Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02582-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02582-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02582-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
9 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-01
Accionantes: Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02582-01
Accionantes: Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Caducidad del medio de control de
reparación directa / Daño continuado / Se confirma la sentencia que declaró improcedente
la acción por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 7 de julio de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual
se declaró improcedente la acción de tutela presentada por Alberto de Jesús Maya
Aarón y otros1, por conducto de apoderado judicial, contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. La acción pretendía dejar sin efectos la
sentencia del 22 de octubre de 2021 proferida en el marco del proceso de reparación
directa con radicado No. 20001-33-31-002-2006-00030-01 (39256), que declaró la
caducidad de la acción.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 10 de mayo de 2022 Alberto de Jesús Maya Aarón y otros interpusieron acción
de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
1 Nancy Fernández Maya, Emilia Jaramillo Maya, Janeth Vallejo Maya, Yadira Vallejo Maya, Rosana Vallejo
Maya, José Trinidad Díaz Maya, Stela Díaz Maya, Algemiro Díaz Maya, Lisandro Díaz Maya, Lilia Díaz Maya,
Betty Cecilia Díaz Maya, Leonor Díaz Maya, Federico de Jesús Maya Berdugo y William Enrique Díaz Maya.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-01
Accionantes: Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
porque estimaron vulnerados sus derechos fundamentales a la propiedad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<PRIMERO. Deje sin efectos la Sentencia de 22 de octubre de 2021, notificada el
11 de noviembre de ese año, en el proceso 20001-33-31-002- 2006-00030-
01(39256), proferida por la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que declaró probada la excepción de
caducidad.
SEGUNDO. En su lugar, se ordene proferir una Sentencia de fondo a la Subsección
A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en la que se respeten los derechos de acceso a la administración de justicia, de
propiedad, al debido proceso, y los demás que el juez constitucional observe en su
labor>>.
B. Hechos
3.- La parte actora basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Los accionantes aducen ser propietarios del subsuelo del predio rural
<<Tierras Nuevas del Retiro>> y alegan que su derecho de propiedad quedó
consolidado el 3 de febrero de 1806, fecha en la que el Gobierno de la Corona
Española adjudicó dicho predio a Juan José del Río y a Juana Gallardo. A juicio de
los actores, ello fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13
de mayo de 1954.
3.1.1.- El 6 de julio de 1979 Ecopetrol celebró con los demandantes un contrato por
cuarenta años para explorar y explotar el petróleo que se encontrase dentro del
subsuelo del predio <<Tierras Nuevas del Retiro>>. No obstante, conforme con los
estudios iniciales realizados, no se advirtió la existencia de petróleo, y luego de
varios años Ecopetrol <<abandonó>> la ejecución del contrato en mención.
3.1.2.- En diciembre de 1997, mediante el contrato No. 144, el Estado dispuso del
subsuelo del predio <<Tierras Nuevas del Retiro>> y lo entregó en concesión a la
sociedad Drummond Limited para la exploración y explotación de carbón.
3.2.- El 10 de marzo de 2006 Alberto de Jesús Maya Aarón y otros presentaron
demanda contra Drummond Limited para obtener el reconocimiento, liquidación y
pago del carbón mineral extraído del subsuelo del predio rural denominado
<<Tierras Nuevas del Retiro>>, o en su defecto, que se condenara a Drummond
Limited a restituir el mencionado predio. Consideraron que con la celebración del
contrato No. 144 de diciembre de 1997 el Estado dispuso del subsuelo propiedad
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Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
de los demandantes sin previa expropiación, por lo que incurrió en una falla del
servicio2.
3.3.- En auto del 29 de abril de 2011, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado avocó el conocimiento del asunto. Los demandantes adecuaron
la demanda y solicitaron que se declarara que la Empresa Colombiana de Carbones
(hoy Ingeominas) entregó en forma ilegal su predio rural. Pidieron que se declarara
responsables a la Nación – Ministerio de Minas y Energía – Instituto Nacional de
Geología y Minería (Ingeominas) y Drummond Limited de los perjuicios causados a
los demandantes en su condición de propietarios del subsuelo del predio <<Tierras
Nuevas del Retiro>>, con ocasión de la celebración del contrato de concesión para
la gran minería No. 144 de 10 de diciembre de 1997, entre las entidades públicas
demandadas y Drummond Limited.
