Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02582-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02582-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02582-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-00
Demandante: Alberto Maya Aarón y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02582-00
Demandante ALBERTO MAYA AARÓN Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de altas cortes.
Medio de control de reparación directa. Caducidad de la acción.
Relevancia constitucional. Argumentos de instancia adicional.
Discusión estrictamente legal.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Alberto Maya Aarón y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de mayo de 20221, Alberto de Jesús Maya Aarón, Nancy Fernández Maya,
Emilia Jaramillo Maya, Janeth Vallejo Maya, Yadira Vallejo Maya, Rosana Vallejo
Maya, José Trinidad Díaz Maya, Stela Díaz Maya, Algemiro Díaz Maya, Lisandro
Díaz Maya, Lilia Díaz Maya, Betty Cecilia Díaz Maya, Leonor Díaz Maya, Federico
de Jesús Maya Berdugo y William Enrique Díaz Maya, por conducto de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
propiedad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con la
sentencia del 22 de octubre de 2021, que declaró la caducidad de la acción de
reparación directa por ellos interpuesta.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
“PRIMERO. Deje sin efectos la Sentencia de 22 de octubre de 2021, notificada el 11 de
noviembre de ese año, en el proceso 20001-33-31-002- 2006-00030-01(39256), proferida por
la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que declaró probada la excepción de caducidad.
SEGUNDO. En su lugar, se ordene proferir una Sentencia de fondo a la Subsección A, Sección
Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que se respeten
los derechos de acceso a la administración de justicia, de propiedad, al debido proceso, y los
demás que el juez constitucional observe en su labor.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 La acción de tutela se radicó a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado. Consultado a través del
sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 1).
2 Página 18 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Demandante: Alberto Maya Aarón y otros
2.1. El 10 de marzo de 2006, el señor Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
presentaron demanda de mayor cuantía contra la Drummond Limited, para
obtener el reconocimiento, liquidación y pago del carbón mineral extraído del
subsuelo del predio rural denominado "Tierras Nuevas del Retiro", ubicado en
los municipios de Becerril y Codazzi, Departamento de Cesar, o en su defecto,
se condene a la sociedad Drummond Limited., a restituir a los demandantes el
mencionado predio.
Explicaron que son propietarios del subsuelo del predio rural “Tierras Nuevas
del Retiro” y que su derecho de propiedad quedó consolidado el día 3 de
febrero de 1.806, es decir, en la fecha en que quedó en firme la adjudicación
hecha sobre ese globo de terreno por el Gobierno de la Corona Española a los
señores Juan José Del Río y a Juana Gallardo, lo cual, a su juicio, fue ratificado
por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de fecha 13 de mayo de 1954.
Informaron que como reconocimiento de dicho derecho, el 6 de julio de 1979,
el Estado, por conducto de Ecopetrol, celebró con los demandantes contrato
con una duración inicial de cuarenta 40 años con el objetivo de explorar y
explotar el petróleo que se encontrase dentro del subsuelo del predio "Tierras
Nuevas del Retiro", no obstante lo cual, de los estudios iniciales realizados no
se advirtió la existencia de petróleo allí, por lo que luego de varios años, el
estado abandonó la ejecución del contrato en mención.
Afirman que, con ocasión del contrato No. 144 de diciembre de 1997, el Estado
dispuso, como parte de un área de mayor extensión, del subsuelo del predio
rural "Tierras Nuevas del Retiro", entregándolo en concesión a la sociedad
Drummond Limited para la exploración y explotación de carbón como un
proyecto de Gran Minería, por lo que al haber dispuesto de dicho subsuelo
propiedad de los demandantes sin previa expropiación, incurrió en una
evidente y protuberante falla del servicio.
2.2. El 22 de marzo de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar
admitió la demanda. Posteriormente, la Nación - Ministerio de Minas y Energía
e Ingeominas solicitaron: (i) ser reconocidos como litisconsortes necesarios de
la sociedad Drummond Limited, y (ii) que se declarara la nulidad de lo actuado
por falta de jurisdicción dado que, el asunto debía ser fallado por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
En auto del 12 de mayo de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar ordenó la vinculación del Ministerio de Minas y Energía y de
Ingeominas en calidad de litisconsortes necesarios, declaró la nulidad de lo
actuado y remitió el proceso para que fuera sometido a reparto en los juzgados
administrativos. Posteriormente, en proveído del 15 de julio de 2010, la misma
autoridad corrigió la orden de remisión y ordenó que el proceso se enviara a
reparto en el Consejo de Estado.
2.3. En auto del 29 de abril de 2011, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado avocó el conocimiento del asunto. Como consecuencia de
lo anterior, los demandantes adecuaron la demanda y plantearon las
siguientes pretensiones:
“Primera: Que se declare que la Empresa Colombiana de Carbones (hoy Ingeominas),
entregó en forma ilegal el predio rural individualizado con la matricula inmobiliaria No.
190-8785, propiedad privada e inscrita de los demandantes, conforme certificado de
libertad y tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar (…)
Segunda: Se declare administrativamente responsables solidarios a la Nación Ministerio
de Minas y Energía - Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMINAS), a la
sociedad Drummond Limited – Drummmond (sic) Coal Mining L.L.C. sucursal Colombia,
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de todos los perjuicios irrogados a los demandantes en su condición de propietarios del
subsuelo del predio rural denominado "Tierras Nuevas del Retiro", con ocasión de la
celebración del contrato estatal de concesión para la gran minería No. 44 de 10 de
diciembre de 1997, entre las entidades públicas demandadas y la sociedad Drummond
Concesionaria, el subsuelo de propiedad de los demandantes, en predio de mayor
extensión (…) ”
2.4. El conocimiento del asunto, en única instancia, correspondió a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el radicado Nro.
200013331002200600030-00 (39256). En sentencia del 22 de octubre de
2021, la autoridad judicial declaró la caducidad de la acción.
