Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02578-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02578-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02578-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
15 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02578-00
Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02578-00
Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Medidas cautelares y
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad / Defecto sustantivo / Se
declara la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional
frente a un cargo y se niegan las pretensiones relacionadas con el otro reparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra los autos del 8 de
marzo de 2018 y 25 de agosto de 2021 proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, respectivamente. En la primera providencia se rechazó la
demanda de reparación directa adelantada por el accionante contra el Municipio de
Girardot y tramitada bajo el radicado No. 25000-23-36-000-2017-01342-00/01; esta
decisión fue confirmada por la segunda providencia, porque no se acreditó el
agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 9 de mayo de 2022, mediante apoderado judicial, el señor Luis Samuel Ospina
Reyes interpuso acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado que rechazó la demanda de
reparación directa presentada contra el Municipio de Girardot, decisión confirmada
en segunda instancia por la Subsección C, de la Sección Tercera de esta
Corporación, también accionada.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de LUIS SAMUEL OSPINA REYES.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración disponga dejar sin efecto
la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la providencia del 25
de agosto de 2021, proferida por la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, notificada por correo electrónico el 8 de noviembre de 2021, dentro del
proceso identificado con el No. 25000-23-36-000-2017-01343-01.
TERCERA: Ordene Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Subsección C,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dentro de un término prudencial
emita sentencia en la cual se atiendan y garanticen los derechos fundamentales de
LUIS SAMUEL OSPINA REYES, subsanando los defectos referidos en la presente
acción de tutela.
CUARTA: Cualquier otra que considere el juez de tutela procedente con la finalidad
de amparar los derechos fundamentales de LUIS SAMUEL OSPINA REYES>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Presentó demanda de reparación directa contra el Municipio de Girardot, con
ocasión de la supuesta ocupación de unos predios de su propiedad. Mediante auto
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Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
del 10 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A inadmitió la demanda y requirió al accionante para que
allegara constancia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.
El accionante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, bajo el
argumento de que solicitó el decreto de una medida cautelar de inscripción de la
demanda en los folios de matrícula de sus inmuebles, por lo que no era necesario
agotar el requisito de procedibilidad.
3.2.- El 2 de noviembre de 2017 el tribunal resolvió el recurso de reposición de forma
desfavorable al accionante, pues consideró que la medida cautelar solicitada no
cumplía con los requisitos del artículo 613 del CGP1.
3.3.- El 8 de marzo de 2018 el tribunal profirió auto de rechazo de la demanda, dado
que esta no fue subsanada en término. Precisó que únicamente las medidas
cautelares de carácter patrimonial permitían acudir a la jurisdicción sin haber
agotado la conciliación prejudicial, exigencia que no se cumplió en este caso, pues
la inscripción de la demanda tiene efectos preventivos, mas no patrimoniales:
realmente no evitan la negociación de los bienes en cuestión. El accionante
presentó recurso de apelación contra la anterior decisión. Sostuvo que si bien la
inscripción de la demanda no sustrae los bienes del comercio, sí afecta
indirectamente su patrimonio al dificultar la enajenación de los mismos.
3.4.- Mediante auto del 25 de agosto de 2021 el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C confirmó la providencia apelada, por dos motivos: (i)
confirmó lo señalado por el tribunal de primera instancia, en cuanto al carácter
patrimonial de las medidas cautelares según lo expuesto en el artículo 613 del CGP
y en virtud del cual estas <<tienen por objeto asegurar un conjunto de bienes
materiales en los cuales posteriormente se hará efectiva la responsabilidad
pecuniaria que se derive del proceso>> o impongan directamente obligaciones
económicas; y (ii) consideró que el literal b) del artículo 590 del CGP2 señala que la
1 Artículo 613. Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos. (…) No será
necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en
la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares
de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública. (…).
2 Artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las
siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas
cautelares: // b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del
demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil
contractual o extracontractual. (…).
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Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
inscripción de la demanda en procesos de responsabilidad extracontractual procede
únicamente sobre bienes propiedad de la parte demandada. En ese sentido,
consideró que la medida no pretendía asegurar los bienes de la demandada para
facilitar el eventual pago de perjuicios, por lo que no tiene efectos sobre el
patrimonio de la autoridad demandada.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque
incurrió en un defecto sustantivo. Señala que se realizó una interpretación contraria
a derecho del parágrafo 1º del artículo 590 del CGP3, dado que la medida cautelar
solicitada es de naturaleza patrimonial, pues recae sobre el derecho de propiedad
de un bien inmueble, el cual queda condicionado a lo que se resuelva en el proceso
de reparación directa, sin importar quién sea el titular del mismo. Agrega que el
artículo 229 del CPACA4 debe interpretarse de conformidad con lo previsto en la
mencionada norma del CGP a efectos de determinar el sentido y alcance de las
medidas cautelares en los procesos declarativos.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C (accionado) señala que
las consideraciones de la providencia objeto de reproche son suficientes para
explicar la improcedencia del amparo solicitado.
3 Parágrafo primero. <<En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas
cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como
requisito de procedibilidad>>.
4 Artículo 229. <<Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante
esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. // La
decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. // Parágrafo. Las medidas cautelares en los
procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del
conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y
podrán ser decretadas de oficio>>.
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Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
(tercero con interés) allegó el expediente ordinario, pero guardó silencio frente a los
hechos y pretensiones de la acción de tutela.
7.- El Municipio de Girardot (tercero con interés), y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (interviniente) fueron debidamente notificados; no obstante,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
8.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la
acción de tutela frente al cargo según el cual se interpretó indebidamente el
parágrafo 1º del artículo 590 del CGP (dado que, según el accionante, la medida
cautelar solicitada sí es de naturaleza patrimonial por afectar un bien inmueble),
porque se fundamenta en argumentos que ya fueron planteados por el accionante
y resueltos en el proceso ordinario5. Lo anterior, sin perjuicio del reparo según el
cual la medida cautelar puede recaer sobre el patrimonio de cualquiera de las
partes, pues este se origina en la providencia que puso fin a la controversia y no fue
discutido dentro del proceso de reparación directa, que es analizado de forma
independiente.