3.4.- El 22 de octubre de 2021 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en fallo de única instancia, declaró la caducidad de la acción. Expuso
que, conforme a las pretensiones de la demanda, se reclamó el resarcimiento de
los perjuicios causados por la ocupación jurídica de dicho bien, derivada y
materializada por su otorgamiento para ser explotado mediante el contrato No. 144-
97. Descartó que se tratara de pretensiones por ocupación material superficiaria
derivada del desarrollo de exploración técnica, construcción y montaje del contrato
No. 144-97, dado que los demandantes aceptaron que no tienen la condición de
propietarios del suelo y no pretenden tales derechos en la demanda 3.
3.4.1.- Indicó que en el caso concreto el daño es el desconocimiento y vulneración
del título que los demandantes afirman poseer para explotar y explorar el subsuelo
del predio en cuestión, pero que no pueden hacer debido al contrato que el Estado
celebró con Drummond Limited, en tanto este le otorga el derecho exclusivo y
excluyente para hacerlo. Por esto, el daño alegado se produjo y materializó en el
mismo momento que el hecho que lo causó.
3.4.2.- Estableció que el cómputo de caducidad de la acción inició cuando se
inscribió el contrato No. 144-97 en el Registro Minero, pues esta gestión tiene la
finalidad de servir como mecanismo de publicidad y oponibilidad del negocio jurídico
frente a terceros. En tanto las pruebas del proceso daban cuenta de que el registro
2 El 22 de marzo de 2006 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar admitió la demanda.
Posteriormente, la Nación - Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas solicitaron: (i) ser reconocidos como
litisconsortes necesarios de la sociedad Drummond Limited, y (ii) que se declarara la nulidad de lo actuado por
falta de jurisdicción dado que, el asunto debía ser fallado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
auto del 12 de mayo de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar ordenó la vinculación del
Ministerio de Minas y Energía y de Ingeominas en calidad de litisconsortes necesarios, declaró la nulidad de lo
actuado y remitió el proceso para que fuera sometido a reparto en los juzgados administrativos. En providencia
del 15 de julio de 2010, la misma autoridad corrigió la orden de remisión y ordenó que el proceso se enviara a
reparto en el Consejo de Estado.
3 <<[…] no teniendo los demandantes el derecho de dominio sobre el inmueble – que es distinto al alegado
derecho derivado del título minero para explorar y explotar recursos naturales del subsuelo-, el daño no puede
estar identificado con una limitación al uso, goce y libre disposición del inmueble>>.
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Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
se llevó a cabo antes del 10 de mayo de 2001, fecha en la que se firmó el otrosí del
contrato, para el 10 de marzo de 2006, fecha en que se radicó la demanda de
reparación directa, ya había operado la caducidad de la acción.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes estiman que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado aplicó de manera incorrecta las normas sobre caducidad y el precedente
judicial relacionado, por lo cual incurrió en un defecto fáctico, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa a la Constitución. Precisan que el error
principal de la autoridad judicial accionada fue considerar que el único daño que se
alegó se relacionaba con la existencia del título habilitante para explotar el subsuelo,
pues ignoró que la explotación del subsuelo y el carbón son el verdadero daño.
Alegan cuatro yerros: (i) el contrato no es el daño; (ii) la explotación del subsuelo
no es el único daño; (iii) no está probado el registro del contrato, por lo que no podía
declararse la caducidad con base en ello; (iv) se desconoció la jurisprudencia sobre
el daño continuado y el cómputo de caducidad en esos eventos.
4.1.- Indican que la accionada incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del
precedente judicial por la indebida identificación del daño. En concepto de los
accionantes, el daño consiste en que durante años se les haya privado de participar
en los beneficios económicos obtenidos por Drummond Limited y el Estado por la
explotación del bien inmueble, el subsuelo, y los bienes muebles, incluido el carbón.