Como fundamento de su determinación expuso que, conforme a las
pretensiones de la demanda, se reclama el resarcimiento de los perjuicios
causados con ocasión de una ocupación jurídica de dicho bien, derivada y
materializada por su otorgamiento para ser explotado mediante el contrato nro.
144-97. En esa vía descartó que se tratara de pretensiones por ocupación
material superficiaria derivada del desarrollo de exploración técnica,
construcción y montaje del contrato No. 144-97, dado que los demandantes
aceptaron que no tienen la condición de propietarios del suelo y no pretenden
tales derechos en la demanda. Luego, “no teniendo los demandantes el derecho de
dominio sobre el inmueble – que es distinto al alegado derecho derivado del título minero para
explorar y explotar recursos naturales del subsuelo-, el daño no puede estar identificado con
una limitación al uso, goce y libre disposición del inmueble.”
Establecido lo anterior, indicó que el daño en el caso individual es el
desconocimiento y vulneración del título que afirman poseer los demandantes
para explotar y explorar el subsuelo del predio en cuestión, pero no lo puede
hacer debido al contrato que el Estado celebró con Drummond Limited, en
tanto el mismo le otorga el derecho exclusivo y excluyente para hacerlo y que
corresponde al hecho dañoso, determinando ello por tanto, que el daño se
produjo y materializó en el mismo momento que el hecho que lo causó.
Así pues, expuso que, conforme a las particularidades del caso concreto, el
cómputo de caducidad de la acción inició cuando se inscribió el contrato nro.
144-97 en el Registro Minero, pues esta gestión tiene la finalidad de servir
como mecanismo de publicidad y oponibilidad del negocio jurídico frente a
terceros.
En esa medida, comoquiera que las pruebas del proceso daban cuenta de que
el registro se llevó a cabo antes del 10 de mayo de 2001, fecha en la que se
firmó el otrosí del contrato, para el 10 de marzo de 2006, fecha en que se
radicó la demanda de reparación directa, ya había operado la caducidad de la
acción.
La notificación de la providencia se surtió el 17 de noviembre de 2021 3.
3. Fundamentos de la acción
3.1. Los accionantes estiman que la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad que exige la jurisprudencia constitucional cuando
se interpone contra una providencia judicial. Así pues, expusieron que el
asunto individual tiene relevancia constitucional dado que la sentencia del 22
de octubre de 2021 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la propiedad privada y al acceso a la administración de justicia, dado que la
autoridad judicial accionada aplicó de manera incorrecta las normas de
caducidad y el precedente judicial que le da alcance.
3 Información consultada en el histórico de actuaciones del Sistema de Gestión de Procesos del Consejo de
Estado bajo la radicación Nro. 20001333100220060003001. Samai, índice 318.
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Agregaron que el asunto también supera el requisito de subsidiariedad en
tanto la sentencia que se acusa es de única instancia, luego, no es susceptible
de recursos ordinarios o extraordinarios. Asimismo, consideran que, fue
presentada la solicitud de amparo en un término razonable, pues la
providencia que se cuestiona se notificó el 11 de noviembre de 2021 y la acción
de tutela se radicó el 10 de mayo del año en curso. Finalmente, resaltaron que
en el escrito de tutela se identificaron con claridad los hechos y pretensiones
de la demanda y no se cuestiona una sentencia de tutela.
3.2. Relativo a los requisitos especiales de procedibilidad, los accionantes
consideran que la sentencia acusada comporta defecto fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución.
Previo a adentrarse en la sustentación de las causales especiales, la parte
accionante precisó que el principal error de la autoridad judicial accionada fue
considerar que el único daño que se alegó refería a identificar la existencia del
título habilitante para explotar el subsuelo e ignorar que la explotación del
subsuelo y otros bienes de su propiedad como el carbón, son el verdadero
daño. Expuso cuatro alegatos que evidencian los yerros de los que adolece la
sentencia, a saber: (i) el contrato no es el daño; (ii) la explotación del subsuelo
no es el único daño; (iii) no está probado en el expediente el registro del
contrato, por lo que no podía declararse la caducidad con base en ello; (iv) se
desconoció la línea jurisprudencial sobre el daño continuado y el cómputo de
caducidad en esos eventos.
Indicó que la accionada incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del
precedente judicial por la indebida identificación del daño, pues el contrato que
firmó el Estado con la Drummond tan solo constituye una situación jurídica
que, eventualmente, pudo haber sido aceptada por los accionantes “(…) de
haberse solicitado su autorización y reconocido sus derechos. Lo anterior, pues habrían sido
partícipes de réditos económicos por la explotación de bienes de su propiedad”. Aclararon
que, “el daño lo constituye el hecho de que durante todos estos años se les haya privado de
participar en los beneficios económicos que han obtenido la compañía Drummond y el Estado
colombiano por la explotación del bien inmueble, el subsuelo, y los bienes muebles de su
propiedad: en especial del carbón.”
Los accionantes destacaron que debe distinguirse la propiedad que ostentan,
así: de un lado, la propiedad sobre el subsuelo que catalogan como bien
inmueble y, de otro, la propiedad sobre el carbón y otros hidrocarburos, bienes
muebles, es decir, debe distinguirse entre la propiedad del subsuelo y de los
elementos que en él yacen. Así pues, destacaron: “cada pieza de carbón extraída
del subsuelo de propiedad de mis poderdantes es la extracción, independiente, de un bien
mueble de su propiedad. (…) cada pieza extraída es un daño independiente, pues sobre cada
una de ellas existe propiedad de la familia Maya Aarón. Por ello, para cada uno de estos daños
debe darse un conteo distinto de la caducidad. [daño continuado]”
Expusieron que no le asiste razón a la Sección Tercera del Consejo de Estado
cuando indica que el daño alegado no puede ser la explotación del carbón,
porque solo el Estado es dueño de este mineral conforme a la legislación
vigente, pues esta afirmación soslaya la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia que reconoció la propiedad sobre estos bienes muebles a los hoy
accionantes.
