la prescripción total, en quebranto de mis
intereses y derechos.

Finalmente, sostuvo que “como docente y servidora pública tiene derecho al pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 (…)”.

Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

1. Solicito respetuosamente de ustedes Honorables Consejeros, Tutelar mis
derechos fundamentales al Acceso a la Administración de Justicia, Debido
proceso e Igualdad, por las razones expuestas en esta acción de tutela, y en
consecuencia se deje sin efecto la sentencia proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso identificado
con el radicado No. 08-001-2333-000-2014-00022-01 (5154-2016), proferida
el 11 de noviembre de 2021, mediante la cual se revocó la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y
declaró la prescripción total de la sanción moratoria a que tengo derecho.

2. Se ordene a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del
fallo respectivo, profiera una nueva sentencia en la que aplique integralmente

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

la sentencia de unificación CE-SUJ004 DE 2016, dando aplicación a la tesis
que sobre prescripción me sea más favorable.

4.- La oposición

4.1. Mediante auto del 12 de mayo de 2022, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
municipio de Sabanalarga y al departamento del Atlántico; se le comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las que se pronunciaron en los
siguientes términos:

4.2. El departamento del Atlántico solicitó declarar su falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que no tuvo injerencia alguna en la toma de la decisión
cuestionada, máxime si se observa que se limitó a ejercer su derecho de defensa.

4.3. La FIDUPREVISORA manifestó que no se indicó con suficiente claridad la
configuración de alguna de las causales específicas de procedencia de la demanda
de tutela; además, alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva al no
ser “responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de la actora, pues
no existe nexo de causalidad entre la entidad y la omisión o acción o amenaza del
derecho fundamental (…)”.

Finalmente, adujo que no existió un desconocimiento del precedente y que todas
las actuaciones se surtieron de acuerdo a la normativa que regía el caso.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de

2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.

Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es
más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de

diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Original de la cita: “SU-050 de 2017”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios
de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

2. Caso concreto

La Sala considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente
asunto, dado que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, tal
como se pasa a explicar.

La accionante pretende con la demanda de tutela que se le reconozca y se le pague
“la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996” por el pago tardío de las
cesantías del 2000, 2001, 2002 y 2003.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión
netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al
pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no se orienta a la
protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Frente a este tema, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación 573 del
2019, estableció que:

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de
las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad
es ‘auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo’. Por tanto,
solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no
corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad
para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador
en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con
carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez
de tutela (…).

56. El debate planteado en el sub iudice no reviste trascendencia
constitucional, pues la inconformidad de los tutelantes se restringe al pago de
un derecho patrimonial -accesorio a las cesantías- que no representa prima
facie una amenaza directa o indirecta de los derechos fundamentales a la
seguridad social, igualdad, ‘seguridad jurídica’ y debido proceso.

57. Primero, el debate no involucra la garantía del derecho a la
seguridad social. La relevancia constitucional de un asunto que ‘permit[a],
entre otros, el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social’, se
satisface cuando está comprometida ‘la satisfacción de salarios o mesadas
pensionales ciertas’ o ‘el derecho al mínimo vital de una persona’. Conforme
a lo expuesto, en el sub-lite no se advierte un problema de orden
constitucional que conlleve la afectación de la seguridad social, dado que el
asunto no se relaciona con el pago de salarios o mesadas pensionales, sino
con una prestación accesoria del derecho principal a recibir una
cesantía; esto es, una cuestión de evidente relevancia legal, pero no
constitucional. Dicha controversia, de carácter dinerario, no afecta el mínimo
vital de los accionantes, pues estos no acreditaron que la negativa de
reconocimiento y pago de la sanción les produjera una situación económica
difícil o comprometiera gravemente su existencia o supervivencia (se
destaca)6.

En línea con lo anterior, esta Subsección, en sentencia reciente de 18 de marzo de
20227, declaró improcedente el amparo solicitado tras considerar que la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías era un asunto
netamente económico, oportunidad en la que, a su vez, se acogió otro
pronunciamiento de esta Corporación en los siguientes términos:

33. En principio, esta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión
que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno
al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las
cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido
que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente
económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de
naturaleza fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo
constitucional8.

6 Corte Constitucional, SU-573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de

marzo de 2022, expediente 2021-09117-01.
8 Original del texto: Ver fallos del 20.02.2020 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01, y 7.05.2020, Rad.11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos con ponencia de la
magistrada Rocío Araújo Oñate.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02567-00
Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
573 del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad
con el asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo
contra decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.

35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que
el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la
persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.

36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta
con una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto,
no requiere la intervención del juez de tutela9.

En esa misma línea, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se ha pronunciado:

5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es
evidente que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo
como un recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus
intereses, el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter
eminentemente económico a través del reconocimiento de una sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental 10 (se
destaca).

Así las cosas, como en el presente asunto lo que se pretende es que se deje sin
efectos la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado para que, en su lugar, se le reconozca una sanción moratoria -

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de

mayo de 2021, expediente 2021-01836, M.P. Rocío Araújo Oñate (la impugnación fue rechazada
por extemporánea), la anterior decisión fue reiterada en la sentencia del 8 de julio de 2021,
expediente 2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, en sentencia de la Subsección A de la
sección Tercera del 20 de mayo de 2022, expediente 2022-00593-01.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy Ibarra Martínez.

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Actor: Yaqueline Vargas Estrada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

aspecto netamente económico11-, la Sala considera que la demanda de tutela es
improcedente.

Como consecuencia, se declarará improcedente la demanda de tutela promovida
por la señora Yaqueline Vargas Estrada, por las razones expuestas en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

11
Al respecto ver: T-379 del 23 de junio de 2015, M.P.: Alberto Rojas Ríos, en la que se ha indicado
que: “11. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la acción de tutela resulta improcedente
para dirimir conflictos que involucren derechos de contenido económico, máxime cuando se trata de
asuntos que surgen con ocasión a la solicitud de reconocimiento y reintegro de sumas de dinero,
puesto que para la solución de este tipo de casos, el legislador consagró en la jurisdicción ordinaria
la acción pertinente para garantizar el ejercicio y la protección de dichos derechos”.

11

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