4.2.- Los accionantes destacaron que debe distinguirse la propiedad que ostentan,
así: de un lado, la propiedad sobre el subsuelo que catalogan como bien inmueble
y, de otro, la propiedad sobre el carbón y otros hidrocarburos, que son bienes
muebles. Destacan: <<cada pieza de carbón extraída del subsuelo de propiedad de
mis poderdantes es la extracción, independiente, de un bien mueble de su
propiedad. […] cada pieza extraída es un daño independiente, pues sobre cada una
de ellas existe propiedad de la familia Maya Aarón. Por ello, para cada uno de estos
daños debe darse un conteo distinto de la caducidad [daño continuado]>>.
4.2.1.- Exponen que no le asiste razón a la autoridad accionada cuando indica que
el daño alegado no puede ser la explotación del carbón porque solo el Estado es
dueño de este mineral, pues esta afirmación desconoce la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia que reconoció la propiedad sobre estos bienes muebles a los
hoy accionantes. También consideran que la autoridad accionada incurrió en error
al indicar que el daño no podía ser la explotación de carbón, sino la <<ocupación
jurídica>> porque la explotación materialmente inició en 2009 y la demanda se
radicó en 2006. Agregan que la autoridad judicial olvidó que se pueden demandar
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por falta de relevancia constitucional
daños futuros, siempre que sean ciertos4. En todo caso, precisan que el daño no
podía catalogarse como futuro al momento en que se dictó sentencia.
4.2.2.- Señalan que el juez natural de la causa debía interpretar la demanda a la luz
del principio pro actione, lo que lo hubiera llevado a concluir que el daño alegado
era la remoción del carbón de propiedad de los actores. Agregan que no se probó
el registro del contrato, por lo que no podía contarse la caducidad teniendo como
parámetro ese evento. Es decir, la declaratoria de caducidad se fundamentó en un
hecho que no estaba probado: <<la existencia y registro del contrato>>. Advierten
que la única prueba conducente para acreditar este hecho era el Registro Minero y
este documento no está en el proceso.
4.3.- Destacan que en la sentencia atacada se desconoció el precedente de la
Sección Tercera del Consejo de Estado cuando el daño que se alega es continuado
en el tiempo5. Recuerda que cada extracción de carbón es un daño independiente
y continuado sobre el derecho a la propiedad. Relacionan una sentencia que
estiman relevante, dadas las similitudes frente al caso concreto6, proferida por la
misma Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Consideran que
esa postura fue cambiada en el caso que ahora se presenta ante el juez de tutela.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (accionada)
afirma que declaró la caducidad en tanto el daño alegado tiene la connotación de
una ocupación jurídica, que determinada por el perfeccionamiento del contrato de
concesión minera No. 144-97. Por esto, el término para interponer la demanda inició
desde el momento en que los accionantes conocieron que, como consecuencia de
la existencia del contrato, no podían darle al bien la destinación que pretendían.
5.1.- Dado que las pruebas aportadas permitían establecer que el contrato estaba
inscrito en el Registro Minero para el año 2001, y por cuanto la demanda fue
presentada en el año 2006, esto es, transcurridos casi cinco años desde el momento
en que ese acto era conocido y oponible, en el fallo se concluyó que la acción fue
ejercida por fuera del término previsto de dos años. Aduce que en el fallo atacado
se explicó que las pretensiones de la demanda tienen por objeto el resarcimiento de
los perjuicios causados con ocasión a la ocupación jurídica del bien, materializada
mediante el citado contrato, toda vez que éste imposibilita a los demandantes
ejercer las facultades propias del derecho reclamado, consistentes en la explotación
de los recursos del subsuelo.
4 Exp. 19146 del 22 de abril de 2015.
5 Exp. 40868
6 Exp. 40868.
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5.2.- En la providencia cuestionada también se indicó que el daño no puede
corresponder a la explotación y actividad extractiva porque: (i) las pretensiones de
la demanda se dirigieron hacia la indemnización de los perjuicios derivados de la
celebración del contrato y que se concreta en el desconocimiento del derecho que
afirman tener para explorar y explotar el carbón existente en el subsuelo del predio,
el cual no pueden ejercer por la celebración y perfeccionamiento del contrato; (ii)
los demandantes confunden los conceptos de daño y perjuicio7; y (iii) la etapa de
explotación del contrato inició en 2009, y dado que la demanda se radicó en 2006,
no podía concluirse que el daño fuera la explotación del carbón, pues el hecho no
existía al momento de interponer la acción.