También consideran que incurrió en error la accionada al indicar que el daño
no podía ser la explotación de carbón sino la “ocupación jurídica”, incluso,
porque la explotación materialmente inició en el año 2009 y la demanda se
radicó en el año 2006. Dado lo anterior, agregaron que, con miras a declarar
la caducidad de la acción, la autoridad judicial olvidó que se pueden demandar
daños futuros, siempre que sean ciertos (Exp. 19146 del 22 de abril de 2015).
En todo caso destacaron que el daño ya no podía catalogarse como futuro al
momento en que se dictó sentencia.
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Señalaron que, con miras a garantizar el derecho al acceso a la administración
de justicia de los demandantes, era deber del juez natural de la causa
interpretar la demanda a la luz del principio pro actione, lo que lo hubiera
llevado a escoger, entre dos posibilidades, la más favorable para la garantía
de los derechos de los demandantes. Las dos opciones a juicio de la parte
accionante eran: “una según la cual el daño deprecado era el contrato y otra, que se
derivaría de una lectura atenta de las pretensiones, según la cual el daño deprecado era
la remoción del carbón de propiedad privada de los demandantes.”
La parte accionante agregó que, en el curso del proceso no se probó el registro
del contrato y, en consecuencia, no podía contarse la caducidad teniendo
como parámetro ese evento. Es decir que la declaratoria de caducidad de la
acción se fundamentó en un hecho que no estaba probado: “la existencia y registro
del contrato”. Advirtieron que la única prueba conducente para acreditar este
hecho era el registro minero y este documento no está en el proceso.
De otra parte, destacó que en la sentencia acusada se desconoció el
precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado cuando el daño que
se alega es continuado en el tiempo (expediente 40868). Al respecto, recordó
que cada extracción de carbón es un daño independiente y continuado sobre
el derecho a la propiedad, por lo que debió aplicarse la jurisprudencia
pertinente conforme a las particularidades del caso individual.
Relacionaron una sentencia que estiman relevante, dadas las similitudes
fácticas y jurídicas frente al caso concreto, Exp. 40868, que fue proferida por
la misma Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuya
postura, a juicio de los accionantes, fue cambiada de manera importante en el
caso que ahora se presenta ante el juez de tutela.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 13 de mayo de 2022, el despacho ponente requirió a la parte demandante
para que (i) acreditara la legitimidad de cada uno de los accionantes, y (ii)
precisara quienes fueron la parte demandante, demandada y los terceros
vinculados dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el Nro.
20001-33-31-002-2006-00030-00 (39256).
4.2. En auto del 25 de mayo de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por Nancy Fernández Maya, Emilia Jaramillo Maya, Janeth
Vallejo Maya, Yadira Vallejo Maya, Rosana Vallejo Maya, José Trinidad Díaz
Maya, Stela Díaz Maya, Algemiro Díaz Maya, Lisandro Díaz Maya, Lilia Díaz
Maya, Betty Cecilia Díaz Maya, Leonor Díaz Maya, Federico de Jesús Maya
Berdugo, Alberto de Jesús Maya Aarón y William Enrique Díaz Maya, contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y vinculó, en
calidad de terceros con interés, a: la Nación, Ministerio de Minas y Energía, al
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS y a la sociedad
Drummond Limited; y a los señores Luis Carlos Díaz Maya, James Alberto
Maya Berdugo, Teolinda Josefa Maya Villalba, Avelina Maya Villalba, José
Antonio Maya Villalba, Juan José Maya Villalba, Guillermo Nicolás Jaramillo
Maya, Teófilo Antonio Ruidiaz Maya, Patricia Ruidiaz Maya y a los demás
demandantes, todos estos sujetos procesales que actuaron en el proceso
radicado bajo el Nro. 20001- 33-31-002-2006-00030-00 (39256).
4.3. Los señores Teolinda Josefa Maya Villalba, Patricia Ruidiaz Maya, Teolinda
Beatriz Ruidiaz Maya, Javier Enrique Ruidiaz Maya, Iván Alberto Ruidiaz
Maya, Teófilo Antonio Ruidiaz Maya, William Alfredo Ruidiaz Maya y Juan
Evangelista Ruidiaz Maya, por conducto de apoderado judicial, solicitaron ser
tenidos como coadyuvantes de la parte accionante e indicaron adherirse a las
pretensiones del escrito de tutela.
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4.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la sentencia acusada, manifestó que la decisión de
declarar probada la caducidad de la acción se fundamentó en que el daño
alegado tiene la connotación de una ocupación jurídica, determinada por el
perfeccionamiento del contrato de concesión minero nro. 144-97 y, en razón a
ello, el término para interponer la demanda inició desde el momento en que
los accionantes conocieron que no podían darle al bien la destinación que
pretendían, como consecuencia de la existencia del mencionado contrato.
Así las cosas, advirtió que “(…) se logró establecer que el conocimiento del contrato
permitía comprobar la existencia del daño, [luego] la caducidad debe contabilizarse desde
el momento en que los demandantes conocieron o debieron conocer ese negocio jurídico.
(…) dado que las pruebas aportadas permiten establecer que el contrato estaba inscrito
en el Registro Minero para el año 2001, y por cuanto la demanda fue presentada en el
año 2006, esto es, transcurridos casi cinco (5) años desde el momento en que ese acto
era conocido y oponible, concluyó el fallo que la acción fue ejercida por fuera del término
previsto de dos (2) años.”