9.- En relación con la indebida interpretación o aplicación del parágrafo 1º del
artículo 590 del CGP, la Sala advierte que, de cualquier manera, la tutela no podría
prosperar. Si bien ese parágrafo no fue expresamente invocado por la Subsección
accionada (pues esta se refirió al literal b de la misma norma) como fundamento de
la providencia tutelada, lo cierto es que la misma no resultaba pertinente para
resolver el asunto, puesto que existe una disposición especial que sí fue
debidamente aplicada: el artículo 613 del mismo código.
9.1.- En efecto, el CGP dispone dos reglas en relación con la solicitud de medidas
cautelares que constituyen una excepción a la conciliación prejudicial como
requisito de procedibilidad: la regla general prevista en el parágrafo 1º del artículo
590, según la cual <<en todo proceso y ante cualquier jurisdicción>>, cualquier
5 El magistrado ponente advierte que considera que este cargo sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia y es posible apreciar el defecto que considera configurado en la decisión
atacada: sustantivo. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran
argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
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Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
medida cautelar exime a la parte demandante de agotar el requisito de
procedibilidad; y una regla especial para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a saber, el artículo 613, que precisa que la medida cautelar en esos
asuntos debe tener carácter patrimonial a efectos de relevar la carga de agotar el
requisito de procedibilidad.
9.2.- En este caso, las autoridades judiciales del proceso ordinario se refirieron a la
regla del artículo 613, que descarta la aplicación de lo previsto en el parágrafo 1º
del artículo 590 por principio de especialidad, lo cual se encuentra conforme a
derecho: la inaplicación de la regla general por existir una especial no vulnera los
derechos del accionante ni constituye un defecto sustantivo.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente al
cargo según el cual las medidas cautelares pueden recaer sobre el patrimonio
de cualquier de las partes del proceso
10.- Se cumplen los requisitos generales frente al cargo según el cual las medidas
cautelares pueden recaer sobre el patrimonio de cualquier de las partes del proceso,
pues: (i) el accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en que se
fundamenta la acción; (ii) el asunto es constitucionalmente relevante porque se
alega la vulneración al debido proceso y acceso a la administración de justicia por
la presunta configuración de un defecto sustantivo6; (iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque el accionante utilizó todos los mecanismos
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales; (iv) la
solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión
que puso fin al proceso ordinario se notificó el 8 de noviembre de 2021, y la tutela
se presentó el 9 de mayo de 20227, es decir, dentro del término de los 6 meses
precisado tanto por esta Corporación8 como por la Corte Constitucional9; y (v) no se
trata de una decisión proferida en sede de tutela.
6 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional
porque el cargo no fue objeto de análisis en el proceso ordinario, pues el reparo se origina en la sentencia de
segunda instancia en tanto allí fue donde presuntamente el ad quem incurrió en el defecto sustantivo alegado.
7 Si bien el término de 6 meses se habría vencido el 8 de mayo de 2022, lo cierto es que ese día fue inhábil
(domingo), por lo que en virtud del artículo 118 del CGP el plazo se extendió hasta el próximo día hábil, a saber,
el lunes 9 de mayo de 2022.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Se declara la improcedencia y se niega
F. No se configuró el defecto sustantivo alegado porque la autoridad
accionada no desconoció la normativa aplicable
11.- La Sala considera que la Subsección accionada no incurrió en un defecto
sustantivo por considerar que la medida cautelar debía recaer sobre el patrimonio
de la parte demandada del proceso ordinario. Lo anterior, por cuanto la discusión
central en el proceso ordinario fue si la medida tenía o no una naturaleza
patrimonial, por lo que el debate acerca del patrimonio que afectaría fue secundario
y no determinante.
11.1.- En cualquier caso, se advierte que la Subsección accionada se basó en el
artículo 590, numeral 1º, literal b) del CGP, aplicable en virtud de la remisión del
artículo 306 del CPACA. En esa disposición se precisa que la inscripción de la
demanda recae sobre los bienes sujetos a registro de propiedad de la parte
demandada, si se trata de un proceso en el que se persigue el pago de perjuicios
por responsabilidad extracontractual.
11.2.- La aplicación de esa norma se considera adecuada y conforme a derecho.
Además, coincide con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación:
<<Así las cosas, puede concluir la Sala que la excepción referente al agotamiento
del requisito de conciliación extrajudicial cuando se solicitan medidas cautelares de
carácter patrimonial es de interpretación restringida, en tanto solo procede cuando
i) la medida recaiga sobre el patrimonio del posible deudor de la condena –
parte pasiva- y ii) propenda por asegurar el cumplimiento de la decisión final ante
riesgos de insolvencia o de reducción del patrimonio que eventualmente tendría que
responder>> (subraya la Sala).10
11.3.- De concluirse lo contrario cabría aceptar que la parte demandante en un
proceso ordinario podría solicitar la inscripción de la demanda sobre sus propios
bienes para obviar el requisito de procedibilidad, lo cual desconoce la finalidad de
esa exigencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2019, radicado: 05001-23-
33-000-2016-02302-01(59862), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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Accionante: Luis Samuel Ospina Reyes
Se declara la improcedencia y se niega
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional frente al cargo por indebida aplicación o interpretación del
artículo 590, parágrafo 1º del CGP.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo frente al reparo según el cual las
medidas cautelares pueden recaer sobre el patrimonio de cualquier de las partes
del proceso, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto
8
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