5.3.- Precisa que el daño es instantáneo o inmediato, entendido como aquel
susceptible de identificarse en un preciso momento (desconocimiento y entrega a
un tercero del derecho exclusivo y excluyente a explotar), aun cuando sus efectos
(perjuicio concretado en la explotación y extracción del carbón) se puedan proyectar
en el tiempo. En las pretensiones de la demanda se pidió concretamente que se
declarara la responsabilidad patrimonial de los demandados derivada de la
celebración del contrato con la Drummond Limited. A efectos de determinar la
caducidad de la acción, el juez puede hallar probado con otros elementos distintos
al registro, que el contrato cumplió con ese requisito en una época determinada, y
que, en consecuencia, era conocido por los demandantes. Finalmente, afirma que
la jurisprudencia citada se refiere a casos de ocupación material de bienes
inmuebles, diferente al asunto que en esta ocasión se analiza.
6.- Drummond Ltd. sucursal Colombia (tercero con interés) señala que la acción de
tutela es improcedente porque la intención de la parte actora es que el juez
constitucional actúe como fallador de segunda instancia. Señala que no se concretó
el defecto fáctico alegado, pues el otrosí No. 1 del contrato probaba su inscripción
en el Registro Minero.
6.1.- Advierte que con la acción de tutela se pretenden reescribir los fundamentos
fácticos de la demanda: mientras en el proceso ordinario los demandantes afirmaron
reclamar por el desconocimiento de su propiedad sobre el carbón y reconocieron
que no tienen la propiedad del suelo, ahora, para sostener su posición sobre la
caducidad, señalan que se trata de una ocupación ilegal para sostener que el daño
es continuado.
6.2.- Afirma que la parte actora solo presentó reparos sobre la caducidad, pero no
explicó cómo ello transgredió la Constitución. Sobre el desconocimiento del
precedente judicial, indica que los accionantes se limitaron a citar apartes
descontextualizados de una sentencia del Consejo de Estado, pero no expusieron
7 <<[…] aun cuando el eventual perjuicio podría estar representado en la explotación del carbón, lo cierto es
que el daño, esto es, la lesión misma del derecho alegado por los demandantes, se identifica con la habilitación
a un tercero para realizar tal explotación, lo cual, a su vez, inhabilita a los demandados para hacerlo>>.
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cuál es el precedente desconocido. Destaca que la única similitud que existe con la
sentencia citada es que trata de un contrato de concesión minera, pero no se refiere
a derechos de propiedad del subsuelo ni a ningún asunto similar.
7.- Teolinda Josefa Maya Villalba, Patricia Ruidiaz Maya, Teolinda Beatriz Ruidiaz
Maya, Javier Enrique Ruidiaz Maya, Iván Alberto Ruidiaz Maya, Teófilo Antonio
Ruidiaz Maya, William Alfredo Ruidiaz Maya y Juan Evangelista Ruidiaz Maya, por
conducto de apoderado judicial, solicitan ser tenidos como coadyuvantes de la parte
accionante e manifiestan adherirse a las pretensiones del escrito de tutela.
8.- El Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano solicitan
que se declare la falta de legitimación en causa por activa de esas entidades, dado
que sus funciones no guardan relación con los hechos ni pretensiones de la acción
de tutela; en consecuencia, piden que se les desvincule del proceso.
E. Fallo impugnado
9.- En sentencia del 7 de julio de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues
los reparos de la parte actora se reducen a un asunto de mera legalidad. Sostuvo
que los accionantes pretenden convertir la acción de tutela en una instancia
adicional para procurar dejar sin efectos una decisión que no les fue favorable.
9.1.- Afirmó que en la providencia que se ataca se indicaron las razones por las que
(i) el cómputo de la caducidad debía iniciar en el momento en el que los ahora
accionantes tuvieron conocimiento del contrato suscrito entre Drummond Limited y
el Estado; (ii) se descartó que el daño alegado se tratara de uno de carácter
continuado y (iii) se explicaron los elementos probatorios a partir de cuales era
posible tener por acreditado el registro del contrato como parámetro para iniciar el
cómputo de la caducidad de la acción.