La autoridad judicial expuso las siguientes consideraciones frente al escrito de
tutela:
En el fallo acusado se explicó que las pretensiones de la demanda tienen por
objeto el resarcimiento de los perjuicios causados con ocasión a la ocupación
jurídica del bien materializada mediante el citado contrato, toda vez “que éste
imposibilita a los demandantes ejercer las facultades propias del derecho que afirman les
asiste, consistente en la explotación de los recursos obrantes en el subsuelo.”
En la providencia cuestionada también se indicó que el daño no puede
corresponder a la explotación y actividad extractiva porque: (a) las
pretensiones de la demanda se dirigieron hacia la indemnización de los
perjuicios derivados de la celebración del contrato estatal y que se concreta
en el desconocimiento del derecho que afirman tener para explorar y explotar
el carbón existente en el subsuelo del predio, el cual no pueden ejercer con
ocasión de la celebración y perfeccionamiento del contrato; (b) los
demandantes confunde los conceptos de daño y perjuicio, por lo tanto “(…) aun
cuando el eventual perjuicio podría estar representado en la explotación del carbón, lo cierto
es que el daño, esto es, la lesión misma del derecho alegado por los demandantes, se
identifica con la habilitación a un tercero para realizar tal explotación, lo cual, a su vez,
inhabilita a los demandados para hacerlo.”; (c) la etapa de explotación del contrato
inició en el año 2009, dado que la demanda se radicó en el 2006, no podía
concluirse que el daño alegado fuera la explotación del carbón, dado que el
hecho no existía al momento de interponer la acción.
El daño consistió en uno instantáneo o inmediato, entendido como aquel
susceptible de identificarse en un preciso momento (desconocimiento y
entrega a un tercero del derecho exclusivo y excluyente a explotar), aun
cuando sus efectos (perjuicio concretado en la explotación y extracción del
carbón), se puedan proyectar en el tiempo.
En las pretensiones de la demanda se pidió concretamente que se declarara
la responsabilidad patrimonial de los demandados derivadas de la celebración
del contrato con la Drummond.
A efectos de determinar la caducidad de la acción, el juez puede hallar probado
con otros elementos distintos al registro que el contrato cumplió con ese
requisito en una época determinada, y que, en consecuencia, era conocido por
los demandantes.
Los reparos expuestos por los accionantes, en realidad, se limitan a
manifestaciones de inconformidad con la decisión que no les favoreció y en
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relación con la interpretación y aplicación de las normas al caso individual,
pero no se traducen en un real escenario de vulneración de derechos
fundamentales. Además, algunos de los argumentos se fundamentan en
errores conceptuales y en la variación del contenido de la demanda.
Finalmente, dijo que la jurisprudencia citada, refiere a casos de ocupación
material de bienes inmuebles que no es el asunto que en esta ocasión se
analiza.
4.5. La sociedad Drummond Ltd., sucursal Colombia, a través de apoderado
judicial, señaló que la acción de tutela es improcedente, porque la intención de
la parte actora es que el juez constitucional actúe como fallador de segunda
instancia y revise de fondo la decisión cuestionada, pues discrepan de la
determinación de declarar la caducidad de la acción.
En esa línea expusieron que, la acción de tutela no tiene relevancia
constitucional en tanto que solo evidencian la frustración frente a la
prosperidad de la excepción de caducidad. Ninguno de los reparos evidencia
violación alguna al derecho al debido proceso de los demandantes.
También alegaron desconocido el requisito de inmediatez, pues, aunque
aceptan que la jurisprudencia creó una regla de 6 meses para interponer la
acción de tutela desde la notificación de la providencia presuntamente
vulneradora de derechos fundamentales, también destacan que “ese referente
de 6 meses puede ser menor, cuando atendidas las posibilidades de conocimiento y de acción
de los supuestos perjudicados, resulta razonable y exigible que acudan a la acción de tutela
con mayor celeridad.”
Relativo al fondo del asunto expuso que no se concretó defecto fáctico alguno.
Dijo que el Otrosí nro. 1 del contrato, que fue aportado por la parte
demandante, permitía razonablemente, tener por acreditado la inscripción del
contrato en el Registro Minero. Además, destacó que la parte demandante no
informó las razones por las cuales, presuntamente, solo adquirió conocimiento
del hecho dañoso seis años después de su acaecimiento.
La sociedad advirtió que con la acción de tutela se pretende implementar
novedosas formas de interpretación de sus pretensiones y se reescriben los
fundamentos fácticos de la demanda, pues “[m]ientras en el proceso decían
reclamar por el desconocimiento de su propiedad sobre el carbón, reconociendo que no
tienen la propiedad del suelo, para sostener ahora su posición de la caducidad acuden a
reclamar como si se tratara de una ocupación ilegal para sostener que el daño es
continuado (…). Más llamativo aún, es que para sostener eso, dicen además que la
demanda reclamaba por la extracción del carbón, cuando la extracción inició en el año
2009 y la demanda fue interpuesta años antes.”
Adicional a lo anterior, acusó que los accionantes no informaron de qué
manera el fallo cuestionado transgrede la Constitución ni menos aún sus
derechos fundamentales. A su juicio, la parte actora se limitó a presentar
reparos sobre la decisión de declarar la caducidad de la acción, pero no explicó
como aquella desborda la discrecionalidad interpretativa del juzgador o
materialice una decisión arbitraria o caprichosa.
Finalmente, relativo al desconocimiento del precedente judicial indicó que los
accionantes, se limitaron a citar apartes descontextualizados de una sentencia
del Consejo de Estado, pero no exponen en concreto cual es el precedente
desconocido. Destacó que la revisión de la sentencia relacionada en el escrito
de tutela da cuenta de que la única similitud que existe es que trata de un
contrato de concesión minera, pero no refiere a derechos de propiedad del
subsuelo ni ningún asunto similar.