9.2.- Adujo que la autoridad accionada descartó de manera motivada la posibilidad
de computar la caducidad desde un momento anterior o posterior a la inscripción
del contrato en el Registro Minero. Sobre la sentencia del 30 de mayo de 2019,
mencionada por el accionante en el escrito de tutela, indicó que no constituye
precedente dado que no guarda similitud fáctica con el caso concreto.
F. Impugnación
10.- Mediante escrito del 27 de julio de 2022 la parte actora impugna la sentencia
del 7 de julio de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Aduce
que en ella no se valoraron correctamente los hechos y circunstancias precisados
en su acción de tutela, pues de haberlo hecho, habría concluido que el asunto sí
reviste relevancia constitucional. Para sustentar su afirmación, reitera tres
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argumentos de su acción de tutela: (i) el daño objeto de la acción de reparación
directa no es el contrato No. 144 de 1997; (ii) el registro del contrato No. 144 –a
partir del cual se computó el término de caducidad– no se encuentra probado; y (iii)
se desconoció el precedente jurisprudencial sobre daño continuado.
10.1.- Sobre lo primero, enfatiza que el daño es que durante varios años se les haya
privado de participar en los beneficios económicos que han obtenido Drummond
Limited y el Estado por la explotación del bien inmueble, el subsuelo, y los bienes
muebles de su propiedad. Aduce que es el dueño del bien inmueble, su subsuelo y
el carbón, por lo cual la autoridad accionada desconoció una decisión de la Corte
Suprema de Justicia que reconoció la propiedad que ostentan los actores sobre
esos bienes.
10.2.- Insistió en que el registro del contrato no obra en el expediente y, en
consecuencia, no podía entenderse como un hecho probado. Por este motivo, el
Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por carencia absoluta de apoyo
probatorio. Sobre el desconocimiento del precedente, cita la definición de daño
continuado incorporada en la providencia que considera desconocida8 y afirma que
la autoridad accionada decidió hablar de una ocupación jurídica para hacer el conteo
desde la existencia del contrato; por el contrario, de haber observado el precedente
citado, el término se hubiese contado desde el momento de la ocupación.
II. CONSIDERACIONES
11.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela porque se fundamenta en argumentos que ya fueron planteados
por la parte actora y resueltos en el proceso ordinario9. De cualquier manera, se
advierte que la tutela no podía prosperar por las siguientes razones:
11.1.- La parte actora presentó tres argumentos principales en su escrito de
impugnación: (i) el daño objeto de la acción de reparación directa no es el contrato
No. 144 de 1997; (ii) el registro del contrato No. 144 –a partir del cual se computó el
término de caducidad– no se encuentra probado; y (iii) se desconoció el precedente
jurisprudencial sobre daño continuado. Se observa que la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado valoró debidamente las pruebas del
8 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de octubre de 2017. Radicado No. 25000-23-27-000-
2001-00029-01(AG).
9 El magistrado ponente advierte que considera que la presente acción sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la a la propiedad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, y desarrolla los defectos que considera configurados
en la decisión atacada: fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución. Sin
embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron
resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito; para el caso concreto, la identificación
y prueba del daño para efectos de determinar la caducidad del medio de control de reparación directa, así como
la jurisprudencia aplicable a dicho conteo.
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por falta de relevancia constitucional
proceso, así como la jurisprudencia relevante sobre la caducidad del medio de
control de reparación directa, y concluyó que en este caso había operado ese
fenómeno. Para respaldar su conclusión, la autoridad accionada abordó los
argumentos que ahora la parte actora presenta en la acción de tutela.
11.2.- La autoridad judicial accionada precisó, <<conforme a las pretensiones de la
demanda, los hechos en que se fundan y los esfuerzos probatorios desarrollados
por las partes en el proceso>>, que tanto el daño como el hecho dañoso se
identifican con la celebración y perfeccionamiento del contrato No. 144-97 celebrado
entre el Estado y Drummond Limited. Explicó que en ese momento el Estado
dispuso a favor del último la exploración y explotación del predio respecto del cual
los accionantes manifiestan tener un título de propiedad privada sobre el subsuelo,
el cual les fue vulnerado ante la imposibilidad de explotarlo económicamente.
11.3.- Sustentó su posición en las pretensiones de la demanda, donde la parte
actora solicitó que se declarara responsables a los demandados <<con ocasión de
la celebración del contrato estatal de concesión para la gran minería No. 144 de 10
de diciembre de 1997>>. Como se observa, las pretensiones de la demanda
tuvieron por objeto el resarcimiento de los perjuicios causados con ocasión de una
ocupación jurídica de dicho bien, derivada y materializada por su otorgamiento para
ser explotado mediante el contrato No. 144-97. Este contrato determinó la limitación
o imposibilidad de ejercer las facultades propias del derecho que los accionantes
afirman tener sobre dicho subsuelo.
11.4.- Además, en la sentencia acusada se descartó de forma explícita que el daño
alegado se refiriera a una ocupación material producto de una actividad extractiva
de carbón y la toma del predio mediante grandes maquinarias, conforme al menos
con cuatro argumentos: (i) En la demanda se precisó que la parte actora no era
propietaria del suelo y por ello no pretendía los derechos que de esa propiedad
derivarían, sino que su propiedad se predicaba del subsuelo. Por esto, el daño no
puede ser catalogado como una ocupación material superficiaria del inmueble. (ii)
La propiedad del subsuelo y los minerales que en él se encuentren son de propiedad
inalienable, imprescriptible y exclusiva del Estado. Es decir, el derecho a explorar y
explotar solo puede provenir de un título minero. (iii) En virtud de la distinción entre
daño y perjuicio, <<aun cuando el eventual perjuicio […] podría estar representado
en la explotación, por parte de otro, del carbón obrante en el subsuelo […] el daño,
esto es, la lesión misma de tal derecho, se identifica con la habilitación mediante un
título otorgado por el Estado a Drummond Limited para realizar tal explotación, lo
cual, a su vez, inhabilita a los demandados para hacerlo, afectando la situación
jurídicamente protegida que dicen les asiste>>. (iv) La extracción del carbón es un
hecho que no existía al momento en que se radicó la demanda y por ello no podría
aseverarse que ese era el daño que alegaban los demandantes. La demanda se
presentó en 2006 y la explotación del terreno inició en 2009.
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por falta de relevancia constitucional
12.- Con base en lo anterior, la autoridad accionada concluyó que el daño consiste
en uno instantáneo o inmediato, entendido como aquel susceptible de identificarse
en un preciso momento, aun cuando sus efectos –perjuicios– se puedan proyectar
en el tiempo. En consecuencia, aseguró que el término para interponer la demanda
empezó a correr desde el momento en que los accionantes tuvieron conocimiento
de que no podían darle al bien la destinación que pretendían.
12.1.- De conformidad con el Decreto 2655 de 199810 y Ley 685 de 2002, el Registro
Minero es un servicio cuya función esencial consiste en dar autenticidad y publicidad
a los actos sujetos al mismo11. Así, como ha sido explicado por la jurisprudencia de
la Sección Tercera de esta Corporación, la inscripción del acto, en este caso el
contrato de concesión, tiene por finalidad servir como mecanismo de publicidad y
oponibilidad del mismo frente a terceros12.
12.2.- Adujo que si bien los demandantes afirmaron que solo conocieron la
afectación sufrida en 2004, cuando advirtieron la presencia de maquinarias
removiendo tierra en el predio, lo cierto es que el daño no se identifica con una
ocupación material por la presencia de dichas máquinas o de uno generado por
éstas. Además, recordó que los demandantes no explicaron por qué no conocieron
el contrato sujeto a registro. Aclaró que <<la […] manifestación de los accionantes
de manera alguna puede enervar los efectos de publicidad y oponibilidad de tal
mecanismo dispuesto por la ley, precisamente con claros objetivos de garantizar
certeza y seguridad jurídica sobre los actos de carácter minero>>.