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4.6. El Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano
solicitaron que se declare la falta de legitimación en causa por activa de esas
entidades, dado que sus funciones no guardan relación con los hechos ni
pretensiones de la acción de tutela y, en consecuencia, piden que se las
desvincule del proceso constitucional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así que, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 20178, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Dado que en la acción de tutela se acusa una sentencia proferida por un Tribunal
de cierre, como lo es la Sección Tercera del Consejo de Estado, en primer lugar,
debe la Sala estudiar si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de
procedibilidad, en especial, el de relevancia constitucional.
De superarse el primer estudio, deberá la Sala establecer si al proferir la sentencia
de única instancia, que data del 22 de octubre de 2021, proferida en el marco del
medio de reparación directa tramitado bajo el radicado Nro. 20001-33-31-002-2006-
00030-01 (39256), la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en yerro por defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa a la Constitución.
4. Presupuesto de relevancia constitucional: alcance y su análisis en el
caso individual
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
8 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”9. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
4.2. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4.3. La acción de tutela ataca la sentencia del 22 de octubre de 2021 a partir de
cuatro argumentos principales, a saber: (i) el cómputo de la caducidad no
debió analizarse con fundamento en la existencia y conocimiento del contrato,
pues ese no es el daño alegado, sino a partir de la explotación de los recursos
del subsuelo, como lo fue en este caso el carbón; (ii) la autoridad judicial omitió
considerar al momento de analizar el cómputo de la caducidad que el daño
alegado es de carácter continuado; (iii) se desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado relativa al cómputo de la caducidad cuando el daño es de
tracto sucesivo; (iv) la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
porque inició el cómputo de la caducidad desde el registro del contrato en el
Registro Minero, pero ese hecho no se probó en el proceso.
4.4. Al comparar estos alegatos con el contenido de la sentencia que se cuestiona,
la Sala observa que los accionantes en realidad pretenden convertir la acción
de tutela en una instancia adicional para procurar dejar sin efectos la decisión
que no les fue favorable, es decir, que se utiliza la jurisdicción constitucional
para exponer los desacuerdos con la sentencia, pero en realidad no exponen
un escenario de vulneración de derechos fundamentales.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.
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En la providencia que se acusa se indicaron las razones por las que, el
conocimiento respecto del contrato suscrito entre la Drummond y el Estado era
el momento en que debía iniciar el cómputo de la caducidad, se descartó que
el daño alegado se tratara de uno de carácter continuado y se explicó a partir
de cuales elementos probatorios era posible tener por acreditado el registro
del contrato como parámetro para iniciar el cómputo de la caducidad de la
acción.
Como sustento de las anteriores afirmaciones, la Sala pasará a presentar los
principales acápites de la sentencia acusada relacionados con las
inconformidades expuestas en la acción de tutela, pero previo a ello y
considerando que uno de los principales desacuerdos refiere al daño que los
demandantes pretenden que se indemnice, se estima relevante relacionar las
pretensiones de la demanda de reparación directa, dado que es útil para
comprender la delimitación del elemento del daño.
En la demanda de reparación directa se propusieron las siguientes
pretensiones10:
“Primera.- Que se declare que la Empresa Colombiana de Carbones (hoy, Ingeominas),
entregó en forma ilegal el predio rural individualizado con la matrícula inmobiliaria No. 190-
8785, de propiedad privada e inscrita de los demandantes, conforme certificado de libertad
y tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar,
ubicado y comprendido entre los siguientes linderos, de acuerdo con lo consignado en esa
oficina registral: (…)
Segunda.- Se declare administrativamente responsables solidarios a la Nación- Ministerio
de Minas y Energía - Instituto Nacional de Geología y Minero (INGEOMINAS), a la sociedad
Drummond Limited- Drummond Coal Mining L.L.C., Sucursal Colombia, de todos los
perjuicios irrogados a los demandantes en su condición de propietarios del subsuelo del
predio rural denominado "Tierras Nuevas del Retiro", con ocasión de la celebración del
contrato estatal de concesión para la gran minería No. 144 de 10 de diciembre de 1.997,
entre las entidades públicas demandadas y la sociedad Drummond Limited, en razón de
haberle entregado a esta sociedad Contratista concesionaria, el subsuelo de propiedad de
los demandantes, en predio de mayor extensión.
Segunda.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de indemnización
de perjuicios, se condene a las entidades públicas y privadas demandadas, a pagarle a los
demandantes, debidamente indexados los valores o precios comerciales del carbón
mineral que se encuentra incado en el referido subsuelo. En defecto del mencionado pago,
que se condene a la parte demandada, a restituir el subsuelo descrito, individualizado con
la matrícula inmobiliaria No. 190-8785 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
y Privados de Valledupar a los demandantes.
TERCERA.- Se condene a la parte demandada, a pagarle a los demandantes,
debidamente indexados la totalidad de las toneladas de carbón mineral que en razón del
contrato estatal de gran minería No. 144 de 10 de diciembre de 1.997, sus adicionales, han
sacado y comercializado hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso,
que hubiere extraído la sociedad Drummond Limited u otra sociedad filial o subcontratista
de ésta, y en razón de la concesión realizada por las entidades públicas demandadas
contratantes” (sic para toda la cita) (resalta la Sala)
4.5. Establecido lo anterior, es importante considerar que el análisis del cómputo
de caducidad en el caso concreto se surtió a la luz del artículo 136.8 del
Decreto 01 de 1984 y de la jurisprudencia que le ha dado alcance. Así pues,
la autoridad judicial indicó que era necesario identificar dos momentos: el
primero, cuando ocurrió el daño y, el segundo, cuando el demandante tuvo
conocimiento de éste, siempre que fuera razonable concluir que no le era
posible conocerlo en el momento de su ocurrencia.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que
el daño y el hecho dañoso confluían en la celebración y perfeccionamiento del
10 Folios 63 y 64 del Cuaderno principal nro. 1 que hace parte del expediente digitalizado del medio de control
de reparación directa nro. 200013331002200600030-00 (39256). Samai, índice 21.
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contrato Nro. 114-97, de manera que este hecho marca el parámetro para el
cómputo de la caducidad en el caso individual. Precisó que el término de
caducidad inició a correr en el momento en que los accionantes conocieron
que no podían darle al bien la destinación que pretendían, como consecuencia
del contrato nro. 144-97. En esa vía, a partir de las pruebas del proceso,
concluyó que el conocimiento de la existencia del contrato correspondía al
momento que se inscribió el negocio jurídico en el Registro Minero, lo cual,
según las pruebas del proceso sucedió en el año 2001.
En la sentencia acusada, al respecto, se lee:
“En atención a lo anterior, y en consideración tanto del principio de congruencia que debe
ser atendido en la decisión a adoptar, como de la carga que le asiste al accionante en una
acción indemnizatoria de identificar y probar el daño, la Sala encuentra que, conforme a
las pretensiones de la demanda, los hechos en que se fundan y los esfuerzos probatorios
desarrollados por las partes en el proceso, tanto el daño como el hecho dañoso se
identifican con la celebración y perfeccionamiento del contrato No. 144-97 celebrado entre
ECOCARBÓN y Drummond Limited, momento en el cual, el Estado dispuso a favor del
último la exploración y explotación del predio respecto del cual los accionantes manifiestan
tener un título de propiedad privada sobre el subsuelo, el cual les fue vulnerado ante la
imposibilidad de explotarlo económicamente.
[…]
Claramente y como consecuencia de la naturaleza misma del bien respecto del cual los
demandantes afirman tener un derecho de propiedad privada, esto es, el subsuelo
exclusivamente, las pretensiones de la demanda tienen por objetivo el resarcimiento de los
perjuicios causados con ocasión de una ocupación jurídica de dicho bien, derivada y
materializada por su otorgamiento para ser explotado mediante el contrato No. 144-97, el
cual, desde su perfeccionamiento, determinó la limitación o imposibilidad de ejercer las
facultades propias del derecho que afirman los accionantes les asiste sobre dicho
subsuelo, esto es, la explotación de los recursos obrantes en el mismo. Es preciso recordar
en este punto que los demandantes explican en la demanda que se les “…ha imposibilitado
por esa actuación y decisión administrativa – contractual, que éstos desarrollen proyectos
económicos e industriales a partir de la explotación de los varios recursos mineros y demás
hidrocarburos habidos en ese subsuelo, entre los que se cuenta el carbón mineral que hoy
extrae la sociedad concesionaria del Estado…”11
[…]
Por lo tanto, se observa que el daño deprecado por los accionantes en el presente caso,
consiste en el desconocimiento y vulneración del derecho o título que afirman poseer para
explorar y explotar el carbón existente en el predio, lo cual no pueden hacer precisamente
con ocasión de la celebración y perfeccionamiento del contrato en virtud de aporte
celebrado con Drummond Limited, en tanto el mismo le otorga el derecho exclusivo y
excluyente para hacerlo12 y que corresponde al hecho dañoso, determinando ello por tanto,
que el daño se produjo y materializó en el mismo momento que el hecho que lo causó ”
(subraya la Sala)
4.6. Adicional a lo anterior, en la sentencia acusada la Sala de decisión descartó,
específicamente y conforme a los hechos y pretensiones de la demanda, que
el daño alegado refiriera a una ocupación material producto de una actividad
extractiva de carbón y la toma del predio mediante grandes maquinarias,
conforme a al menos cuatro argumentos. A saber:
(i) En la demanda se precisó que la parte actora no era propietaria del suelo
y por ello no pretenden los derechos que de esa propiedad
eventualmente derivarían, sino que su propiedad se predica del
subsuelo. Esta aclaración, excluye la posibilidad de que el daño se
catalogue como una ocupación material superficiaria del inmueble.
11 Cuaderno Principal No. 1. Folios 72 y 73.
12 El artículo 48 del Decreto 2655 de 1998 dispone que el aporte minero otorga “la facultad temporal y exclusiva
de explorar y explotar los depósitos o yacimientos de uno o varios minerales que puedan existir en un área
determinada.”
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(ii) La propiedad del subsuelo y los minerales que en él se encuentren son
de propiedad inalienable, imprescriptible y exclusiva del Estado, luego, el
derecho a explorar y explotar solo puede provenir del título minero.
(iii) Debe tenerse clara la distinción conceptual entre el daño y el perjuicio.
“[E]l primero corresponde a la vulneración, afectación o lesión del interés legítimo,
o de la situación jurídicamente protegida, el segundo consiste en el menoscabo
patrimonial resultante del primero13. Por tanto y aun cuando el eventual perjuicio en
el presente caso podría estar representado en la explotación, por parte de otro, del
carbón obrante en el subsuelo respecto del cual los demandantes afirman un
derecho de propiedad privada, lo cierto es que el daño, esto es, la lesión misma de
tal derecho, se identifica con la habilitación mediante un título otorgado por el
Estado a Drummond Limited para realizar tal explotación, lo cual, a su vez, inhabilita
a los demandados para hacerlo14, afectando la situación jurídicamente protegida
que dicen les asiste.” (subraya la Sala)
(iv) La extracción del carbón es un hecho que no existía al momento en que
se radicó la demanda y en razón a ello no podría aseverar que era el
daño que alegaban los demandantes. La demanda se presentó en el año
2006 yla explotación del terreno inició en el año 2009.