13.- Por otra parte, la autoridad accionada analizó de forma explícita la ausencia del
Registro Minero en el expediente del proceso ordinario. Estimó que si bien este no
fue allegado, sí se encontraba en el expediente el otrosí No. 1 del 10 de mayo de
2001, el cual, junto con las condiciones del contrato No. 144 de 1997, permitían
establecer que la inscripción en el registro había sido realizada antes de la fecha
10 <<Artículo 80. Requisitos de perfeccionamiento. Los contratos mineros de los establecimientos públicos y de
las empresas industriales y comerciales del Estado que, por sus características, metas propuestas y la extensión
del área, puedan calificarse como de gran minería, requerirán para su perfeccionamiento y ejecución,
únicamente, la aprobación del Ministro previa a su inscripción en el Registro Minero. Artículo 292. ACTOS
SUJETOS A REGISTRO. Se inscribirán en el Registro los siguientes actos: (…) 4. Los aportes. 5. Los
subcontratos de explotación que se celebren, en ejecución de los actos antes mencionados>>.
11 El Decreto 2655 de 1988 establecía: <<Artículo 289. NATURALEZA DEL REGISTRO. El Registro Minero es
un sistema de inscripción, autenticidad y publicidad de las actas de la administración y de los particulares que
tengan por objeto o guarden relación con el derecho a explorar y explotar el suelo o subsuelo mineros, de
acuerdo con las disposiciones del presente capítulo. […] Artículo 295. PUBLICIDAD Y CERTIFICACIÓN.
Ningún acto inscrito en el Registro Minero será reservado. Será obligatorio expedir copia o certificación de las
piezas y datos a petición de cualquier persona>>. Por su parte la Ley 685 de 2001 señala: <<Artículo 328.
MEDIO DE AUTENTICIDAD Y PUBLICIDAD. El registro minero es un medio de autenticidad y publicidad de los
actos y contratos estatales y privados, que tengan por objeto principal la constitución, conservación, ejercicio y
gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales, emanados de títulos otorgados por el Estado o de
títulos de propiedad privada del subsuelo. Artículo 329. ACCESO AL REGISTRO. El Registro Minero Nacional
como parte del Sistema Nacional de Información Minera, es un instrumento abierto de información, al cual tendrá
acceso toda persona en cualquier tiempo. Dispondrá de los mecanismos y ayudas técnicas y de los medios
físicos adecuados para que los usuarios de dicha información, la verifiquen y tomen personalmente o la reciban
en sus domicilios, por medios de comunicación electrónica o de otra especie equivalente>>.
12 Sentencias del 30 de octubre de 1993, expediente 6696, 14 de febrero de 2011, expediente 15880 y 29 de
abril de 2019, expediente 44111.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-01
Accionantes: Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
del otrosí. Para sustentar su afirmación, la autoridad accionada desarrolló tres
argumentos13, entre los cuales se encuentra que dicho otrosí especifica que las
áreas objeto de la concesión corresponden a las definidas en el contrato y obrantes
en <<el Registro Minero 97-0003-21775-06>>, de manera que se evidencia la
existencia del Registro Minero en cuestión para la fecha del otrosí.
13.1.- La autoridad accionada reconoció que tanto el Decreto 2655 de 198814 como
la Ley 685 de 200115 establecen que el Registro Minero es la única prueba de los
actos y contratos sometidos a dicho requisito, y que, en consecuencia, ninguna
autoridad podrá admitir prueba distinta que la sustituya, modifique o complemente.
Sin embargo, consideró que dichas normas hacen referencia al carácter solemne
de dichos actos, de manera tienen por finalidad reiterar que el registro corresponde
a un requisito ad substantiam actus16.