Con fundamento en estas premisas, la autoridad judicial accionada reiteró:
“De esta forma, en tanto a partir de la causa petendi y sus fundamentos, el daño y su
consumación tienen coincidencia en el contrato en virtud de aporte celebrado, el cual,
desde el momento mismo de su perfeccionamiento, en opinión de los demandantes
vulneró su derecho a explotar económicamente el subsuelo del predio en cuestión,
sobre el cual afirman un título de propiedad privada, en tanto desde ese momento fue
desconocido por el Estado al ser otorgado bajo título minero a otro, se observa también
que dicho daño consiste en uno instantáneo o inmediato, entendido como aquel
susceptible de identificarse en un preciso momento, aun cuando sus efectos –perjuicio-
se puedan proyectar en el tiempo15, restando por tanto determinar cuándo el accionante
conoció o debió conocerlo.” (subraya la Sala)
4.7. Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual debía computarse la
caducidad de la acción en el caso individual, la autoridad judicial accionada,
consideró que era aquel en que los demandantes conocieron o debieron
conocer de la existencia del contrato. En esa línea, destacó que este tipo de
contrato es un acto solemne sujeto a registro, conforme lo establece el Decreto
2655 de 1988. Luego, el negocio jurídico solo se perfecciona y ejecuta con la
inscripción en el Registro Minero. Este Registro, según se informa en la
sentencia tiene por objeto "servir como mecanismo de publicidad y oponibilidad del
mismo frente a terceros16”. En consecuencia, estableció que el conocimiento de la
existencia del contrato corresponde al de la inscripción del contrato No. 144-
97 en el Registro Minero.
En relación a la prueba del momento en que se surtió el mencionado registro,
en la sentencia acusada, se expuso el siguiente razonamiento:
“…si bien no obra en el expediente el registro minero del contrato de concesión minera No.
144 de 10 de diciembre de 1997 para establecer su fecha, dentro de las pruebas allegadas
por el demandante consta el Otrosí No. 1 del mismo, suscrito el día 10 de mayo de 2001,
el cual, junto con las condiciones del contrato, permiten establecer con toda convicción que
el mismo había sido realizado antes de dicha fecha. En tal sentido se tiene que:
13 Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia del 13 de diciembre de 1943, M.P.:
Aníbal Cardoso Gaitán. Citada en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera:
Sentencia del 9 de mayo de 2011, Exp.: 18.048, C.P.: Enrique Gil Botero; del 8 de junio de 2011, Exp.:
17.858, C.P.: Jaime Santofimio Gamboa.
14 Como es dispuesto por el artículo 13 del Decreto 2655 de 1998 y el artículo 15 de la Ley 685 de 2001.
15 Sentencia de 18 de octubre de 2007. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. Sección Tercera.
Radicación No: 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).
16 Al respecto pueden verse las sentencias del 30 de octubre de 1993, expediente 6696, 14 de febrero de 2011,
expediente 15880 y 29 de abril de 2019, expediente 44111.
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i) Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.1. del contrato de concesión, para que el
contratista pudiera ejercer los derechos derivados del mismo, se requería de la
inscripción del contrato en el registro minero, y como requisito previo para ello, que el
contratista hiciera entrega del Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, momento
en el cual ECOCARBÓN procedería con la correspondiente inscripción, y solo a partir
de la misma, daría inicio a la etapa primigenia de Exploración hasta Factibilidad. Ahora,
teniendo en cuenta que el numeral 5.2. determinaba la resolución automática del
contrato en caso que transcurridos seis (6) meses desde su suscripción el contratista
no radicara el Documento de Evaluación y Manejo Ambiental para iniciar la etapa de
Exploración y Factibilidad, en tanto es claro bajo el otrosí No. 1 que la misma en efecto
dio inicio, y que el contrato no fue resuelto, resulta evidente que la inscripción del
contrato en el registro minero tuvo lugar en el año 1998, atendiendo a que fue suscrito
en diciembre de 1997.
ii) El numeral 4.1., establece que el contratista tenía un plazo de dos (2) años, desde el
perfeccionamiento del contrato, y como parte de la etapa de Exploración y Factibilidad,
para realizar la ejecución y entrega del informe final del Programa de Exploración
Geológica (PEG), el cual conforme al otrosí No. 1 mencionado, fue entregado por el
contratista y aprobado por ECOCARBÓN en el año 2000, lo cual coincide con el
razonamiento anterior, esto es, que el contrato fue perfeccionado, y por ende inscrito
en el Registro Minero, en el año 1998, de tal forma que el vencimiento de los dos (2)
años para la entrega del PEG vencía en el año 2000, momento que el otrosí No. 1 da
cuenta en efecto fue aprobado.
iii) De manera clara y expresa, el otrosí No. 1, celebrado con el objetivo de reducir las áreas
inicialmente objeto de la concesión, lo cual solo era procedente superadas las etapas y
entregas antes expuestas, especifica que tales áreas iniciales corresponden a las
definidas en el contrato y obrantes en “el Registro Minero 97-0003-21775-06”,
evidenciando la existencia del Registro Minero en cuestión para la fecha de su
suscripción.”
En cuanto al presupuesto de conducencia de la prueba del Registro, la Sala
accionada precisó lo siguiente:
“Visto lo anterior, debe decirse que no escapa para la Sala que tanto el Decreto 2655 de
198817 como la Ley 685 de 200118 establecen que el Registro Minero es la única prueba
de los actos y contratos sometidos a dicho requisito, y que, en consecuencia, ninguna
autoridad podrá admitir prueba distinta que la sustituya, modifique o complemente; sin
embargo, es claro que tal disposición hace referencia al carácter solemne de dichos actos,
cuyo registro es requisito sine qua non para su perfeccionamiento y la consecuente
constitución de los derechos que los mismos implican. Dichas normas tienen por finalidad
reiterar que el registro corresponde a un requisito ad substantiam actus 19, y que, por tanto,
la existencia o validez del acto o contrato y el ejercicio de los derechos concedidos por el
mismo no pueden ser suplidos por otra prueba, lo cual, de manera alguna es el objeto del
asunto sub judice bajo el medio de control de reparación directa.