13.2.- No obstante, aclaró que el análisis adelantado en sede judicial parte de la
lógica definida por las pretensiones de la demanda, las excepciones y las pruebas
decretadas y practicadas, y, en consecuencia, <<desde la base conforme a la cual
el contrato de concesión minera se celebró, perfeccionó y de hecho inició su
ejecución>>, puesto justo esa circunstancia es el fundamento de la acción
interpuesta como elemento causante del daño. Agregó que no existe prueba o
indicio que sugiera que dicho contrato fuese ejecutado de manera ilegal y sin haber
surtido su perfeccionamiento. Por lo anterior, conforme con el análisis hecho sobre
el otrosí al contrato, <<adoptando la interpretación más favorable para los
demandantes>>, tomó como punto de inicio del cómputo de la caducidad, la fecha
de suscripción del otrosí No. 1 de 2001. Esta Sala observa que este análisis no es
13 Los otros dos argumentos son los siguientes. (i) Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.1. del contrato de
concesión, para que el contratista pudiera ejercer los derechos derivados del mismo, se requería de la
inscripción del contrato en el registro minero, y como requisito previo para ello, que el contratista hiciera entrega
del Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, momento en el cual ECOCARBÓN procedería con la
correspondiente inscripción, y solo a partir de la misma, daría inicio a la etapa primigenia de Exploración hasta
Factibilidad. Ahora, en tanto el numeral 5.2. determinaba la resolución automática del contrato en caso de que
transcurridos seis (6) meses desde su suscripción el contratista no radicara el Documento de Evaluación y
Manejo Ambiental para iniciar la etapa de Exploración y Factibilidad, en tanto es claro bajo el otrosí No. 1 que
la misma en efecto dio inicio, y que el contrato no fue resuelto, resulta evidente que la inscripción del contrato
en el Registro Minero tuvo lugar en el año 1998, atendiendo a que fue suscrito en diciembre de 1997. (ii) El
numeral 4.1., establece que el contratista tenía un plazo de dos (2) años, desde el perfeccionamiento del
contrato, y como parte de la etapa de Exploración y Factibilidad, para realizar la ejecución y entrega del informe
final del Programa de Exploración Geológica (PEG), el cual conforme al otrosí No. 1 mencionado, fue entregado
por el contratista y aprobado por ECOCARBÓN en el año 2000, lo cual coincide con el razonamiento anterior,
esto es, que el contrato fue perfeccionado, y por ende inscrito en el Registro Minero, en el año 1998, de tal
forma que el vencimiento de los dos (2) años para la entrega del PEG vencía en el año 2000, momento que el
otrosí No. 1 da cuenta en efecto fue aprobado.
14 Artículo 290. VALIDEZ DEL REGISTRO. La inscripción en el Registro Minero constituye la única prueba de
los actos a él sometidos y en consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba distinta que la sustituya,
complemente o modifique.
15 Artículo 331. PRUEBA ÚNICA. La inscripción en el Registro Minero será la única prueba de los actos y
contratos sometidos a este requisito. En consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba distinta que la
sustituya, modifique o complemente.
16 El artículo 265 del C.G.P. dispone que “La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en
los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados aun cuando se
prometa reducirlos a instrumento público” y en el mismo sentido el artículo 256 del C.P.C. señala que “La falta
del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá
suplirse por otra prueba"
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-01
Accionantes: Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
arbitrario ni desconoce el acervo probatorio, pues con base en este alcanzó la
conclusión mencionada.
14.- Por lo anterior, se encuentra razonable la conclusión de la autoridad accionada,
según la cual el contrato de concesión se hizo oponible a los demandantes el 10 de
mayo de 2001. Así, en tanto la demanda fue interpuesta el 10 de marzo de 2006, la
acción fue ejercida por fuera del término de dos años, cuando el fenómeno de la
caducidad de la acción ya había operado.
15.- Por último, se negará la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de
Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano; su vinculación al presente
asunto se origina en el interés que puedan tener en las resultas del trámite de la
acción, puesto que dichas autoridades participaron en el proceso de reparación
directa cuya sentencia es atacada con la presente acción de tutela. Se aclara que
una de las demandadas en el proceso ordinario fue el Instituto Colombiano de
Geología y Minería (Ingeominas); sin embargo, dicha entidad se transformó en el
Servicio Geológico Colombiano a través del Decreto 4131 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 7 de julio
de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela.
SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio
de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02582-01
Accionantes: Alberto de Jesús Maya Aarón y otros
Se confirma la sentencia que declaró improcedente
por falta de relevancia constitucional
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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