[…]
De esta forma y conforme a las pruebas aportadas, especialmente las allegadas por la
propia parte demandante, las cuales no fueron cuestionadas y mucho menos tachadas por
falsedad, para la Sala existen suficientes evidencias y elementos de convicción para
determinar, en especial con fundamento en el referenciado otrosí No. 1, que el contrato de
concesión minera No. 144 de 10 de diciembre de 1997 fue registrado incluso para el año
1998. Sin embargo, atendiendo que la prueba documental que corrobora tal hecho y
determina sin lugar a dudas la existencia del registro corresponde al otrosí No.
1 del
contrato, y por ende, el mismo da cuenta de la oponibilidad del contrato de concesión a los
accionantes para ese momento, como garantía del acceso a la administración de justicia,
adoptando la interpretación más favorable para los demandantes, se tomará como punto
de inicio del cómputo de la caducidad, la fecha de suscripción del otrosí No. 1 que
corresponde al año 2001.”
17 Artículo 290. VALIDEZ DEL REGISTRO. La inscripción en el Registro Minero constituye la única prueba de
los actos a él sometidos y en consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba distinta que la sustituya,
complemente o modifique.
18 Artículo 331. PRUEBA ÚNICA. La inscripción en el Registro Minero será la única prueba de los actos y
contratos sometidos a este requisito. En consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba distinta que
la sustituya, modifique o complemente.
19 El artículo 265 del C.G.P. dispone que “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los
actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se prometa
reducirlos a instrumento público” y en el mismo sentido el artículo 256 del C.P.C. señala que “La falta del documento que
la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba"
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4.8. Visto lo anterior, esta Sección reitera que cada uno de los alegatos de la parte
accionante, en realidad, evidencian un mero desacuerdo con el sentido de la
decisión y el deseo de que el cómputo de la caducidad se realice conforme las
consideraciones expuestas por los accionantes, quienes sostienen que el daño
que se alegó en realidad refiere a la extracción de carbón que se ha realizado
de manera permanente en el tiempo y por ello, se trata de un daño continuado
y no inmediato, como indicó la accionada. Es decir, pretende que se privilegie
su razonamiento en relación con la manera como deben interpretarse los
hechos y las pretensiones de la demanda, así como las pruebas del proceso,
que no el juicio jurídico y probatorio expuesto por el juez de la causa. Tal
propósito desnaturaliza la acción de tutela.
Como se expuso, la autoridad judicial sustentó cada una de las premisas que
fundamentaron su decisión a la luz del marco jurídico aplicable, de los hechos
y pretensiones de la demanda y de las pruebas del proceso. Además, descartó
de manera motivada la posibilidad de computar la caducidad desde un
momento anterior o posterior a la inscripción del contrato en el Registro Minero.
Asimismo, expuso las razones por las que el daño, en el caso individual, no se
catalogaba como de carácter continuado y presentó las pruebas y la valoración
que permitían establecer el parámetro para iniciar el cómputo de la caducidad.
Al respecto, se estima pertinente recordar que la simple disparidad de criterio
no constituye en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. De
aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
4.9. Esta Sala también observa que parte de la discusión propuesta por los
accionantes en realidad refiere a una cuestión de mera legalidad en relación
con la interpretación y alcance del artículo 136.8 del Código Contencioso
Administrativo y de la jurisprudencia que le ha dado alcance, pretendiendo que
se privilegie su consideración de que el hecho dañoso en el caso concreto es
de carácter continuado, que no inmediato, como lo calificó la autoridad judicial
accionada.
Como ya lo ha reiterado la Corte Constitucional20 las cuestiones de simple
legalidad se alejan del objeto de la acción de tutela, pues el juez de la causa
goza de libertad interpretativa producto del respeto a su independencia y
autonomía. Luego, no corresponde al juez constitucional indicar cual es la
interpretación conveniente o correcta de la Ley, salvo que se evidencia
arbitrariedad o capricho en el ejercicio de interpretación del juez de instancia,
pero tal escenario de irracionalidad no se evidencia configurado en el caso
concreto.
Por esta razón, se considera que no existe un real cuestionamiento
iusfundamental en relación con una decisión judicial, sino simplemente la
exteriorización de la inconformidad de la parte accionante con la decisión del
juez de la causa, por resultar desfavorable a sus intereses. Y se tiene que las
discrepancias respecto de la apreciación del caso no ameritan, per se, la
revocación por vía de tutela de una providencia judicial, porque hacerlo llevaría
a desconocer los principios de autonomía e independencia judicial.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-00
Demandante: Alberto Maya Aarón y otros
En este punto conviene agregar que, tratándose de una acción de tutela contra
providencias judiciales de altas Corporaciones, el análisis del requisito de
relevancia constitucional se torna más exigente y la procedibilidad de este
mecanismo judicial es aún más restrictiva, pues se trata, en este caso, del
Tribunal de cierre en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esa
línea se robustece el elemento de especialidad del juez respecto de la causa
que conoce y los principios de independencia y autonomía.
Es por ello por lo que, la jurisprudencia constitucional21 exige que, para el
análisis de fondo de la acción de tutela en estos eventos, se haya identificado
en la providencia cuestionada “una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención de juez constitucional”, escenario que no se identifica en el caso
concreto.
4.10. Ahora bien, relativo a la providencia relacionada por el accionante en el escrito
de tutela, sentencia del 30 de mayo de 2019 (Exp. 40.868), de manera breve
se indica que no constituye precedente para resolver el caso concreto dado
que no guarda similitud fáctica con el caso concreto.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso individual la solicitud de
amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia,
declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Alberto Maya
Aarón y otros, conforme las razones expuestas en esta providencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Ausente con permiso)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
21 Corte Constitucional, sentencias SU917 de 2010, SU050 de 2017, SU573 de 2017 y SU072 de 2018.
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